SC-237-2005 [1100131030111995-00504-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3ON CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
R <\/p>\n
Referencia: Expediente C-1100131030111995-0504-01 <\/p>\n
S <\/p>\n
Se deciden los recursos de casaci\u00f3n que interpusieron las partes contra la sentencia de 1\u00ba de septiembre de 2000, adicionada el 30 de octubre del mismo a\u00f1o, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de la sociedad Sarcorel Limitada contra las sociedades Obras, Industrias e Inversiones y C\u00edia. Ltda., y Rinc\u00f3n de Hato Grande y C\u00edia. LtdLtda.. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, sustituida posteriormente, la sociedad demandante solicita que con citaci\u00f3n y audiencia de las sociedades demandadas se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 5516 de 22 de octubre de 1992 de la Notar\u00eda 14 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respecto del inmueble rural que identifica, ubicado en la parcelaci\u00f3n Sagamasa, municipio de Sop\u00f3, con las cancelaciones a que haya lugar y la restituci\u00f3n del predio con los frutos correspondientes, principalmente, por \u201cfalta de consentimiento v\u00e1lido\u201d del representante de la sociedad vendedora ante su incapacidad absoluta, o en subsidio, por la \u201cindebida producci\u00f3n y prueba de la autorizaci\u00f3n legal y estatutaria requerida para esa operaci\u00f3n\u201da.. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, sustituida posteriormente, la sociedad demandante solicita que con citaci\u00f3n y audiencia de las sociedades demandadas se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 5516 de 22 de octubre de 1992 de la Notar\u00eda 14 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respecto del inmueble rural que identifica, ubicado en la parcelaci\u00f3n Sagamasa, municipio de Sop\u00f3, con las cancelaciones a que haya lugar y la restituci\u00f3n del predio con los frutos correspondientes, principalmente, por \u201cfalta de consentimiento v\u00e1lido\u201d del representante de la sociedad vendedora ante su incapacidad absoluta, o en subsidio, por la \u201cindebida producci\u00f3n y prueba de la autorizaci\u00f3n legal y estatutaria requerida para esa operaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los hechos que se compendian: <\/p>\n
2.1.- Mediante el referido instrumento p\u00fablico, la sociedad demandante, a trav\u00e9s de su representante, doctor Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta a la sociedad Obras, Industrias e Inversiones y Cia. Ltda., el inmueble de que se trata, y \u00e9sta a su vez hizo lo propio a t\u00edtulo de aporte a la sociedad Rinc\u00f3n de Hato Grande y Cia. Ltda., seg\u00fan escritura p\u00fablica 2415 de 24 de mayo de 1994 de la Notar\u00eda 25 de esta ciudad, quien es la que lo posee materialmente. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los hechos que se compendian: <\/p>\n
2.1.- Mediante el referido instrumento p\u00fablico, la sociedad demandante, a trav\u00e9s de su representante, doctor Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta a la sociedad Obras, Industrias e Inversiones y C\u00eda. Ltda., el inmueble de que se trata, y \u00e9sta a su vez hizo lo propio a t\u00edtulo de aporte a la sociedad Rinc\u00f3n de Hato Grande y C\u00eda. Ltda., seg\u00fan escritura p\u00fablica 2415 de 24 de mayo de 1994 de la Notar\u00eda 25 de esta ciudad, quien es la que lo posee materialmente. <\/p>\n
2.2.- Para la fecha del contrato de compraventa, el representante de la sociedad vendedora padec\u00eda demencia de \u201cnaturaleza cr\u00f3nica, continua y progresiva\u201d. <\/p>\n
La CComo se da cuenta en los documentos emanados de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social da cuenta que , en 1981, Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago el citado present\u00f3 \u201cdescargas convulsionantes por lesiones de los hemisferios cerebrales\u201d. El 2 de Refiriendo tal antecedente, el 2 de junio de 1989, la junta de psiquiatr\u00eda le le diagnostic\u00f3 \u201csignos incipientes de demencia, perseverancia, prolijidad en su lenguaje, con disminuci\u00f3n en su movilidad de operaciones autointelectuales y disminuci\u00f3n de cr\u00edtica intelectual\u201d. Por esto, mediante resoluci\u00f3n No. 12218 de 12 de diciembre de 1989, se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n mensual por invalidez definitiva. <\/p>\n
El Juzgado Tercero de familia de esta ciudad, en sentencia de 16 de junio de 1995, confirmada el 14 de noviembre, siguiente, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, declar\u00f3 la interdicci\u00f3n del precitado representante porque seg\u00fan el concepto de los expertos forenses, sufr\u00eda \u201cs\u00edndrome mental org\u00e1nico (demencias multi-infartos) de naturaleza irreversible que amerita tratamiento neuro siqui\u00e1trico indefinido\u201d. En la ampliaci\u00f3n de lal experticiao, el \u201ctrastorno detectado en el peritaje m\u00e9dico legal es el mismo que presentaba (….) y que fue dictaminado por la junta psiqui\u00e1trica de Cajanal\u201d, situaci\u00f3n que igualmente se confirma por otras instituciones especializadas. <\/p>\n
2.3.- Seg\u00fan los estatutos de la sociedad vendedora, todos los actos o contratos en cuant\u00eda superior a $10.000.oo, deb\u00edan constar en actas \u201cautorizadas con la firma de todos los presentes en la junta de socios\u201d, pero en el libro respectivo dicha acta \u201cno existe o desapareci\u00f3\u201d, raz\u00f3n por la cual no es posible confrontar la exactitud de la \u201cfiel copia\u201d que se protocoliz\u00f3 con el contrato de compraventa. <\/p>\n
3.- El curador ad-litem de la sociedad Rinc\u00f3n de Hato Grande y C\u00edia. Ltda., se opuso a las pretensiones. Conducta que igualmente adopt\u00f3 la sociedad Obras, Industriales e Inversiones y Ci\u00eda. Ltda., por no ser cierto el estado de enajenaci\u00f3n mental del representante de la sociedad vendedora al momento del contrato de compraventa, y por haberse cumplido todos los requisitos exigidos al efecto en la ley para celebrarlo. <\/p>\n
