SC-250-2005 [1998-01037-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 en este proceso ordinario de Servicampestre Limitada contra Esso Colombiana Limited. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
La demanda, que reformada fue por la demandante, pidi\u00f3 declarar que el contrato A-1010, por el cual la Esso le subarrend\u00f3 el lote de terreno junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en que funciona la estaci\u00f3n de servicio \u201cCampestre\u201d, es inexistente, y que el contrato de arrendamiento contenido en la escritura 487 de 7 de marzo de 1991 corrida en la notar\u00eda segunda de Barranquilla celebrado entre la demandada y L\u00eda de Vivero de Espinosa, es absolutamente simulado. <\/p>\n
En subsidio, que el contrato de subarriendo es ineficaz, o bien, que es absolutamente simulado y, por consiguiente, que inexistente es tambi\u00e9n el contrato de arrendamiento de que da cuenta la citada escritura 487 o, en su defecto, que fue incumplido por la Esso y, en consecuencia, que se encuentra terminado. <\/p>\n
Y, secuela de las s\u00faplicas anteriores, condenar a la demandada a pagar los perjuicios irrogados a la demandante. <\/p>\n
El fundamento f\u00e1ctico de tales pedimentos se compendia como sigue: <\/p>\n
El terreno de la estaci\u00f3n de servicio lo adquiri\u00f3 Servicampestre Ltda. de manos de L\u00eda de Vivero de Espinosa por escritura 3082 de 17 de diciembre de 1991 corrida en la notar\u00eda 2\u00aa de Barranquilla, inmueble que a su turno la vendedora hab\u00eda hipotecado con anterioridad (el 7 de marzo de ese a\u00f1o) a favor de la Esso, instrumento p\u00fablico en el que, a la par, le entreg\u00f3 el bien en arrendamiento. <\/p>\n
No obstante, am\u00e9n de que dicho arrendamiento no se inscribi\u00f3 en el registro mercantil, la estaci\u00f3n nunca fue entregada a ning\u00fan t\u00edtulo a favor de la Esso; as\u00ed, Servicampestre termin\u00f3 la obra y en octubre de 1992 ratific\u00f3 la hipoteca. Por su lado, la demandada le \u00abimpuso\u00bb el contrato A1010 de 21 de octubre siguiente, denominado \u201ccontrato de arrendamiento de estaciones de terceros\u201d, como requisito para el otorgamiento de cr\u00e9dito en la venta de lubricantes, documento el cual no fue suscrito por el representante de la Esso ni reconocido, ni inscrito. <\/p>\n
El t\u00e9rmino de los contratos, tanto el de arriendo como el de subarriendo, se pact\u00f3 por quince a\u00f1os, y el precio del arrendamiento en cincuenta mil pesos mensuales, los cuales se pagaban mediante un cruce de cheques que se realizaba una vez al a\u00f1o, estipul\u00e1ndose, adem\u00e1s, que para dar cumplimiento al mismo, en particular la adecuada reventa de los productos de la Esso, la demandante actuaba \u201cen forma aut\u00f3noma e independiente y sin vinculaci\u00f3n (\u2026) como agente comercial o representante o mandatario de la Esso u otros v\u00ednculos semejantes\u201d, lo que demuestra c\u00f3mo nunca hubo intenci\u00f3n de pactar un arrendamiento, sino una figura distinta que \u201cpodr\u00eda caber dentro del esquema del contrato de suministro\u201d. <\/p>\n
De igual modo, se fij\u00f3 un pacto de exclusividad durante la vigencia de los contratos, plazo que contrar\u00eda lo dispuesto por el art\u00edculo 976 del c\u00f3digo de comercio, que proh\u00edbe el suministro por m\u00e1s de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
La Esso incurri\u00f3 en mora de pagar el arrendamiento correspondiente al a\u00f1o 1997, pues envi\u00f3 el cheque a nombre de persona distinta a la demandante, lo cual implica incumplimiento del contrato; y aunque en febrero de 1998 realiz\u00f3 una consignaci\u00f3n para tal efecto, \u00e9sta no constituye pago v\u00e1lido. <\/p>\n
La demandada, en su respuesta, se opuso, negando que el contrato de subarriendo haya reca\u00eddo sobre un establecimiento comercial, asegurando que tuvo como objeto los bienes aislados, que el contrato celebrado con L\u00eda de Vivero fue ratificado por la actora, la cual carece de legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n, e igualmente que la simulaci\u00f3n no desgaja inexistencia, y que es posible arrendar cosa propia. <\/p>\n
La primera instancia fue ultimada con fallo que dio despacho favorable a las s\u00faplicas principales de la demanda, el que revoc\u00f3 el tribunal al resolver la apelaci\u00f3n venida a causa de la alzada interpuesta por las partes, que en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones, salvo \u00abla primera subsidiaria de la segunda principal y la primera consecuencial (sic) de la primera subsidiaria de la segunda principal\u00bb sobre las cuales se inhibi\u00f3. <\/p>\n
Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n la actora interpuso recurso de casaci\u00f3n que pasa ahora a decidirse por la Corte. <\/p>\n
II. – La sentencia del tribunal <\/p>\n
