SC-247-2005 [7892]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7892. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 6 de septiembre de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario promovido por Jaime Edmundo G\u00f3mez L\u00f3pez frente a Alicia del Socorro Villacis de Obando. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se declarara, principalmente, que el inmueble descrito en la demanda era de su exclusiva propiedad; para el evento que a ello no se accediera, solicit\u00f3 declarar la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con la opositora el 31 de enero de 1977; en subsidio de las anteriores pretensiones pidi\u00f3 la resoluci\u00f3n, por incumplimiento de Villacis de Obando en el pago del precio acordado, del referido contrato; y, para el caso que las precedentes s\u00faplicas no fueran de recibo, demand\u00f3 que se declarara resuelto, por mutuo disenso t\u00e1cito, el mencionado acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Las pretensiones principales y subsidiarias relacionadas comprenden peticiones expresas relativas a que, como consecuencia de accederse a cualquiera de ellas, se ordenara a la opositora demandada restituir el aludido inmueble, con los frutos civiles y naturales que hubiere podido producir con mediana inteligencia, as\u00ed como con \u201clas cosas que forman parte del mismo\u2026o que se reputan inmuebles por la conexi\u00f3n con \u00e9l\u201d, y que se tuviera a la opositora como poseedora de mala fe. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) El 31 de enero de 1977, en Ipiales, celebr\u00f3 con la demandada el contrato de promesa de compraventa, por medio del cual prometi\u00f3 venderle, quien a su vez prometi\u00f3 comprarle, la casa de habitaci\u00f3n ubicada en la urbanizaci\u00f3n \u201cLos Fundadores\u201d de la citada localidad, marcada en el plano interno de tal urbanizaci\u00f3n con la letra \u201cI\u201d. <\/p>\n
b) En ese contrato se pact\u00f3 como precio por la enajenaci\u00f3n la suma de $488.325, pagaderos as\u00ed: $48.832,50, como cuota inicial, al momento de la suscripci\u00f3n del mismo; $48.832,50, quince d\u00edas despu\u00e9s de la fecha de ese acuerdo; $48.832,50, a la firma de la escritura p\u00fablica por medio de la cual se perfeccionara el contrato prometido; y $341.820,50, \u201ccon pr\u00e9stamo concedido por la Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi o por el Banco Central Hipotecario o con recursos propios\u201d. <\/p>\n
c) All\u00ed se convino que el otorgamiento de la escritura por la cual se verificara la venta prometida tendr\u00eda lugar en la notar\u00eda segunda de Ipiales, una vez que \u201cCorpavi\u201d o el \u201cBanco Central Hipotecario\u201d aprobara \u201cel cr\u00e9dito solicitado por el promitente comprador\u201d. <\/p>\n
d) Tambi\u00e9n se acord\u00f3 que la entrega real, s\u00f3lo se efectuar\u00eda en la fecha en que la citada corporaci\u00f3n girara \u201cel valor del pr\u00e9stamo concedido y solicitado por el promitente comprador\u201d o cuando cancelara \u201ccon sus recursos propios la suma restante para completar dicho valor\u201d. <\/p>\n
e) No obstante lo dispuesto en la cl\u00e1usula cuarta de la memorada convenci\u00f3n, la opositora \u201cde manera ilegal procedi\u00f3 a ocupar el inmueble\u2026, sin que haya cancelado suma de dinero alguna\u2026por concepto de arrendamiento y\/o a manera de contraprestaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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3. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; y frente a los hechos, dijo que eran ciertos los atinentes a la fecha de suscripci\u00f3n de la promesa, al precio y su forma de pago; en relaci\u00f3n con el otorgamiento del negocio prometido manifest\u00f3 que se aten\u00eda a lo estipulado en dicho acto bilateral; admiti\u00f3 que en la aludida promesa se la autoriz\u00f3 para girar al Fondo Nacional de Ahorro el saldo del precio convenido; finalmente, expres\u00f3 haber entrado en posesi\u00f3n del inmueble antes de celebrarse el susodicho contrato, por lo que no derivaba sus derechos del actor, como as\u00ed se desprend\u00eda de la misma promesa. <\/p>\n
