SC-219-2005 [7819] <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente 7819 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que el 20 de enero de 1999 profiri\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por EDGAR ULISES ZARRATE PULIDO frente a GLORIA INES FORERO QUINTERO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se abri\u00f3 el proceso, radicada el 13 de enero de 1997, pidi\u00f3 el accionante que con audiencia de la demandada se declarara que entre ellos se conform\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, del 22 de marzo de 1991 al 14 de enero de 1995, surgiendo la sociedad patrimonial cuya disoluci\u00f3n y subsiguiente liquidaci\u00f3n debe ordenarse. <\/p>\n
2. En sustento de ese petitum, afirm\u00f3 el actor, en s\u00edntesis, que contrajo matrimonio eclesi\u00e1stico con Rosa Helena Garc\u00eda V\u00e1squez el 18 de diciembre de 1970; que si bien, para la fecha de iniciaci\u00f3n de su uni\u00f3n marital de hecho con la ahora demandada, estaba impedido para contraer nuevas nupcias en raz\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial atr\u00e1s aludido, posteriormente fue disuelta y liquidada la respectiva sociedad conyugal, mediante escritura p\u00fablica 2722, del 5 de noviembre de 1980, otorgada en la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la esgrimida uni\u00f3n marital inici\u00f3 con m\u00e1s de un a\u00f1o de antelaci\u00f3n, contado desde la suscripci\u00f3n del antedicho documento notarial y que, como consecuencia de la primera, se form\u00f3 una sociedad patrimonial de la que hacen parte los bienes que en el libelo describi\u00f3. <\/p>\n
3. Al contestar, la demandada se opuso a las pretensiones y neg\u00f3 los hechos en que se fundamentaron. Para defenderse, aleg\u00f3 la inexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la falta de los presupuestos exigidos para declararla, am\u00e9n que propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo, acerca del primero de los indicados medios defensivos, que contrajo matrimonio civil con el demandante en la Rep\u00fablica de Venezuela, el 22 de marzo de 1991, v\u00ednculo que fue registrado en Colombia y declarado nulo por el Juzgado 13 de Familia de Bogot\u00e1 el 10 de mayo de 1995, de donde resultaba evidente la inexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho aducida por su contraparte. Respecto del segundo, afirm\u00f3 que habiendo estado casada con el se\u00f1or Z\u00e1rrate Pulido desde el 22 de marzo de 1991, s\u00f3lo convivi\u00f3 en calidad de c\u00f3nyuge, con \u00e9ste, hasta el 18 de junio de 1994, fecha en que se produjo su separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva, pues el actor abandon\u00f3 el hogar conyugal, no existiendo, por tanto, la comunidad de vida permanente y singular exigida por el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 54 de 1990 para la estructuraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital. Por \u00faltimo, dijo que el lapso transcurrido desde la fecha en que se finiquit\u00f3 la convivencia arriba indicada, hasta la de presentaci\u00f3n de la demanda, supera el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de un a\u00f1o establecido en el art\u00edculo 8\u00ba de la referida ley. <\/p>\n
4. El 1\u00ba de septiembre de 1998, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones incoadas por el actor, la que \u00e9ste apel\u00f3 y confirm\u00f3 el juzgador ad quem. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El fallador tom\u00f3 como punto de partida la ley 54 de 1990, para referirse a los elementos de fondo doctrinariamente considerados como integrantes de la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes y se detuvo en el correspondiente a la exigencia legal de no estar casados los compa\u00f1eros para que esa uni\u00f3n marital se configurara, dando su entendimiento acerca de ella, respaldado con citas doctrinarias, en el sentido de que la prohibici\u00f3n opera respecto de los integrantes de la pareja de facto, quienes aunque no pueden estar casados entre s\u00ed, sin embargo s\u00ed pueden estar ligados por matrimonio con terceras personas, siempre y cuando la respectiva sociedad conyugal \u201cse haya disuelto y liquidado por lo menos un a\u00f1o antes de la iniciaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital\u201d. <\/p>\n