4.- El Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de El 18 de septiembre de 1997, neg\u00f3 las pretensiones, Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de 18 de septiembre de 1997, neg\u00f3 las pretensiones, al encontrar infundados los motivos de nulidadnulidad absoluta absoluta alegados, decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la sociedad demandante, para en su lugar acceder a dichas pretensiones. . <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal, ante todo, dej\u00f3 sentado que como la parte demandada hab\u00eda interpuesto apelaci\u00f3n adhesiva, decidir\u00eda la controversia sin limitaci\u00f3n alguna, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Centrado en el estudio de la falta de consentimiento de la sociedad vendedora, ante la incapacidad absoluta de su representante, que es a lo que se contrae la apelaci\u00f3n, el Tribunal precis\u00f3 que como esa ausencia de voluntad generaba era la nulidad relativa, las pretensiones deb\u00edan estudiarse bajo la \u00f3ptica de la falta de capacidad negocial de dicha sociedad, no porque haya desarrollado actividades por fuera de su objeto social, sino por la falta de capacidad de la persona natural que la representaba en el contrato de compraventa. <\/p>\n
32.- Al clarificar que para el 22 de octubre de 1992, \u00e9poca del aludido contrato, el representante de la sociedad vendedora no hab\u00eda sido declarado judicialmente en interdicci\u00f3n, pues tal acto ocurri\u00f3 el 16 de junio de 1995, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que la cuesti\u00f3n ten\u00eda que examinarse a la luz del art\u00edculo 553, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual los actos o contratos celebrados sin previa interdicci\u00f3n ser\u00edan v\u00e1lidos, \u201ca menos de probarse que el que los ejecut\u00f3 o celebr\u00f3 estaba entonces demente\u201d. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, el sentenciador tuvo por demostrados, con base en el documento de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social y en el resumen de la historia cl\u00ednica, que Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, desde 1981, presentaba \u201ctrastorno convulsivo psicosis org\u00e1nica\u201d progresivo, al punto que el 2 de junio de 1989 la Junta de Psiquiatr\u00eda de la misma instituci\u00f3ninstituci\u00f3n le diagnostic\u00f3 \u201c\u2018signos incipientes de demencia\u2019, lo que origin\u00f3 que Cajanal mediante resoluci\u00f3n No. 12218 del 12 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, reconociera al citado SARMIENTO GUITRAGO (sic.), pensi\u00f3n mensual de invalidez con car\u00e1cter definitivo, por p\u00e9rdida de su capacidad laboral en un 96%\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que la sentencia de interdicci\u00f3n judicial se fundament\u00f3 en el concepto del Instituto de Medicina Legal, seg\u00fan el cual Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, \u201ccomo lo consignan los datos de su historia cl\u00ednica, tiene antecedentes de enfermedad hipertensiva y por tanto ha presentado encefalopat\u00edas hipertensivas agudas que han deteriorado su vida intelectual. Presenta en el momento d\u00e9ficit en la memoria, pensamiento, lenguaje, juicio, raciocinio, introspecci\u00f3n, sensorio u orientaci\u00f3n. Tambi\u00e9n presenta trastornos del sue\u00f1o. Lo anterior equivale a un s\u00edndrome mental org\u00e1nico (demencia multiinfartos), entidad de naturaleza irreversible que, amerita tratamiento neuropsiqui\u00e1trico indefinidamente. Conclusi\u00f3n: se encuentra incapacitado para administrar sus bienes\u201d. <\/p>\n
Sentado lo anterior, el Tribunal consider\u00f3 que si bien para la fecha del contrato de compraventa impugnado, el mentado Sarmiento Buitrago, como representante de la sociedad demandante, hab\u00eda celebrado contratos similares, inclusive uno a t\u00edtulo personal, de las \u201canteriores probanzas\u201d surg\u00edan \u201cindicios graves\u201d que permit\u00edan deducir que para la misma \u00e9poca \u201cdicho se\u00f1or se encontraba en estado de demencia\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, en efecto, que no pod\u00eda pasar por alto que desde 19891 la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social catalog\u00f3 a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago como \u201cdemente\u201d, as\u00ed sea en \u201cestado incipiente\u201d, enfermedad que se consider\u00f3 por la misma instituci\u00f3n \u201ccontinua y progresiva\u201d. Que tampoco pod\u00eda desconocer que al momento de la evaluaci\u00f3n que le efectu\u00f3 Medicina Legal, el 3 de noviembre de 1994, su salud se encontr\u00f3 \u201ctotalmente deteriorada, no solo a nivel som\u00e1tico sino tambi\u00e9n en su aspecto ps\u00edquico\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal concluy\u00f3, como lo reconoci\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en las resoluciones de 18 de mayo y 24 de septiembre de 1999, que estaba \u201cdemostrada la demencia del se\u00f1or JOSUE\u00c9 DANIEL SARMIENTO BUITRAGO para el 22 de octubre de 1992, lo cual gener\u00f3 que su capacidad negocial quedara completamente aniquilada, y por ello, los actos que en representaci\u00f3n de la sociedad SARCOREL LTDA realiz\u00f3 en tal fecha, deban considerarse nulos, de nulidad absoluta\u201d, como as\u00ed lo declar\u00f3. <\/p>\n
43.- Respecto de las prestaciones mutuas, el Tribunal, en lugar de ordenar la restituci\u00f3n material del inmueble, dispuso el pago por equivalencia por cuanto el contrato contenido en la escritura p\u00fablica No. 2415 de 24 de mayo de 1994 de la Notar\u00eda 25 de esta ciudad, mediante el cual la sociedad Rinc\u00f3n de Hato Grande y C\u00edia. Ltda., adquiri\u00f3 tales bienes, \u201cno fue atacado\u201d. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3ON <\/p>\n
La Corte limitar\u00e1 el estudio al recurso de la parte demandada, porque los dos cargos formulados, que se a\u00fanan para su estudio, por ser afines y complementarios, prosperan, con alcance totalizador, incluyendo las decisiones sobre restituciones mutuas, que es precisamente lo que combate el recurso de la sociedad demandante. <\/p>\n
