SC-226-2005 [13986-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00f3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 13986-01. <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 9 de agosto de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario seguido por la se\u00f1ora Marcela Sabas Cifuentes, quien act\u00faa en nombre de la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias, contra la Sociedad Lotero Pel\u00e1ez y C\u00eda S. C. S. y el se\u00f1or Gustavo Lotero Bonilla. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con que se dio inicio al presente proceso se incluyeron las siguientes pretensiones: <\/p>\n
Como primera pretensi\u00f3n principal, que se declare civil, solidaria y extracontractualmente responsables a la sociedad Lotero Pel\u00e1ez y C\u00eda. S. C. S. y a Gustavo Lotero Bonilla de los perjuicios irrogados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias \u201cpor haber sido c\u00f3mplice con el mandatario Alberto Sabas Arias del acto jur\u00eddico consignado en la Escritura p\u00fablica 2357 del 14 de Agosto de 1984 de la notar\u00eda s\u00e9ptima de Medell\u00edn\u201d. <\/p>\n
Como segunda pretensi\u00f3n principal que se declare a Gustavo Lotero Bonilla civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas por haber impedido, mediante la fuerza y violencia, la entrega de los bienes secuestrados el d\u00eda 1\u00ba de Septiembre de 1984; o, como primera subsidiaria, que se declare esa misma responsabilidad pero solidariamente respecto de ambos demandados; como segunda subsidiaria, se declaren civil, solidaria y contractualmente responsables a dicha sociedad y a Gustavo Lotero Bonilla por igual hecho; como tercera subsidiaria, que se declare que Gustavo Lotero es civil y contractualmente responsable de los perjuicios causados a la sucesi\u00f3n de Sabas Arias por incumplimiento al compromiso de responder por los bienes materia de embargo que se encontraban en la hacienda \u2018Do\u00f1a Ana\u2019, los cuales fueron secuestrados el d\u00eda 1\u00ba de septiembre de 1984. <\/p>\n
Como tercera pretensi\u00f3n principal, que se declare que Gustavo Lotero Bonilla es responsable civil y extracontractualmente de los perjuicios ocasionados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas por haber \u201creclamado y adquirido de los doctores Carlos y Oscar Siegert Trujillo un lote de terreno de 75 hect\u00e1reas localizado en el Municipio de Taraz\u00e1 – antes comprensi\u00f3n del Municipio de C\u00e1ceres- y cuya posesi\u00f3n ostentaba Santiago Sabas Arias y luego sus herederos\u201d. <\/p>\n
Y que como consecuencia de todo lo anterior se imponga a los demandados las siguientes condenas: <\/p>\n
Por la mala fe imperante en el contrato de compraventa el pago de perjuicios por la suma de $500.000.000; por haberse impedido la entrega de los bienes secuestrados $2.000.000; y por el incumplimiento en la custodia de los bienes $100.000.000, todas las condenas con su correspondiente indexaci\u00f3n e intereses. <\/p>\n
2. La causa para pedir, bien se puede compendiar as\u00ed: <\/p>\n
b) En virtud de esa negociaci\u00f3n se adelant\u00f3 el proceso ordinario en el que el tribunal de Medell\u00edn concluy\u00f3 en sentencia de 6 de diciembre de 1988 que \u201cest\u00e1 plenamente demostrado que para la fecha de la expresada escritura, el representante de esa sociedad compradora ten\u00eda pleno conocimiento de que su vendedor Alberto Sabas era un mandatario sin representaci\u00f3n, y que por ende ven\u00eda obligado a otorgarle escritura a la c\u00f3nyuge y a los herederos de Santiago Sabas y a traditarles mediante el registro (\u2026) entonces, Gustavo Lotero, representante de la Sociedad compradora, actu\u00f3 de mala fe, y se hizo c\u00f3mplice de un comportamiento indebido atribuible a Alberto Sabas, al ponerse en situaci\u00f3n imposible de cumplir a los herederos y a la c\u00f3nyuge, con la escritura y consiguiente traspaso\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 entonces ese fallo judicial que si el mandatario hab\u00eda enajenado ya, \u201ctampoco se puede reivindicar contra el subadquirente, pero s\u00ed se le puede formular pretensi\u00f3n de perjuicios, por haber sido c\u00f3mplice con el mandatario en un acto por medio del cual \u00e9ste se puso voluntariamente en imposibilidad de cumplir su encargo, hasta otorgar la escritura al mandante y transferirle. Pero es necesario dejar en claro que en la demanda debe pretenderse contra el subadquirente aquella indemnizaci\u00f3n de perjuicios con fundamento en la responsabilidad civil extracontractual\u201d; la cual es justamente la que se pretende concretar en el actual proceso. <\/p>\n
