SC-220-2005 [4755531840011999-0150-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cinco de septiembre de dos mil cinco <\/p>\n
Exp. No. 47555-3184-001-1999-0150-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de septiembre de 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -Sala Civil Familia-, decisi\u00f3n ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Miriam del Carmen Alfaro Guti\u00e9rrez contra Ricardo Enrique Amador Pe\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Miriam del Carmen Alfaro Guti\u00e9rrez entabl\u00f3 demanda para que la jurisdicci\u00f3n declarara que con Ricardo Enrique Amador Pe\u00f1a form\u00f3 una sociedad patrimonial desde el 18 de diciembre de 1982, hasta la fecha que se pruebe en el proceso, y para que subsiguientemente se disponga la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como premisas de hecho fueron expuestas: <\/p>\n
2.1. Desde el 18 de diciembre de 1982 Miriam del Carmen Alfaro Guti\u00e9rrez y Ricardo Enrique Amador Pe\u00f1a iniciaron una uni\u00f3n marital de hecho, la que ha perdurado de manera continua por un per\u00edodo superior a los 15 a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. De esa uni\u00f3n nacieron Mar\u00eda Alejandra del Carmen, Luis Ricardo y Ricardo Augusto Amador Alfaro. <\/p>\n
2.3. Entre demandante y demandado no se celebraron capitulaciones. <\/p>\n
2.4. En virtud de esa uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes, de conformidad con la ley se form\u00f3 una sociedad patrimonial en cuya existencia se configur\u00f3 un patrimonio social integrado por un conjunto de bienes que en la demanda se describen. <\/p>\n
3. El demandado controvirti\u00f3 las pretensiones y para ello neg\u00f3 los hechos fundamento de ellas, propuso las excepciones que nomin\u00f3 como inexistencia de la sociedad patrimonial, prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, y la de existencia de un patrimonio unipersonal. <\/p>\n
4. En la sentencia dictada el 5 de febrero de 2001 fueron negadas las pretensiones, pues se hall\u00f3 probada la que all\u00ed se denomin\u00f3 excepci\u00f3n de inexistencia de la sociedad patrimonial propuesta por el demandado, se declar\u00f3 que en la escritura p\u00fablica n\u00famero 179 de 25 de marzo de 1997 de la Notar\u00eda \u00danica de El Plato no hubo verdadera liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre las partes, se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y se conden\u00f3 a la demandante al pago de las costas. Apelada la sentencia del juzgado, el Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
Despu\u00e9s de se\u00f1alar someramente la evoluci\u00f3n jurisprudencial en materia de la uni\u00f3n marital de hecho, el Tribunal argument\u00f3 que de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990 se extraen los presupuestos exigidos para que pueda considerarse estructurada la uni\u00f3n marital de hecho con efectos patrimoniales. Tales premisas suponen la concurrencia de la uni\u00f3n de dos personas de diferente sexo, la posibilidad y habilitaci\u00f3n de la pareja para conformar la uni\u00f3n, aunque no necesariamente la solter\u00eda, que haya vida permanente en com\u00fan, que la comunidad dure el tiempo necesario para producir efectos patrimoniales, y que sea singular, es decir que excluya otras uniones de la misma \u00edndole. <\/p>\n
En s\u00edntesis plante\u00f3 el Tribunal que la demandante dijo que estaba acreditada la singularidad, estabilidad y permanencia de la uni\u00f3n; el demandado a su vez replic\u00f3 que la cohabitaci\u00f3n fue espor\u00e1dica, que termin\u00f3 el 25 de marzo de 1997, y que en paralelo hubo convivencia del var\u00f3n con otras mujeres, de modo especial con Yolanda Isabel Vega Cortina, desde el 15 de diciembre de 1982 hasta el 22 de agosto de 1999 y con Ligia Saumeth Marbello durante los siete a\u00f1os que precedieron a la demanda. <\/p>\n
