SC-218-2005 [7781]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
REF.- Expediente No.7781 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la parte demandante interpuso contra la sentencia del 6 de mayo de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario adelantado por MARIA CLAUDIA, JAIME ALFONSO y MANUEL JOSE MANTILLA GARCIA, MARTHA ROCIO MANTILLA ARDILA y la menor ANGELICA MARIA MANTILLA CAEZ, representada por MARIA DE JESUS CAEZ SEDANO, frente a LUCILA RAMIREZ CARVAJAL. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado 4\u00ba de Familia de Bucaramanga le correspondi\u00f3 tramitar la demanda instaurada por los mencionados demandantes, quienes comparecieron a pedir que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho formada entre Alfonso Mantilla Lozada y Lucila Ram\u00edrez Carvajal, desde enero de 1968 hasta el 2 de septiembre de 1995, fecha del fallecimiento de aqu\u00e9l y que, en consecuencia, entre ellos existi\u00f3 una sociedad patrimonial, a la que pertenecen los bienes relacionados en dicho libelo, los cuales deben restitu\u00edrsele o, en su defecto, su valor comercial, como tambi\u00e9n la suma de $8.345.135.oo que le fueron cancelados por Jorge Aurelio D\u00edaz por concepto del ganado entregado \u201cen compa\u00f1\u00eda\u201d. <\/p>\n
3. Admitida la demanda y dada en traslado a la demandada, se opuso \u00e9sta a las pretensiones all\u00ed contenidas y para enervarlas propuso las \u201cexcepciones\u201d que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial\u201d y \u201cfalta de legitimaci\u00f3n de los demandantes para obrar\u201d, las cuales, a grandes rasgos, apuntal\u00f3 en que cuando Alfonso Mantilla empez\u00f3 a convivir con ella (enero de 1973) estaba legalmente impedido para contraer matrimonio por estar casado con Carmen Garc\u00eda, adem\u00e1s que la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de dicha sociedad conyugal solamente ocurri\u00f3 el 18 de junio de 1987, esto es, muchos a\u00f1os despu\u00e9s de estar cohabitando juntos, am\u00e9n que esa uni\u00f3n no fue permanente, ni singular y en ella no hubo ayuda mutua, dados los m\u00faltiples amor\u00edos del difunto. <\/p>\n
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4. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia absolutoria, por haber encontrado probados el fallador a quo los medios defensivos aducidos por la demandada, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el sentenciador de segundo grado, mediante la sentencia impugnada ahora en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
El sentenciador para entrar en el estudio del caso planteado trajo a colaci\u00f3n la definici\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho contenida en la Ley 54 de 1990 y se\u00f1al\u00f3 los eventos que da lugar a la existencia de sociedad patrimonial, seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00ba de dicho ordenamiento. <\/p>\n
Luego de advertir que los demandantes est\u00e1n legitimados para actuar, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00ba de la citada ley, procedi\u00f3 a analizar el acervo probatorio de cara a los hechos alegados en la demanda, en la que se dijo que la demandada y Alfonso Mantilla Lozada convivieron como marido y mujer en forma permanente y singular desde enero de 1968 hasta la fecha del \u00f3bito de aqu\u00e9l (2 de septiembre de 1995), aseveraci\u00f3n que la accionada rebati\u00f3 al contestar la demanda en cuanto afirm\u00f3 que vivi\u00f3 con el causante desde enero de 1973 hasta diciembre de 1994, pero \u201csin existir comunidad de vida permanente y singular\u201d, relaci\u00f3n que, en todo caso, se rompi\u00f3 al descubrir que aqu\u00e9l y su nuera Yadira Villamizar eran amantes. Incluso en la audiencia de conciliaci\u00f3n expres\u00f3 \u201c \u2018que nunca hubo uni\u00f3n marital de hecho, ni sociedad patrimonial con el difunto y que los bienes relacionados fueron el fruto de su trabajo, mientras el se\u00f1or Alfonso Mantilla\u2019 … \u2018viv\u00eda de conquista en conquista\u2019 …, \u2018habiendo dejado como descendencia con Carmen Ardila a Martha Roc\u00edo Mantilla y\u2019… \u2018de la relaci\u00f3n con Mar\u00eda qued\u00f3 Mar\u00eda Ang\u00e9lica, relaciones (sic) que desde hac\u00eda mucho ven\u00eda (sic) y as\u00ed muchas conquistas\u2019\u201d. <\/p>\n
Dicho esto, rese\u00f1\u00f3 el Tribunal los testimonios de Carmen Sof\u00eda Mantilla de L\u00f3pez, Ra\u00fal Garc\u00eda Garc\u00eda, Yolanda Castro Fonseca, Carmen Garc\u00eda D\u00edaz, Jorge Aurelio D\u00edaz, Jes\u00fas Alejandro Moreno Boh\u00f3rquez, Lourdes Caez Sedano, Alcira Sedano Vda. de Caez, Marina Pati\u00f1o Forero, Mar\u00eda Lucila Camargo Osorio, Flor Mar\u00eda Ram\u00edrez de Pereira, Edelmira Ram\u00edrez Mantilla, Carmen G\u00f3mez Sep\u00falveda, Myriam Ram\u00edrez Carvajal, Adriana Lucila Mantilla Ram\u00edrez, Helda Ortega Moreno, Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz, Publio Antonio Rinc\u00f3n Daza, Enriqueta y Sara Luz Ardila Mu\u00f1oz; igualmente, consign\u00f3 una s\u00edntesis de los interrogatorios absueltos por Lucila Ram\u00edrez Carvajal y Manuel Jos\u00e9 Mantilla Garc\u00eda. <\/p>\n
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Agotada tal faena, sostuvo el juzgador que estaba plenamente probado que la demandada era \u201cmujer soltera\u201d para la \u00e9poca en que inici\u00f3 la convivencia con Alfonso Mantilla Lozada y que \u00e9ste era \u201chombre casado con la se\u00f1ora Carmen Garc\u00eda\u201d, tal como lo acredita el registro civil tra\u00eddo con la demanda, luego eran \u201captos\u201d para conformar la uni\u00f3n marital de hecho, pero como \u00e9sta s\u00f3lo adquiere vida jur\u00eddica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, esto es, luego de su promulgaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispone en su art\u00edculo noveno, s\u00f3lo puede contabilizarse el tiempo comprendido desde esa \u00e9poca hasta el d\u00eda en que se interrumpi\u00f3 la convivencia entre la pareja (2 de septiembre de 1995). <\/p>\n
