SC-263-2005 [2528631890011996-1289-03]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
25286-31-89-001-1996-1289-03. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 4 de octubre de 2000, proferida por la Sala Civil-Familia-Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por Multifinanciera S. A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial, quien le cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a Juan Pablo Mallarino Matiz, frente a Alfredo Matallana G\u00f3mez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 la demandante declarar que el predio rural distinguido como el lote de terreno n\u00famero DOS FA (2FA), ubicado en la vereda Mart\u00edn y Espino del municipio de Tenjo, Cundinamarca, cuyos linderos y dem\u00e1s caracter\u00edsticas constan en la demanda, era de su exclusiva propiedad; condenar, como consecuencia de lo anterior, al demandado a restitu\u00edrselo y a pagarle los frutos naturales y civiles producidos y los que hubiera podido percibir con mediana diligencia y cuidado desde cuando entr\u00f3 en posesi\u00f3n hasta la entrega respectiva; y declarar que ella no est\u00e1 obligada a indemnizar las expensas necesarias a que se refiere el art\u00edculo 965 del C\u00f3digo Civil por ser el demandado poseedor de mala fe. <\/p>\n
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2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) La actora adquiri\u00f3 el inmueble objeto de las pretensiones por la daci\u00f3n en pago que a su favor hizo Fernando Matallana G\u00f3mez, para cancelar de ese modo las obligaciones a cargo de \u00e9ste contenidas en los pagar\u00e9s n\u00fameros 01439 y 01235, como as\u00ed se hizo constar a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 6097 de 7 de diciembre de 1995 de la notar\u00eda 42 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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b) El 10 de febrero de 1996, en las horas de la ma\u00f1ana, cuando Andr\u00e9s Pizano Guti\u00e9rrez, su representante legal, en ejercicio del derecho de propiedad de que era titular, pretendi\u00f3 ingresar al predio, Alfredo Matallana G\u00f3mez se lo impidi\u00f3, alegando ser el poseedor. <\/p>\n
c) Al d\u00eda siguiente \u00e9ste, ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Tenjo formul\u00f3 querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el aludido bien, argumentando la comunidad que existi\u00f3 en relaci\u00f3n con el predio denominado lote n\u00famero 2 \u00abmagom\u00bb; la divisi\u00f3n material del mismo por los comuneros, correspondi\u00e9ndole a Fernando Matallana G\u00f3mez la porci\u00f3n identificada como 2F; el negocio de permuta que el 14 de mayo de 1990 celebr\u00f3 con \u00e9ste, en el que, a cambio de la propiedad y posesi\u00f3n del terreno ac\u00e1 pretendido, que le fue entregado materialmente en esa misma fecha, transfiri\u00f3 a aqu\u00e9l el cincuenta por ciento de las cuotas que pose\u00eda en la sociedad A y F Casa de Lubricantes Bogot\u00e1 Limitada, recogido en el acta n\u00famero 9 de la junta de socios, autenticada por los contratantes, sin que Fernando Matallana hiciera luego la respectiva escritura p\u00fablica de transferencia del terreno. <\/p>\n
d) El tr\u00e1mite conciliatorio, adelantado ante la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, fracas\u00f3, pues no se lleg\u00f3 a ning\u00fan arreglo. <\/p>\n
f) El demandado es poseedor de mala fe y no est\u00e1 en posibilidad de ganar por prescripci\u00f3n el dominio del terreno, el cual tiene un aval\u00fao comercial de $80\u00b4000.000 y todav\u00eda es de propiedad de la actora, por cuanto a\u00fan no lo ha enajenado. <\/p>\n
Al mismo tiempo le denunci\u00f3 el pleito a Fernando Matallana G\u00f3mez, quien la contest\u00f3 en los t\u00e9rminos del escrito visible a folios 74 a 77 del cuaderno 2. <\/p>\n
3. Notificado el demandado, contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; frente a los hechos, dijo no constarle algunos, admitiendo el relativo a la querella; precis\u00f3, adicionalmente, ser propietario y poseedor regular y de buena fe de la cosa pretendida, primero, desde 1983 en com\u00fan con sus hermanos Fernando y Enrique Matallana G\u00f3mez, de conformidad con la escritura 2570 de 31 de diciembre de 1983 de la notar\u00eda 24 de Bogot\u00e1, y despu\u00e9s, a partir de 1990, a ra\u00edz del negocio celebrado el 14 de mayo de ese a\u00f1o con Fernando Matallana G\u00f3mez, por medio del cual le cedi\u00f3 a \u00e9ste los derechos que ten\u00eda en la sociedad A. F. Casa de Lubricantes Bogot\u00e1 Limitada, conforme con el acta 9 de la Junta de socios de dicha sociedad, y a cambio \u00e9l recibi\u00f3 del \u00faltimo los derechos de dominio y posesi\u00f3n sobre aquella heredad; justamente por ello, cuando se present\u00f3 el representante legal de la actora a invadir el predio, \u00e9l adujo no solamente la calidad de propietario sino de poseedor; agreg\u00f3 que la posesi\u00f3n la ejerc\u00eda desde antes del t\u00edtulo aducido por la actora, a quien el terreno nunca le fue entregado materialmente por quien se lo vendi\u00f3; en fin, que \u00e9sta sab\u00eda de aquella permuta desde antes de la celebraci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago y que, sin deshacer el contrato del que \u00e9l derivaba la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda, no hab\u00eda lugar a la reivindicaci\u00f3n, pues ella s\u00f3lo operaba en relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n extracontractual. <\/p>\n
4. Por sentencia de 14 de junio de 2000 el Juzgado Civil del Circuito de Funza culmin\u00f3 la primera instancia, en la que acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y declar\u00f3 la improcedencia de la denuncia del pleito formulada por la demandante a Fernando Matallana. <\/p>\n
5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo de 4 de octubre de 2000, revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones demandadas. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de dar por establecidos los presupuestos procesales, decir cu\u00e1l era la acci\u00f3n intentada, detallar las caracter\u00edsticas del dominio como instituto jur\u00eddico y aludir al fundamento aducido en el recurso de apelaci\u00f3n, consistente en que la posesi\u00f3n del demandado, proveniente del contrato de permuta celebrado con su hermano Fernando Matallana G\u00f3mez, era anterior a los t\u00edtulos de la actora, asever\u00f3 el tribunal c\u00f3mo el 14 de mayo de 1990 entre el \u00faltimo de los nombrados y el opositor se celebr\u00f3 el convenio a trav\u00e9s del cual, aqu\u00e9l, como pago del 50% de las cuotas que recibi\u00f3 de la sociedad A y F Casa de Lubricantes Bogot\u00e1 Limitada, le entreg\u00f3 a \u00e9ste real y materialmente el dominio y la posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre el predio aqu\u00ed pretendido, seg\u00fan lo indicaba el documento visible a folio 69 del cuaderno 1, el cual, por lo dem\u00e1s, figuraba \u00absuscrito y autenticado por sus autores y no fue tachado de falso\u00bb(fl.21). <\/p>\n