La demandante plante\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n que la singularidad propia de la uni\u00f3n marital de hecho no excluye la existencia de otras uniones de la misma naturaleza, postura que el Tribunal desech\u00f3 al abrigo de la consideraci\u00f3n de que la familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad; que la convivencia de la pareja ha de ser permanente, es decir, duradera, constante y estable; y que para cumplir las exigencias de la ley debe durar por lo menos dos a\u00f1os. A\u00f1adi\u00f3 el Tribunal que la uni\u00f3n entre compa\u00f1eros permanentes supone cierto grado de monogamia que garantiza la unidad familiar, y que ubicados en el \u00e1mbito pecuniario, el legislador no quiso que confluyeran dos patrimonios, por lo cual impuso la necesidad de disolver y liquidar un a\u00f1o antes la sociedad conyugal existente, para que as\u00ed se pudiera formar la nueva comunidad patrimonial, esto se\u00f1ala la imposibilidad de convergencia simult\u00e1nea de dos sociedades patrimoniales, en las que ni siquiera se tiene la certeza de su configuraci\u00f3n, dado que la uni\u00f3n marital de hecho que les da origen, requiere ser declarada judicialmente. <\/p>\n
Despu\u00e9s de transcribir parte de una sentencia de esta Corporaci\u00f3n, relativa al presupuesto de la singularidad, dio el Tribunal en estudiar el acervo probatorio para ver de establecer si los requisitos de singularidad y permanencia se cumpl\u00edan, tanto en la relaci\u00f3n del demandado con la demandante, como en las otras dos que este \u00faltimo dijo haber tenido con Yolanda Vega y Ligia Saumeth, tarea en la cual analiz\u00f3 los testimonios rendidos por Nadime Molina Manzur, Ana del Sol Chamorro Mendoza, Juan Carlos Ballesteros Amador, Martha Luz Chiquillo Acosta, Glenys Mercedes Molina de Molina, Sandra Molina Manzur, In\u00e9s del Rosario Fonseca Ospino, Jusif Antonio Atala El\u00edas, Marlon Yohan Atala El\u00edas, Rafael Pom\u00e1rico Cortina, Brunilda Orozco de Pom\u00e1rico, Ricardo Enrique Barrios P\u00e9rez, Rafael Vicente Lugo Castro, Yolanda Vega Cortina, Elvira Judith Sierra Ospino, Mario Manjarr\u00e9s Garc\u00eda, Jes\u00fas Antonio Lara Trujillo, y Palmira Rodr\u00edguez Conde, declaraciones de las que extrajo claridad sobre un \u201cun hecho innegable y es que la convivencia del demandado con la se\u00f1ora MIRIAM ALFARO GUTIERREZ no fue espor\u00e1dica como lo pretende hacer ver aquel, pero tampoco \u00fanica como la quiere presentar ella, toda vez que igualmente ha mantenido \u2013el demandado- relaciones con las se\u00f1oras YOLANDA ISABEL VEGA CORTINA y LIGIA SAUMETH MARBELLO, las que a juicio de la Sala no pueden calificarse como accidentales, pasajeras, casuales o transitorias, pues han perdurado por varios a\u00f1os, e incluso una de ellas ha dado lugar a descendencia\u201d. <\/p>\n
Para el ad quem, del contexto de todas las declaraciones se infiere que a pesar de ciertas caracter\u00edsticas privilegiadas de la relaci\u00f3n alegada por la demandante, tal situaci\u00f3n no excluye la constancia y estabilidad de las otras dos situaciones familiares, pero s\u00ed destruye la exclusividad requerida para que se configure el presupuesto de singularidad exigido por la ley para que se declare la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Para el Tribunal las tres uniones maritales concurrentes son semejantes porque ninguna ha sido declarada judicialmente; en lo temporal el n\u00facleo m\u00e1s antiguo es el conformado por Ricardo y Miriam, pues tal cosa revela el registro civil de nacimiento de la hija mayor de ambos. A pesar de ello, esa anticipaci\u00f3n temporal ninguna preponderancia otorga, pues al entrar en vigencia la ley 54 de 1990 las tres uniones estaban conformadas; y como la ley no es retroactiva, los dos a\u00f1os de convivencia se computan para todas las uniones, a partir de la vigencia de la ley. En suma, de conformidad con lo planteado antes, para el Tribunal todas las tres uniones tienen la misma jerarqu\u00eda ante la ley. <\/p>\n
Para el ad quem las uniones del demandado con Yolanda Vega y Miriam Alfaro encuentran mayor respaldo probatorio para acreditar la convivencia, son las m\u00e1s antiguas y tienen descendencia, a lo cual se suma que el demandado ten\u00eda tanta conciencia de la seriedad de estas relaciones que crey\u00f3 justo liquidar la sociedad patrimonial con cada una, es decir con Miriam Alfaro y Yolanda Vega, como lo hizo de com\u00fan acuerdo con ellas, mediante las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 179 del 26 de marzo de 1997 y 558 de 4 de septiembre del mismo a\u00f1o, en las que de manera individual cada pareja declara haber iniciado en forma libre y espont\u00e1nea vida en com\u00fan como marido y mujer, bajo un mismo techo, con fijaci\u00f3n de la \u00e9poca en que cada relaci\u00f3n se desarroll\u00f3, documentos que corroboran la declaraci\u00f3n de Marco Manjarr\u00e9s Garc\u00eda en cuanto este ratifica la existencia de la uni\u00f3n del demandado con Yolanda Vega, comunidad de vida duramente combatida por la demandante en este proceso. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal, para confirmar la sentencia de primera instancia, que de lo analizado deviene la carencia de raz\u00f3n en el apelante cuando argument\u00f3 que la singularidad no excluye la existencia de otras uniones maritales de hecho, como tambi\u00e9n err\u00f3 cuando afirm\u00f3 que solamente la relaci\u00f3n sostenida por el demandado con Miriam del Carmen Alfaro – la demandante- re\u00fane los requisitos legales, porque por lo menos la uni\u00f3n conformada por aquel con Yolanda Vega tambi\u00e9n los ha colmado, con excepci\u00f3n del requisito de singularidad, que, obviamente, no se cumple para ninguna de las dos. <\/p>\n
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LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., se formularon dos cargos contra la sentencia anteriormente compendiada, los que ser\u00e1n estudiados conjuntamente en atenci\u00f3n a la afinidad de razones que inspiran la respuesta a la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se dice en \u00e9l que la sentencia del Tribunal es violatoria del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, por infracci\u00f3n directa, al haber interpretado err\u00f3neamente la norma, atribuy\u00e9ndole el sentido que no corresponde. <\/p>\n
Consider\u00f3 el recurrente que el Tribunal tom\u00f3 la palabra \u201csingular\u201d con un significado num\u00e9rico de prohibici\u00f3n de varias uniones maritales de hecho, pero que si se toman las distintas acepciones que se le pueden dar a ese vocablo, que no se refieren a la pluralidad num\u00e9rica, se llega a encontrar el verdadero sentido y alcance del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Despu\u00e9s de citar algunas acepciones atribuidas al vocablo \u201csingular\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el censor que no est\u00e1 en el esp\u00edritu de la ley citada el uso de dicho t\u00e9rmino como equivalentes de prohibici\u00f3n de pluralidad de uniones maritales, por cuanto la misma norma establece en el literal b) del art\u00edculo 5\u00ba, que el matrimonio de uno de ambos compa\u00f1eros disuelve la sociedad patrimonial entre ellos, lo que implica que otras uniones de hecho no disuelven la sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n
El recurrente se\u00f1al\u00f3 que el aspecto sem\u00e1ntico de esa disposici\u00f3n ilustra el sentido y verdadero alcance del concepto singular, que la uni\u00f3n de hecho paralela no hace desaparecer el hecho real de otra uni\u00f3n semejante, lo que no desconoce siquiera el matrimonio, puesto que el casamiento disuelve la sociedad patrimonial con la consecuencia de su liquidaci\u00f3n, pero no destruye el hecho de una uni\u00f3n marital, sino que para esta uni\u00f3n nace la posibilidad de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
El recurrente acus\u00f3 la sentencia por ser violatoria de los art\u00edculos 1\u00ba, inciso 1\u00ba, 2\u00ba y 7\u00ba de la Ley 54 de 1990, y 30 y 31 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En criterio del censor, si bien el Tribunal tuvo por probada la uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante y el demandado, la que produce las consecuencias jur\u00eddicas se\u00f1aladas en las normas citadas, ellas se dejaron de aplicar, por cuanto dentro del campo sem\u00e1ntico el sentenciador tom\u00f3 el sentido m\u00e1s odioso, cuando la \u201cimplicaci\u00f3n\u201d del literal b) del art\u00edculo 5\u00ba, determina que uniones de hecho posteriores no producen la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil, el contexto de la misma Ley 54 de 1990 sirve para ilustrar el sentido del concepto de singularidad tomado por el legislador, y seg\u00fan esa norma, ese concepto se refiere a las caracter\u00edsticas propias de las uniones maritales de hecho entre hombre y mujer, como son cohabitaci\u00f3n, procreaci\u00f3n, vida en com\u00fan, ayuda mutua y colaboraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En la rese\u00f1a de la sentencia qued\u00f3 visto que el Tribunal concluy\u00f3 que entre Miriam del Carmen Alfaro Guti\u00e9rrez y Ricardo Enrique Amador Pe\u00f1a existi\u00f3 una convivencia marital, pero que igualmente este \u00faltimo ha mantenido relaciones de la misma naturaleza con Yolanda Vega y Ligia Saumeth, concurrencia de uniones que destruye la exclusividad requerida para que se configure el presupuesto de singularidad que exige la Ley 54 de 1990 como premisa de declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