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Propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 prescripci\u00f3n extintiva de las acciones intentadas, fundada en que, de un lado, siendo ella poseedora del bien con anterioridad, incluso, a la fecha del contrato de promesa, la acci\u00f3n de dominio se encontraba extinguida por haber transcurrido m\u00e1s de veinte a\u00f1os desde el inicio de la posesi\u00f3n; y, de otro, en que como desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato de promesa -31 de enero de 1977- a la de presentaci\u00f3n de la demanda -31 de enero de 1997- transcurrieron veinte a\u00f1os y un d\u00eda, las acciones de nulidad absoluta y resoluci\u00f3n, tanto por incumplimiento como por mutuo disenso t\u00e1cito, se hallaban igualmente prescritas. <\/p>\n
4. Por sentencia de 24 de febrero de 1999 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales culmin\u00f3 la primera instancia, en la que desestim\u00f3 las pretensiones principales; declar\u00f3 la nulidad del contrato de promesa; deneg\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de nulidad; y conden\u00f3, como consecuencia de las restituciones mutuas, al actor a devolverle a la demandada los $48.832,50 que ella le cancel\u00f3 el 31 de enero de 1977, con la correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante fallo de 6 de septiembre de 1999, revoc\u00f3 el del juzgado y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n en relaci\u00f3n con todas las acciones deprecadas por el demandante. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de historiar con detalle la actuaci\u00f3n procesal, resaltar, por una parte, la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y, por la otra, la inexistencia de nulidades que invalidaran la actuaci\u00f3n, y tras advertir la diversa naturaleza de las s\u00faplicas, estim\u00f3 el ad-quem que antes de entrar a considerar si las pretensiones resultaban pr\u00f3speras o no, era menester determinar si aquellas estaban prescritas, porque siendo as\u00ed resultar\u00eda ineficaz el esfuerzo por analizarlas en el fondo. <\/p>\n
2. Una vez trajo a colaci\u00f3n, por un lado, los argumentos aducidos por la demandada para sustentar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que plante\u00f3, en el sentido de que los t\u00e9rminos de a\u00f1os se contaban conforme al calendario y que, por tanto, en el caso sub lite los veinte a\u00f1os se cumplieron el 30 de enero a las 12 p.m. y no el 31 de ese mes, y, por el otro, las consideraciones que al efecto hizo el a-quo en su fallo para desestimar el referido mecanismo defensivo, especialmente en cuanto a que el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal, correspond\u00eda a una norma \u201cclara\u201d y, consecuentemente, no admit\u00eda \u201cinterpretaciones por l\u00f3gicas que ellas\u201d resultaran, el fallador puntualiz\u00f3 que no pod\u00eda aceptar ese razonamiento del juez de primera instancia, ya que precisamente la labor del sentenciador deb\u00eda orientarse a ese norte; por ese mismo camino, agreg\u00f3 que resultaba inadmisible que se dijera que el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal no admit\u00eda interpretaci\u00f3n, por lo que deb\u00eda entender c\u00f3mo lo que se quiso expresar en el fallo apelado era que aqu\u00e9lla no toleraba interpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas, lo cual era diferente a que se dijera que tal precepto no admit\u00eda ninguna clase de interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
3. No sin antes transcribir los dos primeros incisos del aludido art\u00edculo 67, el juez de segundo grado se\u00f1al\u00f3 que un primer an\u00e1lisis de esas normas podr\u00eda inducir a que se dijera que en ellos resid\u00eda \u201cuna evidente contradicci\u00f3n, puesto que si los plazos de a\u00f1os se entienden los del calendario com\u00fan y conforme al texto del art\u00edculo se sabe que el plazo de a\u00f1os termina a la media noche del \u00faltimo d\u00eda del plazo, para qu\u00e9, el legislador pudo haber querido decir que el plazo de a\u00f1os se debe contar de 31 de enero a 31 de enero como concluye el a quo y el apoderado judicial de la parte actora\u201d; y, por ah\u00ed mismo, agreg\u00f3: \u201cSuficiente habr\u00eda sido entonces con el segundo inciso de la norma y en consecuencia los plazos de a\u00f1os se contar\u00edan en la forma como se hace en la providencia, sobrando la frase \u2018terminan a la media noche del \u00faltimo d\u00eda del plazo..