Los dos cargos propuestos por la sociedad demandante no ser\u00e1n resueltos por la Corte, porque enderezados contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, que es consecuencial, el cargo primero de la demanda de la sociedad Obras, Industrias e Inversiones y Cia. Ltda., que prospera, de los dos formulados, arrasa en su totalidad la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 66, 553, 1602, 1603, 1740, 1741, 1746 del C\u00f3digo Civil, 174 a 177, 179, 183, 185, 187, 251 a 254, 268, 277 y 279 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2.- El recurrente identifica que el Tribunal apoy\u00f3 su decisi\u00f3ndecisi\u00f3n \u00fanicamente \u00fanicamente en la prueba documental y pericial trasladada del tr\u00e1mite administrativo que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, del proceso que lo declar\u00f3 en estado de interdicci\u00f3n y de una investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
Concretamente, en el estudio del laboratorio de electroencefalograf\u00eda de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social, el resumen de la historia m\u00e9dica de la Cl\u00ednica Federm\u00e1an, el concepto de la Junta de Medicina de Cajanal y el dictamen rendido por el Instituto de Medicinal Legal. As\u00ed mismo, en las resoluciones de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, las cuales fueron arrimadas a iniciativa de la sociedad demandante en el tr\u00e1mite de la segunda instancia. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente que el primer grupo de pruebas carec\u00edan de eficacia probatoria, porque como algunos medios hicieron parte de una actuaci\u00f3n administrativa, en tanto que otros del proceso de interdicci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no pod\u00edan ser apreciadas como tales, toda vez que fueron obtenidos sin audiencia de la parte contra la que se oponen. <\/p>\n
La misma ineficacia probatoria se predica de las decisiones del ente acusador, porque no fueron solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso, siguiendo los lineamientos del art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Adem\u00e1s, el Tribunal en ning\u00fan momento resolvi\u00f3 sobre su admisi\u00f3n, as\u00ed fuera oficiosamente, y para rematar, se aportaron fueron aportadas en copia simple o informal, contrariando lo previsto en el art\u00edculo 254, ib\u00eddem. <\/p>\n
Agrega la recurrente que los errores de derecho denunciados son trascendentes, porque si las anteriores pruebas no pod\u00edan ser apreciadas, pese a lo cual de las mismas se deriv\u00f3 la incapacidad absoluta del representante de la demandante, el Tribunal viol\u00f3 las disposiciones que se citan en el cargo. <\/p>\n
3.- Descartadas as\u00ed las anteriores pruebas, seguidamente la recurrente ocupa la atenci\u00f3n a mostrar c\u00f3mo la sentencia recurrida \u201cno pude sustentarse en la resoluci\u00f3n de Cajanal\u201d \u201cni en las sentencias que decretan la interdicci\u00f3n\u201d \u201cni en la promesa de compraventa\u201d del contrato que se impugna. <\/p>\n
La resoluci\u00f3n, porque simplemente acredita que a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pero sin dar cuenta exacta de la invalidez del pensionado. Las sentencias, porque \u00fanicamente prueban la fecha a partir de la cual el citado es considerado interdicto. Las discrepancias del precio entre la promesa de compraventa y el contrato cumplido, porque es la costumbre para evadir impuestos, lo cual por s\u00ed no implica el estado de demencia. <\/p>\n
Concluye la recurrente que la \u201crealidad deducida por el Tribunal es contraria por entero a la que aparece en la prueba\u201d. Cuesti\u00f3n que se pone de manifiesto cuando, de un lado, las discrepancias del precio se rompen con la confesi\u00f3n del actual representante de la vendedora, trasladada del proceso de lesi\u00f3n enorme entre las mismas partes y sobre el mismo contrato, al ratificar que el precio real del inmueble fue de $110.000.000.oo, y de otro, cuando el poder de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, como representante de la sociedad demandante, para demandar la lesi\u00f3n enorme, se otorg\u00f3 antes de la interdicci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Solicita la recurrente que se case la sentencia del Tribunal y que la Corte, en sede de instancia, confirme la del juzgado. <\/p>\n
1.- Acusa el quebrantamiento de los art\u00edculos 66, 553, 1502, 1503, 1504, 1602, 1603, 1618, 1740, 1741 y 1746 del C\u00f3digo Civil, 174 a 177, 179, 183, 185, 187, 248, 249 y 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2.- Luego de identificar los medios que tuvo en cuenta el Tribunal para identificar los \u201cindicios\u201d que demostraban que el representante de la sociedad demandante se encontraba demente el 22 de octubre de 1992, la recurrente expresa que a esas inferencias arrib\u00f3 producto de no apreciar en su totalidad y en conjunto las pruebas decretadas en el proceso, llev\u00e1ndolo a otorgarle a la prueba indiciaria un alcance probatorio que no tiene. <\/p>\n
Del proceso En efecto, del proceso de lesi\u00f3n enorme que en copia aut\u00e9ntica se traslad\u00f3 debidamente, el Tribunal valor\u00f3 algunos contratos de compraventa que, por la misma \u00e9poca del aqu\u00ed controvertido, Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago celebr\u00f3 como persona natural y como representante de la sociedad demandada, pero \u201cdej\u00f3 de apreciar\u201d otros medios, raz\u00f3n por la cual \u201cno los enfrent\u00f3\u201d a las pruebas que tuvo en cuenta para decidir. <\/p>\n
Tales medios se circunscriben al poder para demandar la lesi\u00f3n enorme, a la demanda que dio inicio al proceso, a la copia del pagar\u00e9 aportado por la demandante, a los testimonios de Agust\u00edn Ernesto Arreaza, Jaime Sanz de Santamar\u00eda y Hernando Sandino Camacho, al dictamen de Gonzalo Torres Mendoza y Ricardo D\u00edaz Russi, y al interrogatorio de Luis Sarmiento Buitrago y Olga Cristina Sarmiento. <\/p>\n
En cuanto al poder, conferido al abogado Luis Sarmiento Buitrago, posterior representante de la demandante, la recurrente repite lo que consign\u00f3 en el cargo anterior, para hacer ver c\u00f3mo en su contenido la vendedora acepta la validez del contrato de compraventa, s\u00f3lo que hizo un mal negocio. De la demanda de lesi\u00f3n enorme, resalta la confesi\u00f3n sobre que el precio real del inmueble fue $110.000.000.oo, suma que pag\u00f3 la compradora, en efectivo $55.000.000.oo, y el excedente con un pagar\u00e9, cuya copia fue presentada con el mismo libelo. <\/p>\n
