SC-214-20045 [7446]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
REF.- Expediente No.7446 <\/p>\n
Dec\u00eddese por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por el demandante contra la sentencia del 14 de octubre de 1997, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por ANTONIO GARC\u00cdA D\u00cdAZ frente a ARSENIO ARCINIEGAS BORJA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 le correspondi\u00f3 el conocimiento de la demanda en la que Antonio Garc\u00eda D\u00edaz reclam\u00f3, de manera principal, que se declarara resuelto por incumplimiento del demandado, el contrato de promesa de compraventa de la casa de habitaci\u00f3n ubicada en la diagonal 109 A No. 20 – 19 de esta ciudad, cuyos linderos y dem\u00e1s especificaciones consign\u00f3 en dicho l\u00edbelo y que, en consecuencia, se ordenara la restituci\u00f3n de dicho inmueble que el demandado detenta de mala fe; igualmente, que se condenara a \u00e9ste a pagarle todos los perjuicios ocasionados con el incumplimiento del contrato, as\u00ed como tambi\u00e9n a t\u00edtulo de arras la cantidad de $4.000.000.oo y por concepto de arrendamiento la suma de $300.000.oo mensuales, a partir del 19 de julio de 1986 hasta el d\u00eda en que entregue el bien. En subsidio de este \u00faltimo pedimento reclam\u00f3 el pago de los frutos civiles y naturales que se hubiesen podido producir con mediana actividad desde la fecha a partir de la cual aqu\u00e9l es tenedor de mala fe. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en subsidio de las rese\u00f1adas pretensiones, que se declarase que el demandado est\u00e1 obligado a cumplir en su totalidad lo pactado en la citada promesa y, por consiguiente, que est\u00e1 obligado a pagar las sumas acordadas en ese contrato y a suscribir la escritura p\u00fablica prometida. Por \u00faltimo, que se le condenase a pagar los perjuicios ocasionados con su incumplimiento. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica en que el actor sustenta sus reclamaciones se sintetiza, as\u00ed: <\/p>\n
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Garc\u00eda D\u00edaz y Arciniegas Borja suscribieron un contrato de promesa de venta, en virtud del cual el primero se comprometi\u00f3 a venderle al segundo su derecho de dominio sobre el aludido inmueble, por la suma de $17.000.000.oo, de los cuales \u00e9ste pag\u00f3 solamente $7.000.000.oo. En la cl\u00e1usula tercera del convenio se estipul\u00f3 que $2.000.000.oo se recib\u00edan a t\u00edtulo de arras, de las previstas en el art\u00edculo 1859 del C\u00f3digo Civil; al paso que, en cumplimiento de la cl\u00e1usula cuarta, el actor entreg\u00f3 \u201cel inmueble al demandado el d\u00eda 19 de julio de 1986, a t\u00edtulo de comodato precario\u201d. <\/p>\n
A partir de la fecha de entrega del bien, el promitente comprador dej\u00f3 de cumplir las obligaciones a su cargo, tales como el pago de los intereses pactados en el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula 3\u00aa; la restituci\u00f3n del inmueble convenida en la regla 4\u00aa; el pago de los $300.000,00 mensuales acordados por concepto de arrendamientos en el segundo par\u00e1grafo de la misma cl\u00e1usula. <\/p>\n
3. Enterado el demandado de tales pedimentos se opuso a ellos, neg\u00f3 algunos de los hechos que los apuntalan y precis\u00f3 el alcance de los dem\u00e1s; propuso, igualmente, las excepciones que denomin\u00f3 \u201cmora mutua de las partes\u201d, \u201cnovaci\u00f3n\u201d y \u201cfalta de congruencia de la demanda con el contrato aportado\u201d, las cuales sustent\u00f3, lac\u00f3nicamente por dem\u00e1s, en que, la primera, el actor tambi\u00e9n incumpli\u00f3 su compromiso de transferir el inmueble prometido por estar embargado; la segunda, en que aqu\u00e9l recibi\u00f3 varios cheques con los cuales dio por cancelada la obligaci\u00f3n de Arciniegas, y s\u00ed alguno de esos t\u00edtulos no fue pagado, debi\u00f3 iniciar el proceso ejecutivo pertinente; finalmente, en que los intereses verdaderamente pactados fueron a la tasa del 2% y no otra. <\/p>\n