Empero, prosigui\u00f3, dado que el art\u00edculo 1\u00b0 de la citada ley exige para que exista uni\u00f3n marital de hecho que la pareja hubiese constituido \u201cuna comunidad de vida permanente y singular\u201d, habr\u00e1 de entenderse que estos dos t\u00e9rminos \u201cno permiten considerar como uni\u00f3n marital de hecho cualquier relaci\u00f3n sentimental entre la pareja en la cual se hayan dado m\u00faltiples accesos carnales e inclusive engendrado hijos\u201d. La comunidad de vida tiene que ver con la real convivencia, traducida en la cohabitaci\u00f3n, en el socorro y ayuda mutua, al paso que la permanencia ha de ser la necesaria para reflejar una efectiva comunidad de vida, claro est\u00e1 no inferior a 2 a\u00f1os para que se presuma la sociedad patrimonial, y la singularidad indica que no es admisible la coexistencia dentro de un mismo lapso temporal de otras relaciones maritales f\u00e1cticas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 seguidamente, que el material probatorio rese\u00f1ado no demuestra la presencia en el caso en litigio de los elementos estructurales de la uni\u00f3n marital de hecho, habida cuenta que los testigos, con indiscutible unisonancia, narraron que \u201cla convivencia que hubo entre Lucila Ram\u00edrez Carvajal y Alfonso Mantilla Lozada no fue permanente, continua y estable, por cuanto que \u00e9ste constantemente se iba de la casa y que en ese lapso no solo vivi\u00f3 con la demandada sino que lo hizo con otras mujeres con las cuales tambi\u00e9n tuvo hijos, prueba de ello el nacimiento de Ang\u00e9lica Mar\u00eda Mantilla Caez nacida el 27 de octubre de 1990, hija de Alfonso y Mar\u00eda de Jes\u00fas Caez Sedano. Ni siquiera puede decirse que el se\u00f1or Mantilla Lozada le prest\u00f3 a Lucila la ayuda y el socorro que es necesario entre la pareja para que haya uni\u00f3n marital de hecho, porque los declarantes son acordes en afirmar que ella era la \u00fanica que trabajaba y \u00e9l lo que hac\u00eda era gastarle y despilfarrarle lo que ella consegu\u00eda\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que la parte actora no acredit\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho alegada, pese a que le incumb\u00eda la carga de la prueba, luego mal puede presumirse la existencia de la sociedad patrimonial, puesto que \u00e9sta es consecuencia de aquella. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
La Corte despachar\u00e1 los cinco cargos que el recurrente enfil\u00f3 contra la sentencia recurrida en el orden propuesto por \u00e9ste, pero examinar\u00e1 conjuntamente los tres \u00faltimos por las razones que en su momento se se\u00f1alar\u00e1n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con sustento en la causal quinta de casaci\u00f3n ac\u00fasase el fallo impugnado de haber sido proferido en un proceso afectado de nulidad (art\u00edculo 140, ordinal 9\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), habida cuenta que se omiti\u00f3 citar a los herederos indeterminados y a la totalidad de los determinados del causante Alfonso Mantilla Lozada. <\/p>\n
Aduce el censor, en s\u00edntesis, que el presente proceso es de conocimiento, ya que las pretensiones se dirigen a que se declare la certeza de la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica objetiva, consistente en la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial, en la que \u201cuno de los extremos era el compa\u00f1ero permanente y socio Alfonso Mantilla Lozada, ya fallecido\u201d. Por tanto, \u201cla pretensi\u00f3n tiene que ser deducida frente al compa\u00f1ero sup\u00e9rstite y a todos los herederos de aqu\u00e9l\u201d, tal como lo exige el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, disposici\u00f3n cuyo texto transcribi\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, en este caso la demanda s\u00f3lo fue incoada por algunos de los herederos conocidos y se dej\u00f3 por fuera de ella a las herederas Adriana Luc\u00eda y Catherine Mantilla Ram\u00edrez, hijas del fallecido, de tal suerte que por tratarse de un litisconsorcio necesario, era indispensable su citaci\u00f3n, como tambi\u00e9n la de los herederos indeterminados para que el fallo produjera efectos erga omnes de acuerdo con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 333 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Al juzgador le correspond\u00eda integrar el contradictorio para poder fallar el asunto, por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 83 ejusdem, luego si se trata de un deber incumplido por aqu\u00e9l cualquier sujeto procesal puede reclamar la correcci\u00f3n de ese yerro in procedendo, de ah\u00ed que los demandantes tienen inter\u00e9s para proponer la nulidad deprecada, \u201cen la medida que el inter\u00e9s es universal y permanente, porque cualquier afectado con el proceso puede alegarla (inter\u00e9s universal), y la parte actora resulta afectada con la indefinici\u00f3n de la relaci\u00f3n material debatida, por no producir efectos omenes (sic) el fallo.\u201d <\/p>\n
Para finalizar transcribi\u00f3 apartes de la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n el 6 de octubre de 1999, conforme a la cual la ausencia de citaci\u00f3n del litisconsorte es causal de nulidad del proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El discurso argumentativo de la censura se desdobla a partir de la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual, por mandato del art\u00edculo 81 del estatuto procesal, debieron citarse indiscutiblemente al proceso los herederos indeterminados y la totalidad de los determinados del causante Alfonso Mantilla Lozada, habida cuenta que todos ellos conforman un litisconsorcio necesario. <\/p>\n
Empero, la endeblez de dicho argumento emerge de bulto puesto que del texto del aludido art\u00edculo 81, no es posible, ni con el mayor arrojo, colegir semejante aserto, toda vez que las disposiciones all\u00ed previstas tienen como fundamento que \u201c…se pretenda demandar en un proceso a los herederos de una persona…\u201d, vale decir, cuando los herederos son los demandados en el proceso, no como ac\u00e1 acontece, cuando son ellos, o algunos de ellos, quienes adelantan el proceso obrando para la sucesi\u00f3n del finado, hip\u00f3tesis en la cual el litisconsorcio que se forma entre los herederos ya no es necesario, motivo por el cual no es imperativo que comparezcan todos a integrar el extremo activo de la relaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
Por supuesto que, como lo tiene dicho la Corte, \u201c… \u2018En raz\u00f3n de la titularidad per universitatem que tienen todos los herederos en la masa hereditaria, ellos forman un consorcio pasivo y necesario para responder de las acciones que tiendan a sustraer bienes que pertenecen al patrimonio <\/p>\n
El cargo, entonces, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, ac\u00fasase la sentencia recurrida de violar indirectamente los art\u00edculos 1602, 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil, 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 y 305, 306 y 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a causa de haber incurrido en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las siguientes pruebas: a) el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las mismas partes del proceso (Fs.109 a 112, C-1); b) el acta de la audiencia de conciliaci\u00f3n (Fs.106 a 108, C-1), c) el interrogatorio de parte de la demandada (Fs.53 a 72, 83 y 84 C-2); d) los recibos de pago relacionados con la transacci\u00f3n (Fs.73 y 74, C-2); e) la declaraci\u00f3n de Adriana Luc\u00eda Mantilla Ram\u00edrez (Fs. 51 a 76, C-3); f) la declaraci\u00f3n de Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz (Fs.196 vto. a 197 \u00eddem). <\/p>\n
