SC-243-2005 [1100131100122000-00802-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 11001-31-10-012-2000-00802-01 <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, en relaci\u00f3n con la sentencia dictada el 27 de mayo de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso que promovi\u00f3 Myriam D\u00edaz Godoy, en representaci\u00f3n del menor Diego Fernando D\u00edaz Godoy, contra el se\u00f1or Jos\u00e9 S\u00e1enz Hurtado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que le dio origen a este proceso, se pidi\u00f3 declarar al se\u00f1or S\u00e1enz como padre extramatrimonial de Diego Fernando D\u00edaz, para lo cual se adujo que su progenitora, se\u00f1ora Myriam D\u00edaz, sostuvo relaciones sexuales con el demandado por un lapso superior a un a\u00f1o, desde el mes de agosto de 1992, producto de las cuales naci\u00f3 el aludido menor. <\/p>\n
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1. Como el demandado no concurri\u00f3 al Juzgado de conocimiento a recibir notificaci\u00f3n personal del auto admisorio de la demanda, le fue designado curador ad litem, previo emplazamiento, quien se pronunci\u00f3 oportunamente para manifestar que se aten\u00eda al resultado de las pruebas. <\/p>\n
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1. La Juez de conocimiento profiri\u00f3 sentencia de primer grado el 8 de septiembre de 2002, denegatoria de la filiaci\u00f3n demandada, decisi\u00f3n que fue recurrida por el demandante ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Corporaci\u00f3n que luego de decretar y practicar algunas pruebas de oficio, la revoc\u00f3 mediante fallo de 27 de mayo de 2004, en el que declar\u00f3 la paternidad extramatrimonial suplicada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Precis\u00f3 el Tribunal que la ley 75 de 1968, presum\u00eda la paternidad extramatrimonial de la persona que indaga por su filiaci\u00f3n, cuando la madre y el presunto padre sostuvieron relaciones sexuales por la \u00e9poca en que pudo tener lugar la concepci\u00f3n de aquel, ayuntamiento que pod\u00eda deducirse del trato personal y social que ellos se hubieren dispensado. Agreg\u00f3 que por tal raz\u00f3n se acud\u00eda a la prueba indiciaria, as\u00ed como a la prueba gen\u00e9tica a que se refer\u00eda la ley 721 de 2001. <\/p>\n
Luego de hallar acreditado que Myriam D\u00edaz alumbr\u00f3 a Diego Fernando el 23 de mayo de 1994 \u2013cuya concepci\u00f3n, por tanto, debi\u00f3 tener lugar entre el 27 de julio y el 24 de noviembre del a\u00f1o 1993-, el ad quem se ocup\u00f3 de las declaraciones de Sara Dulfary Ortega Gil y Alba Stella D\u00edaz Godoy, la primera de las cuales manifest\u00f3 que \u201cadem\u00e1s de saber de esa relaci\u00f3n por comentarios de la se\u00f1ora Myriam D\u00edaz, en tres ocasiones vio al demandado recogerla en el lugar de residencia de \u00e9sta y la otra inform\u00f3 que adem\u00e1s de saber de esa relaci\u00f3n, en varias ocasiones atendi\u00f3 las llamadas telef\u00f3nicas que el demandado hac\u00eda a Myriam D\u00edaz, hechos que ocurrieron desde febrero del a\u00f1o 1993\u201d (fl. 72, cdno. 2) <\/p>\n
Destac\u00f3 tambi\u00e9n la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Myriam D\u00edaz, quien manifest\u00f3 que sostuvo relaciones amatorias con el demandado entre enero y septiembre de 1993, puntualizando que su hijo \u201cfue concebido el 31 de agosto\u201d de dicho a\u00f1o (fl. 71, cdno. 2). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el juzgador de segundo grado que, aunado a lo anterior, deb\u00eda tenerse en cuenta que para dar cumplimiento a la ley 721 de 2001 y por conocerse el lugar en que pod\u00eda ser localizado el demandado, no obstante el emplazamiento, se hab\u00eda ordenado la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, la cual ten\u00eda \u201csupremac\u00eda como medio para declarar la paternidad\u201d, medio probatorio que no se pudo recaudar, toda vez que el se\u00f1or S\u00e1enz no compareci\u00f3 al laboratorio designado para tal efecto, pese a que \u201cse le envi\u00f3 comunicaci\u00f3n enter\u00e1ndolo de la pr\u00e1ctica de la prueba, no s\u00f3lo por