El tribunal expone en torno a la controversia, los siguientes planteamientos: <\/p>\n
a. El hecho de que C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez no tuviera representaci\u00f3n de la Esso al suscribir el contrato es intrascendente, desde que dicha entidad no ha negado su condici\u00f3n de subarrendadora, ni la demandada la de subarrendataria, al punto que ejecutaron el contrato sin problema durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os. Trat\u00f3se de una estipulaci\u00f3n por otro, algo que no mina la eficacia del contrato. <\/p>\n
b. La demandante, a la suscripci\u00f3n del contrato de subarriendo, ya era propietaria del bien; y nada imped\u00eda que lo tomara en esa condici\u00f3n, porque tal acuerdo no atenta contra el orden publico ni las buenas costumbres, ni existe prohibici\u00f3n legal al respecto. <\/p>\n
c. El contrato, a su vez, recay\u00f3 sobre \u201cel inmueble que consiste en el lote de terreno (…) junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en \u00e9l existentes\u201d, no respecto de un establecimiento de comercio, por lo cual no era menester cumplir las exigencias de los art\u00edculos 526 y 533 del c\u00f3digo de comercio y, en especial, las consignadas en el art\u00edculo 78 del decreto 283 de 1990. <\/p>\n
d. Aun suponiendo que tuvo por objeto el establecimiento de comercio, lo cierto es que, seg\u00fan el decreto 2651 de 1991, la autenticidad del contrato se presum\u00eda, circunstancia que hac\u00eda innecesarias las mentadas exigencias, am\u00e9n de lo cual tampoco se requer\u00eda su inscripci\u00f3n a fin de dar publicidad a terceros. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la falta de entrega, que se aduce tambi\u00e9n como fundamento de la inexistencia, a lo m\u00e1s constituye incumplimiento, pues \u00e9sta no es de la esencia del arrendamiento; y cuanto al precio, no hay evidencia que diga que fue irrisorio. Que el testigo Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez afirme que el arrendamiento de una estaci\u00f3n de servicio ascendiera a $1\u2019100.000,oo y que los peritos lo calcularan en algo m\u00e1s de tres millones de pesos no conlleva lo contrario, pues ellos se refieren al arrendamiento \u201cde una estaci\u00f3n de servicio ordenada como establecimiento de comercio abierto al p\u00fablico y con cierta trayectoria en el mercado. Y un bien de naturaleza tal no fue arrendado por Esso Colombiana Limited a Servicampestre Limitada, pues lo arrendado fue sencillamente el bien ra\u00edz con algunas edificaciones y anexidades\u201d. <\/p>\n
La inexistencia y la ineficacia del subarriendo, por ende, deben denegarse. <\/p>\n
e. Relativamente a la simulaci\u00f3n, examin\u00f3 prolijamente las probanzas descart\u00e1ndola en los contratos fustigados, habida cuenta que consagran el verdadero querer de las partes al celebrarlos. <\/p>\n
En este sentido, al cabo de recordar cu\u00e1les fueron los t\u00e9rminos del contrato consignado en la escritura 487 de 1991, celebrado entre la Esso y L\u00eda de Vivero, y de c\u00f3mo lleg\u00f3 el predio a manos de la demandante, observa que en \u00faltimas, seg\u00fan dedujo del clausulado pertinente, al lado del subarriendo coexisti\u00f3 un contrato de suministro, lo cual, sin embargo, no encarna de ninguna forma su inexistencia, desde que no resultan excluyentes entre s\u00ed, ni tampoco contravienen el orden p\u00fablico y las buenas costumbres. <\/p>\n
La causa de dichos contratos, el subarriendo y suministro, fue la de obtener para la Esso \u201cuna adecuada reventa de los productos en que \u00e9sta tiene inter\u00e9s y que El Contratista act\u00fae en esas actividades en forma aut\u00f3noma e independiente\u201d, algo que reconoci\u00f3 el a-quo y que a su vez menciona el testigo Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez, al afirmar que la Esso \u201cten\u00eda que asegurar que dicha estaci\u00f3n, que no era propiedad de la Esso no se fuera hacia otra compa\u00f1\u00eda distribuidora de combustibles…\u201d; adem\u00e1s, en la demanda promovida por la Esso contra Servicampestre y Terpel, se dice que el objeto del contrato es \u201cla explotaci\u00f3n de la estaci\u00f3n de servicio\u201d as\u00ed como que su prop\u00f3sito econ\u00f3mico \u201cpropende a distribuir en el mercado los productos de su marca, de manera estable y permanente y por per\u00edodos de tiempo lo suficientemente amplios para recuperar las cuantiosas inversiones que son necesarias para operar las estaciones de servicio para automotores\u201d, algo para lo cual se sirvieron de otros contratos paralelos, tales como el comodato sobre tanques de almacenamiento y otros muebles, desvirtu\u00e1ndose as\u00ed la simulaci\u00f3n del subarriendo, en concreto la intenci\u00f3n de ocultar el verdadero pacto. <\/p>\n
