SC-242-2005 [6600131100021999-0137]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
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Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
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Referencia: Exp. 6600 1311 0002 1999 0137 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Jorge Mario Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, respecto de la sentencia proferida el 30 de enero de 2001 por el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Familia, en el proceso ordinario instaurado por el recurrente contra el se\u00f1or Jorge Mario Gonz\u00e1lez Gil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el demandante reclam\u00f3 que se declarara \u00abnulo, de nulidad absoluta, por ausencia de causa, por no ser el demandado hijo del demandante, el reconocimiento que \u00e9ste hizo de aquel el 24 de agosto de 1989\u00bb (fl. 6, cdno 1), y que se libraran los oficios de rigor. <\/p>\n
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1. La causa petendi se resume as\u00ed: <\/p>\n
b. No teniendo el demandante causa jur\u00eddica para ello, reconoci\u00f3 como su hijo, sin serlo, a dicha criatura a quien se le dio el nombre de Jorge Mario Gonz\u00e1lez Gil. El actor jam\u00e1s discuti\u00f3 el hecho de la procreaci\u00f3n y ni siquiera se estableci\u00f3 la paternidad con la prueba m\u00e9dica id\u00f3nea. <\/p>\n
c. Ese acto de reconocimiento careci\u00f3 de causa, omisi\u00f3n que lo afecta de nulidad absoluta, pues corresponde al cumplimiento de \u00abun deber inexistente\u00bb, dado que, seg\u00fan el actor, \u00e9l no es el padre biol\u00f3gico del demandado, como pretendi\u00f3 acreditar con prueba de laboratorio que anex\u00f3 al libelo. <\/p>\n
d. El se\u00f1or Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez es \u00abhombre dedicado a su trabajo\u00bb, con un \u00abalto sentido de responsabilidad\u00bb, como lo ha demostrado en \u00abel hogar que tiene constituido\u00bb y en el \u00abseno de su familia de origen, al morir tempranamente su padre y \u00abser el mayor de ocho hijos\u00bb (fl 6 ib) <\/p>\n
e. Mar\u00eda Yolanda es mujer soltera, madre tambi\u00e9n de otra hija, de nombre Carol Vivian, cuyo padre es el se\u00f1or Alvaro Mar\u00edn G\u00f3mez. <\/p>\n
2. El demandado, a trav\u00e9s de su se\u00f1ora madre, se opuso a su prosperidad, negando los hechos basilares de las pretensiones. <\/p>\n
3. El fallo de primera instancia, estimatorio de las s\u00faplicas del libelo, fue revocado por el Tribunal Superior de Pereira, quien deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
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Luego de estimar que se encontraban reunidos los presupuestos procesales y que no exist\u00eda vicio que afectara la actuaci\u00f3n, el Tribunal resalt\u00f3 que el apelante fue enf\u00e1tico y reiterativo al precisar que su demanda no correspond\u00eda a una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad, sino que, con fundamento en los art\u00edculos 1502 y 1524 del C\u00f3digo Civil, pidi\u00f3 la nulidad absoluta del reconocimiento que de hijo extramatrimonial efectu\u00f3 a favor del demandado, alegando no ser su progenitor; sostuvo que el demandante \u00abtrata de probar que ha desaparecido la causa eficiente que existi\u00f3 para el reconocimiento de hijo extramatrimonial de aqu\u00e9l, y para ello se apoya en el dictamen de gen\u00e9tica adosado al expediente en el cual se excluye la paternidad\u00bb (fl. 36, cdno 4). <\/p>\n
