SC-231-2005 [1100131030321998-13220-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., respecto de la sentencia de 12 de julio de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Ecopetrol contra la recurrente. Mar\u00eda Rosalba Moncada Bedoya contra la sentencia de 4 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso ordinario de la recurrente contra Luis Enrique Garc\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTESS <\/p>\n
1.- El libelo que origin\u00f3 el proceso cuenta que la demandante, en calidad de contratante, y la Soci\u00e9t\u00e9 Auxiliaire D\u2019entreprises, SAE, como contratista, suscribieron un contrato para la construcci\u00f3n en tuber\u00eda enterrada de un oleoducto. <\/p>\n
El 2 de diciembre de 1986, la contratista, en calidad de tomador, adquiri\u00f3 de Seguros del Caribe S. A., hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., siendo asegurado y beneficiario la demandante, la p\u00f3liza de cumplimiento 22569, con vigencia hasta el 11 de mayo de 1992, seg\u00fan pr\u00f3rrogas sucesivas, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surgieran por reclamaciones de los trabajadores vinculados a dicho contrato. <\/p>\n
La demandante, condenada en un proceso laboral originado en el citado contrato, solidariamente con la contratista, pag\u00f3 el valor de la condena y las costas causadas, pero la aseguradora, pese a la reclamaci\u00f3n efectuada, no ha cancelado el valor de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Con base en los anteriores hechos, la demandante solicit\u00f3 que se declarara que la demandada incumpli\u00f3 las obligaciones derivadas del contrato de seguro de cumplimiento, y que como consecuencia se le condenara a pagar el valor de las sentencias laborales, el cual determina, con los intereses moratorios comerciales. <\/p>\n
3.- La aseguradora se opuso a las pretensiones, a cuyo efecto formul\u00f3 las excepciones que nomin\u00f3 prescripci\u00f3n, inexigibilidad de la obligaci\u00f3n y compensaci\u00f3n, fundadas, la primera, en que desde la fecha de expiraci\u00f3n del amparo, 11 de mayo de 1992, hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, 13 de enero de 1998, transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo de las acciones derivadas del contrato de seguro; la segunda, en que constituido un fondo con dineros de la contratista para pagar las reclamaciones laborales, la demandante se comprometi\u00f3 a cubrir la condena laboral con esos dineros; y la tercera, en que la demandante es deudora de la Soci\u00e9t\u00e9 Auxiliaire D\u2019entrepises, SAE, de los dineros consignados en el citado fondo. <\/p>\n
4.- El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 17 de julio de 2000, declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, no as\u00ed las dem\u00e1s, en consideraci\u00f3n a que desde la ocurrencia del siniestro, la notificaci\u00f3n de la sentencia de condena laboral de segunda instancia, 21 de abril de 1995, \u201ca m\u00e1s tardar con su ejecutoria\u201d, que no de la de casaci\u00f3n, 25 de septiembre de 1996, hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, 13 de enero de 1998, hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino extintivo de dos a\u00f1os. <\/p>\n
5.- Apelada la anterior decisi\u00f3n por la demandante, el superior la revoc\u00f3 en su integridad, para en su lugar acceder a las pretensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Sentada la existencia del contrato de seguro de cumplimiento, luego de referido su marco te\u00f3rico, as\u00ed como los requisitos que acreditaban el derecho de la demandante, el Tribunal ocup\u00f3 su atenci\u00f3n al estudio de las excepciones. <\/p>\n
Tal \u00e9poca, entonces, se establec\u00eda por el fallo de casaci\u00f3n laboral de 25 de septiembre de 1996, que al fin de cuentas fue el que afect\u00f3 el patrimonio de la entidad demandante por el incumplimiento de las acreencias laborales de su contratista. \u201cY es que es a partir de la fecha de la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia y no de la del Tribunal, por cuanto el recurso de casaci\u00f3n en materia laboral se surte en el efecto suspensivo y por consiguiente la ejecutoria del fallo no se adquiere sino una vez resuelto el aludido recurso extraordinario\u201d. <\/p>\n
En esas circunstancias, como desde la aludida fecha, hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, 13 de enero de 1998, no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os para que se configurara la prescripci\u00f3n ordinaria, mucho menos la extraordinaria, la defensa estaba llamada al fracaso. <\/p>\n
