SC-224-2005 [2194]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C. doce (12) de septiembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Exp. No. 2194 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR y la sociedad SUPER BUSSINES COMMERCE CENTER LTDA., SUPERCENTER LTDA., respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 29 de diciembre de 1999, en el proceso ordinario instaurado en su contra por el BANCO GANADERO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad demandante promovi\u00f3 juicio ordinario de mayor cuant\u00eda pretendiendo que se declarara que \u201cera inexistente por simulado\u201d el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 1088 de 30 de marzo de 1992, por la cual el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar vendi\u00f3 a Supercenter Ltda, el lote de terreno situado en esta ciudad en la carrera 24 n\u00famero 71-99, por cuanto no hubo intenci\u00f3n de vender, ni de comprar por parte de los presuntos contratantes; consecuencialmente, que el referido negocio \u201cno surte ning\u00fan efecto jur\u00eddico entre los demandados\u201d, y por lo tanto \u201cel inmueble objeto de esta demanda pertenece en dominio pleno y absoluto al se\u00f1or CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR\u201d (fl. 46, cdno 1). <\/p>\n
Subsidiriamente, la demandante pidi\u00f3 que se dispusiera la revocaci\u00f3n del contrato referido y se ordenara el reintegro del bien al patrimonio del prenombrado. <\/p>\n
En todo caso, solicit\u00f3 que se oficiara a la Notar\u00eda 38 del C\u00edrculo de esta ciudad y al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos para que cancelaran la escritura p\u00fablica y su inscripci\u00f3n; que se ordenara a la sociedad demandada \u201cla entrega del inmueble dado dolosamente en venta\u201d, con el fin de que su litisconsorte cumpliera con sus compromisos crediticios pendientes para con el Banco; que se condenara a los demandados al pago de los perjuicios ocasionados, \u201cin genere\u201d, as\u00ed como a las costas procesales. <\/p>\n
2. La causa petendi puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a. El demandado Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, junto a Dora Sandra Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, Supercar Ltda., Super Rent Ltda., Surautos Ltda. y Remotores Ltda. suscribi\u00f3 cuatro pagar\u00e9s por las sumas de $90\u00b4000.000.oo, $20\u00b4673.014.oo, $9\u00b4000.000.oo y $33\u00b4750.000.oo respectivamente, en diferentes sucursales del Banco en esta ciudad. <\/p>\n
b. Debido al cese en los pagos por parte de los deudores, el Banco los demand\u00f3 en dos procesos iniciados ante los Juzgados 26 y 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y ello motiv\u00f3 que los obligados iniciaron contactos con su acreedor \u201cen orden a efectuar arreglos, a trav\u00e9s de diferentes mecanismos\u201d los cuales \u201cdatan de mediados de 1991\u201d. <\/p>\n
c. En comunicaci\u00f3n del 18 de julio de 1991, el se\u00f1or Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar estim\u00f3 en la suma de un mill\u00f3n de d\u00f3lares el bien ubicado en la calle 72 con carrera 24. <\/p>\n
e. El 22 de julio de 1994 se expidi\u00f3 un certificado de tradici\u00f3n en el cual constaba que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al aludido inmueble se encontraba en \u2018actuaci\u00f3n administrativa\u2019. <\/p>\n
f. La entidad demandante s\u00f3lo vino a tener noticia del contrato simulado el 7 de junio de 1994, fecha en la cual se expidi\u00f3 la quinta copia de la escritura p\u00fablica 1088 de 1992 de la Notar\u00eda 38 de Bogot\u00e1 contentiva del referido negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
g. El demandado Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar era socio en las sociedades Supercar Ltda., Surautos Ltda., Remotores Ltda., Super Rent Ltda., Lusima Ltda., SUPERCENTER LTDA., y Super Rent de Colombia S.A., y de algunas -entre ellas la demandada- representante legal. <\/p>\n
h. El se\u00f1or Gonz\u00e1lez en todas las reuniones celebradas con el Banco como vocero de los deudores y principal obligado, ofreci\u00f3 en daci\u00f3n en pago un inmueble ubicado en el Municipio de Melgar y celebrar un contrato de fiducia con Fidug\u00e1n, en condiciones \u201cfrancamente inaceptables\u201d. <\/p>\n
i. Nadie dud\u00f3 de la buena fe del demandado quien \u201csoterrada y simult\u00e1neamente\u201d, mediante el otorgamiento de la escritura p\u00fablica 1088 del 30 de marzo de 1992 de la Notar\u00eda 38 de Bogot\u00e1, excluy\u00f3 de su patrimonio el bien ra\u00edz que le hubiere permitido pagar sus obligaciones. <\/p>\n
j. La sociedad compradora del inmueble fue constituida el 28 de noviembre de 1991, con un capital de $100\u00b4000.000.oo y sus socios eran Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez y Cia S. en C. \u2013la cual no aparece constituida ni registrada en la C\u00e1mara de Comercio-, Lusima Ltda. -cuyo capital social era de $10\u00b4000\u00b4000.oo- y Super Rent de Colombia S.A. -que figuraba como socia de SUPERCENTER LTDA. <\/p>\n
