SC-258-2005 [1100131030191991-0772-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
11001-31-03-019-1991-0772 02. <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 17 de noviembre de 1999, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Mar\u00eda Gladys Rojas Ram\u00edrez frente a Mary o Mery Soto V\u00e1squez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se declarara que el inmueble identificado con los n\u00fameros 1-07 de la calle 13-A y 13-35 y 13-45 de la carrera 1\u00aa de Bogot\u00e1 es de su dominio pleno y, en consecuencia, se la condenara a restitu\u00edrselo y a pagarle el valor de los frutos. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Mediante escritura n\u00famero 2314 de 25 de julio de 1988, otorgada en la Notar\u00eda 36 de Bogot\u00e1, la actora compr\u00f3 a Pedro Augusto Camacho Santos el predio objeto de la pretensi\u00f3n. \u00c9ste, a su vez, lo hab\u00eda adquirido por compraventa a Rebeca Carolina Romero P\u00e9rez, seg\u00fan instrumento p\u00fablico 3623 de 23 de julio de 1980, de la notar\u00eda segunda de dicha ciudad. <\/p>\n
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b) La demandada est\u00e1 en posesi\u00f3n del primer piso del inmueble aludido, consider\u00e1ndose due\u00f1a, sin serlo, impidi\u00e9ndole as\u00ed a la demandante entrar a poseer esa porci\u00f3n. <\/p>\n
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c) Aqu\u00e9lla carece de \u201ccapacidad legal\u201d para obtener por prescripci\u00f3n la parte que se disputa, la cual ha usufructuado sin rendirle cuentas a la propietaria. <\/p>\n
3. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos dijo, en s\u00edntesis, que era cierta la posesi\u00f3n del inmueble, pues la ejerc\u00eda desde tiempo anterior al t\u00edtulo esgrimido por la actora, de buena fe, y crey\u00e9ndose, de manera impl\u00edcita, como exclusiva poseedora; manifest\u00f3 no constarle las restantes afirmaciones expuestas como causa petendi, por lo que deb\u00edan probarse. <\/p>\n
Aleg\u00f3 como defensa la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 como \u201ccarencia de causa y consiguiente ausencia de derecho para demandar\u201d, fundada en que la actora, de acuerdo con el certificado de tradici\u00f3n allegado con la contestaci\u00f3n, no era la titular de la propiedad inscrita. <\/p>\n
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4. Por sentencia de 29 de julio de 1996 el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia, en la que accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante fallo de 17 de noviembre de 1999, revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones de la demandante. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Una vez que precis\u00f3 cu\u00e1l era la acci\u00f3n ejercida y aludi\u00f3 a los elementos sustanciales de la reivindicaci\u00f3n, el tribunal indic\u00f3 c\u00f3mo, adem\u00e1s de esos presupuestos, por v\u00eda jurisprudencial se exig\u00eda que el t\u00edtulo esgrimido por el actor fuera anterior a la posesi\u00f3n imputada al demandado, todo porque le correspond\u00eda a aqu\u00e9l desvirtuar la presunci\u00f3n establecida en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, conforme a la cual el poseedor se reputa due\u00f1o mientras otra persona no justificara serlo. <\/p>\n
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2. Tras lo anterior sostuvo que con la escritura 2314 de 25 de julio de 1988 y el certificado de tradici\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050-0183254, la actora demostr\u00f3 ser la propietaria del predio pretendido para el 28 de junio de 1991, cuando promovi\u00f3 la acci\u00f3n, pues lo hab\u00eda obtenido por compra efectuada a Pedro Augusto Camacho Santos, y que aunque posteriormente lo enajen\u00f3 a favor de Carmen Lucila Rocha Matiz, seg\u00fan el instrumento 4210 de 19 de agosto de 1992, volvi\u00f3 a asumir esa calidad de acuerdo al acto p\u00fablico