SC-238-2005 [4100131030021997-11131-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Jaime Alberto Arrubla Paucar <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. <\/p>\n
41001-3103-002-1997-11131-01 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Nelly Vega Cabrera contra la sentencia dictada el 17 de octubre de 2002, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario que entabl\u00f3 contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretendi\u00f3 la demandante que se declarara que la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero es civilmente responsable por el incumplimiento de las obligaciones que adquiri\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 3178 del 1\u00ba de octubre de 1990, del cual deriv\u00f3 perjuicios materiales que cuantifica en $1.692’664.960, a cuyo pago solicita que se le condene, con correcci\u00f3n monetaria e intereses. <\/p>\n
2. Las pretensiones formuladas f\u00e1cticamente se apoyaron en los hechos que a continuaci\u00f3n se rese\u00f1an: <\/p>\n
2.1. Mediante contrato consignado en el instrumento p\u00fablico mencionado, Nelly Vega Cabrera le compr\u00f3 a Jairo Manrique Paredes el predio rural denominado La Arabia, ubicado en jurisdicci\u00f3n del municipio de Campo Alegre, (Huila), cuyas especificaciones se suministran, por la suma de doce millones quinientos mil pesos ($12’500.000.oo) M\/cte., que el vendedor declar\u00f3 recibidos de contado, en la siguiente forma: ($2’500.000.oo) de manos de la compradora, y ($10’000.000.oo), de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero, por cuenta del comprador, provenientes del pr\u00e9stamo que le aprob\u00f3 con ese fin (cl\u00e1usula f), inmueble que la compradora hipotec\u00f3 en el mismo instrumento a favor de la entidad en cita, reconociendo adeudarle la misma cantidad, que confes\u00f3 haber recibido en dinero efectivo y en calidad de mutuo, oblig\u00e1ndose a restituirla en los t\u00e9rminos expresados en el pagar\u00e9 que en la misma fecha aceptar\u00eda y suscribir\u00eda por separado (cl\u00e1usula 3\u00aa). <\/p>\n
2.2. Del documento referenciado se desprende que la demandante adquiri\u00f3 el dominio del inmueble mediante el contrato de compraventa all\u00ed solemnizado, y que la demandada se oblig\u00f3 a pagarle al vendedor la suma de diez millones de pesos M\/cte. ($10’000.000.oo), con el producto del pr\u00e9stamo aprobado a la compradora para el pago del precio. A pesar de haberse gravado con hipoteca a su favor, la demandada fren\u00f3 la consignaci\u00f3n de ese valor en la cuenta corriente del vendedor, lo mismo que la emisi\u00f3n del pagar\u00e9 que deb\u00eda otorgar la compradora, por lo que aqu\u00e9l no ha sido cubierto, y \u00e9sta no le pudo dar a la finca la destinaci\u00f3n para la cual la adquiri\u00f3. <\/p>\n
2.3. Del mismo modo se sustrajo la Caja Agraria a los deberes que asumi\u00f3 cuando le aprob\u00f3 un cr\u00e9dito de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, sobre el que estaba apoyada toda su capacidad de pago, y al suspender el desembolso de los recursos con los que iba a desarrollar la actividad productiva propuesta y aprobada por dicha entidad, la actora fue llevada a la quiebra, perdi\u00f3 todo su patrimonio, el predio adquirido y las inversiones realizadas con los ahorros de varios a\u00f1os de trabajo. Adicionalmente prescindi\u00f3 de los servicios que le prestaba como perito, actividad que constitu\u00eda su \u00fanica fuente de ingresos para adelantar la explotaci\u00f3n av\u00edcola propuesta, actuaciones todas que se derivaron de los requerimientos que le formul\u00f3 para que diera cumplimiento a los contratos legalmente celebrados y con las que le ocasion\u00f3 los perjuicios que se detallan y cuantifican. <\/p>\n
2.4. Para evitar da\u00f1os mayores, la demandante le solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario, dada la inexistencia de obligaci\u00f3n que pudiera respaldar, petici\u00f3n que rechaz\u00f3 de plano. <\/p>\n
2.5. Pretendiendo dar cumplimiento a las obligaciones contraidas con Jairo Manrique Paredes, la compradora enajen\u00f3 el predio, pacto que infringi\u00f3 debido a la negativa de la instituci\u00f3n a cancelar el gravamen acabado de mencionar, por lo que debi\u00f3 pagar la cl\u00e1usula penal estipulada, cuyo valor ascendi\u00f3 a $5’000.000.oo, de los cuales abon\u00f3 $1’500.000.oo en efectivo y gir\u00f3 una letra de cambio a favor del comprador por el saldo. <\/p>\n
2.6. Mediante escritura No. 657 del 6 de marzo de 1992, corrida en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Neiva, la Caja Agraria cancel\u00f3 la hipoteca, por haber pagado la demandante, seg\u00fan manifest\u00f3, el saldo de la obligaci\u00f3n garantizada, declaraci\u00f3n que es falaz puesto que Nelly Vega Cabrera nunca recibi\u00f3 el valor del cr\u00e9dito aprobado por la demandada, ni ninguna otra cantidad, por cuenta del contrato celebrado por escritura No. 3178 del 1\u00ba de octubre de 1990, como lo declar\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto en sentencia que data del 30 de agosto de 1994, al acoger la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n propuesta por Jairo Manrique Paredes en el proceso al que fue convocado por la Caja Agraria. <\/p>\n