El censor para desarrollar la imputaci\u00f3n refiere que la parte actora en la conciliaci\u00f3n aport\u00f3 en fotocopia simple el aludido contrato de transacci\u00f3n y que de \u00e9ste se corri\u00f3 traslado a la contraparte, cuya replica transcribi\u00f3, para poner de presente que el acta contentiva de dicha audiencia acredita la existencia de la transacci\u00f3n pero que el sentenciador omiti\u00f3 valorarla, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n aconteci\u00f3 con el interrogatorio de parte absuelto por Lucila Ram\u00edrez, cuyo aparte relacionado con el punto igualmente trasunt\u00f3, y con los documentos all\u00ed aportados, esto es, los recibos expedidos con motivo de un pago que aquella hizo al Dr. Gabriel Mantilla relacionado con el mentado negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
El recurrente apuntando hacia el mismo fin, vale decir, la demostraci\u00f3n de que la transacci\u00f3n est\u00e1 probada y que el juzgador desconoci\u00f3 tal hecho, consign\u00f3 los apartes de la declaraci\u00f3n de Adriana Luc\u00eda Mantilla Ram\u00edrez en que \u00e9sta refiri\u00f3 que las partes hab\u00edan celebrado \u201cuna conciliaci\u00f3n\u201d, a la vez que puso de relieve que el declarante Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz atest\u00f3 haberle permutado a la demandada la parte de la finca que le correspondi\u00f3 en la transacci\u00f3n por un inmueble en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Afirma el impugnante que en ese negocio jur\u00eddico la demandada reconoci\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital y de la sociedad patrimonial entre ella y el causante Mantilla Lozada, por lo que no se opondr\u00eda a la declaratoria de dicha uni\u00f3n, adem\u00e1s que en la cl\u00e1usula cuarta los contratantes acordaron que \u201clos demandantes se obligaban a abstenerse de iniciar o proseguir cualquier acci\u00f3n judicial encaminada a demostrar o liquidar cualquier clase de sociedad conformada entre aquellos, anticip\u00e1ndose de ese modo al fallo que deb\u00eda proferir el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga dentro del presente proceso, en raz\u00f3n de existir motivos graves para proceder en esta forma, tales como las deudas existentes, cuyos vencimientos conllevaban el inminente peligro del remate de la finca, \u2018\u00fanico bien de la sociedad de hecho\u2019; y en la cl\u00e1usula sexta la demandada se oblig\u00f3 a allanarse a la demanda en la fecha en que los demandantes solicitan el desistimiento de la medida cautelar sobre el inmueble (folio 111). <\/p>\n
Sostiene que el contrato en comento, cuya validez no ha sido desconocida judicialmente, vincula a las partes a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, de modo que el objeto de litigio qued\u00f3 comprendido en ella, \u201cdesapareci\u00f3 por haberse administrado justicia directamente las propias partes, y ya el fallador no pod\u00eda hacer cosa distinta que reconocer en la sentencia oficiosamente las excepciones de cosa juzgada y de transacci\u00f3n de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 306 del C. de P.C. en concordancia con el art\u00edculo 332 del mismo estatuto, 2683 del C.C\u201d (subrayado de origen). No pod\u00eda, en consecuencia, el fallador, dejar de aplicar los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Para concluir, destaca el recurrente la evidencia y la trascendencia de los rese\u00f1ados errores diciendo que por causa de los mismos el Tribunal neg\u00f3 las pretensiones de la demanda cuando la uni\u00f3n ya hab\u00eda sido aceptada por las partes y los derechos sociales transigidos entre ellos, al punto que la demandada, seg\u00fan confes\u00f3, enajen\u00f3 con fundamento en la transacci\u00f3n los bienes que en ella le correspondieron. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. El recurrente perfil\u00f3 el cargo por la causal primera de casaci\u00f3n, pero advierte la Sala que lo que es objeto de reclamo es que el sentenciador omiti\u00f3 \u201creconocer oficiosamente las excepciones de cosa juzgada y de transacci\u00f3n de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, acusaci\u00f3n que no comporta un error de juzgamiento sino in procedendo, pues precisamente lo denunciado es la falta de pronunciamiento sobre el aludido tema, cuesti\u00f3n que ha debido atacarse con sustento en la causal prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 368 Ib\u00eddem, en que se contempla la falta de consonancia del fallo por no estar en armon\u00eda con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. <\/p>\n
Sobre ese puntual aspecto, la Corte ha sostenido que \u201c\u2026La incongruencia, como causal de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368-2 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es error in procedendo en que puede incurrir el fallador no s\u00f3lo cuando la sentencia que profiere no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que el c\u00f3digo de la materia contempla, sino tambi\u00e9n cuando no guarda armon\u00eda con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 305 ejusdem, precepto que bajo el ep\u00edgrafe congruencia, debe enlazarse con la norma primeramente citada para inferir que tambi\u00e9n es incongruente, y por ello impugnable en casaci\u00f3n, sobre las cuales tiene que proveer el juez aunque no hayan sido alegadas por el demandado. Siendo deber insosloyable del juzgador reconocer las excepciones cuando se hallen demostrados los hechos que las constituyen, si omite hacerlo la sentencia cae en incongruencia por citra petita, pues habr\u00e1 dejado de decidir sobre uno de los extremos de la litis, contraviniendo de este modo el categ\u00f3rico mandato contenido en el art\u00edculo 306 ib\u00eddem\u2026\u201d (casaci\u00f3n del 30 de enero de 1992). <\/p>\n
2. Pero, adem\u00e1s, dejando de lado lo dicho, se tiene que la referida acusaci\u00f3n envuelve, m\u00e1s que una paradoja, un notorio contrasentido, pues siendo la excepci\u00f3n una de las m\u00e1s destacadas manifestaciones del derecho de contradicci\u00f3n del cual es titular el demandado, resulta incomprensible que sea la parte actora la que abogue por su prosperidad, tanto m\u00e1s en cuanto se advierta que las excepciones presuponen la demostraci\u00f3n de hechos nuevos, \u201cdiversos a los postulados en la demanda, excluyentes de los efectos jur\u00eddicos de \u00e9stos, ya porque hayan impedido el nacimiento de tales efectos (hechos impeditivos), ya porque no obstante haber ellos nacido los nuevos hechos invocados los han extinguido (hechos extintivos)…\u201d (G.J. CXXX, p\u00e1g. 18, citada en sentencias de enero 30 de 1992 y 19 de julio de 2000). <\/p>\n
