SC-225-2005 [4700131030031993-0248-02]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de septiembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente: No. 47001-3103-003-1993-0248-02 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya respecto de la sentencia proferida el 24 de agosto del 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario que contra \u00e9l, la Sociedad Alfa Ingenier\u00eda Ltda y el se\u00f1or Muce Mois\u00e9s A., promovi\u00f3 la Comunidad de El Cerrej\u00f3n <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que le dio origen a este proceso, la referida Comunidad solicit\u00f3 que se hiciesen las siguientes declaraciones en contra de los aludidos demandados: a) que ella no es responsable (y nunca lo fue) del giro, endoso y dem\u00e1s consecuencias de los cheques n\u00fameros 1324420, K-5509738, K-7591913 y K-5509735 de fechas julio 12, abril 10, mayo 7 y mayo 3 de 1993, respectivamente, girados todos contra el Banco de Bogot\u00e1 de la cuenta corriente perteneciente a la sociedad demandada, cuyos endosatarios finales fueron Carlos Garc\u00eda Uribe & C\u00eda. S. en C. respecto de los tres primeros y Miguel Scaff Haller del \u00faltimo; b) que los demandados son responsables solidaria e individualmente del giro, endoso y dem\u00e1s operaciones mercantiles de tales t\u00edtulos-valores; c) que, consecuencialmente, se les condene a pagar la suma de $211\u2019507.115,oo, valor de los cheques antes mencionados, m\u00e1s las sumas que tuvo que pagar la sociedad demandante y los intereses legales desde que se pag\u00f3 la suma antes mencionada hasta que se realice el pago a la demandante, as\u00ed como la indexaci\u00f3n o desvalorizaci\u00f3n monetaria, y dem\u00e1s da\u00f1os y perjuicios causados y sufridos. <\/p>\n
2. Los hechos que la demandante invoc\u00f3 como fundamento de sus pretensiones, se compendian en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
a. La Asamblea General de la Comunidad demandante, en sesi\u00f3n llevada a cabo el 18 de agosto de 1991, design\u00f3 como administrador y representante de la misma, al se\u00f1or Muce Mois\u00e9s A. As\u00ed mismo, el Consejo Directivo reeligi\u00f3 el 14 de julio de 1992 al se\u00f1or Ra\u00fal Brug\u00e9s como su Presidente, cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando desde periodos anteriores. Adem\u00e1s, en sesi\u00f3n llevada a cabo el 15 de octubre de 1992, limit\u00f3 las facultades del administrador hasta la suma de sesenta salarios m\u00ednimos, es decir, cinco millones cien mil pesos. <\/p>\n
b. El 25 de mayo de 1993, la Asamblea le hizo saber al administrador que desautorizaba, en forma terminante y perentoria, que a nombre de la Comunidad avalara cheques, letras de cambio, pagar\u00e9s o cualquier documento que obligara a su pago. <\/p>\n
c. Alfa Ingenier\u00eda Ltda, fingi\u00e9ndose deudor de la demandante, gir\u00f3 a su favor los cheques antes mencionados, los cuales fueron endosados por el se\u00f1or Muce Mois\u00e9s A. en su calidad de representante legal de la comunidad a favor de terceros; \u201cy para darle m\u00e1s fuerza a los endosos, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, fueron avalados y por lo tanto, igualmente firmados en el endoso por el doctor Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad\u201d, sin que tales sumas de dinero hubieren entrado a su patrimonio o registrado en su contabilidad (fl. 80, cdno. 1). <\/p>\n
d. La auditor\u00eda interna de la comunidad nunca tuvo conocimiento de tales operaciones, que fueron actos irregulares y an\u00f3malos; se trat\u00f3 de una conspiraci\u00f3n entre los demandados, que gener\u00f3 consecuencias funestas a la demandante. <\/p>\n
e. Los terceros a quienes se endosaron los t\u00edtulos-valores, la sociedad Carlos Garc\u00eda Uribe & C\u00eda S. en C. (los cheques n\u00fameros 1324420, K-5509738 y K-7591913) y el se\u00f1or Miguel Escaff Jaller (cheque n\u00famero K-5509735), los presentaron para su pago, pero fueron devueltos por el Banco girado por insuficiencia de fondos, por lo que, previo protesto, iniciaron en contra de la Comunidad sendos procesos ejecutivos con petici\u00f3n de medidas cautelares, que fueron finalmente transigidos entre las partes intervinientes. <\/p>\n
f. La Comunidad demandante recibi\u00f3 perjuicios al tener que pagar sumas de dinero que no deb\u00eda, seg\u00fan lo reconocen las dos personas naturales demandadas a quienes se endilga una extralimitaci\u00f3n en sus funciones. <\/p>\n
3. Los demandados le dieron contestaci\u00f3n a la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones en ella contenidas. <\/p>\n
5. Ambas partes apelaron la sentencia, recursos que fueron decididos por el Tribunal Superior de Santa Marta, en fallo calendado a 24 de agosto de 2000, en virtud del cual se confirm\u00f3 la condena impuesta a la parte demandada, aunque se reform\u00f3 en el sentido de precisar que la suma a pagar ascend\u00eda a $604\u2019910.348,oo, inclu\u00edda la correcci\u00f3n monetaria, m\u00e1s los intereses legales desde las fechas en que la demandante efectu\u00f3 los pagos en los procesos ejecutivos hasta la fecha en que se cumpla la totalidad del pago. Adem\u00e1s, se revoc\u00f3 la condena al pago del 20% a que se refiere el art. 731 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como la negativa a indexar el monto de la condena. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado ubic\u00f3 el litigio dentro de la responsabilidad civil extracontractual, ya que los hechos alegados \u201cno tienen origen en una relaci\u00f3n contractual directa con la demandante\u201d. Respecto de la sociedad demandada, por cuanto el giro de los cheques no tiene causa directa con el contrato celebrado con la Comunidad para la explotaci\u00f3n de la mina; y en relaci\u00f3n con los otros demandados, porque a pesar de la existencia de un contrato de mandato que los vinculaba, \u201cla actividad que se endilga como base de la responsabilidad que se les pretenden deducir, no se realiz\u00f3 en desarrollo de la vinculaci\u00f3n contractual, sino todo lo contrario, por fuera de ella y a espaldas de su representada\u201d (fls. 86 y 87, cdno. 5). <\/p>\n
Sentado tal criterio, el ad quem consider\u00f3 probada la designaci\u00f3n de Muce Mois\u00e9s como \u201cadministrador y representante legal\u201c y de Brug\u00e9s Amaya como \u201cPresidente\u201d de la Comunidad, lo mismo que la limitaci\u00f3n de las facultades dispositivas del primero hasta 5\u2019100.000.oo. Luego, con base en la prueba documental y en las declaraciones de parte y testimonial, expres\u00f3 que \u201cse prueba que sin ninguna clase de causa u obligaci\u00f3n preexistente a favor de la Comunidad Del Cerrej\u00f3n, Alfa Ingenier\u00eda Limitada gir\u00f3 a favor de esta \u00faltima los cheques referenciados en la demanda, los cuales fueron endosados por el Administrador y el Presidente de la Comunidad, en su orden, doctores Muce Mois\u00e9s A. y Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya, y entregados a terceras personas\u201d (fl. 88, ej.). <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, agreg\u00f3 que \u201cesos endosos se hicieron con el fin de reemplazar otros cheques emitidos anteriormente por la misma sociedad giradora, a nombre de otros beneficiarios, quienes los rechazaron porque conoc\u00edan la situaci\u00f3n de insolvencia por la que atravesaba dicha empresa. El fin buscado con los endosos era darle respaldo a la obligaci\u00f3n cambiaria, por lo que el acto celebrado por los citados demandados ten\u00eda el car\u00e1cter de un aval… Los mencionados t\u00edtulos-valores jam\u00e1s entraron al patrimonio de la Comunidad, y por ello nunca figuraron en su contabilidad, como se desprende del testimonio de Humberto Robles Cuello\u201d (fl. 89, ej.). <\/p>\n