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No se prob\u00f3, dijo el ad-quem, que dicho contrato hubiera desaparecido de la vida jur\u00eddica como generador de obligaciones, ya porque hubiese sido resuelto por mutuo acuerdo ora porque judicialmente se hubiera declarado su resoluci\u00f3n, nulidad o simulaci\u00f3n, o simplemente que se hubiera agotado en su integridad al haberse cumplido formalmente por las partes. Ante la existencia de ese v\u00ednculo negocial, prosigui\u00f3, las partes de este proceso, en relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n estaban sujetas al mismo, depend\u00edan del resultado del contrato y no pod\u00edan acudir a una acci\u00f3n diferente que no emanara de tal acto. <\/p>\n
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2. A vuelta de anotar c\u00f3mo la contraparte recibi\u00f3 la posesi\u00f3n de aquel que para la \u00e9poca de ese acuerdo era el propietario del predio, es decir, Fernando Matallana, quien luego lo enajen\u00f3 a la actora, por lo que \u00e9sta era \u00abtambi\u00e9n causahabiente del anterior propietario\u00bb, y de citar una jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n relativa a que la pretensi\u00f3n reivindicatoria exclu\u00eda todos los casos donde la posesi\u00f3n del demandado se rigiera por un contrato celebrado entre el due\u00f1o y el actual poseedor, concluy\u00f3 el fallador que del modo indicado se perfilaban debidamente fundados los argumentos invocados por el opositor, para solicitar la revocatoria de la sentencia apelada, pues mientras subsistiera el v\u00ednculo contractual a trav\u00e9s del cual a \u00e9ste le fue entregada la posesi\u00f3n del predio, esta acci\u00f3n de dominio, intentada por el nuevo propietario, se tornaba improcedente, de donde las pretensiones demandadas no prosperaban. <\/p>\n
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3. Indic\u00f3, finalmente, que siendo improcedente la reivindicactori\u00f3na, era innecesario analizar los elementos estructurales de esa clase de acciones y si aqu\u00ed se hallaban o no estructurados. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Cuatro cargos, todos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, formula la demandante contra la sentencia, de los cuales la Corte resolver\u00e1 \u00fanicamente el cuartoprimero, por estar llamado a prosperar. <\/p>\n
CARGO CUARTPRIMERO <\/p>\n
Acusa el fallo de quebrantar, indirectamente, los art\u00edculos 1602 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; y 16, 669, 740, 745, 749, 756, 759, 762, 764, 785, 946, 947, 950, 952, 1500, 1546, 1551, 1602, 1603, 1609, 1625, 1741, 1760, 1849, 1850, 1857, 1956 y 1958 de esa misma codificaci\u00f3n, 1\u00ba, 2\u00ba, 11, 20, numeral 5\u00ba, 21, 26, 28, numeral 9\u00ba, 29, numeral 4\u00ba, 30, 34, 100, 117, 118, 158, 166, 189, 358, numeral 1\u00ba, 362, 363, 366, 367, 822, 824, 871, 897, 898, 901, 905 y 910 del C\u00f3digo de Comercio, 4\u00ba, 174, 175,176, 177, 183, 187, 203 a 210, 213, 226, 249, 251, 252, 254, 258, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24 a 44, 99 y 100 del decreto 960 de 1970 y 2\u00ba, 22 a 38, 43 y 54 del decreto 1250 de 1970, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de los errores de derecho en que incurri\u00f3 el sentenciador al valorar las pruebas. <\/p>\n
1. Expresa el recurrente que como consecuencia del examen sobre la validez y eficacia de los t\u00edtulos invocados por las partes, de la confrontaci\u00f3n de los mismos y de la valoraci\u00f3n de la posesi\u00f3n del opositor, era deber del tribunal determinar cu\u00e1l de los sujetos procesales ten\u00eda un derecho \u201cprevalente\u201d, de suerte que si hubiera cumplido tal cometido, habr\u00eda tomado la decisi\u00f3n d\u00e1ndole resoluci\u00f3n definitiva al litigio, sin desconocer los derechos positivamente amparados, producir la p\u00e9rdida de la propiedad de quien demostr\u00f3 ser su titular ni aludir a la necesidad de intentar otras acciones que condujeran a aniquilar los actos allegados, pues al confrontarlos pod\u00eda descalificar el que no encajara con los principios y valores constitucionales. <\/p>\n
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Pese a lo anterior, lo cierto es que examin\u00f3 \u00fanicamente ese contrato, neg\u00e1ndose a hacer lo propio con los t\u00edtulos allegados por la actora, al expresar que no hab\u00eda lugar a analizar los elementos que integraban esta clase de acciones ni si se hallaban o no estructurados en el litigio; ello, prosigue, produce un trato desigual contra los intereses del actor y violaci\u00f3n de las normas se\u00f1aladas en el cargo. <\/p>\n
2. Insiste la censora en que el fallador, al sustraerse de hacer la confrontaci\u00f3n, se apoy\u00f3 en la permuta y en una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u201clo cual es del todo errado\u201d, por cuanto en ninguna parte del ordenamiento jur\u00eddico se prev\u00e9 \u201cel valor preferente o exclusivo que tienen\u201d una u otrad. <\/p>\n
3. De esa manera, prosigue la impugnadora, el juez de segundo grado someti\u00f3 a las partes a un nuevo litigio en procura de obtener aquella soluci\u00f3n final; desconoci\u00f3 el derecho de dominio de Multifinanciera S. A., pues, al no tener en cuenta sus t\u00edtulos y dejar de confrontarlos con los allegados por Alfredo Matallana, no pod\u00eda decidir que la permuta impon\u00eda negar las s\u00faplicas; ignor\u00f3 el derecho de propiedad de aqu\u00e9lla, al se\u00f1alar que s\u00f3lo se pod\u00eda acudir a una acci\u00f3n que emanara del contrato \u00faltimo nombrado para aniquilarlo, ya que tal se\u00f1alamiento no justificaba la abstenci\u00f3n de la confrontaci\u00f3n, de suerte que al no hacerlo viol\u00f3 el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica e hizo inoperante el poder de persecuci\u00f3n inherente al dominio; y ante la alternativa de usar el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil o los otros preceptos citados en el cargo, debi\u00f3 escoger esta \u00faltima por ser la que mejor encajaba con los valores y principios constitucionales, por cuanto permit\u00eda determinar, en forma definitiva, cu\u00e1l de las partes ten\u00eda \u201cderecho prevalente\u201d de conformidad con la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
