SC-265-2005 [3216]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 3216 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la parte demandante interpuso contra la sentencia del 26 de octubre de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por ESSO COLOMBIANA LIMITED frente a la COMPA\u00d1\u00cdA ASEGURADORA DE FINANZAS \u201cCONFIANZA\u201d. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S <\/p>\n
1. Correspondi\u00f3 al Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 conocer de la demanda por medio de la cual la sociedad actora pidi\u00f3 que se declarara que su contraparte expidi\u00f3 la p\u00f3liza C-04-103540, el 24 de mayo de 1990, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por PROIMPETROL S.A., para la ejecuci\u00f3n del contrato F-0203 celebrado entre la demandante y esta sociedad; subsecuentemente, que se condenara a la demandada a pagar la suma de $20\u2019000.000,oo con fundamento en la se\u00f1alada garant\u00eda, junto con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima, desde el 21 de agosto de 1993, hasta que se cancele la totalidad de la obligaci\u00f3n; y, finalmente, que se condene a la demandada al pago de intereses sobre intereses, como lo autoriza el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Adujo, para sustentar dichos pedimentos, lo siguiente: <\/p>\n
Entre la actora y PROIMPETROL se acord\u00f3 un contrato de obra, el d\u00eda 31 de mayo de 1990, habi\u00e9ndose obligado esta \u00faltima a ejecutar un conjunto de trabajos en beneficio de aquella otra. El 24 de mayo de 1990, la aseguradora demandada expidi\u00f3 la p\u00f3liza de cumplimiento C-04-103540, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por la contratista, hasta por valor de $20\u2019000.000,oo. <\/p>\n
Una vez terminada la relaci\u00f3n contractual, la cual fue prorrogada en varias oportunidades, PROIMPETROL qued\u00f3 adeudando prestaciones sociales a sus trabajadores, raz\u00f3n por la cual, algunos de ellos adelantaron actuaciones judiciales contra la demandante. As\u00ed, ALBERTO ORDO\u00d1EZ, cuyo proceso curs\u00f3 en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva y concluy\u00f3 con sentencia condenatoria en virtud de la cual se embarg\u00f3 a la aqu\u00ed accionante la suma de $5\u2019925.000.oo; BLANCA LUCIA BORREGO MALAVER demand\u00f3 ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, proceso en el cual ESSO COLOMBIANA, para \u201cinterrumpir\u201d posibles indemnizaciones moratorias, consign\u00f3 a favor de la reclamante $6\u2019196.942.oo; otro tanto ocurri\u00f3 con las demandas de JORGE E. JAIMES ante el Juzgado Quinto Laboral de Bogot\u00e1, donde se consignaron $7\u2019469.160.oo y MYRIAM C. VARGAS (en cuyo favor y a \u00f3rdenes de Juzgado 15 Laboral de esta ciudad, se deposit\u00f3 la suma de $5\u2019966.867.oo). Si bien se adelantaron otros procesos laborales en los que la actora efectu\u00f3 dep\u00f3sitos judiciales adicionales, \u201cno es necesario rese\u00f1arlos como quiera que los siniestros mencionados superan ampliamente la suma asegurada\u201d. <\/p>\n
La demandante present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal ante la aseguradora el 21 de julio de 1993, demostrando la ocurrencia del siniestro y su cuant\u00eda, reclamaci\u00f3n que fue objetada mediante comunicaci\u00f3n del 20 de agosto de 1993, en la que aquella adujo que no se le hab\u00eda llamado en garant\u00eda dentro de los procesos laborales. <\/p>\n