f. Por \u00faltimo, inhibi\u00f3se de resolver las pretensiones enderezadas a declarar el incumplimiento, la consiguiente terminaci\u00f3n del arrendamiento y la condena en perjuicios, en cuanto que el art\u00edculo 408 del c\u00f3digo de procedimiento civil establece que ese tipo de asuntos se tramitan por la cuerda del proceso abreviado. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Tres cargos integran la demanda, formulados en el \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n en su orden, pero conjuntados los dos primeros, por las razones que en su momento se expondr\u00e1n. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Ac\u00fasase la infracci\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 78 del decreto 283 de 1990, 515, 516, 526 y 533 del c\u00f3digo de comercio, a cuenta de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
En el desenvolvimiento afirma que el tribunal apreci\u00f3 indebidamente el documento en que se hizo constar el \u201csubcontrato\u201d, el certificado de la C\u00e1mara de Comercio en que consta que Servicampestre es la propietaria de la estaci\u00f3n de servicio \u201cCampestre\u201d, establecimiento matriculado el 3 de octubre de 1991, as\u00ed como las comunicaciones cruzadas entre las partes y dem\u00e1s documentos relacionados con el desarrollo de esas relaciones contractuales -los que enuncia- y el interrogatorio del representante de la demandada al igual que la prueba testifical. <\/p>\n
A rengl\u00f3n advierte que el tribunal neg\u00f3 que el subarriendo tuvo por objeto el establecimiento de comercio, porque no encontr\u00f3 acuerdo expreso en ese sentido, al margen de que la Esso, al momento del contrato, no operaba ni administraba la estaci\u00f3n de servicio. <\/p>\n
Pero diversas pruebas apuntan a que el contrato vers\u00f3 precisamente sobre el establecimiento de comercio, de donde el tribunal acab\u00f3 pretiriendo tal material demostrativo, empezando por el \u201csubcontrato\u201d, en cuyas cl\u00e1usulas, redactadas por la demandada, se anot\u00f3 que en el inmueble \u201cven\u00eda funcionando la estaci\u00f3n de servicio para automotores que se conoce con el nombre de la \u2018Estaci\u00f3n de Servicio Campestre\u2019 \u201d, que \u201cla Esso prohibe, y as\u00ed lo acepta el CONTRATISTA, que el inmueble y la Estaci\u00f3n de Servicio se utilice para estacionamiento o parqueadero\u201d, y que se oblig\u00f3 a venderle \u201clos productos y art\u00edculos para mantener surtida la estaci\u00f3n de servicio\u201d, comprometi\u00e9ndose por su lado Servicampestre a \u201cmantener el inmueble, la Estaci\u00f3n de Servicio, equipos, muebles y anexidades en perfecto estado de funcionamiento\u201d y a asumir los gastos para el \u201cbuen estado de funcionamiento del inmueble, as\u00ed como la estaci\u00f3n de servicio\u201d, cosas que la Esso podr\u00eda verificar, contando incluso con la facultad de dar por terminado el contrato en caso de suspensi\u00f3n del funcionamiento de la estaci\u00f3n. Adem\u00e1s, estableci\u00f3 tambi\u00e9n que el subarrendatario renunciaba a cualquier pretensi\u00f3n sobre el good-will que pudiera corresponder al local, y que se tomaron las previsiones para dar cumplimiento al decreto 283 de 1990, en particular para aumentar los servicios a prestar en la estaci\u00f3n. <\/p>\n
Pasa luego a referir algunos pasajes de la prueba testimonial, conformada por las declaraciones de Carlos Alberto Jaimes, C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o, Manuel Guillermo Vuelbas Guzm\u00e1n, Andr\u00e9s Manuel Vuelbas Guzm\u00e1n y Jaime Jaramillo, en donde hablan los testigos de la forma en que la Esso realiza ese tipo de contratos para la explotaci\u00f3n comercial del negocio de la venta de combustibles. <\/p>\n
Adicionalmente, pone de presente c\u00f3mo los documentos relativos al pago del impuesto de timbre del contrato, cuyos folios indica, \u201chacen referencia al arrendamiento de una estaci\u00f3n de servicio\u201d, lo mismo que las comunicaciones cruzadas entre las partes, agregando que el certificado de la C\u00e1mara de Comercio se\u00f1ala que la Estaci\u00f3n se encuentra matriculada desde el 3 de octubre de 1991. <\/p>\n
Las copias del proceso cautelar y del proceso de competencia desleal que adelanta la Esso contra la actora y Terpel dejan ver tambi\u00e9n que en el inmueble se encontraba instalada una estaci\u00f3n de servicio, cosa que por igual fluye de las fotograf\u00edas arrimadas al proceso; asimismo, el interrogatorio del representante legal de la demandante da a entender, en su conjunto, que se trat\u00f3 del arrendamiento de una estaci\u00f3n de servicio. <\/p>\n