4. Se\u00f1ala la casacionista c\u00f3mo, no obstante que no hizo ninguna referencia acerca de que la junta de socios hubiera aprobado o no la cesi\u00f3n de los derechos sociales all\u00ed involucrados, como tampoco de la necesidad de otorgar la respectiva escritura p\u00fablica, ni al hecho de que los contratantes acordaron correr el instrumento p\u00fablico en un plazo no mayor a dos meses, el cual deb\u00eda inscribirse en los registros mercantil y de instrumentos p\u00fablicos, y menos frente a la circunstancia de que en los certificados de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad A y F Casa de Lubricantes Bogot\u00e1 Limitada no obraba anotaci\u00f3n sobre la inscripci\u00f3n del descrito acto, el juez de segundo grado consider\u00f3 que el aludido documento privado era admisible, pertinente y eficaz en v\u00eda de determinar el negocio jur\u00eddico aducido por el demandado y que la posesi\u00f3n contractual \u00e9l la recibi\u00f3 de Fernando Matallana, por lo que la actora se encontraba sometida a sus efectos por cuanto era causahabiente del citado Fernando. <\/p>\n
Para la acusadora el sentenciador dej\u00f3 de ver que el demandado, en el interrogatorio de parte absuelto, expres\u00f3 que el acta obrante en el expediente era una escritura p\u00fablica, aunque seguidamente aclar\u00f3 que tal cual se infer\u00eda de ese mismo documento, la escritura deb\u00eda otorgarse dentro de un plazo no mayor a dos meses, lo que no se hizo alen raz\u00f3n a no haber encontrado al vendedor, quien efectivamente le entreg\u00f3 la posesi\u00f3n sobre el predio pretendido, como consta en el mismo escrito. <\/p>\n
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5. Dice que el tribunal quebrant\u00f3 el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil al pregonar, con base en ese documento, que el negocio all\u00ed incorporado generaba una posesi\u00f3n contractual y vinculaba a las partes y a sus causahabientes. As\u00ed, Como consecuencia de un equivocado an\u00e1lisis del conjunto probatorio, el fallador desconoci\u00f3 el derecho de dominio del actor. <\/p>\n
Anota la impugnadoraora, finalmente, que la parte demandanteactora prob\u00f3 haberque adquirido\u00f3 el derecho de dominio del predio solicitado con arreglo a la ley, conforme a las escrituras n\u00fameros 5433 de 16 de diciembre de \u201c1999\u201d, de la notar\u00eda primera, 6097 de 7 de diciembre de 1995, de la notar\u00eda cuarenta y dos, inscritas en la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50N-20249255 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1; y que adem\u00e1s demostr\u00f3, mediante los instrumentos p\u00fablicos 2570 de 31 de diciembre de 1979, de la notar\u00eda veinticuatro, y 6068 de 13 diciembre de 1979, de la notar\u00eda tercera, inscritas en el mismo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, la cadena de t\u00edtulos en que funda su derecho,, la que abarca un tiempo superior a la posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Acusa la sentencia de quebrantar, en forma directa, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 669, 946, 947, 950, 952 y 1602 del C\u00f3digo Civil; 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 1\u00ba, 2\u00ba, 10\u00ba, 11, 20, numeral 5\u00ba, 21, 22 y 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
1. Expresa el recurrente que como consecuencia del examen sobre la validez y eficacia de los t\u00edtulos invocados por las partes, de la confrontaci\u00f3n de los mismos y de la valoraci\u00f3n de la posesi\u00f3n del opositor, era deber del tribunal determinar cu\u00e1l de los sujetos procesales ten\u00eda un derecho \u201cprevalente\u201d, de suerte que si el mismo hubiera cumplido tal cometido, habr\u00eda tomado la decisi\u00f3n d\u00e1ndole resoluci\u00f3n definitiva al litigio, sin desconocer los derechos positivamente amparados, producir la p\u00e9rdida de la propiedad de quien demostr\u00f3 ser su titular ni aludir a la necesidad de intentar otras acciones que condujeran a aniquilar los actos allegados, pues al confrontarlos pod\u00eda descalificar el que no encajara con los principios y valores constitucionales. <\/p>\n
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2. No obstante lo anterior, argumentando ausencia de prueba acerca de que la permuta hubiera desaparecido de la vida jur\u00eddica como generador de obligaciones, s\u00f3lo examin\u00f3 ese contrato, neg\u00e1ndose a hacer lo propio con los t\u00edtulos allegados por la actora, al expresar que no hab\u00eda lugar a analizar los elementos que integraban esta clase de acciones ni si se hallaban o no estructurados en el litigio; ello, prosigue, constituye un trato desigual contra los intereses del actor y violaci\u00f3n de las normas se\u00f1aladas en el cargo. <\/p>\n
3. Insiste la censora en que no obstante que el fallador debi\u00f3 confrontar los mentados t\u00edtulos, se neg\u00f3 a hacerlo apoyado en la permuta y en una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u201clo cual es del todo errado\u201d, por cuanto en ninguna parte del ordenamiento jur\u00eddico se prev\u00e9 \u201cel valor preferente o exclusivo que tienen\u201d una u otra, por lo cual era indispensable que aqu\u00e9l desarrollara la susodicha tarea analizando globalmente del acervo probatorio, pues s\u00f3lo as\u00ed podr\u00eda pronunciarse sobre cu\u00e1l de los t\u00edtulos ten\u00eda \u201cprevalencia\u201d de conformidad con la constituci\u00f3n. <\/p>\n
Remat\u00f3 se\u00f1alando c\u00f3mo con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1602 ya citado, el tribunal viol\u00f3 el 4\u00ba de la misma codificaci\u00f3n, que establece una actuaci\u00f3n preferente y directa de la norma constitucional sobre la legal que la contrar\u00ede; de manera que si no hab\u00eda conformidad debi\u00f3 abstenerse de aplicar el primero de los citados preceptos y optar por la alternativa antes mencionada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Es menester precisar, por adelantado, que auncuando la acusaci\u00f3n que se estudia fue propuesta por v\u00eda indirecta aduci\u00e9ndose la comisi\u00f3n de errores de derecho, lo cierto es que de su desarrollo se advierte un reproche eminentemente jur\u00eddico, consistente en que el tribunal, al pregonar equivocadamente la existencia de una causahabiencia entre la demandada y Fernando Matallana, derivada del contrato entrambos celebrado, dej\u00f3 de evaluar los t\u00edtulos a trav\u00e9s de los cuales la demandante prob\u00f3 ser la propietaria de la cosa pretendida, motivo por el cual el an\u00e1lisis de la Corte se dirigir\u00e1 a establecer la gestaci\u00f3n de tales yerros jur\u00eddicos. <\/p>\n
2. Como se dej\u00f3 visto, el fallador neg\u00f3 las pretensiones del libelo tras concluir que ante la existencia y vigencia del contrato a trav\u00e9s del cual el demandado recibi\u00f3 la posesi\u00f3n sobre la franja de terreno de manos de Fernando Matallana, las partes, por encontrarse sujetas a ese v\u00ednculo negocial, no pod\u00edan acudir a una acci\u00f3n que no emanara de ese convenio, y que como fue esta misma persona quien luego enajen\u00f3 a favor de la actora dicho predio, \u00e9sta tambi\u00e9n era \u201ccausahabiente\u00bb de ese propietario anterior, motivo por el cual ella carec\u00eda de la aludida acci\u00f3n, pues, al subsistir el mentado acto bilateral, la reivindicaci\u00f3n intentada resultaba improcedente, dejando as\u00ed de analizar los elementos estructurales de esta clase de acciones y si se hallaban o no reunidos en el litigio. <\/p>\n
