SC-239-2005 [1999-28053-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 1999-28053-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia de 7 de septiembre de 2004, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario de Abraham Mar\u00edn Abramzon contra el Banco del Estado S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
Pidi\u00f3se declarar resuelta la promesa de compraventa ante el incumplimiento del demandado respecto a la entrega del inmueble y suscripci\u00f3n de la escritura, conden\u00e1ndolo a indemnizar los perjuicios, a reconocer las arras de retracto, las que deber\u00e1 restituir con los rendimientos financieros. <\/p>\n
En subsidio declararla nula por carecer de la \u00e9poca de celebraci\u00f3n, conden\u00e1ndolo a restituir los dineros entregados con ocasi\u00f3n de la promesa, m\u00e1s los rendimientos financieros y actualizaci\u00f3n monetaria de tales sumas desde su entrega hasta su devoluci\u00f3n. <\/p>\n
Con tal fin expuso: <\/p>\n
El 23 de junio de 1998 el banco prometi\u00f3 vender al demandante algunas oficinas, parqueaderos y dep\u00f3sitos del edificio 100 Street ubicado en esta ciudad, por la suma de $3\u2019412.800.000, pagaderos una parte a la suscripci\u00f3n de la promesa, otra a la de la escritura, esto es, el 30 de noviembre de 1998 a las 3:00 p.m. en la notar\u00eda 11 de Bogot\u00e1 o en fecha diferente acordada por escrito por las partes, y el saldo con un pr\u00e9stamo concedido por el mismo banco. <\/p>\n
Las arras de retracto se pactaron en $170.640.000, y la entrega se verificar\u00eda el d\u00eda de la firma de la escritura siempre que el banco los hubiera recibido de la Fiduciaria del Estado S.A. e Interpl\u00e1n S.A. con las especificaciones prefijadas, estableci\u00e9ndose en el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula 5\u00aa que todos los t\u00e9rminos se prorrogar\u00edan hasta por un periodo igual al tiempo que demorara la entrega material de los inmuebles en el evento en que \u00e9sta no fuera cumplida en la fecha convenida. <\/p>\n
El banco, por comunicaci\u00f3n de 10 de julio de 1998 adelant\u00f3 unilateralmente para el 31 de agosto la firma de la escritura, aduciendo que la contenida en la promesa estaba equivocada, siendo evidente que en dos meses las obras no habr\u00edan concluido. El \u201c26 de noviembre\u201d el actor env\u00edo una nota acogiendo la pr\u00f3rroga y pidiendo saber la fecha de entrega de los bienes; llegado \u201cel 30 de noviembre de 1999\u201d (sic), fecha concertada para la firma de la escritura y la entrega de los inmuebles, las partes no concurrieron a la notar\u00eda, habiendo guardado el banco silencio frente a las inquietudes expuestas por el promitente comprador. <\/p>\n
Como el demandado recibi\u00f3 parte del precio, el actor propici\u00f3 acercamientos tendientes a obtener su devoluci\u00f3n con los intereses que el banco paga a sus clientes, llegando a un acuerdo del que luego se retract\u00f3 la entidad crediticia. A la presentaci\u00f3n de la demanda el edificio a\u00fan estaba en obra negra. <\/p>\n
El fallo del juzgado, que deneg\u00f3 las pretensiones, declar\u00f3 disuelto el contrato y orden\u00f3 al banco restituir la suma recibida con sus intereses, fue revocado por el ad quem para en su lugar declarar la nulidad absoluta de la promesa y ordenar restituir los dineros actualizados y con los intereses bancarios corrientes fluctuantes. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
De entrada y en aras de evitar una sentencia inhibitoria o contradictoria, anota que invertir\u00e1 el orden de las pretensiones, despachando en primer lugar la nulidad absoluta planteada subsidiariamente. <\/p>\n
Advierte enseguida que por tratarse de un negocio mercantil, la legislaci\u00f3n aplicable es la comercial, pero como el art\u00edculo 861 del c\u00f3digo de comercio no consagra de manera expresa los requisitos de validez de la promesa, acude a lo ha dicho por la Corte, sobre que debe reunir los mismos requisitos establecidos por la codificaci\u00f3n civil, a excepci\u00f3n de venir por escrito. <\/p>\n