3. Una vez notificados los demandados, Gustavo Lotero Bonilla manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a las pretensiones y solicit\u00f3 imponer a la demandante la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 211 del C. de P. Civil, por considerar que el juramento estimatorio sobre perjuicios era excesivo; y la sociedad que \u00e9l representa acept\u00f3 que adquiri\u00f3 el inmueble, pero aleg\u00f3 que deb\u00eda probarse la mala fe del representante legal. <\/p>\n
4. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia mediante la cual se absolvi\u00f3 a la sociedad demandada pero se conden\u00f3 a Gustavo Lotero Bonilla, a quien se declar\u00f3 civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios causados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias, imponi\u00e9ndole en consecuencia varias condenas con correcci\u00f3n monetaria pero sin reconocer intereses. <\/p>\n
5. Ambas partes interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n, y para ponerle fin a la segunda instancia el tribunal modific\u00f3 el fallo y profiri\u00f3 en contra de los demandados las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1\u00ba) Que la sociedad Lotero Pel\u00e1ez y C\u00eda. S. C. S., es responsable civil y extracontractualmente con Gustavo Lotero Bonilla de los perjuicios causados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias por haber sido c\u00f3mplice con el mandatario Alberto Sabas Arias, en la celebraci\u00f3n del contrato consignado en la referida escritura p\u00fablica n\u00famero 2357, concepto por el cual conden\u00f3 a ambos a pagar solidariamente la suma de $264.320.000, con indexaci\u00f3n a partir de la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
2\u00ba) Declar\u00f3 que Gustavo Lotero Bonilla es responsable civil y extracontractualmente de los perjuicios causados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias, por raz\u00f3n de su comportamiento indebido, tanto al obstaculizar la entrega de los bienes secuestrados dentro del proceso sucesorio, como al haber impedido el ejercicio de la posesi\u00f3n a nombre de aquella del lote de 75 hect\u00e1reas, relacionado en la demanda; conceptos por lo cuales lo conden\u00f3 a pagar en favor de la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias las sumas de $200.117.479 con indexaci\u00f3n a partir de la ejecutoria de la sentencia y $870.000, respectivamente, junto con la correcci\u00f3n monetaria que corresponda desde el mes de mayo de 1984. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos, en lo pertinente, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
1\u00ba) La responsabilidad civil de la sociedad Lotero Pel\u00e1ez y C\u00eda. S. C. se da porque para cuando fue celebrada la compraventa de la que se predica confabulaci\u00f3n, que es a lo que se refiere la pretensi\u00f3n principal, el \u00fanico representante legal de la misma era Gustavo Lotero Bonilla; la representaci\u00f3n conjunta con su c\u00f3nyuge Sara Pel\u00e1ez vino a establecerse con posterioridad a ese acto jur\u00eddico, tal como obra en el certificado de la C\u00e1mara de Comercio visible en el folio 12 del cuaderno principal. <\/p>\n
2\u00ba) En cuanto a la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada de la responsabilidad civil extracontractual, si bien la demanda no relaciona concreta y expresamente en qu\u00e9 consiste el da\u00f1o sufrido, \u00e9ste se deduce de diversas conductas que se dice fueron ejecutadas en perjuicio de los herederos de Santiago Sabas por el representante legal de la sociedad demandada, se\u00f1or Gustavo Lotero Bonilla. Y en lo que ata\u00f1e con el reclamo relacionado con las 75 hect\u00e1reas de la finca el da\u00f1o se circunscribe a la p\u00e9rdida de la producci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
