SC-229-2005 [1997-19078-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 1997-19078-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2004 por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de Jos\u00e9 Antonio Vanegas Rivera contra Oscar Miguel Montoya Olarte. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
La demanda, que instauraron Teresa Rold\u00e1n de Vanegas y Jos\u00e9 Antonio Vanegas S\u00e1nchez, curadores del actor interdicto, pidi\u00f3 declarar que \u00e9ste es propietario del inmueble de la carrera 13 N\u00b0 48-60 de esta ciudad, y, como consecuencia, condenar al demandado a restituirle las dependencias que de \u00e9l describi\u00f3 al subsanar el libelo, junto con sus frutos, exoner\u00e1ndolo de pagar expensas por ser \u00e9ste poseedor de mala fe <\/p>\n
La causa petendi puede compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
El bien lo hubo Jos\u00e9 Antonio a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago que le hiciera Inmobiliaria la Colina J. A. Vanegas R. e hijos Ltda. y sus socios, seg\u00fan escritura 1427 de 30 de abril de 1990 corrida en la notar\u00eda 32 de Bogot\u00e1, sociedad que a su turno lo adquiri\u00f3 de manos de Montoya y Gonz\u00e1lez Asesores de Ingenier\u00eda Ltda. en 1986. <\/p>\n
La posesi\u00f3n del demandado, a quien Jos\u00e9 Antonio le hab\u00eda entregado parte del inmueble en arrendamiento, tuvo inicio despu\u00e9s del 5 de diciembre de 1990, cuando, aprovech\u00e1ndose de la incapacidad del interdicto y del secuestro de que fue objeto el bien dentro de un proceso ejecutivo que adelant\u00e1base contra Vanegas R., decidi\u00f3 sin m\u00e1s ocupar tambi\u00e9n los locales de la carrera 13 n\u00fameros 48-56 y 48-60, construyendo unas obras que no son necesarias para el inmueble y desconociendo la condici\u00f3n de propietario del actor. <\/p>\n
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El demandado, quien concurri\u00f3 al proceso despu\u00e9s de integrado el contradictorio, fue representado por un curador ad-litem que al contestar pidi\u00f3 prueba de los hechos litigiosos. <\/p>\n
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II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Sobre la idea de que s\u00f3lo ha de estudiarse los motivos expresados por el apelante, adelant\u00f3 que ninguno de los dos ten\u00eda asidero. <\/p>\n
As\u00ed, el tocante con la identidad, pues tanto la inspecci\u00f3n judicial como la prueba pericial la determinaron; anot\u00f3 al respecto que \u201clos linderos descritos en forma general en el libelo corresponden a los anotados por el juez y los expertos, y de otra, los locales comerciales y las dependencias ubicadas en el primero y segundo piso, respectivamente, no dejan duda sobre la identidad del inmueble objeto de la acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Identidad que, por lo dem\u00e1s, corroboran las copias del proceso ejecutivo adelantado en el juzgado 32 civil del circuito de Bogot\u00e1 por Manuel Francisco Laserna Guti\u00e9rrez contra el actor, donde el demandado, al intentar el levantamiento del secuestro, reconoci\u00f3 que se trata del mismo bien. <\/p>\n
Y en cuanto al dominio, tema tambi\u00e9n disputado por el impugnante, destac\u00f3 que los t\u00edtulos tra\u00eddos al proceso, tanto el que refiere la daci\u00f3n en pago por la cual lo adquiri\u00f3 el actor como el que da cuenta de la forma en que lo hubo su antecesora, a prop\u00f3sito debidamente inscritos en el registro competente seg\u00fan lo constata el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, lo acreditan, desvirtuando de paso la presunci\u00f3n de dominio en cabeza del poseedor. <\/p>\n