De los testimonios afirma que prueban que la sociedad demandante ten\u00eda el inmueble en venta. Augusto Ernesto Arreaza Gempeler, quien conoce el predio hace 18 a\u00f1os, porque la se\u00f1ora Elvira Cort\u00e9s, esposa del interdicto, \u201cse\u00f1ora Elvira Cort\u00e9s me lo ofreci\u00f3 en venta por la suma de $120.000.000.oo hace aproximadamente 7 u 8 a\u00f1os\u201d. Jaime Sanz de Santamar\u00eda Padilla, porque como visita un predio que la familia tiene hace 14 a\u00f1os en el lugar, se enter\u00f3 por \u201cun aviso que colocaron a la entrada al sector\u201d. Hernando Sandino Camacho, porque entre 1991 y 1992 Sarcorel Limitada le consign\u00f3 el lote para la venta, teniendo dos clientes, Abraham Murillo, quien ofreci\u00f3 $75.000.000.oo, y una sociedad de arquitectos representada por Eduardo Duarte, cuyo negocio se deshizo a pesar de haberse acordado un precio de $100.000.000.oo. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los interrogatorios y al dictamen pericial, pone de presente que Luis Sarmiento Buitrago, entonces representante de la sociedad demandante, no tuvo conocimiento de la venta, mientras que Olga Cristina Sarmiento Otero, quien ten\u00eda tal calidad en la fecha de la prueba, se\u00f1al\u00f3 que el inmueble se \u201cvendi\u00f3 por 110 millones\u201d, a la par que los peritos lo avaluaron para la fecha del contrato en $159.262.171.08. <\/p>\n
Concluye la recurrente que si el Tribunal \u201chubiera tenido en cuenta\u201d la prueba trasladada del proceso de lesi\u00f3n enorme, habr\u00eda encontrado que el representante de la sociedad demandada, para la \u00e9poca del contrato impugnado, no se encontraba enfermo de mente, pero como dijo lo contrario, con fundamento en pruebas que no pod\u00edan ser apreciadas, por lo dicho en el cargo anterior y porque algunas de las pruebas obran en copia simple, como son es las resoluciones de la Fiscal\u00eda y el resumen de la historia cl\u00ednica expedido por la Cl\u00ednica Federm\u00e1an, viol\u00f3 las disposiciones citadas. <\/p>\n
3.- Sentado lo anterior, la recurrente muestra c\u00f3mo la sentencia queda sustentada \u00fanicamente en los \u201cindicios\u201d derivados de la resoluci\u00f3n que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, de las sentencias de interdicci\u00f3n, de la promesa de contrato y del contrato cumplido. <\/p>\n
Afirma que de los anteriores medios no puede inferirse la conclusi\u00f3n del Tribunal, relativa a que Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, para el 22 de octubre de 1992, se encontraba demente, porque ninguno de ellos, inclusive vistos globalmente, acreditan tal hecho. El acto administrativo nada dice al respecto y las sentencias de interdicci\u00f3n, aparte de que no tienen efectos hacia el pasado, demuestran \u00fanicamente la fecha en que fue declarado interdicto. Adem\u00e1s, la aparente contradicci\u00f3n entre la promesa de compraventa y el contrato cumplido, se ve aniquilada con la confesi\u00f3n de la demandante en los hechos pertinentes contenidos en la demanda de lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, la recurrente solicita que se case la sentencia del Tribunal y que la Corte, en sede de instancia, confirme la del juzgado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 553 del C\u00f3digo Civil, para declarar la nulidad de un acto o contrato celebrado por un demente, posterior al decreto de interdicci\u00f3n, es suficiente demostrar que con anterioridad se hab\u00eda declarado judicialmente el estado de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, teniendo en cuenta que por regla general la ley presume la capacidad de ejercicio de las personas, la misma disposici\u00f3n establece que para declarar la nulidad de un acto o contrato celebrado por quien se encuentra cobijado por esa presunci\u00f3n, es indispensable demostrar que la persona que lo materializ\u00f3 \u201cestaba entonces demente\u201d. <\/p>\n
Ahora, como no toda enfermedad mental conduce a la nulidad de un acto o contrato, quien la alega debe orientar su actividad a acreditar que para \u201centonces\u201d el contratante de que se trata padec\u00eda de una grave anomal\u00eda ps\u00edquica y que esa afecci\u00f3n influy\u00f3 en la libre determinaci\u00f3n de la voluntad. <\/p>\n
En ese caso, como lo tiene explicado la Corte, De ah\u00ed que como lo tiene explicado la Corte, en ese sentido, lo que interesa saber \u201cno es si el contratante adolec\u00eda de una enfermedad mental cualquiera, sino averiguar si el desarreglo de sus facultades ps\u00edquicas, por su gravedad, impidi\u00f3 que hubiere un consentimiento susceptible de ser tomado en cuenta como factor determinante del respectivo acto jur\u00eddico\u201d (sentencia de 25 de mayo de 1976, CLII-1698). <\/p>\n
2.- En el caso, Lla grave anomal\u00eda ps\u00edquica, en los t\u00e9rminos dichos, del representante de la sociedad demandante para cuando celebr\u00f3 el contrato de compraventa cuya nulidad absoluta se demanda, del caso, el Tribunal nola encontr\u00f3 indirectamente en los distintos medios que relacion\u00f3. <\/p>\n
Luego de identificar los hechos que tales pruebas se\u00f1alaban, el sentenciador, en efecto, dej\u00f3 sentado que de dichas probanzas surg\u00edan \u201cindicios graves\u201d que permit\u00edan inferir que por la \u00e9poca del cuestionado contrato de compraventa, el se\u00f1or Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, representante para entonces de la sociedad demandante, se \u201cencontraba en estado de demencia, es decir, \u2018enfermo de mente\u2019, para emplear la expresi\u00f3n de algunos tratadistas\u201d. <\/p>\n