3\u00ba) El comportamiento indebido y de mala fe derivado de celebrar el contrato de compraventa contenido en la citada escritura p\u00fablica No. 2357, est\u00e1 demostrado porque para ese momento el representante legal de la sociedad demandada ten\u00eda pleno conocimiento de que su vendedor lo hab\u00eda adquirido como testaferro de Santiago Sabas Arias y que en tal virtud estaba obligado a hacer la entrega jur\u00eddica y material a tales herederos. A ese respecto, el sentenciador se remiti\u00f3 a la sentencia proferida el 15 de marzo de 1988 por el juzgado 7\u00ba civil del circuito de Medell\u00edn en el proceso ordinario promovido por Nora Cifuentes Rico contra Inversiones R\u00edo Man Ltda., Lotero Pel\u00e1ez y C\u00eda. S. C. S. y Alberto Sabas Arias, confirmada por el mismo tribunal, a la copia del citado instrumento p\u00fablico, a los testimonios de Ramiro V\u00e9lez Toro recibido en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, y de Rodrigo Gonz\u00e1lez R., trasladado del proceso antes mencionado, y al indicio consistente en que el precio pactado fue muy inferior al valor comercial del inmueble. <\/p>\n
Por eso consider\u00f3 que ambos demandados deben responder solidariamente por el da\u00f1o que le irrogaron a la sucesi\u00f3n a favor de quien aqu\u00ed se demanda dado \u201cque no logr\u00f3 recuperar el bien negociado; perjuicio patrimonial que debe resarcirse y que est\u00e1 representado en el valor dado al mismo, mediante dictamen pericial practicado en el litigio\u201d, con su correspondiente indexaci\u00f3n hasta que se produzca el pago, (…) y se concreta hasta la fecha del presente prove\u00eddo\u201d en la suma de $264.320.000. <\/p>\n
4\u00ba) De otro lado, se halla probado que el 1\u00ba de septiembre de 1984 el Alcalde de Taraz\u00e1, como funcionario comisionado, secuestr\u00f3 los bienes denunciados en el hecho quinto de la demanda como de propiedad del causante Santiago Sabas, los cuales se encontraban en la hacienda \u2018Do\u00f1a Ana\u2019; y seg\u00fan la declaraci\u00f3n de Lotero que obra en el proceso, para entonces tales bienes se encontraban en su poder en virtud de la compraventa celebrada con Alberto Sabas, a quien le atribuy\u00f3 la posesi\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Igualmente se encuentra demostrado que fue por la actitud hostil de Gustavo Lotero, de quien no se demostr\u00f3 que para esa ocasi\u00f3n estuviera obrando en representaci\u00f3n de la sociedad demandada, que el secuestre renunci\u00f3 a su cargo dada la imposibilidad de ejercer sus funciones; que el nuevo auxiliar judicial designado advirti\u00f3 oportunamente que los semovientes secuestrados no lo hab\u00edan sido en el n\u00famero expresado en el acta y que solo exist\u00edan tres bestias, que la semilla se perdi\u00f3, el tractor se da\u00f1\u00f3 y la maquinaria se encontraba en mal estado por la oposici\u00f3n amenazante y agresiva al retiro de los bienes de la hacienda \u2018Do\u00f1a Ana\u2019, todo lo cual ocasion\u00f3 perjuicios a los herederos de Santiago Sabas de los que debe responder \u00fanicamente el agresor. <\/p>\n
5\u00ba) El dictamen sobre el aval\u00fao de los perjuicios por este concepto, al que no se le hizo reparos ni fue objetado, se encuentra razonablemente fundamentado puesto que los peritos tomaron en consideraci\u00f3n \u201clos datos obrantes en la diligencia de secuestro sobre raza, g\u00e9nero, cantidad y otras condiciones e hicieron investigaci\u00f3n sobre el precio del ganado para la \u00e9poca del secuestro vali\u00e9ndose de las publicaciones que al respecto se hicieron en ese entonces por el peri\u00f3dico el (sic) Colombiano de la ciudad\u201d; a\u00f1ade el tribunal que \u201csi bien las condiciones existentes para la realizaci\u00f3n de la pericia no fueron las ideales, tales dificultades no pueden llevar a considerar que la valoraci\u00f3n as\u00ed efectuada sea ilegal y carente de m\u00e9rito probatorio. Ante el imposible del examen directo de los bienes a estimarse, ser\u00eda irracional e injusto, soslayar el estudio ponderado y jur\u00eddico de que se dispone en el proceso, que se presenta sobre datos ciertos y representa conceptos aceptables\u201d. Por ese aspecto dedujo, entonces, una condena por valor de $200.117.479, suma que debe ser indexada hasta el momento del pago. <\/p>\n