\u2019. Es m\u00e1s, en la parte final del segundo inciso la norma prev\u00e9 que: \u2018el plazo de un mes podr\u00e1 ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 d\u00edas, y el plazo de un a\u00f1o de 365 o 366 d\u00edas, seg\u00fan los casos\u2019. Esta circunstancia prevista por el legislador puede ser de com\u00fan ocurrencia, pues, en v\u00eda de ejemplo, si se celebra un contrato el 29 de febrero y el plazo es de un a\u00f1o, sabido es que esa fecha existe porque el a\u00f1o es bisiesto, de ah\u00ed que el mes de febrero del a\u00f1o siguiente s\u00f3lo tendr\u00e1 28 d\u00edas y el 29 no existir\u00eda en el calendario\u201d(fls.35 y 36). Tomando como base este \u00faltimo supuesto, coment\u00f3 que de aplicarse dicha disposici\u00f3n en forma literal, se tendr\u00eda entonces que \u201cel contrato vencer\u00eda el 29 de febrero del a\u00f1o que no es bisiesto y esa situaci\u00f3n contractualmente ser\u00eda irreal o de imposible cumplimiento\u201d. <\/p>\n
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4. Tras hacer transcripci\u00f3n del inciso tercero del art\u00edculo 59, concluy\u00f3 el juzgador que el presente caso no hac\u00eda parte \u201cde las excepciones previstas en los incisos segundo y tercero de la norma en referencia, pues el plazo de a\u00f1os a contabilizarse\u201d pod\u00eda hacerse de conformidad con el \u201cprimer inciso del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, es decir, que si el contrato de promesa de compraventa se celebr\u00f3 el 31 de enero de 1977, el plazo de veinte a\u00f1os de prescripci\u00f3n de la nulidad absoluta deprecada (art. 1\u00b0 de la ley 50 de 1936), se cumpli\u00f3 el 30 de enero de 1997 a las doce de la noche\u201d. <\/p>\n
5. Despu\u00e9s de citar un concepto expuesto por la doctrina nacional en procura de reforzar su tesis, el sentenciador remat\u00f3 afirmando que las anteriores reflexiones lo conduc\u00edan a declarar, \u201cen todos los casos de las acciones propuestas\u201d, probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues ninguna de ellas ten\u00eda \u201cestablecido como t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n uno mayor a veinte a\u00f1os\u201d(fl.38). <\/p>\n
Tres cargos, todos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, formul\u00f3 el demandante contra la sentencia. La Corte, en uso de las prerrogativas que en materia de integraci\u00f3n le otorga el numeral tercero del art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991, convertido en legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 162 de la ley 446 de 1998, abordar\u00e1 el estudio conjunto de los cargos primero y tercero, pues apuntan a un mismo fin, acusaciones que por abrirse paso, como se ver\u00e1, impiden entrar en el estudio del cargo segundo. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar, en forma directa, el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
1. Asegura el recurrente que fue errada la conclusi\u00f3n del tribunal al se\u00f1alar que en este asunto se hab\u00eda operado \u201cla prescripci\u00f3n de todas las pretensiones incoadas\u201d, por cuanto lo cierto es que desde el 31 de enero de 1977, cuando las partes suscribieron el contrato de promesa, hasta el 31 de enero de 1997, fecha en que se present\u00f3 la demanda, no transcurrieron los veinte a\u00f1os aludidos en el fallo. <\/p>\n
2. A vuelta de transcribir el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, sostiene el acusador que fue equivocada la interpretaci\u00f3n que el ad-quem dio a dicha disposici\u00f3n, pues si bien es verdad que de acuerdo con el \u201ccalendario com\u00fan\u201d un a\u00f1o comprende 365 \u00f3 366 d\u00edas, \u201cno debe perderse de vista que cuando el t\u00e9rmino se refiere\u201d a meses o a\u00f1os, \u201cdeber\u00e1 tener el mismo n\u00famero en los respectivos meses, aspecto sobre el cual el \u00faltimo inciso de dicha norma suministra mayor claridad en cuanto ense\u00f1a que de esa manera se contar\u00e1n \u201clos espacios prescriptivos y de edad de las personas, el \u00faltimo evento ilustra n\u00edtidamente el art\u00edculo, pues el cumplea\u00f1os de una persona siempre coincide con el n\u00famero de calendario del respectivo mes\u201d(fl.17). <\/p>\n