este despacho, sino tambi\u00e9n por la curadora\u201d, quien, en adici\u00f3n, se comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente verificando que s\u00ed permanece en la direcci\u00f3n a las (sic) que se remitieron las comunicaciones y en donde fue notificado por aviso el auto admisorio; as\u00ed como se intent\u00f3 notificaci\u00f3n personal del auto que lo requiri\u00f3 para la toma de la muestra (folio 46), manifestando la persona que atendi\u00f3 la diligencia y dijo ser la secretaria del demandado, que \u00e9ste ya estaba enterado del d\u00eda y la hora en la que deb\u00eda comparecer, \u2018manifestando tambi\u00e9n que le hab\u00edan comunicado por escrito dicha citaci\u00f3n\u2019…, de lo que se concluye que por diversos medios se enter\u00f3 de la pr\u00e1ctica de la prueba y sin embargo fue renuente a comparecer, conducta que seg\u00fan la ley, es indicio grave para declarar la paternidad invocada…, el cual sumado al indicio de no haber contestado la demandada a pesar de haber sido debidamente notificado y al hecho de haber afirmado los testigos que vieron al demandado en compa\u00f1\u00eda de la madre del menor, acarrea consecuencias de \u00edndole procesal en contra del demandado\u201d (fl. 73, cdno. 2). <\/p>\n
Finalmente, record\u00f3 que la manifestaci\u00f3n que contiene la demanda sobre el lugar de notificaciones de su demandado, \u201cse hace bajo la gravedad del juramento\u201d, que es un medio de prueba adicional para el proceso, por lo que, en s\u00edntesis, deb\u00eda \u201centenderse que est\u00e1 suficientemente probado en el proceso que el demandado fue enterado de las citaciones que se le hicieron para la toma de las muestras pertinentes\u201d, no obstante lo cual fue renuente a concurrir, circunstancia que aunada a los otros indicios, era suficiente para declarar la paternidad. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El censor formul\u00f3 dos cargos contra de la sentencia del Tribunal, uno fincado en la causal primera de casaci\u00f3n, mientras que el otro se plante\u00f3 al amparo del segundo motivo, por lo que ser\u00e1 analizado liminarmente. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de ser incongruente, porque, a juicio del recurrente, el Tribunal encontr\u00f3 probada una causal de filiaci\u00f3n a la que no se hizo referencia en la demanda. <\/p>\n
Para el censor, ni en las pretensiones, ni en los hechos contenidos en el libelo formulado por la parte demandante, se hizo alusi\u00f3n directa o indirecta a la causal contemplada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, relativa a las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre por la \u00e9poca probable de la concepci\u00f3n del menor Diego Fernando D\u00edaz. Y aunque en la demanda se suplic\u00f3 declarar la paternidad del demandado respecto de aquel, no se precis\u00f3 el motivo legal que deb\u00eda servir de apoyo a esa pretensi\u00f3n, ni las pruebas cient\u00edficas que pretend\u00eda hacer valer, lo que significa que al demandado se le conden\u00f3 por una causa diferente a la esgrimida en la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente se advierte que no le asiste raz\u00f3n al impugnante, pues la sentencia del Tribunal se halla en estricta consonancia con los hechos alegados en la demanda, en los que se plante\u00f3 que la se\u00f1ora Myriam D\u00edaz Godoy, \u201cdesde el mes de agosto de 1992, empez\u00f3 relaciones sexuales con el se\u00f1or Jos\u00e9 S\u00e1enz Hurtado, dando como resultado el nacimiento del menor cuyo reconocimiento de paternidad solicitada (sic) se declare\u201d (fl. 10, cdno. 1), afirmaci\u00f3n que se enmarca dentro de la hip\u00f3tesis contemplada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, que fue la causal que le sirvi\u00f3 de soporte al juzgador de segundo grado para declarar la filiaci\u00f3n extramatrimonial del menor Diego Fernando D\u00edaz, con respecto al demandado. <\/p>\n