n\u00famero 213 de 19 de enero de 1994, como as\u00ed se infer\u00eda del certificado de tradici\u00f3n visible a folio 54(fl.20). <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis conjunto de los testimonios de Pedro Augusto Camacho Santos, Jos\u00e9 Antonio Monroy Garc\u00eda, Guillermo Alarc\u00f3n Beltr\u00e1n, Manuel Enrique Valbuena, Jes\u00fas Cadena Romero y del interrogatorio absuelto por la demandante, a juicio del ad-quem, emerg\u00eda la legitimaci\u00f3n de \u00e9sta para incoar la acci\u00f3n por cuanto acredit\u00f3 ser la propietaria del inmueble, en relaci\u00f3n con el cual la demandada ostentaba la calidad de poseedora del primer piso, junto con su hermano Leopoldo Soto V\u00e1squez, y auncuando no se estableci\u00f3 la \u00e9poca de la transmutaci\u00f3n de tenedora a poseedora, s\u00ed se prob\u00f3 que para 1988, cuando lo compr\u00f3 Mar\u00eda Gladys, aqu\u00e9lla ya ostentaba esta \u00faltima calidad. <\/p>\n
4. As\u00ed, los presupuestos exigidos para la prosperidad de la acci\u00f3n no se cumpl\u00edan cabalmente, pues si bien se hab\u00eda singularizado la cosa, exist\u00eda identidad entre \u00e9sta con la pose\u00edda por Soto V\u00e1squez, se prob\u00f3 la titularidad del dominio en la demandante, deb\u00eda observarse c\u00f3mo la posesi\u00f3n ejercida por Mery Soto era anterior al t\u00edtulo de Mar\u00eda Gladys, como afloraba de la prueba testimonial recaudada, en especial de la declaraci\u00f3n de Pedro Augusto Camacho Santos, quien como propietario anterior le vendi\u00f3 el bien a Rojas Ram\u00edrez; de este modo, remat\u00f3 el sentenciador, la actora no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de dominio establecida en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil a favor del poseedor y tampoco aport\u00f3 los t\u00edtulos anteriores con los cuales pudiera \u201csumar al suyo la cadena de titulaci\u00f3n requerida para reivindicar, acreditando as\u00ed el dominio, con anterioridad al tiempo en que empez\u00f3 a poseer la convocada\u201d(fl.23). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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En el marco de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dos cargos plantea la recurrente, a trav\u00e9s de los cuales ataca el fallo de ser violatorio de la ley sustancial. La Corte los despachar\u00e1 conjuntamente, pues unas mismas razones servir\u00e1n para resolverlos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
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Acusa la sentencia de violar los art\u00edculos 665, 669, 673, 762, 764, 946, 950, 961, 962, 963 y 964 del C\u00f3digo Civil y 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de hecho cometido por el tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de citar algunos apartes del fallo, le reprocha la acusadora al sentenciador no haber valorado la prueba documental visible folios 65 a 153 del cuaderno 1, consistente en las copias del proceso ordinario de pertenencia adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 por Mery Soto V\u00e1squez -aqu\u00ed demandada- contra Pedro Augusto Camacho Santos; al ignorar esa prueba viol\u00f3, por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto as\u00ed desconoci\u00f3 la fuerza de la cosa juzgada emanada de la sentencia de 12 de abril de 1984, donde el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al ponerle punto final a ese asunto, concluy\u00f3 c\u00f3mo ni la calidad de la posesi\u00f3n ni el tiempo le serv\u00edan a la all\u00ed demandante para favorecerse con una declaraci\u00f3n de pertenencia. Esta providencia, prosigue, adquiri\u00f3 firmeza el 30 de julio de 1991, al quedar ejecutoriado el auto en el cual la Corte declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n propuesto por aqu\u00e9lla contra ese fallo. <\/p>\n
