SC-260-2005 [0245-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Pedro Octavio Munar Cadena <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: Expediente No.0245 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 1999, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido por JORGE ELIECER GONZALEZ OSPINA contra MARIA ISABEL GALLO DE MARTINEZ y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pidi\u00f3 el actor que se declarara que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No.362 000 8345, ubicado en el municipio de Mariquita (Tolima), \u201cen la carrera primera A (1 A) entre calles s\u00e9ptima y octava (7 y 8), n\u00famero 7-48 a 7-52 (nomenclatura actual del inmueble) con una extensi\u00f3n de siete metros (7) de frente por veintisiete metros con cincuenta cent\u00edmetros de fondo (27.50) y comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el ORIENTE, con la carrera primera A (1 A); por el OCCIDENTE, con predios de propiedad de Jairo Matiz; por el NORTE, con propiedad de Eladio NN y, por el SUR, con predios de Joaqu\u00edn Ch\u00e1vez\u201d. <\/p>\n
2. Adujo como sustento de sus pretensiones que An\u00edbal Ch\u00e1vez Osorio le enajen\u00f3 la posesi\u00f3n material y las mejoras plantadas en el bien a usucapir, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No.1159 otorgada el 9 de septiembre de 1997 en la Notar\u00eda \u00danica de Mariquita, posesi\u00f3n que aqu\u00e9l ejerci\u00f3 en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida desde 1973 y que se tradujo en la construcci\u00f3n de \u201cuna casa de habitaci\u00f3n que consta de cuatro alcobas, sala, cocina, pisos de cemento, techos de zinc hoy de eternit, sanitario, alberca, lavadero, puertas y ventanas en madera hoy de l\u00e1mina, servicios de agua, luz y alcantarillado\u201d, edificaci\u00f3n a la que alude la escritura p\u00fablica No.158, suscrita el 13 de septiembre de 1993 en la Notar\u00eda antes referida, la cual fue aclarada el 9 de septiembre de 1997 a trav\u00e9s de la escritura No.1158 de esa misma oficina. Agreg\u00f3, que tiene una posesi\u00f3n sobre el aludido predio superior a 20 a\u00f1os, por cuanto suma a la suya la del se\u00f1or Ch\u00e1vez Osorio. <\/p>\n
4. A la primera instancia puso fin el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, mediante sentencia estimatoria de las pretensiones, la cual revoc\u00f3 el Tribunal al resolver el grado obligatorio de consulta, para negar, en su lugar, los pedimentos del demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El sentenciador precis\u00f3 que el demandante pretende adquirir el dominio del predio en litigio por prescripci\u00f3n extraordinaria, para cuya prosperidad requiere acreditar que \u00e9ste es susceptible de adquirirse por ese modo, as\u00ed como tambi\u00e9n que ha ejercido sobre \u00e9l la posesi\u00f3n material \u201cpor un t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os\u201d, en forma ininterrumpida. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que las escrituras p\u00fablicas Nos.158, 1158 y 1159, otorgadas en la Notar\u00eda Unica de Mariquita el 13 de septiembre de 1993 y las dos \u00faltimas el 9 de septiembre de 1997, respectivamente, no le permiten al actor acogerse al fen\u00f3meno de la suma de posesiones, previsto en el art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil, por las siguientes razones: \u201c1\u00ba La transmisi\u00f3n de la propiedad o de la posesi\u00f3n del inmueble no fue inscrita en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y, 2\u00ba A pesar de haber sido corregida la escritura p\u00fablica 158, del 13 de septiembre de 1993, por medio del instrumento p\u00fablico No.1158, del 9 de septiembre de 1997, sigue la incertidumbre en relaci\u00f3n con el tiempo que lleva o que llevaba el se\u00f1or ANIBAL CHAVEZ , en posesi\u00f3n del inmueble y, si el terreno ajeno es de car\u00e1cter ejidal\u201d. <\/p>\n