Al remate, cuanto a las restituciones mutuas, tema que examin\u00f3 oficiosamente, anot\u00f3 que si bien el demandado las aleg\u00f3 en aquel ejecutivo al intentar el levantamiento de la medida, \u201cla realidad es que no es posible, en caso de existir, reconocerlas por su valor y atendiendo la condici\u00f3n de poseedor de buena o mala fe, porque, en primer lugar, al no contestar la demanda por esta v\u00eda el demandado perdi\u00f3 la oportunidad de especificarlas, y de otra, dej\u00f3 pasar el traslado del dictamen pericial sin objeci\u00f3n, condici\u00f3n que permiti\u00f3 su aprobaci\u00f3n por parte del juzgado\u201d. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
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Cuatro cargos se han formulado, el primero bajo la \u00e9gida de la causal quinta de casaci\u00f3n y los restantes de la primera, los cuales se despachar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Dice el censor que se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 60 de dicho estatuto en relaci\u00f3n con las personas que deben citarse al proceso a la muerte de una de las partes, cual aconteci\u00f3 con el del actor. <\/p>\n
La nulidad, que puede invocar porque la causal quinta de casaci\u00f3n est\u00e1 concebida para denunciar esta clase de deficiencias, se configur\u00f3 en cuanto que dicho mandato hab\u00eda de cumplirse por tratarse de una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico, no ha sido saneada, raz\u00f3n de m\u00e1s para entender que se halla habilitado para proponerla o, en su defecto, para que la Corte la declare de oficio. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Repetido ha sido el criterio jurisprudencial que se\u00f1ala c\u00f3mo el problema de las nulidades procesales consagradas en la legislaci\u00f3n es, por regla general, asunto que, en \u00faltimas, s\u00f3lo concierne a la parte perjudicada con la actuaci\u00f3n defectuosa, la cual por ello tiene en sus manos la posibilidad, ya de alegar el vicio con miras a que se reponga ese proceder, ya de refrendar expresa o t\u00e1citamente lo actuado, en el \u00faltimo evento, por ejemplo, porque no pare mientes en la irregularidad y en consecuencia no reclame oportunamente. <\/p>\n
Con estribo en ese particular car\u00e1cter viene afirm\u00e1ndose que, miradas m\u00e1s como f\u00f3rmula de reparaci\u00f3n que como sanci\u00f3n y atendido su marcado cariz preventivo, las nulidades obedecen a unos ciertos y determinados principios que las justifican y sustentan; h\u00e1blase as\u00ed de los postulados de especificidad, convalidaci\u00f3n y protecci\u00f3n, el \u00faltimo de los cuales, en cuanto es el que interesa al caso, ha sido consagrado con el fin de resguardar a la parte cuyo derecho fue cercenado por causa de la irregularidad. <\/p>\n
As\u00ed entendidas las cosas, es claro entonces que \u201csiempre que se hable de nulidad es preciso suponer una parte agraviada con el vicio. No hay nulidad, como ocurre con los recursos, sin inter\u00e9s, traducido principalmente en el perjuicio irrogado a quien lo invoca. Si, por tanto, la desviaci\u00f3n procesal existe pero no es perniciosa para ninguna de las partes, no se justifica decretar la nulidad\u201d (G.J. t. CCXXIV, sent. de 14 de febrero de 1995, p\u00e1g. 179). <\/p>\n
Esto, como se sabe, explica la exigencia que el art\u00edculo 143 del estatuto procesal civil impone a quien aduce la nulidad, de indicar \u201csu inter\u00e9s para proponerla\u201d; preceptiva que dio lugar a que la jurisprudencia hiciera \u00e9nfasis en que \u201ccuando el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 155 [hoy 143] alude al inter\u00e9s (del verbo interesse) para la proposici\u00f3n de la nulidad, define el punto con toda exactitud porque, b\u00e1sicamente, de lo que se trata es de saber en frente de cu\u00e1l de las partes del proceso es que media el hecho an\u00f3malo, y, por ende, a qui\u00e9n perjudica\u201d (cas. civ. Sent. de 4 de febrero de 1987). <\/p>\n