En cuanto a los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, puntualiz\u00f3 el Tribunal que el hecho \u201cest\u00e1 constituido por la emisi\u00f3n que la demandada Alfa Ingenier\u00eda Limitada hizo de los cheques que han dado lugar a este proceso, sin fondos contra su cuenta en el Banco de Bogot\u00e1\u201d; el da\u00f1o \u201cradica en que la Comunidad El Cerrej\u00f3n debi\u00f3 pagar una gruesa suma de dinero, correspondiente a obligaciones cambiarias de las cuales no hab\u00eda sido creador, ni su beneficiario para poder lograr de esa forma la terminaci\u00f3n de las ejecuciones y el correspondiente levantamiento de las medidas preventivas que le obstaculizaban, o m\u00e1s bien imped\u00eda su giro comercial\u201d; la culpa \u201cest\u00e1 plenamente demostrada en este proceso, [por]que sin existir ninguna raz\u00f3n ni causa jur\u00eddica valedera, la Sociedad Alfa Ingenier\u00eda Limitada gir\u00f3 unos cheques sin provisi\u00f3n de fondos, a favor de la Comunidad Del Cerrej\u00f3n, en connivencia con los Administrador y Presidente de la Comunidad Del Cerrej\u00f3n. Los citados representantes de la demandante aceptan plenamente haber recibido los cheques a que se contrae este proceso, girados por Alfa Ingenier\u00eda Ltda., a espaldas de la Comunidad y a sabiendas de que el giro no correspond\u00eda al pago de obligaciones, ya que el creador de los t\u00edtulos nada le deb\u00eda a la beneficiaria de los mismos. Admiten tambi\u00e9n haberlos endosado y entregado a terceros con el \u00fanico fin de respaldar esos t\u00edtulos-valores, aval\u00e1ndolos para reemplazar con ellos otros documentos de igual naturaleza,…esas conductas \u2013el giro de los cheques sin el debido respaldo en cuenta corriente- as\u00ed como los endosos efectuados por los doctores Mois\u00e9s y Brug\u00e9s \u2013sin ninguna justificaci\u00f3n ni causa- constituye ciertamente una culpa\u201d; y, finalmente, el nexo causal \u201c-respecto de Alfa Ltda.- el perjuicio causado a la demandante tiene su fuente en el gir\u00f3 de los cheques sin provisi\u00f3n de fondos, que posteriormente fueron protestados por dicha causa\u201d; y frente a las personas naturales demandadas, \u201cradica en comprometer cambiariamente la responsabilidad de su agenciada, por fuera de sus funciones y a sus espaldas de la Comunidad, asumiendo obligaciones de una empresa a la cual sab\u00edan en grave situaci\u00f3n de insolvencia y en franco riesgo de total cesaci\u00f3n de pagos\u201d (fl. 94, ej.) <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el sentenciador hizo referencia a los art\u00edculos 625, 626 y 627 del C. de Co., normas que, en su criterio, consagran \u201cuna responsabilidad que bien puede calificarse como objetiva, pues la sola firma del t\u00edtulo-valor, por cualquier concepto que se haga, obliga plenamente a responder por el derecho principal incorporado y por los accesorios, seg\u00fan voces del art\u00edculo 628 ib\u00eddem, la cual \u00fanicamente puede declinarse cuando se demuestra que el requerido para el pago realmente no particip\u00f3 en \u00e9l, con ninguna de las posiciones cambiarias\u201d (fl. 93, ej.). <\/p>\n
Se ocup\u00f3 luego de la defensa de los demandados, para manifestar que la sociedad Alfa Ingenier\u00eda Ltda. no asumi\u00f3 la carga probatoria que le correspond\u00eda; en relaci\u00f3n con los otros demandados, puntualiz\u00f3 que sus argumentos \u201cno alcanzan a tener virtualidad para conseguir su prop\u00f3sito de declinar la culpa que se les predica legalmente, y que de manera expresa le endilga la demandante\u2026 pues sus actuaciones en el caso debatido demuestran que aceptaron unos riesgos de sumo peligro para los intereses que representaban, sin que sus explicaciones acerca de su buena fe puedan enervar la culpa que se les achaca\u201d (fl. 96, ej.). <\/p>\n
Se dedic\u00f3, entonces, el Tribunal al an\u00e1lisis de la prueba documental que consider\u00f3 relevante; aludi\u00f3 a los interrogatorios de parte practicados y a los testimonios de Edgar Polo, Joaqu\u00edn Aaron Manjarr\u00e9s, Miguel Scaff, Dar\u00edo Salgado, Carlos Daniel Garc\u00eda y, finalmente, reserv\u00f3 comentario especial para la declaraci\u00f3n del demandado Muce Mois\u00e9s y glosa para el testimonio de Vicente Peralta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a los motivos expuestos por la parte demandante al apelar de la sentencia, consider\u00f3 que el juez de primera instancia desacert\u00f3 al denegar la condena al pago de la correcci\u00f3n monetaria y al de los intereses legales, aspectos que motivan la modificaci\u00f3n del fallo apelado. Finalmente, consider\u00f3 procedente la revocatoria de la condena al pago del 20% de que trata el art\u00edculo 730 del C. de Co., por cuanto ese rubro no hizo parte de la pretensi\u00f3n ejecutiva formulada contra la demandante. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cinco cargos se formularon al sustentar el recurso extraordinario, los cuatro primeros por la causal primera de casaci\u00f3n y el \u00faltimo por la causal segunda, el cual ser\u00e1 despachado de forma liminar, por referirse a un vicio de procedimiento. A continuaci\u00f3n, se examinar\u00e1n aquellos otros, en el orden propuesto, articulando el tercero y el cuarto, que tienen alcance parcial. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acus\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal de ser incongruente, por alteraci\u00f3n de los hechos que constituyen la causa petendi. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo, expres\u00f3 el censor que \u201cen el presente caso es indiscutible que al paso que la demanda generadora del proceso no deja en momento alguno de atribuirle al demandado Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya la condici\u00f3n jur\u00eddica de aval de los cheques base del litigio que llevan su firma, el Tribunal en su sentencia, en cambio, es reiterativo y constante en considerarlo como endosante de dichos cheques, posici\u00f3n esta \u00faltima que implica, desde luego, efectos jur\u00eddicos profundamente diversos al de un aval\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, \u201cparece claro e inobjetable que si en la demanda el Dr. Brug\u00e9s Amaya fue calificado como avalista de los cheques, en esa misma condici\u00f3n debi\u00f3 haber sido tratado por el sentenciador de segunda instancia, m\u00e1xime si el tratamiento de endosante que le dio le sirvi\u00f3 fundamentalmente para sustentar su tesis de que el Dr. Brug\u00e9s merec\u00eda ser condenado, como en efecto lo fue\u201d, raz\u00f3n por la cual se solicit\u00f3 casar la sentencia y, en su lugar, se dicte el fallo sustitutivo correspondiente (fls. 52 y 53, cdno. 6). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es inconcuso que la sentencia debe guardar una estrecha relaci\u00f3n con la demanda, a cuyos l\u00edmites debe plegarse aquella para no pecar de incongruente, vicio este de procedimiento que evidencia un desbordamiento en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional por parte del Estado, la cual, como se sabe, debe \u201cinscribirse dentro del marco trazado por las partes, en las oportunidades positivamente previstas para ello, y sin perjuicio de las declaraciones que el Juez deba disponer de oficio\u201d (cas. civ. de 15 de julio de 2002; exp. 6972). <\/p>\n