Si bien en ambos cargos la recurrente afirma que a la anterior conclusi\u00f3n el Tribunal arrib\u00f3 producto de la comisi\u00f3n de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, se observa que s\u00f3lo tienen esa connotaci\u00f3n los que se dirigen a desconocer eficacia probatoria a los medios directos de prueba que contienen los indicios, y que en lo dem\u00e1s, sin contrariar la objetividad de la acusaci\u00f3n, en realidad se denuncian, respecto de otras pruebas, errores de hecho, raz\u00f3n por la cual as\u00ed deben estudiarse. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a lo primero, el ataque se concreta a poner de presente que de los dict\u00e1menes que llevaron a reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago y a declararlo en estado de interdicci\u00f3n, no pod\u00eda derivarse o deducir la conclusi\u00f3n a que arrib\u00f3 el Tribunal, porque como esas pruebas fueron practicadas sin la audiencia de la parte demandada, ninguna eficacia probatoria ten\u00edan. Lo mismo se predica de las resoluciones de la Fiscal\u00eda y de la historia cl\u00ednica expedida por la Cl\u00ednica Federm\u00e1an, porque aparte de aducirse en copia simple, las \u00faltimas no fueron decretadas como pruebas. <\/p>\n
En cuanto a los errores de hecho, en ambos cargos se acepta que Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago fue pensionado por invalidez, que la jurisdicci\u00f3n de familia decret\u00f3 su interdicci\u00f3n y que antes del decreto de interdicci\u00f3n, am\u00e9n del contrato impugnado, se suscribi\u00f3 una promesa de celebrarlo. La discrepancia estriba en que de esos indicios no se pod\u00eda concluir, por las razones que se expresan, el estado de demencia del representante de la sociedad demandante para la \u00e9poca del contrato, y en que se pretermiti\u00f3 otras pruebas, algunas trasladadas legalmente del proceso de lesi\u00f3n enorme, que desvirtuaban esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
34.- En ese contexto, como los hechos indicadores deben estar probados en el proceso por otro u otros medios (art\u00edculo 248 del C\u00f3digo d Procedimiento Civil), sin que por tal motivo el indicio pierda su individualidad, es indiscutible que las pruebas que los acreditan deben haber observado los requisitos exigidos en la ley para su aducci\u00f3n, aceptaci\u00f3n y pr\u00e1ctica, de donde si se incumplen, dejan sin valor el indicio que de las mismas pueda resultar. <\/p>\n
34.1.- Los errores de derecho que se denuncian respecto de la prueba pericial, la Corte los encuentra fundados, porque para apreciar el dictamen que practicado en un proceso se pretende hacer valer en otro, es requisito necesario que la parte contra la cual se opone haya tenido la oportunidad de contradecirlo en el proceso del cual se trae, como lo exige, en garant\u00eda del debido proceso y del derecho de defensa, el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El presupuesto que acaba de mencionarse no se cumpli\u00f3 con la prueba pericial que se practic\u00f3 en el proceso de interdicci\u00f3n fuera del proceso y que el Tribunal tuvo en cuenta para dejar sentada la existencia de indicios. Siendo punto pac\u00edfico que la sociedad aqu\u00ed demandada no intervino en dicho proceso, ninguno de los procesos en que se produjeron, como as\u00ed \u00e9sta lo dej\u00f3 averiguado en el alegato de conclusi\u00f3n, al punto que sobre el particular nada se discute, es claro que si, por lo mismo, la citada parte dicha parte no tuvo la oportunidad de participar en la producci\u00f3n y contradicci\u00f3n de la la prueba, en comento, el Tribunal se equivoc\u00f3 al conferirle eficacia probatoria, violando as\u00ed el precepto probatorio citado, con repercusi\u00f3n en las normas sustanciales que gobiernan el caso. <\/p>\n
Sobre el particular, en el antecedente citado, la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201csi alguna de las partes en la segunda controversia judicial no intervino en el de interdicci\u00f3n, la prueba pericial trasladada no podr\u00e1 ser tenida como prueba plena de la demencia, porque dicha parte no pudo ejercer su derecho de contradecirla\u201d (p\u00e1gina 173). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aceptado que la anterior prueba pod\u00eda ser valorada, inclusive el resto de la actuaci\u00f3n judicial y administrativa que se aport\u00f3 con la demanda, como lo hizo el Tribunal, seguramente porque se alleg\u00f3 en copia aut\u00e9ntica y porque en el auto de pruebas se orden\u00f3 tener dicha actuaci\u00f3n como medio documental, sin que la parte demandada la haya objetado, lo cierto es que esos documentos, en su conjunto, no ponen de presente la \u201cgrave anomal\u00eda ps\u00edquica\u201d de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago para la \u00e9poca del contrato. Si bien los referidos dict\u00e1menes fueron aportados en copia aut\u00e9ntica y tenidos como documentos en el auto de pruebas, conviene precisar que con independencia de su naturaleza, esto no significa que la prueba trasladada, ll\u00e1mese declaraci\u00f3n de parte, testimonio de terceros, dictamen de peritos, en fin, pierda su entidad propia. Distinto es que como lo establece el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el documento sea la forma de aducir el medio de que se trate, pero sujeto al r\u00e9gimen que le es propio, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el traslado de una prueba no tiene la virtud de mutarla en otra. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aceptado que esas pruebas se pod\u00edan valorar, ninguna demuestra la \u201cgrave anomal\u00eda ps\u00edquica\u201d, con las caracter\u00edsticas anotadas, de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago para la \u00e9poca del contrato. <\/p>\n
El El resultado del laboratorio de electroencefalograf\u00eda de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n de 23 de septiembre de 1981, refiere es un \u201ctrastorno convulsivo\u201d, que no le impidi\u00f3 seguir laborando como m\u00e9dico en la misma instituci\u00f3n. Los \u201csignos incipientes de demencia\u201d que encontr\u00f3 la Junta de Psiquiatr\u00eda de Cajanal el 2 de junio de 1989 se entroncan es con la inhabilidad \u201cpara asumir su responsabilidad profesional\u201d y con la p\u00e9rdida del \u201c96%\u201d de su \u201ccapacidad laboral\u201d. El dictamen de Medicina Legal practicado el 29 de septiembre de 1994, ratifica es que el \u201ctrastorno detectado…es el mismo que presentaba…y que fue dictaminado por la Junta de Psiquiatr\u00eda de Cajanal\u201d. <\/p>\n