El recurrente en el primer cargo atac\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990 y en el segundo, aunque no precis\u00f3 la v\u00eda por la cual el Tribunal viol\u00f3 las normas, igualmente denunci\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 7\u00ba de la Ley citada, y los art\u00edculos 30 y 31 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, al atribuirle, seg\u00fan la censura, un sentido equivocado al vocablo \u201csingularidad\u201d. <\/p>\n
Para la Corte los elementos de comunicaci\u00f3n seleccionados por el legislador en la Ley 54 de 1990 deben ser analizados de manera conjugada, para que mediante un proceso de asociaci\u00f3n natural se pueda adjudicar el verdadero sentido, no s\u00f3lo a cada una de las expresiones ling\u00fc\u00edsticas, sino al conjunto de ellas, de modo que unas acudan en auxilio de las otras para delinear armoniosamente la representaci\u00f3n de lo que quiso mandar el legislador. As\u00ed, los sintagmas \u201ccomunidad\u201d, \u201cde vida\u201d, \u201cpermanente\u201d y \u201csingular\u201d, necesitan una relaci\u00f3n contextual de modo que el sentido emerja, no s\u00f3lo de cada uno visto aisladamente, sino del conjunto de ellos. <\/p>\n
As\u00ed, la expresi\u00f3n \u201ccomunidad de vida\u201d implica de suyo la comuni\u00f3n permanente en un proyecto de vida, no episodios pasajeros, sino la praxis vital com\u00fan. Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esa comunidad es de \u201cla vida\u201d, no se trata de compartir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida \u00edntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda \u201cla vida\u201d, concepto de suyo tan absorbente que por s\u00ed solo excluir\u00eda que alguien pueda compartir \u201ctoda la vida\u201d con m\u00e1s de una pareja. <\/p>\n
Argument\u00f3 el censor, que si el legislador admite la existencia de uni\u00f3n marital de hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, respecto de la misma persona, con mayor raz\u00f3n es posible aceptar la concurrencia simult\u00e1nea de varias uniones maritales, pues para efectos patrimoniales la Ley 54 de 1990 exige justamente la previa disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y solamente despu\u00e9s de un a\u00f1o de haberse efectuado esa liquidaci\u00f3n, superado ese tiempo de vacancia, le otorga efectos a la uni\u00f3n de hecho. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte en el pasado sentenci\u00f3 que \u201cno se necesitaba de mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes, en el caso de que se diera esa hip\u00f3tesis, pues los requisitos esenciales que exigen la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno consagrados en la ley 54 de 1990 repelen su presencia plural. <\/p>\n
En efecto, de un lado, la ley s\u00f3lo le otorga efectos civiles a la uni\u00f3n marital de hecho que se conforma por un solo hombre y una sola mujer, lo que, per se, excluye que uno u otra puedan a la vez sostenerla con personas distintas y da para decir que si uno de los compa\u00f1eros tiene vigente un v\u00ednculo conyugal, lo contrae despu\u00e9s, o mantiene simult\u00e1neamente una relaci\u00f3n semejante con un tercero, no se conforma en las nuevas relaciones la uni\u00f3n marital, e incluso, eventualmente se pueden desvirtuar las que primero fueron iniciadas; en el fondo, impl\u00edcitamente se produce el efecto personal de la exclusividad de la relaci\u00f3n. Otra cosa es que ante la ocurrencia de uniones maritales en la que uno o ambos compa\u00f1eros son casados, la ley haya tomado las medidas conducentes para que exista una debida separaci\u00f3n temporal, tanta que impida la concurrencia de distintas sociedades patrimoniales, dado que la presencia del v\u00ednculo matrimonial genera de inmediato la sociedad conyugal\u201d. (sent. cas. civ. de 20 de septiembre de 2000. Exp. No. 6117). <\/p>\n