6\u00ba) Para deducir la responsabilidad civil originada en la reclamaci\u00f3n que hizo Gustavo Lotero Bonilla de un lote de 75 hect\u00e1reas \u2013 distinto del objeto de la compraventa -, no obstante que le hab\u00edan sido entregadas en arrendamiento por la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Santiago Sabas, el tribunal se apoya en las versiones del se\u00f1or Ramiro V\u00e9lez Toro y del propio reclamante que actu\u00f3 como testigo en el proceso civil del que ya se dio cuenta, para concluir que dicho demandado no actu\u00f3 de buena fe, caus\u00e1ndole tambi\u00e9n otro perjuicio a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas que solamente corresponde a los arrendamientos dejados de percibir entre mayo de 1984 y la fecha de la sentencia, lo que a raz\u00f3n de una renta mensual de $5.000 arroja un condena total de perjuicios por ese concepto de $870.000, la cual tambi\u00e9n queda sujeta a correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres cargos formula el recurrente con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente por cuanto, adem\u00e1s de ser complementarios entre s\u00ed, ameritan consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
1. Por la v\u00eda indirecta y como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba de peritos, se acusa a la sentencia del tribunal de haber quebrantado \u201clos art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2347, 2357, 2358 siguientes y concordantes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
2. Despu\u00e9s de aludir en extenso a las reglas de casaci\u00f3n sobre la violaci\u00f3n indirecta y el error manifiesto de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria, el censor estima, en esencia, que el yerro se dio en la apreciaci\u00f3n del dictamen sobre el precio de la finca conocida con el nombre de \u2018Do\u00f1a Ana\u2019, tambi\u00e9n con referencia al lote de 75 hect\u00e1reas y por \u00faltimo respecto de los semovientes y muebles que fueron materia de una equivocada diligencia de secuestro. A la parte demandante le correspond\u00eda demostrar no solo el da\u00f1o sino su monto, y en este caso se equivoc\u00f3 el tribunal al identificar como cuant\u00eda del perjuicio el igual valor dado por los peritos a los referidos bienes, como si se tratara de lo mismo; error que trasciende al fallo impugnado por cuanto no hay entonces fundamento probatorio para deducir una condena en perjuicios. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
1. Por la v\u00eda indirecta se denuncia como consecuencia de <\/p>\n
error de hecho por preterici\u00f3n de los documentos visibles a folios 11, 12 y 13 del cuaderno formado en la primera instancia, la violaci\u00f3n de \u201clos art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2347, 2357, 2358, siguientes y concordantes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
2. El tribunal dej\u00f3 de apreciar dicha prueba documental consistente en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad codemandada, donde se establece que los socios gestores se\u00f1ores Gustavo Lotero Bonilla y Sara Pel\u00e1ez de Lotero pod\u00edan actuar sin ninguna limitaci\u00f3n pero haci\u00e9ndolo siempre en forma conjunta, salvo que uno de ellos falleciere, caso en cual podr\u00eda obrar unilateralmente el sobreviviente. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Gustavo Lotero Bonilla, sin la concurrencia de la se\u00f1ora Sara Pel\u00e1ez de Lotero, no alcanza para vincular a la sociedad demandada de la cual ellos fueron gestores; y no obstante que en la demanda y en el poder se alude a ambos como representantes, las pretensiones \u00fanicamente se refieren al primero de ellos. <\/p>\n
3. Y as\u00ed el juzgado hubiera querido corregir la irregularidad citando a la se\u00f1ora Sara Pel\u00e1ez de Lotero, como representante legal de la sociedad, esto no alcanz\u00f3 a subsanar la falla aludida que no fue observada por el juzgado ni por el demandado, quien tampoco propuso excepciones. Y as\u00ed en la sentencia de 6 de diciembre 1988 se hubiera dicho que la sociedad estaba representada por Gustavo Lotero Pel\u00e1ez, lo cierto es que la representaci\u00f3n la tienen ellos en forma conjunta. De ese modo, hay que entender que el \u00faltimo abus\u00f3 de la delegaci\u00f3n al obrar individualmente, lo cual conlleva extralimitaci\u00f3n de funciones que de ning\u00fan modo pueden comprometer a la sociedad, la que debi\u00f3 ser absuelta. <\/p>\n
CARGO TERCERO: <\/p>\n
1. Por la v\u00eda indirecta y como consecuencia del error de hecho derivado de haber omitido la apreciaci\u00f3n de una prueba documental, se tilda la sentencia del tribunal de haber quebrantado \u201clos art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2347, 2357, 2358, siguientes y concordantes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