Establecido lo anterior precisa en relaci\u00f3n con el plazo o condici\u00f3n para la celebraci\u00f3n del contrato, que si bien la cl\u00e1usula s\u00e9ptima indica la fecha y lugar para firmar tal efecto, la cl\u00e1usula quinta, sin embargo, reza que la entrega de los inmuebles se har\u00eda para la misma fecha, siempre que la fiduciaria e Interpl\u00e1n los hubieran entregado al banco con las especificaciones convenidas, plazo que podr\u00eda ampliarse si los predios no hubieran sido debidamente terminados, agregando que \u201cen el evento que el promitente vendedor no haga entrega real y material de los inmuebles objeto del contrato el 30 de noviembre de 1998 todos los t\u00e9rminos de esta promesa se prorrogar\u00e1n hasta por un periodo igual al tiempo que demore la entrega material de los inmuebles\u201d. <\/p>\n
Es decir, aunque se fij\u00f3 de manera precisa el d\u00eda para otorgar la escritura, en \u00faltimas, interpretadas sistem\u00e1ticamente las cl\u00e1usulas, se tiene que el acatamiento de tal obligaci\u00f3n qued\u00f3 sometido a la entrega material de los inmuebles, la que a su turno no fue determinada, impidi\u00e9ndose colegir cu\u00e1l era la \u00e9poca para suscribir el instrumento p\u00fablico, por lo que debe entenderse que \u201clas obligaciones pactadas en dicho contrato, entre ellas la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, estaban sujetas a una condici\u00f3n cual era la entrega de los inmuebles vendidos, obligaci\u00f3n que finalmente depend\u00eda de la voluntad de un tercero\u201d, y no cualquier entrega, pues hab\u00eda de realizarse con las especificaciones t\u00e9cnicas, arquitect\u00f3nicas y de dise\u00f1o prefijadas, \u201ccondici\u00f3n que pactada de tal forma tiene como efecto la indeterminaci\u00f3n de la fecha de cumplimiento del contrato, pues es evidente la incertidumbre dada por el hecho de no saber si se realizar\u00eda o no la entrega de los inmuebles\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, \u201causente el contrato de plazo o condici\u00f3n\u201d para la firma de la escritura, dio entonces en declarar la nulidad de la promesa, ordenando al banco restituir al actor los dineros recibidos como parte del precio ($170.640.000,oo) debidamente indexados seg\u00fan el IPC, junto con los intereses bancarios causados desde el desembolso hasta su pago, obligaci\u00f3n que no deviene del contrato sino de la declaraci\u00f3n de nulidad que impone restablecer a las partes plenamente en sus derechos. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Con apoyo en la primera de las causales del art\u00edculo 368 del c\u00f3digo de procedimiento civil, tres cargos enfila contra la sentencia, que se despachan en el orden propuesto por ser el que se aviene a la l\u00f3gica. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 861, 822, 824 y 897 al 904 del c\u00f3digo de comercio y los art\u00edculos 89 de la ley 153 de 1887 y 1740, 1741 y 1746 del c\u00f3digo civil. <\/p>\n
Dos aspectos resalta, as\u00ed: de una parte, que el art\u00edculo 861 del c\u00f3digo de comercio, que regula lo tocante con la promesa mercantil, impide buscar en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887 \u201clos requisitos de existencia y validez\u201d y, de otra, que los art\u00edculos 897 al 904 del c\u00f3digo de comercio regulan las sanciones aplicables en materia mercantil por circunstancias \u201cgen\u00e9ticas o sobrevivientes\u201d al acto o contrato, que son ineficacia, inexistencia, nulidad absoluta, anulabilidad e inoponibilidad, resultando err\u00f3neo declarar la nulidad absoluta de una promesa mercantil sobre la base del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, al tener la legislaci\u00f3n comercial norma expresa que encuadra y sanciona la promesa para contratar cuando omite un requisito esencial o formal. <\/p>\n