Despu\u00e9s, tras invocar jurisprudencia procedente de esta Corporaci\u00f3n y las normas contenidas en los art\u00edculos 214 y siguientes del C\u00f3digo Civil, 5\u00ba y 6\u00ba de la Ley 95 de 1890, adujo el Tribunal que el demandante se equivoc\u00f3 al escoger la acci\u00f3n intentada, puesto que debi\u00f3 reclamar la \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad, lo cual no hizo y ello conduce a que sus pretensiones fracasen, por cuanto el reconocimiento de hijo extramatrimonial s\u00f3lo es viable destruirlo mediante la v\u00eda de la impugnaci\u00f3n y no por el conducto de otra acci\u00f3n judicial como la adelantada dentro de estas diligencias\u00bb (fl 36 ya citado), dado que \u00aben ello se encuentra de por medio el orden p\u00fablico y la protecci\u00f3n que tiene toda persona de fijar su posici\u00f3n dentro de la familia\u00bb. Acot\u00f3 que lo \u00abcontrario ser\u00eda hacerle esguinces a la ley, lo cual no es dable prohijar\u00bb (fl 37 ib). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene tres cargos, todos elevados con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que ser\u00e1n despachados conjuntamente, en raz\u00f3n de ameritar algunas argumentaciones comunes. <\/p>\n
Primer Cargo <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1524 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto cometido \u00abpor la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del c\u00f3digo de procedimiento civil, la preterici\u00f3n de prueba id\u00f3nea que fue v\u00e1lidamente practicada y por error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb (fls 11 y 12, cdno 5). <\/p>\n
Afirm\u00f3 el censor que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar el citado art\u00edculo 187, por \u00abno haber apreciado la prueba testimonial surtida a instancias del actor\u00bb, relacionada \u00abcon la conducta moral o responsabilidad\u00bb que el demandante \u00absiempre ha observado toda su vida, prueba indispensable para determinar los m\u00f3viles que pudo tener para un acto como el reconocimiento que efect\u00fao\u00bb, y que tampoco apreci\u00f3 el dictamen de gen\u00e9tica aportado por el demandante, ni el que se practicara ante el a quo, los que \u00abmuestran sin vacilaciones que el demandante no es el padre del demandado, cuesti\u00f3n definitiva en el an\u00e1lisis de la causa del acto jur\u00eddico del reconocimiento\u00bb (fl 12). Tambi\u00e9n censur\u00f3 que no se hubiere aplicado el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni las disposiciones legales que ordenan tener en cuenta todos los indicios. <\/p>\n
En ese orden, luego de abreviar las declaraciones testimoniales y de parte que consider\u00f3 preteridas, reiter\u00f3 el casacionista que el \u00abreconocimiento que hizo el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez s\u00f3lo pod\u00eda tener por causa un acto de plena responsabilidad del demandante, fundado en un hecho que fuese cierto, consistente en no ser \u00e9l efectivamente el padre del reconocido. No si\u00e9ndolo, carec\u00eda de raz\u00f3n para efectuar dicho reconocimiento\u00bb (fls 12 y 13, cdno 5), advirtiendo que, adem\u00e1s, el ad quem dej\u00f3 de apreciar los indicios que destac\u00f3 en su libelo casacional, para concluir que \u00abno es cierto que las relaciones concubinarias entre el reconociente y la madre del joven Gonz\u00e1lez Gil, hayan servido de causa\u00bb para que el demandante procediera a la controvertida aceptaci\u00f3n notarial de paternidad, por lo que a \u00e9sta le falt\u00f3 uno de sus elementos constitutivos. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 cuando asever\u00f3 que el actor deb\u00eda probar que hab\u00eda desaparecido la causa del reconocimiento, porque \u00ablo que se propon\u00eda probar y efectivamente demostr\u00f3 el accionante, es que la causa nunca existi\u00f3\u00bb, y asegur\u00f3 que ese yerro tuvo \u00abdirecta incidencia en la decisi\u00f3n adoptada, porque la sentencia de segundo grado estim\u00f3 que en lugar de nulidad, tomando como referencia el elemento ‘causa’, la acci\u00f3n que proced\u00eda era la de impugnaci\u00f3n\u00bb, desconociendo la pertinencia del art\u00edculo 1524 del C\u00f3digo Civil. (fl 18 ib) <\/p>\n