2. De haber advertido la comentada probanza el juez de segundo grado habr\u00eda concluido en la susodicha cosa juzgada, por cuanto se cumpl\u00edan los requisitos previstos por la ley al efecto, pues exist\u00eda identidad de partes, de objeto y de causa, en tanto all\u00ed se reclam\u00f3 tambi\u00e9n el mismo primer piso aqu\u00ed pretendido, ese litigio gir\u00f3 alrededor de la posesi\u00f3n alegada por quien lo propuso y el dominio opuesto a ello por el demandado; adicionalmente la demandante fue quien es demandada en \u00e9ste y, aunque en el anterior actu\u00f3 como opositor Camacho Santos, Rojas Ram\u00edrez como demandante en esta causa es causahabiente suyo porque de \u00e9l adquiri\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
3. Sin violar la cosa juzgada, el tribunal no pod\u00eda estudiar aspectos como la posesi\u00f3n de la demandada o el dominio de la actora, porque cuando se present\u00f3 la demanda de este pleito, dice la censora, la calidad que otrora ostentaba Soto V\u00e1squez estaba negada judicialmente, como tampoco le era dable exigir la presentaci\u00f3n de un t\u00edtulo anterior a esa posesi\u00f3n y menos concluir que por no haberse tra\u00eddo la prueba del t\u00edtulo anterior la situaci\u00f3n de hecho de la opositora se impon\u00eda. Por los efectos del aludido fallo, la posesi\u00f3n de Mery Soto \u201capenas s\u00ed podr\u00eda comenzar a contarse a partir\u201d de julio de 1991, cuando el mismo qued\u00f3 ejecutoriado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9ste se acusa la sentencia de infringir los art\u00edculos 669, 673 y 762, por indebida aplicaci\u00f3n, 665, 764, 765, 769, 946, 950, 961, 962, 963 y 964 del C\u00f3digo Civil y 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, por errores de hecho, pues el tribunal cercen\u00f3 la declaraci\u00f3n de Pedro Augusto Camacho Santos e ignor\u00f3 el interrogatorio de parte absuelto por la actora. Su desarrollo se acomete en los t\u00e9rminos que enseguida se compendian. <\/p>\n
1. El juez de segundo grado no vio la parte de aquel testimonio donde el declarante depuso que cuando \u00e9l compr\u00f3 el predio, la persona de quien lo adquiri\u00f3 le coment\u00f3 que Soto V\u00e1squez habitaba el primer piso como \u201ccuidandera\u201d, tarea con ocasi\u00f3n de la cual se le pagaba el salario m\u00ednimo, aunque ocho a\u00f1os despu\u00e9s ella empez\u00f3 a reclamar posesi\u00f3n sobre el inmueble pues en tal \u00e9poca ya ni pagaba arriendo ni cuidada, y as\u00ed, cuando le transfiri\u00f3 el dominio a la demandante, la misma lo compr\u00f3 conociendo acerca de la posesi\u00f3n alegado por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Como para el tribunal la prueba testimonial no permit\u00eda establecer el inicio de la posesi\u00f3n de la opositora, fue basado en el dicho de aquel declarante como le atribuy\u00f3 a Rojas Ram\u00edrez haber conocido, desde cuando compr\u00f3, la condici\u00f3n de poseedora de Soto V\u00e1squez. Fueron entonces los otros apartes del testimonio de Pedro Augusto, dice la censora, a trav\u00e9s de los cuales aqu\u00e9l estableci\u00f3 c\u00f3mo la posesi\u00f3n de la demandada era anterior al t\u00edtulo de Mar\u00eda Gladys. Ello lo condujo, en \u00faltimas, a desestimar la reivindicaci\u00f3n intentada. <\/p>\n
2. En torno al interrogatorio de parte de la actora, no sin antes transcribir las respuestas donde ella se refiri\u00f3 a la mala fe con la cual la contraparte habitaba el predio desde antes de haberlo adquirido de manos de Camacho Santos, a la informaci\u00f3n dada por \u00e9ste acerca de que la demandada trabajaba como celadora de Rebeca Romero, aunque cuando \u00e9l lo adquiri\u00f3 la opositora se neg\u00f3 a desocuparlo porque aqu\u00e9lla le adeudaba los salarios de celadora, y al hecho de haber sido Pedro Augusto quien la puso al tanto del proceso iniciado tiempo atr\u00e1s por Soto V\u00e1squez contra \u00e9l, donde le fue negada la pretensi\u00f3n all\u00ed demandada(fl.17), afirma la recurrente la concordancia existente entre esas declaraciones de