Los requisitos del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887 son de la esencia del contrato de promesa, \u201cdado que la misma norma sujeta la existencia del contrato\u201d a su concurrencia, y la falta de alguno la castiga el c\u00f3digo civil con la nulidad absoluta, mientras en materia mercantil la sanci\u00f3n a la ausencia de una de las exigencias de la mencionada ley es la inexistencia y en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 822 del c\u00f3digo de comercio no puede aplicarse una norma civil a un contrato mercantil que tiene regulaci\u00f3n expresa, m\u00e1xime en cuanto la naturaleza y alcance de las normas difieren entre s\u00ed. Ante la aplicaci\u00f3n parcial del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887 a la promesa mercantil, la omisi\u00f3n de uno de los requisitos impone buscar la pena en el c\u00f3digo de comercio, debiendo por ello la Corte en instancia revocar la sentencia, desestimar las pretensiones, declarar que el contrato no existi\u00f3 y ordenar la restituci\u00f3n del dinero sin ajustes ni intereses. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El recurrente, como bien se aprecia del anterior resumen, consciente de que el tribunal desapareci\u00f3 el contrato, no persigue en el cargo propiamente su validez; busca, antes bien, que todav\u00eda m\u00e1s all\u00e1 se decrete la inexistencia, como declaraci\u00f3n cimera de despojo de efectos jur\u00eddicos a un acto o contrato. <\/p>\n
Pero, en procura de objetivo semejante y conforme con el mero enunciado de que con la inexistencia la restituci\u00f3n se har\u00eda sin correcci\u00f3n ni intereses, no hace nada por explicar c\u00f3mo buscando una sanci\u00f3n de mayor jerarqu\u00eda para el contrato, como de hecho viene a serlo la inexistencia, puede salir favorecido y de ah\u00ed ganancioso en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El impugnante, en verdad, no se\u00f1ala cu\u00e1l es la relaci\u00f3n causa-efecto de una y otra cosa, algo a que estaba obligado no s\u00f3lo por tratarse de un recurso extraordinario, sino porque en este caso era relevante que demostrase la legitimaci\u00f3n que le asist\u00eda para proponer un cargo en esos t\u00e9rminos, esto es, despejar la gran paradoja de c\u00f3mo abogando por sanci\u00f3n mayor al contrato se quitaba el perjuicio que por lo pronto le representaba la simple nulidad que decret\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
Y, desde luego, sin decir porqu\u00e9 lo uno conlleva lo otro, todo en adelante quedar\u00eda reducido tan s\u00f3lo a una labor puramente pedag\u00f3gica, en cuyo trasunto estar\u00eda determinar a qu\u00e9 punto en trat\u00e1ndose de una promesa mercantil la sanci\u00f3n que cabe de cara a una falencia como la que encontr\u00f3 el juzgador es la nulidad o, al contrario, como lo alega el impugnador, la inexistencia. <\/p>\n
Pero, hay que admitirlo, la faz extraordinaria de la casaci\u00f3n, m\u00e1s que todo en la finalidad que persigue, no autoriza un examen de ese tenor. <\/p>\n
Es sabido que el cariz extraordinario de la casaci\u00f3n se muestra m\u00e1s que todo en la finalidad que persigue, cual es, primordialmente, la de proteger el derecho objetivo, cosa que logra ejerciendo un control sobre la interpretaci\u00f3n judicial del mismo y que deriva a la postre en la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional. <\/p>\n
Mas, as\u00ed como su fin es ese, s\u00e1bese que dicha labor no la cumple la Corte de manera oficiosa; sin exhorto de por medio ella no se aplica a funci\u00f3n semejante. De ah\u00ed que haya establec\u00eddose entonces el mecanismo del recurso de casaci\u00f3n, de cuya existencia bien puede concluirse que sin recurso se priva al Tribunal llamado a decidirlo en su empe\u00f1o; el inter\u00e9s privado de los litigantes es, pues, otro de los fines de la casaci\u00f3n, si bien secundario. El inter\u00e9s individual, en ese orden de ideas, se pone al servicio del inter\u00e9s p\u00fablico; sin aqu\u00e9l, con abstracci\u00f3n de su rango inferior, no puede surgir \u00e9ste. Es algo as\u00ed como el aire a los pulmones. <\/p>\n
Lo importante de ello es que, si el fin esencial de la casaci\u00f3n requiere que haya un inconforme, que, como tal, est\u00e9 ultrajado con la decisi\u00f3n y que busque por lo mismo a que la sentencia sea quebrada para alcanzar el remedio a la injusticia, la Corte no est\u00e1 habilitada para disertar por mero prurito acad\u00e9mico; es ineluctable que haga sentir su influjo pr\u00e1ctico en el caso concreto que liga los intereses particulares de los litigantes. <\/p>\n
En suma, si a la postre nada hay en la acusaci\u00f3n que denote algo que cuadre a los intereses personales del recurrente, por supuesto que las carencias que en este sentido se palpan en ella no traduce otra cosa, ning\u00fan an\u00e1lisis puede emprender la Corte en procura de elucidar la problem\u00e1tica que con tintes netamente acad\u00e9micos revela el cargo. <\/p>\n