Segundo Cargo <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar directamente \u00ablos art\u00edculos 213 y 214 del C\u00f3digo Civil; 5 y 6 de la Ley 95 de 1890, porque tales normas tratan de la filiaci\u00f3n leg\u00edtima y su impugnaci\u00f3n, no obstante lo cual se aplicaron \u2013indebidamente- a un asunto de filiaci\u00f3n extramatrimonial, sin advertir que el art\u00edculo 5 de la ley 75 de 1968, las excluye como disposiciones reguladoras, al regular la impugnaci\u00f3n del reconocimiento de un hijo extramatrimonial, en cuanto \u201cremite a los art\u00edculos 248 y 335 del c\u00f3digo civil, que gobiernan la impugnaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n, cuando \u00e9sta se configura por ministerio de la ley en el caso en que el padre ha admitido al hijo como suyo (\u2026) o proviene de la voluntad plasmada en un instrumento p\u00fablico id\u00f3neo\u00bb (fls 18 y 19 ib). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que si el marido est\u00e1 facultado por la ley para impugnar la paternidad presunta, es porque \u00e9sta \u201cse construye por la ley y no porque surja de su voluntad. Esa es la gran diferencia de la que no se percat\u00f3 el Tribunal\u00bb (fl 20 ib). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tambi\u00e9n se quebrantaron los art\u00edculos 5\u00ba de la ley 75 de 1968; 248 y 335 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, porque estas normas no le permiten a quien reconoce impugnar ese acto, prerrogativa que, acorde con su criterio, no le concede tampoco ninguna otra disposici\u00f3n. Agreg\u00f3 que si bien el citado art\u00edculo 5\u00ba autoriza la impugnaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil, la aplicaci\u00f3n de esta \u00faltima disposici\u00f3n deb\u00eda descartarse en el sub judice, por cuanto nunca estuvo en disputa la maternidad, siendo que otro tanto ocurr\u00eda frente al art\u00edculo 248, pues \u00abel reconociente no es ni ascendiente del reconocido ni tienen inter\u00e9s patrimonial para incoar el proceso\u00bb de impugnaci\u00f3n, sin que ello le impida atacar la validez del acto de reconocimiento, si \u00e9ste no re\u00fane \u00ablos requisitos que la ley prescribe para darle relevancia en el mundo del derecho, por lo que deb\u00eda entenderse, en \u00faltimas, que quien puede legalmente impugnar s\u00f3lo puede impugnar y no puede acceder a decisi\u00f3n favorable por el camino de la nulidad. Pero carece de todo sentido jur\u00eddico negar la acci\u00f3n de nulidad a quien la ley misma priva de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n\u00bb (fls 21 y 22 ib, subrayado del texto). <\/p>\n
El recurrente conceptu\u00f3 que \u00abla nulidad tiene como punto de partida un asunto de estricta valoraci\u00f3n jur\u00eddica, relacionado con la validez de un acto jur\u00eddico, fruto este de la voluntad humana expresada directa e intencionalmente. La impugnaci\u00f3n, en cambio, favorece a quien resulta comprometido en una situaci\u00f3n jur\u00eddica por causa diferente a su voluntad, a saber, la presunci\u00f3n de la ley de que una persona goza de determinado estado civil\u00bb (fl 23 ib). <\/p>\n
De esa manera, prosigui\u00f3, el Tribunal dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 1740 y 1741 del c\u00f3digo Civil, y las \u00abconcordantes del acto jur\u00eddico, como el art\u00edculo 1502 del citado c\u00f3digo. Y en forma m\u00e1s radical: se dej\u00f3 de aplicar todo el ordenamiento jur\u00eddico, al decirse, lisa y llanamente, que ninguna norma permit\u00eda demandar esa nulidad\u00bb (fls 23 y 24). <\/p>\n
Tercer Cargo <\/p>\n