2.7. Para sustraerse a las obligaciones asumidas, la Caja Agraria se ampar\u00f3 en lo estipulado en la cl\u00e1usula 5\u00aa del contrato de hipoteca, a cuyo tenor, la constituci\u00f3n de dicho gravamen no la obligaba a celebrar operaciones de cualquier clase, sin tener en cuenta que esa previsi\u00f3n reg\u00eda hacia el futuro y que las prestaciones que incumpli\u00f3 las adquiri\u00f3 en el mismo acto, \u00aben los proyectos y cr\u00e9ditos ya aprobados\u00bb. <\/p>\n
2.8. Tras la compra del inmueble La Arabia, la demandante adquiri\u00f3 los equipos necesarios para su explotaci\u00f3n av\u00edcola, mediante cr\u00e9ditos que obtuvo de Wiston Javier Hern\u00e1ndez, respaldados con letras de cambio. Por el incumplimiento de la Caja Agraria, no pudo entrar a explotar la finca ni atender esos cr\u00e9ditos, por lo que Hern\u00e1ndez inici\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, y dentro de \u00e9l se orden\u00f3 el embargo y secuestro del predio, que entreg\u00f3 en daci\u00f3n en pago de los cr\u00e9ditos, intereses y costas cobrados por el ejecutante, para no incrementar los perjuicios que hab\u00eda recibido por la conducta de la demandada. En dicho tr\u00e1mite fue citada para que hiciera valer los derechos garantizados con hipoteca sobre la finca La Arabia, derechos que no reclam\u00f3 en ese tr\u00e1mite ni en actuaci\u00f3n separada, lo que se explica porque nunca efectu\u00f3 el desembolso de los $10’000.000.oo, y como consecuencia ninguna obligaci\u00f3n exist\u00eda a su favor. <\/p>\n
2.9. Como resultado de todo lo anterior, la demandante perdi\u00f3 la oportunidad del cr\u00e9dito por $10’000.000.oo que gozaba de financiaci\u00f3n especial, al cual no podr\u00e1 volver a acceder, perdi\u00f3 tambi\u00e9n las adecuaciones que le hab\u00eda hecho al inmueble para explotarlo, as\u00ed como los equipos adquiridos e instalados para la Industria Av\u00edcola propuesta a la Caja Agraria, pues todo qued\u00f3 incorporado en la daci\u00f3n en pago de la que antes se habl\u00f3. <\/p>\n
2.10. El incumplimiento enrostrado a la demandada lo comprueba la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto en el proceso ejecutivo que dicha entidad promovi\u00f3 contra Jairo Manrique Paredes, dentro de la cual se concluy\u00f3 que la Caja Agraria estaba obligada a pagarle la suma de $10’000.000.oo, como parte del precio pactado en el contrato de compraventa celebrado con Nelly Vega Cabrera y por tanto se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n propuesta por el ejecutado, hasta esa cantidad, sujeto que s\u00f3lo por ese medio logr\u00f3 que, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, se reconocieran sus derechos. <\/p>\n
4. Desestimadas en primera instancia las pretensiones de la demandante, el superior prohij\u00f3 esa decisi\u00f3n como consecuencia del recurso de apelaci\u00f3n que propuso. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
De entrada se apart\u00f3 el Tribunal del criterio del sentenciador de primer grado, conforme al cual el contrato de mutuo que apuntala las pretensiones no se perfeccion\u00f3, y por lo tanto no pod\u00edan ellas fructificar. Explic\u00f3 a ese respecto, concordando con el apelante, que se originan \u00aben un contrato mayor que el de mutuo mencionado\u00bb, consignado en la escritura p\u00fablica No. 3178 del 1\u00ba de octubre de 1990, instrumento que incorpora el contrato de compraventa de la finca La Arabia, concluido por Jairo Manrique Paredes como vendedor y Nelly Vega Cabrera como compradora, por la suma de $12’500.000.oo, cifra que el vendedor declar\u00f3 haber recibido de contado, as\u00ed: $2’500.000.oo de manos de la compradora, y $10’000.000.oo de la Caja Agraria, producto del pr\u00e9stamo aprobado a aqu\u00e9lla con ese objetivo. <\/p>\n
Precisado que el litigio se origin\u00f3 en las diferencias que se presentaron entre la demandante y la Caja Agraria, a quien se tilda de incumplir las obligaciones que contrajo en dicho instrumento p\u00fablico, verific\u00f3 que tales prestaciones son: una directa y otra indirecta. <\/p>\n
Sobre la primera explic\u00f3 que al haber aprobado un cr\u00e9dito por $10’000.000.oo a favor de la actora, para ser destinado a pagar el saldo del precio de la venta incorporada en la escritura p\u00fablica referenciada, la Caja Agraria se comprometi\u00f3 a desembolsar y entregarle esa suma para que le diera la aplicaci\u00f3n acordada. <\/p>\n