Por consiguiente, si la m\u00e1s sobresaliente caracter\u00edstica de la excepci\u00f3n es su virtualidad de enervar los pedimentos del demandante, resulta incuestionable que \u00e9ste carece de inter\u00e9s para perfilar una imputaci\u00f3n de esa especie, pues si, en gracia de discusi\u00f3n, se admitiese que el juzgador dej\u00f3 de decidir sobre la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n, tal cuesti\u00f3n, aparejar\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso sin satisfacer los pedimentos de la parte actora, quien es la recurrente. <\/p>\n
El cargo, subsecuentemente, no se abre paso. <\/p>\n
} <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
El recurrente, con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa la sentencia censurada de haber quebrantado indirectamente los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley 54 de 1990 y el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de manifiestos y trascendentes errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, dado que en ella se omiti\u00f3 valorar las siguientes pruebas: 1) la confesi\u00f3n existente en la contestaci\u00f3n de la demanda (Fs. 90 a 96, C-1); 2) el documento contentivo del contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las partes el 14 de junio 1996 (Fs. 109 a 111, C-1); 3) los recibos de pago visibles a folios 73 y 74 del cuaderno No.2; 4) el documento p\u00fablico del folio 82 del cuaderno No.1; 5) las fotograf\u00edas del folio 51 del mismo cuaderno; 6) los documentos que obran a los folios 24 y 30 Ib\u00eddem; 7) los documentos que reposan a folios 168 a 179; 8) la copia de la demanda de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho (Fs.85 a 88); y, 9) los indicios de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, pruebas todas estas que, en su parecer, no fueron valoradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostiene el censor que el sentenciador distorsion\u00f3 las declaraciones de Carmen Sof\u00eda Mantilla de L\u00f3pez, Ra\u00fal Garc\u00eda Garc\u00eda, Enriqueta Ardila Mu\u00f1oz, Carmen Garc\u00eda D\u00edaz, Jorge Aurelio D\u00edaz, Alvaro Lozada Villabona, Jes\u00fas Alejandro Moreno, Lourdes Sedano, Alcira Serrano Vda. De Brice\u00f1o, Marina Pati\u00f1o, Mar\u00eda Luc\u00eda Camargo, Flor Mar\u00eda Ram\u00edrez, Edelmira Ram\u00edrez, Carmen de Sep\u00falveda, Myriam Ram\u00edrez, Adriana Luc\u00eda Mantilla, Cecilia Su\u00e1rez, Helda Ortega, Ram\u00f3n Galvis S\u00e1enz y Publio Antonio Rinc\u00f3n; igualmente, los interrogatorios de parte absueltos por las partes. <\/p>\n
Para demostrar sus imputaciones asevera que el Tribunal no valor\u00f3 la confesi\u00f3n contenida en la contestaci\u00f3n del hecho primero de la demanda, que transcribe, pues la demandada, aunque neg\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital, dej\u00f3 claro que no era por falta de convivencia de los compa\u00f1eros, ya que reiter\u00f3 que vivieron juntos desde 1993 hasta diciembre 1994, sino porque el finado Alfonso Mantilla tuvo otras mujeres e hijos e inici\u00f3 la uni\u00f3n antes de haberse divorciado o liquidado la sociedad conyugal. <\/p>\n
Tampoco apreci\u00f3 el documento \u201cprivado aut\u00e9ntico\u201d contentivo del contrato de transacci\u00f3n, aportado en la audiencia de conciliaci\u00f3n y reconocido por la parte demandada, que fuera tenido como prueba en el auto que las decret\u00f3. En ese documento reconoce aquella expresamente la existencia de la uni\u00f3n marital cuya declaraci\u00f3n se pretende y transige con los demandantes, no s\u00f3lo respecto de la existencia de la misma, sino, tambi\u00e9n, en relaci\u00f3n con la sociedad patrimonial, aserto que respalda con la transcripci\u00f3n de las cl\u00e1usulas primera y segunda de dicho convenio. <\/p>\n
Del mismo modo omiti\u00f3 apreciar los recibos obrantes a los folios 73 y 74 del cuaderno No.2 que acreditan que la transacci\u00f3n en referencia fue ejecutada por Lucila Ram\u00edrez, pues vendi\u00f3 los terrenos que le correspondieron al abogado de la parte actora por concepto de honorarios y le entreg\u00f3 el dinero recibido. <\/p>\n
Dej\u00f3 de apreciar, as\u00ed mismo, el documento p\u00fablico que contiene la constancia sentada el 13 de julio de 1995 por la demandada, ante la Inspecci\u00f3n Departamental de Yarima, por una supuesta agresi\u00f3n de fue v\u00edctima por parte de Alfonso Mantilla, a quien, adem\u00e1s de llamarlo como su ex \u2013 esposo, lo tild\u00f3 de invasor de la finca; agreg\u00f3, igualmente, que \u00e9ste estaba acompa\u00f1ado por dos mujerzuelas, una de ellas hija de aqu\u00e9l y la otra su nuera. Lo que refleja la prueba es la reacci\u00f3n de una mujer que a\u00fan vive con su compa\u00f1ero permanente y ante la sospecha de que le es infiel monta en c\u00f3lera y protagoniza una escena de celos. <\/p>\n
De otro lado, las fotograf\u00edas que fueron tomadas en 1994 son documentos aut\u00e9nticos que muestran que las relaciones entre Alfonso y Lucila no eran tan tensas como \u00e9sta y algunos testigos quisieron presentarlas. Igualmente, ignor\u00f3 el fallador los documentos visibles a los folios 24 y 30, relativos a la liquidaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de ganado que ten\u00eda el difunto con el se\u00f1or Jorge Aurelio D\u00edaz, lo que desmiente el calificativo de administrador de la finca \u201cLa Gloria\u201d que la accionada tard\u00edamente le atribuy\u00f3, pues ni en la demanda ni en la audiencia de conciliaci\u00f3n se advierte tal adjetivo. Tampoco repar\u00f3 en los documentos alusivos a las exequias del finado (Fs. 168 a 179), y que muestran que aquella las contrat\u00f3 y pag\u00f3 los avisos del peri\u00f3dico. Emerge, entonces, un indicio que demuestra la existencia de la sociedad patrimonial porque no es normal que una persona profundamente ofendida se esmere tanto por las exequias de otra, as\u00ed se trate del padre de sus hijas. <\/p>\n