As\u00ed, todas las pruebas ense\u00f1an que el objeto del contrato fue una estaci\u00f3n de servicio, \u201cesto es, un establecimiento de comercio tal como las define el literal a) del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 283 de 1990\u201d, cosa que, por lo dem\u00e1s, no solamente se hace expl\u00edcita en el contrato, sino tambi\u00e9n de manera especial en los comprobantes u \u00f3rdenes de pago de la renta que fueron expedidos por la Esso, \u201cpor lo que, sin entrar a cuestionar si era menester el pacto manifiesto, el Tribunal se equivoca de manera protuberante cuando dice que no hubo acuerdo expreso de las partes en ese sentido\u201d. <\/p>\n
Mas, tambi\u00e9n yerra el a-quem al deducir del hecho 5\u00b0 de la demanda y de los testimonios de C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o y Andr\u00e9s Manuel Vuelbas Guzm\u00e1n que no pudo haberse dado en arrendamiento un establecimiento de comercio, porque la Esso no operaba ni administraba la estaci\u00f3n a la fecha del contrato; por el contrario, \u201cestas afirmaciones de la demanda y de los testigos solamente prueba la circunstancia que ellos mencionan pero en modo alguno niegan que el objeto del arrendamiento haya sido la estaci\u00f3n de servicio, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que cada uno de estos medios probatorios en su conjunto da cuenta de lo contrario\u201d. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n, en forma indirecta, de los mismos textos a que alude el cargo anterior, aunque ahora a cuenta de un yerro de derecho, en particular por la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 25 del decreto 2651 de 1991. <\/p>\n
Tras destacar el pasaje de la sentencia que admite, a manera de hip\u00f3tesis, que el subarriendo s\u00ed recay\u00f3 sobre un establecimiento de comercio, y que, por ende, hab\u00eda constar en escritura p\u00fablica o en documento reconocido por los otorgantes ante funcionario competente, pero que, en todo caso, por reputarse aut\u00e9ntico a voces de la citada norma probatoria no era menester el reconocimiento, reproduce el texto de los art\u00edculos 526 y 533 del c\u00f3digo de comercio, al igual que el 78 del decreto 283 de 1990 y el mismo art\u00edculo 25 del decreto 2651, para luego acentuar lo que sigue: <\/p>\n
\u201cCon la sola lectura de los art\u00edculos 78 del Decreto 283 de 1990, 533 y 526 del C\u00f3digo de Comercio se pone en evidencia que los negocios jur\u00eddicos sobre los establecimientos de comercio, y concretamente sobre estaciones de servicio, son contratos solemnes porque para su perfeccionamiento la ley exige solemnidades constitutivas que consisten en una escritura p\u00fablica o en un documento privado, caso este en que exige adem\u00e1s la autenticaci\u00f3n del documento ante un funcionario competente para ello. <\/p>\n
\u201cCon otras palabras, la solemnidad que exige la ley para perfeccionar un contrato sobre un establecimiento de comercio, cuando ella no se celebra por escritura p\u00fablica, es doble porque no se reduce al documento privado sino que pide tambi\u00e9n la autenticaci\u00f3n ante funcionario competente. <\/p>\n
\u201cSe concluye entonces que en la hip\u00f3tesis que se viene mencionando, el legislador de manera extraordinaria pone a cumplir al acto de autenticaci\u00f3n una funci\u00f3n que normalmente no tiene como es la de ser solemnidad constitutiva de un negocio jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
En s\u00edntesis, dice la acusaci\u00f3n, \u201cla autenticaci\u00f3n es una solemnidad adicional, funci\u00f3n que no impide que tambi\u00e9n cumpla su funci\u00f3n normal como es la de dar certeza sobre la autor\u00eda del documento; de modo de pensar, pues, que regulando el art\u00edculo 25 del decreto 2651 un aspecto meramente probatorio, como es el de presumir la autenticidad de los documentos privados que presentan las partes para ser incorporados a un expediente judicial\u201d, no pod\u00eda aplicarse al caso. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El despacho conjunto de los cargos obedece a la complementariedad que les imprime el casacionista, los cuales, por lo mismo, han podido y debido proponerse en uno solo. El primero de ellos, en efecto, tiende a demostrar que el objeto de la negociaci\u00f3n s\u00ed fue el establecimiento de comercio, para, ah\u00ed si, en el otro cargo, juzgar que falt\u00f3 entonces la solemnidad que es propia en tal caso. El segundo, as\u00ed, pende de la suerte del primero. <\/p>\n