3.- La excepci\u00f3n de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n, igualmente resultaba impr\u00f3spera, porque el fondo que se cre\u00f3 entre Ecopetrol y la Soci\u00e9t\u00e9 Auxiliaire D\u2019entrepises, SAE, era para pagar reclamaciones laborales de los empleados enlistados en el acta de constituci\u00f3n, entre los cuales no aparec\u00eda el trabajador beneficiado con la condena, cuya acreencia estaba garantizada con el seguro de cumplimiento, como se pact\u00f3, y lo declar\u00f3, inclusive, el apoderado general de la contratista. <\/p>\n
Es cierto que Ecopetrol acept\u00f3 la posibilidad de pagar el valor de esa condena laboral con dineros del fondo, pero condicionado a que el representante del contratista lo autorizara. Esto, empero, no aparece acreditado, y la misma apoderada general lo descarta en comunicaci\u00f3n incorporada en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada. <\/p>\n
Tampoco pod\u00eda exigirse el acto administrativo declarando el riesgo amparado para que surgiera la obligaci\u00f3n, porque conforme a la cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales del contrato de seguro, \u201ctal regulaci\u00f3n contractual apuntaba a la declaraci\u00f3n unilateral o administrativa del siniestro por parte de la entidad estatal y no puede extenderse al evento en que el siniestro devenga de una decisi\u00f3n judicial que declare el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y que suponga un detrimento patrimonial para la administraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4.- En cuanto a la compensaci\u00f3n, el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda reparo \u201cfrente a lo manifestado por el juez de conocimiento en el sentido de que ella no se abre paso en tanto no existen obligaciones exigibles, l\u00edquidas y rec\u00edprocas entre el demandante y la aseguradora demandada\u201d. <\/p>\n
5.- Al no prosperar las excepciones, el Tribunal conden\u00f3 a la demandada a cancelar a la demandante la cantidad que \u00e9sta pag\u00f3 como consecuencia de las sentencias laborales, con los respectivos intereses moratorios comerciales a partir del mes siguiente a cuando se hizo la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los dos cargos propuestos se resolver\u00e1n en el mismo orden por ser el que l\u00f3gicamente corresponde. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d de los art\u00edculos 1602 del C\u00f3digo Civil, 1054, 1072, 1081 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio, al inaplicar la cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales del seguro de cumplimiento, estipulaci\u00f3n que es la misma establecida en el art\u00edculo 2\u00ba, cl\u00e1usula sexta, de la Resoluci\u00f3n 010500 de 5 de marzo de 1984 de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2.- Manifiesta la recurrente que en la referida cl\u00e1usula del contrato de seguro de cumplimiento, las partes convinieron que el siniestro se consideraba ocurrido cuando quedara ejecutoriado el acto administrativo que lo declarara. <\/p>\n
En el art\u00edculo y cl\u00e1usula de la resoluci\u00f3n citada, mediante el cual el organismo de control reglament\u00f3 las garant\u00edas que otorgar\u00edan las compa\u00f1\u00edas de seguros a favor de entidades oficiales, estableci\u00f3 que el riesgo se comprend\u00eda causado con la \u201cejecutoria del acto administrativo\u201d que lo materializara. <\/p>\n
El sentenciador, por lo tanto, se equivoc\u00f3 al considerar que el siniestro del seguro de cumplimiento hab\u00eda ocurrido el 25 de septiembre de 1996, cuando se profiri\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n laboral en el proceso que se adelant\u00f3 contra la demandante y la contratista, cuando el riesgo asegurable no se encontraba sujeto a controversia o eventualidad alguna. <\/p>\n
4.- Concluye el recurrente que si el Tribunal no incurre en los errores denunciados, habr\u00eda encontrado que el siniestro nunca se materializ\u00f3 porque no exist\u00eda el acto jur\u00eddico requerido por la p\u00f3liza, caso en el cual la excepci\u00f3n de \u201cinexigibilidad de la obligaci\u00f3n\u201d ten\u00eda que prosperar, o bien que el siniestro lo constitu\u00eda la reclamaci\u00f3n del trabajador una vez terminada la relaci\u00f3n laboral, en todo caso antes del 25 de marzo de 1994, fecha de la sentencia de primera instancia, circunstancia que llevar\u00eda a declarar fundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo denuncia la violaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d de algunas disposiciones legales, pero una interpretaci\u00f3n razonable que no ri\u00f1e contra su objetividad, permite vislumbrar que los errores que se singularizan son t\u00edpicamente de hecho, porque la discrepancia del recurrente con el Tribunal no gira alrededor de la existencia, validez, alcance o significado de un precepto legal sustantivo1, que son los casos en que es predicable esa clase de trasgresi\u00f3n, sino respecto de la apreciaci\u00f3n del contrato de seguro de cumplimiento, espec\u00edficamente de la cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales, en cuanto a la fecha del siniestro. <\/p>\n