3. Expone el casacionista c\u00f3mo pese a que los veinte a\u00f1os para la ocurrencia de la prescripci\u00f3n no se completaron, debido a que el respectivo t\u00e9rmino se interrumpi\u00f3 el 31 de enero de 1997 con la presentaci\u00f3n de la demanda, como lo dispone el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el fallador lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n contraria. Esa equivocada interpretaci\u00f3n de la aludida disposici\u00f3n, prosigue, precisamente fue la que motiv\u00f3 el salvamento de voto, el cual transcribe parcialmente. <\/p>\n
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Pide entonces el impugnador que se case la sentencia y, en su reemplazo, se confirmen los numerales 1\u00ba a 5\u00ba del fallo de primer grado, adicion\u00e1ndolo en el sentido de condenar a la demandada a restituir el inmueble, con imposici\u00f3n de las condenas consecuentes con el primer grupo de pretensiones subsidiarias. <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de quebrantar, en forma directa, los art\u00edculos 67 -subrogado por el 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal-, 2512, 2513, 2532 -modificado por el 1\u00b0 de la ley 50 de 1936-, 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n; 68, 669, 673, 946, 947, 950, 952, 954, 957, 961, 962, 964, 967, 969, 1500, 1502, 1602, 1611, 1740, 1741, 1742 -subrogado por el 2\u00b0 de la ley 50 de 1936-, 1746, 1748, 1857, 1928, 2512, 2514 y 2539 del C\u00f3digo Civil, y 90,194, 195, 197, 203, 233, 241, 244, 246, 251, 252, 253, 254, 258, 268, 279 y 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Aduce el recurrente que la sentencia efectu\u00f3 una aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 67 citado, ya que de manera contraria a derecho lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que desde el 31 de enero de 1977 al 31 de enero de 1997 hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de veinte a\u00f1os; a\u00f1ade que esa posici\u00f3n es err\u00f3nea porque cae en notoria contradicci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n ofrecida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n en una de sus sentencias, afirmaci\u00f3n a partir de la cual transcribe parcialmente lo consignado en el salvamento de voto del fallo recurrido. <\/p>\n
2. Una vez se refiri\u00f3 a los requisitos que deb\u00eda reunir el contrato de promesa de compraventa para que obtuviera validez y a las consecuencias de la falta de alguno de ellos, anota el acusador que el juez de segundo grado, al asumir la posici\u00f3n que cuestiona, viol\u00f3 directamente las normas determinadas en el cargo, pues por fuera de la ley tuvo como demostrada la prescripci\u00f3n no obstante que no hab\u00edan transcurrido veinte a\u00f1os desde la fecha de la promesa y aquella en que se present\u00f3 la demanda del proceso, m\u00e1s si se tiene en cuenta que se produjo la interrupci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Mediante las acusaciones que ahora ocupan la atenci\u00f3n de la Sala, el recurrente, en esencia, cuestiona la aplicaci\u00f3n que el juzgador hizo del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal, y que, en definitiva, lo condujo a sostener que como la situaci\u00f3n planteada en este asunto no quedaba ubicada en ninguna de las excepciones desarrolladas en los incisos segundo y tercero del precepto en cita, entonces la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de veinte a\u00f1os, que correspond\u00eda a la prescripci\u00f3n planteada como excepci\u00f3n, deb\u00eda efectuarse en la forma consagrada en su inciso primero, o sea conforme al calendario, de donde el vencimiento de dicho t\u00e9rmino, al iniciarse el 31 de enero de 1977, fecha de celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, tuvo lugar el 30 de enero de 1997, resultando as\u00ed que para cuando se present\u00f3 la demanda con la que se inici\u00f3 este proceso, que lo fue el 31 de enero de 1997, las acciones intentadas ya estaban prescritas, como en \u00faltimas lo declar\u00f3, siendo ese el \u00fanico argumento en que el sentenciador se apoy\u00f3 para denegar la totalidad de las pretensiones. <\/p>\n