Con sustento en esos argumentos revoc\u00f3 la decisi\u00f3n apelada y, en su lugar, neg\u00f3 al demandante sus pedimentos. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se formularon dos cargos contra la sentencia impugnada, los cuales ser\u00e1n despachados conjuntamente, habida cuenta que en ellos el recurrente cuestiona diversos argumentos de aquella que debi\u00f3 integrar en una sola acusaci\u00f3n (Decreto 2651 de 1991). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia impugnada de violar indirectamente los art\u00edculos 778, 673, 2512, 2513, 2518, 2521, 2531, 2532, 2533 y 2534 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a causa de haber incurrido el fallador en error de derecho al exigir una prueba especial que la ley no requiere. <\/p>\n
El censor en el desarrollo del cargo expone que el Tribunal consider\u00f3 que el actor no pod\u00eda beneficiarse de la agregaci\u00f3n de posesiones porque \u201cla transmisi\u00f3n de la propiedad o de la posesi\u00f3n del inmueble no fue inscrita en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos\u201d, aserto que estructura el yerro denunciado, ya que la posesi\u00f3n no est\u00e1 sujeta a registro y, por ende, se impuso al actor un requisito probatorio que la ley no contempla con total desconocimiento de las prescripciones de los art\u00edculos 256 del estatuto procesal civil y 2\u00ba del Decreto 1250 de 1970. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n de la aludida imputaci\u00f3n, primeramente defini\u00f3 los fen\u00f3menos de la posesi\u00f3n y la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, luego puntualiz\u00f3 que el art\u00edculo 2\u00ba del aludido decreto, cuyo texto trajo a colaci\u00f3n, no contempla \u201cla posibilidad de registrar la constituci\u00f3n, declaraci\u00f3n, aclaraci\u00f3n, adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, traslaci\u00f3n o extinci\u00f3n, o medida cautelar de la posesi\u00f3n sobre un bien inmueble, precisamente por no ser la posesi\u00f3n un derecho real.\u201d <\/p>\n
Para justificar esa inferencia reprodujo un fragmento de un concepto emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro, (Revista Infolios No.21 p\u00e1gina 37), como tambi\u00e9n un aparte de la sentencia proferida por la Corte el 9 de junio de 1999 en el expediente No.5265, al cabo de lo cual puso de relieve que la posesi\u00f3n no est\u00e1 sujeta a registro por no estar incluida dentro de lo normado en el art\u00edculo 2\u00ba del decreto en cita, am\u00e9n que de acuerdo con la redacci\u00f3n del mencionado art\u00edculo 256 la exigencia all\u00ed contenida presupone que la ley exija la inscripci\u00f3n del documento en un registro p\u00fablico. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que el juzgador al exigir el registro de la escritura p\u00fablica No.1159 otorgada el 9 de septiembre de 1997, mediante la cual An\u00edbal Ch\u00e1vez Osorio transmiti\u00f3 a t\u00edtulo de venta a Jorge Eliecer Gonz\u00e1lez Ospina la posesi\u00f3n material que ejerc\u00eda desde hace m\u00e1s de 24 a\u00f1os del predio objeto de usucapi\u00f3n, desconoci\u00f3 la existencia del t\u00edtulo justificativo de la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n que acredita la suma de posesiones invocada, lo cual lo condujo a negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acusa al Tribunal de violar indirectamente los art\u00edculos 778, 673, 2512, 2513, 2518, 2521, 2527, 2531, 2532, 2533 y 2534 del C\u00f3digo Civil, a causa de haber incurrido en error de hecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, yerro que lo condujo a considerar que el actor no pod\u00eda invocar la suma de posesiones porque \u201ca pesar de haber sido corregida la escritura p\u00fablica 158, del 13 de septiembre de 1993, por medio del instrumento p\u00fablico No.1158 del 9 de septiembre de 1997, sigue la incertidumbre en relaci\u00f3n con el tiempo que lleva o que llevaba el se\u00f1or An\u00edbal Ch\u00e1vez, en posesi\u00f3n del inmueble y, si el terreno ajeno es de car\u00e1cter ejidal\u201d. <\/p>\n