Constat\u00f3 que la demandante admiti\u00f3 haberla recibido, anotando que \u00abel modo y el tiempo o la fecha que sirvieron para materializar la manifestaci\u00f3n\u00bb de la actora, resultan del literal F) y el punto segundo de la escritura p\u00fablica No. 3178, en los que la compradora, la entidad financiera y el vendedor acordaron que se le entregara a \u00e9ste, lo mismo que de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, autoridad que concluy\u00f3 que para la \u00e9poca del otorgamiento del instrumento p\u00fablico acabado de mencionar, el vendedor autoriz\u00f3 a la entidad prestadora para que los $10’000.000.oo del pr\u00e9stamo aprobado a la compradora, se aplicaran al pago de las obligaciones que con ella ten\u00eda adquiridas, dineros que extinguieron las prestaciones a su cargo, pr\u00f3ximas a vencerse y hasta por ese monto, como lo admiti\u00f3 la citada corporaci\u00f3n al declarar probada la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n que propuso en el proceso ejecutivo al que fue convocado por la entidad aqu\u00ed demandada. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n consider\u00f3 que las afirmaciones consignadas en el hecho d\u00e9cimo del libelo introductor, a tono con las cuales el saldo del precio del inmueble La Arabia no se le ha abonado al vendedor y por eso la compradora no le pudo dar la destinaci\u00f3n proyectada, desdicen de lo resuelto en dicho proceso, de una parte, porque \u00abla prosperidad de la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n implic\u00f3 pago de unas obligaciones a cargo del vendedor hasta por diez millones ($10’000.000.oo) de pesos, adquiridas con anterioridad a la firma de la escritura conocida\u00bb, suma que la entidad desembols\u00f3 \u00abpor disposici\u00f3n judicial, con retroactividad a la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura No. 3178\u00bb, y de otra, porque \u00abla demandante recibi\u00f3 el inmueble con una hect\u00e1rea y media (1 1\/2 has) sembradas en guan\u00e1bano, en producci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el acogimiento del referido instrumento defensivo devela el incumplimiento de la Caja en la soluci\u00f3n de la prestaci\u00f3n en cita, puesto que luego de suscribir el memorado instrumento dio orden para que el dinero no se desembolsara, como lo admiti\u00f3 al contestar la demanda, escud\u00e1ndose en que el aval\u00fao del predio ofrecido en garant\u00eda para obtener el cr\u00e9dito hab\u00eda sido excesivo, conducta con la que se sustrajo a su cumplimiento oportuno, dado que su obligaci\u00f3n en el punto era de car\u00e1cter puro y simple. <\/p>\n
Consider\u00f3, empero, que ese proceder no era suficiente para comprometer su responsabilidad contractual, porque para esos fines es preciso que la demandante haya sufrido da\u00f1o y que entre \u00e9ste y aqu\u00e9l exista un nexo de causalidad adecuada, elemento que no avist\u00f3 porque seg\u00fan lo atestiguado por el vendedor, la compradora recibi\u00f3 el inmueble un mes antes del otorgamiento de la escritura \u00abcon una hect\u00e1rea cultivada en guan\u00e1bano, que estaba en producci\u00f3n y media hect\u00e1rea m\u00e1s, a punto de empezar a producir\u00bb, y en los t\u00e9rminos del concepto pericial que obra a folios 210 y ss. del cuaderno principal, la utilidad mensual y anual de ese cultivo era de $2’336.086.oo y $28’033.032.oo respectivamente, de modo que si as\u00ed se dieron las cosas, puesto que concordantemente lo afirmaron el vendedor, los peritos y la demandante, el desembolso tard\u00edo del cr\u00e9dito aprobado a la compradora ning\u00fan perjuicio le caus\u00f3, por cuanto recibi\u00f3 la finca con un cultivo de alta rentabilidad y la tuvo en posesi\u00f3n durante 17 meses, que van desde septiembre de 1990 hasta febrero de 1992, fecha del secuestro ordenado por el juez que conoc\u00eda del proceso ejecutivo que le promovi\u00f3 Wiston Javier Hern\u00e1ndez, lapso durante el cual debi\u00f3 obtener utilidades por $39’713.462.oo, suficientes para cubrir tanto las obligaciones cobradas ejecutivamente, que ascend\u00edan a $8’000.000.oo, y estaban incorporadas en t\u00edtulos valores con vencimientos pactados dentro del per\u00edodo en que explot\u00f3 la finca, como el saldo del precio adeudado al vendedor, \u00abuna vez la CAJA AGRARIA dio orden de no desembolsar el dinero, que cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s de la firma de la escritura hubo de hacerlo por disposici\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Excluy\u00f3 de la decisi\u00f3n lo atinente a la determinaci\u00f3n de la Caja Agraria de no aprobarle cr\u00e9ditos a Nelly Vega Cabrera para las actividades agropecuarias que mencion\u00f3, porque no se oblig\u00f3 a ello en el antedicho instrumento. Ese es, \u00abun estadio extracontractual\u00bb, anot\u00f3, no invocado en la demanda. <\/p>\n