2.- Los errores de hecho, empero, no existen, porque si el Tribunal no aplic\u00f3 la citada cl\u00e1usula, su estructuraci\u00f3n, con las caracter\u00edsticas de manifiestos y trascendentes, devendr\u00eda de no haber percatado que las partes hab\u00edan estipulado que, con independencia de cualquier circunstancia, inclusive de demandas judiciales por reclamaciones laborales, el riesgo amparado se entend\u00eda ocurrido con la expedici\u00f3n del acto administrativo que lo declaraba. <\/p>\n
El sentenciador, desde luego, tuvo en cuenta el contenido de la cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales de la p\u00f3liza de seguro, porque a la misma se refiri\u00f3 expresamente cuando se\u00f1al\u00f3 que la \u201cresoluci\u00f3n administrativa que declarara la realizaci\u00f3n del riesgo amparado (cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales del contrato de seguro)\u201d, no aplicaba al caso dado que la \u201cregulaci\u00f3n contractual apuntaba a la declaraci\u00f3n unilateral o administrativa del siniestro por parte de la entidad estatal y no puede extenderse al evento en que el siniestro devenga de una decisi\u00f3n judicial que declare el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y que suponga un detrimento patrimonial para la administraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Distinto es que el Tribunal no le haya dado a esa cl\u00e1usula el alcance que propugna el recurrente. Por supuesto que si la estipulaci\u00f3n en comento no gobernaba \u00fanicamente la \u201cdeclaraci\u00f3n unilateral o administrativa del siniestro\u201d, como se concluy\u00f3 en la sentencia, sino tambi\u00e9n el siniestro proveniente del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista para con sus empleados, inclusive con independencia de que se hubieren demandado judicialmente, el recurrente debi\u00f3 enfrentar esa interpretaci\u00f3n, que a la postre se constitu\u00eda en el fundamento toral de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Pero como se limit\u00f3 a denunciar que el sentenciador inaplic\u00f3 dicha cl\u00e1usula, cuesti\u00f3n que como se vio no es cierta, y dej\u00f3 al margen del ataque la interpretaci\u00f3n a que se hizo referencia, esto ser\u00eda suficiente para el fracaso del cargo. Por supuesto que a la Corte le est\u00e1 vedado investigar de oficio si es acertada o no la conclusi\u00f3n, debido a que el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso de casaci\u00f3n le impone la obligaci\u00f3n de transitar \u00fanicamente por el sendero que le ha fijado precedentemente el recurrente en la demanda presentada para sustentarlo, sin que le sea permitido suplirlo o complementarlo. <\/p>\n
Bien se sabe que como la hermen\u00e9utica contractual corresponde a la discreta autonom\u00eda del juzgador de instancia, la interpretaci\u00f3n que \u00e9ste haga del contrato, se torna invariable en casaci\u00f3n, a menos que aparezca de modo \u201cmanifiesto en los autos que el sentenciador en su apreciaci\u00f3n incurri\u00f3 en un ostensible error de hecho\u201d2. <\/p>\n
3.- El cargo, en consecuencia, sin m\u00e1s, no se abre paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
2.- Afirma el recurrente que cuando formul\u00f3 la excepci\u00f3n en comento advirti\u00f3 que la entidad demandante era deudora de su contratista, supuesto f\u00e1ctico que serv\u00eda a la situaci\u00f3n contemplada en la cl\u00e1usula d\u00e9cima de las condiciones generales del contrato de seguro, donde se estableci\u00f3 que si la \u201centidad contratante en el momento de ocurrir el siniestro fuese deudora del contratista por cualquier concepto, se compensar\u00e1n las obligaciones en la cuant\u00eda a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
En la excepci\u00f3n no se afirm\u00f3 que la demandante y la demandada fueran deudoras rec\u00edprocas. Lo que se expres\u00f3 es que la contratante era deudora de la contratista de los \u201crecursos retenidos\u201d a \u00e9sta, los cuales servir\u00edan para pagar eventuales resultas litigiosas. <\/p>\n