Por supuesto, no ha menester argumentos adicionales para concluir que el cargo no progresa. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1609, 1620, 1621, 1740, 1741, 1746 del c\u00f3digo civil, 89 de la ley 153 de 1887 y 822, 824, 861 y 864 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
Al concluir el ad quem que la promesa contiene una condici\u00f3n indeterminada en su cl\u00e1usula 5\u00aa, que lleva a la inexistencia del plazo exigido en el ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, desconoce que el contrato trae de manera concreta e indiscutible la fecha, hora y notar\u00eda. De donde a partir de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica debe considerarse que la cl\u00e1usula 5\u00aa se\u00f1ala la entrega de los inmuebles para el 30 de noviembre de 1998, por lo que conforme a la parte \u00faltima del numeral tercero del art\u00edculo 829 del c\u00f3digo de comercio, \u201cel d\u00eda de vencimiento, ser\u00e1 h\u00e1bil hasta las seis de la tarde. Es decir, el t\u00e9rmino de cumplimiento (…) se extend\u00eda hasta las 6 de la tarde de la fecha anotada\u201d, tiempo que abarca el de la cl\u00e1usula 7\u00aa, imponi\u00e9ndose \u201cque s\u00ed hab\u00eda plazo concreto, preciso, para celebrar el contrato prometido\u201d. <\/p>\n
Ahora, al contrato se incorporaron obligaciones adicionales que establecen los t\u00e9rminos a los que debe referirse la condici\u00f3n de la cl\u00e1usula 5\u00aa; y la cl\u00e1usula 7\u00aa debe interpretarse en su sentido productivo seg\u00fan lo manda el art\u00edculo 1620 del c\u00f3digo civil y el tribunal opt\u00f3 por negarle cualquier efecto. La cl\u00e1usula 5\u00aa afecta \u201clos restantes t\u00e9rminos se\u00f1alados en el contrato de promesa, incluido los (…) de pago del precio\u201d, pero ella no erigi\u00f3 la entrega previa de los inmuebles como elemento determinante para celebrar el contrato, no siendo razonable privar de todo efecto a la cl\u00e1usula 7\u00aa, conforme al art\u00edculo 1621 del c\u00f3digo civil que dice que en los casos en que no aparezca voluntad contraria, deber\u00e1 estarse a la interpretaci\u00f3n que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. <\/p>\n
Tampoco puede obviarse la manifestaci\u00f3n del actor respecto al mutuo disenso de los contratantes al no concurrir a la notar\u00eda ni su conducta en torno al contrato, lo que conduce, por la v\u00eda del art\u00edculo 1609 del c\u00f3digo civil, a desatar la relaci\u00f3n por el mutuo disenso, gener\u00e1ndose la restituci\u00f3n del dinero sin intereses, pues el pago por los da\u00f1os y perjuicios procede ante la mora o incumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El tribunal, cual f\u00e1cil asoma del resumen del fallo impugnado, consider\u00f3 que si bien estipul\u00f3se en la promesa un plazo, pues en el fondo nada distinto apreci\u00f3 en su cl\u00e1usula 7\u00aa, ello en realidad no era tanto as\u00ed, pues conjuntada esa estipulaci\u00f3n con la 5\u00aa del contrato, desdibujaba lo del plazo, dejando entrever m\u00e1s una condici\u00f3n, la que, tras evaluar, calific\u00f3 de inepta a los efectos de la promesa. <\/p>\n
Ahora, la tesis que despliega el censor para refutar al tribunal en este preciso aspecto, perfilada viene sobre la idea de que la indicaci\u00f3n del plazo en la referida cl\u00e1usula 7\u00aa bastaba para tener por satisfecha la exigencia que en punto de la \u00e9poca del perfeccionamiento de la promesa trae la ley, y en que, a su juicio, los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula 5\u00aa no repulsan, como lo entiende el sentenciador, que en la promesa se fij\u00f3 un plazo determinado. <\/p>\n
Y aquilata esos planteos diciendo escuetamente que si al juzgador incumbe, con arreglo al precepto 1620 del c\u00f3digo civil, dar a las estipulaciones contractuales la interpretaci\u00f3n que les permita tener efecto, debi\u00f3 en este caso otorgar a la mentada cl\u00e1usula 7\u00aa el alcance que propone, pues es \u00e9ste el que m\u00e1s cuadra con la naturaleza del contrato; y a la par debi\u00f3 desentenderse en ese raciocinio, de la cl\u00e1usula 5\u00aa, ya que sus efectos, mirados sistem\u00e1ticamente, son restringidos, es decir, no rozan el tema relativo al plazo para el perfeccionamiento del contrato. <\/p>\n