2. Requisito sine qua non para la formaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, insisti\u00f3 el sentenciador, lo constituye el \u201cque quienes la conformen no est\u00e9n casados entre s\u00ed, pues si lo est\u00e1n no podr\u00edan adquirir la condici\u00f3n de compa\u00f1eros permanentes por tener la de c\u00f3nyuges entre s\u00ed\u201d, de la que no pueden despojarse a su arbitrio en raz\u00f3n de la trascendencia que \u00e9sta tiene en el orden p\u00fablico, por concernir a un estado civil. Acot\u00f3 que \u201cno pueden coexistir al mismo tiempo, entre los mismos sujetos, por ser excluyentes, un hecho jur\u00eddico familiar de constituci\u00f3n de la familia (uni\u00f3n marital) y un negocio jur\u00eddico familiar, tambi\u00e9n de constituci\u00f3n de familia (el matrimonio). <\/p>\n
3. Con sustento en las precedentes reflexiones, anot\u00f3 que \u201cmientras subsista el matrimonio no es posible pensar en el surgimiento de una uni\u00f3n marital entre las mismas personas\u201d, y que en el plenario se demostr\u00f3, mediante copia de la respectiva acta de registro civil de matrimonio, que los contendientes en este litigio se casaron en Venezuela el 22 de marzo de 1991, habi\u00e9ndose decretado la nulidad de ese v\u00ednculo mediante sentencia del 10 de mayo de 1995. Record\u00f3 c\u00f3mo, en virtud de los efectos ex nunc atribuidos por el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Civil a esa declaraci\u00f3n judicial, el matrimonio anulado produce todos sus efectos entre la fecha de su celebraci\u00f3n y la de ejecutoria de la respectiva sentencia. <\/p>\n
4. Sentada la premisa anterior, afirm\u00f3 el Tribunal que la celebraci\u00f3n de matrimonio en Colombia o en el exterior implica en los contrayentes la escogencia, por negocio jur\u00eddico, no s\u00f3lo del r\u00e9gimen marital, sino del econ\u00f3mico, que bien puede ser de \u201cseparaci\u00f3n\u201d o de \u201ccomunidad\u201d, de acuerdo con el sistema existente en el lugar de su celebraci\u00f3n (art. 180, inc. 2\u00ba, ib). Destac\u00f3 que el ordenamiento patrio previ\u00f3 las consecuencias de la declaratoria de nulidad, las que en el plano patrimonial se manifiestan en la negaci\u00f3n del surgimiento de la sociedad conyugal solamente en el caso en que aqu\u00e9lla se haya originado en la preexistencia de un v\u00ednculo anterior (art. 180, inc. 2\u00ba y 1820, ord, 4\u00ba, modificado por el art. 25 de la ley 1\u00aa de 1976), de manera que si se aceptara la tesis del surgimiento de una uni\u00f3n marital del matrimonio nulo, \u201cno se sabr\u00eda qu\u00e9 hacer con los efectos patrimoniales establecidos por la ley para la nulidad de tales matrimonios porque no podr\u00eda coexistir con la mencionada sociedad patrimonial, ni el legislador ha establecido que a gusto de los c\u00f3nyuges \u00e9stos puedan acogerse alternativamente a uno u otro sistema\u201d. <\/p>\n
5. Sobre la base de los precedentes planteamientos, edific\u00f3 el sentenciador la cardinal conclusi\u00f3n de que existiendo matrimonio y, no obstante mediar su declaratoria de nulidad, no surgir\u00e1 entre los c\u00f3nyuges uni\u00f3n marital, ni sociedad patrimonial, \u201cporque el legislador regula los efectos personales y patrimoniales de dicho matrimonio\u201d. <\/p>\n
6. Frente al argumento del demandante, seg\u00fan el cual, \u201csi el matrimonio se celebra en el exterior no coexisten sociedades, porque bien podr\u00edan coexistir en la uni\u00f3n marital si se demuestra que en el pa\u00eds donde se celebr\u00f3 el matrimonio existe comunidad de bienes, desvirtu\u00e1ndose as\u00ed la presunci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes a que se refiere el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 180 del C. C.\u201d, replic\u00f3 el sentenciador que, en el caso sub lite, lo que condujo a la denegaci\u00f3n de las pretensiones no fue la posible coexistencia de sociedades patrimoniales, sino el hecho de que los compa\u00f1eros estuviesen casados entre s\u00ed, raz\u00f3n por la cual, \u201csu uni\u00f3n no es de hecho sino de derecho, con un r\u00e9gimen econ\u00f3mico espec\u00edfico\u201d. <\/p>\n
7. El sentenciador asever\u00f3 que tampoco compart\u00eda el planteamiento del actor, de acuerdo con el cual los efectos del matrimonio se producen desde su inscripci\u00f3n. Sostuvo que -entre las partes- todo negocio jur\u00eddico surte sus efectos a partir de su celebraci\u00f3n, y que el aludido formalismo dice relaci\u00f3n con la publicidad del acto, su prueba y oponibilidad frente a terceros. <\/p>\n
8. Persuadido de que la separaci\u00f3n definitiva de las partes se produjo el 14 de enero de 1996, \u201cseg\u00fan se afirma en el hecho primero de la demanda\u201d, y poniendo de presente que la nulidad del matrimonio se decret\u00f3 el 10 de mayo de 1996, el Tribunal expuso su criterio orientado a resaltar la absoluta imposibilidad de surgimiento de la uni\u00f3n marital de hecho en tales circunstancias, en vista de que para su establecimiento era indispensable que la convivencia perdurara por un lapso m\u00ednimo de dos a\u00f1os. <\/p>\n