k. El se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar efectu\u00f3 la cuestionada venta a favor de una sociedad de la que -para esa \u00e9poca- era su representante legal, \u201cpor lo cual hizo comparecer a la se\u00f1orita DORA SANDRA GONZALEZ CU\u00c9LLAR, su hermana y primer suplente del Gerente, a firmar como Representante Legal de la compradora\u201d (fl 56); el monto de la \u2018negociaci\u00f3n\u2019 fue la suma de $476\u00b4000.000.oo, que se afirma fueron pagados de contado por la compradora; el precio verdadero del predio para tal momento era de $3.461\u00b4600.000.oo aproximadamente. <\/p>\n
l. Con el bien inmueble fuera de su patrimonio, el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar comenz\u00f3 a tramitar a nombre de Hertz de Colombia, otra de sus empresas sat\u00e9lites, un muy ambicioso proyecto para construir all\u00ed un Centro Comercial y Empresarial, proyecto en el que el propio demandado estim\u00f3 los valores por metro cuadrado para comercio y para oficinas, para el segundo semestre de 1993, en un mill\u00f3n ochocientos mil pesos ($1\u2019800.000.oo) y un mill\u00f3n doscientos mil pesos ($1\u2019200.000.oo), respectivamente\u201d (fl 57). <\/p>\n
m. Finalmente, destac\u00f3 el demandante que el precio de la negociaci\u00f3n fue irrisorio; que la intenci\u00f3n de las partes no fue vender ni comprar; que el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar \u2018vendi\u00f3\u2019 a una sociedad de familia, gerenciada por \u00e9l y con la suplencia de una hermana suya; que la sociedad compradora estaba formada por tres sociedades \u201cuna de las cuales no exist\u00eda legalmente para el momento de la operaci\u00f3n y las otras dos (2) no han renovado su matr\u00edcula mercantil\u201d (fl 57 ib), que su capital era de $100\u00b4000.000.oo; que fue constituida con tres meses de anterioridad; que no ten\u00eda como pagar de contado $476\u00b4600.000.oo, y que su sede es la misma del lote en cuesti\u00f3n, que a la vez coincide con la de su litisconsorte. <\/p>\n
3. Los demandados se opusieron a las pretensiones, y negaron los hechos relativos a la simulaci\u00f3n. Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, propuso las excepciones previas de tr\u00e1mite inadecuado de la demanda, falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, pleito pendiente e inepta demanda por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones; a su turno SUPERCENTER formul\u00f3, adem\u00e1s de las citadas excepciones previas, la que denomino \u2018temeridad\u2019. Unas y otras finalmente fueron despachadas, desfavorablemente, mediante decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia estimatoria de la s\u00faplica de simulaci\u00f3n y sus consecuenciales, fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Despu\u00e9s de hacer unas consideraciones sobre la simulaci\u00f3n; de ejemplificar varias de las hip\u00f3tesis que pueden dar lugar a ella; de ilustrar los elementos que caracterizan esta figura jur\u00eddica; de se\u00f1alar la legitimaci\u00f3n que asiste a los terceros para hacer uso de ella, y de recordar la relevancia del indicio para la clarificaci\u00f3n de los hechos que interesan en este tipo de asuntos, el ad quem descendi\u00f3 al caso en estudio y encontr\u00f3 plenamente demostradas varias circunstancias que lo condujeron a avalar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
As\u00ed, hall\u00f3 demostrada, con apoyo en las copias del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y en su misma confesi\u00f3n, la calidad de deudor que -frente al Banco- ostentaba Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, aspecto que, en su sentir, legitimaba al acreedor -aqu\u00ed demandante- para reclamar la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
De la misma manera, tuvo por sentada la conformaci\u00f3n societaria y econ\u00f3mica de la empresa compradora; la calidad de representante legal que pend\u00eda en cabeza del vendedor; la fecha de constituci\u00f3n de aquella (28 de noviembre de 1991); el valor dado por el mismo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar al bien para julio de 1991 (US $ 1\u00b4000.000.oo que para esa \u00e9poca equival\u00edan a $610\u00b4220.000.oo), y la venta del bien -a los dos a\u00f1os- por un valor menor al anterior. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, la versi\u00f3n del demandado seg\u00fan la cual el precio se pag\u00f3 as\u00ed, $100\u00b4000.000.oo, en efectivo, que -acorde con su decir- destin\u00f3 a pagar unas deudas y gastos personales no demostrados, y el excedente, en letras de cambio, de las cuales no record\u00f3 su n\u00famero, cuant\u00eda, si de ellas se hab\u00eda pagado el impuesto de timbre, etc., limit\u00e1ndose a aclarar el interrogado que \u201clas letras est\u00e1n sometidas en su pago al saneamiento del inmueble vendido\u201d (fl 28) <\/p>\n