En punto de la obligaci\u00f3n indirecta contraida por el mismo ente, consistente en cancelar la hipoteca constituida sobre la misma finca, consider\u00f3 que de su infracci\u00f3n no devino el perjuicio que la demandante alega, \u00abpuesto que el gravamen no le impidi\u00f3 la posesi\u00f3n material del bien y la consecuente explotaci\u00f3n, dadas las \u00f3ptimas condiciones en que lo recibi\u00f3 y tampoco enajenarlo, de conformidad con los art\u00edculos 2432 y 2440 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se plantean dos cargos contra la sentencia recurrida, que ser\u00e1n examinados por la Corte en el mismo orden en que fueron aducidos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Por la equivocada apreciaci\u00f3n de la demanda y las pruebas que edifican el pronunciamiento atacado, se le endilga al Tribunal la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1494, 1495, 1501, 1517, 1546, 1602, 1603, 1604, 1605, 1608, 1610, 1614, 1615, 1618, 1625 y ss., 2432 y ss. del C\u00f3digo Civil, 822, 830, 864, 870 y dem\u00e1s normas concordantes del C\u00f3digo de Comercio, 80 de la Ley 153 de 1887, 175, 187, 197, 200, 212, 228, 403 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para desarrollar la acusaci\u00f3n sostiene el impugnador que la sentencia se apoya en la confesi\u00f3n desgajada de las afirmaciones vertidas por la actora en el hecho d\u00e9cimo del libelo introductor, argument\u00e1ndose all\u00ed mismo que el desembolso del cr\u00e9dito aprobado a la demandante para pagar el saldo del precio del inmueble comprado a Manrique Paredes, lo efectu\u00f3 la entidad demandada \u00abpor disposici\u00f3n judicial, con retroactividad a la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura n\u00famero 3178, que lo fue el 1\u00ba de octubre de 1990\u00bb, apreciaci\u00f3n que en su parecer se contrapone a lo expresado en el hecho atr\u00e1s mencionado, y sobre la cual observa que al adoptarse la resoluci\u00f3n jurisdiccional mencionada, el da\u00f1o se hab\u00eda materializado, y por lo tanto se valora \u00abun efecto jur\u00eddico como suficiente para producir un cambio de la realidad pret\u00e9rita, \u00fanica manera de tomarlo como medio de prueba, como confesi\u00f3n por apoderado (art. 197 C\u00f3digo de Procedimiento Civil)\u00bb. Anota que \u00abesa valoraci\u00f3n como prueba es contraria a derecho puesto que el efecto de una decisi\u00f3n judicial no admite ese medio probatorio\u00bb, que la daci\u00f3n en pago \u00abno se retrotrajo hasta desaparecer como efecto de la sentencia que dispuso a\u00f1os despu\u00e9s que se hab\u00eda efectuado la extinci\u00f3n de las obligaciones por compensaci\u00f3n (no exactamente por pago, como distingue el art\u00edculo 1625 del CC)\u00bb, lo que evidencia que \u00absi se tratara de una confesi\u00f3n la sentencia del Tribunal viola el art\u00edculo 200 C\u00f3digo de Procedimiento Civil pues divide de la demanda ese punto 10 de los hechos de aquellos como el 22 que relata la daci\u00f3n en pago y del 24 al 26 sobre la sentencia de agosto 30 de 1994 del Tribunal de Pasto\u00bb. <\/p>\n
Critica al fallador por mutilar el testimonio de Jairo Manrique Paredes, del cual dedujo que la demandante ten\u00eda capacidad para atender las obligaciones contraidas con el testigo y con el vendedor de los equipos que adquiri\u00f3 para explotar la finca. Explica al respecto que se ignoraron los pasajes de su exposici\u00f3n en los expresa que por la edad del cultivo, a pesar de estar el fundo en plena producci\u00f3n, no generaba ninguna utilidad y lo que requer\u00eda era inversi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la experticia que apuntala la misma conclusi\u00f3n, dice que se le dio una lectura sesgada porque seg\u00fan lo dictaminado por los peritos, en la primera etapa de producci\u00f3n el cultivo no ten\u00eda ninguna rentabilidad, pues \u00aba partir del tercer a\u00f1o, empieza la producci\u00f3n pero en peque\u00f1a escala y se estabiliza en un promedio de rentabilidad notoria entre los a\u00f1os 6 y 18\u00bb, diferencia en la que no par\u00f3 mientes el Tribunal, con desconocimiento de las reglas de la sana cr\u00edtica, \u00abpor ser contra la l\u00f3gica que toda producci\u00f3n per se sea rentable y produzca utilidades. Tampoco significa que los peritos no supieran que los primeros y los \u00faltimos a\u00f1os son de peque\u00f1a y m\u00ednima producci\u00f3n, lo que es notorio es que dividen el total por todos los a\u00f1os (\u2026) como si la producci\u00f3n fuera plana o igual siempre a 21 Ton\/Ha, obteniendo un promedio pero en manera alguna que los peritos hayan considerado que la producci\u00f3n siempre es la misma y que ella produc\u00eda utilidades desde septiembre de 1990\u00bb, luego concluye, a dicha prueba le hizo expresar \u00ablo que quer\u00eda que dijera pero sin que el dictamen lo diga o se parezca siquiera a lo que afirma la Corporaci\u00f3n de instancia.\u00bb <\/p>\n