El recurrente en el desarrollo del cargo se ocup\u00f3 primero de desvirtuar la inferencia relacionada con el tiempo de posesi\u00f3n de An\u00edbal Ch\u00e1vez Osorio, para ello expuso, en s\u00edntesis, que si bien es cierto que \u00e9ste al otorgar la escritura p\u00fablica No.158 del 13 de septiembre de 1993, en la que protocoliz\u00f3 unas mejoras en terreno ajeno, expres\u00f3 equivocadamente que ejerc\u00eda la posesi\u00f3n del predio en el que aquellas fueron edificadas desde hac\u00eda 12 a\u00f1os, tambi\u00e9n lo es que las declaraciones all\u00ed contenidas fueron recaudadas el 7 y el 26 de julio de 1983 y para esa \u00e9poca los deponentes aseguraron que aqu\u00e9l llevaba 12 a\u00f1os de posesi\u00f3n sobre el inmueble en el que se construyeron esas mejoras, esto es, el que es objeto de la usucapi\u00f3n reclamada; adem\u00e1s, tal imprecisi\u00f3n fue aclarada en la escritura p\u00fablica No.1158 del 9 de septiembre de 1997, en la que se explic\u00f3 que para la fecha en que se suscribi\u00f3 la anterior escritura hab\u00edan transcurrido 10 a\u00f1os m\u00e1s de la posesi\u00f3n de que daban cuenta los testimonios recaudados en 1983. <\/p>\n
Adujo que el juzgador no s\u00f3lo dej\u00f3 de apreciar el contenido material de los aludidos documentos sino que tambi\u00e9n omiti\u00f3 analizar los testimonios de Jos\u00e9 Jes\u00fas Marulanda, An\u00edbal Ch\u00e1vez Osorio y Nelson Mat\u00edz Ulloa, los cuales resumi\u00f3, para poner de presente que si aqu\u00e9l hubiera estudiado esas pruebas habr\u00eda despejado la incertidumbre que dijo tener sobre el tiempo de posesi\u00f3n, ya que ellas demuestran que Ch\u00e1vez Osorio la ejerci\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
Y en cuanto a la consideraci\u00f3n del juzgador respecto a la naturaleza jur\u00eddica del inmueble pretendido aleg\u00f3 que el juzgador supuso la prueba de ella, por cuanto dio por establecida \u201cla posibilidad de que el bien fuera ejidal, sin estar acreditada tal calidad\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cen verdad no hay ninguna prueba que indique esa calidad y por ello el Tribunal debi\u00f3 haber considerado que el inmueble estaba en el comercio y que por ello era susceptible de ganarse por prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que la propiedad ejidal est\u00e1 sujeta a registro y, por tanto, se acredita con el respectivo certificado de libertad; por consiguiente, s\u00ed la alcald\u00eda, fuera titular del mentado derecho, habr\u00eda comparecido al proceso aportando el documento que demostrara la calidad de ejidal del bien, dado que fueron emplazados los terceros que se creyeran con derechos sobre \u00e9l. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que los yerros denunciados son manifiestos, por cuanto no se requer\u00eda un esfuerzo intelectual may\u00fasculo para deducir de la prueba preterida que el demandante \u201cten\u00eda el tiempo de posesi\u00f3n exigido para adquirir el dominio de las cosas por prescripci\u00f3n extraordinaria, agregando, a la suya, la posesi\u00f3n de su antecesor\u201d, como tampoco para despejar la duda de la calidad del bien a usucapir; as\u00ed mismo, los comentados errores son trascendentes, pues si no se hubiera incurrido en ellos se habr\u00edan acogido las pretensiones del accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, resulta palmario que los mentados argumentos constituyen la apoyatura que sostiene la sentencia impugnada, de modo que cada uno de ellos tiene, por s\u00ed solo, la virtualidad de mantener en pie dicha decisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, era ineludible para el impugnante, con miras a obtener su quiebre, que las atacase victoriosamente, cuesti\u00f3n que como se expondr\u00e1 no puede predicarse de la acusaci\u00f3n enfilada a refutar la reflexi\u00f3n atinente a la condici\u00f3n jur\u00eddica del inmueble materia de las pretensiones, dado que el recurrente no despeja la vacilaci\u00f3n que sobre tal aspecto adujo el juzgador. <\/p>\n
Ciertamente, el censor intenta combatir la conclusi\u00f3n del Tribunal conforme a la cual exist\u00eda incertidumbre sobre el car\u00e1cter de ejidal del bien objeto de la pertenencia, pero se abstuvo de demostrar porqu\u00e9 esa afirmaci\u00f3n no correspond\u00eda a la verdad probatoria que refleja el proceso. <\/p>\n