Reiter\u00f3 que \u201cla sociedad compradora apenas si ten\u00eda para pagar $100\u00b4000.000, asumiendo que su capital fue pagado por los socios\u201d (fl 29, c. 9), y record\u00f3 que, acorde con el dictamen pericial practicado, el valor del bien para cuando se suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica, era de $3.680\u00b4287.701.oo. <\/p>\n
Todo ello llev\u00f3 al Tribunal a inferir, que la venta no representaba para el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar \u201cla soluci\u00f3n de sus deudas\u201d; que para la persona jur\u00eddica adquirente -registrada apenas 17 d\u00edas antes del otorgamiento de la escritura p\u00fablica- no ten\u00eda sentido pagar \u201ccon todo el capital\u201d un bien sobre el que no se ha podido desarrollar el objeto social; que la transacci\u00f3n se mostraba tan \u2018aparente\u2019, \u201ccomo que se trata simplemente de haber sido trasladada la titularidad en los papeles, pero sigue en manos de la misma persona el bien: CARLOS FIDOLO\u201d (fl 29 ya citado); que este \u00faltimo minti\u00f3 en relaci\u00f3n con la forma en que se pag\u00f3 el precio y acerca de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio, ora al suscribir la escritura p\u00fablica, ora al declarar en el proceso; que el desembolso no se mostraba real, dado que \u201cla sociedad adquirente apenas presumiblemente si ten\u00eda para el pago de $100\u00b4000.000., pero no para un endeudamiento superior a tres veces esta cantidad\u201d (fl 30), y que en ninguna de las sociedades que figuraban como socias de la compradora, se comprob\u00f3 movimiento de dinero, am\u00e9n de que sus libros de comercio s\u00f3lo fueron registrados en 1995, cuando ya se hab\u00eda iniciado el proceso, \u201clo que hace pensar, de manera razonable, que fueron registrados para aparentar el pago\u201d (fl 30 ya citado). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el comprobante de egreso recibido por el comprador y que parec\u00eda ser el \u00fanico rastro del pago de los $100\u00b4000.000.oo, no ten\u00eda m\u00e9rito probatorio en la medida en que s\u00f3lo fue suscrito por el demandado Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar y no aparec\u00eda revisado ni contabilizado; que \u201cla transacci\u00f3n dice hacerse en efectivo, lo que m\u00e1s de ser inusual es altamente indicativo de lo simulado del pago\u201d (ib); que el dinero recibido por el demandado no dej\u00f3 ninguna de las huellas propias de este tipo de transacciones; que las letras con las cuales se afirm\u00f3 el pago del precio, aparec\u00edan creadas el 29 de marzo de 1999 pero sus firmas se autenticaron en noviembre de 1993, es decir, despu\u00e9s de iniciado el proceso ejecutivo, acto \u00e9ste que no se requer\u00eda y que se tornaba altamente sospechoso; que revest\u00eda esa misma connotaci\u00f3n la cronolog\u00eda de los hechos, la calidad de ejecutado en el vendedor y su comportamiento \u2018endo-procesal\u2019, especialmente en cuanto refiere a la falta de colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica del dictamen pericial y a su posterior objeci\u00f3n, y que hab\u00eda motivos racionales para que el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar distrajera sus bienes en vista de los fracasos de las conversaciones para dar soluci\u00f3n al cr\u00e9dito y del \u201cproceso ejecutivo que se ven\u00eda venir\u201d (fl 32, c. 9). <\/p>\n
Por \u00faltimo, reiter\u00f3 el sentenciador de segunda instancia que el demandante si estaba revestido de legitimidad en la causa para demandar la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n, cuya naturaleza diferenci\u00f3 de la inherente a la acci\u00f3n pauliana; acot\u00f3 que las excepciones propuestas por los demandados, no fueron estudiadas porque se refer\u00edan a la pretensi\u00f3n subsidiaria y -en el caso concreto- prosper\u00f3 la principal, y asever\u00f3 que el hecho de haberse tachado de falso el pagar\u00e9 que serv\u00eda de base a la ejecuci\u00f3n \u2013como lo dijera el a quo-, no trascend\u00eda en la acci\u00f3n simulatoria, menos a\u00fan cuando no se presentaba una identidad jur\u00eddica y material del objeto debatido en ambos procesos. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
En el \u00fanico cargo formulado con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se acusa la sentencia de segundo grado, de ser violatoria \u2013por la v\u00eda indirecta- de los art\u00edculos 1757, 1760, 1766, 1849, 1851, 1857, 1864 y 2488 del C\u00f3digo Civil, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 17 del Decreto 1260 de 1970, como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Para demostrar el yerro, adujo el censor que no siempre el acreedor est\u00e1 legitimado para ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, pues -en su sentir- la prosperidad de este tipo de acciones est\u00e1 condicionada a que con el acto aparente se menoscabe o disminuya el inter\u00e9s protegido por la ley y que \u201cla prenda gen\u00e9rica, o mejor, la garant\u00eda consagrada por el art. 2488 del C.C. ha desaparecido\u201d (fls 19 y 20, cdno. Corte). <\/p>\n
