SC-253-2005 [7829]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete de octubre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Expediente No. 7829 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 13 de julio de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, que puso fin al proceso ordinario promovido por Luis Felipe Rivera Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Dorian Barrera Vargas contra Jos\u00e9 Falc\u00f3nides Guzm\u00e1n Supelano e Inocencia Avila Espitia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes entablaron acci\u00f3n reivindicatoria para que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda se adoptaran las siguientes disposiciones: <\/p>\n
1.1. Que como consecuencia de la acci\u00f3n de dominio los demandados deben restituir a los actores dentro del plazo que fije la sentencia, el inmueble ubicado en el municipio de Tunja, barrio As\u00eds Boyacense, calle 60B # 6-42 de la actual nomenclatura, comprendido dentro de los linderos que aparecen en la demanda, predio cuya posesi\u00f3n detentan los demandados. <\/p>\n
1.2. Que durante el mismo plazo fijado anteriormente, deben restituir tambi\u00e9n los frutos civiles, c\u00e1nones o rentas que los demandantes han dejado de percibir durante todo el tiempo que los demandados han pose\u00eddo ilegalmente el inmueble seg\u00fan el c\u00e1lculo apreciado sobre el aval\u00fao pericial que se haga en el proceso. <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones tienen sustento en los hechos que los demandantes relataron as\u00ed: <\/p>\n
2.1. El 26 de junio de 1985 los demandantes pretendieron adquirir el inmueble, para lo cual firmaron promesa de compraventa con el se\u00f1or Rafael Humberto Leal Villate, representante de la Corporaci\u00f3n \u2018As\u00eds Boyacense\u2019; en aquel entonces entraron en posesi\u00f3n del inmueble, pagaron las correspondientes mensualidades, construyeron y readecuaron la casa de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 20 de septiembre de 1987, por circunstancias de trabajo, los demandantes se vieron obligados a mudarse al municipio de Tuta arrendaron entonces el inmueble a la se\u00f1ora Inocencia Avila Espitia quien llev\u00f3 a vivir a su compa\u00f1ero o c\u00f3nyuge, se\u00f1or Jos\u00e9 Falc\u00f3nides Guzm\u00e1n Supelano. <\/p>\n
2.3. Durante los dos primeros a\u00f1os de vigencia del contrato Inocencia y Jos\u00e9 Falc\u00f3nides cancelaron la renta de arrendamiento. Luego, cuando vino el incumplimiento se inici\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y se dict\u00f3 sentencia en su contra, en cuya ejecuci\u00f3n el se\u00f1or Guzm\u00e1n Supelano, compa\u00f1ero de la inquilina, se opuso a la diligencia de lanzamiento, aduciendo ser propietario del inmueble, oposici\u00f3n que efectivamente prosper\u00f3. <\/p>\n
2.4. A partir de 1988 se cre\u00f3 un serio conflicto entre la comunidad \u2018As\u00eds Boyacense\u2019 y la \u2018Orden Tercera Franciscana\u2019, quien dio ser due\u00f1a de los bienes que figuraban a nombre de aquella. Esto fue aprovechado por Inocencia y Jos\u00e9 Falc\u00f3nides -inquilina aquella- para comprar el inmueble a la Orden Tercera Franciscana, desconociendo as\u00ed la calidad de propietarios que ten\u00edan y tienen Luis Felipe Rivera y Mar\u00eda Dorian Barrera, sus arrendadores y hoy demandantes. <\/p>\n
2.5. El inmueble es una vivienda de inter\u00e9s social debidamente adquirida por los demandantes, a quienes no se les hab\u00eda podido efectuar la respectiva escritura por los m\u00faltiples enfrentamientos entre quienes conformaban la comunidad \u2018As\u00eds Boyacense\u2019 y la Orden Tercera Franciscana. <\/p>\n