En efecto, le incumb\u00eda al recurrente poner de presente que el fallador incurri\u00f3 en un estruendoso error de apreciaci\u00f3n probatoria al sostener que hab\u00eda duda sobre la naturaleza jur\u00eddica del predio a usucapir, cuando de las pruebas -que debi\u00f3 singularizar- afloraba expl\u00edcitamente lo contrario, acusaci\u00f3n que debi\u00f3 estar seguida por la correspondiente demostraci\u00f3n; por supuesto que la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n impone, como se extrae del art\u00edculo 374 del estatuto procesal civil, la demostraci\u00f3n del error de facto alegado, \u201cactividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido de que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confrontarla en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u201d (sentencia 14 de mayo de 2001. Expediente No.6752). <\/p>\n
En el asunto de esta especie era particularmente inaplazable la referida confrontaci\u00f3n, porque no es injustificada la incertidumbre albergada por el juzgador ad quem con relaci\u00f3n a la condici\u00f3n de ejidal del inmueble cuyo dominio el actor busca ganar por prescripci\u00f3n extraordinaria. Y es que aunque el sentenciador no lo dijo expl\u00edcitamente, es palmario que la duda que razonablemente anid\u00f3 sobre el punto en discusi\u00f3n, surgi\u00f3 de la manifestaci\u00f3n efectuada por An\u00cdbal Ch\u00e1vez Osorio, de quien el actor recibi\u00f3 la posesi\u00f3n, en la cl\u00e1usula primera de la escritura p\u00fablica No.158 que suscribi\u00f3 en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Mariquita, el 13 de septiembre de 1993, en la que se lee que \u00e9ste \u201cdesde hace doce (12) a\u00f1os, viene ejerciendo la posesi\u00f3n quieta, p\u00fablica y pac\u00edfica, sobre un lote de terreno que corresponde a la reserva ejidal del Municipio de Mariquita, el cual se encuentra ubicado en la carrera 1\u00aa A entre calles 7\u00aa y 8\u00aa. Lote de terreno que tiene de frente siete metros (7.00 Mts.), por 27.50 Metros, de fondo, el se determina por los siguientes linderos: Por el Oriente, con la carrera 1\u00aa de la ciudad, Occidente, con Jairo Mat\u00edz, Norte, con Eladio N. N. y Sur, con Jos\u00e9 Aquim\u00edn Chavez. Con un \u00e1rea superficiaria aproximada de 192.5 metros cuadarados\u201d (destaca la Corte). <\/p>\n
La perplejidad que semejante manifestaci\u00f3n provoca no puede despejarse con el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria No.362 000 8345, adosado a la demanda en cumplimiento de la exigencia contenida en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 407 Ib\u00eddem, por cuanto no es posible establecer con exactitud que el inmueble al que \u00e9ste hace referencia es el mismo cuyo dominio pretende adquirir el demandante por prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
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2.1 En efecto, tanto el poder como la demanda incoativa del proceso aluden a un inmueble ubicado en el municipio de Mariquita (Tolima), \u201cen la carrera primera A (1 A) entre calles s\u00e9ptima y octava (7 y 8), n\u00famero 7-48 a 7-52 (nomenclatura actual del inmueble) con una extensi\u00f3n de siete metros (7) de frente por veintisiete metros con cincuenta cent\u00edmetros de fondo (27.50) y comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el ORIENTE, con la carrera primera A (1 A); por el OCCIDENTE, con predios de propiedad de Jairo Matiz; por el NORTE, con propiedad de Eladio NN y, por el SUR, con predios de Joaqu\u00edn Ch\u00e1vez\u201d. <\/p>\n
2.2 En el acta de la inspecci\u00f3n judicial practicada en el proceso (Fs. 53 a 56 C-1) consta que dicha diligencia se llev\u00f3 a cabo en la carrera 1\u00aa No.7-48 de Mariquita, cuyo reconocimiento, efectuado con ayuda de los peritos, corresponde a la siguiente descripci\u00f3n: \u201cse trata de una casa-lote alinderada de la siguiente manera: Por el Oriente, con la carrera 1\u00aa A; por el Occidente, con propiedad de ELADIO LOPEZ; los dos linderos anteriores en extensi\u00f3n de 7 mts., por el Norte, con propiedad de OSCAR LUBIN RAMIREZ (antes JAIRO MATIZ), en extensi\u00f3n de 27.50 mts.; y por el Sur, con JOSE ESPEJO ( antes JOAQUIN CH\u00c1VEZ), en extensi\u00f3n de 27.50 mts.