En lo que a \u00e9ste toca, empero, no descubre la Corte c\u00f3mo podr\u00eda abrirse camino. La lectura de la sentencia deja ver, por cierto, que al definir lo atinente a la inexistencia, en concreto, la del subarriendo, el tribunal, sin perder de vista la insistente referencia contractual a una \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d, fue a parar en que no por ello hab\u00eda de pensarse que su objeto lo constituy\u00f3 necesariamente un \u201cestablecimiento de comercio\u201d; la hermen\u00e9utica del contrato lo condujo a sostener que en \u00e9l coexist\u00eda el subarriendo, ciertamente, de las mentadas especies, y un suministro, matizado por un acentuado inter\u00e9s de la Esso en mantener un punto de comercializaci\u00f3n de sus productos estable; y si bien la apelaci\u00f3n de la demandada no ven\u00eda rebatiendo este aspecto, el del verdadero objeto del acuerdo, el mismo que a prop\u00f3sito fue basilar para el a-quo al declarar la proclamada inexistencia, muy en su puesto es concluir que si opt\u00f3 por examinarlo, lo hizo porque un buen pedazo del litigio, que agitado estuvo con apoyo en las otras controversias que ventil\u00e1banse entre las partes en otros despachos judiciales, en ciernes ten\u00eda ese aspecto decisorio, lo que reclamaba su escrutinio. <\/p>\n
Y dos cosas lo persuadieron decididamente de que el contrato, en concreto el subarriendo, no vers\u00f3 sobre un establecimiento; el objeto que del mismo describi\u00f3 el documento en que se hizo constar, esto es, \u201cel inmueble (…) junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en \u00e9l existentes\u201d, y el hecho de que no existiera \u201cun acuerdo expreso\u201d de los contratantes en ese sentido, que dijera expl\u00edcitamente que no hab\u00eda de por medio m\u00e1s que un subarriendo de bienes y no la universalidad que conforme a la ley, en particular el art\u00edculo 515 del c\u00f3digo de comercio, constituye un \u201cestablecimiento de comercio\u201d, opini\u00f3n que indudablemente, aunque no explicit\u00f3 destacando sus principales aristas, constituy\u00f3 la espina dorsal de esa apreciaci\u00f3n sentenciosa. <\/p>\n
Lo cual, hay que decirlo, no luce arbitrario, pues \u00bfc\u00f3mo hacer de lado que la ley misma es la que define el \u201cestablecimiento de comercio\u201d no como un conjunto de bienes aislados sino todo \u201cun conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa\u201d, donde lo primordial resulta ser ese ingrediente subjetivo que a\u00fana los bienes en el prop\u00f3sito de la empresa? Y c\u00f3mo no tener en cuenta que los elementos de dicha universalidad, descritos a rengl\u00f3n seguido por el art\u00edculo 516 constituyen un listado de bienes derechos y obligaciones que en su genuina dimensi\u00f3n involucran muchas m\u00e1s cosas que el local y las instalaciones donde funciona el establecimiento; as\u00ed los derechos derivados de la propiedad intelectual en cabeza del empresario, las mercanc\u00edas, \u201clos cr\u00e9ditos y los dem\u00e1s valores similares\u201d, el mobiliario y las instalaciones, \u201clos contratos de arrendamiento\u201d y los derechos sobre la clientela? <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si la doctrina contempor\u00e1nea no ha sido ajena a la noci\u00f3n de establecimiento de comercio que consigna el c\u00f3digo de comercio, al punto que no concibe al comerciante sin \u201chacienda mercantil\u201d, concepto que en legislaciones for\u00e1neas involucra los mismos elementos que la integran seg\u00fan el precepto 516 citado, \u00bfc\u00f3mo tachar entonces de contraevidente al tribunal si sus conclusiones no repugnan desde ning\u00fan punto de vista el concepto de establecimiento de comercio? <\/p>\n
Ahora, de penetrar el fondo del acuerdo negocial, incluso las cl\u00e1usulas en que se apuntala la censura, tendr\u00eda que decirse que, de todas maneras, no hay forma de calificar las conclusiones del tribunal de arbitrarias, si en la cuenta se tiene que, por lo que hace a la segunda raz\u00f3n esgrimida por \u00e9ste para descartar lo del \u201cestablecimiento de comercio\u201d, por ning\u00fan lado despunta ese \u201cacuerdo expreso\u201d que fue el que ech\u00f3 en falta el tribunal, y en cambio s\u00ed viene concretado el objeto material del contrato en las cosas a que aludi\u00f3, desdibuj\u00e1ndose as\u00ed, por lo menos en lo cuanto refiere espec\u00edficamente al texto del contrato, un yerro descomunal. <\/p>\n
Bien es verdad, cual lo exalta la impugnaci\u00f3n, que m\u00faltiples son las veces en que el contrato alude a la \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d y a la forma en que \u00e9sta hab\u00eda de funcionar; en realidad, c\u00f3mo negar que diversas fueron las ocasiones en que las partes hablaron de una \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d a efectos de concretar las obligaciones que para cada una derivaban del acuerdo. Pero de ah\u00ed a sostener que la \u00fanica tesis admisible de cara a estas expresiones contractuales es la que propone el impugnador es harto dif\u00edcil, pues siempre rondar\u00e1 la idea que de comienzo llam\u00f3 la atenci\u00f3n del tribunal, y es la de que al referir el objeto del subarriendo los contratantes hubieran dicho que consist\u00eda en \u201cel inmueble (…) junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en \u00e9l existentes\u201d y no el \u201cestablecimiento de comercio\u201d, rectamente entendido como ese conjunto de elementos que, se sabe, integran dicha universalidad. <\/p>\n