la demandante con el testimonio de Camacho Santos en la parte omitida por el ad-quem, pues ellas dejaban establecido c\u00f3mo cuando Rojas Ram\u00edrez compr\u00f3 el inmueble en 1988, conoci\u00f3 que en ese otro asunto a Mery Soto la justicia le hab\u00eda negado la pertenencia all\u00ed demandada y que s\u00f3lo faltaba terminar unos tr\u00e1mites para promover la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Para la acusadora el fallador cercen\u00f3 la declaraci\u00f3n de Pedro Augusto Camacho, pues, basado apenas en un pasaje de la misma, dio por establecida la posesi\u00f3n ejercida por la opositora, desarrollada, seg\u00fan dijo, desde antes de la compra efectuada por la demandante, lo cual \u00e9sta conoci\u00f3 justo cuando compr\u00f3 el predio; fue as\u00ed como el sentenciador concluy\u00f3, insiste la acusadora, en la ausencia de t\u00edtulo anterior a esa \u00e9poca por cuanto la fecha de la escritura a trav\u00e9s de la cual la demandante celebr\u00f3 la compraventa era posterior. Si el ad-quem hubiera tenido en cuenta el pasaje de la declaraci\u00f3n transcrito en el cargo, habr\u00eda inferido que Rojas Ram\u00edrez compr\u00f3 el predio convencida de que la demandada ya no ten\u00eda aquella calidad por hab\u00e9rsela negado el tribunal en el otro pleito, siendo as\u00ed suficiente el t\u00edtulo generado en 1988, ac\u00e1 presentado, m\u00e1xime cuando a ra\u00edz de la dicha sentencia la condici\u00f3n de poseedora de la demandada hab\u00eda quedado desvirtuada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
2. Sin embargo, analizada con detenimiento la particularizada sentencia, dictada en ese otro asunto, sin mayores dificultades se logra establecer que, contrario a lo que se pregona en los cargos, fueron dos los argumentos con fundamento en los cuales ese sentenciador le neg\u00f3 a Mery Soto la pretensi\u00f3n adquisitiva de dominio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria: por un lado, el hecho de haber deprecado tal declaraci\u00f3n en relaci\u00f3n con todo el inmueble cuando lo probado all\u00ed fue su posesi\u00f3n \u00fanicamente sobre el primer piso del mismo y, por el otro, en que dicha posesi\u00f3n no alcanzaba el tiempo legalmente requerido para los prop\u00f3sitos impetrados. Concretamente se\u00f1al\u00f3: \u201cno ha pose\u00eddo la totalidad del inmueble sino que la ha limitado al primer piso que se determina con el n\u00famero 1-07 de la calle 13 A\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cla posesi\u00f3n que invoca en \u00faltimas sobre una porci\u00f3n de la heredad no es temporalmente suficiente para concluir en una decisi\u00f3n favorable a sus pretensiones\u201d (fls. 126 a 134, cd.1). Esos dos factores llevaron al juzgador de aquel asunto a negar, no la calidad de poseedora de Soto V\u00e1squez, sino la declaraci\u00f3n de pertenencia solicitada en dicha controversia, como as\u00ed lo confirma la parte resolutiva del fallo. <\/p>\n
Es decir, que mientras en la dicha sentencia el tribunal determin\u00f3 negarle a la all\u00ed demandante la pretensi\u00f3n adquisitiva del dominio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, solicitada en aquel proceso de pertenencia, concretamente porque encontr\u00f3 demostrado que ella hab\u00eda solicitado esa declaraci\u00f3n sobre todo el inmueble pese a que pose\u00eda apenas el primer piso y porque en todo caso llevaba poseyendo esa porci\u00f3n menos de los veinte a\u00f1os que a la saz\u00f3n exig\u00eda la ley, la recurrente, por su lado, sostiene que en esa pieza procesal el aludido sentenciador le neg\u00f3 la calidad de poseedora a la ac\u00e1 demandada y que del testimonio de Camacho Santos, as\u00ed como del interrogatorio absuelto por la actora, se confirmaba que la demandante de este proceso compr\u00f3 el inmueble con la certeza de que la opositora ya no ten\u00eda la calidad de poseedora por hab\u00e9rsela negado el tribunal en ese otro proceso. <\/p>\n