Contrariamente, el recurrente afinca su reproche en el inciso segundo del art\u00edculo 67 citado y se\u00f1ala que, como de acuerdo con esta espec\u00edfica previsi\u00f3n legal el primero y \u00faltimo d\u00eda de un plazo de meses o a\u00f1os deben tener un mismo n\u00famero, el aludido t\u00e9rmino, al haberse iniciado el 31 de enero de 1977, venc\u00eda en el mismo d\u00eda y mes de 1997, fecha en la cual tuvo lugar su interrupci\u00f3n, habida cuenta que ese d\u00eda se present\u00f3 la demanda y, de otra parte, porque en el proceso se cumplieron los dem\u00e1s requisitos consagrados en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, circunstancia que, por ende, imped\u00eda acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
2. Se deduce, entonces, que la discusi\u00f3n propuesta por el acusador se refiere al verdadero sentido y alcance del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal, y m\u00e1s concretamente de sus incisos primero y segundo, por lo que se impone a la Corte establecer el real significado de tal disposici\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala el memorado precepto: \u201cTodos los plazos de d\u00edas, meses o a\u00f1os de que se haga menci\u00f3n legal, se entender\u00e1 que terminan a la media noche del \u00faltimo d\u00eda del plazo. Por a\u00f1o y por mes se entienden los del calendario com\u00fan, por d\u00eda el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecuci\u00f3n de las penas se estar\u00e1 a lo que disponga la ley penal. <\/p>\n
\u201cEl primero y \u00faltimo d\u00eda de un plazo de meses o a\u00f1os deber\u00e1n tener un mismo n\u00famero en los respectivos meses. El plazo de un mes podr\u00e1 ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 d\u00edas, y el plazo de un a\u00f1o de 365 o 366 d\u00edas, seg\u00fan los casos. <\/p>\n
\u201cSi el mes en que ha de principiar un plazo de meses o a\u00f1os constare de m\u00e1s d\u00edas que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los d\u00edas en que el primero de dichos meses excede al segundo, el \u00faltimo d\u00eda del plazo ser\u00e1 el \u00faltimo d\u00eda de este segundo mes. <\/p>\n
Al efectuar la Corte el estudio pertinente del inciso primero de la mentada norma encuentra, atendido su tenor literal -art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil-, c\u00f3mo el legislador all\u00ed se limit\u00f3, por un lado, a indicar que los plazos fijados por la ley, en a\u00f1os, meses o d\u00edas, terminan a la media noche del d\u00eda de su vencimiento y, por el otro, a definir qu\u00e9 se entiende por cada una de estas medidas de tiempo -a\u00f1o, mes, d\u00eda-, exceptuando de tales premisas generales la ejecuci\u00f3n de las penas, que deben sujetarse a lo que la ley penal previene. <\/p>\n
Lo anotado traduce, a la par, que el comentado inciso no contempla regla alguna que sirva para, en un caso espec\u00edfico, establecer cu\u00e1l es o c\u00f3mo puede determinarse el \u00faltimo d\u00eda de un t\u00e9rmino fijado en a\u00f1os o en meses, pues, se reitera, el precepto no muestra tener objetivo diferente al de consagrar que todo t\u00e9rmino concluye \u201ca la media noche del \u00faltimo d\u00eda del plazo\u201d y a disponer que por \u201ca\u00f1o y por mes se entienden los del calendario com\u00fan\u201d en tanto que un d\u00eda corresponde al \u201cespacio de veinticuatro horas\u201d. <\/p>\n
En cambio, al considerar el inciso siguiente, estima la Sala que esta parte del texto s\u00ed fija una regla clara en lo tocante a la forma como deben computarse los plazos y t\u00e9rminos legales concebidos en a\u00f1os o meses, cual es que \u201cel primero y \u00faltimo d\u00eda\u2026deber\u00e1n tener un mismo n\u00famero en los respectivos meses\u201d, precisando luego, que el \u201cplazo de un mes podr\u00e1 ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 d\u00edas, y el plazo de un a\u00f1o de 365 o 366 d\u00edas, seg\u00fan los casos\u201d. <\/p>\n