3. Enterada la demandada de las anotadas pretensiones, se opuso a las mismas, acept\u00f3 algunos de los hechos que las apuntalan, aunque dijo desconocer la mayor\u00eda. Propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u201ccobro de lo no debido\u201d, la cual sustent\u00f3 en que en diversas conciliaciones realizadas en la Inspecci\u00f3n Primera del Trabajo en Neiva, la aseguradora pag\u00f3 a varios de los trabajadores de la contratista distintas cantidades de dinero, que alcanzaron un total de $14\u2019854.861,oo, como consta en los recibos de pago adjuntos, motivo por el cual no pod\u00eda ser condenada a cumplir una obligaci\u00f3n ya satisfecha. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras recordar, con sustento en los art\u00edculos 1045 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio, algunos lineamientos generales propios del contrato destac\u00f3 el sentenciador c\u00f3mo la actora, en su condici\u00f3n de \u2018contratante\u2019, asumi\u00f3 como garante la obligaci\u00f3n de pagar los salarios y dem\u00e1s prestaciones sociales que pudieran generarse en desarrollo del contrato que ella celebr\u00f3 con PROIMPETROL S.A., y que \u00e9sta como contratista no hubiere pagado, referente a unas obras de construcci\u00f3n para el transporte de crudo en el Departamento del Huila. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que seg\u00fan la demandante, quedaron pendientes y a cargo de la sociedad contratista, unas obligaciones salariales a favor de los trabajadores, las que fueron cubiertas por ella, \u201cunas directamente y otras a trav\u00e9s de acciones laborales\u201d, cuesti\u00f3n que puso de manifiesto a la Aseguradora, en el escrito con el que efectu\u00f3 la correspondiente reclamaci\u00f3n, el que anex\u00f3 a la demanda, en copia. <\/p>\n
Empero, anot\u00f3, si bien es cierto que, seg\u00fan el texto de la reclamaci\u00f3n, la demandante present\u00f3 a la Aseguradora las pruebas tendientes a demostrar la ocurrencia del siniestro y los pagos que efectu\u00f3 respecto de las obligaciones laborales dejadas de cumplir por la contratista, no lo es menos que dentro de este proceso la parte actora dej\u00f3 de demostrar \u201cque por haber satisfecho las referidas acreencias laborales, ten\u00eda derecho a repetir contra la aseguradora las cargas que tuvo que asumir\u201d. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 177 del C de P. C., la demandante debi\u00f3 probar, y no lo hizo, que como lo afirm\u00f3, ella se vio afectada en raz\u00f3n de los procesos laborales adelantados por ALBERTO ORDO\u00d1EZ, BLANCA LUCIA BORREGO MALAVER, JORGE E. JAIMES y MYRIAM VARGAS, demostrando la existencia de dichos procesos y tambi\u00e9n, que pag\u00f3 los salarios y prestaciones cobrados por aquellos. <\/p>\n
Sin ning\u00fan resultado positivo, el juzgado a quo libr\u00f3 los distintos oficios solicitados por la demandante en orden a establecer la existencia de esos procesos y a obtener as\u00ed las actas de las audiencias celebradas con ocasi\u00f3n de dichas demandas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el fallador de primera instancia decret\u00f3 una exhibici\u00f3n de documentos con la finalidad de que la demandada presentara los pedidos oportunamente por la actora, diligencia que en una primera oportunidad no se realiz\u00f3 por inasistencia de las partes, y que posteriormente se practic\u00f3 \u201cs\u00f3lo en parte\u201d, dado que se corrobor\u00f3 que la p\u00f3liza de seguros s\u00ed correspond\u00eda a las fotocopias allegadas al expediente, pero \u201c…no se estableci\u00f3 si la reclamaci\u00f3n efectuada por la parte actora para el cobro del siniestro reun\u00eda las exigencias de la ley y as\u00ed poder tener por ciertos los hechos fundamento de las pretensiones contenidas en la demanda\u201d. <\/p>\n
Sostuvo el Tribunal que como la diligencia de exhibici\u00f3n documental se practic\u00f3 con la presencia de la demandante, \u201cera deber del interesado insistir en la exhibici\u00f3n de todos y cada uno de los documentos que pudieran demostrar la veracidad de los hechos\u201d; que \u201cm\u00e1s a\u00fan, ha debido solicitar la aportaci\u00f3n de las copias de los documentos que pretende hacer valer para anexarlas al expediente\u201d, y que no se advert\u00eda, de tal probanza, que \u201cel juzgador haya tenido una percepci\u00f3n plena y convincente de la existencia de la reclamaci\u00f3n y los documentos que la sustentaron\u201d. <\/p>\n