3. El postulado consignado en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201ctodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes\u201d, implica, por un lado, el reconocimiento que hace el legislador de los efectos jur\u00eddicos que puede producir la autonom\u00eda privada, cuandoquiera que mediante un acto tal regularmente ajustado ellos exteriorizan exterioriza su voluntad depara adquirir derechos o contraer obligaciones. De esta manera, cuando \u201cen los negocios jur\u00eddicos las partes contratantes sujetan sus estipulaciones a las pautas legales, o sea, en sus declaraciones de voluntad no comprometen el conjunto de normas que ata\u00f1en al orden p\u00fablico y a las buenas costumbres, el Derecho Civil les conocede a los contratos celebrados en esas condiciones fuerza de ley, de tal manera que no pueden ser invalidados sino por el consentimiento mutuo de los contratantes o por causales legales\u201d(G. J., t. CLVIII, pag.256) o, como en otra ocasi\u00f3n lo dijo la Corporaci\u00f3n, suscrito el convenio \u201ccon el conjunto de las formalidades que le sean propias, adquiere perfecci\u00f3n y su destino es el de producir los efectos que por su medio buscaron los contratantes\u201d(G. J., t. CII, pag.122). <\/p>\n
Por el otro, es palmario que dicho precepto normativo al mismo tiempo traza una limitaci\u00f3n de car\u00e1cter subjetivo al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de tales efectos por cuanto los circunscribe con exclusividad a las partes que concurrieron a su formaci\u00f3n, al decir que el contrato ser\u00e1 \u201cley para los contratantes\u201d, descartando as\u00ed, por lo menos en principio, a quienes no lo son; esto \u00faltimo es, en suma, lo que se ha dado en llamar el efecto relativo de los contratos, para significar que ellos est\u00e1n llamados a generar y producir consecuencias de tipo jur\u00eddico apenas entre aquellos que los conformaron. <\/p>\n
Con arreglo al precepto legal que se viene comentando, es evidente que los negocios jur\u00eddicos en general no perjudican ni aprovechan a terceros, pues, conforme al principio de la relatividad de los efectos que de ellos suele predicarse -res inter alios acta aliiis neque nocere neque prodesse potest-, es respecto de quienes fueron parte que los mismos est\u00e1n llamados a producir derechos y obligaciones y a imponerles una conducta leal y diligente en su ejecuci\u00f3n, pues, como lo tiene dicho la Corte, en \u201cvirtud del principio de la relatividad de los contratos, \u00e9stos solamente tienen fuerza vinculante entre las partes, lo que significa que ella no se extiende a terceros, para quienes el contrato a cuya celebraci\u00f3n no concurrieron es ajeno, como quiera que frente a ellos ha de aplicarse la m\u00e1xima romana de que esa convenci\u00f3n constituye \u00b4res inter alios acta\u00b4, que ni les aprovecha ni les perjudica\u201d(G. J., t. CCXXXIV, pag.418). <\/p>\n
Es de precisarse, asimismo, que en ocasionesaen las consecuencias de un convenio se proyectan sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de personas que no intervinieron en el acto, cual acontece concretamente con los sucesores universales y, en algunos eventos, con los causahabientes singulares. Ostenta la calidad de sucesor o causahabiente la persona que recibe de otra, conocida como causante o autor, unos derechos u obligaciones, ya por causa de muerte ora por acto entre vivos, tal cual al un\u00edsono lo predican la doctrina y la jurisprudencia, con apoyo en la ley. <\/p>\n
En el caso particular de la causahabiencia a t\u00edtulo singular, es de verse que ella puede tener lugar como consecuencia de la cesi\u00f3n o subrogaci\u00f3n en los derechos y obligaciones de una parte en determinada relaci\u00f3n, previa la expresa aceptaci\u00f3n del otro extremo del respectivo v\u00ednculo, por cuyo conducto se produzca el desplazamiento pleno de las prerrogativas, cargas y acciones personales del sujeto subrogado. Estos sucesores, ha dicho la Corte, \u201cno tienen otra vinculaci\u00f3n jur\u00eddica con su causante o autor que la producida por el desplazamiento de uno o m\u00e1s derechos u obligaciones determinados que salen del patrimonio de \u00e9ste para ingresar en el de aquellos\u201d(G. J., t. CXXXV, pag.68). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta incuestionable entonces que de conformidad con el postulado que se analiza, al margen de las excepciones legales que puedan existir, los negocios jur\u00eddicos no producen derechos ni obligaciones para aquellas personas ajenas a su celebraci\u00f3n o que no tienen vinculaci\u00f3n alguna con las partes, esto es, los terceros en estricto sentido, lo que se explica por el hecho de que el concurso voluntario es requisito indispensable para la radicaci\u00f3n subjetiva de los mencionados efectos jur\u00eddicos., pues, como recientemente lo dijo la Corporaci\u00f3n, el \u201cprincipio de la relatividad del contrato significa entonces que a los extra\u00f1os ni afecta ni perjudica; lo que es decir, el contrato no los toca, ni para bien ni para mal\u201d, como que \u201ces natural que esa \u00b4ley\u00b4 no pueda ponerse en hombros de personas que no han manifestado su consentimiento en dicho contrato\u201d (sentencia 195 de 28 de julio de 2005, exp.#00449-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto es palmario que el juzgador no le pod\u00eda imponer a la sociedad demandante los efectos derivados del convenio que le entreg\u00f3 al demandado la posesi\u00f3n sobre el lote ahora reclamado, sencillamente porque ella all\u00ed no intervino en calidad de sujeto negocial, como que lo fueron aqu\u00e9l y el mismo Fernando Matallana, y tampoco atribuirle el calificativo de causahabiente del \u00faltimo de los nombrados ni, por consiguiente, hacerla acreedora a las consecuencias que legalmente se desprendieran de tal instituto jur\u00eddico, habida consideraci\u00f3n de que Multifinanciera S. A. no se subrog\u00f3 en los derechos y obligaciones derivados del se\u00f1alado pacto; advi\u00e9rtese, a este respecto, que el simple hecho de haber adquirido ella de esa misma persona el predio en cuesti\u00f3n no la convert\u00eda, per se, en sucesora suya, como que de un acuerdo de ese linaje apenas pod\u00edan surgir acciones y obligaciones puramente personales entre quienes all\u00ed se comprometieron. <\/p>\n
Como a favor de la sociedad demandante no se realiz\u00f3 la subrogaci\u00f3n de los respectivos efectos dimanantes, ese acto bilateral por s\u00ed solo no produjo el desplazamiento autom\u00e1tico de las acciones personales que alguno de los contratantes pudiera tener emanadas directamente de all\u00ed, por cuanto, dada su particular y espec\u00edfica naturaleza, del mismo no pod\u00edan brotar m\u00e1s que prerrogativas y cargas personales, pues, como se sabe, los contratos en general, y particularmente los de promesa de compraventa, no generan derechos reales sino tan solo obligaciones de hacer entre las partes. <\/p>\n