9. Por \u00faltimo, precis\u00f3 que la falta de acreditaci\u00f3n de los elementos requeridos para el surgimiento de la aludida uni\u00f3n marital de hecho, en los t\u00e9rminos de la referida normatividad, imped\u00eda el \u00e9xito de las pretensiones, lo que hac\u00eda innecesario ocuparse del estudio de las excepciones perentorias planteadas por la demandada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dentro de la \u00f3rbita de la causal primera, dos cargos formul\u00f3 la recurrente contra la reci\u00e9n resumida sentencia. Se despachar\u00e1n conjuntamente, pues a pesar de los reproches en ellos contenidos, se mantiene inc\u00f3lume la argumentaci\u00f3n que en forma toral soport\u00f3 el fallo impugnado, lo que, como se ver\u00e1 despu\u00e9s, en detalle, impide el \u00e9xito de la demanda sustentatoria del recurso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 54 de 1990 y, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba ibidem, 115, 1781 a 1789, 1792 a 1804 del C\u00f3digo Civil y 42 (incs. segundo y \u00faltimo) de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
La censura ubic\u00f3 el anunciado error de juicio en el entendimiento que el Tribunal hizo de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, en el sentido de atribuirle a la inexistencia de matrimonio entre los compa\u00f1eros permanentes, el car\u00e1cter de requisito indispensable para el surgimiento de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2. En orden a demostrar su aserto expres\u00f3, en forma ciertamente confusa, que la referida normatividad, a partir del inciso segundo del art\u00edculo 1\u00ba, regula la prenombrada uni\u00f3n marital, \u201cconteniendo normas de orden p\u00fablico, como de derecho privado, orientado \u00e9ste al \u00e1mbito del querer del individuo para esgrimir la acci\u00f3n pertinente que convenga a sus intereses\u201d. <\/p>\n
Del rese\u00f1ado postulado, agreg\u00f3, \u201cse observa que la norma en comento no es clara en los t\u00e9rminos que \u2018sin estar casados\u2019, pero adem\u00e1s es complementaria de art. 2\u00ba; lit. b) (sic)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior sirvi\u00f3 de soporte al casacionista para evocar las reglas de hermen\u00e9utica contenidas en los art\u00edculos 26 y 27 del C\u00f3digo Civil y, echando mano de lo previsto en esta \u00faltima, refiri\u00f3 los antecedentes de la expedici\u00f3n de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
Seguidamente esgrimi\u00f3 cita doctrinaria que predica el car\u00e1cter imperativo de la ley cuando su texto es claro e inequ\u00edvoco, pero que si \u00e9ste es ambiguo, la facultad de interpretaci\u00f3n judicial se ampl\u00eda, llegando al punto de poderse averiguar cu\u00e1l ser\u00eda el pensamiento de los autores de la norma si esa tarea la estuviesen realizando en el presente. <\/p>\n
3. Centrada la censura en la aplicaci\u00f3n de la citada doctrina a la especie litigiosa, asever\u00f3 que el matrimonio celebrado entre las partes en Venezuela es \u201cintrascendental\u201d para la declaratoria de la uni\u00f3n marital de facto. Resalt\u00f3 c\u00f3mo la propia demandada, en documentos notariales formalizados el 29 de septiembre de 1986 y el 31 de agosto de 1993, afirm\u00f3 ostentar el estado civil de soltera. <\/p>\n
Sostuvo la recurrente que la expresi\u00f3n legal \u201csin estar casados\u201d debe entenderse \u201cen su eficacia patrimonial\u201d y que \u201ces as\u00ed que a siguiente paso, el mencionado literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la misma ley plantea la eventualidad sumada al lapso de dos a\u00f1os, al menos, de permanencia de la pareja con impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes … es decir, bordea de tal manera esta eventualidad, condicion\u00e1ndola a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad anterior a la fecha de iniciaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, por lo menos un a\u00f1o antes\u201d. <\/p>\n
Anot\u00f3 que \u201casimismo es condicionada (sic) a la eficacia patrimonial un eventual matrimonio que antecedente, concomitante o subsiguiente se celebre y se conduzca dentro del transcurso de tiempo no menor de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en el litigio de marras, \u201clas partes est\u00e1n separadas de bienes por la presunci\u00f3n que los cobija el inc. segundo del art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil, con lo que como es intenci\u00f3n del legislador no concurren sociedades patrimoniales; que es violatoria del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 54 de 1990 la interpretaci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual el matrimonio que las partes celebraron y que fue declarado nulo en el a\u00f1o de 1995, impidi\u00f3 formar, durante el mismo, una uni\u00f3n marital y sociedad patrimonial, \u201cporque el legislador regula los efectos personales y patrimoniales de dicho patrimonio\u201d. <\/p>\n