Para finalizar, destac\u00f3 el sentenciador la importancia de las pruebas en los procesos a la luz de los art\u00edculos 230 y 29 de la Constituci\u00f3n, los cuales encontr\u00f3 desarrollados por los art\u00edculos 174 y 177 del C. de P. C., para concluir que de las pruebas recopiladas \u201cno puede inferirse la existencia real de los hechos que dieron lugar a la reclamaci\u00f3n que se le hace a la parte demandada, as\u00ed como tampoco se pudo precisar el fundamento f\u00e1ctico de las pretensiones de la actora\u201d. <\/p>\n
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DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
De los cuatro cargos que la demanda contiene, la Corte se ocupar\u00e1 del cuarto, por estar llamado a prosperar. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Apoyado en la causal primera de casaci\u00f3n, la censura denunci\u00f3 el quebrantamiento de los art\u00edculos 1036, 1045, 1053, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, y de los art\u00edculos 29 y 230 de la Constituci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida, a causa de los m\u00faltiples errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que condujeron al Tribunal a no dar por establecidos los \u201celementos axiol\u00f3gicos de especial importancia para la efectividad de las obligaciones derivadas del contrato de seguros\u201d. Como violaci\u00f3n medio se denunciaron los art\u00edculos 174, 177, 187, 197 y 285 del C. de P. C. <\/p>\n
As\u00ed desarroll\u00f3 el cargo: <\/p>\n
Cuando el sentenciador concluy\u00f3 que la actora no cumpli\u00f3 con la carga probatoria impuesta por el art\u00edculo 177 del C. de P. C., \u00fanico argumento del que se sirvi\u00f3 para negar las s\u00faplicas de la demanda, incurri\u00f3 en los siguientes errores de derecho: <\/p>\n
1. Omiti\u00f3 tener por confesada la existencia de la reclamaci\u00f3n formal, presentada ante la aseguradora, no obstante que en la demanda se afirm\u00f3 este hecho y en la contestaci\u00f3n se acept\u00f3 en forma expresa. El censor transcribi\u00f3, en lo pertinente, la demanda y su contestaci\u00f3n y asegur\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 197 del C. de P.C., los apoderados de las partes en litigio est\u00e1n facultados para confesar y que si el Tribunal hubiera apreciado correctamente el alcance de las se\u00f1aladas piezas procesales, habr\u00eda concluido que existi\u00f3 una confesi\u00f3n sobre el hecho de que la actora present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal ante la aseguradora encausada, con fundamento en el art\u00edculo 194 ibidem. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de la exhibici\u00f3n de documentos oportunamente solicitada por la demandante, pues aunque lo \u201capreci\u00f3\u201d en forma parcial, omiti\u00f3 darle los alcances que la ley procesal establece n\u00edtidamente. En efecto: a) en la demanda se solicit\u00f3 la exhibici\u00f3n de la p\u00f3liza y sus anexos, as\u00ed como de la reclamaci\u00f3n junto con los dem\u00e1s documentos allegados por la demandante; b) decretada la exhibici\u00f3n, no pudo practicarse inicialmente, y en la segunda oportunidad el extremo pasivo no se present\u00f3 con los documentos a exhibir, motivo por el cual el juez de instancia decidi\u00f3 dar por probados los hechos que se pretend\u00edan probar con la solicitud de la diligencia, entre los cuales, seg\u00fan se infiere de lo expuesto en el numeral precedente, estaba el que la parte actora present\u00f3 la reclamaci\u00f3n formal; c) conforme a lo anterior, de haber aplicado el art\u00edculo 285 del C. de P. C., el Tribunal hubiera dado por probado que la demandante present\u00f3 la reclamaci\u00f3n formal ante la demandada. <\/p>\n