2.6. Todo este asunto origin\u00f3 un conflicto social que se resolvi\u00f3 mediante la intervenci\u00f3n administrativa del Municipio de Tunja, que orden\u00f3 la expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n contra los demandados Inocencia y Jos\u00e9 Falc\u00f3nides. As\u00ed, por acto administrativo (Resoluci\u00f3n No. 000013 de 25 de enero de 1991), se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n y posteriormente se hizo la adjudicaci\u00f3n a favor de los hoy demandantes, mediante la escritura p\u00fablica No. 3543 del 21 de diciembre de 1995 otorgada por el municipio de Tunja en la Notar\u00eda 1\u00aa de esa ciudad. <\/p>\n
2.7. Los verdaderos titulares inscritos del inmueble a reivindicar son entonces los demandantes, quienes en el pasado tomaron posesi\u00f3n del predio, lo construyeron sobre el mismo y celebraron el contrato de arrendamiento con una de las personas que hoy se pretende due\u00f1a, Inocencia, sin que \u00e9sta hubiese consolidado el cambio de calidad o interversi\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
2.8. Los demandados son poseedores de mala fe y est\u00e1n obligados a restituir a los demandantes el inmueble objeto del proceso. <\/p>\n
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4. En su primer segmento el proceso culmin\u00f3 mediante sentencia del 27 de noviembre de 1998 (fls. 184 a 197 cd.1), que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas, orden\u00f3 a los demandados restituir a los demandantes el inmueble objeto del proceso en un t\u00e9rmino de 6 d\u00edas; tuvo a la parte pasiva como poseedora de buena fe y la conden\u00f3 a restituir a los actores el valor de los frutos percibidos por la casa en cuant\u00eda de $5\u2019630.250.oo; les reconoci\u00f3 a los demandados las mejoras relacionadas en el dictamen pericial por valor de $28\u2019195.500.oo y el derecho de retenci\u00f3n hasta tanto les sean satisfechas las mejoras, autoriz\u00f3 a prop\u00f3sito la compensaci\u00f3n entre frutos y mejoras; concedi\u00f3 a los demandantes la opci\u00f3n para pagar el mayor valor del bien derivado de las mejoras o satisfacer el valor de las mismas. <\/p>\n
5. Inconformes con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, los demandantes respecto al pago de los frutos y de las mejoras por considerar que los demandados son poseedores de mala fe, y los demandados para que se revoque el fallo, recursos que fueron desatados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia apelada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal traz\u00f3 previamente un esbozo conceptual sobre la acci\u00f3n reivindicatoria, luego de lo cual abord\u00f3 la decisi\u00f3n que el caso exig\u00eda al amparo de las siguientes consideraciones capitales: <\/p>\n
1. Est\u00e1 disipada toda controversia sobre la singulariad del bien; tampoco hay discrepancia sobre la posesi\u00f3n ejercida por los demandados, ni acerca de la identidad entre el predio pretendido y aquel sobre el cual la parte demandada ejerce la posesi\u00f3n. Por consiguiente, la controversia qued\u00f3 confinada a la discusi\u00f3n sobre el \u201ct\u00edtulo de dominio en cabeza del demandante y a la vigencia del mismo con posterioridad a la posesi\u00f3n de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
2. El demandante exhibi\u00f3 como t\u00edtulo de dominio, la escritura p\u00fablica No. 3543 de 21 de diciembre de 1995, por medio del cual el Municipio de Tunja adjudic\u00f3 a los demandantes la propiedad del predio. <\/p>\n