Por tanto, surge n\u00edtido que es el inciso segundo de que ahora se trata el que se ocupa de indicar que en todos los plazos legales previstos en a\u00f1os o meses, su \u00faltimo d\u00eda corresponde a aquel del mismo n\u00famero en que el respectivo plazo o t\u00e9rmino se inici\u00f3, mandato este que, en primer lugar, no evidencia contradicci\u00f3n con las previsiones del inciso primero del mismo art\u00edculo 67 o con los restantes incisos de tal disposici\u00f3n, y que, en segundo, claramente regula, de la manera se\u00f1alada, lo atinente a la forma de contabilizar los t\u00e9rminos de a\u00f1os y meses y, por sobre todo, sienta el criterio con que debe establecerse el d\u00eda en que vence o concluye un plazo de los que aqu\u00ed se vienen analizando. En sentido similar se ha pronunciado la Corporaci\u00f3n (G. J., t. CLXIV, pags.209 a 215; G. J., t. CCXX, Primera Parte, pags.54 a 59; autos de 7 de septiembre de 1987, 8 de octubre de 1987, 13 de noviembre de 1987, 9 de octubre de 1989 y 28 de noviembre de 1989, no publicados a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
Por su parte el inciso tercero, frente al hecho de que todos los meses del a\u00f1o no tienen un mismo n\u00famero de d\u00edas, se ocupa de indicar la forma de contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de a\u00f1os y meses en el supuesto de que su iniciaci\u00f3n tenga lugar, precisamente, en uno de los d\u00edas en que el mes en que principia el plazo excede al mes en que ha de concluir el mismo, para lo cual dispone, que \u201cel \u00faltimo d\u00eda del plazo ser\u00e1 el \u00faltimo d\u00eda de este segundo mes\u201d; y el inciso cuarto indica que las previsiones contenidas en el referido art\u00edculo deben aplicarse a \u201clas prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o t\u00e9rminos prescritos en las leyes o en los actos de la autoridades nacionales\u201d, dejando a salvo, claro est\u00e1, lo que las normas especiales dispongan. <\/p>\n
3. Siendo el anterior el verdadero sentido del invocado art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, fluye ostensible que fue errado el entendimiento que el tribunal le otorg\u00f3 a dicho precepto, por cuanto el inciso primero del mismo, como ya se vio, no contiene regla alguna que sirva para contabilizar los t\u00e9rminos legales y porque, como tambi\u00e9n se infiere de los razonamientos atr\u00e1s consignados, su inciso segundo no corresponde a ninguna excepci\u00f3n sino que, por el contrario, consagra la regla general que ha de observarse en procura de establecer el vencimiento de los t\u00e9rminos de a\u00f1os o meses. <\/p>\n
4. Seg\u00fan antes qued\u00f3 indicado, el \u00fanico argumento del ad-quem para colegir la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva planteada frente a la totalidad de las pretensiones fue que el t\u00e9rmino de veinte a\u00f1os deb\u00eda contarse conforme al calendario y que, por ende, venci\u00f3 el 30 de enero de 1997; es decir, que para establecer el aludido t\u00e9rmino el fallador tom\u00f3 como punto de partida exclusivamente el 31 de enero de 1977, cuando las partes ajustaron el contrato de promesa de compraventa, y no ninguna otra fecha, \u00e9poca o momento anterior, pese a que la opositora al contestar la demanda afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n ejercida sobre el bien pretendido se inici\u00f3 antes de la celebraci\u00f3n de dicho acto bilateral, sin provenir, por tanto, del actor. <\/p>\n
5. En este orden de ideas, se impone concluir que, contado a partir de la preindicada fecha, de acuerdo con el recto entendimiento que conforme a lo visto corresponde al precepto comentado, el t\u00e9rmino prescriptivo de veinte a\u00f1os se completaba a la media noche del 31 de enero de 1997, momento para el cual ya se hab\u00eda presentado la demanda con la que se inici\u00f3 este litigio, como que ella se instaur\u00f3, necesariamente, en horas laborables de ese mismo d\u00eda (fl. 19, cd.1); esto es, que desde la perspectiva as\u00ed planteada por el juez de segundo grado, y \u00fanicamente desde esa espec\u00edfica tem\u00e1tica, ninguna de las acciones intentadas hab\u00eda prescrito, a m\u00e1s que este fen\u00f3meno, ya en el interior del proceso, tampoco alcanz\u00f3 a estructurarse habida consideraci\u00f3n que la opositora fue vinculada (fl. 23, cd.1) dentro de los 120 d\u00edas siguientes a cuando el auto admisorio se notific\u00f3 por estado al demandante (fls. 20 y 21, cd.1), como lo indicaba el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en la norma a la saz\u00f3n vigente. <\/p>\n