SComo se observa, si bien en la aclaraci\u00f3n del citado dictamen se informa que la \u00faltima instituci\u00f3n aclar\u00f3 que el \u201cs\u00edndrome mental org\u00e1nico es de naturaleza cr\u00f3nica, continuo y progresivo\u201d, en ninguna parte de toda esa actuaci\u00f3n se menciona lo que se advierte es que ninguna de las pruebas alude sobre que el estado ps\u00edquico anormal que se detect\u00f3 a finales de 1989, catalogado como \u201cdemencia incipiente\u201d, inhabilitaba a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago para realizar negocios jur\u00eddicos, aunque s\u00ed para laborar., explicable por su profesi\u00f3n de m\u00e9dico. El dictamen de Medicina Legal tampoco refiere que la \u201cincapacidad para administrar sus bienes\u201d se extend\u00eda para la \u00e9poca del contrato o por lo menos que la \u201cdemencia incipiente\u201d que se detect\u00f3 en 1989, tambi\u00e9n repercuti\u00f3, , desde esa misma \u00e9poca,, en esa capacidad. <\/p>\n
43.2.- De otra parte, ning\u00fan valor legal ha debido d\u00e1rsele a la historia cl\u00ednica de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, expedida por la Cl\u00ednica Federm\u00e1an, que la sentencia del Tribunal afirma obra en el folio 96, porque como aparece en copia simple, no obstante lo cual se le dio eficacia probatoria, se vulner\u00f3 el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
34.3.- Las decisiones de la Fiscal\u00eda, mediante las cuales, con ocasi\u00f3n del mismo contrato de compraventa, se acus\u00f3 a Carlos Augusto Ochoa Escobar, representante de la sociedad Obras, Industrias e Inversiones y C\u00eda. Ltda., como coautor del delito de abuso de circunstancias de inferioridad en detrimento y perjuicio del patrimonio de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, aunque si bien son posteriores a la fecha de la demanda, no tampoco han debido valorarse porque fueron incorporadas de manera irregular. <\/p>\n
En efecto, la sociedad parte demandante, en segunda instancia, insisti\u00f3 que dichas decisiones se solicitaran e incorporaran para ser tenidas como pruebas. El Tribunal neg\u00f3 su pr\u00e1ctica y a pesar de esto tuvo por acreditada la demencia del citado Sarmiento Buitrago, para la \u00e9poca del contrato, porque as\u00ed lo \u201creconoci\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en las resoluciones de 18 de mayo y 24 de septiembre de 1999\u201d. A\u00fan as\u00ed, incorporadas al expediente, a iniciativa de la misma parte, se vulneraron los art\u00edculos 115, numeral 7\u00ba, y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque fueron adosadas al proceso en copia sin autenticar. <\/p>\n
45.- Los \u201cgraves indicios\u201d, entonces, , entonces, que se encontraron encontr\u00f3 el Tribunal para concluir la demencia de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago quedan reducidos a los que se indican en las sentencias de interdicci\u00f3n, en el acto administrativo que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y en las divergencias del precio del inmueble en la promesa de compraventa y el contrato cumplido, porque esos hechos se encuentran debidamente acreditados. <\/p>\n
Frente a lo anterior, conviene recordar que el m\u00e9rito probatorio de un indicio se encuentra en \u00edntima conexi\u00f3n con la aptitud que tenga para llevar al juzgador a inferir, de acuerdo con las reglas de la experiencia o de la l\u00f3gica, la existencia del hecho investigado. <\/p>\n
En lo que interesa al caso, tambi\u00e9n se encuentra decantado que los indicios \u201cdeben estar conectados en forma tal que constituyan eslabones de una misma cadena, de manera que conformen un sistema completo y no un conjunto de circunstancias dispersas sin conexi\u00f3n interna entre s\u00ed; por lo dem\u00e1s, tales hechos han de guardar armon\u00eda tanto entre s\u00ed como con aquello que se quiere probar, am\u00e9n de que el conjunto indiciario debe salir avante frente a pruebas infirmantes o contraindicios\u201d (sentencia No. 111 de 15 de octubre de 2003). <\/p>\n
De ah\u00ed que como en la ponderaci\u00f3n de los indicios el discurrir del juez, que es un asunto librado a su subjetividad, juega papel importante, los debates en torno a las inferencias que realiza quedan, por regla de principio, cerrados en casaci\u00f3n, salvo que se demuestre, entre otros casos, que \u201chaya ignorado hechos debidamente comprobados, suficientes por s\u00ed mismos para imponer una consecuencia contraria a la del fallo; o que haya dejado de relacionar los varios indicios entre s\u00ed, cuando de esta labor habr\u00eda necesariamente de deducirse una conclusi\u00f3n opuesta a la abrazada por \u00e9l; o en fin, cuando en la interpretaci\u00f3n de los indicios o en la operaci\u00f3n de conectar unos con otros, haya establecido una relaci\u00f3n que repugna a la l\u00f3gica\u201d (sentencia No. 216 de 25 de noviembre de 2002, reiterando doctrina anterior). <\/p>\n
El Tribunal, empero, En ese contexto, aunado a lo que se consign\u00f3 en el n\u00famero 4.1., supra, surge claro que el Tribunal igualmente incurri\u00f3 igualmente en error de hecho al inferir de la sentencia de interdicci\u00f3n y del acto administrativo que se menciona, el estado de demencia de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, para la \u00e9poca del contrato, con entidad suficiente para neutralizar su capacidad legal. La resoluci\u00f3n porque \u00fanicamente reconoce la pensi\u00f3n de invalidez, pero por p\u00e9rdida de la capacidad laboral, que no la capacidad de discernir en forma grave. La sentencia judicial, porque como su valor probatorio se restringe a su \u201cexistencia, la clase de resoluci\u00f3n, su autor y su fecha\u201d (sentencia de 6 de abril de 1999, CCLVIII-332), lo \u00fanico que se deduce es que la interdicci\u00f3n se decret\u00f3 con posterioridad al contrato impugnado. <\/p>\n
Las divergencias entre la promesa y el contrato cumplido, respecto del precio del inmueble, no guardan conexi\u00f3n con el hecho investigado, como es la demencia , en las condiciones dichas, de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago para la \u00e9poca del contrato., menos cuando no existe prueba que corrobore que es absolutamente irrisorio el valor de la promesa. A lo sumo, esa circunstancia la circunstancia anotada servir\u00eda para confirmar o desvirtuar una eventual lesi\u00f3n enorme, pero no para inferir, insularmente, que cuando los contratantes simulan un contrato o algunas de sus estipulaciones, es porque se encuentran insanos de mente. <\/p>\n