Es palmario, por supuesto, que si el aludido contrato estaba llamado a propiciar apenas acciones personales entre quienes concurrieron a su formaci\u00f3n, y no frente a aquellos que all\u00ed no fueron parte, su existencia lejos se hallaba de constituir un obst\u00e1culo que legalmente le impidiera al propietario del inmueble, que en ese negocio no fue parte ni causahabiente de ninguna de ellas, ejercer con \u00e9xito la acci\u00f3n reivindicatoria ac\u00e1 intentada, toda vez que, como se sabe, dicho mecanismo judicial se caracteriza por ser aut\u00f3nomo y eminentemente real, lo que indica que de ning\u00fan modo se encuentra condicionado al previo ejercicio de una personal acci\u00f3n derivada de tan mentado acto; de donde se sigue que, al aseverar que la reivindicaci\u00f3n para obtener la restituci\u00f3n del bien proced\u00eda \u00fanicamente mediante el ejercicio de una acci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se aniquilara aquel acuerdo de voluntades, el sentenciador incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n inocultable. <\/p>\n
Al pregonar, pues, que la actora era igualmente causahabiente de Fernando Matallana en relaci\u00f3n con el susodicho contrato, sin que realmente lo fuera, dado que entre los interesados no se produjo acuerdo a trav\u00e9s del cual se realizara la cesi\u00f3n o subrogaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos de ese espec\u00edfico acto bilateral, el fallador quebrant\u00f3 las normas que se refieren a la aplicaci\u00f3n del principio de la relatividad de los contratos, es decir, aquellos preceptos sustanciales que circunscriben el efecto de los negocios jur\u00eddicos a las partes y en modo alguno lo ampl\u00edan respecto de los terceros propiamente considerados. <\/p>\n
Entonces, al afirmar que la demandante carec\u00eda de acci\u00f3n reivindicatoria para obtener la restituci\u00f3n del aludido predio mientras los efectos de ese acto bilateral no desaparecieran de la vida jur\u00eddica, infringi\u00f3 los preceptos que le conceden al propietario de una heredad de la que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, el mecanismo judicial para demandar que el poseedor de ella sea condenado a restitu\u00edrsela, concretamente los art\u00edculos 946, 947 y 950 del C\u00f3digo Civil, por cuanto dej\u00f3 de aplicarlos, no obstante estar llamado a hacerlos actuar. Fluye palpable, dijo la Sala en otra ocasi\u00f3n, \u201cque la sentencia quebrant\u00f3 la ley de modo manifiesto y directo, pues, se neg\u00f3 a examinar los elementos axiol\u00f3gicos de la reivindicaci\u00f3n propuesta, argumentando con fundamento en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil que mientras no fuera aniquilada la promesa de compraventa ajustada por el heredero \u2026 y los demandados, frente a \u00e9stos no proced\u00eda reivindicar el predio \u2026 . As\u00ed se dio a esa norma un alcance del que carece, como que a ella s\u00f3lo est\u00e1n sujetos los celebrantes del contrato y no los terceros. Dicho de otro modo, el fallador quebrant\u00f3 el principio de la relatividad de los contratos sujetando la sucesi\u00f3n propietaria a los efectos desprendidos de un acto en el que no particip\u00f3, lo que muestra, a todas luces, que la disposici\u00f3n fue aplicada indebidamente por no ser ese el caso que ella regula\u201d (sentencia 140 de 5 de agosto de 2002, exp.#6093). <\/p>\n
Fue precisamente la predicada causahabiencia la que le impidi\u00f3 al juzgador entrar en la tarea de confrontar los t\u00edtulos aducidos por la actora con la mera posesi\u00f3n del demandado y establecer cu\u00e1l de las partes ten\u00eda un derecho que definitivamente prevaleciera, como con insistencia lo reclama la impugnadora. Por supuesto que la sola presencia del aludido v\u00ednculo no autorizaba al juez de segundo grado a afirmar la existencia de la susodicha sucesi\u00f3n ni a pregonar la improcedencia de la acci\u00f3n de dominio mientras perdurara dicha relaci\u00f3n contractual, puesto que se trata de un simple acuerdo de voluntades ajustado entre personas en relaci\u00f3n con las cuales la sociedad demandante no es, it\u00e9rase, causahabiente, y que, adem\u00e1s, no incorpora un negocio de transferencia de la propiedad o de otro derecho real, como as\u00ed ha de entenderse al reparar en el documento respectivo y advertir que all\u00ed las partes acordaron fue suscribir la escritura p\u00fablica por la que se produjera el traslado del dominio de los respectivos bienes en un plazo no mayor a dos meses(fl.21, cd1). <\/p>\n
Ello traduce, desde luego, desconocimiento de las prerrogativas dimanantes de la propiedad que pudiera tener la actora sobre la cosa, como certeramente lo pregona la acusadora en el cargo, pues el tribunal, al proceder de la manera indicada, dej\u00f3 de reconocer la eficacia jur\u00eddica de la persecuci\u00f3n y la prevalencia, como caracter\u00edsticas principales del derecho real de dominio, por cuanto de ese modo le impidi\u00f3 a Multifinanciera S. A. perseguir, con la preferencia que el hecho de ser propietaria le otorga, la heredad cuya restituci\u00f3n reclama. <\/p>\n
en ,en todo casoque , y entre ellas las de persecuci\u00f3n y prevalencia <\/p>\n
La equivocaci\u00f3n del tribunal resulta de mayores proporciones si se repara en que, como expresamente lo se\u00f1al\u00f3 en la sentencia combatida, por el hecho de anteponer los efectos del mentado contrato celebrado aquel 14 de mayo de 1990 entre el opositor y Fernando Matallana, dej\u00f3 de efectuar el an\u00e1lisis relativo a los elementos estructurales de la acci\u00f3n propuesta, esto es, la reivindicatoria, y, por ende, de entrar en el terreno de comprobar si los mismos concurr\u00edan en este asunto. <\/p>\n
Es de verse, entonces, c\u00f3mo el juez de segundo grado, en vez de circunscribir su an\u00e1lisis al \u00e1mbito propio de ese contrato ajustado entre quienes lo celebraron, esto es, el demandado y Fernando Matallana G\u00f3mez, inexplicablemente extendi\u00f3 sus efectos a persona ajena a este negocio, vale decir a Multinanciera S. A., para por este errado entendimiento dejar no s\u00f3lo de analizar los t\u00edtulos allegados por esta sociedad con el prop\u00f3sito de acreditar la condici\u00f3n de propietaria que dijo tener respecto de la cosa objeto de la persecuci\u00f3n sino de confrontar la posesi\u00f3n del opositor con la cadena de t\u00edtulos esgrimidos por ella y, por ende, de definir ciertamente cu\u00e1l de esas dos situaciones generaba un derecho de prevalencia en torno al bien perseguido; para expresarlo con otras palabras, el sentenciador no se ocup\u00f3 de estudiar los t\u00edtulos que la actora alleg\u00f3 para demostrar el dominio que ostentaba sobre el controvertido predio ni de cotejar \u00e9stos con los actos