Luego de citar el apoyo doctrinario que consider\u00f3 necesario, el casacionista agreg\u00f3 que \u201cEdgar y Gloria estuvieron regidos por una uni\u00f3n marital. Baste para ello resaltar la calidad de \u2018soltera\u2019 de la demandada\u201d al suscribir las escrituras se\u00f1aladas; la suscripci\u00f3n del contrato consensual acordado por las partes, con abono a gananciales dado por la demandada a favor del demandante mediante cheque, as\u00ed hubiere resultado impagado por la glosa de fondos insuficientes; la inscripci\u00f3n del matrimonio ineficaz patrimonialmente tan solo en agosto de 1994 por el que la pareja fue m\u00e1s all\u00e1 de una uni\u00f3n libre, como bendici\u00f3n socio-familiar para adquirir coyunturalmente una posici\u00f3n patrimonial estable\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Denunci\u00f3 el inconforme la infracci\u00f3n, a causa de evidente error de hecho, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba de la ley 54 de 1990, 1602, 1604, 1609, 1618, 1621, 1775, 1781 a 1785, 1793 a 1798, 1800 a 1804 y 2539 del C\u00f3digo Civil, y 251 a 254, 258, 259, 262 y 268 del C. de P. C., cargo que sustent\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
2. El Tribunal omiti\u00f3 examinar el alcance del acuerdo ajustado entre las partes el 17 de junio de 1994, cuya intenci\u00f3n \u201creflej\u00f3 pret\u00e9ritamente\u201d la escritura 8085 de 30 de agosto de 1993, otorgada en la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en el sentido de resumir \u201cla intrascendencia de matrimonio ineficaz celebrado en el exterior y fij\u00f3 las pautas jur\u00eddicas de estarse personal y patrimonialmente enmarcados los compa\u00f1eros permanentes dentro de las disposiciones de la ley 54 de 1990 que define y reglamenta la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
2. En orden a demostrar esta acusaci\u00f3n, record\u00f3 el casacionista el principio de la eficacia de los contratos legalmente concluidos recogida en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, para decir que no obstante la circunstancia del impago del cheque girado por un tercero para el abono de \u201cgananciales\u201d a favor del se\u00f1or ZARRATE, ese contrato no ha sido invalidado, por manera que su preterici\u00f3n genera error evidente de hecho \u201cal pasar por alto, que mediante ese escrito contractual aceptaran los reconocimiento (sic.) de la obligaci\u00f3n para interrumpir naturalmente la prescripci\u00f3n que extingue las acciones ajenas\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los contratantes, \u201ca la fecha del documento en cuesti\u00f3n\u201d, eran mutuamente acreedores y deudores de obligaciones derivadas de la sociedad patrimonial que naci\u00f3 de la uni\u00f3n marital entre ellos suscitada. <\/p>\n
3. Luego se expres\u00f3 el censor en t\u00e9rminos que por la manera en que vienen concebidos bien vale la pena reproducir: <\/p>\n
\u201cEn efecto, con el reconocimiento de las obligaciones provenientes de la uni\u00f3n marital que nos ocupa, expresamente, no obstante lo considerado por el Tribunal ad quem que si se acepta la tesis del surgimiento de una uni\u00f3n marital en el caso presente, no sabr\u00eda que hacerse con los efectos patrimoniales se\u00f1alados por la ley, para la nulidad del matrimonio, porque no podr\u00eda coexistir con la sociedad patrimonial, ni el legislador ha establecido que a gusto de los c\u00f3nyuges estos puedan acogerse alternativamente a uno u otro sistema. Dicho de otra manera, que los compa\u00f1eros Z\u00e1rrate Pulido y Forero Quintero, no pod\u00edan escoger el r\u00e9gimen de bienes, por haberse casado, concomitantemente al inicio de la uni\u00f3n marital, el 22 de marzo de 1991. Nada m\u00e1s contrario a la manifestaci\u00f3n del querer de la pareja, que como se ha demostrado, la comunidad de vida ha sido con base en los postulados f\u00e1cticos, por existir impedimento para haber realizado un matrimonio eficaz en Colombia\u201d. <\/p>\n
Fue as\u00ed como, aleg\u00f3 el casacionista, el juzgador vulner\u00f3 los art\u00edculos 252 a 254 del C. de P. C., sobre el m\u00e9rito probatorio de los documentos privados, y 1602, 1603 y 1539 del C\u00f3digo Civil, acerca de la oponibilidad de los contratos a quienes los celebran. <\/p>\n
4. Complement\u00f3 su exposici\u00f3n diciendo que probado \u201cel contrato con abono de gananciales\u201d y hall\u00e1ndose amparadas las partes por la presunci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes derivada de la circunstancia de su matrimonio en el exterior, deb\u00eda aceptarse la conformaci\u00f3n de la proclamada uni\u00f3n marital. <\/p>\n