56.- Desvirtuados , entonces, todos los pilares probatorios de la sentencia, lo dicho ser\u00eda suficiente para que los cargos, en los apartes estudiados prosperen, porque los dem\u00e1s errores f\u00e1cticos, que tambi\u00e9n se presentan, lo que tienden es a confirmar que no obstante el estado de \u201cdemencia incipiente\u201d que a finales de 1989 se le diagnostic\u00f3 a Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, posteriormente, antes del decreto de interdicci\u00f3n, ejecut\u00f3 actos positivos que denotaban suficiente lucidez mental. <\/p>\n
Desde luego que los errores de hecho se concretan frente a los indicios que encontr\u00f3 el Tribunal, porque si como qued\u00f3 consignado, el \u201cconjunto indiciario debe salir avante frente a pruebas infirmantes o contraindicios\u201d, esto no aconteci\u00f3 en el caso. Baste indicar, conforme a las restantes pruebas, que incluyen las trasladadas debidamente del proceso ordinario de lesi\u00f3n enorme entre las mismas partes y sobre el mismo contrato, que, como tal cual lo resalta la censura, en el interregno, Josu\u00e9 Daniel Sarmiento BuitragoBuitrago realiz\u00f3 otras transacciones de la misma naturaleza, realiz\u00f3 otras transacciones de la misma naturaleza, y que en abril de 1994, confiri\u00f3 poder a Luis Sarmiento Buitrago, representante posterior de la sociedad demandante, para que promoviera el proceso de lesi\u00f3n enorme., pruebas todas que entre otras cosas no fueron desvirtuadas. <\/p>\n
67.- En consecuencia, al infirmarse totalmente el fallo del Tribunal, se procede a dictar el de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
la encontr\u00f3 en ninguna prueba directa, sino que la infiri\u00f3 de <\/p>\n
3..- el Tribunal concluy\u00f3 que aunque Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago no hab\u00eda sido declarado judicialmente en estado de interdicci\u00f3n cuando en representaci\u00f3n de la sociedad demandante celebr\u00f3 el contrato de compraventa impugnado, de todos modos se encontraba para entonces demente, no tuvo en cuenta la prueba que, seg\u00fan la recurrente, se traslad\u00f3 de las actuaciones a que se refiere. <\/p>\n
Concretamente, del tr\u00e1mite administrativo que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de Sarmiento Buitrago, del proceso que lo declar\u00f3 en estado de interdicci\u00f3n y de las resoluciones de acusaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n profiri\u00f3 contra Carlos Augusto Ochoa Escobar, representante de la sociedad Obras, Industrias e Inversiones y Cia. Ltda., con ocasi\u00f3n del mismo contrato de compraventa, como coautor del delito de abuso de circunstancias de inferioridad en detrimento y perjuicio del patrimonio del citado Sarmiento Buitrago. <\/p>\n
Desde luego que aunado a la promesa de compraventa y al contrato cumplido, el Tribunal tuvo por demostrados <\/p>\n
Al contrario, el Tribunal arrib\u00f3 a la anotada conclusi\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
documental y pericial trasladada del tr\u00e1mite administrativo que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n los medios probatorios que se singularizan en el cargo primero, tuvo en cuenta la prueba indirecta, a partir de dejar probados los siguientes hechos b\u00e1sicos. <\/p>\n
a) El \u201ctrastorno compulsivo psicosis org\u00e1nica\u201d presentado el 23 de septiembre de 1981, hecho que dej\u00f3 probado con el resultado del laboratorio de electroencefalograf\u00eda de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social. <\/p>\n
b) Los \u201csignos incipientes de demencia\u201d que refiere el informe de 2 de junio de 1989 de la Junta de Psiquiatr\u00eda de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social. <\/p>\n
c) La pensi\u00f3n mensual de invalidez con car\u00e1cter definitivo por p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un 96%, reconocida mediante resoluci\u00f3n No. 12218 de 12 de diciembre de 1989 de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social. <\/p>\n
d) La incapacidad para \u201cadministrar los bienes\u201d determinada por el Instituto de Medicina Legal, Psiquiatr\u00eda Forense, en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria, concretamente el 29 de septiembre de 1994, prueba en la que precisamente se fundamentaron las posteriores sentencias de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
e) La discrepancia del precio convenido en la promesa de compraventa, $110.000.000.oo, y el consignado en el contrato cumplido, $15.000.000.oo. <\/p>\n
f) El reconocimiento de la \u201cdemencia\u201d para el 22 de octubre de 1992, por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en las resoluciones de 18 de mayo y 24 de septiembre de 1999. <\/p>\n
El estudio conjunto de los cargos obedece a que, en lo esencial, ambos se refieren a las mismas pruebas, s\u00f3lo que en el primero se toman como si directamente el Tribunal hubiere visto en las mismas pruebas la incapacidad mental del represente de la sociedad demandante al momento del contrato impugnado, pero que de todos modos no pod\u00eda d\u00e1rseles eficacia probatoria, porque en las actuaciones en que fueron evacuadas, no tuvo oportunidad de contradecirlas, como tampoco en el proceso donde se adujeron, en tanto que en el segundo <\/p>\n
2.- <\/p>\n
Seg\u00fan el anterior dictamen, los datos de la historia cl\u00ednica del paciente registra \u201cantecedentes de enfermedad hipertensiva y por lo tanto ha presentado encefalopat\u00edas hipertensivas agudas que han deteriorado su vida intelectual. Presenta en el momento d\u00e9ficit en la memoria, pensamiento, lenguaje, juicio, raciocinio, introspecci\u00f3n, sensorio u orientaci\u00f3n. Tambi\u00e9n presenta trastornos del sue\u00f1o. Lo anterior equivale a un s\u00edndrome mental org\u00e1nico (demencia multiinfartos), entidad de naturaleza irreversible que, amerita tratamiento neuropsiqui\u00e1trico indefinidamente\u201d. <\/p>\n
e) <\/p>\n
2.- Con independencia de que por la \u00e9poca del contrato de compraventa cuestionado Sarmiento Buitrago haya realizado otros negocios de la misma naturaleza como persona natural, inclusive como representante de la sociedad demandante, el sentenciador <\/p>\n