Con estribo en la misma causal, atribuy\u00f3 el recurrente a la sentencia del Tribunal, la violaci\u00f3n indirecta de las normas contenidas en los art\u00edculos 16 y 228 de la Carta Pol\u00edtica y 406 del C\u00f3digo Civil, con ocasi\u00f3n del error de hecho por preterici\u00f3n de la prueba cient\u00edfica \u00abobrante en el expediente\u00bb, seg\u00fan la cual el demandante no es el padre del demandado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el derecho a \u00abestablecer la filiaci\u00f3n\u00bb hace parte del \u00ablibre desarrollo de la personalidad\u00bb cuyo car\u00e1cter fundamental ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que el Tribunal debi\u00f3 acoger su demanda, con miras a respetar el derecho sustancial de ambas partes: \u00abpara el demandado, por quedar aclarada su filiaci\u00f3n respecto del actor y porque al despejarse su estado civil de esa forma se le garantiza su derecho a buscar su verdadero padre; y (\u2026) para el demandante, por destruirse la apariencia surgida de un reconocimiento carente de causa\u00bb (fl 26 cdno 5). <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el Tribunal desconoci\u00f3 la \u00abrealidad procesal\u00bb de no ser el demandante el padre del demandado, por lo que vulner\u00f3, indirectamente, la indicada norma constitucional poniendo \u00abcortapisa al libre desarrollo de la personalidad representado en el derecho fundamental a establecer la filiaci\u00f3n conforme a la realidad de la naturaleza, as\u00ed como el art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Civil, que tanto en su texto como en su filosof\u00eda no limita la averiguaci\u00f3n del estado civil verdadero\u00bb (fl 26 ya citado). <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que fue vulnerado el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, porque el ad quem hizo \u00abdepender el \u00e9xito de la acci\u00f3n de un tipo o molde con entidad enteramente procesal -impugnaci\u00f3n y no nulidad-, que, en definitiva, m\u00e1s parece un nombre que una categor\u00eda jur\u00eddica relevante frente al hecho esclarecido de no ser el demandante el progenitor del opositor (fl 27 ib), dejando que prevaleciera el derecho procesal sobre el sustancial \u00abrepresentado en la realidad biol\u00f3gica, probada eficazmente por medio id\u00f3neo que por mecanismo fr\u00e1gil\u00bb, hecho que no \u00abnaci\u00f3 de la prueba practicada, como asume la sentencia recurrida al predicar que el actor debi\u00f3 probar que hab\u00eda desaparecido la causa del reconocimiento, sino de la naturaleza, que no puede ser alterada por el fallo judicial\u00bb (fl 27). <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que se casara la sentencia atacada, para que, en su lugar, la Corte dispusiera la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es claro que las tres acusaciones, por caminos distintos, combaten el eje central de la sentencia del Tribunal, quien descart\u00f3 la nulidad sustancial de los actos jur\u00eddicos como mecanismo apto para fustigar el estado civil y, m\u00e1s particularmente, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, en tanto que la protesta fincada en que el reconociente no es el verdadero progenitor de la persona reconocida, debe ser encauzada \u2013necesariamente- como acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, as\u00ed se alegue que ese hecho evidencia que no hubo causa real para reconocer. <\/p>\n
Y advi\u00e9rtase desde ya que no era necesario que el Tribunal se ocupara de las pruebas recaudadas, o que se detuviera en normas jur\u00eddicas distintas de las que invoc\u00f3 para soportar su fallo, pues es claro que el demandante no acert\u00f3 al pretender desconocer el estado civil del hijo del se\u00f1or Jorge Mario Gonz\u00e1lez Gil, por una v\u00eda distinta de la autorizada en forma especial por el legislador. <\/p>\n
2. En efecto, se sabe que la filiaci\u00f3n es el v\u00ednculo jur\u00eddico de parentesco establecido por la ley entre ascendientes y descendientes de primer grado, que da lugar a un estado civil, de suyo \u00abindivisible, indisponible e imprescriptible\u00bb (art. 1\u00ba, Dec. 1260\/70), para cuya protecci\u00f3n fueron consagradas las apellidadas acciones de impugnaci\u00f3n y de reclamaci\u00f3n de estado, que \u201cson de \u00edndole sustancial pues se confunden, respectivamente, con el derecho del interesado para liberarse de las obligaciones que le impone un estado que realmente no le corresponde, o para adquirir los derechos inherentes al que injustamente no se le ha querido reconocer en forma voluntaria\u201d (CXXXV, 124). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es conocido que las normas relativas al estado civil son de orden p\u00fablico, pues se trata de una materia que no s\u00f3lo concierne a quien ostenta un determinado estado, sino tambi\u00e9n a la familia y a la sociedad toda, raz\u00f3n por la cual fue establecida su irrenunciabilidad y, por lo mismo, la proscripci\u00f3n de aquellos actos jur\u00eddicos que tienen como confesado prop\u00f3sito derogar o desconocer las leyes que lo gobiernan, a lo que se apareja que, del mismo modo y por los mismos motivos, le est\u00e1 vedado a las personas implementar acciones dirigidas a repudiar o indagar su filiaci\u00f3n, por v\u00edas distintas de las autorizadas en la ley. <\/p>\n
Sobre este particular, ha precisado la Corte en m\u00faltiples pronunciamientos de los que son ejemplo las sentencias de febrero 14 de 1942, julio 18 de 1944, junio 8 de 1948, junio 9 de 1970, octubre 2 de 1975 y marzo 28 de 1984, que en aquellos eventos en los \u00abque la pretensi\u00f3n debatida en juicio estuvo orientada, en resumidas cuentas, a obtener la declaraci\u00f3n judicial de que una determinada persona carec\u00eda del estado civil que ostentaba en la correspondiente partida, por no corresponder ese hecho a la realidad\u00bb, lo que en \u00faltimas de debat\u00eda era \u201cuna aut\u00e9ntica y genuina acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de esa filiaci\u00f3n, as\u00ed se le llame por el actor acci\u00f3n de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida\u00bb (subrayado fuera de texto; cas. civ. 25 de agosto de 2000, exp. 5215). <\/p>\n
Posteriormente, la Corte se ocup\u00f3 de manera expresa de establecer, \u201csi la circunstancia de que el reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o m\u00e1s concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre a quien lo reconoce, es situaci\u00f3n que, a la par que permite la impugnaci\u00f3n propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulaci\u00f3n dentro de las taxativas causas legales\u201d, que es lo que disputa el recurrente en este caso. A este interrogante, respondi\u00f3 la Sala en los siguientes t\u00e9rminos, que ahora sirven para desestimar las censuras planteadas: <\/p>\n
\u201c… la respuesta a dicha cuesti\u00f3n es negativa, contundentemente negativa. No hay dos senderos que conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnaci\u00f3n, propuesta desde luego en oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales. <\/p>\n
\u201cLa ley, efectivamente, atendidos altos intereses sociales, fij\u00f3 unos precisos requisitos para que los interesados ejerzan su derecho de impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimonial; la causal que les es dable invocar, conforme al art\u00edculo 248 del c\u00f3digo civil, al cual remite el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 75 de 1968 para estos efectos, no es otra que la de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien le reconoci\u00f3, la cual causal, adem\u00e1s, han de alegar dentro de los perentorios t\u00e9rminos que se fijan; vencidos \u00e9stos, caduca el derecho all\u00ed consagrado, lo cual traduce que el reconocimiento en cuesti\u00f3n se consolida, haci\u00e9ndose impermeable a dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDe donde, si el legislador se tom\u00f3 el trabajo de otorgar al evento de la falsedad en la declaraci\u00f3n de paternidad natural un especial y cauteloso tratamiento jur\u00eddico, determinando estrictamente qui\u00e9nes, cu\u00e1ndo y c\u00f3mo pueden impugnar el reconocimiento del hijo, absurdo ser\u00eda pensar que admiti\u00f3 simult\u00e1neamente la existencia de una acci\u00f3n paralela (l\u00e9ase la de nulidad) cuyo objetivo ser\u00eda as\u00ed mismo el de despojar al reconocido de su filiaci\u00f3n con fundamento en id\u00e9nticas circunstancias f\u00e1cticas, acci\u00f3n que, por si fuera poco, no solo coexistir\u00eda con la de impugnaci\u00f3n sino que subsistir\u00eda, y por largo tiempo, luego de fenecida \u00e9sta. <\/p>\n