La circunstancia de no haberse hecho concreta referencia a la citada disposici\u00f3n, o de pedir gen\u00e9ricamente la pr\u00e1ctica de una \u201cprueba cient\u00edfica\u201d, sin especificar cu\u00e1l (fl. 12, ej.), no quita ni pone ley para efectos de la congruencia del fallo, pues al margen de los fundamentos jur\u00eddicos que haya invocado el demandante, le correspond\u00eda al juzgador pronunciar el derecho respectivo, a partir, claro est\u00e1, de los hechos alegados y probados (da mihi probationem et tibi dabo ius), siendo claro que, en el asunto bajo examen, existe plena concordancia entre los fundamentos de hecho de la petici\u00f3n y la plataforma f\u00e1ctica que le brinda soporte al fallo de paternidad extramatrimonial, unos y otros alusivos a la existencia de trato carnal entre el presunto padre y la madre, para la \u00e9poca en que tuvo lugar la concepci\u00f3n del menor Diego Fernando D\u00edaz. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 66, 92, 397, 398 y 399 del C\u00f3digo Civil; 1, 4 y 6 de la Ley 45 de 1936; numerales 4\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 6 de la Ley 75 de 1968, as\u00ed como el art\u00edculo 8 de la Ley 721 de 2001, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Record\u00f3 el casacionista que el Tribunal declar\u00f3 la paternidad extramatrimonial del demandado, porque consider\u00f3 probadas las relaciones sexuales entre \u00e9ste y la madre de Diego Fernando D\u00edaz, por la \u00e9poca en que pudo tener lugar la concepci\u00f3n, conclusi\u00f3n que afirm\u00f3 en las declaraciones de Sara Dulfary Ortega Gil y Alba Stella D\u00edaz Godoy, as\u00ed como en los indicios que dedujo de la supuesta renuencia del se\u00f1or S\u00e1enz a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, lo mismo que por la falta de contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En la tarea de demostrar su acusaci\u00f3n, estim\u00f3 el censor que el Tribunal hab\u00eda incurrido en los siguientes errores de hecho manifiestos y trascendentes: <\/p>\n
a) Haber deducido el indicio grave de renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, sin estar probados los hechos indicadores que permit\u00edan hacer la inferencia l\u00f3gica correspondiente, habida cuenta que \u201cno existe prueba acerca de que el demandado conoc\u00eda de manera directa, la fecha, lugar y hora para la pr\u00e1ctica\u201d de ese medio probatorio (fl. 22, cdno. 3). <\/p>\n
A juicio del impugnante, no est\u00e1 demostrado que el se\u00f1or S\u00e1enz fue notificado personalmente de la demanda, como tampoco del auto que dispuso recaudar la prueba de ADN; ni se acredit\u00f3 que recibi\u00f3 la comunicaci\u00f3n que le remiti\u00f3 la curadora ad litem, con el prop\u00f3sito de informarle la fecha; ni est\u00e1 probado que la supuesta secretaria del demandado le haya informado ese dato, por lo que resulta claro que el Tribunal supuso la prueba de los hechos que autorizaban la deducci\u00f3n del indicio. <\/p>\n
Una y otra vez insisti\u00f3 en que el Tribunal apreci\u00f3 \u201clas declaraciones contenidas en los folios Nos. 37, 46 y 47 del cuaderno No. 2 del plenario, en cuanto tales informan que al demandado se le envi\u00f3 comunicaci\u00f3n por parte de la curadora ad litem, inform\u00e1ndole la fecha, lugar y hora de la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, y que la secretaria del extremo pasivo de la litis, manifest\u00f3 al notificador del Tribunal, por el sistema de comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica, que S\u00e1enz Hurtado ya sab\u00eda de la fecha, lugar y hora para la pr\u00e1ctica del examen de gen\u00e9tica, dejando de tener en cuenta que en ninguna de dichas pruebas documentales, se aprecia o deduce que exista una informaci\u00f3n directa al aqu\u00ed demandado, sobre el decreto y pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica\u201d (fls. 22 y 23, cdno. 3). <\/p>\n
b) Haber considerado que los testimonios de Sara Dulfary Ortega Gil y Alba Stella D\u00edaz Godoy, constitu\u00edan prueba de las relaciones sexuales entre Myriam D\u00edaz y Jos\u00e9 S\u00e1enz. <\/p>\n