Insisti\u00f3 el censor, entonces, en que si la comunidad de vida de las partes se inici\u00f3 el 22 de marzo de 1991 y finaliz\u00f3 con separaci\u00f3n definitiva el 14 de enero de 1996, hab\u00eda de concluirse que en ese lapso la relaci\u00f3n fue de hecho, \u201cratificada mediante contrato privado entre las mismas\u201d y como as\u00ed no lo vio Tribunal, incurri\u00f3 en error f\u00e1ctico palmario. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Como ya se anticip\u00f3, la suerte de la demanda de casaci\u00f3n con que se sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que se desata est\u00e1 fatalmente signada, pues los reproches esgrimidos, en ambos cargos, frente al fallo del Tribunal, carecen del vigor requerido para derribar la argumentaci\u00f3n en que el juzgador hizo soportar su decisi\u00f3n, en forma principal. <\/p>\n
Se debe advertir, adem\u00e1s, que aunque pareciera contrario a la regla de orden t\u00e9cnico que le impide al censor separarse del cuadro f\u00e1ctico deducido por el sentenciador cuando quiera que se denuncie la vulneraci\u00f3n directa de un norma de derecho sustancial, el que, en su primera acusaci\u00f3n, el aqu\u00ed recurrente hubiera optado por reprochar al Tribunal porque del contenido de las probanzas que mencion\u00f3 en ese primer cargo no dedujo la positiva intenci\u00f3n de las partes enderezada claramente, seg\u00fan el impugnante, a reconocer la existencia de la implorada sociedad patrimonial de hecho, tal situaci\u00f3n no impide a la Corte asumir el estudio de fondo de los aspectos que constituyen el n\u00facleo esencial de los cargos impetrados por el demandante, en la medida en que ellos envuelven una cr\u00edtica enfilada a hacer mella en las reflexiones medulares de la sentencia recurrida, esto es que, para explicarlo en otros t\u00e9rminos, dejando de lado esas referencias f\u00e1cticas de la censura, sobreviven varias imputaciones que deben despacharse por la Sala. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, entonces, que seg\u00fan el fallo impugnado, la adecuada lectura de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, lleva a concluir que -as\u00ed confluyeran las dem\u00e1s circunstancias requeridas para ese efecto- no surgir\u00e1 una uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes -y menos podr\u00e1 presumirse el advenimiento de una sociedad patrimonial de esa naturaleza-, mientras entre ellos subsista un v\u00ednculo matrimonial, sin importar que \u00e9ste haya sido celebrado dentro o fuera del pa\u00eds; que hubiera generado o no una sociedad conyugal o que, con posterioridad a la iniciaci\u00f3n de la pretendida uni\u00f3n marital de hecho, hubiera sido declarado nulo judicialmente en raz\u00f3n de haber subsistido, respecto de uno o ambos compa\u00f1eros, un matrimonio anterior, sin que tuviera ninguna incidencia, tampoco, el que, eventualmente, se hubiera disuelto y liquidado la sociedad conyugal derivada de ese v\u00ednculo matrimonial primigenio. <\/p>\n
2. Como est\u00e1 visto, sirve de respaldo a los asertos consignados en el numeral precedente, el inciso inicial del art\u00edculo 1\u00ba de la prenombrada normatividad, conforme al cual, \u201ca partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina uni\u00f3n marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u201d. <\/p>\n
Ha de observarse que la disposici\u00f3n as\u00ed transcrita se ocupa de la se\u00f1alada uni\u00f3n marital, concibi\u00e9ndola como aquella convivencia que, con caracteres de permanencia y singularidad, establecen un hombre y una mujer, de \u201cfacto\u201d, esto es, como lo prev\u00e9 la norma, sin mediar entre ellos un v\u00ednculo matrimonial. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n se obtiene, primeramente, en atenci\u00f3n a la claridad del mandato, lo que posibilitar\u00eda atenerse a su tenor literal (art. 26 del C. Civil), al punto que, partiendo precisamente de la letra del primer inciso del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley \u201cpor la cual se definen las uniones maritales de hecho y el r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, la Corte ha dicho, en forma por dem\u00e1s reciente, que \u201clas uniones de esa especie se caracterizan porque: a) son de car\u00e1cter heterosexual, requisito que salta a la vista y que se aviene con las exigencias constitucionales seg\u00fan las cuales la familia se forma por la decisi\u00f3n de dos personas de sexo opuesto de conformarla; b) por la ausencia de v\u00ednculo jur\u00eddico de car\u00e1cter conyugal entre los compa\u00f1eros, pues el ingrediente f\u00e1ctico de la instituci\u00f3n es evidente, inclusive, en su propio nombre; c) por la comunidad de vida permanente y singular de los compa\u00f1eros\u201d (sent. de 25 de noviembre de 2004, exp. 7291). <\/p>\n