4. La primera instancia finaliz\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones del accionante, decisi\u00f3n que fue revocada por el Tribunal mediante la absolutoria impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
Luego de advertir la presencia de los presupuestos procesales, definir la acci\u00f3n resolutoria y precisar sus requisitos, as\u00ed como los exigidos para que el contrato de promesa produzca efectos jur\u00eddicos, el Tribunal puntualiz\u00f3 que, en el asunto sometido a su juicio, los contratantes acordaron las obligaciones que cada uno asumir\u00eda y el orden en que ser\u00edan satisfechas. As\u00ed, convinieron que la entrega del inmueble se realizar\u00eda \u201cel 19 de julio de 1986\u201d y que en esa misma fecha a las 10:00 a.m. se otorgar\u00eda la escritura p\u00fablica pertinente, en la Notar\u00eda Quinta de esta ciudad; por consiguiente, en dicho contrato concurren las exigencias de los art\u00edculos 1502 del C\u00f3digo Civil y 89 de la Ley 153 de 1887 y, por ende, est\u00e1 acreditado el primer presupuesto para la prosperidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Se duele el demandante, principalmente, precis\u00f3 el sentenciador, del no pago del saldo precio, correspondiente en definitiva a la cantidad de $10.000.000.oo, toda vez que acept\u00f3 haber recibido $7.000.000.oo, por tal concepto. Seg\u00fan el contrato, el promitente comprador adquiri\u00f3 las siguientes obligaciones: a) pagar $2.000.000,00 a la firma de la promesa, los cuales aqu\u00e9l declar\u00f3 haber recibido a t\u00edtulo de arras de las previstas en el art\u00edculo 1859 del C\u00f3digo Civil; b) pagar $5.000.000,00 el d\u00eda 20 de mayo de 1986; y, c) cancelar el 19 de julio de 1986 la suma de $10.000.000.oo. De igual modo, se comprometi\u00f3 a cubrir intereses al 2% mensual sobre los saldos de $5.000.000.oo y $10.000.000.oo, seg\u00fan el otros\u00ed del contrato, por el lapso comprendido entre el 20 de marzo y el 20 de mayo para el primer saldo, y entre el 20 de abril y el 19 de julio de 1986, respecto del otro. Se oblig\u00f3, as\u00ed mismo, a que, en caso de incumplir sus obligaciones, los dineros pagados como intereses quedar\u00edan como de propiedad del promitente vendedor a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n y a pagar $ 300.000.oo por concepto de arrendamiento, hasta la devoluci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Cit\u00f3, enseguida, el Tribunal, breves apartes del interrogatorio absuelto por el demandante, para precisar que, dadas las inexactitudes del mismo, es dif\u00edcil puntualizar el incumplimiento del demandado, pues no concret\u00f3 aqu\u00e9l las sumas recibidas ni las adeudadas. Agreg\u00f3, que pese a ello advert\u00eda que el absolvente expres\u00f3 que el demandado le hab\u00eda pagado intereses hasta 1986 y que de esa fecha en adelante le cancel\u00f3 arriendos hasta el fin de a\u00f1o, manifestaci\u00f3n que estim\u00f3 constitu\u00eda una confesi\u00f3n suficiente \u201cpara no entrar a dilucidar si hubo incumplimiento del demandado en las pactadas obligaciones anteriores a la obligaci\u00f3n simult\u00e1nea de otorgar documento escriturario junto con el pago del saldo adeudado, pues del dicho del actor se deduce que todos los pagos debidos a la fecha del 19 de julio de 1986 se hab\u00edan cancelado oportunamente, siendo intrascendente para efectos de la resoluci\u00f3n si fueron a t\u00edtulo de arriendo o de intereses, pues de todas formas el acreedor se sinti\u00f3 y confes\u00f3 satisfecho con el pago.\u201d. Infiri\u00f3, entonces, que \u201clas obligaciones pendientes para la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica, eran precisamente \u00e9sta, y la de cancelar el saldo por parte del promitente comprador, obligaciones todas simult\u00e1neas, por lo que ante el incumplimiento de las mismas, no puede predicarse cumplimiento de ninguno de los contratantes\u201d. <\/p>\n