Precisamente, a prop\u00f3sito del tema, qu\u00e9 m\u00e1s provechoso entonces que traer a cap\u00edtulo el criterio que sobre el asunto viene prohijando la Corte en cuanto ata\u00f1e a la labor de hermen\u00e9utica de las cl\u00e1usulas de un contrato que realiza el juzgador, materia donde ha expresado que si les asigna una inteligencia o interpretaci\u00f3n razonable o posible, no anida all\u00ed un yerro con las caracter\u00edsticas de evidente, pues debe comprenderse que \u201ccuando una cl\u00e1usula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopci\u00f3n de una cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretaci\u00f3n\u201d (cas. civ. sent. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y a la verdad que esto resulta apenas obvio, porque el yerro de facto, cuya caracter\u00edstica fundamental es de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de la Corporaci\u00f3n, que \u2018salte de bulto\u2019 o \u2018brille al ojo\u2019, s\u00f3lo se presenta cuando la \u00fanica estimaci\u00f3n aceptada sea la sustitutiva que se propone. <\/p>\n
Mas, hay que decirlo, la razonabilidad del argumento del tribunal, de alargar el examen en todo el clausulado, no s\u00f3lo en el ac\u00e1pite que describe su objeto o en los apartes que refiere el cargo, encontrar\u00eda en \u00e9ste sustento; porque es palmario que al referirse a la \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d, los contratantes no dieron pauta para considerar que \u00e9sta ya exist\u00eda, sino ser\u00eda la que en el futuro se estableciera en el inmueble y con los equipos anexos necesarios para que en el futuro iniciara labores, circunstancia que en \u00faltimas, ambigua y ambivalente, como en efecto se revela, admite una interpretaci\u00f3n como la del tribunal. <\/p>\n
Y, cual si eso no bastara, igualmente se remitieron los contratantes a los preceptos 518 y 520 del c\u00f3digo de comercio, textos que, como se sabe, regulan el derecho del comerciante que viene ocupando un \u201cinmueble\u201d por un espacio de tiempo espec\u00edfico como arrendatario, a la renovaci\u00f3n del contrato, algo que, bajo los mismos trazos que se vienen esbozando, dar\u00eda p\u00e1bulo para sostener que es probable, dentro de las distintas posibilidades que autoriza una declaraci\u00f3n de voluntad expresada as\u00ed, como acab\u00f3 haci\u00e9ndolo la corporaci\u00f3n, que el objeto del contrato no estuvo propiamente en el establecimiento sino en los bienes insularmente considerados, acuerdo volitivo al que se sum\u00f3 un suministro, apreciaci\u00f3n por cierto no combatida en el recurso. <\/p>\n
Al margen de la pol\u00e9mica anterior, el primer cargo reprueba tambi\u00e9n la apreciaci\u00f3n de todo el acervo demostrativo en el prop\u00f3sito de hacer ver que en \u00e9l existen constantes referencias al arrendamiento de un establecimiento de comercio, bastante para que el ad-quem hubiera atendido favorablemente la inexistencia; pero oportuno es se\u00f1alar que tampoco este reproche alcanza a horadar la comprensi\u00f3n que el tribunal dio a las cl\u00e1usulas del disputado contrato. <\/p>\n
Pues, a decir verdad, muy a pesar de la ristra de cr\u00edticas desgranadas en la contemplaci\u00f3n de las comunicaciones que se cruzaron las partes, el certificado de matr\u00edcula del establecimiento, que efectivamente muestra que a finales de 1991 se verific\u00f3 la matr\u00edcula de un establecimiento, las copias del proceso cautelar que inici\u00f3 la Esso por competencia desleal contra la demandante y Terpel, del dictamen, las fotograf\u00edas, el interrogatorio del representante legal de la actora y, en fin, las pruebas que alude en forma generalizada -sin intentar la demostraci\u00f3n caracter\u00edstica del recurso extraordinario-, siempre estar\u00e1 en medio de la controversia el hecho de que, seg\u00fan la opini\u00f3n expuesta en el fallo, el objeto del contrato fue el subarriendo de un conjunto de bienes aislados paralelamente a un suministro, algo que de ninguna forma desvirt\u00faa la nomenclatura que las partes le colocaron. <\/p>\n
Y aun cuando la matr\u00edcula del establecimiento data de una fecha anterior al contrato de subarriendo, pues mientras \u00e9sta se verific\u00f3 el 3 de octubre de 1991 el contrato se suscribi\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s, circunstancia que sumar\u00eda para decir que eventualmente el establecimiento, conformado por todos los elementos que lo integran, s\u00ed pudo estar en la mente de los contratantes al declarar su voluntad, y que, por lo mismo, ya exist\u00eda a la fecha del contrato, lo cierto es que ninguna utilidad tiene esto para los fines del recurso, toda vez que eso fue lo de menos para el tribunal, que al referirse al punto no le prest\u00f3 tanta atenci\u00f3n a ese hecho, sino a que para ese instante la Esso no operaba ni administraba directamente la estaci\u00f3n, cosa que atisb\u00f3 en los testimonios de C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez y Andr\u00e9s Manuel Vuelbas Guzm\u00e1n, raciocinio del que se desentiende el impugnador minimizando su importancia, licencia que, es patente, no pod\u00eda tomarse pues as\u00ed result\u00f3 dej\u00e1ndolo intangible y suficiente para sostener este aspecto decisorio del fallo. <\/p>\n