Mas, en realidad, bien vistos estos argumentos, en que a la postre despunta una clara incompatibilidad con el primer cargo que persevera en la aniquilaci\u00f3n del contrato, siendo que ac\u00e1 busca, por el contrario, que se mantenga intacto, no ve la Corte c\u00f3mo podr\u00eda la acusaci\u00f3n salir avante, si es que, am\u00e9n de exiguos, algo que brota palmar de unas afirmaciones lanzadas al completo desgaire sin ning\u00fan soporte, no encaran el raciocinio principal que expuso el tribunal. <\/p>\n
Porque asegurar, en verdad, como viene haci\u00e9ndolo el impugnador, que el sentenciador no debi\u00f3 privar de efectos la dicha cl\u00e1usula s\u00e9ptima, en la medida en que la ley dice que al interpretarla el juzgador debe otorgarle el entendimiento que se preste m\u00e1s para que tenga efecto, no dice en realidad mucho, ya que en todo caso tendr\u00eda que explicarse porqu\u00e9 la otra interpretaci\u00f3n que le dio el sentenciador implica negarle todo efecto. Y lo mismo en cuanto a la otra cl\u00e1usula, la quinta, respecto de la cual se\u00f1ala tan solo la acusaci\u00f3n que debe conservarse su eficacia, como condici\u00f3n, pero sin desbordar sus alcances hasta el punto de afectar el plazo se\u00f1alado en la s\u00e9ptima; empero, \u00bfde d\u00f3nde corolario de semejante tenor? <\/p>\n
Afirmar, como lo dice la jurisprudencia, no es sustentar; y ya se sabe, en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario esa demostraci\u00f3n no es cualquiera, pues habida cuenta de su cariz dispositivo y estricto, requiere de una tarea mucho m\u00e1s elaborada, en la que el recurrente debe mostrar de manera exacta, clara y precisa, de d\u00f3nde deriva el quebrantamiento de la ley sustancial. <\/p>\n
Y tanto m\u00e1s cuando de la interpretaci\u00f3n de cl\u00e1usulas contractuales se trata, asunto en que los juzgadores de instancia, precisamente por cuenta de la discreta autonom\u00eda que les asiste en esa espec\u00edfica materia, el criterio del sentenciador resulta impermeable a la casaci\u00f3n, la que s\u00f3lo por excepci\u00f3n tiene ingreso cuando comporta razonamientos salidos de cauce, lo cual, para el caso de ahora, exig\u00eda entonces del impugnador un esfuerzo concreto y espec\u00edfico dirigido a demostrar que ello aconteci\u00f3 ac\u00e1, lo que lejos estuvo de ocurrir. <\/p>\n
Lo cual es apenas una de las carencias del cargo, pues, como en otro aparte se anot\u00f3, el problema es que no intenta arruinar de ning\u00fan modo ese que result\u00f3 ser el argumento basilar de la sentencia, apuntalado en que una y otra cl\u00e1usula revelan una condici\u00f3n, condici\u00f3n que el tribunal calific\u00f3 de indeterminada; desde luego que intocable para la Corte ese puntal, la casaci\u00f3n est\u00e1 condenada al naufragio. <\/p>\n
De m\u00e1s est\u00e1 decir que el cargo no tiene buen suceso. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Por \u00e9ste reprocha la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil, al considerar el tribunal que dada la nulidad absoluta de la promesa, proced\u00eda la restituci\u00f3n del dinero, ajustado seg\u00fan IPC registrado por el DANE, m\u00e1s los intereses bancarios fluctuantes, siendo que el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de tal precepto bajo los principios de equilibrio y buena fe excluye la posibilidad de darle un alcance m\u00e1s all\u00e1 de su justa proporci\u00f3n. <\/p>\n
Se rompe la simetr\u00eda pues ajustada la suma con el IPC resulta inadmisible agregar los intereses y menos el bancario corriente, al excluirse ambos conceptos por incompatibles, pues la tasa de inter\u00e9s bancario contiene el componente de inflaci\u00f3n m\u00e1s una tasa de inter\u00e9s real. La declaraci\u00f3n de nulidad vuelve las cosas al estado original, debi\u00e9ndose restituir la suma de dinero en el mismo estado, es decir \u201cla misma suma de dinero recibida\u201d. La estructura de las obligaciones dinerarias descansa sobre un principio nominalista, salvo el sistema UPAC, y hasta la ley 45 de 1990, se devolv\u00eda nominalmente la misma cantidad, no obstante atendiendo la equidad y la erosi\u00f3n de la capacidad