Y en sentencia de revisi\u00f3n de 12 de junio de 1997 puntualizara que \u201cla nulidad s\u00f3lo puede alegarse por la parte afectada con ello. Postulado que cubre por igual cualquiera que fuere la causal\u201d, cuesti\u00f3n sobre la cual cabe agregar todav\u00eda que el legislador, cuanto a la nulidad \u201cpor indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, -estableci\u00f3 que- s\u00f3lo puede alegarse por la persona afectada\u201d (Subraya la Sala), corroborando as\u00ed el criterio jurisprudencial memorado. <\/p>\n
Ahora, de la aplicaci\u00f3n de lo anterior al asunto surge con toda evidencia que el recurrente, muy a pesar de sus razones, enderezadas a demostrar que puede como demandado propender por la nulidad que afecta a la parte actora, carece de inter\u00e9s para hacerlo; b\u00e1sicamente por cuanto, si, como es cierto, los curadores conjuntos del actor fueron a la vez su c\u00f3nyuge y uno de sus herederos, calidad a que aluden los pronunciamientos de primera y segunda instancia en que se decret\u00f3 la interdicci\u00f3n y les fue encomendada esa curadur\u00eda (fols. 210 y siguientes del cuaderno 1), y fueron ellos quienes incoaron la demanda, ning\u00fan agravio puede entonces sobrevenir al extremo activo del litigio con causa en la falta de citaci\u00f3n denunciada en el cargo; pues es menester insistir en que, \u201cen tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, \u00e9sta no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para impetrar la nulidad. Ocurre lo que con los recursos: sin menoscabo no hay inter\u00e9s para formularlos. Y, menos a\u00fan, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el proceso\u201d (G.J. t. CCXVI, sent. de 8 de mayo de 1992 p\u00e1g. 315, reiterada en sent. de 17 de febrero de 2003, exp. 7509). <\/p>\n
De otro lado, obs\u00e9rvase que no s\u00f3lo carece de inter\u00e9s el demandado para asumir la vocer\u00eda de la parte demandante y alegar los vicios que a \u00e9sta puedan llegar a afectarla y que por ende s\u00f3lo a ella incumben, sino que, por si no fuese poco, a la c\u00f3nyuge y a los herederos, incluso los dem\u00e1s hijos del causante que no intervinieron en el proceso, ning\u00fan perjuicio pudo ocasionar la decisi\u00f3n impugnada, como que mediante ella se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ya en cuanto se refiere a la petici\u00f3n postrera del cargo, donde pide que la Corte declare oficiosamente la nulidad, am\u00e9n de que la nulidad que tiene estribo en lo previsto en el numeral 9\u00b0 no es insaneable, en cuanto que, seg\u00fan lo explic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 8 de mayo de 1992, \u201cjam\u00e1s se ha predicado la insaneabilidad en el punto, por el contrario, el concepto es y ha sido un\u00e1nime para entender, sin asomo alguno de vacilaci\u00f3n, que se trata de una nulidad esencialmente saneable, como que es precisamente un motivo anulatorio que mira m\u00e1s bien al inter\u00e9s del indebidamente notificado\u201d, car\u00e1cter ese, el de lo improrrogable de la nulidad, que descarta todo decreto oficioso, precisamente porque en principio es soberana la parte afectada, seg\u00fan viene de analizarse. <\/p>\n
Sea lo anterior suficiente para descartar la prosperidad del cargo. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por indebida aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 946, 947, 948, 949, 950 952, 953, 954, 957, 959, 961, 962, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 762, 763, 746, 765, 771 a 780, 786, 792, del c\u00f3digo civil en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 174, 175, 177, 180, 187, 233, 237, 240, 246, 251, 252, 258, 264 del c\u00f3digo de procedimiento civil a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