Luego de abreviar la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Ortega, resalt\u00f3 el casacionista que ella afirm\u00f3 haber visto \u201ca un se\u00f1or bajito y de bigote, de quien no puede sostener que se tratara del aqu\u00ed demandado\u201d; que su conocimiento del trato carnal entre aquellos, de la \u00e9poca en que tuvieron comienzo y del embarazo, proviene de la propia se\u00f1ora D\u00edaz; que la deponente jam\u00e1s vio al demandado dar muestras de cari\u00f1o o ternura a la madre del menor, ni los observ\u00f3 en actitud de novios o amigos \u00edntimos por la \u00e9poca probable de la concepci\u00f3n de Diego Fernando; incluso, no sabe qu\u00e9 cantidad de dinero le habr\u00eda suministrado el demandado a la se\u00f1ora D\u00edaz. <\/p>\n
En cuanto a la versi\u00f3n de la se\u00f1ora Alba Stella D\u00edaz, resalt\u00f3 que era la hermana de la madre del menor, as\u00ed como lo central de su testimonio, en especial, que se contradijo en sus dos declaraciones (la que rindi\u00f3 ante el juzgado, ampliada ante el Tribunal), pues en la primera adujo que las relaciones comenzaron \u201ca principios del a\u00f1o 2003\u201d, pero en la segunda manifest\u00f3 que su hermana le coment\u00f3 que sal\u00eda con su jefe desde 1992. Agreg\u00f3 que la declarante acept\u00f3 no conocer al demandado; que no ten\u00eda certeza de que la persona que llamaba por tel\u00e9fono fuera el se\u00f1or S\u00e1enz; que sab\u00eda de un dinero que \u00e9ste le hab\u00eda suministrado a Myriam, pero no de la fecha, ni de la cantidad, ni de la forma como se habr\u00eda hecho esa entrega. Tampoco le constaba que ellos se hubieren dispensado un trato social particular (fls. 28 y 29, cdno. 3). <\/p>\n
En suma, ninguna de las declarantes \u201csabe ubicar con certeza indiscutible y sin lugar a ning\u00fan asomo de duda, la \u00e9poca exacta en la cual comenzaron las relaciones sexuales entre D\u00edaz Godoy y S\u00e1enz Hurtado\u201d. M\u00e1s a\u00fan, el juzgador de segundo grado pas\u00f3 por alto que ellas no conocen al demandado, ni les consta hecho alguno relativo a los antecedentes, naturaleza, intimidad, continuidad y trato, de las relaciones que ellos mantuvieron (fl. 29, cdno. 3). <\/p>\n
Por consiguiente, como el Tribunal consider\u00f3 acreditado el trato sexual a partir de estos testimonios, err\u00f3 de hecho al otorgarles un valor demostrativo que no tienen, en la medida en que no son declaraciones exactas, responsivas, ni completas. <\/p>\n
c) En lo tocante con el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 la madre del menor, estim\u00f3 que nada agregaba a lo que ya hab\u00eda sido afirmado en la demanda. Resalt\u00f3 s\u00ed que hab\u00eda contradicci\u00f3n entre lo dicho en \u00e9sta y en aquel, pues en el libelo se acot\u00f3 que las relaciones comenzaron en agosto de 1992, mientras que en la declaraci\u00f3n se dijo que la relaci\u00f3n dur\u00f3 de enero a septiembre de 1993. <\/p>\n
d) En cuanto al indicio que dedujo el Tribunal a partir de la manifestaci\u00f3n jurada que se habr\u00eda hecho en la demanda, sobre el lugar donde el demandado recibir\u00eda notificaciones, estim\u00f3 el impugnante que existe error evidente porque, de una parte, la direcci\u00f3n que all\u00ed se refiri\u00f3, fue modificada luego por la propia demandante, sin que en la nueva tampoco se hubiere logrado la notificaci\u00f3n personal o directa del se\u00f1or S\u00e1enz y, de la otra, porque las afirmaciones que en ese sentido contiene la demanda, no se hacen bajo juramento. <\/p>\n
e) De all\u00ed, entonces, que tambi\u00e9n hubiere incurrido en yerro f\u00e1ctico al colegir un indicio de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, pues el sentenciador no se percat\u00f3 de que el demandado estuvo representado por curador ad litem, ante la imposibilidad de enterarlo de forma personal del auto admisorio, por lo que le resultaba imposible dar respuesta directa a la demanda. <\/p>\n