3. Inclusive, hay que decirlo sin ambages, a la misma conclusi\u00f3n conducir\u00eda una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del mismo precepto, esto es, reparando en que \u201cel contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u201d (art. 30, ib). <\/p>\n
Por supuesto que si la incertidumbre vislumbrada por el inconforme, en relaci\u00f3n con el tema en comentario, fluye de la disposici\u00f3n del art\u00edculo 2\u00ba de la mencionada normatividad, particularmente de lo previsto en su literal b), habr\u00eda que se\u00f1alar, forzosamente, que dicho precepto no contiene prescripci\u00f3n capaz de enturbiar la claridad del panorama ofrecido por la ley al efectuar el enunciado de tipo general del art\u00edculo 1\u00ba. <\/p>\n
Af\u00edrmase lo anterior porque, luego de definir la instituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho en el art\u00edculo 1\u00ba, el legislador centr\u00f3 su atenci\u00f3n en el 2\u00ba, en lo atinente al tema patrimonial, consagrando la presunci\u00f3n legal del surgimiento de una sociedad de esa naturaleza, entre los \u201ccompa\u00f1eros permanentes\u201d, la que condicion\u00f3 a la presencia de cualquiera de las dos situaciones, alternativas, que armonizan con la definici\u00f3n de uni\u00f3n marital expuesta en el art\u00edculo 1\u00ba, a saber: <\/p>\n
a) Uni\u00f3n marital de hecho no inferior a dos a\u00f1os y ausencia de impedimento legal para casarse. <\/p>\n
b) Uni\u00f3n marital de hecho con la misma duraci\u00f3n \u201ce impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
Como es a partir de lo normado en esta \u00faltima disposici\u00f3n que el casacionista afirm\u00f3 que surg\u00eda la falta de claridad del texto del art\u00edculo 1\u00ba, en lo relativo a la exigencia de no \u201cestar casados\u201d los compa\u00f1eros, conviene reparar en que los dos literales del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990 est\u00e1n concebidos de forma tal que armonizan con el postulado del art\u00edculo 1\u00ba, deducido en los t\u00e9rminos atr\u00e1s consignados, en la precitada doctrina jurisprudencial que ahora reitera la Sala. Ciertamente, los aludidos literales contemplan dos situaciones f\u00e1cticas sobre las que se edifica la presunci\u00f3n de conformaci\u00f3n de sociedad patrimonial que, aunque diferentes entre s\u00ed, emanan de un elemento com\u00fan: que exista uni\u00f3n marital de \u201checho\u201d entre la pareja, lo que implica, por ende, la inexistencia de matrimonio entre los compa\u00f1eros permanentes proclamada en el rese\u00f1ado art\u00edculo primero. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo, en la hip\u00f3tesis prevista en el literal b), con un car\u00e1cter ciertamente excepcional, visto en relaci\u00f3n con la del literal a), se prev\u00e9 la posibilidad de que la uni\u00f3n marital que entre sus integrantes puede formarse -porque no est\u00e1n casados entre s\u00ed, sino con terceras personas, valga la pena insistirlo- la sociedad patrimonial de compa\u00f1eros surja a la vida jur\u00eddica a condici\u00f3n de que las sociedades conyugales preexistentes hayan sido disueltas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Corolario de lo reci\u00e9n consignado es que a la Corte no le es factible compartir lo dicho por el censor en el sentido de que dentro del supuesto de hecho de la norma en comento, tan n\u00edtidamente definido por el ordenamiento, se encaje una situaci\u00f3n ajena al mismo, como es la que corresponde a la de la pareja unida por matrimonio vigente, para hacer operar simult\u00e1neamente (en una muy extra\u00f1a superposici\u00f3n), tanto las reglas atinentes a los efectos patrimoniales del matrimonio, como las propias de la sociedad patrimonial de compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
4. La Sala pone de relieve, adicionalmente, que la hip\u00f3tesis defendida por el casacionista no acompasa con el confesado prop\u00f3sito que llev\u00f3 al legislador a expedir la Ley 54 de 1990, en la que se resalt\u00f3, de entrada, que con ella se iban a \u201cdefinir\u201d las \u201cuniones maritales de hecho\u201d, y en la que luego se dispuso, en forma casi redundante, que \u00e9stas solo pod\u00edan estar conformadas por \u201cun hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u201d (art. 1\u00ba, ib). <\/p>\n