A intento de demostrarlo refiere las pruebas del litigio, diciendo que el tribunal dej\u00f3 de apreciar todo ese acervo, donde puede constatarse que el proceso da cuenta de cinco descripciones distintas del bien reivindicado, de modo que, ante ese panorama, no es posible predicar identidad entre el bien perseguido y la cosa pose\u00edda por el demandado. <\/p>\n
As\u00ed, la escritura en virtud de la cual Jos\u00e9 Antonio Vanegas Rivera se hizo al dominio, da cuenta de una identificaci\u00f3n que difiere de la que consign\u00f3 la demanda en la pretensi\u00f3n 1.1., en particular porque al describirlo agrega una nomenclatura que no figura en el t\u00edtulo, esto es, la n\u00famero 48-56 de la carrera 13. <\/p>\n
La subsanaci\u00f3n, de otro lado, agrega en torno a la descripci\u00f3n que se trata de dos plantas, de los locales distinguidos con los n\u00fameros 48-54, 48-56 y 48-60 de la carrera 13, y del local-bodega cuya nomenclatura es la 48-60 de 400 mts2, y la inspecci\u00f3n, que constat\u00f3 que la placa oficial de identificaci\u00f3n es la 48-58, muestra que en relaci\u00f3n con el lindero oriente hay un espacio en blanco que no se pudo verificar, que existen cuatro placas de identificaci\u00f3n correspondientes a dos locales, un port\u00f3n doble que da acceso a la segunda planta y otro port\u00f3n de garaje cuyo ocupante es arrendatario del demandado. La segunda planta consta de la escalera y un apartamento con tres habitaciones al frente, un corredor, ba\u00f1o, y cinco habitaciones m\u00e1s, de ellas cuatro al fondo destinadas a un taller de tejidos. <\/p>\n
Y la prueba pericial incluye en la descripci\u00f3n nomenclaturas diferentes a la del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, agrega unas que no posee y describe cuatro locales en el primer piso y un segundo piso destinado a habitaci\u00f3n familiar, sin especificar el \u00e1rea total del predio. <\/p>\n
El tribunal, en ese orden, no tuvo en cuenta los anotados medios de prueba para esclarecer el punto atinente a la identidad, sin reparar en que el dictamen est\u00e1 desfasado, pues no describe el mismo predio a que aluden las pretensiones ni el que refiere el titulo de adquisici\u00f3n. Son descripciones \u201cdivergentes esencialmente frente al n\u00famero de locales y n\u00famero de pisos e instalaciones, y la \u00fanica nomenclatura legal debidamente demostrada es la de Cra. 13 N\u00b0 48-60 que aparece en la escritura (\u2026) pero no existe prueba alguna proveniente de autoridad competente que diga que la nomenclatura es otra diferente\u201d. <\/p>\n
La inspecci\u00f3n y los peritos determinaron que el demandado posee instalaciones \u201cdiferentes a las imputadas en la demanda introductoria. As\u00ed por ejemplo, no aparece como poseedor de todo el segundo piso, porque all\u00ed aparecen diferentes instalaciones, cuya posesi\u00f3n o tenencia no aparece demostrada qui\u00e9n la ejerce\u201d. <\/p>\n
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Consideraciones <\/p>\n
Interpretada toda la acusaci\u00f3n, bien puede decirse que \u00e9sta se reduce a un \u00fanico planteamiento, consistente en que las muchas nomenclaturas de un inmueble, en particular cuando todas no tienen car\u00e1cter \u201coficial\u201d, impiden su identificaci\u00f3n; en eso y en nada m\u00e1s se finca la acusaci\u00f3n, desde luego que los dem\u00e1s reparos que enfilados vienen en el cargo no tienen otro fin que el de reforzar ese argumento medular del mismo. <\/p>\n
Lo propio es, entonces, comenzar averiguando qu\u00e9 tanta verdad hay en ese aserto; y la respuesta que de inmediato surge al punto es que lo de la nomenclatura, como ha tenido oportunidad de expresarlo esta Corporaci\u00f3n, no resulta definitivo en ese prop\u00f3sito; constituye apenas uno de los medios de utilidad para la identificaci\u00f3n de los bienes ra\u00edces, desde luego que cosas como sus linderos, cabida, colindantes y, en general, su ubicaci\u00f3n constituyen fuente apreciable cuando tal pesquisa se aborda. <\/p>\n