que obra a folio 73 Si bien en los cargos que se resuelven conjuntamente la recurrente denuncia la comisi\u00f3n de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas que singulariza, lo cierto es que, sin atentar contra el contenido objetivo de ambos cargos, tambi\u00e9n pone de presente la comisi\u00f3n de errores de hecho, porque algunos resultan como consecuencia de <\/p>\n
contenido objetivo de ambos cargos pone de presente que en verdad tambi\u00e9n alude a la existencia de errores de hecholo cierto es que, sin atentar contra el contenido objetivo Como se recuerda, el Tribunal fundament\u00f3 la decisi\u00f3n <\/p>\n
Observaciones: a) Dur\u00f3 trabajando desde el estado de demencia incipiente hasta 1989 cuando se declar\u00f3 su invalidez. b) La discrepancia del precio no es s\u00edntoma de enfermedad, lo que pasa es que la promesa demuestra el valor real del precio acordado, el cual para evadir impuestos no coincide con el de la escritura. <\/p>\n
1.- En el recurso de apelaci\u00f3n, luego de evocar, conforme a las pruebas recaudadas, la situaci\u00f3n mental de Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago a partir de 1981, la sociedad demandante insiste, como lo concluy\u00f3 en la demanda, en que para la \u00e9poca del contrato impugnado no se encontraba sano de mente, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda accederse a las pretensiones. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite \u201cglosas pertinentes\u201d, relativas a que el contrato impugnado no se ajust\u00f3 a los requisitos exigidos en los estatutos sociales, la sociedad demandante concluye en la falsedad material del acta de la junta de socios que autoriz\u00f3 la venta, porque la se\u00f1ora Elvira Cortes de Sarmiento, uno de los socios, a la saz\u00f3n esposa del interdicto, se encontraba hospitalizada para la fecha cierta de dicha acta, esto es, para cuando se celebr\u00f3 el contrato de compraventa, de conformidad con en el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Como las consideraciones consignadas al resolverse al recurso de casaci\u00f3n son suficientes para concluir que Josu\u00e9 Daniel Sarmiento Buitrago, representante de la sociedad demandante para la \u00e9poca del contrato, pese a su anomal\u00eda ps\u00edquica, su capacidad negocial no se encontraba neutralizada, al punto que existen pruebas que confirman que en el interregno, esto es desde cuado fue pensionado hasta cuando se declar\u00f3 en estado de interdicci\u00f3n, dicho se\u00f1or exterioriz\u00f3 actos de lucidez mental, la Corte, por econom\u00eda, remite a las mismas para desvirtuar, en ese preciso punto, las razones de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- En lo dem\u00e1s, la Corte observa que si bien el juzgado tuvo como aut\u00e9ntica el acta de la junta de socios que el 5 de mayo de 1992 autoriz\u00f3 la venta del inmueble, por haberse protocolizado con la escritura p\u00fablica que contiene el contrato impugnado, ese hecho, aunado a que, de ser cierto, uno de los socios que la suscribi\u00f3 se encontraba hospitalizado para cuando esa acta se protocoliz\u00f3, , no conduce a la conclusi\u00f3n por la que se aboga, en consideraci\u00f3n a que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la fecha cierta se predica es de terceros y no de la misma parte. <\/p>\n
En todo caso, pese a que el acta en cuesti\u00f3n corresponde a la reuni\u00f3n celebrada el 5 de mayo de 1992, la causal de nulidad absoluta alegada en realidad no se fundamenta en la falsedad material de dicho documento, porque aparte de que la mencionada esa acta no se tach\u00f3 de falsa en la oportunidad procesal correspondiente, am\u00e9n de que la falsedad tampoco se demostr\u00f3, no aparece demostrada, lo cierto es que el hecho se adujo simplemente porque como el \u201clibro de actas…no existe o desapareci\u00f3\u201d, no era \u201cposible calificar ahora la exactitud de la \u2018fiel copia\u2019 que se anex\u00f3\u201d o protocoliz\u00f3 con el contrato de compraventa. <\/p>\n
3.- Con relaci\u00f3n a la apelaci\u00f3n adhesiva, enderezada a que se resuelva sobre las consecuencias de la inscripci\u00f3n de la demanda, hay lugar a la adici\u00f3n que se solicita, pero s\u00f3lo en lo que respecta a la cancelaci\u00f3n de dicha medida, no as\u00ed la condena a la demandante a pagar las costas y los perjuicios que hubiere causado con la pr\u00e1ctica de la misma, por no ser una condena preceptiva que deba reclamarse dentro del mismo proceso (Cfr. sentencia 193 de 2 de diciembre de 1993, CCXXV-728\/729, y 253 de 14 de diciembre de 2000, expediente 5738), as\u00ed la cauci\u00f3n exigida como requisito para su decreto tuviese como finalidad garantizar el pago de esos conceptos, porque el art\u00edculo 690 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no establece tal condena, y la misma, como bien se sabe, por corresponder a una sanci\u00f3n, no puede resultar de la aplicaci\u00f3n extensiva o anal\u00f3gica de la ley. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la sentencia del juzgado, adicionada en lo que corresponde al numeral precedente, y se condenar\u00e1 a la sociedad parte demandante a pagar las costas de ambas instancias. <\/p>\n
el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3NDECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 1\u00ba de septiembre de 2000, adicionada el 30 de octubre del mismo a\u00f1o, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de la sociedad Sarcorel Limitada contra las sociedades Obras, Industrias e Inversiones y C\u00edia. Ltda., y Rinc\u00f3n de Hato Grande y C\u00edia. Ltda., y en sede de instancia CONFIRMA la sentencia apelada de 18 de septiembre de 1997 del Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Ordenar la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda. Para el efecto, of\u00edciese en su oportunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
Las costas de ambas segunda instancias corren a cargo de la parte demandante. Las de segunda, t T\u00e1sense por el Tribunal. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-237-2005 [1100131030111995-00504-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3ON CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil cinco (2005). R Referencia: Expediente C-1100131030111995-0504-01 S Se deciden los recursos de casaci\u00f3n que interpusieron […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}