Es por ello por lo que los jueces, para acatar esta regla procesal contenida en el articulo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, deben acometer \u2013en ejercicio de su delicada tarea- una adecuada labor de precisi\u00f3n objetiva de los extremos del litigio (pretensiones, hechos y excepciones), con el prop\u00f3sito de enmarcar en ellos \u2013y sin perjuicio de los pronunciamientos oficiosos que la ley autoriza en ciertos casos-, la decisi\u00f3n con la que concluir\u00e1 la actividad judicial. Si as\u00ed no proceden, es decir, si su sentencia no guarda armon\u00eda con tales elementos, se presentar\u00e1 \u201cun fallo incongruente, atacable en casaci\u00f3n, lo cual puede ocurrir cuando se condena a m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido (extra petita), o cuando no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita)\u201d (Sentencia de 14 de julio de 1987, reiterada en fallo de 29 de agosto de 2000; exp.: 5380). <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el hecho sexto de la demanda precisa que \u201cel doctor Muce Mois\u00e9s A. en su calidad de administrador de la comunidad de El Cerrej\u00f3n, endos\u00f3 los tales cheques a terceros y para darle m\u00e1s fuerza a los endosos, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, fueron avalados y por lo tanto firmados en el endoso por el doctor Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de La Comunidad\u201d (fl. 85, cdno. 1). <\/p>\n
Aunque la censura hace especial hincapi\u00e9 en la expresi\u00f3n \u201caval\u201d, para destacar que el Tribunal se apart\u00f3 de tal argumento f\u00e1ctico, al otorgarle al se\u00f1or Brug\u00e9s la calidad de endosante de los t\u00edtulos-valores, lo cierto es que ni el demandante, en estrictez, consider\u00f3 que dicho demandado obr\u00f3 t\u00edpicamente como avalista, ni el Tribunal, en rigor, entendi\u00f3 que la responsabilidad de aquel se deduc\u00eda del simple hecho de haber endosado esos documentos. <\/p>\n
Se afirma lo primero, porque el demandante, en el hecho aludido, se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or Brug\u00e9s \u201cigualmente firm\u00f3 en el endoso\u201d, con lo cual puso de relieve que el recurso a la expresi\u00f3n \u201cavalado\u201d, se hizo m\u00e1s para destacar que la Comunidad de El Cerrej\u00f3n, con el endoso efectuado, se hac\u00eda responsable del pago de las obligaciones cambiarias contraidas por la sociedad Alfa Ingenier\u00eda; y se dice lo segundo, porque si bien es cierto que el sentenciador, en algunos pasajes de su fallo, aludi\u00f3 que \u201clos cheques fueron endosados por el Administrador y el Presidente de la Comunidad…\u201d (fls. 88, 90 y 92), tambi\u00e9n lo es que en otros apunt\u00f3 que ello ocurri\u00f3 \u201ccon el \u00fanico fin de respaldar esos t\u00edtulos-valores aval\u00e1ndolos, para reemplazar con ellos otros documentos de igual naturaleza, que Alfa Ingenier\u00eda hab\u00eda emitido con anterioridad y que no fueron bien recibidos por sus acreedores, en vista de su precaria situaci\u00f3n financiera\u201d (fl. 91, ib.). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en \u00faltimas, la discusi\u00f3n planteada se concreta a una manera particular de entender el libelo, lo que sit\u00faa la acusaci\u00f3n al margen del vicio de procedimiento que, por incongruencia, materializa la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed, entonces, que la decisi\u00f3n del Tribunal, en rigor, no pueda ser calificada de inconsonante y, por tanto, que el cargo no prospere. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En lo medular, la censura denuncia que el Tribunal entendi\u00f3 que en la demanda se planteaba una responsabilidad civil extracontractual del se\u00f1or Brug\u00e9s, cuando era claro que en ella se atribu\u00eda una responsabilidad de tipo contractual. <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, el impugnador distingui\u00f3 entre los dos tipos de responsabilidad y se quej\u00f3, desde un comienzo, de que el ad quem consider\u00f3 al se\u00f1or Brug\u00e9s como Presidente de La Comunidad \u201cy como tal representante de ella\u201d, cuando lo cierto era que carec\u00eda de tales facultades, seg\u00fan lo precisan los estatutos de la Comunidad. Puntualiz\u00f3 luego que, seg\u00fan los hechos de la demanda, los actos que se les imputan a Mois\u00e9s y Brug\u00e9s no fueron cometidos como personas naturales ajenas a La Comunidad, sino en la de personas vinculadas a ella por lazos jur\u00eddicos preexistentes. Por tanto, si lo que hubo fue un abuso de su condici\u00f3n de funcionarios de aquella, quiere ello significar que pecaron contra los t\u00e9rminos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que los un\u00eda, por lo que la responsabilidad, necesariamente, era de linaje contractual (fl. 16, cdno. 6). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, hizo referencia a los distintos hechos de la demanda, para destacar que, seg\u00fan ellos, los se\u00f1ores Mois\u00e9s y Brug\u00e9s violaron \u2013o desbordaron- los reglamentos, \u00f3rdenes y prohibiciones expedidas tanto por el Consejo Directivo, como por la Asamblea General de la Comunidad, \u201clo cual constituye notoria certidumbre de que la responsabilidad que ahora se hace valer en contra de ellos es de naturaleza eminentemente contractual\u201d. Por tanto, es evidente el error del sentenciador al se\u00f1alar que la actividad que se endilga a los demandados \u201cno se realiz\u00f3 en desarrollo de la vinculaci\u00f3n contractual, sino todo lo contrario por fuera de ella y a espaldas de su representada\u201d, afirmaci\u00f3n contradictoria, porque es absolutamente imposible que ellos hayan desarrollado actividades obrando en nombre de la Comunidad, pero por fuera de toda relaci\u00f3n convencional entre ellos y la comunidad (fls. 22 y 23, cdno. 6). <\/p>\n
Se reclam\u00f3, entonces, casar la sentencia del Tribunal, para que la Corte, en sentencia de reemplazo, exonere al se\u00f1or Brug\u00e9s, con fundamento en \u201clas razones que en los dem\u00e1s cargos aduzco\u201d (fl. 23, cdno. 6). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es incontrovertible que los juzgadores de instancia gozan de una discreta autonom\u00eda para interpretar la demanda, labor\u00edo que, por lo dem\u00e1s, constituye un deber ineludible para no sacrificar la soluci\u00f3n del conflicto y la definici\u00f3n del derecho litigado, por el escrupuloso culto a las formalidades. <\/p>\n