El ad-quem, como se advierte del resumen de la sentencia, dijo igualmente que era tan evidente que no hab\u00eda subarriendo de un establecimiento de comercio, que para la fecha del contrato la Esso no operaba ni administraba un bien de esa especie, cual lo hall\u00f3 demostrado en las palabras del testigo Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez. Y no obstante la trascendencia que mostr\u00f3 el tribunal por esta circunstancia, de espaldas al criterio que al pronto se descubre en lo expuesto en la sentencia, el impugnador, sin intentar siquiera una labor de confrontaci\u00f3n, insoslayable frente al punto en cuanto constituye otro de los soportes del fallo, pasa por encima de \u00e9l aduciendo que, con todo, de las otras pruebas asoma lo contrario. <\/p>\n
Otro de los argumentos presentados en el ataque, es el alusivo al contenido del art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 283 de 1990, norma que equipara el concepto \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d con el de \u201cestablecimiento de comercio\u201d, criterio legal que -seg\u00fan se\u00f1ala la nota al margen del segundo cargo, citando al efecto el decreto 353 de 1991-, debi\u00f3 tomar la corporaci\u00f3n al evaluar cu\u00e1l fue el objeto del subarriendo. <\/p>\n
Pero al margen de ese escueto enunciado, en cuyo trasunto viene el contenido de la norma, la cual, hay que admitirlo, se\u00f1ala que los contratos de arrendamiento que tengan por objeto \u201cla explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de una estaci\u00f3n de servicio son de naturaleza mercantil y solemnes\u201d, previsi\u00f3n que acompasa con lo previsto en el decreto 353 de 1991, donde en efecto define el legislador el concepto \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d como un \u201cestablecimiento de comercio\u201d, nada trae la acusaci\u00f3n que diga que ese conjunto de bienes desarticulado, conformado apenas por un inmueble y unos equipos y unas instalaciones, apreciaci\u00f3n del juzgador que el recurrente no logr\u00f3 demoler, equivale a una estaci\u00f3n de servicio, obviamente, bajo los criterios a que aluden los preceptos mencionados. <\/p>\n
Es m\u00e1s que evidente, si dichas previsiones involucran en el concepto \u201cestaci\u00f3n de servicio\u201d muchos m\u00e1s elementos que los que f\u00edsicamente refiere el contrato, del resorte del impugnador era, entonces, demostrar, con argumentos macizos e incontestables, que, ciertamente, los escasos bienes que comprendi\u00f3 el subarriendo deb\u00edan tenerse como una estaci\u00f3n de servicio, labor que, no hay para qu\u00e9 decirlo, jam\u00e1s abord\u00f3. <\/p>\n
Y esto con otro agravante, pues al desarrollar la segunda acusaci\u00f3n arremete el censor contra el tribunal asegurando -siempre sobre la idea de que el objeto del contrato fue un establecimiento de comercio y no ese conjunto de bienes tomados en forma aislada-, que dio unos alcances equivocados al precepto 25 del decreto 2651 de 1991, norma que no era aplicable, toda vez que la autenticidad que encontr\u00f3 en el documento no bastaba para suplir la solemnidad establecida en la ley, vital para el perfeccionamiento del contrato; pero ac\u00e1 echa al olvido el impugnador que refriega de esos alcances, vista su genuina dimensi\u00f3n, no permit\u00eda enderezar esa queja por la v\u00eda indirecta, como lo hizo el recurrente, pues antes que encarnar una disputa sobre la aplicaci\u00f3n de la ley probatoria, comporta una pol\u00e9mica tocante con la forma solemne del contrato de arrendamiento de establecimientos de comercio, controversia que, por su marcado contenido jur\u00eddico, ha debido plantear por la v\u00eda directa. <\/p>\n
Es paladino, la \u00fanica controversia posible, aleg\u00e1ndose como se alega que la solemnidad que reclaman las normas en comento tiene que cumplirse desde el momento mismo en que el contrato se perfecciona, tiene un perfil puramente jur\u00eddico, del cual, por razones obvias y de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, no pod\u00eda escapar de ese terreno. Dicho de otro modo, \u201ces literalmente imposible la ri\u00f1a probatoria que el recurrente mont\u00f3 en los cargos, pues no tiene contendor a la vista si es que el tribunal coincide con \u00e9l [en la tesis probatoria que esgrime] (…) Antes que enfrentados, se muestran armoniosos. De donde se larga la conclusi\u00f3n que para invocar la v\u00eda indirecta no vale suponer refriegas probatorias; imprescindible es que la pol\u00e9mica sea real y no aparente\u201d (cas. civ. sent. de 2 de abril de 2003, exp. 7501). <\/p>\n