El juzgador ad-quem no advirti\u00f3 la copia de la demanda de lanzamiento, en la que no se menciona que el se\u00f1or Mantilla fuere el administrador de la finca, ni repar\u00f3 en los indicios derivados de las declaraciones de Adriana Mantilla, seg\u00fan la cual, le \u201ccogi\u00f3\u201d a su padre en 1993 varias llamadas, sin que le hubiese dicho nada a su madre, quien de todos modos, se enter\u00f3 en 1994 y tuvieron por eso un altercado. Si ellos no hubiesen tenido algo que ver no se entiende porqu\u00e9 le rastreaban las llamadas y la raz\u00f3n no es otra sino que a\u00fan viv\u00edan juntos, lo que explica la \u201ccamarader\u00eda\u201d que se ve en las fotos del folio 151 y la constancia dejada ante la inspecci\u00f3n de polic\u00eda que pone de presente la ira de Lucila al presumir que su compa\u00f1ero le era infiel. <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado supuso la prueba o cercen\u00f3, seg\u00fan cada caso, los testimonios e interrogatorios referidos en esta acusaci\u00f3n, cuya apreciaci\u00f3n fue tan deficiente que resulta imposible saber cu\u00e1les de ellos constituyen el soporte de su decisi\u00f3n, ya que se limit\u00f3 a extraer el dicho de algunos deponentes, pero sin hacerles ninguna valoraci\u00f3n, para concluir que tales pruebas no permit\u00edan inferir la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho porque la convivencia entre la pareja no fue permanente, continua y estable, pues vivi\u00f3 con otras mujeres. <\/p>\n
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Tuvo por ciertas, en cambio, se queja el impugnante, las afirmaciones de Lucila Ram\u00edrez Carvajal, contenidas en la contestaci\u00f3n de la demanda y que, por el contrario, est\u00e1n en contradicci\u00f3n con los anotados documentos y con los indicios que obran en el proceso. En efecto, mientras en la r\u00e9plica a la demanda se afirm\u00f3 que Lucila vivi\u00f3 con Mantilla Lozada desde 1973 hasta 1994, en la transacci\u00f3n admiti\u00f3 que lo hizo desde 1968 hasta 1995; al paso que en el interrogatorio de parte sostuvo que vivi\u00f3 con \u00e9l desde 1978 hasta 1991, tratando de urdir una coartada que le permitiera ubicar el periodo de convivencia por fuera de lo que considera es el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Los testimonios de Marina Pati\u00f1o Forero y Martha Luc\u00eda Camargo Osorio son de o\u00eddas, lo que declaran lo oyeron de la demandada y adem\u00e1s son mentirosos porque la primera asever\u00f3 que el difunto no trabajaba, no obstante que la misma demandante y varios testigos dan cuenta de que se trataba de un hombre laborioso, y la segunda dijo que la relaci\u00f3n era inestable porque el causante iba al Edificio Ch\u00e1vez cuando ten\u00eda que meter mujeres. Otro tanto acontece con las declaraciones de Flor Mar\u00eda Ram\u00edrez de Pereira y Edelmira Ram\u00edrez Mantilla. Adem\u00e1s, nada prueban los testimonios de Carmen G\u00f3mez de Sep\u00falveda, Myriam Ram\u00edrez Carvajal, Adriana Luc\u00eda Mantilla Ram\u00edrez, Lourdes Caez Sedano, Alcira Sedano Vda. De Caez, Cecilia Su\u00e1rez Hern\u00e1ndez, Helda Ortega, Ram\u00f3n G\u00e1lvez S\u00e1enz y Publio Antonio Rinc\u00f3n. <\/p>\n
Para finalizar, resalta la evidencia y trascendencia de los errores que le atribuye al Tribunal, pues estima que debi\u00f3 declararse probada la uni\u00f3n marital por lo menos desde 1973 y de aceptarse la tesis del sentenciador seg\u00fan la cual la Ley 54 de 1990 solamente es aplicable a partir del 31 de diciembre de ese a\u00f1o debi\u00f3 decretarse desde esta fecha. As\u00ed, el fallador a causa de los se\u00f1alados errores de hecho dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 1 y 2 de la citada ley, pues adujo que Alfonso Mantilla sostuvo relaciones con otras mujeres, sin tener en cuenta que tal como acontece con el matrimonio, tales instituciones no desaparecen por la infidelidad, aun cuando pueden ser constitutivas de la declaraci\u00f3n de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n. Luego en nada afecta la existencia de la uni\u00f3n marital que el compa\u00f1ero tenga hijos por fuera de ella mientras mantenga la comunidad de vida, esto es, la permanencia, aunque se presenten moment\u00e1neas desarmon\u00edas intrafamiliares. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
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Con apoyo, igualmente, en la causal primera de casaci\u00f3n, se duele la censura de la violaci\u00f3n indirecta de las normas se\u00f1aladas en el cargo anterior por causa del error de derecho cometido por el fallador en relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n de las mismas pruebas anotadas en la acusaci\u00f3n precedente, de cuya rese\u00f1a, por tal raz\u00f3n, queda relevada la Corte. <\/p>\n
Para sustentar sus imputaciones afirma que el juzgador de segundo grado cometi\u00f3 error de derecho en la valoraci\u00f3n de las mencionadas piezas de convicci\u00f3n porque desconoci\u00f3 que el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le impone al juez el deber de apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, para lo cual debe examinar y aquilatar cada una de ellas y luego enlazarlas de manera global, combinando los distintos argumentos de convicci\u00f3n que del conjunto emerge, aserto que respalda citando una providencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisa que la primera regla probatoria violada por el ad quem es la relacionada con la exigencia legal de valorar las pruebas en su conjunto en la forma prevista por el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que aqu\u00e9l no apreci\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda en que se confiesa la existencia de la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial, ni los testimonios referidos en el cargo anterior, pues se limit\u00f3 a extraer algunos de sus apartes para tener por no demostrados los elementos necesarios para la conformaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, ya que la convivencia habida entre Lucila Ram\u00edrez Carvajal y Alfonso Mantilla Losada no fue permanente, continua y estable. <\/p>\n
Tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de Carmen Sof\u00eda Mantilla de L\u00f3pez (Fs. 1 a 8, C-2), Enriqueta Ardila Mu\u00f1oz (Fs.13 a 24, C-2), Sara Luz Ardila Mu\u00f1oz (Fs.24 a 31, C-2), Yolanda Castro Fonseca (Fs.36 a 43, C-2), Alvaro Losada Villabona (Fs.126 a 127, C-2), Carmen Garc\u00eda D\u00edaz (Fs.126 a 127, C-2), Jes\u00fas Alejandro Moreno Boh\u00f3rquez (Fs.127 y 128, C-2), y mucho menos las examin\u00f3 en conjunto con los dem\u00e1s testimonios, para hallar coincidencias contradicciones y establecer la credibilidad de los deponentes. <\/p>\n
Dej\u00f3, as\u00ed mismo, de apreciar en conjunto los interrogatorios de parte e ignor\u00f3 por completo los documentos a que se hace referencia en el cargo anterior, con los cuales se demostraba fehacientemente la uni\u00f3n marital . <\/p>\n