En efecto, acot\u00f3 que el promitente comprador no prob\u00f3 que hubiese estado listo a cumplir sus obligaciones contractuales de otorgamiento de la escritura y pago del saldo en la fecha acordada. Y aunque intent\u00f3 demostrar que con la entrega de cheques hab\u00eda cumplido su obligaci\u00f3n dineraria, no logr\u00f3 acreditar tal aserto, pues fuera de su dicho, solamente acredit\u00f3 que fueron descargados dos cheques girados contra la cuenta corriente de su esposa, sin que hubiese demostrado que tales pagos beneficiaron al demandado, ni que \u00e9ste hubiese autorizado la sustituci\u00f3n de la obligaci\u00f3n primigenia, \u201cconstituy\u00e9ndose as\u00ed el segundo elemento de la acci\u00f3n\u201d. Y en cuanto al actor, qued\u00f3 establecida su imposibilidad de otorgar escritura pues para esa fecha, el bien se hallaba embargado, siendo entonces imposible la realizaci\u00f3n del contrato de compraventa prometido, prohibida legalmente en estos eventos por el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual hay objeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, circunstancias estas que \u201cbrillan por su ausencia\u201d. <\/p>\n
El sentenciador, despu\u00e9s de transcribir jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n relativa a la invalidez de la venta de bienes embargados, destac\u00f3 que el actor no estaba en condiciones de cumplir, en la fecha acordada para la suscripci\u00f3n de la escritura de venta, con las obligaciones a su cargo, concretamente la estipulada en la cl\u00e1usula segunda del contrato de promesa, esto es, que el inmueble se encontraba libre de embargos y otros grav\u00e1menes, pues es obvio que no hab\u00eda saneado el bien para esa fecha. <\/p>\n
Entre las obligaciones del promitente vendedor se encontraban, adem\u00e1s de hacer la entrega material del bien, la de suscribir el 19 de julio de 1986 la respectiva escritura p\u00fablica que perfeccionara el negocio de compraventa, situaci\u00f3n esta \u00faltima que no se verific\u00f3, porque se encontraba en imposibilidad de transferir el dominio del aludido inmueble, toda vez que sobre el mismo pesaban varios grav\u00e1menes de embargo e hipoteca, siendo evidente que mientras el bien estuviese embargado no puede trasmitirse su propiedad, salvo las excepciones legales. <\/p>\n
Se colige, entonces, destac\u00f3 el fallador, que el tercer presupuesto de la acci\u00f3n no se encuentra presente en este caso, motivo por el cual no puede prosperar la demanda. Inclusive, ninguno de los contratantes se encuentra legitimado para pedir la resoluci\u00f3n o el cumplimiento de la promesa, ya que habi\u00e9ndose pactado que el 19 de julio de 1986 se protocolizar\u00eda la pertinente escritura p\u00fablica, lo que no se verific\u00f3, y que ese mismo d\u00eda se pagar\u00eda el saldo del precio de $10.000.000,00, obligaci\u00f3n que tampoco se cumpli\u00f3, se tiene que, siendo esas obligaciones simult\u00e1neas y sin que ninguna de las dos partes cumpliera, se presenta el incumplimiento rec\u00edproco de los dos contratantes. <\/p>\n