3.- Concluye el recurrente que si el sentenciador aplica la cl\u00e1usula contractual transcrita y lo ordenado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, hab\u00eda declarado la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n, pues se demostr\u00f3 que Ecopetrol era deudora de la Soci\u00e9t\u00e9 Auxiliaire D\u2019entrepises, SAE. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En este cargo tambi\u00e9n se denuncia la violaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d de las disposiciones que se citan, pero como ning\u00fan desarrollo hace el recurrente sobre el particular, en los t\u00e9rminos advertidos al resolverse el cargo anterior, el an\u00e1lisis se verificar\u00e1 interpretando que los errores que se singularizan se relacionan con el aspecto f\u00e1ctico del proceso, como en algunos apartes del ataque se menciona, porque omitir apreciar los fundamentos de la compensaci\u00f3n y un hecho que aparec\u00eda probado, pod\u00edan ser errores de hecho. <\/p>\n
2.- Al margen de los dem\u00e1s requisitos que se exigen para que opere la compensaci\u00f3n, es requisito sine qua non que las partes sean rec\u00edprocamente deudoras de cr\u00e9ditos de una misma especie, como expresamente se exige en los art\u00edculos 1714 y 1716 del C\u00f3digo Civil, lo cual significa, como es de simple l\u00f3gica, que ning\u00fan deudor puede oponer a su acreedor las deudas que \u00e9ste tiene con terceros, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que por regla de principio nadie puede disponer de los derechos de los dem\u00e1s. <\/p>\n
En el caso, si el Tribunal concluy\u00f3 que la compensaci\u00f3n no era de recibo porque no exist\u00edan \u201cobligaciones\u201d \u201crec\u00edprocas entre el demandante y la aseguradora\u201d, como lo hab\u00eda \u201cmanifestado el juez de conocimiento\u201d, esto supone que para arribar a esa conclusi\u00f3n tuvo que ver en el contenido de la excepci\u00f3n que la demandada no era titular de los cr\u00e9ditos que opon\u00eda a la demandante, pues esa calidad la ostentaba la contratista Soci\u00e9t\u00e9 Auxiliaire D\u2019entrepises, SAE. <\/p>\n
El error de hecho en el punto, por lo tanto, se descarta por completo, porque seg\u00fan se reconoci\u00f3 en las sentencias de instancia, ninguna de las partes del contrato de obra era deudora de Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A.. Expl\u00edcitamente el juzgado se\u00f1al\u00f3 que las obligaciones rec\u00edprocas se predicaban era entre \u201cECOPETROL y SAE\u201d, de un lado, del dinero que aqu\u00e9lla adeudaba a \u00e9sta y que se hab\u00eda consignado en el fondo para el pago de acreencias laborales, distintas en todo caso de la que origin\u00f3 el proceso laboral; y de otro, de la suma que la contratista le deb\u00eda a la contratante por el pago que tuvo que hacer como consecuencia de la condena laboral. <\/p>\n
Lo mismo cabe decirse del supuesto f\u00e1ctico contemplado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima de las condiciones generales del contrato de seguro, seg\u00fan la cual si la \u201centidad contratante en el momento de ocurrir el siniestro fuese deudora del contratista por cualquier concepto, se compensar\u00e1n las obligaciones en la cuant\u00eda a que haya lugar\u201d. Esto porque as\u00ed el sentenciador hubiere pasado por alto su contenido, es claro que como la demandante, en su calidad de asegurada y beneficiara, no era parte del contrato de seguro, pues tal calidad se predica \u00fanicamente del asegurador y del tomador (art\u00edculo 1037 del C\u00f3digo de Comercio), la cl\u00e1usula en menci\u00f3n no le era oponible. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, salta de bulto que el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la cl\u00e1usula d\u00e9cima de las condiciones generales del contrato de seguro, no trasciende la decisi\u00f3n final, lo cual es de suyo suficiente para calificarlo de inexistente, porque sin parar mientes en los dem\u00e1s requisitos de la compensaci\u00f3n, la recurrente hace derivar esa excepci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de un contrato de obra en el cual ella es ajena, y lo que es peor, no s\u00f3lo se opone a la demandante quien no es parte en el contrato de seguro, sino tambi\u00e9n por hechos extra\u00f1os a la gestaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de dicho contrato. <\/p>\n
3.- En ese orden, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de julio de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Ecopetrol contra Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A.. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de la demandada recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 Sentencia 013 de 12 de febrero de 2003, expediente 7465. <\/p>\n
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