El sentenciador omiti\u00f3 apreciar el documento visible a folios 18 a 32 del cuaderno No. 2, con que se prueba la sentencia de segunda instancia proferida por el mismo tribunal el 6 de diciembre de 1988 en que se resolvi\u00f3 lo atinente a la negociaci\u00f3n de la finca \u2018Do\u00f1a Ana\u2019, y que fue ignorada en cuanto a la condena impuesta al se\u00f1or Alberto Sabas Arias por raz\u00f3n de ese mismo negocio. <\/p>\n
Vali\u00e9ndose el recurrente de un salvamento de voto de uno de los magistrados que integraron la sala de decisi\u00f3n del tribunal, aqu\u00e9l trae los t\u00e9rminos del mismo que aduce compartir \u00edntegramente, cuando dice que \u201cadem\u00e1s, el perjuicio de la sucesi\u00f3n consisti\u00f3 en el no ingreso del precio por la venta de la finca, cuyo pago se impuso en la sentencia a Alberto Sabas Arias, entonces, no se puede imponer de nuevo a otro, m\u00e1xime sin causa que lo justifique; doble pago que traduce enriquecimiento incausado para la parte demandante, a costa del correlativo empobrecimiento de la demandada y sin causa que lo justifique\u201d. <\/p>\n
Bajo esa consideraci\u00f3n estima el impugnante que debieron desestimarse las pretensiones y se ha debido absolver de todo cargo en ese punto a los demandados. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Los tres cargos guardan en com\u00fan, y eso amerita su despacho simult\u00e1neo, que con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, por la v\u00eda indirecta y empleando en cada uno la misma f\u00f3rmula se denuncia que \u201cla sentencia es violatoria de las normas sustanciales que a continuaci\u00f3n se enlistan: art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2347, 2357, 2358, siguientes y concordantes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, lo que corresponde a una equivocada acusaci\u00f3n porque el estatuto procesal citado tiene un n\u00famero mucho menor de art\u00edculos, como quiera que el \u00faltimo corresponde al 700, lo cual significa que viniendo apoyados en la causal primera de casaci\u00f3n presentan el defecto inocultable de no se\u00f1alar \u201clas normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas\u201d, requisito que exige el art\u00edculo 374 del C. de P. Civil. Ello en estricto sentido resulta bastante para despacharlos adversamente sin necesidad de hacer ning\u00fan otro examen, tanto m\u00e1s si al juez de casaci\u00f3n no le es dable enmendar la plana al recurrente, ni mucho menos escoger a su antojo el estatuto legal o c\u00f3digo a que pertenecen las normas cuyo quebranto se denuncia en los tres cargos. <\/p>\n
2. Empero, dada la materia de que trata este proceso – responsabilidad civil – y reduciendo el tama\u00f1o del referido error en la proposici\u00f3n de los cargos para darle apenas la connotaci\u00f3n de un lapsus calami \u2013 a pesar de la repetici\u00f3n que se evidencia por darse el mismo enunciado en cada cargo \u2013 para entender que el recurrente se refiere a normas del c\u00f3digo civil, y no al de los ritos, entra la Corte a considerarlos desde otros puntos de vista, incluso algunos tambi\u00e9n de orden t\u00e9cnico, para advertir de todos modos su fracaso, seg\u00fan se explica enseguida. <\/p>\n
3. El cargo primero, referido espec\u00edficamente a se\u00f1alar un error de apreciaci\u00f3n respecto del dictamen pericial que fue tomado en consideraci\u00f3n por el tribunal para cuantificar los perjuicios, se observa que, am\u00e9n de no cumplir la m\u00e1s m\u00ednima exigencia t\u00e9cnica por cuanto ning\u00fan contraste se hace entre lo que dice la prueba y lo que de ella extrajo el sentenciador, ostenta un desenfoque notable, puesto que se limit\u00f3 el censor a afirmar que el yerro consiste en deducir el valor del perjuicio como igual al que le fue dado a los bienes por los expertos, sin apuntar nada contra el argumento por el cual en la sentencia impugnada se concedi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n en lo que ata\u00f1e con el inmueble que fue objeto de compraventa, cuando se dijo en ella que \u201cel perjuicio patrimonial que debe resarcirse\u201d est\u00e1 representado en el valor del mismo, dado que la sucesi\u00f3n \u201cno logr\u00f3 recuperar el bien denunciado\u201d, conclusi\u00f3n contra la cual ninguna raz\u00f3n aduce la censura. Por lo dem\u00e1s, esencialmente la cuesti\u00f3n planteada no versa sobre un problema de apreciaci\u00f3n del dictamen en cuanto a su aval\u00fao, sino sobre la identificaci\u00f3n del perjuicio padecido desde el punto de vista tratado por el sentenciador. <\/p>\n