- El unmueble (sic.) tiene un \u00e1rea superficiaria de 192.50 M2.- Consta de una casa de habitaci\u00f3n construida en bloque de cemento pa\u00f1etada, con tres puertas met\u00e1licas, un port\u00f3n y una reja del mismo material, con pisos de cemento esmaltado, la casa consta de un garage (sic.), una sala, tres alcobas, una cocina con mes\u00f3n de cemento, un ba\u00f1o con su respectiva ducha, sanitario y lavamanos, una alberca y un lavadero en cemento pa\u00f1etado, tiene techos en eternit y teja de zinc sostenidos con vigas de madera; un solar en el cual se observa \u00e1rboles frutales como un aguacate, un lim\u00f3n mandarino, un guan\u00e1bano, un aj\u00ed un papayo, los cuales se encuentran en producci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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2.3 En el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, visible a folio 2 del cuaderno principal, se indica que corresponde al n\u00famero 362 000 8345 que identifica el predio urbano, cuya direcci\u00f3n es \u201cLote n\u00famero 7 \u2013 carrera 1\u00aa\u201d, seguidamente aparece una letra que no es factible distinguir por estar repisada por el n\u00famero 7; en la casilla de la c\u00e9dula catastral no est\u00e1 consignado dicho dato y respecto a los linderos y cabida se\u00f1ala lo siguiente: \u201cun lote de terreno desprendido de uno de mayor extensi\u00f3n. Ver linderos en la escritura n\u00famero 594 del 20 de agosto de 970 de la Notar\u00eda \u00danica de Honda\u201d. As\u00ed mismo, refiere haber sido abierto el 2 de octubre de 1985 con base en la matr\u00edcula \u201ctomo 17 Mariquita Fol. 46 # 304\u201d, y contener la inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No.404 de 22 de mayo de 1967, mediante la cual Hernando Avila Vanegas enajen\u00f3 el inmueble a Felsomina Reyes de Ulloa, y de la escritura p\u00fablica No.594 de 20 de agosto de 1970, a trav\u00e9s de la cual esta \u00faltima transfiri\u00f3 dicho bien a Mar\u00eda Isabel Gallo de Mart\u00ednez, quien figura como \u00faltima propietaria. <\/p>\n
Tal como se evidencia en las piezas procesales antes relacionadas, la falta de especificaci\u00f3n en el certificado de libertad de la nomenclatura exacta del bien a que \u00e9ste se refiere, de su c\u00e9dula catastral, de sus linderos y cabida impiden establecer con certitud que se trata del mismo inmueble que el demandante pretende adquirir por usucapi\u00f3n y que describi\u00f3 en su demanda, por cuanto no es factible confrontar dichos datos para determinar su identidad, am\u00e9n que en el expediente no obra la escritura p\u00fablica No.594 otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Honda el 20 de agosto de 1970, la cual, seg\u00fan el mentado folio de matr\u00edcula inmobiliaria, contiene los linderos del predio al que este corresponde. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la inspecci\u00f3n judicial se identific\u00f3 el inmueble materia de la pertenencia, por las especificaciones relacionadas en la demanda, pero ninguna actividad se despleg\u00f3 tendiente a verificar que este fuera el mismo de que trata el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.362 000 8345; am\u00e9n que tampoco a los peritos se les orden\u00f3 dictaminar sobre tal situaci\u00f3n, de ah\u00ed que \u00e9stos se limitaron a describir el predio inspeccionado y las mejoras en \u00e9l existentes. <\/p>\n
Si las cosas son de ese modo, es claro que no es posible sostener, sin equ\u00edvocos, que el predio cuyo dominio pretende adquirir el demandante por prescripci\u00f3n extraordinaria sea el mismo al que corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.362 000 8345, en el que figura como propietaria la demandada, con miras a deducir con certeza, por consiguiente, su real condici\u00f3n jur\u00eddica, y establecer por ende, que no se trata de un bien ejido. <\/p>\n
O, para decirlo en otros t\u00e9rminos: si bien, en principio, la duda que origina la manifestaci\u00f3n asentada por Ch\u00e1vez Osorio en la escritura p\u00fablica 158 del 13 de septiembre de 1993, en torno a la verdadera condici\u00f3n jur\u00eddica del inmueble pretendido por el actor podr\u00eda despejarse al consultar el folio de matr\u00edcula pertinente, en el asunto de esta especie, por las razones que acaban de exponerse, tal incertidumbre no logra desvanecerse. <\/p>\n