Es por ello por lo que el error de hecho en la observancia del libelo genitor, s\u00f3lo se presenta cuando el juez distorsiona su texto de manera grave, bien porque desfigura la pretensi\u00f3n, ora porque le da una lectura a los hechos que la soportan, desemejando la plataforma f\u00e1ctica expuesta por el demandante. Pero si el juez se atiene al contexto de la reclamaci\u00f3n, respetando el prop\u00f3sito y las causas que la motivan, su apreciaci\u00f3n de la misma no puede ser objeto de reproche, por m\u00e1s que en ella se advierta la impronta de quien ha atendido el compromiso legal de auscultar el verdadero sentido de la demanda, sobre todo en aquellos casos en los que \u00e9sta no ofrece la claridad y precisi\u00f3n que se esperar\u00eda del acto generador del proceso. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en puridad, m\u00e1s que una disputa sobre la contemplaci\u00f3n objetiva de los hechos de la demanda, lo que la censura reclama es que ellos, en rigor, le dan soporte a una pretensi\u00f3n de responsabilidad contractual, a diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, quien resolvi\u00f3 el litigio al amparo de las normas sobre responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el Tribunal s\u00ed advirti\u00f3 que el se\u00f1or Brug\u00e9s era el Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad, como se dijo en el hecho segundo de la demanda, sin que llegara a afirmar que tambi\u00e9n era su representante, calidad que s\u00f3lo le atribuy\u00f3 al se\u00f1or Muce Mois\u00e9s Aschkar, quien \u201cera el Administrador\u201d, tal y como se adujo en el hecho primero (fls. 84, cdno. 1 y 86, cdno. 5). <\/p>\n
Tampoco desconoci\u00f3 el sentenciador de segundo grado que, seg\u00fan los hechos 3\u00ba y 4\u00ba de la demanda, el Consejo Directivo acord\u00f3 unas limitaciones a las facultades del Administrador, al punto que a ellas se refiri\u00f3 en el ac\u00e1pite de la sentencia relativo a \u201clos hechos demostrados\u201d (fls. 84, cdno. 1; 87 y 88, cdno. 6). Menos a\u00fan pas\u00f3 por alto que, de conformidad con el libelo, los se\u00f1ores Mois\u00e9s y Brug\u00e9s, en la operaci\u00f3n a que se concreta el litigio, obraron \u201cen su calidad de Administrador de la Comunidad\u201d y de \u201cPresidente del Consejo Directivo de la Comunidad\u201d (hecho 6\u00ba; fl. 85, cdno. 1); as\u00ed se consign\u00f3 expresamente en las consideraciones del fallo (fl. 90, cdno. 6). Es m\u00e1s, con sujeci\u00f3n a lo expresado en los hechos 16 y 17, el Tribunal s\u00ed vio que en ellos se manifest\u00f3 que los aludidos demandados \u201cviolaron los reglamentos, \u00f3rdenes y prohibiciones expedidas tanto por el Consejo Directivo como por la Asamblea General de la Comunidad \u201c, y que hubo \u201cextralimitaci\u00f3n\u201d en sus funciones (fls. 87 y 88, cdno., 1), pues no de otra forma se explica que hubiere aludido a la infracci\u00f3n de las restricciones a que tales ordenamientos se refieren, al analizar la culpa en que aquellos incurrieron (fl. 92, cdno. 6). <\/p>\n
Luego es claro que no hubo distorsi\u00f3n frontal de los hechos de la demanda y, menos a\u00fan, de la pretensi\u00f3n de responsabilidad civil que fue planteada al amparo de los mismos. Cosa distinta es que el Tribunal, a partir de la plataforma f\u00e1ctica expuesta en ella, hubiere entendido que \u201cla actividad que se endilga, como base de la responsabilidad que se les pretende deducir, no se realiz\u00f3 en desarrollo de la vinculaci\u00f3n contractual, sino todo lo contrario, por fuera de ella y a espaldas de su representada\u201d (fl. 87, cdno. 6). Justamente por estas razones, entendi\u00f3 que, a pesar del \u201ccontrato de mandato\u201d que ligaba a aquellos con la persona jur\u00eddica (fl. 87, ib.), la responsabilidad no era contractual, sino extracontractual, pues los hechos que motivaron este litigio, no guardaban relaci\u00f3n con el desempe\u00f1o de sus funciones propiamente dicho, sino que, por el contrario, le eran ajenos. <\/p>\n
Ello evidencia que, en estrictez, la controversia que se propone no se refiere tanto a la contemplaci\u00f3n objetiva de la demanda, como a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de los hechos disputados, pues mientras la censura estima que la responsabilidad de las personas naturales demandadas debi\u00f3 definirse bajo las reglas de la responsabilidad contractual, el sentenciador, a partir de la misma fenomenolog\u00eda, juzg\u00f3 que deb\u00edan seguirse los lineamientos de la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 22 de la Ley 95 de 1890, 1505, 2341, 2342, 2343 y 2344 del C.C.; 634 inciso 2\u00ba, 636, 640, 641 y 832 del C. de Co., como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Para sustentar la censura, afirm\u00f3 el recurrente que la sentencia incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico, al considerar que el se\u00f1or Brug\u00e9s intervino como endosante de los cheques, condici\u00f3n que sirvi\u00f3 como punto de partida para deducir la responsabilidad y la condena al pago de los da\u00f1os y perjuicios. <\/p>\n
A juicio del impugnador, endosante de un titulo-valor no puede ser sino quien lo tenga en su poder como titular del mismo, por lo que s\u00f3lo el representante legal de la Comunidad pod\u00eda endosarlo por ella. Y como el Presidente del Consejo Directivo no es el representante, su comparecencia al acto del endoso carece de significado y relevancia. A lo sumo, podr\u00eda considerarse como avalista. Por tanto, se incurri\u00f3 en error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n objetiva de los estatutos de la Comunidad, al ver estipulado en ellos algo que le es ajeno, pues se supuso que el se\u00f1or Brug\u00e9s ten\u00eda la representaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el recurrente, que aunque el Tribunal entendi\u00f3 que no hab\u00eda raz\u00f3n valedera para la intervenci\u00f3n del Presidente del Consejo en el acto de endoso que hizo el administrador, ello evidencia aun m\u00e1s el yerro cometido, habida cuenta que si aquel no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para endosar, su intervenci\u00f3n en el endoso no pod\u00eda causar da\u00f1o a la Comunidad. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se apunt\u00f3 que tambi\u00e9n hab\u00eda error de hecho en el entendimiento de la demanda, en la que se atribuy\u00f3 al se\u00f1or Brug\u00e9s la condici\u00f3n de avalista de los cheques, error que tambi\u00e9n palpita en la apreciaci\u00f3n de los t\u00edtulos que llevan su firma, de los que se deduce que no fue endosante. <\/p>\n