Para concluir subray\u00f3 que no era posible acoger la \u201cteor\u00eda\u201d seg\u00fan la cual el contrato no se extingue por resoluci\u00f3n, sino por mutuo disenso de los contratantes, porque se requiere que del comportamiento de \u00e9stos, frente al incumplimiento mutuo, se pueda inferir su impl\u00edcito y rec\u00edproco querer de no ejecutar el contrato, de no llevarlo a cabo, aserto que respalda citando a la Corte; empero, en este caso, la voluntad de los contratantes es la de cumplir lo pactado, tanto as\u00ed que el demandado a\u00fan en el interrogatorio de parte se allana a cumplir lo acordado en la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Los dos cargos que la misma contiene ser\u00e1n despachados en el orden en que fueron propuestos, porque aun cuando plantean errores de car\u00e1cter jur\u00eddico y de procedimiento, respectivamente, lo cierto es que en este \u00faltimo caso la censura recae sobre las pretensiones subsidiarias, cuya decisi\u00f3n presupone la definici\u00f3n de las pretensiones principales, am\u00e9n de que dicha acusaci\u00f3n es de alcance parcial mientras que la otra compromete la totalidad del fallo recurrido. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se duele la censura del quebrantamiento del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por no haber sido apreciadas las pruebas en conjunto; de los art\u00edculos 1536 y 1546 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, porque no se \u201caplic\u00f3\u201d la condici\u00f3n resolutoria para declarar la resoluci\u00f3n por incumplimiento del demandado; del art\u00edculo 1622 del mismo texto, porque no interpret\u00f3 las cl\u00e1usulas del contrato unas a otras; de los art\u00edculos 4 y 8 de la ley 153 de 1887 que hubiesen permitido, por la v\u00eda de la interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica, la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 964, 1544, 1613, 1615, 1930 y 1932 del C\u00f3digo Civil, con miras a disponer el restablecimiento de las cosas a su estado anterior. <\/p>\n
Se\u00f1ala como pruebas indebidamente apreciadas el documento contentivo del contrato de promesa de compraventa y los interrogatorios de parte absueltos por el del demandante y el demandado. <\/p>\n
Acota, enseguida, para desarrollar sus imputaciones, que la principal obligaci\u00f3n de Arciniegas Borja era la de pagar el precio prometido, para que, a su vez, Garc\u00eda D\u00edaz, una vez recibido tal pago, cumpliera con su obligaci\u00f3n de firmar la respectiva escritura p\u00fablica de venta. El Tribunal dedujo del texto del contrato que el actor no estaba en condici\u00f3n de cumplir por cuanto el bien estaba embargado, sin tener en cuenta, empero, que el documento establec\u00eda que en ese caso el vendedor saldr\u00eda al saneamiento del bien, y si as\u00ed no se hizo oportunamente, fue por el incumplimiento en el pago del precio por parte del demandado, quien reconoci\u00f3 en el interrogatorio de parte que deb\u00eda parte del precio del inmueble, habiendo propuesto una conciliaci\u00f3n que tampoco cumpli\u00f3. En la respuesta tercera afirm\u00f3 que no era cierto que hubiese cancelado la totalidad del precio y que gir\u00f3 un cheque por valor de $10.000.000,oo que no pudo cumplir. Igual afirmaci\u00f3n hizo Garc\u00eda en su interrogatorio de parte. <\/p>\n
Del contrato se colige que se prometi\u00f3 un inmueble en compraventa; que el precio pactado fue de $17.000.000,oo, pagaderos en tres cuotas, una inicial de $2.000.000,oo, otra de $5.000.000,oo, para el 20 de mayo de 1986, y la suma de $10.000.000,oo, el 19 de julio de 1986. Tambi\u00e9n, que el promitente comprador pagar\u00eda al promitente vendedor, unos intereses sobre los saldos que iban quedando; y que el vendedor saldr\u00eda al saneamiento en caso de que el bien soportara alg\u00fan gravamen; y, finalmente, que Garc\u00eda le entreg\u00f3 la casa a Arciniegas. <\/p>\n
Por consiguiente, para el otorgamiento de la escritura deb\u00eda Arciniegas cumplir con el pago de los saldos e intereses pactados, cosa que no cumpli\u00f3, pues la mayor\u00eda de los cheques girados carec\u00edan de fondos. Fueron estos incumplimientos los que impidieron a Garc\u00eda cumplir con sus obligaciones; sin embargo luego sane\u00f3 el bien, quedando \u00e9ste libre de cualquier gravamen y tampoco as\u00ed cumpli\u00f3 el demandado. <\/p>\n