\u201cVisto de otro modo, el legislador no abandon\u00f3, o mejor, sustrajo la situaci\u00f3n de que se viene tratando del r\u00e9gimen general de las nulidades sustanciales y de eventos jur\u00eddicos an\u00e1logos, y reserv\u00f3 lugar especial, c\u00f3modo y casi dir\u00edase que privilegiado para el hijo reconocido, al tiempo que fue exigente y francamente restrictivo con los interesados en desconocer dicho estado, fijando las causas y los plazos, cortos y definitivos estos, para intentar la correspondiente acci\u00f3n; y esta posici\u00f3n no es gratuita; tiene su raz\u00f3n de ser, como antes se expres\u00f3, en las m\u00e1s sentidas necesidades de la comunidad, que mal soportar\u00eda la zozobra que traer\u00edan consigo la prolongada indefinici\u00f3n en el punto, am\u00e9n de una legislaci\u00f3n laxa y permisiva en relaci\u00f3n con un tema que afecta los fundamentos mismos del orden social. Tal como lo ha se\u00f1alado la Corte, \u00abpor la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de familia y para la estabilidad y seguridad que entra\u00f1a el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha se\u00f1alado plazos cortos para las acciones de impugnaci\u00f3n\u00bb; agregando que \u00abcomo el estado civil, que seg\u00fan el art\u00edculo 346 ‘es la calidad de un individuo en tanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones’, no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho producir\u00eda respecto de los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del n\u00facleo familiar, el legislador estableci\u00f3 plazos perentorios dentro de los cuales ha de intentarse la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, so pena de caducidad del derecho respectivo\u00bb. (Sentencias de 9 de junio de 1970 y 25 de agosto de 2000). <\/p>\n
\u201cTodo se conjunta, pues, para se\u00f1alar c\u00f3mo la \u00fanica interpretaci\u00f3n valedera es la de que en estas materias del estado civil, y concretamente en lo de las acciones encaminadas a suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los t\u00e9rminos que espec\u00edficas normas consagran para esos efectos, sin que pueda pensarse que el alegar esas mismas causas de impugnaci\u00f3n pero situ\u00e1ndolas en un diferente marco jur\u00eddico, – para el caso el de las nulidades-, se convierta en airoso medio de esquivar aquellas normas y evadir su tan justificado rigor\u201d (se subraya; cas. civ. de 27 de octubre de 2000; exp.: 5639). <\/p>\n
<\/p>\n
De manera, pues, que el \u00fanico camino que tiene la persona que ha reconocido a otra como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no ser su progenitor, es el de impugnar el reconocimiento, en los t\u00e9rminos y condiciones a que hace referencia el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 75 de 1968, toda vez que, en \u00faltimas, por m\u00e1s que se pretenda calificar esa circunstancia como falta de causa, causa irreal u objeto il\u00edcito, lo que se habr\u00e1 cuestionado por el demandante es la filiaci\u00f3n paterna, asunto que tiene reservada una acci\u00f3n especial para esos fines, que no puede ser desconocida o soslayada, so capa de acudir al r\u00e9gimen general de las nulidades sustanciales. <\/p>\n
2. Ahora bien, contrario a lo que sostiene el recurrente, el reconocimiento de hijo extramatrimonial tambi\u00e9n puede ser impugnado por el padre, quien es \u2013sin duda- una de las personas con \u201cun inter\u00e9s actual en ello\u201d, como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Desde luego que no se podr\u00eda entender, como lo hace la parte demandante, que s\u00f3lo los terceros podr\u00edan quedar comprendidos dentro de los \u201cinteresados\u201d a que hace alusi\u00f3n la norma referida, no s\u00f3lo porque en ella no se hizo tal precisi\u00f3n, sino tambi\u00e9n porque, de