adquisitiva por la inflaci\u00f3n, resulta apropiado ajustarlo al paso inflacionario, pero al a\u00f1adirle un inter\u00e9s comercial se modifica el alcance del art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil, al ajustarse doblemente la suma de dinero por cuanto el inter\u00e9s tiene un componente que defiende el dinero de la inflaci\u00f3n, m\u00e1s otro que es la remuneraci\u00f3n que percibe el acreedor por el uso del dinero en un tiempo dado, siendo consecuente lo anterior cuando la nulidad absoluta no est\u00e1 generada en una causa u objeto il\u00edcito. Apreciar que la restituci\u00f3n del art\u00edculo 1746 ejusdem parte de reconocerle al acreedor la rentabilidad m\u00e1xima de colocaci\u00f3n del mercado financiero, el inter\u00e9s corriente bancario, es equivocado y vulnera la regla se\u00f1alada. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El problema radica en definir si con ocasi\u00f3n de las restituciones mutuas derivadas de la nulidad del contrato mercantil, la condena a pagar una suma de dinero reajustada resulta compatible con la simult\u00e1nea sanci\u00f3n a reconocer por esa misma suma el inter\u00e9s bancario corriente fluctuante, o con ello se contrar\u00edan los dictados del art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil. <\/p>\n
Y, expresada en esos t\u00e9rminos la disputa que sobre la comprensi\u00f3n de dicha norma hace al tribunal, brota sin ambages que en realidad el sentenciador, en franco apartamiento del precepto citado y desde una lectura parcial de la jurisprudencia que refiere (casaci\u00f3n civil -sentencia 059 de 15 de junio de 1995), vulnera derechamente el precepto de orden sustancial aludido, circunstancia que impone, en ese orden de ideas, casar la sentencia en relaci\u00f3n con esa espec\u00edfica zona de la controversia. <\/p>\n
Bien conocido es, en verdad, que las prestaciones a que da lugar la nulidad declarada de un contrato, reglamentadas por el art\u00edculo 1746 del c\u00f3digo civil en procura de restablecer a las partes a la situaci\u00f3n anterior, impone la restituci\u00f3n dineraria de manera indexada para compensar la p\u00e9rdida del valor adquisitivo, reajuste que aunque no resulta incompatible con el reconocimiento de los \u201cintereses que como consecuencia normal habr\u00eda de producir toda suma de dinero\u201d, es claro, como lo dice el texto completo de la jurisprudencia tra\u00edda por el ad quem, que \u00e9stos \u201cno son otros que los intereses legales civiles\u201d (casaci\u00f3n civil -sentencia 059 de 15 de junio de 1995). <\/p>\n
Sin embargo, el reconocimiento del inter\u00e9s legal comercial o corriente, si fractura el equilibrio por el que propugna la preceptiva legal, como constantemente lo ha dicho la Corte al entender que como \u00e9stos incluyen un componente inflacionario, que conlleva al reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria, pues adem\u00e1s de retribuir, y el caso de la moratoria resarcir al acreedor, cumplen con la funci\u00f3n de compensar, \u201cpor lo que si el pago involucra el reconocimiento de los intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideraci\u00f3n especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, espec\u00edficamente cuando los r\u00e9ditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el inter\u00e9s bancario corriente que sirve de base para su cuantificaci\u00f3n (art\u00edculo 884 del c\u00f3digo de comercio), ya comprende, per se, la aludida correcci\u00f3n, explicando que la tasa de inter\u00e9s monetaria -distinta de la pura, esto es, la concerniente al reconocimiento privativo del uso del capital-, se desdobla en diversos factores, v.gr: el r\u00e9dito propiamente dicho; una tasa de seguridad por el riesgo asumido por el prestamista (tasa de riesgo); gastos de operaci\u00f3n; monto compensatorio derivado del proceso inflacionario (tasa de inflaci\u00f3n) entre otros conceptos admitidos por la jurisprudencia y por la autoridad encargada -en Colombia- de la inspecci\u00f3n y vigilancia de las instituciones financieras.\u201d <\/p>\n