No vi\u00f3 los indicios que se derivan de la actitud asumida por la demandada frente a la posibilidad de que su compa\u00f1ero le fuera infiel, deducidos de los hechos, de que tanto ella como su hija Adriana espiaban a Mantilla para enterarse de las personas con las que se comunicaba por tel\u00e9fono y escuchaban sus conversaciones, a\u00fan en la \u00e9poca en que seg\u00fan sus dichos no viv\u00edan juntos. Otro tanto acontece con la reacci\u00f3n de la demandada cuando va a la finca y estima que su compa\u00f1ero le es infiel, protagonizando un enfrentamiento que culmina con la constancia dejada ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Yarima, y la iniciaci\u00f3n del juicio de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho. Todos estos indicios son demostrativos de la existencia de la uni\u00f3n marital para la \u00e9poca en que los hechos que los estructuran acaecieron. <\/p>\n
Rese\u00f1a, seguidamente, algunas reflexiones de un autor nacional sobre la materia, para acotar que la labor de an\u00e1lisis integral no se agota con el an\u00e1lisis de conjunto de una o m\u00e1s pruebas de una misma naturaleza, sino de la totalidad de las pruebas para obtener \u201cla conclusi\u00f3n probatoria y el conocimiento pleno\u201d. En s\u00edntesis, dijo, el sentenciador \u201cno hizo la valoraci\u00f3n de todas las pruebas en forma aislada ni mucho menos en conjunto como lo ordena la ley\u201d. <\/p>\n
La segunda norma probatoria violada es la que le impone al juez el deber de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba (art. 187 inc. 2\u00b0 del C de P.C.), regla incumplida por el Tribunal porque no estableci\u00f3 en la sentencia el valor probatorio que le asignaba a cada una de las probanzas recaudadas, habida cuenta que se limit\u00f3 a decir, que los testimonios en n\u00famero considerable, mostraban que no hab\u00eda permanencia y singularidad marital. <\/p>\n
El tercer precepto de \u00edndole probatorio quebrantado es el concerniente con la apreciaci\u00f3n de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 inc. 1\u00b0 del C de P.C.), mandato que infringi\u00f3 el juez de segundo grado cuando dijo que los testigos, \u201cen n\u00famero considerable\u201d, corroboraban un\u00edsonamente el dicho de la demandada, pero sin puntualizar cuales eran tales testigos, ni las razones por las cuales les dio credibilidad, sino que los tuvo como prueba decisiva porque al parecer son mayor\u00eda. No dijo tampoco cu\u00e1l afirmaci\u00f3n de la demandada corroboran, pues \u00e9sta acept\u00f3 varios hechos, entre ellos la existencia plena de la uni\u00f3n y la sociedad en el contrato de transacci\u00f3n celebrado, y otro, que es el que se acompasa con su coartada tard\u00eda expuesta en el interrogatorio de parte y con la que coinciden algunos de los testigos acomodados a su dicho extempor\u00e1neo. <\/p>\n
La cuarta regla probatoria violada consisti\u00f3 en darle credibilidad a testigos sospechosos (art.217 del C de P.C.), toda vez que frente a los declarantes que tienen parentesco con la demandada, como sucede con Adriana Luc\u00eda Mantilla Ram\u00edrez (Fs. 51 a 76, C-3), hija de Alfonso Mantilla y de Lucila Ram\u00edrez, el fallador de segundo grado no hizo una valoraci\u00f3n rigurosa, a pesar de que utiliz\u00f3 expresiones despectivas frente a su extinto padre, como la de \u201csimbionte\u201d y \u201cpar\u00e1sito\u201d, lo cual evidencia el desprecio de la declarante hacia \u00e9ste, am\u00e9n que falt\u00f3 a la verdad cuando afirm\u00f3 que no trabajaba, hecho que fue ampliamente desvirtuado por otros declarantes. Tampoco se hizo esa rigurosa valoraci\u00f3n, atendiendo al parentesco y al inter\u00e9s en el triunfo de la demandada, respecto de las declaraciones de las hermanas de \u00e9sta, se\u00f1oras Flor Mar\u00eda Ram\u00edrez de Pereira (Fs.16 a 28, C-3) y Myriam Ram\u00edrez Carvajal, quienes repiten textualmente lo mismo que relataron la demandada en su interrogatorio y su hija Adriana Luc\u00eda en su declaraci\u00f3n. La coincidencia en estas versiones y la forma despectiva y grotesca como se expresan de Alfonso, son expresiones de su inocultable parcialidad. <\/p>\n
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Por \u00faltimo, destaca la censura la \u201cevidencia\u201d de tales errores y su trascendencia, la cual hace consistir en que de no ser por ellos se habr\u00eda declarado probada la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde junio de 1987 o por lo menos, atendiendo el argumento del Tribunal que se combate en otro cargo, a partir del 31 de diciembre de 1990. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
El censor, con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa la sentencia impugnada de violar directamente los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 54 de 1990, preceptos que transcribi\u00f3 para demostrar que fueron inaplicados por el juzgador al considerar que \u201cla uni\u00f3n marital de hecho \u2018no adquiere vida jur\u00eddica sino a partir de su vigencia, la cual comenz\u00f3 a regir el 31 de diciembre de esa calendada, pues en el art\u00edculo 9\u00ba dice expresamente que la ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n; por lo tanto no tiene efecto retroactivo ni retrospectivo como bien lo ha dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia\u2019 ..\u201d, yerro en que estima incurri\u00f3 aqu\u00e9l por no distinguir los efectos de la ley en el tiempo, esto es por no diferenciar \u201centre la retroactividad, la irretrospectividad y el efecto general inmediato\u201d, habida cuenta que el primer fen\u00f3meno tiene que ver con que la ley nueva entre a regular derechos existentes en raz\u00f3n de un hecho pasado, o a desconocer hacia el futuro la realidad de derechos adquiridos bajo el amparo de la ley anterior, mientras que la ley es retrospectiva cuando modifica los efectos futuros de hechos o actos anteriores, actuando no sobre la causa generadora del derecho sino sobre los efectos a\u00fan pendientes de producci\u00f3n. <\/p>\n
Cita extensamente, a continuaci\u00f3n, la sentencia del 29 de mayo de 1997 de esta Corporaci\u00f3n relativa al examen del fen\u00f3meno de la retroactividad de la ley, al cabo de lo cual acota, citando a un autor, que si antes de la Ley 54 de 1990 no exist\u00eda r\u00e9gimen legal de uni\u00f3n marital, no exist\u00edan tampoco derechos de los compa\u00f1eros permanentes, bajo el amparo de norma alguna y, por ende, la aplicaci\u00f3n hacia el pasado no vulnera derecho alguno, siendo retrospectiva la ley; adem\u00e1s, como se trata de una ley de inter\u00e9s social expedida con el prop\u00f3sito de nivelar los derechos entre la pareja que conforma una familia de hecho, con la que contrae el matrimonio, su efecto inmediato y regula las situaciones anteriores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se despachan conjuntamente estos cargos porque, como es palmario en ellos, incurri\u00f3 el recurrente en distintas deficiencias t\u00e9cnicas en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, d\u00e9bese comenzar por advertir c\u00f3mo el impugnante, en lo medular, se empe\u00f1\u00f3 en el cargo cuarto a tratar de demostrar que el sentenciador se abstuvo de apreciar las pruebas que rese\u00f1a, olvid\u00e1ndose, empero, que esa queja no se acompasa con el error de derecho que dijo aducir. As\u00ed mismo, al denunciar la infracci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se abstuvo de poner en evidencia que la labor valorativa del juez fue ajena al an\u00e1lisis de conjunto requerido por el precepto en comento, es decir, que no se preocup\u00f3 por demostrar que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias, ineptitud que, por tal causa, adem\u00e1s de tratarse de una mera enunciaci\u00f3n, deriv\u00f3 hacia la sindicaci\u00f3n de preterici\u00f3n de algunas probanzas. <\/p>\n