La demandada descalific\u00f3 ese t\u00edtulo, porque para ello resulta ser posterior a la posesi\u00f3n por ella ejercida; a\u00f1adi\u00f3 que los demandantes nunca han estado en posesi\u00f3n del predio y que est\u00e1 afectado de nulidad el t\u00edtulo y la expropiaci\u00f3n administrativa que le antecedi\u00f3. Como contra los demandados se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del predio, estos acusan que tal acto es ilegal e inconstitucional, por lo tanto, derivada la expropiaci\u00f3n de un acto abusivo de la administraci\u00f3n, la adjudicaci\u00f3n posterior que hiciera el Municipio de Tunja a favor de los hoy demandantes, luego de consumada aquella expropiaci\u00f3n, no encarna una tradici\u00f3n v\u00e1lida. Igualmente aleg\u00f3 la demandada haber ganado por prescripci\u00f3n el inmueble, a la luz de la Ley 9\u00aa de 1989. <\/p>\n
3. Llamado como fue el Tribunal a juzgar la legalidad del acto de la administraci\u00f3n por el cual se dispuso la expropiaci\u00f3n se neg\u00f3 a hacerlo \u201cporque siendo una actuaci\u00f3n administrativa que ha sido ejecutada con la afirmaci\u00f3n que corresponde al desarrollo de una funci\u00f3n p\u00fablica que le es propia por se\u00f1alamiento, tanto de la Constituci\u00f3n como de la ley, en principio se debe presumir ajustada a la legalidad hasta tanto no pierda su eficacia porque los actos administrativos por mandato del art\u00edculo 66 del C.C.A. as\u00ed lo se\u00f1ala\u201d. <\/p>\n
4. Fincado el Tribunal en la presunci\u00f3n de legalidad del acto administrativo de expropiaci\u00f3n, estableci\u00f3 una cadena de t\u00edtulos que se remota a los de la Tercera Orden Franciscana y a la venta que \u00e9sta hiciera a los demandados, para de all\u00ed pasar al municipio de Tunja en virtud del acto de expropiaci\u00f3n y luego a los hoy demandantes con ocasi\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en su favor de que da cuenta la escritura p\u00fablica No. 3543 de 21 de diciembre de 1995. <\/p>\n
5. Como se plante\u00f3 que la posesi\u00f3n de los demandados era anterior al t\u00edtulo de los demandantes, colige el Tribunal que \u201cel acto jur\u00eddico de expropiaci\u00f3n produjo secuencia de cadena de t\u00edtulos entre unos y otros, por lo que los actores pueden ampararse no solamente en el -t\u00edtulo- del municipio que lo constituye la expropiaci\u00f3n misma, sino en los que la antecedieron, entre ellos, el de los demandados y el de la Orden Tercera Franciscana, ante lo cual la cadena de t\u00edtulos antecede a la posesi\u00f3n de la parte pasiva\u201d. <\/p>\n
6. Se objet\u00f3 que los demandantes no pod\u00edan reivindicar porque nunca fueron poseedores del inmueble, pero el Tribunal desech\u00f3 ese reparo por estar en contradicci\u00f3n con lo que ha sido jurisprudencia constante de la Corte. <\/p>\n
7. Igualmente la parte demandada plante\u00f3 como r\u00e9plica haber ganado por prescripci\u00f3n a la luz de la Ley 9\u00aa de 1989, pero el Tribunal desestim\u00f3 tal reclamo. Con respecto a la prescripci\u00f3n ordinaria, argument\u00f3 el ad quem que la expropiaci\u00f3n dej\u00f3 a los demandados sin t\u00edtulo, y ante la posibilidad de invocar la prescripci\u00f3n extraordinaria, determin\u00f3 la ausencia de una posesi\u00f3n por el tiempo que demanda la Ley 9\u00aa de 1989. Para tal efecto el Tribunal razon\u00f3 que hasta el d\u00eda 21 de diciembre de 1995 y por obra de la expropiaci\u00f3n, el inmueble fue propiedad de la entidad territorial y por lo mismo imprescriptible, de este modo, contando desde esa data hasta la presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00edan transcurrido los cinco a\u00f1os que la Ley 9\u00aa de 1989 exige como premisa de la usucapi\u00f3n para las viviendas de inter\u00e9s social. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Para sustentar el recurso de casaci\u00f3n un cargo esgrimi\u00f3 el recurrente contra la sentencia compendiada, con fundamento en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., por ser violatoria, a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la interpretaci\u00f3n de la demanda y en la valoraci\u00f3n de las pruebas, de los art\u00edculos 946, 947, 950, 952, 961, 962, 964 incisos 3\u00ba y 4\u00ba, 966 incisos 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba y 4\u00ba, 967 y 970 del C.C., por aplicaci\u00f3n indebida; 762, 764 inciso 2\u00ba, 765, 766, 767, 768, 769, 778, 780, 792, 2522 y 2523 del C.C., y 4\u00ba, 306 y 332 del C. de P.C., por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El primer error aparece, seg\u00fan el casacionista, porque si la posesi\u00f3n del demandado es anterior al t\u00edtulo del reivindicante, ha de fracasar la acci\u00f3n de dominio, como ha sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. Para apoyar su propuesta se ampara en fallos de la Corte de 9 de junio de 1952, 1\u00b0 de junio de 1955, 31 de mayo de 1931, 6 de mayo de 1953, 26 de febrero de 1936, y 5 de junio de 1957. <\/p>\n
Pero igualmente desbarr\u00f3 el Tribunal cuando al acto de expropiaci\u00f3n le otorg\u00f3 la condici\u00f3n de t\u00edtulo traslaticio \u201cpues su car\u00e1cter es eminentemente extintivo de la propiedad privada\u201d. Para el censor en virtud de la expropiaci\u00f3n la propiedad privada se extingue como tal y pasa al Estado. Entonces, el bien expropiado que sale para el futuro del poder estatal o p\u00fablico, vuelve a ser susceptible de propiedad privada y nuevamente regresa al comercio. As\u00ed las cosas, una vez que el bien ha sido expropiado, dice el casacionista, si la administraci\u00f3n decide adjudicarlo o transferirlo a un particular \u201csolamente a partir de esta transferencia viene a quedar revestido de propiedad privada y no de propiedad estatal\u201d. <\/p>\n
A despecho de lo que juzg\u00f3 el Tribunal, el expropiado nada transfiere a la entidad p\u00fablica expropiante, tampoco se vinculan los t\u00edtulos de quien fue vencido en la expropiaci\u00f3n y los anteriores, por lo tanto, \u201caqu\u00ed no hay traslado de dominio ni cadena de t\u00edtulos\u201d, pues el t\u00edtulo del expropiante es originario y universal o erga omnes, por lo cual es \u201cprotuberante y trascendente -el- error de hecho del Tribunal -por- no haberse percatado de la existencia y alcance reales y legales de la expropiaci\u00f3n…\u201d. Concluy\u00f3 el casacionista que los documentos p\u00fablicos que obran en el proceso \u201cconforman la incontrastable contraevidencia y, al efecto, ponen de presente los protuberantes yerros f\u00e1cticos del Tribunal sobre el tema en comentario\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el recurrente que s\u00f3lo cuando la sentencia del Consejo de Estado que resolvi\u00f3 la acusaci\u00f3n contra el acto de expropiaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada la expropiaci\u00f3n, esto es, que adquiri\u00f3 eficacia desde el 5 de diciembre de 1994, por lo cual la posesi\u00f3n de los demandados resulta ser anterior al t\u00edtulo de los demandantes, pues este se deriva de una expropiaci\u00f3n que estaba sub judice, y la que s\u00f3lo produce efectos desde la sentencia que resuelve la acci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n