Agrega el censor que al analizar el acervo probatorio, se encuentra que Garc\u00eda s\u00ed cumpli\u00f3, hasta donde Arciniegas pag\u00f3, y que fue el incumplimiento de \u00e9ste lo que origin\u00f3 que aqu\u00e9l no firmara la escritura p\u00fablica de venta, hasta tanto se le cancelara la totalidad del precio pactado y los intereses acordados; am\u00e9n que el incumplimiento de Arciniegas fue anterior al de su contraparte. Supuso el sentenciador, incurriendo en error de hecho manifiesto, que ambas partes incumplieron, pues no tuvo en cuenta los interrogatorios de parte de uno y otro, donde se demuestra claramente que aqu\u00e9l no cumpli\u00f3 con sus obligaciones, como la de pagar los intereses pactados y los dos \u00faltimos contados del precio, y que el mismo Arciniegas acept\u00f3 impl\u00edcitamente no haber pagado la totalidad del precio pactado, pues en la contestaci\u00f3n de la demanda invoc\u00f3 como excepci\u00f3n la novaci\u00f3n, con fundamento en que para pagar el precio gir\u00f3 cheques a la orden del vendedor que resultaron impagados por falta de fondos, \u201ccomo se deduce de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 21 Civil del Circuito y que fue revocada por el Tribunal\u201d. <\/p>\n
Para finalizar, puntualiza que el sentenciador de segunda instancia tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de derecho, al no apreciar las pruebas en conjunto, y que los errores denunciados son manifiestos y trascendentes, porque no tuvo en cuenta que quien incumpli\u00f3 primero fue el demandado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
S\u00ed de la v\u00eda indirecta de la causal primera se trata, el censor se encuentra apremiado a demostrar, adem\u00e1s de la infracci\u00f3n de alguna norma sustancial, los yerros de facto o de derecho cometidos por el juzgador en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de las pruebas allegadas al proceso, demostraci\u00f3n que presupone, en trat\u00e1ndose del error de hecho, la confrontaci\u00f3n de lo dicho por el sentenciador en relaci\u00f3n con el medio de prueba o, en su caso, lo que al respecto no dijo, y lo que aqu\u00e9l en verdad revela para que de tal cotejo surja de manera evidente, es decir, sin necesidad de sutiles o elaboradas disquisiciones, la equivocaci\u00f3n del fallador. No se trata, pues, como reiteradamente se ha subrayado, de que el censor exponga su propia estimaci\u00f3n de la prueba, por muy persuasiva que ella sea, pretendiendo anteponerla a la del tribunal, ni mucho menos, que presente una apreciaci\u00f3n panor\u00e1mica del asunto que se acompase con las cuestiones que prohij\u00f3 en las instancias. <\/p>\n
Y, justamente, en esa deficiencia incurri\u00f3 la censura habida cuenta que, en lugar de preocuparse por especificar los diversos errores de estimaci\u00f3n probatoria que le enrostra al Tribunal, singularizando las pruebas sobre las cuales supuestamente recayeron, opt\u00f3 por bosquejar sus propias conclusiones en la materia, inclusive, sin mayor ahondamiento y rigor. As\u00ed por ejemplo, asevera que \u201cal analizar el acervo probatorio\u201d, se encuentra que Garc\u00eda s\u00ed cumpli\u00f3, hasta donde Arciniegas pag\u00f3 y que fue el incumplimiento de \u00e9ste lo que impidi\u00f3 que se firmara la escritura p\u00fablica, y que el incumplimiento de Arciniegas fue anterior al de Garc\u00eda, elucidaciones todas estas que no estuvieron precedidas ni de la individualizaci\u00f3n de las pruebas supuestamente inadvertidas o deformadas por el Tribunal, ni, mucho menos, de la confrontaci\u00f3n de lo inferido de ellas por dicho juzgador con su real contenido para as\u00ed demostrar el yerro denunciado. <\/p>\n