Algo por lo dem\u00e1s obvio, si en la cuenta se tiene que los linderos, la nomenclatura y los conlindantes de una heredad pueden de un momento a otro cambiar a causa de segregaciones, variaci\u00f3n en nomenclatura y calles, la mutaci\u00f3n de colindantes, etc.; de ah\u00ed que la Corte venga explicando que a la identificaci\u00f3n de una heredad \u201cbasta que razonablemente se trate del mismo predio con sus caracter\u00edsticas fundamentales\u201d, asunto, entonces, en que no es \u201cde rigor que los linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el terreno; o que la medici\u00f3n acuse exactamente la superficie que los t\u00edtulos declaran; o que haya coincidencia matem\u00e1tica en todos y cada uno de los pormenores por examinar\u201d (Cas Civ. de 11 de junio de 1965 CXI, 155 y 25 de noviembre de 1993, sin publicar). <\/p>\n
Ahora, como se advierte del resumen del cargo, la confusi\u00f3n a que alude el mismo estriba en que, a criterio del recurrente, de pronto el bien identificado por el tribunal result\u00f3 ser un inmueble distinto al que refieren los t\u00edtulos; en sus palabras, \u201cel bien que consigna la escritura y que luego de manera divergente presenta la demanda y que se imputa como pose\u00eddo por el demandado, no es el mismo que posee el extremo pasivo\u201d; y con el fin de demostrar eso, arrostra las pruebas en que tom\u00f3 apoyo el fallo para establecer la identidad, resaltando que si la demanda y las pruebas refieren m\u00faltiples descripciones del inmueble, mal pod\u00eda el juzgador predicar la concurrencia del mentado requisito. <\/p>\n
Mas, bien visto ese alegato, solamente dudas se exponen en \u00e9l a efectos de intentar la demostraci\u00f3n, y no propiamente para echar a pique lo de la identidad, cual fue entendida por el tribunal, sino resaltando un conjunto de circunstancias que, a juicio del censor, crean tal grado de confusi\u00f3n que no autorizan a sostener que hay exactitud entre el bien pretendido y el que viene poseyendo, haciendo caso omiso de que no es as\u00ed, sembrando dudas, como se triunfa en casaci\u00f3n; ya la Corte tiene dicho antes de ahora muchas veces, entre ellas en sentencias de 21 de octubre de 1995 y 20 de abril de 2001, expediente 6014, \u201cla duda jam\u00e1s ser\u00eda apoyo razonable para desconocer los poderes del sentenciador, cuyo fallo se entiende estar ajustado a derecho\u201d; y en realidad que nada m\u00e1s descubren las dicha cr\u00edticas, porque nada quita ni pone en torno a la cuestionada identidad que el bien tenga distintas nomenclaturas, incluso alguna o algunas que no sean \u201coficiales\u201d, para decirlo en los t\u00e9rminos del impugnador, pues siempre tendr\u00e1 encima eso de que el inmueble coincide en sus linderos generales con el que describe la demanda y los t\u00edtulos que se acompa\u00f1aron a \u00e9sta con el fin de acreditar el dominio. <\/p>\n
El trasunto de todo lo dicho deja entrever que la censura se vale de variados razonamientos que en el mejor de los casos crea algunas vacilaciones en derredor de la identificaci\u00f3n del bien, las que, ni miradas en conjunto ni cada una por s\u00ed ofrecen la evidencia que en casaci\u00f3n se requiere para quebrar un fallo, pues que la labor en este recurso no es tanto demostrar que hay imprecisi\u00f3n de mayor o menor catadura, como en demostrar que jam\u00e1s pudo concluir el tribunal que ese era el bien litigado y no otro diferente; de no, f\u00e1cilmente se confundir\u00eda el recurso de casaci\u00f3n con un alegato de instancia, asunto donde bien cabe recordar, como de manera constante lo tiene dicho la doctrina jurisprudencial, que \u201cla falta de exactitud plena en algunos elementos identificatorios del inmueble no dan al traste con el requisito de la identidad, si es que, de otra parte, se tiene la persuasi\u00f3n fundada de que el predio no puede confundirse con otro\u201d (cas. civ. sent. de 7 de junio de 2002, expediente 7240). <\/p>\n