6. Lo dicho es suficiente para ver c\u00f3mo el juzgador, al aplicar de la manera descrita la disposici\u00f3n del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, termin\u00f3 reconoci\u00e9ndole eficacia a la excepci\u00f3n que introdujo la demandada contra las acciones intentadas por el actor, quebrantando as\u00ed los preceptos reguladores de la prescripci\u00f3n extintiva, tambi\u00e9n invocados como violados por el impugnador. <\/p>\n
7. Por cuanto al amparo del aspecto acabado de analizar fue como el sentenciador le otorg\u00f3 m\u00e9rito a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n planteada contra todas las pretensiones, sin que hubiera estudiado ni desestimado el otro argumento, consistente en que la opositora pose\u00eda la cosa desde antes del 31 de enero de 1977, en el que del mismo modo se fund\u00f3 dicho medio exceptivo, habr\u00e1 de reconocerse prosperidad a los cargos estudiados y, consecuentemente, quebrarse el fallo, aunque con la precisi\u00f3n en el sentido de que \u00fanicamente por las razones que vienen de exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Por tanto, prosperan los cargos. <\/p>\n
V. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Al imponerse el quiebre de la sentencia combatida, compete a la Corte, en sede de instancia, resolver sobre la apelaci\u00f3n que las partes plantearon contra la sentencia de 24 de febrero de 1999, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales; con todo, no se seguir\u00e1 a ello inmediatamente sino que, antes de su expedici\u00f3n, se ordenar\u00e1 de oficio, con fundamento en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el decreto y pr\u00e1ctica de algunas pruebas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 6 de septiembre de 1999, pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso identificado en esta providencia, y actuando en sede de instancia, previamente a proferir el fallo de reemplazo, con base en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, DISPONE, de oficio, la pr\u00e1ctica de las pruebas siguientes: <\/p>\n
Por los auxiliares de la justicia Jaime Bustos Bedoya y Ana Luc\u00eda Montenegro Chamorrro, quienes actuaron en la primera instancia, complem\u00e9ntese y acl\u00e1rese su dictamen pericial en los siguientes puntos: a) Si conforme a la aclaraci\u00f3n que de su experticia hicieron, y que figura a folios 47 y 48 del cuaderno 2 del expediente, oper\u00f3 la congelaci\u00f3n de los c\u00e1nones de arrendamiento entre 1977 y 1985, por lo que en tal per\u00edodo la estimaci\u00f3n del valor del arriendo del inmueble sobre el que versa el litigio fue de $4.000, por qu\u00e9 entonces se dej\u00f3 inalterado el valor del canon a partir de 1986, fijado en la pericia inicial, cuando para su obtenci\u00f3n no se parti\u00f3 de la anotada suma, sino de la suma de $15.927,33; b) se determine, en consecuencia, el valor de las rentas del inmueble a partir de enero de 1986; y c) se actualice la estimaci\u00f3n de frutos, con apreciaci\u00f3n de lo que se diga en cumplimiento de los puntos anteriores, hasta el momento en que se presente el trabajo aqu\u00ed ordenado y, de ser posible, se proyecte hasta seis meses despu\u00e9s de tal fecha, con indicaci\u00f3n del m\u00e9todo utilizado para esta \u00faltima operaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la presentaci\u00f3n de su trabajo, conc\u00e9dese a los citados auxiliares de la justicia el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas, contado a partir del siguiente a aqu\u00e9l en que reciban la correspondiente comunicaci\u00f3n. Ent\u00e9reseles lo aqu\u00ed decidido en la forma prevista en el numeral 8\u00aa del art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Los costos que ocasione la pr\u00e1ctica de las pruebas ordenadas, ser\u00e1n de cargo de ambas partes, en proporciones iguales. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-247-2005 [7892] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7892. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}