Y termina diciendo la Corte que \u201c… la compatibilidad originada de la correcci\u00f3n monetaria y de los intereses, depende fundamentalmente, de la naturaleza y tipolog\u00eda de \u00e9stos, puesto que si ellos son civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. Pero si tal inter\u00e9s ya comprende este concepto (indexaci\u00f3n indirecta), se resalta de nuevo, imponer la correcci\u00f3n monetaria, per se, equivaldr\u00eda a decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo \u00edtem-\u201d (casaci\u00f3n civil -sentencia 19 de noviembre de 2001, citada en la sentencia 52 de 25 de abril de 2003). <\/p>\n
Por tanto, si como qued\u00f3 visto, en la composici\u00f3n de \u201clos intereses bancarios corrientes fluctuantes\u201d, existe un factor que procura recomponer el capital, desde todo punto de vista desbord\u00f3 el tribunal los lineamientos del art\u00edculo 1746 citado, pues al condenar al pago de la suma indexada con los intereses bancarios sobre el mismo valor, privilegi\u00f3 injustamente al acreedor, quien doblemente ver\u00eda retribuida la desvaloraci\u00f3n del capital en perjuicio del deudor, al romper la simetr\u00eda que preside el reconocimiento de las prestaciones que buscan restablecer a las partes a la situaci\u00f3n prenegocial. <\/p>\n
Por lo dicho el cargo florece. <\/p>\n
Sentencia sustitutiva <\/p>\n
Bien claros est\u00e1n los linderos dentro de los cuales ha de proferirse la sentencia de reemplazo, si en ese prop\u00f3sito se tiene en cuenta, como no podr\u00eda ser de otra manera, el que \u00fanicamente el tercer cargo de la demanda de casaci\u00f3n result\u00f3 pr\u00f3spero, conllevando el quiebre del fallo impugnado apenas en cuanto a la condena por los intereses bancarios corrientes fluctuantes sobre la suma entregada por el demandante al banco, los que deber\u00e1n corresponder a los civiles que involucran una tasa pura de inter\u00e9s, esto es, la concerniente al exclusivo reconocimiento privativo del uso del capital, sin m\u00e1s componentes. <\/p>\n
Es decir, si el error jur\u00eddico del tribunal estuvo en haber dispuesto la simultaneidad entre la indexaci\u00f3n de la suma recibida, m\u00e1s los intereses bancarios, la enmienda que ac\u00e1 se haga no tendr\u00e1 m\u00e1s alcances que, justamente, modificar la dicha determinaci\u00f3n, ajust\u00e1ndola a lo que prev\u00e9 la normatividad. As\u00ed que la decisi\u00f3n del tribunal se reproducir\u00e1 en todo lo dem\u00e1s que, como es obvio, es intangible para la Corte. <\/p>\n
IV. – Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de procedencia y fecha anotadas, y en su lugar, <\/p>\n
Resuelve <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, queda vigente la sentencia materia del recurso extraordinario, cuyas resoluciones, en lo pertinente, se transcriben a continuaci\u00f3n para mayor claridad: <\/p>\n
\u201c1.- Revocar la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso ordinario de Abraham Mar\u00edn Abramzon contra el Banco del Estado S.A. <\/p>\n
\u201c2.- Declarar la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa de fecha 23 de junio de 1998 celebrado entre las partes. <\/p>\n
\u201c3.- Ordenar al banco del estado restituir al demandante Abraham Mar\u00edn Abranzon la suma de $170.640.000 debidamente actualizada de conformidad con el IPC registrado por el DANE, desde el 23 de junio de 1998 hasta la fecha en que se produzca el pago\u201d; junto con los correspondientes interes\u00e9s legales del 6% anual sobre la suma antedicha, desde el 23 de junio hasta la fecha de su pago total; obligaci\u00f3n que debe ser pagada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguiente a la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
\u201c4.- Ante la prosperidad de la pretensi\u00f3n de nulidad y del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, condenar al demandado en costas de ambas instancias. Por la secretar\u00eda del tribunal liqu\u00eddense las correspondientes a esta instancia\u201d. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n al haber prosperado parcialmente el recurso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de procedencia. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-239-2005 [1999-28053-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente 1999-28053-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia de 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83068\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}