No vio el Tribunal, a\u00f1ade la acusaci\u00f3n, que Jos\u00e9 Falc\u00f3nides Guzm\u00e1n Supelano se opuso a una diligencia de entrega promovida por los hoy demandantes como ep\u00edlogo de un proceso de restituci\u00f3n, y que en dicha actuaci\u00f3n se le tuvo como poseedor desde el 30 de diciembre de 1993, posesi\u00f3n anterior por tanto, al t\u00edtulo que exhiben los demandantes que data apenas de 21 de diciembre de 1995, fecha de la escritura mediante la cual los demandantes recibieron la propiedad por adjudicaci\u00f3n que les hiciera el municipio de Tunja. A lo anterior se agrega, resalta el impugnador, que en los t\u00edtulos anteriores aparecen los propios demandados en reivindicaci\u00f3n como propietarios inscritos del inmueble. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el ad quem en tanto que no advirti\u00f3 que el municipio de Tunja nunca hizo entrega real y material del predio adjudicado a los demandantes. Por ello \u201cestando acreditada con superabundancia la posesi\u00f3n de Jos\u00e9 Falc\u00f3nides con anterioridad a la expropiaci\u00f3n y a la mencionada escritura p\u00fablica de traspaso, y adem\u00e1s al no haberle sido entregado el terreno en referencia a los demandantes, no puede sostenerse que estos sean leg\u00edtimos propietarios del mismo, lo que los inhibe para formular demanda reivindicatoria\u201d. Y m\u00e1s adelante a\u00f1ade el impugnador sobre el mismo tema que \u201cla falta de entrega del municipio de Tunja a los reivindicadores demandantes, m\u00e1xime cuando se trata de una adjudicaci\u00f3n efectuada por el Estado, impide que legalmente no se haya cumplido con la creaci\u00f3n del derecho de propiedad a favor de los adjudicatarios y que por tanto acrezcan de inter\u00e9s jur\u00eddico para pretender la reivindicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Seguidamente el recurrente cierra su disertaci\u00f3n con un ap\u00e9ndice sobre la \u201ctrascendencia de los graves y protuberantes errores de hecho del sentenciador\u201d, en cuyo desarrollo reprodujo argumentos que muestran su discrepancia con el criterio del Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La s\u00edntesis que precede deja ver n\u00edtidamente las deficiencias formales que aquejan la demanda, pues aunque una y otra vez insiste en que el Tribunal cometi\u00f3 errores graves de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no indic\u00f3 el casacionista con la precisi\u00f3n necesaria, los medios de convicci\u00f3n sobre las cuales recay\u00f3 el yerro del Tribunal; por lo mismo tampoco pudo comprometerse con la descripci\u00f3n de aquello que las probanzas acreditan y que el Tribunal no vio. La verdad es que el Tribunal y el censor coinciden en centrar su atenci\u00f3n en las mismas pruebas, pues ambos admiten que en un principio Inocencia Avila Espitia fue inquilina de los demandantes, que hubo un proceso de restituci\u00f3n que fracas\u00f3 por la oposici\u00f3n final de Jos\u00e9 Falc\u00f3nides Supelano, que despu\u00e9s de ello Falc\u00f3nides e Inocencia, trocaron su condici\u00f3n de inquilina aquella y poseedor este, por la de propietarios, en tanto adquirieron el dominio del inmueble de manos de un tercero, as\u00ed como que en esa nueva condici\u00f3n de due\u00f1os fueron expropiados por el Municipio de Tunja. Tampoco hay discrepancia en que la entidad territorial adjudic\u00f3 la propiedad a los demandantes en reivindicaci\u00f3n. S\u00edguese de lo anterior que la demanda de casaci\u00f3n no deja ver cu\u00e1l fue el error de hecho cometido por el Tribunal, pues el recurrente nada demostr\u00f3 al respecto, en tanto se limit\u00f3 a repetir una y otra vez, la existencia del error de hecho, asign\u00e1ndole adjetivos extremos, pero sin describir en qu\u00e9 consiste exactamente el desav\u00edo que acus\u00f3. <\/p>\n
2. No obstante, podr\u00eda entenderse que la nominaci\u00f3n del cargo como error de hecho no lo es todo, a pesar de ser repetida, enf\u00e1tica y contundente, y a\u00fan si se entendiera que hay en la acusaci\u00f3n un planteamiento netamente jur\u00eddico, la raz\u00f3n no est\u00e1 del lado del recurrente. Entonces, por la forma en que fue desarrollado el cargo ha de inscribirse en los lindes de la v\u00eda directa, pues el casacionista en verdad confronta cr\u00edticamente los enunciados normativos que el Tribunal eligi\u00f3 para decidir el pleito. <\/p>\n