posesorios desplegados por el demandado, y, en cambio, con prescindencia de la propiedad alegada por aqu\u00e9lla, se limit\u00f3 exclusivamente a reconocerle valor y efecto jur\u00eddico al contrato que en su favor esgrimi\u00f3 Alfredo Matallana G\u00f3mez y, con ello, a predicar la improcedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, aspectos que son justamente de los que se duele la censura en cuanto sostiene que en la sentencia combatida aqu\u00e9l fij\u00f3 su atenci\u00f3n en el mentado acto bilateral allegado por la contraparte omitiendo hacer lo propio con los t\u00edtulos arg\u00fcidos por la promotora del proceso. <\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s recordar que el precedente jurisprudencial en que se bas\u00f3 el tribunal para desatar el litigio del modo en que lo hizo, encuentra como fundamento el hecho de que la acci\u00f3n reivindicatoria intentada en el asunto donde se produjo esa decisi\u00f3n fue propuesta directamente por la persona que antes le hab\u00eda entregado al all\u00ed demandado la posesi\u00f3n del inmueble con base en un contrato de promesa compraventa, que no es exactamente este caso, por cuanto, como ya qued\u00f3 dicho, el actor en esta causa no fue parte en el referido negocio; es decir, como lo indic\u00f3 la Corporaci\u00f3n en otra ocasi\u00f3n, que \u201cla situaci\u00f3n en este proceso es radicalmente opuesta, pues el prometiente vendedor \u2026 no es quien ejerce la acci\u00f3n reivindicatoria ni es parte en el proceso\u201d(G. J., t. CLXVI, pag.427), de suerte que, a semejanza de lo resuelto en ese mismo asunto, aqu\u00ed la parte demandante, que lo obtuvo mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 6097 de 7 de diciembre de 1995, inscrita en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos, como puede verse a folios 7 a 15 y 63 del cuaderno 1 y 18 del cuaderno 2, no qued\u00f3 ligada por las acciones ni por las obligaciones que con base en ese negocio jur\u00eddico surgieran a cargo del antiguo due\u00f1o del inmueble o a favor. <\/p>\n
5. Por tanto, prospera el cargo. <\/p>\n
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V. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
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1. Conforme al art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil la acci\u00f3n de dominio es la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de la que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla; precepto a partir del cual la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n tiene dicho que para el buen suceso de la reivindicaci\u00f3n el promotor del litigio debe probar la presencia de los respectivos presupuestos de esta acci\u00f3n, esto es, el derecho de dominio en cabeza del demandante, la posesi\u00f3n material en el demandado, la identidad de la cosa pretendida con la pose\u00edda por el opositor y que se trate de cosa singular o cuota determinada de cosa singular. <\/p>\n
Como se desprende de lo acabado de se\u00f1alar, es al demandante a quien le compete probar que ostenta la calidad de propietario del bien objeto de la pretensi\u00f3n, pues s\u00f3lo de esa manera podr\u00e1, por lo menos en principio, desvirtuar la presunci\u00f3n que protege al demandado en su condici\u00f3n de poseedor, cual lo prev\u00e9 el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil al decir, seg\u00fan su inciso segundo, que \u201cel poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u201d. En este orden de ideas, resulta entonces que, seg\u00fan lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, en una acci\u00f3n como la que se viene comentando el litigio puede desarrollarse en uno cualquiera de los dos siguientes terrenos: mediante la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos del demandante con t\u00edtulos y posesi\u00f3n del demandado o enfrentando t\u00edtulos del actor contra la mera posesi\u00f3n del opositor(G. J., ts. XLVI, pag.626; CLV, pags.417 y 418; CCXLIX, Volumen II, pag.1774, entre otras). <\/p>\n
2. En esta \u00faltima hip\u00f3tesis, que es la que viene al caso, atendidas las circunstancias particulares en que aparece planteado el litigio, si el demandado pretende seguir abrigado por la presunci\u00f3n atr\u00e1s aludida, y de ese modo impedir la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, debe demostrar que la situaci\u00f3n de hecho con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o la ha desplegado en forma ininterrumpida por un lapso de tiempo superior a aquel comprendido en los t\u00edtulos de dominio aducidos por la demandante, desde luego que, de no ser as\u00ed, una oposici\u00f3n enderezada a impedir la restituci\u00f3n de la cosa carecer\u00eda entonces de eficacia hacia ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Lo anterior se explica por el hecho de que, como lo tiene decantado la jurisprudencia, \u201cno resulta suficiente para enervar la pretensi\u00f3n que el demandado sea poseedor del bien, sino que, adem\u00e1s, debe probar en forma contundente que esa posesi\u00f3n ha sido ininterrumpida por un per\u00edodo suficiente que le asegure que el actor, con los t\u00edtulos que aduce, no pueda desvirtuar la presunci\u00f3n de dominio que ampara la situaci\u00f3n posesoria as\u00ed establecida, postulado este acerca de cuyo significado dijo esta Corporaci\u00f3n en la sentencia del 25 de mayo de 1990, \u00b4la anterioridad del t\u00edtulo del reivindicante apunta no s\u00f3lo a que la adjudicaci\u00f3n de su derecho sea anterior a la posesi\u00f3n del demandado, sino al hecho de que ese derecho est\u00e9 a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los t\u00edtulos de sus antecesores, que si datan de una \u00e9poca anterior a la del inicio de la posesi\u00f3n del demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no s\u00f3lo cuando el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesi\u00f3n del demandado, sino inclusive cuando es posterior, aqu\u00e9l puede sacar avante su pretensi\u00f3n si demuestra que el derecho que adquiri\u00f3 lo obtuvo su tradente a trav\u00e9s de un t\u00edtulo registrado, y que \u00e9ste a su turno lo hubo de un causante que adquiri\u00f3 en id\u00e9nticas condiciones; derecho que as\u00ed concebido es anterior al inicio de la posesi\u00f3n del demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir\u00b4\u201d(G. J., t. CCXIX, pags.590 y 591, entre otras). <\/p>\n
3. Por consiguiente, como el derecho de propiedad se entiende como el poder jur\u00eddico que tiene su titular sobre una cosa para usarla, gozarla y disponer de ella sin respecto a determinada persona, y como la acci\u00f3n de dominio constituye, justamente, una consecuencia inevitable del car\u00e1cter absoluto de ese derecho, el r\u00e9gimen \u201cprobatorio impone a quien ejercita tal acci\u00f3n, en primer lugar, la obligaci\u00f3n de demostrar que es el propietario del bien que pretende reivindicar, como quiera que es este uno de los supuestos de hecho del precepto legal que consagra el efecto jur\u00eddico perseguido\u201d, y, en segundo t\u00e9rmino, desvirtuar \u201cla presunci\u00f3n de dominio que conforme al art\u00edculo 762 del C. C., ampara al poseedor demandado, lo que logra presentando una titulaci\u00f3n anterior a dicha posesi\u00f3n\u201d (G. J., t. CLV, pag.416 y 417). <\/p>\n