Algo que, de todos modos, adviene indiferente, pues, como se anot\u00f3, intangible la conclusi\u00f3n del tribunal, con arreglo a la cual el contrato no tuvo por objeto m\u00e1s que esos bienes y no propiamente un establecimiento de comercio, la disputa del segundo cargo pierde sentido. <\/p>\n
Los cargos, en ese orden de ideas, son frustr\u00e1neos. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Por \u00e9ste, t\u00edldase la sentencia de ser violatoria, en forma indirecta y por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 822, 870 y 871 del c\u00f3digo de comercio, y 1602, 1627, 200, 2002 y 2003 del c\u00f3digo civil, como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal en la interpretaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
El reparo probatorio se concreta en que al inhibirse de resolver sobre las peticiones encaminadas a la restituci\u00f3n del bien y la consiguiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios, no percat\u00f3 que la demanda por ning\u00fan lado suplica la restituci\u00f3n, lo que en \u00faltimas conllev\u00f3 la infracci\u00f3n de las normas sustanciales aludidas. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El cargo viene formulado como si el tribunal se hubiese inhibido sobre una pretensi\u00f3n que no fue impetrada en el libelo introductorio; lo que de entrada indica que, en ese orden de ideas, la acusaci\u00f3n ha debido enderezarse no por la causal primera, sino por la prevista para traer a casaci\u00f3n ese tipo de controversias. <\/p>\n
La verdad es, sin embargo, que la demanda no habl\u00f3 escuetamente de restituci\u00f3n; incluso, dest\u00e1case, en cap\u00edtulo espec\u00edfico aclar\u00f3 que la terminaci\u00f3n del arrendamiento suplicada, que fue la pretensi\u00f3n sobre la cual sobrevino la inhibici\u00f3n, no encarnaba algo semejante; pero ello no fue \u00f3bice para que el juzgador explorara el genuino sentido de la sobredicha pretensi\u00f3n, as\u00ed que al escrutar la teleolog\u00eda de la terminaci\u00f3n fue del parecer que en ciernes no exist\u00eda otro objetivo que la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Y, como seg\u00fan ese criterio, la terminaci\u00f3n conllevaba la restituci\u00f3n, dedujo entonces que la cuerda que hab\u00eda de seguir ese espec\u00edfico debate es la del proceso abreviado, cuanto m\u00e1s si busc\u00e1base tambi\u00e9n la reparaci\u00f3n de perjuicios derivados de ello; en distintos t\u00e9rminos, el tribunal concibi\u00f3, fruto de esa labor que de suyo concierne a los juzgadores de descubrir el sentido de la demanda, que el efecto postrero de lo pretendido era la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Mas, si eso fue lo que hizo el juzgador, la tarea del recurrente, enderezando la queja por la causal primera de casaci\u00f3n, concebida para denunciar los vicios in-iudicando del sentenciador, era abatir esa consideraci\u00f3n espec\u00edfica del fallo, haciendo ver porqu\u00e9 entra\u00f1a un yerro may\u00fasculo considerar que la demanda, a pesar de la advertencia previa que hizo, no pretendi\u00f3 la restituci\u00f3n, cosa que lejos estuvo siquiera de intentar, carencia suficiente para el naufragio de la censura. <\/p>\n
Lo que no es todo, pues en el fondo, si se admitiera que la ri\u00f1a que trae el cargo puede escenificarse en el \u00e1mbito de la causal primera, es claro que el hecho de deducir perjuicios vino a sumar como otra raz\u00f3n del tribunal para indicar que la cuerda apropiada para el asunto es la del proceso abreviado, argumento en cuyo soporte trajo a cap\u00edtulo el art\u00edculo 408 del c\u00f3digo de procedimiento civil, era del resorte del recurrente fustigar tambi\u00e9n ese puntal. <\/p>\n
Ya se sabe que el \u00e9xito de la acusaci\u00f3n no podr\u00eda obtenerse sino mediante el combate in integrum de los cimientos de la sentencia. Obviamente que dej\u00e1ndose intangible tan s\u00f3lido soporte del fallo en ese aparte, vana es toda la aspiraci\u00f3n vertida en el cargo, porque como sin cesar se ha repetido, la Corte est\u00e1 relevada de estudiar la acusaci\u00f3n \u201csi la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u201d (LXXI, p. 740; LXXIII, p. 45; LXXV, p. 52). <\/p>\n
En esas condiciones el cargo no puede alcanzar prosperidad. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia preanotados. <\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente. <\/p>\n
Oportunamente, vuelva al tribunal de origen para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-250-2005 [1998-01037-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}