A su vez la singularidad de esa comunidad de vida ata\u00f1e con que sea s\u00f3lo esa, que no pueda existir otra de la misma especie, es decir, que sea se\u00f1era; tal unicidad desaloja toda posibilidad de equ\u00edvoco y confusi\u00f3n sobre la inmediata aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n del recurrente acerca de que el Tribunal distorsion\u00f3 el sentido del vocablo \u201csingular\u201d empleado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, reitera la Corte que constituye norma de hermen\u00e9utica que las palabras de que se sirve el legislador, deben entenderse en su sentido natural y obvio, seg\u00fan su uso general. As\u00ed, la singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo a que lo definido no se parece del todo a otra cosa, pero lo singular tambi\u00e9n describe lo contrario a plural. El empleo que de ella hizo la ley tantas veces citada, se refiere a la segunda de las anotadas acepciones, es decir, al n\u00famero de uniones maritales y no a la condici\u00f3n sui generis de la relaci\u00f3n; esto es, la exigencia de que no concurra en ninguno de los compa\u00f1eros permanentes otra uni\u00f3n de las mismas caracter\u00edsticas, pues si dos hubiera, desaparecer\u00eda la singularidad y por ah\u00ed mismo el presupuesto que la ley exige. <\/p>\n
En la sentencia anteriormente citada esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 que \u201ccuando se insin\u00faa que por la evidente posibilidad pr\u00e1ctica de que una persona tenga relaciones maritales con varias personas debe d\u00e1rsele el correspondiente cubrimiento jur\u00eddico a cada una de ellas, se le da visos superficiales y simplemente matem\u00e1ticos a lo que debe ser una comunidad ubicando dentro de ella las varias relaciones en los que una misma persona conviva con otras en forma simult\u00e1nea, desvirtuando en forma radical el concepto de unidad familiar tan ampliamente defendido en nuestra Constituci\u00f3n y lo que el legislador expresamente pretendi\u00f3 con dicha regulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese mismo sentido, bueno es precisar que en la ponencia para el primer debate de la normatividad en comento, se dej\u00f3 expresamente consignado que era muy importante \u201cse\u00f1alar que en todos los casos se ha pretendido evitar la legitimaci\u00f3n de uniones simult\u00e1neas conyugales o de hecho, no solamente con base en argumentos morales, sino tambi\u00e9n para prevenir una fuente inacabable de pleitos, donde las dificultades probatorias son obvias\u201d (Gaceta del Congreso de 24 de octubre de 1988, p\u00e1g. 9). Tal exposici\u00f3n de motivos, sin duda permite entender que las expresiones ling\u00fc\u00edsticas \u201ccomunidad de vida permanente y singular\u201d, empleadas en la Ley 54 de 1990, todas a una convergen en la exigencia de exclusividad, y por fuerza de las reglas de la l\u00f3gica, la pluralidad de relaciones de similar naturaleza destruye la singularidad. <\/p>\n
En consecuencia, no le asiste raz\u00f3n alguna al recurrente para sostener la posibilidad de la convergencia simult\u00e1nea de varias uniones maritales, con aptitud todas para generar la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros, con el argumento de que el vocablo singular contenido en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, no se refiere a pluralidad num\u00e9rica, sino a las caracter\u00edsticas sin par de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
No se observa entonces, que el Tribunal hubiera incurrido en la violaci\u00f3n de la ley sustancial que denuncia el recurrente, por lo tanto, los cargos no prosperan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de septiembre de 2001 pronunciada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario promovido por Miriam del Carmen Alfaro Guti\u00e9rrez contra Ricardo Enrique Amador Pe\u00f1a. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
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EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-220-2005 [4755531840011999-0150-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., cinco de septiembre de dos mil cinco Exp. No. 47555-3184-001-1999-0150-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}