3. Como se advierte, la acusadora parte de una premisa falsa, consistente en creer que a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n de segunda instancia, dictada en el mentado asunto de pertenencia, a la ac\u00e1 demandada, que all\u00ed actu\u00f3 como parte actora, le fue negada la calidad de poseedora de la porci\u00f3n objeto de la reivindicaci\u00f3n, cuando la verdad es todo lo contrario, puesto que en esa determinaci\u00f3n no hubo m\u00e1s que un reconocimiento, expreso si se quiere, del \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a con el cual la misma se desenvolv\u00eda frente al primer piso del inmueble en cuesti\u00f3n. Ello significa entonces que el casacionista edifica una acusaci\u00f3n infundada cuando pone en boca de la sentencia cuya omisi\u00f3n pregona lo que ciertamente ella no dice ni de all\u00ed se desprende, al afirmar que del particularizado testimonio y de la declaraci\u00f3n de parte de la actora se confirmaba que la demandada ya no era poseedora porque en dicha providencia judicial le hab\u00eda sido negada tal calidad. <\/p>\n
Es palmario, desde luego, que el error delatado por la censora parte de una premisa inventada, por cuanto le atribuye a los elementos de certeza relacionados en los cargos un contenido que de ellos evidentemente no surge, seg\u00fan se acab\u00f3 de observar. As\u00ed las cosas, ning\u00fan error se le puede enrostrar al juez de segundo grado por no haber valorado la prueba consistente en la sentencia de 12 de abril de 1984, dictada dentro del se\u00f1alado proceso de pertenencia, si ella ning\u00fan beneficio le aporta a los intereses de la impugnadora por cuanto nada tiene que ver con el argumento que se pretende edificar a trav\u00e9s de los cargos propuestos, donde se pone a decir a la decisi\u00f3n judicial algo que la misma no expresa; esta es la conclusi\u00f3n que se impone, toda vez que no hay yerro cuando el censor parte de una premisa falsa, esto es, en aquellos eventos en que, como ac\u00e1, tergiversa el verdadero alcance de los elementos probativos que se arg\u00fcyen preteridos o cercenados. As\u00ed, resulta evidente que la recurrente supone el dislate atribuido. <\/p>\n
No se remite a duda que si la pieza procesal que se dice el tribunal omiti\u00f3 valorar no ha de aportar nada para efectos de mutar la decisi\u00f3n enjuiciada, es entonces absolutamente indiferente que el fallador hubiera incurrido en esa falta de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Al margen de las consideraciones precedentes, de por s\u00ed suficientes para dar al traste con las acusaciones propuestas, no est\u00e1 de m\u00e1s recordar que, como se dej\u00f3 visto en el compendio de la sentencia combatida, de la escritura p\u00fablica 2314 de 25 de julio de 1988, del certificado de tradici\u00f3n correspondiente al folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050-0183254, del interrogatorio absuelto por la demandante y de los testimonios de Pedro Augusto Camacho Santos, Jos\u00e9 Antonio Monroy Garc\u00eda, Guillermo Alarc\u00f3n Beltr\u00e1n, Manuel Enrique Valbuena y Jes\u00fas Cadena Romero el juez de segundo grado encontr\u00f3 probado que la demandada era poseedora de la cosa objeto de la reivindicaci\u00f3n desde antes del t\u00edtulo de propiedad arrimado por la actora, situaci\u00f3n con apoyo en la cual asegur\u00f3 que la presunci\u00f3n de dominio prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil no se hab\u00eda desvirtuado, menos si se ten\u00eda en cuenta que la demandante no alleg\u00f3 \u201clos t\u00edtulos antecedentes que le permitieran sumar al suyo la cadena de titulaci\u00f3n\u201d anterior (fl.23); en este orden de ideas, prosigui\u00f3, aunque Rojas Ram\u00edrez se hallaba legitimada para incoar esta acci\u00f3n de dominio, por cuanto demostr\u00f3 ser la propietaria del inmueble, deb\u00eda negar las pretensiones toda vez que no se reunieron todos los presupuestos necesarios para su prosperidad. <\/p>\n