Sin embargo -seg\u00fan el impugnante- el ad quem parti\u00f3 de la base de que tales circunstancias estaban acreditadas, omitiendo el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas recaudadas; y ello porque de \u2018las copias\u2019 de la actuaci\u00f3n surtida ante el Juzgado 26 Civil del Circuito, se pod\u00eda inferir que el se\u00f1or Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar no era \u00fanico deudor y por ende, exist\u00edan otros patrimonios que garantizaban las obligaciones a favor del Banco. <\/p>\n
En apoyo de su planteamiento, manifest\u00f3 el censor que las mismas copias daban fe del embargo de un inmueble ubicado en el municipio de Melgar; de los remanentes de otro proceso; de otros bienes ra\u00edces; de las cuotas de inter\u00e9s social de la sociedad Super Rent en la sociedad Tocar de Colombia Ltda; y de nueve cuentas corrientes, producto de lo cual los Bancos Comercial Antioque\u00f1o y de Occidente dejaron a disposici\u00f3n del Juzgado 26 las sumas de $1\u00b4144.080.oo y $3\u00b4117.670.oo., respectivamente. <\/p>\n
En cuanto al interrogatorio del demandado -se asever\u00f3- que tambi\u00e9n fue valorado por el Tribunal en forma parcial y no en su conjunto, bajo el entendido de que s\u00f3lo se tuvo en cuenta para dar por acreditado el car\u00e1cter de deudor del demandado y para desvirtuar el contenido de la escritura p\u00fablica 1088 de marzo 30 de 1992, pero sin reparar en que el declarante \u2018hizo ver al despacho\u2019 que las obligaciones que tenia con el Banco, \u201clo eran en varias cuant\u00edas y fechas cuyos montos no recordaba\u201d; que acept\u00f3 que ofreci\u00f3 en daci\u00f3n en pago un inmueble situado en Melgar; que manifest\u00f3 que la constituci\u00f3n de la sociedad SUPERCENTER LTDA, se debi\u00f3 a que pensaba desarrollar un proyecto arquitect\u00f3nico y urban\u00edstico en el predio cuya venta se declar\u00f3 simulada; que acept\u00f3 haber recibido $100\u00b4000.000.oo como parte del precio de la misma negociaci\u00f3n, as\u00ed como unas letras de cambio por el saldo, y que aludi\u00f3 a otros detalles que ratifican el texto de la escritura p\u00fablica ya referida. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se apreci\u00f3 la copia de la Resoluci\u00f3n 712 de 1992 proferida por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Nacional, por medio de la cual se concedi\u00f3 licencia a SUPERCENTER LTDA para urbanizar el predio, lo cual confirma lo aseverado por Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar en su interrogatorio, en relaci\u00f3n con la finalidad de la constituci\u00f3n de la sociedad demandada. Tal yerro -precis\u00f3- condujo al fallador de segundo grado a concluir, err\u00f3neamente, que \u201cpara la sociedad adquirente no tiene ning\u00fan sentido, pagar con todo el capital un bien sobre el cual no ha podido desarrollar su objeto social\u201d; que \u201cen s\u00ed la transacci\u00f3n no tiene sentido para las partes\u201d (fl 23 ya citado). <\/p>\n
As\u00ed mismo, manifest\u00f3 el Tribunal no apreci\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial durante la cual el administrador de la sociedad YOKOMOTOR S.A. aport\u00f3 una copia simple de un contrato de arrendamiento celebrado entre esta sociedad y SUPERCENTER, acto \u00e9ste de se\u00f1or\u00edo, que demuestra la calidad de due\u00f1a que radica en cabeza de la firma demandada, lo cual llev\u00f3 al Tribunal a concluir -respecto de la cuestionada contrataci\u00f3n- que \u201ccomo que se trata simplemente de haber sido trasladada la titularidad en los papeles, pero sigue en manos de la misma persona el bien: CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR\u201d (ib.), con lo que indirectamente se infringi\u00f3 el art\u00edculo 1373 ib\u00eddem. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tampoco se valor\u00f3 el dictamen practicado en el curso del proceso, por el que se demostr\u00f3 que las personas jur\u00eddicas que obran como socias de SUPERCENTER, ten\u00edan activos superiores a $3.000\u00b4000.000.oo, desapareciendo por ende uno de los elementos de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las copias aut\u00e9nticas remitidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, expres\u00f3 que fueron valoradas equivocadamente, pues ellas acreditaban los problemas jur\u00eddicos que afront\u00f3 SUPERCENTER un a\u00f1o despu\u00e9s de la venta, para desarrollar -como propietario- su proyecto urban\u00edstico, aspectos que corroboran la versi\u00f3n del demandado Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar en su interrogatorio y que verifican que s\u00ed exist\u00eda motivo para vender. <\/p>\n
Para el impugnante, tampoco se tuvo en cuenta la comunicaci\u00f3n de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil que inform\u00f3 que \u2018no se encontraron datos\u2019 a nombre de Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar y Dora Sandra Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, evento que imped\u00eda al Tribunal -ante la carencia de elementos de convicci\u00f3n id\u00f3neos- deducir que eran hermanos, menos a\u00fan cuando \u201clos hechos y actos relativos al estado civil de las personas \u00fanicamente se prueban con las copias especiales y aut\u00e9nticas que expida el Registrador de los respectivos archivos de registro del estado civil\u201d. <\/p>\n