El impugnante le reproch\u00f3 luego al Tribunal, que hubiere confundido las condiciones de endosante y avalista, al precisar que con el endoso realizado, se pretendi\u00f3 respaldar la obligaci\u00f3n cambiaria, lo que significa que el acto celebrado por los demandados \u201cten\u00eda el car\u00e1cter de un aval\u201d (fl. 29, cdno. 6). Y aunque en el fallo se afirm\u00f3 que ellos hab\u00edan admitido haber endosado los t\u00edtulos a terceros, a tal conclusi\u00f3n no se pod\u00eda llegar con soporte en la confesi\u00f3n ficta del se\u00f1or Brug\u00e9s, pues si \u00e9l no era representante legal de la Comunidad, por dicho medio de prueba no se pod\u00eda confesar que s\u00ed lo era. Por eso, acot\u00f3, se incurri\u00f3 en error de hecho en la valoraci\u00f3n de esa prueba. <\/p>\n
Para el censor, tambi\u00e9n hubo yerro f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n de la carta que le dirigi\u00f3 el se\u00f1or Brug\u00e9s al Consejo Directivo el 25 de octubre de 1993, pues al contenido de ese documento se le da \u201cm\u00e1s relevancia de la que realmente tiene, pues en ella, lo que hizo el se\u00f1or Brug\u00e9s, en \u201cuna muestra de dignidad\u201d fue revelar \u201cla angustia y el agobio que cayeron sobre \u00e9l al darse cuenta \u2018del error que de buena fe acept\u00e9 en el ficiado (sic) acto administrativo del endosamiento de tres cheques\u201d (fl. 31, cdno.6). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se aleg\u00f3 que hubo error de hecho al concluir el Tribunal que hubo una conspiraci\u00f3n para atentar contra los intereses de la Comunidad, por lo menos en relaci\u00f3n con el se\u00f1or Brug\u00e9s, pues en el proceso no existe prueba alguna que acredite esa confabulaci\u00f3n. Por el contrario el tribunal incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico al no apreciar las declaraciones de Humberto Robles Cuello y del demandado Muce Mois\u00e9s, el primero de los cuales afirm\u00f3 que \u201cel doctor Mois\u00e9s hab\u00eda conseguido la firma del doctor Brug\u00e9s\u201d, al paso que el segundo, en \u201cfranca y valerosa actitud\u201d admiti\u00f3 en constancia que dej\u00f3 durante la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, \u201cque en ning\u00fan momento… eludi\u00f3 la responsabilidad por la emisi\u00f3n de tales cheques, ni busc\u00f3 pretexto alguno para descargarla en cualquier otra persona\u201d (fl. 35 y 36, cdno. 6), todo lo cual devela que no existi\u00f3 connivencia. <\/p>\n
Finalmente, insisti\u00f3 el recurrente en que si el se\u00f1or Brug\u00e9s obr\u00f3 como avalista, no pudo causarle da\u00f1o alguno a la Comunidad. Por el contrario, con su firma fungi\u00f3 de garante de los t\u00edtulos, de suerte que la demandante pudo accionar contra \u00e9l en acci\u00f3n cambiaria de regreso, para recuperar lo que se vio forzada a pagar por terceros, acci\u00f3n que, en todo caso, se extingui\u00f3 por el transcurso del tiempo. <\/p>\n
Se solicit\u00f3, entonces, casar el fallo y absolver al recurrente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aunque pudiera afirmarse que la acusaci\u00f3n, en estrictez, no arrop\u00f3 \u2013toda- la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n censurada, habida cuenta que no se controvirti\u00f3 la afirmaci\u00f3n central de la sentencia, consistente en que el se\u00f1or Brug\u00e9s obr\u00f3 como Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad, es claro, en cualquier caso, que el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que los errores de hecho atribuidos al Tribunal, no tienen el car\u00e1cter de evidentes, colosales o manifiestos, como lo exige el art\u00edculo 374 del C. de P.C., como para concluir que el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que el se\u00f1or Brug\u00e9s era responsable de los perjuicios ocasionados a la Comunidad de El Cerrej\u00f3n. <\/p>\n
a. En efecto, aunque es cierto que en la sentencia cuestionada, se afirm\u00f3 que el se\u00f1or Brug\u00e9s obr\u00f3 como endosante de los cheques (fl. 88, cdno. 5), no lo es menos que si el Tribunal deriv\u00f3 la responsabilidad civil de dicho demandado, no fue tanto por haber signado los t\u00edtulos-valores en un determinado grado cambiario (endosante o avalista), como por haberse conducido irregularmente en su condici\u00f3n de directivo de la Comunidad, pues es claro que para el sentenciador \u2013y la censura no lo controvierte-, aqu\u00e9l no actu\u00f3 como persona natural, sino como Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n (fls. 87, 88, 90 y 92, cdno. 5).. <\/p>\n
N\u00f3tese que para el Tribunal, el se\u00f1or Brug\u00e9s actu\u00f3 culposa y gravemente, porque al firmar los cheques no obr\u00f3 \u201ccon aquel cuidado que a\u00fan las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios\u201d; porque \u201ccomprometi\u00f3 cambiariamente la responsabilidad de su agenciada, por fuera de sus funciones y a sus (sic) espaldas de la Comunidad, asumiendo obligaciones de una empresa a la cual sab\u00edan en grave situaci\u00f3n de insolvencia y en franco riesgo de total cesaci\u00f3n de pagos\u201d; \u201cporque \u201caceptaron unos riesgos de sumo peligro para los intereses que representaban\u201d (se resalta; fls. 92, 94 y 96 cdno. 5). Por consiguiente, aunque se aceptara que el se\u00f1or Brug\u00e9s obr\u00f3 como avalista, la sentencia no podr\u00eda ser casada, porque lo nuclear o determinante de la decisi\u00f3n, no estriba tanto en si fungi\u00f3 como tal o como endosante, como en las irregularidades en que incurri\u00f3 al actuar en la ya referida operaci\u00f3n, como Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n, sin que en este argumento se advierta un ostensible yerro f\u00e1ctico, pues ni se ha disputado esa calidad, ni se ha controvertido la participaci\u00f3n de aquel en los hechos que dieron lugar a este litigio. <\/p>\n
b. Ahora bien, aunque la censura reconviene al sentenciador por haber incurrido en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los estatutos de dicha Comunidad, al considerar que el se\u00f1or Brug\u00e9s \u201cgozaba de capacidad jur\u00eddica de representaci\u00f3n\u201d (fl. 28, cdno. 6), es claro que el ad quem no afirm\u00f3 tal cosa \u2013por lo que no cometi\u00f3 el aludido yerro-, toda vez que s\u00f3lo precis\u00f3, en forma por dem\u00e1s repetida, que aquel hab\u00eda sido designado el 14 de julio de 1992, \u201ccomo Presidente de la Comunidad\u201d, mientras que el se\u00f1or Muce Mois\u00e9s A. lo fue, en fecha precedente, \u201ccomo su administrador y representante legal\u201d (fls. 86, 87, 88, 90, 91 y 102, cdno. 5). <\/p>\n
Y aunque podr\u00eda se\u00f1alarse que el anterior enjuiciamiento a la sentencia est\u00e1 ligado al otro yerro f\u00e1ctico que se denuncia en el cargo, consistente en \u201catribuirle al Doctor Brug\u00e9s la calidad de endosante\u201d, siendo que obr\u00f3 como avalista, seg\u00fan se afirm\u00f3 en la demanda misma (fls. 26 y 29, cdno. 6), tampoco, desde esta \u00f3ptica, podr\u00eda achacarse al Tribunal la comisi\u00f3n de error de hecho manifiesto, habida cuenta que, a pesar de entender que tanto el se\u00f1or Mois\u00e9s como aquel, hab\u00edan endosado los cheques, no consider\u00f3 \u2013ello es medular- que el se\u00f1or Brug\u00e9s, al firmar los t\u00edtulos, hab\u00eda obrado como representante. Por el contrario, dej\u00f3 claro que \u00e9ste \u00faltimo fungi\u00f3 en esos endosos como \u201cPresidente de la Comunidad\u201d (fl. 88, cdno. 5), lo que reiter\u00f3 luego al acotar que a ellos \u201cel hecho que se les predica es el endoso de los citados t\u00edtulos-valores, en su calidad de Administrador y Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n\u201d (se resalta; fl. 90, ib.). Tan cierto ser\u00e1 que para el juzgador era clara esa diferencia que, en p\u00e1rrafo seguido, apunt\u00f3 que \u201cEl Presidente de la Comunidad no ten\u00eda raz\u00f3n valedera alguna para haber concurrido al endoso con el Administrador, pues tambi\u00e9n admite que lo hizo como medio de conseguir liquidez para la giradora de los cheques…\u201d (se resalta; fl. 92, ib.). <\/p>\n