Cuanto a la confesi\u00f3n extra\u00edda de lo afirmado por el procurador judicial de la demandante en los alegatos de instancia, en punto a que en el inmueble \u00abefectivamente exist\u00eda un cultivo de una y media hect\u00e1rea de guan\u00e1bana, con \u00e1rboles en una etapa inicial de producci\u00f3n\u00bb argumenta que no aparece all\u00ed \u00abque dijera lo que quer\u00eda el Tribunal que dijera sino lo contrario\u00bb, a m\u00e1s que \u00abla valoraci\u00f3n como prueba del alegato de conclusi\u00f3n es una manifiesta violaci\u00f3n del art\u00edculo 175 CPC que se\u00f1ala los medios de prueba mientras este alegato se encuentra previsto en las normas del proceso ordinario (Art. 403 C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y tampoco aparece el alegato de conclusi\u00f3n entre las opciones de confesi\u00f3n a trav\u00e9s de apoderado previstas en el art\u00edculo 197 que resulta por lo mismo infringido con tal valoraci\u00f3n por el Tribunal\u201d. <\/p>\n
Solicita por tanto, que se case el fallo atacado, para que actuando en sede de instancia, la Corte revoque la sentencia de primer grado y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El Tribunal absolvi\u00f3 a la sociedad demandada de la obligaci\u00f3n de reparar el da\u00f1o que la demandante dijo haber experimentado por la infracci\u00f3n de los compromisos que adquiri\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 3178 del 1\u00ba de octubre de 1990, porque no vio ligamen entre la violaci\u00f3n de los deberes de prestaci\u00f3n que la demandada contrajo y el perjuicio cuyo resarcimiento se persigue. <\/p>\n
Con independencia del tipo de relaci\u00f3n negocial que habr\u00eda florado por el acuerdo de voluntades expresado en el instrumento p\u00fablico en cita, que el sentenciador no dio en identificar, conform\u00e1ndose con calificarlo como \u00abun contrato mayor que el de mutuo mencionado\u00bb por el a-quo, concluy\u00f3 que de \u00e9l dimanaron dos obligaciones para la demandada: una directa e indirecta la otra. <\/p>\n
Frente a la primera, consistente en desembolsar y entregar a la compradora los $10.000.000.oo que hab\u00eda aceptado entregarle en pr\u00e9stamo, para la adquisici\u00f3n de la finca La Arabia, descart\u00f3 la tesis de su total infracci\u00f3n, enarbolada para apuntalar los reclamos indemnizatorios, predicando su satisfacci\u00f3n tard\u00eda, como consecuencia de la aceptaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n propuesta por el vendedor de la nombrada finca, dentro del proceso ejecutivo al cual fue convocado por la aqu\u00ed demandada, decisi\u00f3n que en su parecer \u00abfulmin\u00f3 las obligaciones que hab\u00eda contra\u00eddo el se\u00f1or MANRIQUE PAREDES para con la CAJA AGRARIA, vencidas y por vencerse\u00bb, hasta por ese monto, forma de ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n en cita de la que no diside el censor, cuyo descontento se vuelca hacia el efecto retroactivo que le reconoci\u00f3 el ad-quem cuando sostuvo que \u00abel desembolso de este dinero lo hizo la entidad, por disposici\u00f3n judicial, con retroactividad a la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura n\u00famero 3178, que lo fue el primero de octubre\u00bb. <\/p>\n
Es de ver, sin embargo, que a pesar de anunciar que el desembolso del cr\u00e9dito tuvo el se\u00f1alado efecto, en fin de cuentas el juzgador no hizo obrar sus consecuencias sobre el pasado, concretamente hasta la fecha de la suscripci\u00f3n del apuntado instrumento, que es en lo que en definitiva consiste, porque de otro modo no habr\u00eda podido menos que concluir en su car\u00e1cter tempestivo, habida cuenta de la naturaleza pura y simple que le asign\u00f3 al compromiso de la demandada. Por supuesto que la retroactividad pregonada se desdibuja por la inmediata reflexi\u00f3n del Tribunal sobre el retraso en la soluci\u00f3n del deber de prestaci\u00f3n que viene consider\u00e1ndose, expresado en que la prosperidad del aludido medio exceptivo \u00abimplic\u00f3 tambi\u00e9n, evidenciar que hubo incumplimiento de la CAJA AGRARIA respecto de la obligaci\u00f3n de desembolsar oportunamente la suma mencionada, puesto que con posterioridad a la firma de la escritura le orden\u00f3 al se\u00f1or gerente de la oficina de Palermo, que no desembolsara el dinero correspondiente al cr\u00e9dito aprobado a favor de la compradora, con la finalidad conocida\u00bb, y el subsiguiente escrutinio alrededor del perjuicio que de esa conducta deriv\u00f3 la compradora, argumentaci\u00f3n que resultar\u00eda de m\u00e1s si le hubiere hecho producir la fuerza hacia el pasado que en el cargo se encara, que ineluctablemente habr\u00eda tenido que desembocar en la oportunidad del desembolso, por lo que atr\u00e1s se explic\u00f3, todo lo cual pone de relieve la inutilidad de los cuestionamientos que por al apuntado rese\u00f1ado efecto se proponen, con base en que no resulta apropiado deducirlo por v\u00eda de confesi\u00f3n, dada su inocultable irrelevancia en el juicio reprochado, que consecuentemente dispensa a la Corte de su examen. <\/p>\n