3. De otro lado, no sobra recordar que esta Corporaci\u00f3n en sentencia del 31 de julio de 2002 (expediente No.5812) puntualiz\u00f3 que \u201cen cumplimiento, entonces, de su deber de examinar que el bien materia de la pretensi\u00f3n sea prescriptible, el Juez no puede dejar de lado, cuando la declaraci\u00f3n de pertenencia apunta sobre un predio urbano, el contenido del art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 200 de 1936, con arreglo al cual \u2018acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensi\u00f3n territorial urbana, los t\u00edtulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley, en que consten tradiciones de dominio, por un lapso no menor del t\u00e9rmino que se\u00f1alen las leyes para la prescripci\u00f3n extraordinaria…\u2019; de donde se desprende que dicho requisito de procedibilidad de la declaraci\u00f3n judicial solicitada, debe emerger de la actividad probatoria desplegada por el demandante, mayormente cuando, como aqu\u00ed sucede, est\u00e1 de por medio la oposici\u00f3n ejercida por una entidad de derecho sobre la base de ser ejido municipal el bien materia de la pretensi\u00f3n, oposici\u00f3n que en este caso particular encuentra respaldo en la presunci\u00f3n de dominio que consagra el art. 675 del C.C. <\/p>\n
\u201c… Antes de la vigencia del Decreto 1400 de 1970, como para entonces era posible que la usucapi\u00f3n recayera sobre bienes fiscales de las entidades de derecho p\u00fablico, no era preciso que se exigiera por el juez ante quien se elevara una declaraci\u00f3n de pertenencia (cuando mediara inclusive una oposici\u00f3n Estatal), la prueba de que el bien pretendido hab\u00eda salido del patrimonio oficial, sino tan s\u00f3lo del hecho de su posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el tiempo requerido en la Ley por parte del usucapiente extraordinario, pues la imprescriptibilidad se examinaba \u00fanicamente a la luz de que el bien estuviera en el comercio, particularmente bajo el reparo fundamental de no ser \u00e9l de uso p\u00fablico. Empero, cuando hoy, seg\u00fan lo ha reconocido la Corte a vuelta de examinar el art\u00edculo 407-4 del C. de P.C., ni siquiera dichos bienes fiscales son susceptibles del modo de la prescripci\u00f3n, s\u00ed es absolutamente imperioso fijar, adicionalmente, cumplida atenci\u00f3n en el art\u00edculo 675 del C. C. (cuando medie una oposici\u00f3n oficial como la que aqu\u00ed se da) para reflexionar en torno a la presunci\u00f3n legal all\u00ed consagrada en favor del Estado, por cuanto mirada la situaci\u00f3n desde esa perspectiva ello ratifica, con m\u00e1s veras, que trat\u00e1ndose de predios urbanos, es al particular interesado en la acci\u00f3n petitoria de dominio a quien corresponde acreditar la prescriptibilidad del bien y desvirtuar, cuando sea del caso, aquella presunci\u00f3n, acreditando, como ya se dijo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 200 de 1936, que el bien correspondiente qued\u00f3 sustra\u00eddo de la propiedad oficial y es, en consecuencia, de dominio particular, y por ende susceptible de ganarse por usucapi\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la empresa que ten\u00eda frente a s\u00ed el censor no era de poca envergadura, pues le incumb\u00eda demostrar fehacientemente, es decir, m\u00e1s all\u00e1 de cualquier duda, que el bien pretendido no era ejido, tarea que, como viene de decirse, no cumpli\u00f3 cabalmente. <\/p>\n
4. No obstante la improsperidad de la acusaci\u00f3n, resulta imperioso rectificar la desatinada conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal al considerar que para efecto de la suma de posesiones invocada por el demandante se requer\u00eda el registro en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de la escritura p\u00fablica No.1159 del 9 de septiembre de 1997, a trav\u00e9s de la cual aqu\u00e9l compr\u00f3 a An\u00edbal Ch\u00e1vez Osorio los derechos de posesi\u00f3n del inmueble en litigio, cuesti\u00f3n sobre la cual esta Sala ya se pronunci\u00f3 dejando por sentado que para que opere ese fen\u00f3meno resulta indiferente que los t\u00edtulos escriturarios en que se transfieran los derechos de posesi\u00f3n se hubieren registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