Es necesario advertir que fue el mismo se\u00f1or Brug\u00e9s quien acept\u00f3 haber participado, con su firma, en \u201cel endosamiento (sic) de tres cheques\u201d (se resalta; fl. 62, cdno. 1), lo que significa que esa signatura no pod\u00eda tener la connotaci\u00f3n cambiaria de aval \u2013la cual, como es sabido, dista mucho de la de endosante-, pues la presunci\u00f3n de garant\u00eda cartular a que se refiere el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 634 del C. de Co., s\u00f3lo tiene lugar cuando a la firma respectiva \u201cno se le pueda atribuir otra significaci\u00f3n\u201d (inc. 2\u00ba, art. 634 C. de Co.). Con otras palabras, el Tribunal no incurri\u00f3 en error de hecho notorio o palmario en la apreciaci\u00f3n del citado documento, ni en la confesi\u00f3n ficta que se dedujo por no haber concurrido aquel a la diligencia de interrogatorio de parte (fl. 7, cdno. 3), pues si el propio firmante \u2013al margen de lo ya relatado en precedencia- acept\u00f3 haber signado los cheques como endosante, no pod\u00eda, entonces, atribuirse otra calidad a su participaci\u00f3n en el negocio cambiario, de lo que sigue que desde esta perspectiva, no puede abrirse paso el recurso formulado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, adem\u00e1s, que en el libelo se dijo que los cheques \u201cfueron avalados y por lo tanto, igualmente firmados en el endoso por el doctor Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad\u201d (se resalta; fl. 85, cdno. 1), por lo que el Tribunal, en ejercicio de la discreta autonom\u00eda que se le reconoce para interpretar la demanda \u2013y con miramiento en las dem\u00e1s pruebas-, bien pod\u00eda concluir que en el ella no se estaba predicando la condici\u00f3n de avalista \u2013en sentido cambiario- del se\u00f1or Brug\u00e9s, sino la de firmante de los endosos que se hicieron por cuenta de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n, para \u201crespaldar\u201d el pago de las obligaciones que ten\u00eda el librador de los cheques para con sus acreedores. Luego el error de hecho denunciado tan s\u00f3lo provoca hesitaci\u00f3n, lo cual excluye el car\u00e1cter manifiesto \u2013y colosal- que de \u00e9l se reclama, pues \u201cla contundencia que presupone un yerro de ese linaje, descarta la presencia de la duda. Donde esta existe, no hay evidencia\u201d (cas. civ. de 20 de abril de 2001; exp.: 6014). <\/p>\n
Por consiguiente, fuerza colegir que el Tribunal no se equivoc\u00f3 \u2013por lo menos en forma protuberante o manifiesta- en la tarea de apreciar la demanda o las pruebas mencionadas, con independencia de si el se\u00f1or Brug\u00e9s, desde un \u00e1ngulo meramente jur\u00eddico, pod\u00eda firmar los cheques para efectos de su endoso por parte de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n. <\/p>\n
c. Tampoco aflora un error de hecho evidente en la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual existi\u00f3 \u201cconnivencia\u201d en la irregular operaci\u00f3n (fl. 91, cdno. 5), pues ella, con prescindencia de que se comparta, tiene soporte en la confesi\u00f3n ficta que se dedujo respecto del se\u00f1or Brug\u00e9s, por no haber asistido \u2013sin causa justificada- a la diligencia de interrogatorio de parte, siendo claro que en la demanda, a cuyos hechos se remite dicho medio de prueba (inc. 2\u00ba, art. 210 del C. de P.C., en la versi\u00f3n anterior a la Ley 794 de 2003), se afirm\u00f3 que la sociedad Alfa Ingenier\u00eda Ltda. gir\u00f3 los cheques en cuesti\u00f3n a favor de la Comunidad de El Cerrej\u00f3n, \u201cfingi\u00e9ndose deudora\u201d de esta, \u201ccosa que sab\u00eda muy bien\u201d el se\u00f1or Brug\u00e9s (hecho 5\u00ba), quien \u201cno obstante las limitaciones\u201d que hab\u00eda impuesto la Asamblea General y el propio Consejo de Administraci\u00f3n del que era su Presidente, \u201cfirm\u00f3 en el endoso\u201d en su condici\u00f3n de tal (hecho 6\u00ba), todo lo cual se erig\u00eda, a juicio de la sociedad demandante, en un \u201cacto conspirativo sea \u00e9l de buena o mala fe\u201d (hechos 8\u00ba y 13\u00ba; fls. 80 y 81, cdno. 1), siendo claro que la declaraci\u00f3n del testigo Humberto Robles, en el sentido de que el se\u00f1or Mois\u00e9s \u201chab\u00eda conseguido la firma del Doctor Brug\u00e9s\u201d (fl. 16, cdno. 3), o la manifestaci\u00f3n del Administrador consignada en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, consistente en que no pretend\u00eda eludir \u201cla responsabilidad por la emisi\u00f3n (sic) de tales cheques\u201d o \u201cdescargarla en cualquier otra persona\u201d (fl. 243, cdno. 4), no quita ni pone ley, pues ninguna de estas pruebas, ciertamente no mencionadas por el Tribunal, tiene la virtualidad de infirmar las conclusiones del ad quem. <\/p>\n
2. En suma, en la sentencia del Tribunal no se descubre, a simple vista, un yerro f\u00e1ctico rutilante y trascendente con motivo de la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual, el se\u00f1or Brug\u00e9s, era responsable de los perjuicios causados a la sociedad demandante, no tanto por haber actuado como endosante de los cheques, como por haber obrado con negligencia y con poca prudencia en la firma de esos t\u00edtulos, a lo cual procedi\u00f3, seg\u00fan el sentenciador de segundo grado, \u201cpor fuera de sus funciones y a espaldas de la Comunidad\u201d cuyo Consejo Directivo presid\u00eda (fls. 92 y 94, cdno. 5). <\/p>\n
En tal virtud, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
En \u00e9sta censura, se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal del violar los art\u00edculos 2341, 2343 y 2344 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de uno de los cuatro cheques se\u00f1alados en la demanda y tenidos en la sentencia como punto de partida de la responsabilidad deducida contra le se\u00f1or Brug\u00e9s. <\/p>\n