De igual modo, aludi\u00f3 indeterminada y vagamente a los hipot\u00e9ticos errores cometidos por el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de \u201clos interrogatorios\u201d absueltos por las partes y que lo habr\u00edan llevado a conjeturar el incumplimiento mutuo de \u00e9stas, no obstante que de esas declaraciones se colegir\u00eda que Arciniegas no cumpli\u00f3 con sus obligaciones, como la de pagar los intereses pactados y los dos \u00faltimos contados del precio; mas, como es patente, tal imputaci\u00f3n carece de demostraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
No sobra anotar, en todo caso, que no le fueron ajenas al juzgador las probanzas por cuya omisi\u00f3n o alteraci\u00f3n se queja, de soslayo, la censura, y las cuales pondr\u00edan al descubierto el incumplimiento del promitente comprador, toda vez que aqu\u00e9l s\u00ed repar\u00f3 en que el demandado no hab\u00eda cumplido con su obligaci\u00f3n de comparecer a suscribir la escritura prometida y la de pagar la totalidad del precio. No obstante, deneg\u00f3 los pedimentos de la demanda con fundamento en que, habiendo colegido que el actor confes\u00f3 haber recibido los intereses pactados hasta el 19 de julio de 1986, fecha en que deb\u00eda otorgarse el instrumento p\u00fablico acordado, y que esa era la \u00fanica prestaci\u00f3n a cargo del demandado que pudo estar insatisfecha hasta ese momento, observ\u00f3 que el demandante, a su vez, para esa fecha, tambi\u00e9n se encontraba imposibilitado de cumplir sus obligaciones por encontrarse el inmueble embargado. <\/p>\n
2. De otro lado, si bien es preciso reconocer que, ciertamente, no aludi\u00f3 el Tribunal a la obligaci\u00f3n de saneamiento pactada en la cl\u00e1usula segunda del contrato, no es menos cierto que esa aparente omisi\u00f3n por la que tangencial y desapercibidamente se duele la censura, es indudablemente intrascendente. En efecto, como es sabido, las acciones de saneamiento comprenden la obligaci\u00f3n de amparar al comprador en el disfrute pac\u00edfico de la cosa vendida (saneamiento por evicci\u00f3n) y a la de garantizarle la posesi\u00f3n \u00fatil de la misma (saneamiento por vicios ocultos), obligaciones estas que ata\u00f1en, pues, a la eficacia final del negocio jur\u00eddico; no comprenden, por consiguiente, la de precaverlo de las consecuencias nocivas de toda \u00edndole que se desprendan de la venta de cosa embargada, irregularidad esta que desemboca en la nulidad del contrato. En otros t\u00e9rminos, constituye notable desacierto afirmar que la obligaci\u00f3n de saneamiento que asume el vendedor comprende la de precaverlo de los funestos efectos derivados de la nulidad del negocio jur\u00eddico originada por la venta de cosa embargada, pues aquella ata\u00f1e con el cabal cumplimiento de las obligaciones propias del vendedor y esta hace referencia a un presupuesto de validez del contrato. <\/p>\n
El cargo, subsecuentemente, no se abre paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida de ser incompleta, por \u201chaber dejado el asunto sin resolver\u201d, raz\u00f3n por la cual, anota el recurrente a manera de proleg\u00f3meno, solicit\u00f3 oportunamente al Tribunal la adici\u00f3n de la sentencia, para que se resolvieran las peticiones subsidiarias por haberse revocado el fallo de primer grado. Agrega que, adem\u00e1s de la pretensi\u00f3n principal de resoluci\u00f3n de contrato, pidi\u00f3, subsidiariamente, en la demanda, que se declarara que el demandado deb\u00eda cumplir en su totalidad lo pactado en la promesa. Empero, la sentencia \u201cdeja a mitad de camino\u201d las pretensiones del demandante, pues neg\u00f3 la resoluci\u00f3n demandada aduciendo la existencia de un incumplimiento rec\u00edproco de ambos contratantes, y con relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de que se obligase al demandado a cumplir lo pactado en la promesa, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 la adici\u00f3n del fallo, frente a lo cual el fallador acot\u00f3 que su decisi\u00f3n comprend\u00eda todos los extremos de la litis y los dem\u00e1s pronunciamiento de rigor. <\/p>\n