Finalmente, expres\u00f3 el recurrente que el testimonio de CARLOS FELIPE MACHICADO solo se apreci\u00f3 de manera parcial, porque el ad quem s\u00f3lo lo tuvo en cuenta para concluir que el demandado Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar intent\u00f3 varios mecanismos de arreglo directo con el Banco, pero haciendo caso omiso de que el \u201ctestigo siempre habl\u00f3 de las obligaciones del se\u00f1or CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR y algunas de sus empresas y que manifest\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones es un procedimiento ordinario y com\u00fan entre los bancos y sus clientes\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El cargo sub examine se desdobla en dos partes: la primera, se encuentra orientada a desvirtuar la legitimidad del Banco Ganadero para demandar la simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica 1088 de marzo 30 de 1992, por no acreditarse \u2013seg\u00fan la censura- que el bien materia de la compraventa, constituyera el \u00fanico activo patrimonial que garantizara a la instituci\u00f3n financiera el pago de la obligaci\u00f3n, prop\u00f3sito con arreglo al cual se afirm\u00f3 que tanto el demandado, como los dem\u00e1s deudores del Banco, contaban con otros bienes de considerable valor, y que inclusive, acorde con las \u201ccopias\u201d remitidas por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ya se encontraban embargados varios dineros, inmuebles y acciones, dentro del proceso ejecutivo promovido por el Banco Ganadero frente a la sociedad Supercar Ltda y otros, a las que se refiere la demanda en los ordinales 8, 9, 10, y 12 (fls. 20, 21, y 22). En la segunda parte, se combate el razonamiento del Tribunal que lo llev\u00f3 a concluir que estaba acreditada la simulaci\u00f3n del referido negocio jur\u00eddico, enrostr\u00e1ndole yerro del mismo linaje respecto de otras probanzas. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Ocup\u00e1ndose la Sala del primer segmento de la acusaci\u00f3n y con prescindencia de que el recurrente hubiere omitido individualizar y se\u00f1alar en forma concreta, las piezas documentales que de conformidad con su exposici\u00f3n, fueron preteridos o mal observados por el ad quem, la Sala estima que el Tribunal no cometi\u00f3 el yerro denunciado, pues si bien es cierto no aludi\u00f3 en forma expresa y puntual en su fallo al asunto que particularmente plantea la acusaci\u00f3n, no lo es menos que de haberlo hecho, su conclusi\u00f3n no hubiere sido diferente. <\/p>\n
En efecto, el mandamiento de pago en el aludido juicio ejecutivo fue librado el 4 de marzo de 1993, a favor del Banco Ganadero y en contra de las sociedades Supercar Ltda, Super Rent Ltda, Surautos Ltda. y Carlos Fidolo Gonz\u00e1lez y Sandra Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar, por las sumas de 90 millones de pesos, m\u00e1s los intereses moratorios del 5.4 % mensual desde el 28 de febrero de 1992 y por 20 millones de pesos con los mismos intereses desde el 28 de junio de 1991, hasta el momento en que se realizar\u00e1 el pago (fl. 26 cdno 4), sumas que en la fecha ascienden a $ 524.318.400,oo y $ 126.495.691,oo, respectivamente. <\/p>\n
El 5 de octubre de ese a\u00f1o se acept\u00f3 el desistimiento presentado por la parte ejecutante respecto de la demandada Supercar Ltda (fl. 40 ib). <\/p>\n
Dentro del proceso en cuesti\u00f3n, se decret\u00f3 y practic\u00f3 el embargo de los siguientes bienes: <\/p>\n
Las cuotas de inter\u00e9s social que Superent Ltda. pose\u00eda en la sociedad Tocar Ltda. (fls. 4 y 21 cdno 6); un inmueble ubicado en el municipio de Melgar de propiedad de Superent (fls. 6, 30, 31 y 32 ib); otro inmueble localizado en Bogot\u00e1 perteneciente a Supercar (fls. 14 vto., 15, 23 a 29 ib); los remanentes que pudieren quedar en un proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 por el mismo Banco Ganadero contra el se\u00f1or Fidolo Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar (fls. 9 y 22 cdno 6) y la suma de $ 4.261.750.oo puestas a disposici\u00f3n del juzgado por el Banco de Occidente (fls.51 y 65 ib). <\/p>\n