4. En torno a la presencia del primero de aquellos presupuestos, del plenario surgen las evidencias siguientes. <\/p>\n
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Mediante escritura 6068 de 13 de diciembre de 1979, otorgada en la notar\u00eda tercera de Bogot\u00e1 (fls. 174 a 191, cd.1), Jes\u00fas Mar\u00eda Pombo Jim\u00e9nez, Rosa Pombo de Raynolds y Cecilia Pombo de Cubillos constituyeron la sociedad comercial denominada \u201cMeridor Limitada\u201d, para la cual en ese mismo acto el primero de los nombrados, a t\u00edtulo de su aporte, le transfiri\u00f3 el predio denominado \u201cfinca Meridor\u201d, con una cabida de aproximadamente 362 hect\u00e1reas, ubicada en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Posteriormente, por medio del instrumento 2570 de 31 de diciembre de 1983, de la notar\u00eda veinticuatro de la misma ciudad (fls. 207 a 219, cd.1), la citada sociedad enajen\u00f3 a favor de Enrique, Fernando y Alfredo Matallana G\u00f3mez, en com\u00fan y proindiviso, el predio denominado \u201clote n\u00famero 2\u201d, segregado de la llamada finca o hacienda \u201cMeridor\u201d, que en ese mismo acto fue distinguido con el nombre de \u201cMagon\u201d, con una cabida aproximada de 17.06 fanegadas. Al inmueble as\u00ed resultante la oficina de registro le asign\u00f3 la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 830570, donde inscribi\u00f3 el se\u00f1alado acto, como as\u00ed se infiere de los documentos visibles a folios 14 y 194 vuelto del cuaderno 1. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, a trav\u00e9s del acto p\u00fablico 1932 de 22 de julio de 1988, de la notar\u00eda doce de Bogot\u00e1 (fls. 194 a 201, cd.1), aqu\u00e9llos dividieron materialmente el predio conocido como \u201clote # 2 Mag\u00f3n\u201d, con ocasi\u00f3n de lo cual a Fernando Matallana le fue adjudicado el que all\u00ed se denomin\u00f3 \u201clote No. 2F\u201d, con \u00e1rea de 3 hect\u00e1reas 5.161,33 metros cuadrados, al que se le abri\u00f3 la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50N-1183468 (fls.14 y 15), donde se registr\u00f3 dicho instrumento. Finalmente, como consta en la escritura 6097 de 7 de diciembre de 1995, de la notar\u00eda cuarenta y dos de la ciudad (fls.7 a 13, cd.1), el mismo Fernando Matallana dividi\u00f3 materialmente el predio \u00faltimo referido en dos lotes, uno que llam\u00f3 dos F (2F) y el otro dos FA (2FA), a los cuales la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos les otorg\u00f3 los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20249254 y 50N-20249255, respectivamente, como as\u00ed se advierte de la nota final que aparece en el certificado obrante a folio 15 del cuaderno 1. En este mismo instrumento aqu\u00e9l le ofreci\u00f3 el segundo de tales predios a Multifinanciera S. A. a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago de los cr\u00e9ditos que ten\u00eda para con ella, ofrecimiento que \u00e9sta all\u00ed mismo acept\u00f3, comprometi\u00e9ndose el oferente a entregarlo a la adquirente dentro de los 30 d\u00edas calendario siguientes al otorgamiento de la citada escritura p\u00fablica. Este \u00faltimo contrato se registr\u00f3 en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 50N-1183468, que correspond\u00eda al predio de mayor extensi\u00f3n (fls. 14 y 15, cd.1), 50N-20249254, equivalente al nuevo inmueble 2F (fl.18, cd.2), y 50N-20249255, asignado, como se acab\u00f3 de decir, al lote objeto de la reivindicaci\u00f3n (fl.63, cd.1). <\/p>\n
El demandado, como qued\u00f3 expuesto, al oponerse a la acci\u00f3n reivindicatoria, arguy\u00f3 ser el propietario y poseedor del predio reclamado, aduciendo al efecto haberlo adquirido y recibido materialmente mediante el contrato celebrado el 14 de mayo de 1990 con su hermano Fernando Matallana, a trav\u00e9s del cual \u00e9ste le entreg\u00f3 en forma real y material el dominio y la posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre la totalidad del predio conocido como \u201clote No. 2F\u201d, con \u00e1rea aproximada de 3 hect\u00e1reas 5.161.33 metros cuadrados, del cual hac\u00eda parte la porci\u00f3n aqu\u00ed pretendida, a cambio de las cuotas que \u00e9l ten\u00eda en la sociedad A y F Casa de Lubricantes Bogot\u00e1 Limitada y que le cedi\u00f3 a Susana, Manuel Fernando, Luisa Beatriz Matallana Tafur, hijos del mismo Fernando, y donde pactaron que las escrituras respectivas se correr\u00edan en un plazo no mayor a dos meses(fl.68). <\/p>\n
De la confrontaci\u00f3n de aquella titulaci\u00f3n, de la cual la actora deriva su derecho de propiedad, con el argumento y la prueba que esgrimi\u00f3 el opositor en su defensa, se observa c\u00f3mo la mera posesi\u00f3n de \u00e9ste, que arranc\u00f3, se reitera, ese 14 de mayo de 1990, no es anterior al dominio invocado por aqu\u00e9lla, si se tiene en cuenta que en el proceso se acredit\u00f3 que Fernando Matallana, quien le transfiri\u00f3 a ella el dominio del bien, adquiri\u00f3 la propiedad del \u201clote No. 2F\u201d, del que se segreg\u00f3 el dos FA (2FA) objeto de la reivindicaci\u00f3n, de la adjudicaci\u00f3n que a su favor se hizo en la divisi\u00f3n material que recoge la escritura 1932 de 22 de julio de 1988 (fls. 194 a 201). <\/p>\n
Ahora, atendidas las divisiones y segregaciones relacionadas, en el proceso est\u00e1 acreditada, en debida forma, la propiedad del lote dos FA (2FA) desde finales de 1979, situaci\u00f3n que prueba, evidentemente, la prevalencia que tiene Multifinanciera S. A. para perseguir y obtener la restituci\u00f3n del predio disputado y, por lo mismo, para desvirtuar la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil respecto del demandado, por cuanto su posesi\u00f3n data apenas del citado 14 de mayo de 1990. Palmario es, entonces, que la titulaci\u00f3n por virtud de la cual aqu\u00e9lla adquiri\u00f3 y prob\u00f3 la propiedad del inmueble en nada se afecta por la existencia y vigencia del contrato que a la contraparte le hab\u00eda entregado la posesi\u00f3n, resultando as\u00ed prevalente el derecho de dominio de la actora, con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta, como desde antiguo lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, que cuando \u201cambas posesiones, la inscrita del actor y la material del demandado, proceden de la misma fuente\u201d -como ac\u00e1 ocurre, en que una y otra devienen de Fernando Matallana-, \u201cha de triunfar quien tiene a su favor la inscripci\u00f3n en que consta el traspaso del dominio que el due\u00f1o anterior hizo de su propiedad\u201d(G. J., t. LXIV, pag.717). <\/p>\n