Dijo el casacionista que la controversia quedaba reducida a la discusi\u00f3n sobre el \u201ct\u00edtulo de dominio en cabeza del demandante y a la vigencia del mismo con posterioridad a la posesi\u00f3n de la parte demandada\u201d, para de all\u00ed deducir que la posesi\u00f3n de los demandados en reivindicaci\u00f3n es anterior al t\u00edtulo del demandante, pues cuando opera la expropiaci\u00f3n de un predio toda la cadena de t\u00edtulos anteriores desaparece y el acto de expropiaci\u00f3n pasa as\u00ed a ser el primero. Con esa premisa normativa el recurrente pretende acreditar entonces que su posesi\u00f3n antecede al t\u00edtulo del reivindicante. <\/p>\n
3. Al contrario de lo que sugiere el casacionista, el Tribunal estableci\u00f3 una cadena de t\u00edtulos que se remonta a la compra que hiciera la Venerable Orden Tercera Franciscana de Tunja a la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Rodr\u00edguez de Ruiz mediante escritura p\u00fablica No. 255 de 21 de marzo de 1967 otorgada en la Notar\u00eda 1\u00aa de Tunja, de all\u00ed a los demandados, luego al Municipio de Tunja en virtud del acto de expropiaci\u00f3n y finalmente a los demandantes con ocasi\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de que da cuenta la escritura p\u00fablica No. 3543 de 21 de diciembre de 1995. En suma, para el Tribunal \u201cel acto jur\u00eddico de expropiaci\u00f3n produjo secuencia de cadena de t\u00edtulos entre unos y otros, por lo que los actores pueden ampararse no solamente en el -t\u00edtulo- del municipio que lo constituye la expropiaci\u00f3n misma, sino en los que la antecedieron, entre ellos, el de los demandados y el de la Orden Tercera Franciscana, ante lo cual la cadena de t\u00edtulos antecede a la posesi\u00f3n de la parte pasiva\u201d. Contra esa apreciaci\u00f3n jur\u00eddica del Tribunal, seg\u00fan la cual la expropiaci\u00f3n no rompe la secuencia de t\u00edtulos, el recurrente hizo una oposici\u00f3n de orden netamente jur\u00eddico, pues para el censor el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n es originario, en tanto con la expropiaci\u00f3n se rompe todo antecedente en la tradici\u00f3n, postulado del cual destila que el t\u00edtulo -la adjudicaci\u00f3n hecha en 1995- es posterior a la posesi\u00f3n ejercida por los demandados. <\/p>\n
A juicio de la Corte el recurrente carece de raz\u00f3n cuando plantea que en el caso de expropiaci\u00f3n todo vestigio de titulaci\u00f3n anterior se extingue, como si de tratara de bienes bald\u00edos, y que la adjudicaci\u00f3n hecha por el Estado inicia ex novo la vida jur\u00eddica de la propiedad, con lo cual queda desaparecido todo antecedente de la tradici\u00f3n y por ah\u00ed mismo, vedado hacer el encadenamiento de los t\u00edtulos. En verdad, el fundamento conceptual de la expropiaci\u00f3n parte del supuesto imprescindible de que haya un propietario anterior, pues si no lo hubiera, el privilegio exorbitante del Estado podr\u00eda expresarse de modo absoluto disponiendo de los bienes como si estos nunca hubieran salido de su dominio, lo cual no sucede si hay un due\u00f1o que debe ser privado de la propiedad. Dicho en breve, sin un propietario no es posible la expropiaci\u00f3n, salvo por la autorizaci\u00f3n legal para expropiar los dem\u00e1s derechos reales prevista en el art\u00edculo 10 de la Ley 9\u00aa de 1989. Justamente, porque la expropiaci\u00f3n supone un propietario anterior, es que la demanda respectiva debe dirigirse contra \u00e9l, y la