Para finalizar, la censura precis\u00f3 que los errores eran trascendentes, porque si no hubiera incurrido en ellos, el Tribunal habr\u00eda concluido que no estaban probadas las relaciones sexuales entre la madre del menor y el demandado, circunstancia que lo habr\u00eda conducido a negar la filiaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Reclam\u00f3, pues, que se case la sentencia, para que la Corte, en sede de instancia, confirme la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En orden a establecer si el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de hecho manifiestos que se le atribuyen, es \u00fatil recordar que la declaraci\u00f3n de paternidad se finc\u00f3, esencialmente, en el indicio grave de renuencia del demandado a la pr\u00e1ctica de la prueba relativa al ADN, al cual se sum\u00f3 el indicio de no haberse contestado la demanda, as\u00ed como la afirmaci\u00f3n de los testigos \u201cque vieron al demandado en compa\u00f1\u00eda de la madre del menor\u201d (fl. 73, cdno. 2), apreciaciones que el recurrente fustiga porque, a su juicio, ni existe prueba de los hechos indicadores, ni las declaraciones dan cuenta del trato amatorio entre la se\u00f1ora Myriam D\u00edaz y el se\u00f1or Jos\u00e9 S\u00e1enz. <\/p>\n
a) En lo que ata\u00f1e al indicio de renuencia, un repaso a los hechos procesales que el ad quem invoc\u00f3 para deducirlo, pone al descubierto que no se configura el yerro f\u00e1ctico protuberante y ostensible que predica la acusaci\u00f3n. En efecto: <\/p>\n
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1. Advi\u00e9rtase, en primer lugar, que si el Tribunal dispuso la pr\u00e1ctica de la aludida prueba, fue porque consider\u00f3 que el se\u00f1or S\u00e1enz pod\u00eda ser localizado, habida cuenta que el emplazamiento que se hizo, no obedeci\u00f3 al desconocimiento de su lugar de habitaci\u00f3n o de trabajo, sino al hecho de no hab\u00e9rsele encontrado en la direcci\u00f3n suministrada, al momento de intentarse la notificaci\u00f3n personal, que era la hip\u00f3tesis contemplada en el art\u00edculo 320 del C. de P.C., antes de la reforma efectuada por la Ley 794 de 2003. <\/p>\n
Y en ello no le falta la raz\u00f3n al juzgador, pues seg\u00fan el informe de notificaci\u00f3n que obra al folio 22 del cuaderno principal, rendido el 17 de noviembre de 2000, el empleado del juzgado se dirigi\u00f3 a la Calle 11 No. 22-51 de Bogot\u00e1, donde fue atendido por la se\u00f1orita Melba Abaunza, \u201csecretaria del demandado\u201d, quien inform\u00f3 que \u201ceste no se encontraba en esos momentos\u201d, motivo por el cual se dej\u00f3 la orden \u2013o aviso- de comparecer al Juzgado de conocimiento, para que recibiera notificaci\u00f3n personal del auto admisorio, como lo preve\u00eda la referida disposici\u00f3n (fl. 23, ib.). <\/p>\n
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1. En segundo lugar, obs\u00e9rvese que la fecha fijada por los peritos \u201cpara la toma de muestras\u201d: 30 de julio de 2003, a las 9:00 a.m., o dentro de los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes (fl. 28, cdno. 2), le fue comunicada al se\u00f1or S\u00e1enz por su propia curadora, mediante carta remitida el 28 de ese m\u00e9s a la referida direcci\u00f3n, esto es, aquella donde se sab\u00eda que pod\u00eda ser localizado (fls. 35 y 36, cdno. 2). Incluso, la auxiliar inform\u00f3 al Tribunal que se hab\u00eda comunicado al n\u00famero telef\u00f3nico que corresponde al inmueble que tiene la nomenclatura mencionada, \u201cy dicho se\u00f1or s\u00ed se encuentra all\u00ed\u201d (fl. 37, ib.). <\/p>\n
3) En tercer lugar, corresponde destacar que el 19 de agosto de 2003, los peritos le aportaron al Tribunal los perfiles gen\u00e9ticos del menor demandante y de su progenitora, precisando que \u201cel Sr. Jos\u00e9 S\u00e1enz Hurtado no se ha hecho presente para la pr\u00e1ctica de las pruebas correspondientes\u201d (fl. 42, cdno. 2). <\/p>\n
Para dar cumplimiento a esa providencia, el 20 de octubre de 2003, el notificador se dirigi\u00f3 nuevamente a la referida direcci\u00f3n: calle 11 No. 22-51 de Bogot\u00e1, lugar en el que, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s del intento de notificaci\u00f3n personal del auto admisorio, fue atendido por Melba Aba\u00fanza, quien al igual que en ocasi\u00f3n anterior, dijo ser la secretaria del se\u00f1or S\u00e1enz, e \u201cinform\u00f3 que el mencionado se\u00f1or no estaba en el momento pero que ya ten\u00eda conocimiento del d\u00eda y la hora en que debe comparecer al laboratorio de gen\u00e9tica, manifestando que tambi\u00e9n le hab\u00edan comunicado por escrito dicha citaci\u00f3n\u201d (fl. 47, cdno. 2). <\/p>\n