Y ya en punto del argumento toral de la resoluci\u00f3n impugnada, que ata\u00f1e a la inexistencia de relaci\u00f3n de causa a efecto entre el desembolso inoportuno del cr\u00e9dito aprobado a la compradora y los males que \u00e9sta alega haber soportado, debido a que recibi\u00f3 la finca con un cultivo de guan\u00e1bano en producci\u00f3n altamente rentable, del cual pudo obtener una utilidad suficiente para cancelar tanto las obligaciones por las que fue demandada ejecutivamente, como el saldo del precio del fundo, discernimiento que se fustiga por afianzarse, en criterio del censor, en pruebas inapropiadamente valoradas, en cuanto no develan la capacidad de pago que se le atribuye en el fallo, cumple anotar que en verdad, el sentenciador no fue afortunado al arribar a esa conclusi\u00f3n, puesto que a pesar de recibir la finca, como lo revela el testimonio del vendedor, desde comienzos de septiembre de 1990, con un siembro de \u00abuna hect\u00e1rea y media, una se corrige, en \u00e1rbol de guan\u00e1bano, estaban en producci\u00f3n y media m\u00e1s de 3 1\/2 a 4 a\u00f1os, es decir iban a iniciar producci\u00f3n\u00bb, ese cultivo no pod\u00eda reportarle a la compradora la ganancia afirmada, ni dotarla, por contera, de la solvencia que le atribuy\u00f3. <\/p>\n
En efecto: sostuvo el ad-quem que de acuerdo con el dictamen pericial practicado como prueba de la objeci\u00f3n por error grave que se adujo contra la pericia inicial, el valor de esa rentabilidad, desde la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato, era de $2.336.086.oo mensuales y $28.033.032.oo anuales, de ah\u00ed que si la compradora tuvo en posesi\u00f3n la finca durante diecisiete (17) meses, que van desde la fecha en que la recibi\u00f3 de manos del vendedor \u2013septiembre de 1990-, hasta que se produjo el secuestro ordenado en el proceso ejecutivo promovido por Wiston Javier Hern\u00e1ndez \u201cha debido obtener utilidades por la suma de treinta y nueve millones setecientos trece mil cuatrocientos sesenta y dos ($39.713.462,oo) pesos\u201d, suficientes para cubrir las obligaciones atr\u00e1s mencionadas. <\/p>\n
Empero, al razonar de ese modo pas\u00f3 por alto que, como all\u00ed mismo se aclar\u00f3, \u201cla guan\u00e1bana es un cultivo permanente y de tard\u00edo rendimiento, cuya vida \u00fatil est\u00e1 entre los 20 y 25 a\u00f1os aproximadamente, empezando su producci\u00f3n entre el a\u00f1o tercero y cuarto en forma ascendente estabiliz\u00e1ndose entre el a\u00f1o octavo y d\u00e9cimo donde alcanza su m\u00e1xima producci\u00f3n la cual dura entre cinco y seis a\u00f1os empezando a declinar hasta llegar a un punto donde el cultivo no es rentable\u201d. Ignor\u00f3 tambi\u00e9n que la rentabilidad mensual y anual establecida por los peritos es la que se obtendr\u00eda, en promedio, durante la vida \u00fatil del cultivo, calculado por el mismo m\u00e9todo, en 23 a\u00f1os, de modo que los rendimientos de ese modo estimados no corresponden a los que exactamente habr\u00eda podido obtener la compradora en el interregno que tuvo en su poder el inmueble, porque trat\u00e1ndose de un cultivo de largo plazo, con etapas diferenciales de desarrollo y producci\u00f3n, la ganancia no es fija sino fluctuante, dependiendo de la fase por la que atraviese, circunstancias que al ser dejadas de lado por el tribunal le quitan fuerza a la conclusi\u00f3n que al margen de ellas deriv\u00f3. <\/p>\n
Con todo, la diafanidad de su desacierto a ese respecto, no es suficiente para abatir el juicio reprochado, porque como habr\u00e1 de verse, no est\u00e1 demostrado que la demora en el desembolso del cr\u00e9dito aprobado a la actora para la compra de la finca La Arabia haya sido la causa del detrimento patrimonial a cuya reparaci\u00f3n aspira, realidad frente a la cual, la soluci\u00f3n que al litigio le dio el Tribunal era la que se impon\u00eda. <\/p>\n
En efecto, aunque en la demanda se afirm\u00f3 (hechos 10 21 a 23), que por la infracci\u00f3n del compromiso en cita, no se ha pagado el saldo del precio del nombrado fundo, y la compradora no pudo entrar a explotarlo \u201cni dar cumplimiento a los cr\u00e9ditos adquiridos por la compra de los equipos necesarios para la explotaci\u00f3n av\u00edcola aprobado (sic) previamente por la Caja Agraria, raz\u00f3n por la cual fue embargado y secuestrado el predio por el se\u00f1or WISTON JAVIER HERNANDEZ, vendedor de los equipos, en proceso adelantado en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva\u201d, a quien se lo entreg\u00f3 en daci\u00f3n en pago, para precaver perjuicios mayores, y como resultado final vio frustada la oportunidad de acceder al cr\u00e9dito aprobado, cuya financiaci\u00f3n era especial, \u201cperdi\u00f3 las adecuaciones que efectu\u00f3 en el predio para entrar a explotarlo y los equipos que hab\u00eda adquirido e instalado para la industria av\u00edcola propuesta\u201d, situaci\u00f3n que se reitera en el hecho 28 al afirmarse que \u201ces de esta misma actuaci\u00f3n del no pago de los DIEZ MILLONES DE PESOS M\/cte. ($10.000.00.oo) de donde se derivan los perjuicios reclamados en la presente demanda a favor de la