En s\u00edntesis, estim\u00f3 el recurrente que el Tribunal se equivoc\u00f3 al apreciar el cheque distinguido con el No.1324420, por $7\u2019495.135,oo, de 12 de julio de 1993, girado por Alfa Ingenier\u00eda Ltda. contra el Banco de Bogot\u00e1, t\u00edtulo que no aparece firmado por el se\u00f1or Brug\u00e9s, a quien no se puede atribuir responsabilidad por el pago que de \u00e9l hizo la Comunidad. Por tanto, como la condena se extendi\u00f3 a los cuatro cheques, debe casarse el fallo para hacer la reducci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Nuevamente con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 1608, 1613, 1614, 1615 y 1617 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, lo mismo que el inciso 2\u00ba del articulo 90 del C.P.C., por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En resumen, el casacionista disput\u00f3 dos aspectos de la sentencia: el primero, que el Tribunal conden\u00f3 al pago de intereses legales civiles desde las fechas en que la Comunidad efectu\u00f3 los pagos en los procesos ejecutivos que se adelantaron en su contra, sin advertir que la condena al pago de perjuicios requiere que el deudor se encuentre en mora, condici\u00f3n que exige previo requerimiento judicial. El segundo, que el Tribunal corrigi\u00f3 monetariamente el importe de los cheques, sin para mientes en que la desvalorizaci\u00f3n monetaria hace parte del da\u00f1o emergente, lo que implica que, para su procedencia, tambi\u00e9n era indispensable constituir en mora al deudor. <\/p>\n
Por tanto, como la indexaci\u00f3n y los intereses legales no se pod\u00edan remontar al instante mismo en que se caus\u00f3 el da\u00f1o imputado, se debe casar la sentencia, para dar aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C.P.C., norma \u00e9sta que, a juicio del censor, es inconstitucional, toda vez que se refiere a una materia \u2013derecho civil- extra\u00f1a a la que se regula en esa disposici\u00f3n y en el t\u00edtulo del que hace parte \u2013asuntos procesales-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en el error de hecho que denunci\u00f3 el recurrente en el tercero de los cargos, pues conden\u00f3 al se\u00f1or Brug\u00e9s, en forma solidaria, a pagar el importe total de los cuatro cheques que la Comunidad de El Cerrej\u00f3n se vio forzada a solucionar, sin parar mientes en que aquel \u00fanicamente sign\u00f3 tres de ellos, los Nos. 7591913, 5509738 y 5509735, todos girados por la sociedad Alfa Ingenier\u00eda Ltda. contra su cuenta corriente en el Banco de Bogot\u00e1, no as\u00ed el No. 1324420 de julio 12 de 1993, por valor de $7\u2019495.135,oo, emitido por la misma sociedad. <\/p>\n
Basta apreciar el reverso del referido t\u00edtulo, que obra al folio 14 del cuaderno principal, para darse cuenta que el se\u00f1or Brug\u00e9s no firm\u00f3 el aludido instrumento negociable, raz\u00f3n por la cual, la responsabilidad civil extracontractual que se dedujo frente a \u00e9l, por haber asumido \u201cobligaciones de una empresa a la cual sab\u00edan en grave situaci\u00f3n de insolvencia y en franco riesgo de total cesaci\u00f3n de pagos\u201d (fl. 94, cdno. 5), no pod\u00eda comprender el da\u00f1o sufrido por la Comunidad demandante, con ocasi\u00f3n del pago de ese cheque. <\/p>\n
En estas condiciones, por tratarse de un error de hecho manifiesto y trascendente, deber\u00e1 casarse parcialmente la sentencia, para reducir el monto de la indemnizaci\u00f3n a cargo del recurrente, que se concreta a los perjuicios sufridos por dicha Comunidad, relacionados con los otros tres t\u00edtulos-valores, ya relacionados. <\/p>\n
2. No ocurre lo propio con los yerros a que se refiere el cargo cuarto, puesto que la mora, como es sabido, no es requisito para que surja la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual \u2013que fue la que el Tribunal encontr\u00f3 acreditada, se memora-, am\u00e9n de que, en rigor, la correcci\u00f3n monetaria no hace parte del concepto intr\u00ednseco de da\u00f1o, seg\u00fan jurisprudencia reiterada de esta Sala. <\/p>\n
a. En efecto, en cuanto ata\u00f1e al pago de los intereses legales civiles, reconocidos por el Tribunal como lucro cesante, t\u00e9ngase en cuenta que quien \u201cha cometido un delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro, es obligado a la indemnizaci\u00f3n\u201d (art. 2341 C.C.), sin que para ello sea necesario interpelarlo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, pues, en tales casos, el inexorable deber de reparar el da\u00f1o surge desde el d\u00eda en que se caus\u00f3 el agravio, mejor a\u00fan, desde el instante mismo en que se produjo el hecho il\u00edcito, y no a partir de la fecha de constituci\u00f3n en mora, como acontece \u2013es la regla- en la responsabilidad contractual. <\/p>\n
Un entendimiento contrario implicar\u00eda afirmar que la persona agraviada, directamente, debe asumir el perjuicio ocasionado en el entretanto, lo cual no estar\u00eda en estricta consonancia con el arraigado y justiciero principio de reparaci\u00f3n integral que informa la materia y, de paso, con la equidad, en s\u00ed misma considerada, institutos que, al un\u00edsono, reclaman que la v\u00edctima debe ser cabal y suficientemente indemnizada, prop\u00f3sito que se ver\u00eda eclipsado, en efecto, si fuera menester constituir en mora al victimario, quien es responsable de antemano, esto es, desde el momento de la generaci\u00f3n del da\u00f1o, con total independencia de circunstancias ulteriores, ajenas, como tales, al r\u00e9gimen de responsabilidad que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Interpretaci\u00f3n dis\u00edmil, adem\u00e1s, se erigir\u00eda en claro favorecimiento al agente responsable del perjuicio, en inequ\u00edvoco desmedro de los intereses del perjudicado, quien no tiene porque asumir el compromiso de requerir a su victimario, para obtener la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o. De all\u00ed que la Corte hubiere se\u00f1alado que \u201cla mora en la responsabilidad extracontractual es un fen\u00f3meno in\u00fatil para el establecimiento de la indemnizaci\u00f3n\u201d (se resalta; sent. 042 de febrero 15 de 1991), lo que evidencia la inaplicabilidad, en estos casos, de los art\u00edculos 1608 y 1615 del C\u00f3digo Civil, al igual que del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Ello explica que el Tribunal, para concretar la suma debida a t\u00edtulo de lucro cesante, no hubiere hecho alusi\u00f3n a r\u00e9ditos de ese linaje, sino a los \u201cintereses legales\u201d causados \u201cdesde las fechas en que la Comunidad del Cerrej\u00f3n efectu\u00f3 los pagos en los procesos ejecutivos aludidos, hasta la fecha en que se cumpla la totalidad del pago de la cantidad principal (fl. 103, cdno. 5). <\/p>\n
b. Y en lo tocante con la correcci\u00f3n monetaria, cumple se\u00f1alar, en adici\u00f3n a lo anterior, que, ciertamente, la Corte sostuvo en a\u00f1os anteriores que la desvalorizaci\u00f3n de la moneda constitu\u00eda un perjuicio que deb\u00eda ser resarcido al acreedor por concepto de da\u00f1o emergente. <\/p>\n
Sin embargo, desde hace m\u00e1s de un lustro esta Sala precis\u00f3 que, en estricto sentido, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no calificaba como un arquet\u00edpico da\u00f1o, como quiera que, de un lado, se trataba de un fen\u00f3meno que obedec\u00eda m\u00e1s a las circunstancias econ\u00f3micas \u2013espec\u00edficamente monetarias- que se presentaban en una sociedad en un determinado tiempo, que a una consecuencia vinculada a la infracci\u00f3n del deber de prestaci\u00f3n por parte del deudor; y de la otra, porque su reconocimiento incid\u00eda en la determinaci\u00f3n real de la cuant\u00eda de los perjuicios a indemnizar, pero no en el aspecto cualitativo de los mismos, dado que no hab\u00eda all\u00ed, en puridad, ning\u00fan bien jur\u00eddico del patrimonio del acreedor que hubiere sufrido lesi\u00f3n por causa de la conducto da\u00f1ina del deudor. <\/p>\n