Iguales glosas cabe hacer respecto de las consecuencias derivadas de haber obstaculizado el demandado la pr\u00e1ctica del secuestro de semovientes y muebles dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Santiago Sabas, conducta por la cual, seg\u00fan el tribunal, se impidi\u00f3 que los mismos formaran materialmente parte del caudal relicto; de all\u00ed que tambi\u00e9n fue la imposibilidad de recuperarlos para la sucesi\u00f3n por lo que se reconoci\u00f3 el perjuicio, identificando el monto de \u00e9ste con el valor en que fueron tasados tales bienes. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e con la indemnizaci\u00f3n por la reclamaci\u00f3n indebida de 75 hect\u00e1reas, cuyo monto fue fijado seg\u00fan la renta mensual dejada de producir por el predio comprendido entre ellas, definitivamente ninguna explicaci\u00f3n ofrece el censor en relaci\u00f3n con el dictamen que tilda de haber sido err\u00f3neamente apreciado en orden a demostrar el yerro denunciado. <\/p>\n
4. El cargo segundo propone un ataque en punto de la representaci\u00f3n dual que predica la acusaci\u00f3n para la sociedad demandada, sobre la base de que Gustavo Lotero Bonilla y Sara Pel\u00e1ez, su c\u00f3nyuge, deb\u00edan ejercerla conjuntamente para todos los efectos legales, incluida la compraventa en la que a nombre de la sociedad demandada, que ambos representan, celebr\u00f3 solamente el primero, todo para deducir de all\u00ed que la sociedad debi\u00f3 ser absuelta. Sin embargo, aqu\u00ed tambi\u00e9n el recurrente soslaya por completo las pruebas que fueron apreciadas por el sentenciador para concluir que esa representaci\u00f3n conjunta advino con posterioridad a la celebraci\u00f3n de ese contrato, pero que a la saz\u00f3n del mismo aqu\u00e9l era quien ejerc\u00eda leg\u00edtimamente la representaci\u00f3n dicha, para establecer lo cual, el tribunal se bas\u00f3 en un certificado de la c\u00e1mara de comercio correspondiente, consideraci\u00f3n a la que no se le hace ning\u00fan reproche. En s\u00edntesis, pues, no se combate espec\u00edficamente la base del fallo impugnado a esos respectos, por lo que la decisi\u00f3n que vincula a la sociedad demandada permanece intacta y, por lo tanto, intocable en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En fin, el cargo tercero tampoco resulta suficiente para casar el fallo impugnado, puesto que el recurrente advierte la posibilidad de un doble pago, aunque sin entrar a demostrar que haya existido alguna soluci\u00f3n, \u00fanicamente prevalido de la afirmaci\u00f3n que hace uno de los magistrados del tribunal en su salvamento de voto, mas sin encarar que la responsabilidad civil que aqu\u00ed se le imputa a los demandados es de car\u00e1cter individual y no se excluye, per se, por la concurrencia de otro sujeto responsable. <\/p>\n
Lo que esa denuncia en casaci\u00f3n avista, si acaso y sin mayor explicaci\u00f3n, es que se presentar\u00eda ahora una condena similar a cargo de dos personas distintas, pero soslayando el recurrente que la base de la demanda con que se inici\u00f3 este proceso, y as\u00ed se ha desarrollado, fue justamente la manifestaci\u00f3n que hizo el sentenciador en el proceso anterior de no poder definir dentro de \u00e9l la situaci\u00f3n de Gustavo Lotero, bajo la consideraci\u00f3n de que all\u00e1 se desenvolv\u00eda una acci\u00f3n contractual y \u00e9ste debe responder civilmente en el orden extracontractual. Dicha cuesti\u00f3n no la asume el censor desde ese punto de vista, y por lo tanto no es admisible ahora alterar ese hecho en casaci\u00f3n, cuanto m\u00e1s si se desconoce desde entonces las reales consecuencias del proceso en que se conden\u00f3 al se\u00f1or Alberto Sabas Arias, esto es, si se obtuvo para los beneficiarios el resultado econ\u00f3mico dispuesto a la saz\u00f3n. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, los tres cargos anteriores no deben prosperar. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de agosto de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso arriba referido. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente, y ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-226-2005 [13986-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00f3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 13986-01. Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}