doctora NELLY VEGA CABRERA\u201d est\u00e1 demostrado, con el testimonio del vendedor, que recibi\u00f3 materialmente la finca desde comienzos de septiembre de 1990, es decir, en fecha incluso anterior a la de la celebraci\u00f3n del contrato de venta -1\u00ba de octubre del mismo a\u00f1o-, con un cultivo de guan\u00e1bana cuya etapa de producci\u00f3n despuntaba, en tanto que el proyecto de explotaci\u00f3n avalado por la Caja Agraria no pod\u00eda verse entrabado porque se frenara el desembolso del cr\u00e9dito otorgado para comprar la finca, precisamente porque ten\u00eda que ser destinado a ese prop\u00f3sito \u2013 el pago del precio del fundo -, y no a fines distintos, v. gr. la compra de equipos para ejecutarlo, o cualquier otro distinto, luego si el proceder de la demandada nada tuvo que ver con las dificultades que la compradora haya podido enfrentar al pretender desarrollar el proyecto del que planeaba derivar los recursos para solucionar las obligaciones que contrajo con el fin de sacarlo adelante y que finalmente solvent\u00f3 entregando el predio en daci\u00f3n en pago, ese comportamiento, por s\u00ed solo, resulta neutro en la cadena de acontecimientos que desembocaron en la merma patrimonial que termin\u00f3 por experimentar, de modo que si no constituye la causa de ella, su antecedente, falta el elemento de la responsabilidad civil que atr\u00e1s se mencion\u00f3 y la demandada no tiene por qu\u00e9 asumir su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Otros son los cr\u00e9ditos frustrados que habr\u00edan malogrado la explotaci\u00f3n, con las pregonadas secuelas, de atender a lo que se manifiesta en el hecho und\u00e9cimo del libelo. D\u00edcese all\u00ed que \u201cigualmente en actitud burlesca, y maliciosa en abuso total del derecho desconoce los compromisos contraidos al haber aprobado un cr\u00e9dito de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, sobre el cual se apoya toda la capacidad de pago del beneficiario, suspendi\u00e9ndole los desembolsos para desarrollar su actividad productiva\u201d, llev\u00e1ndola a la \u201ctotal quiebra y empobrecimiento marginal (\u2026) a perder todo su patrimonio, el predio adquirido y las inversiones previas en equipos, adecuaciones, primer lote de aves, realizadas con sus exiguos ahorros de varios a\u00f1os de trabajo\u201d (hecho 11). <\/p>\n
Sin embargo, como el Tribunal ni siquiera se ocup\u00f3 de ellos por encontrar que la Caja Agraria no se comprometi\u00f3 a otorgarlos en el instrumento p\u00fablico que recoge los acuerdos de voluntad cuyo abandono edifica la pretensi\u00f3n resarcitoria postulada, defiri\u00e9ndolos a una etapa extracontractual, desligada del litigio, tema sobre el cual explicit\u00f3, en concreto, que no abordar\u00eda \u00ablos hechos que se relacionan con la decisi\u00f3n de la Caja Agraria en el sentido de no aprobar cr\u00e9ditos a favor de la demandante, con destino a actividades agropecuarias que menciona, dado que la entidad no se oblig\u00f3 a ello al suscribir la escritura conocida. Ese es un estadio extracontractual, al que no se refiere la demanda\u201d, como su criterio en ese sentido no ha sido controvertido y por lo tanto debe entenderse que la censura no est\u00e1 en desacuerdo, no le est\u00e1 dado a la Corte inquirir de oficio por su validez o desacierto, dado el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso. <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la misma causal, se impugna el fallo del Tribunal por violar, en forma directa, los art\u00edculos 1501, 1546, 1618, 2457 y dem\u00e1s normas concordantes del C\u00f3digo Civil, lo mismo que los art\u00edculos 835, 871 y afines del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para concretar la queja, evoca el recurrente los argumentos aducidos por el Tribunal para declarar la ausencia de relaci\u00f3n causal entre \u201cel acto de mantener el bien hipotecado y el da\u00f1o que la demandante dice haber sufrido\u201d, para se\u00f1alar que si la constituci\u00f3n de un gravamen de esa naturaleza fuese inocua, no se tendr\u00eda el derecho a la cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
A vuelta de anunciar que restringe las posibilidades de cr\u00e9dito, explica que para procurarse los recursos demandados por el proyecto que estaba iniciando, la demandante \u201ctramit\u00f3 todo un proyecto a la entidad\u201d, y si no pudo completar la inversi\u00f3n que de ese modo pretend\u00eda obtener, no pod\u00eda explotar el predio, luego al rehusarse a deshipotecarlo, a sabiendas de que el desembolso del cr\u00e9dito aprobado \u201cno se hizo y se dispuso no hacer\u201d, lo que se pretend\u00eda, actuando \u201ccon culpa, con intenci\u00f3n da\u00f1ina\u201d, puesto que los banqueros prefieren como garant\u00eda una hipoteca de primer grado, era \u201climitarle las posibilidades de obtener dentro del sistema bancario un cr\u00e9dito que se sab\u00eda perfectamente lo necesitaba\u201d, y \u201cen quien est\u00e1 urgido del cr\u00e9dito es evidente que se est\u00e1 haciendo lo necesario para empujar a la \u2018quiebra\u2019 al contratante\u201d. <\/p>\n