Como ya se expuso, frente a esa puntual argumentaci\u00f3n, la recurrente se limita a pregonar que el ad-quem cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico, por un lado, al desconocer que en la sentencia dictada en aquel proceso ordinario de pertenencia, adelantado por Mary Soto contra Pedro Augusto, a la all\u00ed demandante se le neg\u00f3 la condici\u00f3n de poseedora sobre el predio objeto de la reivindicaci\u00f3n; y, por el otro, al valorar parcialmente el testimonio de Camacho Santos y omitir ponderar el interrogatorio de parte absuelto por la actora, donde se establece que \u00e9sta compr\u00f3 el predio convencida de que aqu\u00e9lla ya no era poseedora porque el tribunal en el referido fallo le hab\u00eda negado esa calidad. <\/p>\n
5. Como puede verse, aun admitiendo que el juez de segundo grado expresamente no se refiri\u00f3 a las copias tomadas del aludido expediente, concretamente las relativas al fallo de segunda instancia de 12 de abril de 1984, all\u00ed proferido, y de aceptarse tambi\u00e9n la falta de evaluaci\u00f3n sobre la declaraci\u00f3n rendida por la actora y el cercenamiento del testimonio de Camacho Santos, la verdad es que ninguna de tales circunstancias tiene la entidad suficiente para arrebatarle a la sentencia atacada la presunci\u00f3n de acierto, por cuanto dichos medios de certeza no destruyen, individual ni conjuntamente considerados, la argumentaci\u00f3n extra\u00edda por el fallador alrededor de las pruebas ciertamente valoradas, para concluir en la negaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n demandada, al estimar que el t\u00edtulo de dominio con base en el cual Mar\u00eda Gladys Rojas Ram\u00edrez deprec\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del primer piso del predio descrito en el acto introductorio era posterior a la posesi\u00f3n probada por la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, si se aceptara el hecho de que el fallador no valor\u00f3 las se\u00f1aladas pruebas, ello resultaba intrascendente, por cuanto, en todo caso, ninguno de esos elementos de convicci\u00f3n cambiar\u00eda el sentido de la decisi\u00f3n censurada, si se toma en consideraci\u00f3n que las verdaderas razones a trav\u00e9s de las cuales se defini\u00f3 la segunda instancia en el proceso anterior fueron las que atr\u00e1s se dejaron rese\u00f1adas y no, como equivocadamente lo afirma la acusadora, el que a la interesada se le hubiera negado la calidad de poseedora de la cosa. Se trata, como ya qued\u00f3 dicho, de una omisi\u00f3n absolutamente intrascendente, y acontece que, como lo tiene sentado la Corporaci\u00f3n, \u201cla violaci\u00f3n a la ley sustancial s\u00f3lo funda el recurso de casaci\u00f3n y da lugar al quiebre de la sentencia de instancia cuando es trascendente, o sea cuando repercute o incide en la decisi\u00f3n a tal punto que sin ella el juez habr\u00eda fallado el pleito en sentido diverso, favorable a los intereses de quien recurre\u201d, pues el \u201cart\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil as\u00ed lo exige, al estatuir que en la demanda de casaci\u00f3n debe determinarse la clase de error que se hubiere cometido \u2018y su influencia en la violaci\u00f3n de norma sustancial\u2019, luego carece de esta condici\u00f3n y por ello no conduce a la infirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, el yerro de jure que, como el de facto, a pesar de existir, no lleva al juzgador a fallar el caso litigado en forma distinta a la que legalmente corresponde\u201d(G.J., t. CLVIII, pag.24). <\/p>\n
6. Por tanto, no prosperan los cargos. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de noviembre de 1999, pronunciada por la Sala de descongesti\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-258-2005 [1100131030191991-0772-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 11001-31-03-019-1991-0772 02. Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}