En este sentido, puntualiz\u00f3 la Corte que el pago de obligaciones dinerarias con el correspondiente ajuste, \u201c\u2019lo \u00fanico que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada \u2018correcci\u00f3n monetaria\u2019 (G.J, Ts. CLXXXIV, p\u00e1g. 25, y CC P\u00e1g. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento (cas. civ. de 8 de junio de 1999; exp: 5127)\u201c, lo que quiere significar que \u201cel fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios m\u00e1s elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales\u201d, ya que \u201cla p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda\u201d (se subraya; cas. civ. de 9 de septiembre de 1999; exp. 5005; Vid: cas. civ. de 28 de junio de 2000; exp: 5348). Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, \u201cNo estamos aqu\u00ed frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la \u00f3rbita del derecho monetario, en donde la indexaci\u00f3n se produce en raz\u00f3n de haber perdido la moneda poder adquisitivo. \u00a1S\u00f3lo eso, y nada m\u00e1s que eso!\u201d (cas. civ. de 19 de noviembre de 2001; exp.: 6094). <\/p>\n
Al amparo de estas reflexiones, se colige que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al disponer que se indexara el importe de la indemnizaci\u00f3n desde el momento en que se produjo el da\u00f1o, esto es, a partir del 12 de octubre de 1993, fecha en que se profiri\u00f3 el auto que dispuso la terminaci\u00f3n por pago del proceso ejecutivo que, con soporte en los cheques, se adelant\u00f3 con la Comunidad de El Cerrej\u00f3n (fl. 89, cdno. 3), pues, se reitera, la desvalorizaci\u00f3n de la moneda, en s\u00ed, no constituye un da\u00f1o, para cuyo resarcimiento, adem\u00e1s, no es necesaria la constituci\u00f3n en mora del deudor, menos a\u00fan trat\u00e1ndose de responsabilidad civil extracontractual, seg\u00fan se acot\u00f3 en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
3. Ya para finalizar, debe se\u00f1alarse que para el examen del juicio de inconstitucionalidad por excepci\u00f3n que el se\u00f1or recurrente plante\u00f3 respecto del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C. de P.C., al que reprocha por referirse a un asunto de derecho sustancial que no es propio del ordenamiento procesal en el que se incluy\u00f3, debe tenerse en cuenta que esta Corporaci\u00f3n, en sentencia de constitucionalidad de 25 de octubre de 1990, declar\u00f3 la exequibilidad de esa disposici\u00f3n, toda vez que \u201cdel ejercicio leg\u00edtimo de las facultades (se refiere la Corte a las extraordinarias) puede resultar la modificaci\u00f3n de disposiciones para las cuales no existiese previa habilitaci\u00f3n expresa, con lo que no se rebasa el l\u00edmite material de las facultades, sino que, por el contrario, resulta ser el ejercicio adecuado de las mismas\u201d. <\/p>\n
En estas condiciones, prospera el cargo tercero, no as\u00ed el cuarto, por las razones expresadas. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
El fallo de remplazo se circunscribe a la reducci\u00f3n del monto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a cargo del recurrente, aspecto en el que importa memorar que el se\u00f1or Brug\u00e9s, seg\u00fan se acot\u00f3, no firm\u00f3 el cheque por valor de $7\u2019495.135,oo pesos (fl. 14, cdno. 1), motivo por el cual, esa suma, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria respectiva, deben ser excluidas del importe de la condena impuesta por el sentenciador. Con otras palabras, el se\u00f1or Brug\u00e9s s\u00f3lo debe ser condenado al pago del importe de los cheques por $62\u2019000.000,oo, $11\u2019336.000,oo y $130\u2019673.980,oo (fls. 14A, 15 y 16, cdno. 1), para un total de $204\u2019009.980,oo, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria hasta marzo de 2000, con un factor del 2.86, seg\u00fan lo consider\u00f3 el Tribunal en punto no disputado por ninguna de las partes, para un total de $583\u2019468.543,oo. <\/p>\n
Para una mejor comprensi\u00f3n del fallo sustitutivo, se transcribir\u00e1 la parte resolutiva de la decisi\u00f3n del Tribunal, haciendo los ajustes que impone este pronunciamiento. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
\u201cPRIMERO.- CONFIRMAR el ac\u00e1pite inicial del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha abril 19 de 1999, en cuanto declar\u00f3 solidariamente responsables a los demandados por raz\u00f3n de los perjuicios recibidos por la actora con ocasi\u00f3n de los hechos determinados en este proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO.- MODIFICAR los literales A y B, y en su defecto se dispone: <\/p>\n
\u201cA) Fijar la condena\u201d a cargo de la Sociedad Alfa Ingenier\u00eda Ltda. y del se\u00f1or Muce Mois\u00e9s Aschkar, \u201cpor concepto de da\u00f1o emergente, en la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($604\u2019910.348,oo), equivalente al valor de los cheques m\u00e1s la correspondiente correcci\u00f3n monetaria efectuada en la parte motiva\u201d. <\/p>\n
Fijar la condena a cargo del se\u00f1or Ra\u00fal Brug\u00e9s Amaya, por concepto de da\u00f1o emergente, en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($583\u2019468.543,oo), equivalente al valor de tres cheques, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria efectuada en la sentencia del Tribunal a marzo de 2000. <\/p>\n
\u201cB) Imponer como condena por lucro cesante, el pago de intereses legales \u2013civiles- desde las fechas en que la COMUNIDAD DEL CERREJON efectu\u00f3 los pagos en los procesos ejecutivos aludidos, hasta la fecha en que se cumpla la totalidad del pago de la cantidad principal\u201d, r\u00e9ditos que se liquidar\u00e1n sobre cada una de las sumas referidas en el literal anterior. <\/p>\n
\u201cC) REVOCAR la condena impuesta por el a quo en el literal A) del numeral 1\u00ba de la sentencia, por raz\u00f3n del 20% a que se refiere el art\u00edculo 731 de C. de Co. de acuerdo con lo explicado en la parte motiva\u201d. <\/p>\n
\u201cD) REVOCAR el literal C) de la sentencia de primera instancia, por la razones dichas en las motivaciones de este fallo\u201d. <\/p>\n
\u201cE) CONFIRMAR el literal D) y el numeral segundo de la aludida sentencia\u201d. <\/p>\n
\u201cTERCERO.- CONDENAR a los apelantes al pago de las costas causadas en esta instancia, las cuales ser\u00e1n tasadas en la oportunidad correspondiente.\u201d <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n, por haber prosperado la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-225-2005 [4700131030031993-0248-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de septiembre de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente: No. 47001-3103-003-1993-0248-02 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Ra\u00fal Brug\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}