La referida posici\u00f3n fue esgrimida en la sentencia de 9 de junio de 1999, proferida en el expediente No.5265, en la que sostuvo: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c \u2018… 1.1.3.- En virtud del precepto contenido en el art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil, como regla general la posesi\u00f3n del sucesor, ya lo sea a t\u00edtulo universal o singular, \u2018principia en \u00e9l\u2019; y, a continuaci\u00f3n autoriza al poseedor para a\u00f1adir a la suya la posesi\u00f3n de sus antecesores, caso \u00e9ste en el cual \u2018se la apropia con sus calidades y vicios\u2019. <\/p>\n
\u201cPrecisamente para fijar su alcance, tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que \u2018con la entrega material o simb\u00f3lica de la cosa el adquirente obtiene del poseedor anterior el poder de hecho sobre ella, en la cual no se diferencia de la ocupaci\u00f3n como adquisici\u00f3n originaria. La diferencia entre esta \u00faltima y la sucesi\u00f3n en la posesi\u00f3n consiste en que el traspaso de \u00e9sta, cuando es a t\u00edtulo singular, supone la existencia de dos voluntades dirigidas a un mismo fin; pero no en el sentido en que se toma la voluntad para la validez de los actos jur\u00eddicos porque el traspaso de la posesi\u00f3n es sencillamente un acto real que se refiere al hecho de ello, distinto, por lo tanto, de la tradici\u00f3n, la cual se refiere a la transferencia del derecho de propiedad y requiere para su validez un t\u00edtulo traslaticio de dominio\u2019 (Sent. 25 de noviembre de 1938, G.J. T. XLVII, p\u00e1g. 417). <\/p>\n
\u201cPor ello precisa la Corte que para efecto de la suma de posesiones fundada en la transferencia de derechos posesorios efectuada por actos entre vivos, hay que tener en cuenta los derechos que \u00e9stos les confieren conforme a la ley, como es principalmente el derecho del sucesor a iniciar una nueva posesi\u00f3n con el derecho adicional a a\u00f1adir las posesiones y derechos de \u00e9sta que sus antecesores le hubieren transferido a t\u00edtulo universal o singular (Art. 778, C.C.), con independencia de su registro. Pues para que este efecto opere resulta indiferente que tales t\u00edtulos escriturarios se hubiesen registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, y mucho menos que se hubiese anotado en la primera o sexta columna correspondiente a los modos adquisitivos del dominio o a los hechos constitutivos de falsa tradici\u00f3n del dominio, porque no trat\u00e1ndose en este caso de transferencia de dominio en virtud de dichos t\u00edtulos, resulta aqu\u00ed intrascendente que se haga en una u otra columna. Por el contrario, se trata ac\u00e1 de una mera transferencia de los derechos de la posesi\u00f3n, que son los que en sentido estricto se transmiten mas no la posesi\u00f3n misma que, por ser un hecho, solamente se principia y contin\u00faa con el derecho a la suma de las anteriores. Y como se sabe, la posesi\u00f3n es un hecho no sujeto a registro y, por lo tanto, tampoco lo son los derechos que de ella generalmente se derivan; en tanto que la tradici\u00f3n es uno de los modos de adquirir el dominio, que requiere, si se trata de inmuebles, de inscripci\u00f3n registral. …\u2019 \u201d <\/p>\n
Con sustento en las razones aqu\u00ed expuestas, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de noviembre de 1999, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido contra MARIA ISABEL GALLO DE MARTINEZ y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
No hay lugar a condenar en costas por causa de la correcci\u00f3n doctrinaria aqu\u00ed expuesta. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-260-2005 [0245-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil cinco (2005). Ref.: Expediente No.0245 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}