5) En quinto lugar, se resalta que, ciertamente, el 16 de octubre de esa anualidad, la secretar\u00eda del Tribunal le envi\u00f3 un telegrama al se\u00f1or S\u00e1enz, en el que le inform\u00f3 sobre la fecha, la hora y el lugar al que deb\u00eda concurrir para tomar las muestras que permitieran practicar la prueba gen\u00e9tica decretada (fl. 50, cdno. 2), hecho este que confirma la manifestaci\u00f3n que le hizo la secretaria del se\u00f1or S\u00e1enz al notificador, como se acot\u00f3. <\/p>\n
6) En sexto lugar, obra a folio 60 del cuaderno No. 2, oficio emanado del Laboratorio mencionado, en el que se\u00f1ala que \u201chasta el d\u00eda de hoy \u201320 de noviembre de 2003- no se ha presentado a \u00e9ste instituto\u201d el se\u00f1or S\u00e1enz. <\/p>\n
El anterior recuento deja al descubierto que s\u00ed exist\u00edan elementos de juicio importantes con fundamento en los cuales el Tribunal pod\u00eda afirmar, de forma razonable, que el se\u00f1or S\u00e1enz \u201cse enter\u00f3 de la pr\u00e1ctica de la prueba\u201d, por lo que, dada su reiterada inasistencia a concurrir ante los m\u00e9dicos designados para que se le tomaran las muestras biol\u00f3gicas que permitieran establecer su perfil gen\u00e9tico, bien pod\u00eda colegirse que hab\u00eda renuencia a la pr\u00e1ctica del medio probatorio. <\/p>\n
Quiere ello significar que el Tribunal, en rigor, no supuso la prueba del enteramiento al demandado de las distintas fechas en que deb\u00eda concurrir al laboratorio a prestar su colaboraci\u00f3n en la pr\u00e1ctica de la prueba, ni supuso la prueba de la inasistencia, por manera que no se puede afirmar, por lo menos en t\u00e9rminos categ\u00f3ricos o absolutos, que se cometi\u00f3 error de hecho manifiesto al considerar acreditados los hechos indicadores del indicio de renuencia que dedujo el sentenciador. <\/p>\n
A este respecto, mem\u00f3rase que \u201clos \u00fanicos errores f\u00e1cticos que pueden tener el vigor suficiente para quebrar la sentencia atacada, son,\u2026, \u2018los que al conjuro de su sola enunciaci\u00f3n se presentan al entendimiento con toda claridad, sin que para descubrirlos sea menester transitar el camino m\u00e1s o menos largo y m\u00e1s o menos complicado de un proceso dial\u00e9ctico\u2019 (cas. civ. de noviembre de 1971; 4 de septiembre de 1975 y 14 de diciembre de 1977)\u201d (Sentencia de 21 de mayo de 2001; exp.: 5924), siendo claro, adem\u00e1s, que \u201cla contundencia que presupone un yerro de ese linaje, descarta la presencia de la duda. Donde esta existe, no hay evidencia. Es tan simple como eso\u201d (Sentencia de 20 de abril de 2001; exp.: 6014. Cfme: G.J. CLXXXVIII, p\u00e1g. 126). <\/p>\n
Por tanto, como la apreciaci\u00f3n del Tribunal en lo que toca con el indicio aludido, no luce apartada de lo que muestra la actuaci\u00f3n procesal, ni la propuesta del censor refulge como la \u00fanica posible, es necesario descartar la configuraci\u00f3n de un error de hecho manifiesto o evidente, circunstancia que impide abrirle paso a la censura, tanto m\u00e1s si se considera que, por regla general, la apreciaci\u00f3n de la prueba indiciaria \u201ccorresponde de modo exclusivo a la conciencia y discernimiento del sentenciador de m\u00e9rito, quien es por lo tanto el llamado a asignarle a tal prueba el valor demostrativo y que su convicci\u00f3n \u00edntima le inspire y sin que su juicio pueda ser variado en casaci\u00f3n, salvo en los casos excepcionales y raros en que esa inferencia raye en lo absurdo por contrariar el sentido com\u00fan o a los fen\u00f3menos naturales, o por ser el resultado de un error manifiesto de hecho…, en la estimaci\u00f3n de las probanzas concernientes a los propios hechos indicativos o indiciarios\u201d, lo que fue descartado en este caso, como se apunt\u00f3 en l\u00edneas anteriores (G.J. t. CVI, p\u00e1g. 123). <\/p>\n
b) Lo propio acontece con el indicio que dedujo el Tribunal de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, que la censura combate sobre la base de haberse omitido que el demandado no fue notificado personal y directamente del auto admisorio. <\/p>\n