De igual modo, es necesario recordar c\u00f3mo el sistema de valoraci\u00f3n de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, acogido de manera franca por el citado art\u00edculo 187, tiene como cimiento la libertad del juez para razonar sobre ella, liberado de la sujeci\u00f3n que la tarifa legal impone, de manera que goza aqu\u00e9l de soberan\u00eda en el ejercicio de tal labor, sin que sea imposible exigirle a la Corte, mediante el recurso de casaci\u00f3n, que establezca confines dentro de los cuales ella puede realizarse. \u201cComo la soberan\u00eda del juzgador de instancia en el punto \u2013tiene dicho esta Corporaci\u00f3n- no puede desbocarse hac\u00eda la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderaci\u00f3n debe ser razonada, es decir, fundada en el sentido com\u00fan y las m\u00e1ximas de la experiencia, la labor del recurrente en casaci\u00f3n sube de punto cuando trata de cuestionar la cr\u00edtica que de la prueba haga el Tribunal, pues puede acontecer que \u00e9ste la hubiese percibido en su realidad objetiva, s\u00f3lo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que el sentido com\u00fan y las reglas del saber emp\u00edrico conforman, le reste credibilidad, de modo que ser\u00eda vana una confrontaci\u00f3n entre lo que el medio dice con lo que el Tribunal afirm\u00f3 de \u00e9l, desde luego que en tal evento ambos coincidir\u00edan. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda l\u00f3gica y sensatez, valor\u00f3 antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hip\u00f3tesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista\u201d (Casaci\u00f3n del 24 de marzo de 1998)\u201d, tarea que, por supuesto importa, a la postre, un escrutinio sobre la apreciaci\u00f3n material de la prueba, raz\u00f3n por la cual cualquier yerro de esa \u00edndole, cual all\u00ed se estim\u00f3, debe denunciarse como de facto. <\/p>\n
Otro tanto debe decirse de la apreciaci\u00f3n de los testimonios sospechosos, punto respecto del cual ha precisado esta Sala que \u201ccuando lo cuestionado es que el juzgador, colocado de cara al contenido objetivo del testimonio, ha incurrido en yerro por haberle atribuido cierto grado de credibilidad a los testigos, la falencia que en tal evento cumple poner de resalto en casaci\u00f3n debe encauzarse por el sendero que marca el error de hecho; doctrina aplicable a los testimonios sospechosos, habida cuenta que si la veracidad que les pueda caber en principio arranca estigmatizada, aflora inevitable que la rigidez para mirar a tales deponentes quedar\u00e1 desvanecida en la medida en que brinden un relato responsivo, exacto y completo\u2026\u201d (Casaci\u00f3n del 22 de septiembre de 2004). <\/p>\n
4. De otro lado, relativamente a las acusaciones contenidas en los cargos tercero y quinto, parece oportuno reiterar que incumbe al impugnante confutar la decisi\u00f3n recurrida mediante un discurso argumentativo que guardando rigurosa coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica con las razones expuestas por el juzgador, conduzca inexorablemente a su desquiciamiento, esto es, que las argumentaciones de la censura han de ser de \u201cconsistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya\u201d (Casaci\u00f3n del 14 de julio de 1998). Por supuesto que si el inconforme no replica en forma proporcionada las reflexiones del fallador es tanto como si no las refutara. <\/p>\n
En el asunto de esta especie es bien evidente el divorcio existente entre las razones medulares del fallo recurrido y las esgrimidas por la censura para combatirlo. <\/p>\n
En efecto, los argumentos en que se edifica la sentencia impugnada bien pueden resumirse diciendo que para el Tribunal la uni\u00f3n marital de hecho adquiri\u00f3 vida jur\u00eddica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, la que en su art\u00edculo primero exige para su conformaci\u00f3n que la pareja haya constituido \u201cuna comunidad de vida permanente y singular\u201d, por lo que no cualquier relaci\u00f3n sentimental entre la pareja en la cual se hayan dado m\u00faltiples accesos carnales e inclusive hijos\u201d puede tenerse por tal. La comunidad de vida se traduce en la cohabitaci\u00f3n, socorro y ayuda mutua, cuya permanencia no determin\u00f3 el legislador pero ha de entenderse que es la necesaria para reflejarla y, por supuesto, no inferior a dos a\u00f1os para que se presuma la sociedad patrimonial, am\u00e9n que la singularidad implica que sea \u00fanica, pues \u201ces elemento estructural de la familia el matrimonio monog\u00e1mico\u201d, de ah\u00ed que no es admisible la coexistencia dentro de un mismo lapso temporal de otras relaciones maritales f\u00e1cticas. <\/p>\n
Empero, el fallador, en t\u00e9rminos totalizadores, es decir sin entrar a hacer distinciones sobre la convivencia desarrollada por la pareja antes o despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 54 de 1990, consider\u00f3 que los elementos de la uni\u00f3n marital a que aludi\u00f3 no fueron demostrados en el proceso, toda vez que los testigos, \u201cen n\u00famero considerable\u201d, son un\u00edsonos en afirmar que la cohabitaci\u00f3n de Alfonso y Lucila no fue permanente, continua, estable, por cuanto que \u00e9l constantemente se iba de la casa y que en ese lapso no solo vivi\u00f3 con la demandada sino que lo hizo con otras mujeres con las cuales tambi\u00e9n tuvo hijos; ni siquiera, a juicio del Tribunal, puede decirse que aqu\u00e9l le prest\u00f3 a la demandada la ayuda y el socorro que son necesarios para que nazca la uni\u00f3n marital de hecho, \u201cporque los declarantes son acordes en afirmar que ella era la \u00fanica que trabajaba y \u00e9l lo que hac\u00eda era gastarle y despilfarrarle lo que ella consegu\u00eda\u201d <\/p>\n