El Juzgado decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de otras medidas cautelares sobre otros bienes seg\u00fan consta en autos de fechas 15 de abril de 1993 (fl. 9 ib.), 3 de septiembre de 1993 (fl. 35 ib.), 14 de enero de 1994 (fl. 41 ib.), pero no hay constancia en el expediente de que ellas hubieren sido realmente practicadas. Incluso, respecto de algunas, las medidas no pudieron cumplirse, por cuanto los bienes ya estaban afectados por otra medida cautelar, v. gr. la cuenta corriente en Bancoquia embargada por el Juzgado Tercero Distrital de Ejecuciones Fiscales (fl. 52 ib.) y el inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-0014292 que se encontraba embargado por la Unidad Administrativa de Impuestos Nacionales (fls. 53 a 58 ib). <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que \u201c\u2026si un deudor ejecuta un acto simulado, pero se demuestra que no obstante esa simulaci\u00f3n dentro de su patrimonio existen bienes suficientes para pagar sus deudas, el acreedor no podr\u00eda entablar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n por lo mismo que el acto simulado, en el caso puesto como ejemplo, no menoscaba su inter\u00e9s protegido por la ley\u201d (LXXXII, 226), doctrina que vertida al presente asunto, permite a la Sala concluir que el Banco demandante si ten\u00eda inter\u00e9s para demandar la simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico instrumentado en la escritura p\u00fablica 1088 de 1992, habida cuenta que no est\u00e1 demostrado con las copias provenientes del Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito, cu\u00e1l es el valor de los bienes que all\u00ed se encontraban embargados, prueba sin la que no es dable afirmar que la parte ejecutante podr\u00eda cobrar el valor de los cr\u00e9ditos insolutos, pues la suficiencia que se exige en este puntual aspecto no tiene que ver tanto con la cantidad o n\u00famero de bienes que se puedan embargar sino con un aspecto cualitativo, vale decir, que desde el punto de vista econ\u00f3mico tengan el valor suficiente para satisfacer a su acreedor, probanza que resultaba ineludible, so pena de que resultare, como result\u00f3, frustr\u00e1neo el reproche casacional. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el dictamen pericial que seg\u00fan el censor demuestra que las demandadas y las socias de la compradoras ten\u00edan activos superiores a 3.000 millones de pesos, la Sala observa que la referida prueba vers\u00f3 sobre varias sociedades a saber, Lusima Ltda. y Carlos Fidolo & C\u00eda S. en C. que no eran demandadas en el proceso ejecutivo, y dos de las demandadas, Superent Ltda. y Supercenter Ltda, pero los peritos nunca determinaron cu\u00e1l era el valor de los activos de las referidas sociedades, sino que su dictamen vers\u00f3 sobre otros aspectos, tales como su contabilidad, quienes eran sus socios, su capital, su representante legal, su actividad y si aparec\u00eda registrada en alguna de ellas la venta del inmueble que dio origen a este proceso (fl. 254 cdno. 2). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como dentro de las copias aut\u00e9nticas del pluricitado proceso ejecutivo no existe la prueba de que los bienes embargados sean suficientes para cubrir las obligaciones insolutas a cargo de los ejecutados, stricto sensu, y con prescindencia de que el Tribunal no hubiere analizado con detalle este puntual aspecto, la conclusi\u00f3n contenida en el fallo seguir\u00eda siendo la misma, vale decir, que el Banco si estaba legitimado para ejercer la acci\u00f3n simulatoria, lo que descarta por ende, la comisi\u00f3n del yerro denunciado por el censor, por lo que esta parte de la acusaci\u00f3n no puede abrirse paso. <\/p>\n
B. Respecto de la segunda parte de la acusaci\u00f3n, en la que se combate los razonamientos que llevaron al ad quem a tener por establecida la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa es dable reiterar que la apreciaci\u00f3n de la prueba de indicios hecha por el Tribunal, en l\u00ednea de principio, es intocable en casaci\u00f3n, \u201c\u2026salvo en los casos de excepci\u00f3n, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ah\u00ed se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si no lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que l\u00f3gicamente no cabe deducir por faltar entre \u00e9stas y aquellos el obligado vinculo de causalidad\u201d (LVI, 253) y que no cualquier yerro en la apreciaci\u00f3n probatoria tiene la virtualidad suficiente para casar o quebrar la sentencia acusada, sino \u00fanicamente aquel que sea manifiesto, es decir, \u00abdetectable f\u00e1cilmente por todos porque teniendo luz propia no requiere de nada m\u00e1s para brillar con intensidad, y que, por ah\u00ed mismo, se pone al descubierto al primer golpe de vista\u00bb (cas. civ. 10 mayo de 1994), o, en otras palabras, \u00abque emerja con esplendor bajo la sola circunstancia de su enunciaci\u00f3n\u201d. (cas. civ. 17 de junio de 1964), lo cual significa que el error de hecho en la funci\u00f3n estimativa de las pruebas, \u201c\u2026debe aparecer de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuarse un \u00e1pice de duda\u201d (LXXVII, 149), pues sabido es que all\u00ed \u201cdonde se insin\u00fae ella o ense\u00f1oree la dubitaci\u00f3n, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en s\u00ed misma ajena a la hesitaci\u00f3n. Por tanto, no proceder\u00e1 \u00e9ste recurso, cuando aflore la vacilaci\u00f3n o la precitada duda, caso en el cual ser\u00e1 menester estarse a lo decidido por el juzgador de instancia, merced a la arraigada