Al punto conviene recordar que en la providencia atr\u00e1s citada, dictada dentro de un asunto que guarda bastante similitud con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, \u00e9sta explic\u00f3 que \u201cel objetivo de la ley 54 de 1990 no fue otro, que el de regular aquellas relaciones concubinarias (designaci\u00f3n peyorativa que cambi\u00f3 con acierto) establecidas al margen de la formalidad del matrimonio. No se ocupa la ley, ni esa es su finalidad, de crear sociedades patrimoniales en aquellos casos en los cuales la ley las proscribe para las uniones matrimoniales. Subsecuentemente, si la pareja contrajo matrimonio, cualquiera que fuese su naturaleza, queda sustra\u00edda del r\u00e9gimen propio de las uniones maritales de hecho, debiendo someterse, por tanto, a la regulaci\u00f3n propia del derecho matrimonial\u201d y que \u201cel r\u00e9gimen de la ley 54 de 1990, reit\u00e9rase, a\u00fan a riesgo de fastidiar, tuvo por finalidad regular las uniones maritales que no estuviesen precedidas de v\u00ednculo conyugal, bajo el entendido de que de existir \u00e9ste, as\u00ed no generase sociedad conyugal o estuviese viciado de nulidad, deb\u00eda sujetarse a las normas que lo reglamentan, las cuales, no sobra decirlo, no fueron reformadas mediante tal estatuto\u201d (sent. de 25 de noviembre de 2004, exp. 7291, subrayas fuera de texto). <\/p>\n
5. De otra parte, tampoco olvida la Sala que el casacionista, de alguna manera sugiri\u00f3 que \u201cla eficacia patrimonial\u201d del matrimonio que las partes celebraron en Venezuela no pod\u00eda deducirse, como quiera que el mismo fue declarado nulo en el a\u00f1o de 1995. <\/p>\n
Sobre el particular tambi\u00e9n ofrece bastante utilidad la aludida providencia, pues all\u00ed, luego de un amplio examen de la legislaci\u00f3n pertinente, en especial, de los art\u00edculos 148 a 151 del c\u00f3digo Civil, se precis\u00f3 que el matrimonio nulo no pod\u00eda ser visto como absolutamente ineficaz o como si no hubiese existido, pues \u201cmientras no se declare su invalidez, produce, por regla general, todos los efectos que le son propios, de modo que los contrayentes se reputan casados y son titulares de los mismos derechos y obligaciones que aquellos que no est\u00e1n afectados de vicio legal alguno, y no de manera aparente o artificial sino real y verdadera; y, de otro lado, porque la nulidad judicialmente declarada no produce efectos retroactivos de tal modo absolutos que pueda colegirse que se tiene por no celebrado\u201d. <\/p>\n
Es m\u00e1s, para abundar en razones, en la misma oportunidad la Sala puntualiz\u00f3 que \u201ctampoco puede decirse que el matrimonio cuya nulidad se declara por raz\u00f3n de existir respecto de ambos o uno de los contrayentes el v\u00ednculo de un matrimonio anterior, deba tenerse como ineficaz y, por ende, que no constituye obst\u00e1culo para que se forme entre la pareja una sociedad patrimonial similar a la de los compa\u00f1eros permanentes, pues esa uni\u00f3n conyugal existe como tal y produce los efectos que le son propios mientras no se declare su invalidez. M\u00e1s exactamente: Mientras no se decrete judicialmente la nulidad, existe v\u00ednculo matrimonial y los contrayentes tienen la calidad de c\u00f3nyuges y, obviamente, los derechos y obligaciones que la ley les impone\u201d. <\/p>\n
Desde luego, el entendimiento anterior no autoriza descartar la posici\u00f3n contraria en frente de una hip\u00f3tesis sustancialmente distinta (y ajena al asunto sub lite), como es la que se da en el caso de que, luego de desaparecido el v\u00ednculo matrimonial que inicialmente un\u00eda a los consortes, por virtud del divorcio o la declaraci\u00f3n judicial de nulidad, los mismos decidan establecerse como pareja singular haciendo vida en com\u00fan, estable y permanente, pues en tal evento nada obstar\u00eda para que se configurara una verdadera \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d que -superados los dos a\u00f1os- podr\u00eda resultar favorecida con la presunci\u00f3n de formaci\u00f3n de sociedad patrimonial, a condici\u00f3n, claro est\u00e1, de que se cumplan las exigencias de ley. <\/p>\n
6. Corresponde lo anteriormente expuesto a una clara respuesta a los reproches que esgrimi\u00f3 el casacionista a lo que fue el sustrato principal del fallo recurrido. <\/p>\n
Con todo, tambi\u00e9n el inconforme censur\u00f3 al Tribunal porque, de las piezas procesales con alcance probatorio que tuvo a bien citar en su libelo, en especial, al sustentar su segunda acusaci\u00f3n, no dedujo la existencia de la pretendida sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n