Por supuesto, si el dictamen y la inspecci\u00f3n indican que el aserto del tribunal no es arbitrario, pues en el fondo su objeto tuvo en mira determinar esa identidad, \u00bfc\u00f3mo entonces tachar de contraevidente al juzgador si la materialidad de esas pruebas no desdice de la convicci\u00f3n que en ellas encontr\u00f3 y, por el contrario, deja ver conformidad de parte del demandado con las conclusiones que una y otra probanza arrojaron?; mem\u00f3rase, evidentemente, la ri\u00f1a que endereza el impugnador contra \u00e9stas es cuando menos sorpresiva, si se mira su fin, toda vez que en el decurso de las instancias, ni aun en la apelaci\u00f3n, vino protesta de \u00e9l tendiente a devastar la eventual fuerza persuasiva que el juzgador pudiera encontrar en estas pruebas. <\/p>\n
El otro punto que aborda la censura, ya para finalizar, es el alusivo a la interpretaci\u00f3n que hizo el tribunal a las palabras que expres\u00f3 en el proceso ejecutivo mencionado al tratar de obtener el levantamiento de la medida cautelar trabada sobre el bien, acerca de las cuales, dice, tuvieron por fin hacer ver la \u201cconfusi\u00f3n y pluralidad de nomenclaturas\u201d; pero, es palmar, am\u00e9n de lo intrascendente que resulta ese problema en la averiguaci\u00f3n de la identidad, pues su prop\u00f3sito en nada dista de las otras querellas contenidas en el cargo, inanes, seg\u00fan se dej\u00f3 rese\u00f1ado, dicho alegato no comporta m\u00e1s que una afirmaci\u00f3n sin ning\u00fan soporte, ajena a la labor de demostraci\u00f3n que incumbe en casaci\u00f3n, insuficiente por supuesto para determinar la presencia de un yerro en la apreciaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
Para expresarlo en pocas palabras, acaso m\u00e1s elocuentes, si el recurrente alega tras de todo ello que el bien es diferente al que posee, no parece que en casaci\u00f3n le bastase con atizar el desconcierto y la duda, pues en tal caso se quedar\u00eda sin demostrar que no es el bien reivindicado. Por las caracter\u00edsticas de su alegaci\u00f3n, su tarea de casacionista no se agota sino en cuanto demuestre el aserto que propone, manera \u00fanica de haber ver que el tribunal tom\u00f3 una cosa por otra y cay\u00f3 as\u00ed en contraevidencia. Su fin no es poner a dudara la Corte, sino persuadirla de c\u00f3mo, por ning\u00fan motivo, es de atender lo del tribunal. <\/p>\n
Resta s\u00f3lo decir, entonces, que no progresa la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Acusa el quebrantamiento indirecto, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 946, 950, 952, 961, 964 y 969 del c\u00f3digo civil, as\u00ed como de los art\u00edculos 256 y 265 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y 43 a 53 del decreto 1250 de 1970, como consecuencia de errores de derecho en la contemplaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Lo desarrolla afirmando que el tribunal cay\u00f3 en el yerro denunciado en la apreciaci\u00f3n de las escrituras mediante las cuales se pretendi\u00f3 acreditar el dominio del demandante, as\u00ed como el certificado de tradici\u00f3n, pues al no contar con la atestaci\u00f3n de haberse efectuado su inscripci\u00f3n en el registro competente, las escrituras carecen de \u201cefectos probatorios\u201d a t\u00e9rminos del art\u00edculo 256 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
El certificado de tradici\u00f3n, por su lado, tal como lo reliev\u00f3 la Corte en fallo de 8 de abril de 1983, no suple la deficiencia de las escrituras, pues no constituye prueba del dominio. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, como es del todo evidente, tiene como supuesto un equivocado entendimiento del criterio que la doctrina jurisprudencial tiene sentado sobre el punto, en particular de lo expresado el fallo de 8 de abril de 1983, situaci\u00f3n que conduce a su fracaso. <\/p>\n