afectaci\u00f3n con fines de expropiaci\u00f3n debe inscribirse en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Pero si alguna duda subsistiese, v\u00e9ase c\u00f3mo en el art\u00edculo 33 de la Ley 9\u00aa de 1989 se estableci\u00f3 que las entidades que hubieren hecho una expropiaci\u00f3n cuentan con cinco a\u00f1os para ejecutar los fines y programas que la justifican, de no, est\u00e1n obligados a enajenar de nuevo los bienes en p\u00fablica subasta \u201csalvo cuando se trate de venta a los propietarios anteriores\u201d, situaci\u00f3n en cuyo desarrollo se dispone el derecho de preferencia del antiguo propietario en virtud del cual \u201cla entidad p\u00fablica notificar\u00e1 al propietario anterior o a sus causahabientes de su intenci\u00f3n de vender y estos dispondr\u00e1n de un plazo de dos meses para aceptar o rechazar la oferta\u201d. De lo anteriormente transcrito se infiere, aunque parezca innecesario mayor abundamiento, que la propiedad que ostenta la entidad p\u00fablica una vez agotada la expropiaci\u00f3n, est\u00e1 necesariamente ligada a la del propietario que antes soport\u00f3 la expropiaci\u00f3n. Y en el paso siguiente, en el de la adjudicaci\u00f3n que se hace al nuevo propietario, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, seg\u00fan al milenario aforismo nemo dat quod non habet si la entidad p\u00fablica que hizo la expropiaci\u00f3n no fuera la due\u00f1a, nada podr\u00eda transmitir al adjudicatario, de donde se desprende sin dificultad que sus derechos vienen necesariamente engarzados a los de sus antecesores. Necio es entonces insistir en que el t\u00edtulo de un adjudicatario se inicia con el acto de adjudicaci\u00f3n o con su registro, como aqu\u00ed se ha sugerido por el recurrente; y menos todav\u00eda de la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado que decidi\u00f3 la demanda contra el acto de expropiaci\u00f3n como el impugnador pregona. De todo ello surge que el Tribunal interpret\u00f3 correctamente el ordenamiento, cuando defini\u00f3 que al t\u00edtulo actual del reivindicante estaban encadenados los de quienes le antecedieron en el dominio. As\u00ed las cosas, carece de raz\u00f3n el casacionista cuando afirma que la posesi\u00f3n del demandado es anterior a los t\u00edtulos del demandante y que por ello debi\u00f3 fracasar la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, el ad quem se neg\u00f3 a juzgar la legalidad de la expropiaci\u00f3n, al amparo de la presunci\u00f3n de legalidad que acompa\u00f1a a los actos de la administraci\u00f3n, postulado de orden jur\u00eddico que se acompasa con lo que la doctrina y la jurisprudencia han establecido de vieja data, por lo que ning\u00fan error puede atribuirse al ad quem en esta materia. El acierto del Tribunal se acrecienta si se toma en cuenta que el Consejo de Estado, juez natural de dichos actos, sentenci\u00f3 con alcance de cosa juzgada que ninguna ilegalidad aquejaba la expropiaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
El cargo estudiado no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 13 de julio de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario promovido por Luis Felipe Rivera Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Dorian Barrera Vargas contra Jos\u00e9 Falc\u00f3nides Guzm\u00e1n Supelano e Inocencia Avila Espitia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a los demandados al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite de este recurso. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-253-2005 [7829] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., siete de octubre de dos mil cinco Ref. Expediente No. 7829 Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}