Sobre este particular, t\u00e9ngase en cuenta que en la sentencia se reconoci\u00f3 expresamente que el se\u00f1or S\u00e1enz estuvo representado por curador ad litem, y que \u201cfue emplazado seg\u00fan las previsiones del art. 320 del C. de P.C.\u201d (fls. 66, 72 y 73, cdno. 2), circunstancia que deja sin piso la acusaci\u00f3n. Pero adem\u00e1s, es importante acotar que, si se miran bien las cosas, el indicio que dedujo el juzgador tiene como punto de partida que el demandado, aunque ten\u00eda conocimiento de la existencia del proceso, pues se le dej\u00f3 aviso en el lugar \u201cen el cual pod\u00eda ser localizado\u201d, se abstuvo de concurrir al Juzgado para contestar la demanda, \u201ca pesar de haber sido debidamente notificado\u201d (fl. 73, cdno. 2). <\/p>\n
Luego el eje central de la mencionada apreciaci\u00f3n probatoria del Tribunal, no desconoce que el demandado fue notificado a trav\u00e9s de un curador ad litem, pues lo que llam\u00f3 su atenci\u00f3n fue que el se\u00f1or S\u00e1enz, aunque sab\u00eda del pleito formulado en su contra, se abstuvo de comparecer directamente para pronunciarse sobre la demanda. Y como es cierto que la notificaci\u00f3n de aqu\u00e9l se intent\u00f3 en una direcci\u00f3n en la que s\u00ed se localiza, y que, pese al aviso que se fij\u00f3 en el inmueble para que compareciera, no concurri\u00f3 al Juzgado como era su deber, seg\u00fan lo develan los informes que obran a folios 22 a 24 del cuaderno principal, fuerza colegir que el sentenciador de segundo grado tampoco supuso la prueba del hecho que autorizaba inferir el indicio grave a que se refiere el art\u00edculo 95 del C. de P.C. <\/p>\n
En este punto conviene se\u00f1alar, que pese a ser cierto que el Tribunal se equivoc\u00f3 al se\u00f1alar, que la informaci\u00f3n contenida en la demanda sobre el lugar donde el demandado recibir\u00eda notificaciones, se suministr\u00f3 bajo juramento, pues ni as\u00ed se hizo (fls. 7 y 14, cdno. 1), ni la ley lo exige (num. 11, art. 75 C. de P.C.), tal yerro no quita ni pone ley, toda vez que, de una parte, esa apreciaci\u00f3n tuvo el prop\u00f3sito de apuntalar a\u00fan m\u00e1s que el demandado s\u00ed pod\u00eda ser localizado para la pr\u00e1ctica de la prueba pericial sobre el ADN, y de la otra, es claro que, con o sin juramento, lo que evidencia la actuaci\u00f3n adelantada, es que el se\u00f1or S\u00e1enz s\u00ed pod\u00eda ubicarse en el inmueble cuya direcci\u00f3n proporcion\u00f3 el demandante. <\/p>\n
c) En lo que ata\u00f1e a la prueba testimonial, cumple se\u00f1alar que el Tribunal, en estrictez, no consider\u00f3 que ella serv\u00eda como prueba de las relaciones sexuales que sostuvieron la se\u00f1ora Myriam D\u00edaz y el se\u00f1or Jos\u00e9 S\u00e1enz. Lo que puntualiz\u00f3 el ad quem fue que las testigos Sara Dulfary Ortega Gil y Alba Stella D\u00edaz Godoy, afirmaron \u201cque vieron al demandado en compa\u00f1\u00eda de la madre del menor\u201d (fl. 73, cdno. 2), \u00fanico hecho que tuvo en cuenta de sus declaraciones, para apreciarlo en conjunto con los indicios de renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN y de falta de contestaci\u00f3n de la demanda. Luego es claro que el casacionista le reprocha al sentenciador una apreciaci\u00f3n probatoria que \u00e9ste no hizo, por lo que la censura cae en el vac\u00edo. <\/p>\n
Y si a ello se agrega que la mencionada conclusi\u00f3n del Tribunal, est\u00e1 en consonancia con lo afirmado por las declarantes, quienes se\u00f1alaron haber visto \u201ccomo en tres ocasiones que \u00e9l \u2013se refiere al se\u00f1or S\u00e1enz- la recog\u00eda en el Conjunto, llegaba en un Mercedes a recogerla esto fue como en febrero del 93\u201d; que \u201cun d\u00eda que el se\u00f1or fue a recogerla a ella, yo estaba en la porter\u00eda con Myriam y vi a un se\u00f1or entre el carro, y era bajito, de bigote, con gafas, ya de edad\u201d (Sara Ortega; fls. 57 y 58, cdno. 1); y que \u201cdesde comienzos del 93, yo a veces recib\u00eda llamadas del se\u00f1or Jos\u00e9 S\u00e1enz y la hac\u00eda pasar, le preguntaba que de parte de quien