presunci\u00f3n de legalidad y acierto que campea en el ordenamiento patrio\u2026 como quiera en las descritas circunstancias, se torna frustr\u00e1neo el quiebre de una sentencia, subordinada, como se acot\u00f3, a la evidencia fehaciente de un yerro colosal, el que no es posible predicar \u2013con \u00e9xito- cuando irrumpa o se preserve, seg\u00fan el caso, la duda probatoria o judicial, ant\u00edtesis de la casaci\u00f3n, espec\u00edficamente de su procedencia, o cuando aparezca claro que el dislate en cuesti\u00f3n no se materializ\u00f3 \u201c(cas. civ. 31 de marzo de 2003, Exp. 7141), doctrina que se ha tra\u00eddo a colaci\u00f3n, toda vez que en el presente asunto no se evidencia, que el Tribunal hubiere incurrido en un desacierto de tal linaje, cuando concluy\u00f3 que estaba acreditada la simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica 1088 de 1992. <\/p>\n
En efecto, mem\u00f3rase que el ad quem destac\u00f3, entre otras, las siguientes circunstancias: <\/p>\n
a) Que la cuestionada negociaci\u00f3n fue aparentemente \u201crealizada entre una persona natural y otra jur\u00eddica, que a su vez est\u00e1 compuesta por las mismas personas; indudablemente las sociedad y sus representantes tienen lazos familiares\u201d (fl. 33, cdno 9). <\/p>\n
b) Que el demandado minti\u00f3, pues hab\u00eda dos versiones sobre el pago del precio. La manifestada en el contrato de compraventa, seg\u00fan la cual el precio de 476 millones de pesos, hab\u00eda sido cancelado en su totalidad de contado, y la que se dio en el proceso, en el sentido de haber recibido en dinero efectivo s\u00f3lo 100 millones \u201cque los utiliz\u00f3 en el pago de unas deudas, sin demostrar cu\u00e1les, cu\u00e1ntas, a qui\u00e9nes…\u201d (fl. 29 ib), y el saldo de la \u2018negociaci\u00f3n\u2019, representado en unas letras de cambio \u2018sometidas en su pago al saneamiento del inmueble vendido\u2019, condici\u00f3n que calific\u00f3 de \u201cbastante discutible\u201d (fl. 30), y de las cuales el demandado afirm\u00f3, bajo juramento, que no recordaba su n\u00famero, ni su cuant\u00eda. <\/p>\n
c) Que no era veraz y serio el pago del precio de la negociaci\u00f3n de marras, aduciendo que el mismo \u201cno se muestra real, por cuanto la sociedad adquirente apenas presumiblemente si tenia capital para el pago de $100\u2019000.000.oo pero no para un endeudamiento superior a tres veces esta cantidad\u201d (fl. 30 ib.), y que \u201clos $100\u2019000.000.oo que dijo CARLOS FIDOLO haber recibido no dejaron huella o rastro alguno… el propio que deja el dinero cuando se realizan transacciones, cuando pasa de un patrimonio a otro…\u201d (fl. 30 ya citado). <\/p>\n
d) Que \u201cel comprobante de egreso sin n\u00famero, que parece ser el \u00fanico rastro de haber recibido el comprador los $100\u2019000.000 no tiene fuerza probatoria, pues tan s\u00f3lo fue firmado por CARLOS FIDOLO, no aparece ni revisado, ni contabilizado… y como qued\u00f3 dicho atr\u00e1s, la transacci\u00f3n dice hacerse en efectivo, lo que m\u00e1s que ser inusual es altamente indicativo de lo simulado del pago\u201d (ib). <\/p>\n
e) Que en ninguna de las sociedades que a su vez son socias de la entidad \u2018compradora\u2019 se registra el movimiento del dinero a trav\u00e9s de las entidades bancarias, como se concluy\u00f3 en la pericia, en su contabilidad ninguna tiene rubro de bancos; los libros de estas sociedades comerciales tan solo fueron inscritos en la C\u00e1mara de Comercio a partir de 1995, cuando ya se hab\u00eda iniciado el presente proceso, lo que hace pensar, de manera razonable, que fueron registrados para aparentar el pago\u201d (fl. 30 ib). <\/p>\n
<\/p>\n
f) Que las referidas letras de cambio, correspondientes al pago del excedente del precio aparentemente convenido en la presunta negociaci\u00f3n, hubieran sido autenticadas ante notario, sin que ello fuera forzoso, atendiendo la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la identidad y las cercanas relaciones de parentesco entre las personas naturales directa o indirectamente interesadas en la contrataci\u00f3n, m\u00e1xime cuando ya se hab\u00eda iniciado la ejecuci\u00f3n promovida por el Banco contra el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Cu\u00e9llar y otros, ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
g) Que la conducta de car\u00e1cter procesal asumida por la parte demandada y en perjuicio de sus intereses en el proceso derivada de su renuencia a acatar los apremios hechos por el a quo con miras a recepcionar la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora DORA GONZALEZ CU\u00c9LLAR, quien fungi\u00f3 como representante legal de la sociedad adquirente en el acto de otorgamiento de la controvertida escritura, denotaba \u201cuna total evasi\u00f3n del requerimiento\u201d. <\/p>\n
h) Que los demandados hasta el momento en que se present\u00f3 el aval\u00fao pericial del bien materia de la presunta negociaci\u00f3n hubieran callado los problemas de \u00edndole jur\u00eddica que el mismo soportaba y que, a voces de la censura, incid\u00eda notoria y negativamente, en la determinaci\u00f3n de su precio. <\/p>\n