Y as\u00ed resulta, porque si bien el dominio es asunto a cuya demostraci\u00f3n debe concurrir tanto el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n como la prueba de que fue inscrito en el registro competente, esto es, la escritura p\u00fablica y la nota de registro, tesis que a prop\u00f3sito es la expuesta por la Corte en la sentencia a que alude el impugnador, ello no traduce desde ning\u00fan punto de vista, como lo pretende hacer ver el impugnador, que la dicha constancia deba aparecer indefectiblemente en el t\u00edtulo, desde luego que una carencia de tenor semejante jam\u00e1s podr\u00eda conducir a sostener que la tradici\u00f3n no haya operado, si es que, de otra parte, como lo ha puntualizado tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n, \u201chay evidencia de que de ella ya se tom\u00f3 nota en el registro inmobiliario, y as\u00ed aparece en el documento id\u00f3neo para ello como es el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos\u201d (G.J. t. CCXXXVII, sent. de 2 de octubre de 1995, exp. 4493, p\u00e1g. 937). <\/p>\n
En otra oportunidad dijo al caso la Corte: \u201cEs evidente que la copia escrituraria mencionada no ostenta la respectiva diligencia donde conste su inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro, pero la parte actora trajo a los autos en su oportunidad el certificado expedido por el Registrador del Circuito respectivo donde se deja clara constancia de que la escritura hipotecaria (…) fue inscrita en aquella oficina (…). Y esta Corte, en su sentencia de casaci\u00f3n de 31 de marzo de 1919 previ\u00f3 ya este caso cuando dijo: \u2018Si bien el art\u00edculo 2669 del C\u00f3digo Civil previene que la nota de registro se ponga al pie del t\u00edtulo, de ah\u00ed no se sigue que caso de omitirse por cualquier causa esta formalidad, est\u00e9 vedado obtener en otra ocasi\u00f3n y por otro camino el certificado del Registrador. Como acto de tradici\u00f3n lo esencial es el registro, y como prueba el testimonio oficial y escrito del Registrador\u2019\u201d (LVI, p. 142). <\/p>\n
Entonces, si, como aqu\u00ed, ninguna de las escrituras arrimadas al proceso cuenta con la anotaci\u00f3n en el registro, pero, en todo caso, tanto la 1427 de 30 de abril de 1990 corrida en la notar\u00eda 32 de esta ciudad, en virtud de la cual el demandante adquiri\u00f3 el dominio del bien reivindicado, como la otra, la 2068 de 3 de diciembre de 1986, por la que su tradente lo hubo a su vez de la sociedad Montoya y Gonz\u00e1lez Asesores de Ingenier\u00eda Ltda. (anotaciones 010 y 011 del correspondiente certificado visible a folios 3 y 4 del cuaderno 1) figuran cabalmente inscritas, cual en \u00faltimas lo acepta el impugnador, el ataque carece de asidero. <\/p>\n
El cargo, subsecuentemente, no se abre paso. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
T\u00edldase la sentencia de violar en forma indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 13, 58 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 965, 966 y 970 del c\u00f3digo civil, en concordancia con el 8\u00b0 de la ley 153 de 1887, a causa de errores f\u00e1cticos en la contemplaci\u00f3n de pruebas al rehusar el reconocimiento de mejoras. <\/p>\n
En su despliegue se\u00f1ala que al imponerle el pago de los frutos y, en contrapartida, negarle las mejoras, el tribunal desconoci\u00f3 el principio de igualdad, teniendo adem\u00e1s por demostrado, sin estarlo, que al no haber contestado la demanda ni objetado el dictamen pericial carec\u00eda del derecho a su reconocimiento. <\/p>\n