y la hac\u00eda pasar\u201d (Alba Stella D\u00edaz; fls. 58, ib. Y 54, cdno. 2), se impone concluir que el sentenciador no incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico palmario, pues en el marco de la discreta autonom\u00eda de que goza para valorar las pruebas, no luce desacertada la lectura de tales declaraciones, en una de las cuales, de manera clara, se afirm\u00f3 haber visto a la madre del demandante en compa\u00f1\u00eda del demandado, desde luego que esta es \u201cuna circunstancia de la que no debe prescindirse, que por s\u00ed sola parece insignificante, pero que puesta frente al material demostrativo antes analizado, acaba por enlazarlo\u201d, en cuanto pone de presente \u201cque la ocasi\u00f3n la hubo\u201d, como lo expres\u00f3 la Corte en sentencia de 20 de abril de 2001 (exp.: 6190). <\/p>\n
d) Ya para finalizar, cumple resaltar que fueron plurales los indicios que tuvo en cuenta el Tribunal para declarar la filiaci\u00f3n, cada uno con autonom\u00eda e individual estructuraci\u00f3n, de modo que uno y otro, aparejados a la declaraci\u00f3n de testigos \u201cque vieron al demandado en compa\u00f1\u00eda de la madre\u201d (fl. 73, cdno. 2), resultaban suficientes para generar convicci\u00f3n en el juzgador, sobre la fundabilidad de la filiaci\u00f3n paterna reclamada. <\/p>\n
Efectivamente, dest\u00e1case que si bien los dos indicios despuntan en la conducta procesal del se\u00f1or S\u00e1enz, los hechos indicadores son diferentes: de un lado, su renuencia injustificada a colaborar en el recaudo de una prueba que, como la gen\u00e9tica, debe ser practicada en esta clase de pleitos, por mandato del propio legislador (arts. 1\u00ba y 7\u00ba, Ley 721\/01); y del otro, la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, omisi\u00f3n que la misma ley toma en cuenta, para deducir un indicio grave en contra del demandado (art. 95 C.P.C.). Por consiguiente, no es posible sostener que, en \u00faltimas, el Tribunal s\u00f3lo pod\u00eda deducir un \u00fanico indicio, como quiera que se trata de diversos comportamientos procesales del se\u00f1alado padre, a partir de los cuales, es sabido, pueden inferirse indicios separados como los que dedujo el sentenciador de segundo grado (art. 249 C. de P.C.), cuyo m\u00e9rito debe apreciarse en consideraci\u00f3n a su gravedad, concordancia y convergencia, lo mismo que por su relaci\u00f3n con otras pruebas (art. 250 ib.), como en este caso ocurri\u00f3. <\/p>\n
En este orden de ideas, aunque es cierto que un solo indicio \u2013as\u00ed sea el de renuencia a la prueba gen\u00e9tica-, ayuno de cualquiera otra prueba id\u00f3nea y elocuente, no puede servir de b\u00e1culo para declarar una filiaci\u00f3n, no lo es menos que una pluralidad de ellos, entre los que se cuente el de resistencia al referido medio probatorio, amparados en hechos indicadores distintos y debidamente comprobados en el proceso (art. 248 C.P.C.), s\u00ed pueden servir de respaldo a una s\u00faplica formulada en tal sentido, como lo preciso la Corte en lozana jurisprudencia, al se\u00f1alar que \u201cno cabe duda que el indicio en comentario, aunado a otras pruebas id\u00f3neas y suficientes \u2013incluida la indiciaria o la declaraci\u00f3n de la madre, cabalmente escrutada- que permitieran, en conjunto, acreditar alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, es bastante dentro de ese contexto, para abrirle paso a la pretensi\u00f3n que busca definir la paternidad o maternidad del demandante.\u201d (cas. civ. de 28 de junio de 2005; exp.: 7901) <\/p>\n
3. Puestas de este modo las cosas, se colige que los errores de hecho denunciados por el casacionista, o no aparecen configurados, o no refulgen de forma tal que se impongan sin hesitaci\u00f3n alguna, motivo por el cual, este cargo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del impugnante. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-243-2005 [1100131100122000-00802-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).- Ref.: Expediente No. 11001-31-10-012-2000-00802-01 Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83072","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}