Sostiene que afirmar que la compradora recibi\u00f3 el predio en \u00f3ptimas condiciones es s\u00f3lo \u201cuna manera de adornar la injusticia\u201d, porque deb\u00eda \u201cseguir invirtiendo sobre eso tan \u00f3ptimo o se llegar\u00eda a la ruina, arrastrando todo lo invertido a ese hoyo negro al que empujaron a la demandante\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade que aunque el gravamen no imped\u00eda enajenar la finca, s\u00f3lo pod\u00eda disponerse de ella en condiciones m\u00e1s gravosas que las de la daci\u00f3n en pago, puesto que el comprador tendr\u00eda que recibirla con la hipoteca \u00aby si se contaba al candidato a comprarla que no exist\u00eda el cr\u00e9dito, m\u00e1s que creer que fuera cierta la conducta bancaria le generaba desconfianza adicional a la malicia natural\u201d. Agreg\u00f3 que la enajenaci\u00f3n se har\u00eda \u201centregando todo a cambio de nada, pues la venta bajo necesidad, con una hipoteca que cubr\u00eda el valor del bien reci\u00e9n adquirido, no conllevaba el reconocimiento de las dem\u00e1s inversiones, etc.\u201d, disposici\u00f3n que en su parecer \u201cno es real, s\u00f3lo ideal, raz\u00f3n por la cual la hipoteca imped\u00eda realmente la enajenaci\u00f3n, aunque no jur\u00eddicamente\u201d. <\/p>\n
Finaliza diciendo que \u201cla no aplicaci\u00f3n de la equidad, ordenada para el contrato por normas expresas, no s\u00f3lo se rebela en contra de la ley sino que se comete enorme injusticia en el caso particular\u201d. Que \u201csi la obligaci\u00f3n es seg\u00fan la ley (Art. 871 C. Co.), la costumbre o la equidad natural, no resulta admisible razonablemente la omisi\u00f3n del tribunal, en contra de los claros fines de la norma de hacer justicia de acuerdo con cada caso o seg\u00fan la equidad\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se impugna en el cargo la decisi\u00f3n absolutoria que se pronunci\u00f3 frente a la demandada en relaci\u00f3n con el deber de prestaci\u00f3n que pretendi\u00f3 deriv\u00e1rsele por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de deshipotecar la finca La Arabia, determinaci\u00f3n que de igual modo se ciment\u00f3 en la ausencia de nexo causal entre la violaci\u00f3n del deber de prestaci\u00f3n mencionado y el da\u00f1o alegado por la demandante. Se adujo en ese sentido que \u00abel gravamen no le impidi\u00f3 la posesi\u00f3n material del bien y la consecuente explotaci\u00f3n, dadas las \u00f3ptimas condiciones en que lo recibi\u00f3 y tampoco enajenarlo, de conformidad con los art\u00edculos 2432 y 2440 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
De una parte, porque si la primera de las razones que cimentan ese criterio, como es la atinente a que \u201cel gravamen no le impidi\u00f3 la posesi\u00f3n material del bien y la consecuente explotaci\u00f3n, dadas las condiciones en que lo recibi\u00f3\u201d, es de eminente corte probativo, explicitado a espacio al descartarse, por igual motivo, la responsabilidad que se le endilg\u00f3 a la demandada por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de desembolsar el cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de dicha finca, esa estructura argumentativa compel\u00eda al recurrente a resquebrajar el juicio del fallador sobre todos los elementos persuasivos que lo sustentan, cometido que ni siquiera intent\u00f3, y que en todo caso no era factible agotar por la v\u00eda directa, refractaria como es a toda disputa de ese tipo. <\/p>\n
De otra, porque en lugar de discordar con el Tribunal en que la hipoteca no despoja del atributo de disposici\u00f3n al propietario del bien que la soporta, criterio que en \u00faltimas prohija cuando concluye que jur\u00eddicamente no obstruye el ejercicio de ese derecho, lo que en el fondo procura demostrar es que por lo desventajosa que resultar\u00eda la venta para la demandante, atendidas las circunstancias que se remarcan, no era una opci\u00f3n que realmente tuviera a la mano y que excluya el da\u00f1o que por la vigencia del gravamen dice haber soportado, predicamentos que por concernir a t\u00edpicos aspectos de hecho, son inabordables por el sendero por el que ha sido trazado el ataque. <\/p>\n
2. Por lo expuesto, no sale airoso el cargo. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia que data del 17 de octubre de 2002, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario incoado por Nelly Vega Cabrera contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense oportunamente. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-238-2005 [4100131030021997-11131-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar Bogot\u00e1, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83067"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83067\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}