Sin embargo, al no pronunciarse sobre el estado en que queda la promesa y las relaciones de ella derivadas, la sentencia deja \u201cen el limbo\u201d la situaci\u00f3n de las partes, puesto que parti\u00f3 del supuesto de validez del contrato, reconoci\u00f3 que el promitente comprador hab\u00eda incumplido por no pagar la totalidad del precio en la forma acordada y que, a su vez, el promitente vendedor tambi\u00e9n hab\u00eda incumplido porque el bien prometido en venta se encontraba embargado. Entonces, el actor se encuentra eximido de suscribir la escritura p\u00fablica prometida, no habiendo recibido la totalidad del precio pactado, no obstante que el demandado tiene el inmueble en su poder con el consecuente empobrecimiento sin causa del promitente vendedor. <\/p>\n
Luego, si existe imposibilidad jur\u00eddica de las partes para cumplir lo pactado en la promesa, c\u00f3mo puede subsistir ese contrato?. Agrega, no sin antes citar, sin especificarla, una jurisprudencia de la Corte, relativa a la necesidad de resolver oficiosamente sobre las restituciones mutuas, que el demandante qued\u00f3 en situaci\u00f3n de empobrecimiento sin causa a ra\u00edz del fallo, con el correlativo enriquecimiento del demandado. <\/p>\n
El juez, prosigue, est\u00e1 instituido para resolver los conflictos, no para dejarlos vigentes; para ello el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n establece que debe prevalecer el derecho sustancial, al paso que el art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil puntualiza que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial; am\u00e9n que, por mandato del art\u00edculo 48 de la ley 153 de 1887 no puede rehusarse a juzgar pretextando ausencia, oscuridad o insuficiencia de la ley, caso en el cual debe acudir a la equidad natural. De ah\u00ed que el art\u00edculo 5\u00b0 de la aludida ley y el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n, establezcan que la equidad natural ha de servir para interpretar y aplicar la ley. <\/p>\n
Acota m\u00e1s adelante, luego de citar la \u201cEtica a Nic\u00f3maco\u201d de Arist\u00f3teles, que la sentencia recurrida se qued\u00f3 corta, porque no resolvi\u00f3 la controversia, \u201cpues no ha decidido c\u00f3mo queda el contrato sometido a su jurisdicci\u00f3n, ni devuelve a las partes el statuo quo ante\u201d. De ah\u00ed la necesidad de complementar la sentencia. El Tribunal encontr\u00f3 que el contrato es eficaz y que ambas partes incumplieron, uno por prometer en venta un bien embargado y el otro por no pagar el precio. Pero, entonces, no se sabe en qu\u00e9 queda el contrato y eso era lo que se ped\u00eda de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien no se\u00f1ala la censura, con la precisi\u00f3n que en el punto es exigida por el legislador, s\u00ed el fundamento \u00faltimo de su acusaci\u00f3n estriba en que, en su entender, el Tribunal omiti\u00f3 un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones subsidiarias de la demanda, como as\u00ed pareciera aseverarlo en las primeras reflexiones del cargo, o sobre la ausencia de una decisi\u00f3n cualquiera que no dejase el negocio jur\u00eddico \u201cen el limbo\u201d, como as\u00ed lo sostiene posteriormente, es lo cierto que, relativamente a las pretensiones, no a los supuestos f\u00e1cticos que las sustentan, las sentencias totalmente absolutorias no pueden ser censuradas por incongruentes, debi\u00e9ndose agregar que no pueden confundirse la falta de decisi\u00f3n sobre un extremo del litigio que legalmente la reclame, evento incuestionable de disonancia censurable por la v\u00eda que indica