La aseveraci\u00f3n precedente resulta m\u00e1s contundente si se advierte que la tradici\u00f3n, desde la perspectiva que ofrece el C\u00f3digo Civil, conlleva la \u201centrega de la propiedad en cumplimiento de negocio traslaticio\u201d, motivo por el cual la persona que \u201crecibe el dominio tiene derecho perfecto a poseer lo que es suyo, cualesquiera que sean las manos en que el objeto se encuentre a virtud de relaci\u00f3n posesoria\u201d, desde luego que \u201cno otra es la finalidad sustancial de la acci\u00f3n de dominio\u201d, pues, pese a \u201clas prerrogativas que por ley est\u00e1n atribuidas al sujeto del hecho econ\u00f3mico, como presunto due\u00f1o de los bienes que utiliza, su posici\u00f3n dentro del juicio reivindicatorio cede ante quien le demuestra mejor derecho como titular del dominio\u201d, por cuanto \u201clo que debe prevalecer no es el hecho, que tanto vale y significa en las primitivas formas de la cultura humana, sino el derecho, como aspiraci\u00f3n superior de la vida civilizada\u201d(G. J., t. LXXXVIII, pag.70). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Alrededor del segundo de los anunciados requisitos, ha de decirse que ninguna duda surge sobre la posesi\u00f3n del demandado, pues el mismo reconoci\u00f3, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 y por intermedio del apoderado judicial que lo represent\u00f3 al contestar la demanda y en los alegatos de instancia, ser poseedor del inmueble objeto de la demanda, manifestaciones que constituyen prueba de confesi\u00f3n. A ello se suma la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada en el mencionado inmueble, en que se constat\u00f3 su ocupaci\u00f3n por el opositor, y los testimonios recepcionados, que igualmente aluden a ese v\u00ednculo suyo con el predio. <\/p>\n
<\/p>\n
De esos elementos de certeza emerge claro que la posesi\u00f3n del demandado se inici\u00f3 el 14 de mayo de 1990, cuando le fue entregado materialmente el inmueble conforme al contrato atr\u00e1s aludido (fl. 68, cd.1), pues los actos que ejecut\u00f3 en el terreno con anterioridad a esa fecha, fueron como administrador de Fernando Matallana, a quien, hasta ese entonces, reconoci\u00f3 como propietario del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular es de verse que el opositor, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el 26 de agosto de 1998 (fls. 109 a 111, cd.1), manifest\u00f3, entre otras cosas, que dadas las diferencias que ten\u00eda con su hermano Fernando Matallana se plante\u00f3 la posibilidad de negociar la finca, y fue cuando se hizo \u00abun documento de compraventa debidamente autenticado en el que yo le entrego mis acciones y \u00e9l me entrega la posesi\u00f3n de la finca para m\u00e1s tarde hacer escrituras\u00bb, escrito que seguidamente reconoci\u00f3 como el obrante al folio 68 del citado cuaderno, siendo que previamente hab\u00eda confesado que antes de ese negocio \u00e9l era administrador de la heredad; este \u00faltimo aspecto fue corroborado por los testigos Blanca Jeaneth Forero Mart\u00ednez(fls.122 a 125), Juan Guillermo Borrero Isaza(fls.130 a 133) y Guillermo Vallejo Echeverry (fls.158 a 160), como as\u00ed se concluye de las declaraciones por ellos rendidas. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Con apoyo en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (fl.122) debe decirse, finalmente, que el predio pretendido corresponde a un bien inmueble singular, aspecto sobre el cual ninguna de las partes formul\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto es que la pretensi\u00f3n reivindicatoria est\u00e1 llamada a abrirse paso, tal cual lo resolvi\u00f3 el a-quo en el fallo apelado. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como el demandado no acredit\u00f3 haber plantado mejoras \u00fatiles con posterioridad al 14 de mayo de 1990, ni que hubiese invertido en la conservaci\u00f3n de la cosa, se confirmar\u00e1 la negativa a su reconocimiento, as\u00ed como aquella que el juzgado despach\u00f3 en torno a la denuncia del pleito que la demandante le hizo a Fernando Matallana. <\/p>\n
De otro lado, no habiendo recurrido la actora la sentencia de primera instancia debe igualmente confirmarse la estimaci\u00f3n del juzgado del conocimiento concerniente a que el demandado es poseedor de buena fe y a que, por lo mismo, s\u00f3lo est\u00e1 obligado a pagarle a aqu\u00e9lla \u00ablos frutos percibidos despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, que tas\u00f3, sin reproche de las partes, en $3\u00b4300.000. <\/p>\n
Ahora, como en la experticia acogida por el juzgado los peritos valoraron los frutos civiles producidos por el predio a raz\u00f3n de $150.000 cada mes (fls.145 a 156, cd.1), en vista de que tal valoraci\u00f3n se efectu\u00f3 hasta enero de 1999, conforme a lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil la Corte adicionar\u00e1 dicha condena, orden\u00e1ndole al demandado que le pague a la demandante, en aquella misma cuant\u00eda mensual dichos frutos por el per\u00edodo comprendido entre febrero del citado a\u00f1o y la fecha de esta sentencia. <\/p>\n
,e\u00e9que conducir\u00e1 la transferencia de lpropiedadtrav\u00e9s de los cu\u00e1les se transfiere, derivada u originariamente,, en vez de circunscribir su an\u00e1lisis al \u00e1mbito propio de ese contexto apostadoentre jueces lo celebraron, entonces, A y B, inexplicablemente extendi\u00f3 sus efectos a persona ajena a este negocio, vale decir a capital, para por este errado entendimiento dejar de analizar los t\u00edtulos allegados por esta propiedad , como se dej\u00f3rese\u00f1ado,, de suerte que, ha de repetirse,se sent\u00f3 e qued\u00f3 expuesto,se sabe,SigAhoranifica, lo expuesto que,para uar\u00faa ,,emergesurgeeste \u00faltimo aspecto aspecto este \u00faltimo que fundamentalmente demandantec\u00f3mo <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 4 de octubre de 2000, pronunciada por la Sala Civil-Familia\u2013Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso identificado en esta providencia y, actuando en sede de instancia, CONFIRMA el fallo de 14 de junio de 2000, dictado en este asunto por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, el cual adem\u00e1s ADICIONA en el sentido de que se condena al demandado a pagarle a la demandante la suma de doce millones de pesos ($12\u00b4000.000), correspondiente a los frutos civiles dejados de percibir por el per\u00edodo comprendido entre febrero de 1999 y la fecha de esta sentencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al demandado a pagar las costas de la segunda instancia. T\u00e1sense. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-263-2005 [2528631890011996-1289-03] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 25286-31-89-001-1996-1289-03. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83091\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}