i) Que era muy sospechosa la cronolog\u00eda en que se presentaron los hechos, pues el demandado, deudor del Banco en suma considerable, intenta con \u00e9l varios arreglos, fracasados estos el 30 de marzo de 1992 da en venta el inmueble; la sociedad que lo adquiere se registra en la C\u00e1mara de Comercio, 17 d\u00edas antes de la escritura; el 16 de febrero de 1993 se inicia el proceso ejecutivo y a partir de esta fecha es que empiezan a registrarse las huellas, los registros contables, las letras de cambio, etc. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los precedentes aspectos, de indiscutible importancia para el juzgador de segundo grado y sobre todo pertinencia con el tema bajo examen, luce inobjetable que en la demanda de casaci\u00f3n se hizo alusi\u00f3n \u2013en todo caso sin la contundencia o fuerza necesarias- a algunos de los referidos indicios, por v\u00eda de ejemplo, al censurar al ad quem por no haber visto que en su declaraci\u00f3n el demandado dio una explicaci\u00f3n sobre la manera como se realiz\u00f3 el negocio, corroborando lo expresado en la escritura, o por no haberse referido, ni al contrato de arrendamiento que se aport\u00f3 en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada, documento que demostraba que la adquirente del inmueble realizaba actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre aquel, ni a la respuesta dada por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil en la que se informaba que no se encontraban datos sobre el parentesco existente entre el demandado y la se\u00f1ora Dora Sandra Gonz\u00e1lez, pero sin que el censor demostrara \u2013como le correspond\u00eda- la existencia de un colosal o monumental yerro de parte del Tribunal en las inferencias realizadas que lo llevaron a concluir que el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 1088 de 1992 era simulado. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, la acusaci\u00f3n qued\u00f3 reducida, entonces, a unas argumentaciones propias de instancia, que por las razones consignadas, por respetables que pudieran ser, son insuficientes de cara al recurso de casaci\u00f3n, que como es sabido, no es una tercera instancia que permita reabrir discusiones generales de tipo probatorio, en orden a sustituir el juicio del Tribunal, mediante un examen indiscriminado de las prueba, por importante que sea, labor\u00edo que es propio de los jueces de instancia, pues, \u201cno se ajusta ni a la naturaleza ni a la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n, formular un cargo por violaci\u00f3n indirecta alegando simplemente que frente a las pruebas que haya tenido en cuenta el fallador de instancia para dar por establecido cierto hecho, existen otras prevalentes respecto de aquellos que acreditan cosa distinta\u201d (XCV, 507), a lo que se agrega que en estos casos es menester respetar el fallo censurado, como quiera que lo escolta una arraigada presunci\u00f3n de legalidad y acierto que al no ser derruida, es dable acatar, m\u00e1xime cuando aqu\u00e9l es fruto de una discreta autonom\u00eda que, en casaci\u00f3n, por regla, no puede ser desconocida, salvo cuando medie un yerro que, por colosal y protuberante, amerite su alteraci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, como varias veces lo ha se\u00f1alado esta corporaci\u00f3n, en el campo simulatorio es de com\u00fan ocurrencia no poder solucionar todos y cada uno de los interrogantes que se plantean en el escenario judicial, ya que \u201c\u2026surgen hechos de todas las especies, que refuerzan unos la apariencia demandada, que la develan los otros; y es entonces cuando el fallador, sopesando esas circunstancias, haciendo uso de la autonom\u00eda que le asiste, opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen; de all\u00ed que, una vez tomada la decisi\u00f3n, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por s\u00ed mismos motivo bastante para quebrantar la conclusi\u00f3n del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio l\u00f3gico- cr\u00edtico desprecia las se\u00f1ales que le env\u00edan algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los hechos\u201d (Se subraya, cas. civ. 26 de febrero de 2001, Exp. 6048, reiterada en cas. civ. 24 de noviembre de 2003, Exp. 7458). <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D. C., el 29 de diciembre de 1999, en el proceso ordinario promovido por el BANCO GANADERO contra CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR y la sociedad SUPER BUSINES COMMERCE CENTER LTDA \u2013SUPERCENTER LTDA. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-224-2005 [2194] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D. C. doce (12) de septiembre de dos mil cinco (2005) Referencia: Exp. No. 2194 Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or CARLOS FIDOLO GONZALEZ CU\u00c9LLAR […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83055\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}