El juzgador, dice, no puede ser un sujeto pasivo del proceso, expectante de la actuaci\u00f3n de las partes, sin ejercicio de control y de poderes oficiosos; a \u00e9l incumbe, dado su papel protag\u00f3nico en el Estado Social y Constitucional de Derecho, establecer la verdad, por modo que debi\u00f3 reparar en la confesi\u00f3n contenida en el punto 2.11 de la demanda, donde expresa que el demandado hizo mejoras, as\u00ed como que al intentar el levantamiento del secuestro del bien en el mentado proceso ejecutivo, hizo la discriminaci\u00f3n que echa de menos el tribunal, cual lo demuestran las copias de dicho proceso. <\/p>\n
Y cuanto al dictamen, es claro que \u00e9ste no habl\u00f3 de mejoras; se ci\u00f1\u00f3 a los cuatro puntos se\u00f1alados en la inspecci\u00f3n judicial, en la que \u201csaltaban diferencias estructurales que infer\u00edan necesariamente que el extremo pasivo hab\u00eda hecho modificaciones sustanciales plantando mejoras\u201d, situaci\u00f3n que en \u00faltimas gener\u00f3 una iniquidad, permitiendo un enriquecimiento indebido del propietario, tanto m\u00e1s si los art\u00edculos 965 y 970 del c\u00f3digo civil, establecen unas reglas a seguir en torno al abono de las expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n de la cosa por el poseedor. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La lectura del fallo del tribunal deja ver que no es que \u00e9ste hubiese exigido la alegaci\u00f3n de las mejoras; tanto que dijo que se dedicar\u00eda de oficio a su estudio; de ah\u00ed que parezca hasta injusto tachar al juzgador por haber procedido con un criterio enteramente dispositivo. <\/p>\n
Para el tribunal fue otro el obst\u00e1culo. La falta de especificaci\u00f3n de las mejoras, aunque agreg\u00f3 tambi\u00e9n, haber dejado pasar el traslado del dictamen. <\/p>\n
Dejando de lado esta \u00faltima consideraci\u00f3n, aspecto en que le cabr\u00eda raz\u00f3n al recurrente, en cuanto que el dictamen no habl\u00f3 de mejoras, y fijando la vista no m\u00e1s que en la primera, dice el censor que si aquellas estaban especificadas en el libelo incidental que propuso buscando el levantamiento del secuestro en el proceso ejecutivo de que da cuenta la actuaci\u00f3n, lo primero por destacar a esto es que el tribunal no dej\u00f3 de ver el escrito en cuesti\u00f3n; todo lo contrario, si se aplic\u00f3 de oficio, como lo resalt\u00f3, a escrutar el punto, fue porque en mira tuvo ese escrito, donde proclam\u00e1ndose poseedor del bien Montoya Olarte vino discriminando mejoras, lo cual, de entrada, torna injustificado el yerro que en el punto le endilga la censura. <\/p>\n
Ya desde otro \u00e1ngulo, por supuesto que se trata de una simple afirmaci\u00f3n hecha en el citado escrito, no podr\u00eda \u00e9sta tener todo el poder probatorio al que aspira el demandado ahora, por supuesto que las afirmaciones de parte est\u00e1n sujetas a demostraci\u00f3n dentro del juego probatorio de un proceso. <\/p>\n
M\u00e1s el\u00edpticamente: el demandado dice que \u00e9l afirm\u00f3 las mejoras, pero omite se\u00f1alar d\u00f3nde y c\u00f3mo las prob\u00f3; tanto que ni siquiera se atreve a se\u00f1alar d\u00f3nde est\u00e1n esas pruebas, labor que por lo dem\u00e1s incumbe a un casacionista; y si bien es verdad que el juzgador no par\u00f3 mientes en la confesi\u00f3n que vino al respecto en la demanda, donde, ciertamente, el actor reconoci\u00f3 que Montoya realiz\u00f3 algunas obras en el inmueble, es tambi\u00e9n evidente que el hecho en cuesti\u00f3n tampoco da cuenta de su especificaci\u00f3n, la misma que ech\u00f3 de ver el sentenciador a la hora de escrutar el punto y que, como se sabe, lo condujo a denegar su reconocimiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tampoco este cargo florece. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Costas a cargo del impugnante. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-229-2005 [1997-19078-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 1997-19078-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83060","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}