aceptarse tal postura, se provocar\u00eda una interpretaci\u00f3n ad absurdum, pues no se comprender\u00eda, por v\u00eda de ejemplo, que un extra\u00f1o a la filiaci\u00f3n pudiera plantear que el reconocido no pudo tener por padre al reconociente, pero que la persona que pasa por tal no puede alegarlo. Por supuesto que aquellos, los ajenos a la relaci\u00f3n filial, pueden hacerlo en tanto acrediten un \u201cinter\u00e9s actual\u201d, que debe ser concreto, de orden pecuniario o moral y, claro est\u00e1, \u201cmensurable a partir de un juicio de utilidad\u201d (cas. civ. de 16 de septiembre de 2003; exp.: 7609; cfme: cas. civ. de 11 de abril de 2003; exp.: 6657), pero a ello no le sigue que tales caracter\u00edsticas no puedan predicarse de la persona que hizo el reconocimiento, cuyo inter\u00e9s es ostensible. <\/p>\n
Por tanto, resulta claro que la impugnaci\u00f3n del reconocimiento, puede ser propuesta por el padre y el hijo, am\u00e9n de los ascendientes de aquel y, en general, por quien demuestre un inter\u00e9s actual, cierto, concreto y susceptible de protecci\u00f3n (arts. 248 y 335 C.C.; 5\u00ba Ley 75\/68), de suerte que no puede esgrimirse la supuesta falta de legitimaci\u00f3n del primero para tratar de habilitar la acci\u00f3n de nulidad, en la medida en que ese planteamiento parte de una premisa que, am\u00e9n de no ser de recibo, como se explic\u00f3, desconoce las acciones especiales para cuestionar la filiaci\u00f3n, seg\u00fan qued\u00f3 elucidado. <\/p>\n
3. Puestas de este modo las cosas, concl\u00fayese que el Tribunal no quebrant\u00f3 la ley sustancial, al afirmar que la discusi\u00f3n planteada en la demanda, cuyo punto de partida consiste en que el demandado no tiene por padre al demandante, comporta una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n del reconocimiento, que no puede ser sustituida por la pretensi\u00f3n de nulidad del acto propiamente dicho, en la medida en que el tema \u2013en esencia- ata\u00f1e a la filiaci\u00f3n extramatrimonial y, por ende, al estado civil, en el que no hay espacio para que las personas obren a conveniencia de sus individuales intereses, dadas las razones de orden p\u00fablico que inspiran las normas que regulan la materia, las cuales, se itera, tienen dise\u00f1ados mecanismos especiales para impugnar o reclamar un determinado estado civil. <\/p>\n
Finalmente, cabe destacar de manera sucinta, la falta de pertinencia de la cita que el inconforme efectuara de los art\u00edculos 16 y 228 de la Carta pol\u00edtica, porque los \u00abpreceptos constitucionales no dan base por s\u00ed solos, a lo menos en principio, para fundar un ataque en casaci\u00f3n por la causal primera, no porque carezcan de rango sustancial, sino porque son normas cuyo molde jur\u00eddico est\u00e1n generalmente desarrollados por la ley\u00bb (auto 217 de agosto 16 de 1995, exp. 5532), como sucede con los preceptos invocados. <\/p>\n
Ahora, en cuanto toca con la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Civil, es ostensible su carencia de relaci\u00f3n con el asunto en estudio, en la medida en que tal precepto consagra una prerrogativa especial para \u00abquien se presente como verdadero padre o madre, del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce\u00bb, en el sentido de que a ellos no se les podr\u00e1 oponer prescripci\u00f3n ni fallo alguno, supuesto que es enteramente ajeno al de la persona que reconoci\u00f3 a otra como hijo extramatrimonial y pretende despu\u00e9s enervar ese espec\u00edfico acto. <\/p>\n
En consecuencia, no prosperan ninguno de los cargos formulados. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-242-2005 [6600131100021999-0137] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).- Referencia: Exp. 6600 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83071","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83071"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83071\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}