el numeral 2\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con el evento en que sobre este mismo extremo recae pronunciamiento desfavorable; \u2018 \u2026 en el primer caso – explica la Corte – el fallo ser\u00e1 incongruente (\u2026); en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00e1 ser impugnado a trav\u00e9s de la causal primera si con \u00e9l se viol\u00f3 directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable \u2026\u2019, lo que equivale a decir que cualquiera otra clase de consideraciones que en el marco de una impugnaci\u00f3n entra\u00f1en \u2018juicios de valor\u2019 encaminados a descalificar el m\u00e9rito del razonamiento jurisdiccional delante de la normatividad sustancial aplicable, como podr\u00eda ser por ejemplo haberse negado lo pedido por obra de conceptos de derecho que el recurrente estima equivocados, son sin duda alguna materia reservada por la ley al primero de los motivos de casaci\u00f3n que engloba, como se sabe, las distintas formas de infracci\u00f3n de aquella normatividad (G.J. Tomos LII, p\u00e1g. 21, CXXXVIII, p\u00e1g. 396 y CXXIV, p\u00e1g. 144)\u201d ( Casaci\u00f3n del 12 de noviembre de 1998). <\/p>\n
2. En el asunto de esta especie, es patente que la decisi\u00f3n de segundo grado, luego de revocar la revisada en apelaci\u00f3n, dispuso la denegaci\u00f3n de \u201clas pretensiones invocadas por el actor, seg\u00fan lo arriba considerado\u201d, de modo que en esa f\u00f3rmula se entienden desestimados todos los pedimentos del actor. Pero, adem\u00e1s, dentro del conjunto de reflexiones que lo motivaron en tal sentido y, particularmente, luego de cerciorarse de la inobservancia del actor de las prestaciones a su cargo, lo que, en su parecer, convirti\u00f3 el incumplimiento en rec\u00edproco, afirm\u00f3 el Tribunal que \u201c… ninguno de los contratantes se encuentra legitimado para pretender o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento de la respectiva promesa de compraventa, ya que se pact\u00f3, que el 19 de julio de 1986, se protocolizar\u00eda la pertinente escritura p\u00fablica (situaci\u00f3n que no se verific\u00f3), y que ese mismo d\u00eda se pagar\u00eda el saldo del precio, esto es $10.000.000,00 (obligaci\u00f3n que tampoco se cumpli\u00f3), las anteriores obligaciones son simult\u00e1neas, sin que ninguna de las dos se cumpliera, present\u00e1ndose de esta forma incumplimiento por parte de ambos contratantes\u201d (se subraya). <\/p>\n
En consecuencia existe all\u00ed un razonamiento expreso en torno a la improcedencia, tambi\u00e9n, de la acci\u00f3n de cumplimiento, de modo que cualquier objeci\u00f3n en el punto debi\u00f3 perfilarse como ya se dijera, por la causal primera de casaci\u00f3n, pudi\u00e9ndose decir lo propio en relaci\u00f3n con la supuesta indefinici\u00f3n, o \u201climbo\u201d del negocio jur\u00eddico, como lo denomina el censor; aspecto este \u00faltimo en el que, adem\u00e1s, pareciera reclamar, de manera francamente contradictoria, un decisi\u00f3n, sin precisar cu\u00e1l, que, inclusive, al margen de las pretensiones de la demanda, desembarazase el contrato del embrollo en que el recurrente lo encuentra. Mas, es palpable, que determinaci\u00f3n de esa especie aparejar\u00eda proferir una sentencia, ah\u00ed s\u00ed, aquejada por el vicio procesal que ahora infundadamente se denuncia. <\/p>\n
El cargo, pues, no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de octubre de 1997, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por ANTONIO GARC\u00cdA D\u00cdAZ frente a ARSENIO ARCINIEGAS BORJA. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-214-20045 [7446] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil cinco (2005). REF.- Expediente No.7446 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83046\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}