No descart\u00f3, pues, el sentenciador, que el fallecido Alfonso Mantilla y la demandada Lucila Ram\u00edrez hubiesen convivido, inclusive, con anterioridad a la vigencia de la Ley 54 de 1990, s\u00f3lo que esa relaci\u00f3n, en su entender, no reun\u00eda los requisitos previstos en la ley por no haber sido \u201cpermanente, continua y estable\u201d, adem\u00e1s que aqu\u00e9l no le prest\u00f3 a ella la ayuda y el socorro necesarios para que surja una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Pero el recurrente, en lugar de empe\u00f1arse en mostrar que de la prueba recaudada en el proceso se infer\u00eda con evidencia que la convivencia de la mencionada pareja s\u00ed reun\u00eda los requisitos echados de menos por el Tribunal, como se lo impon\u00eda el haber trazado su refutaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la causal primera, se empecin\u00f3, en el cargo tercero, en tratar de demostrar la existencia de la relaci\u00f3n de la pareja, e inclusive que cohabitaban juntos, cuando esa circunstancia no fue cuestionada por el juzgador. Por el contrario, habiendo optado por controvertir la decisi\u00f3n impugnada en el restrictivo \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, dejando de lado, por consiguiente, el debate estrictamente jur\u00eddico relativo a los alcances y discernimiento de las normas dejadas de aplicar por el sentenciador, se abstuvo de mostrar c\u00f3mo de las pruebas recaudadas en el proceso, s\u00ed era posible inferir de manera ostensible que la cohabitaci\u00f3n existente entre Alfonso Mantilla y la demandada reun\u00eda los requisitos de permanencia, estabilidad, singularidad, ayuda y socorro mutuo que no habr\u00eda advertido el juzgador ad quem. <\/p>\n
<\/p>\n
No solamente malogr\u00f3 la acusaci\u00f3n en ese aspecto, sino que la misma, olvid\u00e1ndose de su cometido esencial, deriv\u00f3 en un extenso alegato en el cual el recurrente expuso su propia apreciaci\u00f3n de las pruebas, pretendiendo contraponerla a la del sentenciador, pero sin rematar en la demostraci\u00f3n de los errores de facto atribuidos al fallador. <\/p>\n
Es incontestable, igualmente, que la recriminaci\u00f3n contenida en el quinto cargo est\u00e1 exclusivamente enderezada a refutar la elucidaci\u00f3n del Tribunal conforme a la cual la uni\u00f3n marital de hecho solamente adquiri\u00f3 vida jur\u00eddica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, esto es con posterioridad al 31 de diciembre de ese a\u00f1o; empero, como es palpable, semejante imputaci\u00f3n deja de lado las inferencias jur\u00eddicas y probatorias en las que realmente se edific\u00f3 el fallo censurado. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, al margen de lo anteriormente expuesto, no sobra destacar que las reflexiones alusivas a la ausencia de prueba de los ya indicados elementos que a juicio del Tribunal estructuran la uni\u00f3n marital de hecho \u2013elucidaci\u00f3n no combatida por el censor por tratarse de un aspecto estrictamente jur\u00eddico de la cuesti\u00f3n-, no son contrarias a la materialidad reflejada por varios de los testimonios obrantes en el proceso. As\u00ed, por ejemplo, Marina Pati\u00f1o Forero; Mar\u00eda Lucila Camargo Osorio, quien dijo ser madrina de una de las hijas de la demandada, cuya casa visitaba con una frecuencia no mayor a un mes; Flor Mar\u00eda Ram\u00edrez de Pereira, hermana de la demandada; Edelmira Ram\u00edrez Mantilla, Myriam Ram\u00edrez Carvajal, tambi\u00e9n hermana de la demandada; Adriana Luc\u00eda Mantilla Ram\u00edrez, hija de la pareja, cuya trascendente declaraci\u00f3n es extensa, escueta y de primera mano; y Cecilia Su\u00e1rez de Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
De modo pues, que a lo sumo la infructuosa labor del recurrente simplemente pondr\u00eda de presente la existencia de algunos testimonios contradictorios que, justamente, por ser tales, conducen a inferencias opuestas o dis\u00edmiles, incumbi\u00e9ndole al juzgador, en esa hip\u00f3tesis, como tantas veces lo ha destacado la Corte, establecer, dentro del \u00e1mbito propio de sus facultades relativas al examen de la prueba y de la mano de las reglas de la sana cr\u00edtica, su mayor o menor credibilidad, \u201craz\u00f3n por la cual tan solo podr\u00eda prosperar una acusaci\u00f3n por error en la apreciaci\u00f3n probatoria de la prueba testimonial en la que se apoy\u00f3 la sentencia del Tribunal, en caso de demostrarse la comisi\u00f3n por \u00e9ste de error de derecho, o de yerro evidente de hecho, el que aflorar\u00eda, privativamente, cuando las conclusiones del sentenciador fueren por completo arbitrarias e irrazonables, de tal suerte que la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible fuere la que aduce el recurrente\u201d (casaci\u00f3n del 11 de noviembre de 1999, entre otras). <\/p>\n
6. Otro tanto acontece con el reproche de la censura referido a la preterici\u00f3n del documento contentivo de la fallida transacci\u00f3n y el cual contendr\u00eda, as\u00ed mismo, una confesi\u00f3n de la demandada. Pretende el impugnante derivar del texto del aludido documento, la existencia de una confesi\u00f3n inadvertida por el juzgador, consistente en el reconocimiento que la demandada habr\u00eda hecho de la uni\u00f3n marital pretendida en la demanda. Sin embargo, dejando de lado el examen del valor probatorio de la copia informal que contiene la fallida transacci\u00f3n, lo cierto es que la supuesta confesi\u00f3n no puede desconectarse del contenido general del texto que la contiene, pues ello aparejar\u00eda el quebrantamiento del art\u00edculo 258 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Es as\u00ed como en este caso, las aseveraciones de los contratantes, la demandada entre ellos, no pueden escindirse de la naturaleza del acto jur\u00eddico celebrado, el cual a la postre no se hizo valer en el proceso, pacto que estaba enderezado a finiquitar el litigio, raz\u00f3n por la cual las afirmaciones all\u00ed asentadas por las partes se produjeron \u00fanicamente en aras de lograr un arreglo, de modo que frustrado \u00e9ste, tales aseveraciones quedan sin justificaci\u00f3n alguna, a menos que se demuestre lo contrario. <\/p>\n
De todas maneras, toda confesi\u00f3n admite prueba en contrario, de ah\u00ed que de haberla habido en la aludida transacci\u00f3n ella estar\u00eda desvirtuada por la argumentaci\u00f3n en que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los cargos no prosperan. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 6 de mayo de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n
Costas a cargo de las recurrentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-218-2005 [7781] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de septiembre de dos mil cinco (2005). REF.- Expediente No.7781 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}