El despacho adverso de estas argumentaciones adicionales del casacionista puede soportarse exclusivamente, en las consideraciones que preceden, puesto que la ausencia de la uni\u00f3n marital de hecho, derivada del v\u00ednculo matrimonial que entre las partes subsisti\u00f3 durante el tiempo en que vivieron como marido y mujer, fue la que determin\u00f3 que no se suscitara la sociedad patrimonial cuya declaraci\u00f3n ha venido reclamando la parte actora, de donde resulta irrelevante la cr\u00edtica que en las esferas probatoria y f\u00e1ctica ensay\u00f3 el impugnante <\/p>\n
Sin duda, siendo como es la sociedad patrimonial de hecho una consecuencia, aunque presunta, de la configuraci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de esa misma naturaleza, definida por el legislador seg\u00fan da cuenta el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, no resulta concebible que los interesados convengan el surgimiento de una sociedad patrimonial de hecho entre \u201ccompa\u00f1eros permanentes\u201d, con fundamento en la rese\u00f1ada normatividad, pero al margen, precisamente de la existencia de una uni\u00f3n marital de facto, exclusiva y permanente, entre hombre y mujer que no est\u00e9n casados entre s\u00ed. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano no es factible convenir, a manera de un contrato aut\u00f3nomo, ayuno de los elementos que caracterizan la uni\u00f3n marital de hecho, una \u201csociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, pues dada la naturaleza de orden p\u00fablico que cabe predicar de la rese\u00f1ada regla del art\u00edculo 10 de la Ley 54 de 1990, ella escapa a la voluntad de los interesados. <\/p>\n
Cosa distinta la constituye, bueno es aclararlo, que excepcionalmente las partes puedan derogar o modificar lo dispuesto en algunas normas de la misma ley 54 de 1990 que carezcan de la referida connotaci\u00f3n de orden p\u00fablico, hip\u00f3tesis que en alguna medida acontece con las disposiciones atinentes a la sociedad patrimonial que se presume en cuanto se suscite una uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, con apego a las pautas comentadas a lo largo de esta providencia, la cual pueden \u00e9stos, inclusive, llegar a sustituir, aunque de manera limitada, de acuerdo con el r\u00e9gimen de las capitulaciones matrimoniales, puesto que tales aspectos solo ata\u00f1en al inter\u00e9s particular de los compa\u00f1eros. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con lo que en detalle ya esta Corporaci\u00f3n ha tenido oportunidad de precisar, \u201cel car\u00e1cter supletorio de la ley 54 de 1990, en cuanto tiene que con la constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes … claramente se nota en el art\u00edculo 2\u00ba en tanto sienta una mera presunci\u00f3n legal, por ende desvirtuable y consecuentemente admisoria de alg\u00fan tipo de convenio paritario e imparcial acorde con las finalidades de la ley y al m\u00ednimo de derechos que \u00e9sta reconoce a los compa\u00f1eros permanentes. Car\u00e1cter que igualmente se nota en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 7\u00ba, cuando remite a las normas \u2018contenidas en el Libro IV, T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulos I a VI del C\u00f3digo Civil\u2019, para ser aplicadas a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes entre las que se ubican los art\u00edculos 1771 a 1780, concernientes al r\u00e9gimen de las capitulaciones matrimoniales, que por la misma definici\u00f3n legal son las \u2018convenciones\u2019 que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que se aportar\u00e1n a la sociedad conyugal, las cuales bien pudieran dar lugar a un r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes o a otro distinto, porque de modo similar a como acontece con la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, la sociedad conyugal surge de una presunci\u00f3n legal, \u2018a falta de pacto escrito\u2019 en contrario, como lo indica el art\u00edculo 1774 del C\u00f3digo Civil, que es otra de las normas que obran por remisi\u00f3n\u201d (sent. de 20 de abril de 2001, exp. 5883). <\/p>\n
Por \u00faltimo, haciendo referencia al otro aspecto del yerro denunciado, es claro que afirmando el sentenciador la inexistencia de la uni\u00f3n marital por falta de un elemento esencial, no ten\u00eda para qu\u00e9 examinar si la acci\u00f3n dirigida a declarar su existencia estaba o no prescrita, por lo que as\u00ed la prueba documental preterida sirve para el fin indicado por la censura, la decisi\u00f3n del juzgador ad quem hubiera sido exactamente la misma. <\/p>\n
Los cargos, por lo tanto, no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 20 de enero de 1999, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por EDGAR ZARRATE PULIDO contra GLORIA INES FORERO QUINTERO. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-219-2005 [7819] SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente 7819 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}