Tampoco el Tribunal apreci\u00f3 las pruebas en conjunto, cual lo ordena el art\u00edculo 187 del C. de P. C. La sentencia cuestionada incurri\u00f3 en el se\u00f1alado error de derecho, dadas las siguientes razones: 1) desconoci\u00f3 la existencia de la confesi\u00f3n derivada de la demanda y su contestaci\u00f3n; 2) ignor\u00f3 que en armon\u00eda con el art\u00edculo 285 del C. de P. C., \u201cante la renuencia de la demandada para exhibir la reclamaci\u00f3n y sus anexos, vale decir los medios probatorios que acreditaban la ocurrencia del siniestro y su cuant\u00eda, deb\u00eda tenerse por cierto este elemento f\u00e1ctico, como quiera que es susceptible de confesi\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando el a quo as\u00ed lo hab\u00eda declarado mediante providencia debidamente ejecutoriada\u201d; 3) no le dio suficiente valor probatorio a la reclamaci\u00f3n formal, cuya copia con constancia de recibo obra a los folios 10 y siguientes, y en la cual se enuncia la entrega de las providencias y oficios emanados de la jurisdicci\u00f3n laboral, que acreditan el no pago de las prestaciones por parte del afianzado y el consecuente pago por parte del beneficiario del seguro; 4) por el contrario, le dio especial importancia \u201cal hecho de que los juzgados laborales no hubieran contestado los oficios que se libraron para trasladar las pruebas y fundamentado en esta sola circunstancia probatoria el ad quem concluye, incurriendo en evidente error de derecho en la apreciaci\u00f3n en conjunto del acervo probatorio\u201d, por cuanto los dem\u00e1s medios allegados al proceso demostraban hasta la saciedad que la actora, atendiendo las normas que regulan el contrato de seguro, hab\u00eda presentado reclamaci\u00f3n formal, acreditando la ocurrencia del siniestro y su cuant\u00eda. <\/p>\n
Esos yerros, remat\u00f3 la censura, condujeron al Tribunal a vulnerar los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, pues dio por no demostrada la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n formal, dejando de aplicar el art\u00edculo 1080, ibidem, que regula la exigibilidad de la prestaci\u00f3n asegurada, desde luego, bajo el supuesto de que exista reclamaci\u00f3n formal. Por lo mismo, resultaron infringidos los art\u00edculos 29 y 230 de la Constituci\u00f3n, sin duda ajenos al litigio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A <\/p>\n
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La prosperidad de la reci\u00e9n resumida acusaci\u00f3n se abre paso, como quiera que le asiste raz\u00f3n al casacionista, en cuanto asever\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho por no aplicar los efectos previstos en el art\u00edculo 285 del C. de P. C., para el evento en que la parte a quien se orden\u00f3 la exhibici\u00f3n documental y que no se opuso a su pr\u00e1ctica, se abstenga de presentar la respectiva documentaci\u00f3n, salvo que justifique oportunamente su omisi\u00f3n y proceda a exhibirla en la fecha que el juez disponga para ese efecto. Dicho yerro se muestra con indiscutida incidencia en la decisi\u00f3n combatida, pues como se explicar\u00e1 seguidamente, si el Tribunal no lo hubiera cometido, habr\u00eda deducido una confesi\u00f3n judicial acerca de las exigencias de tipo f\u00e1ctico que la prosperidad de la demanda incoada por ESSO COLOMBIANA LTDA., requer\u00eda, confesi\u00f3n que, lejos de ser infirmada cual lo autoriza el art\u00edculo 201 del C. de P. C., encontr\u00f3 un claro respaldo en los otros elementos de prueba. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
1. Visto el expediente que recoge el litigio suscitado entre las partes, se observa que la diligencia de exhibici\u00f3n documental que solicit\u00f3 la actora fue programada para que tuviera lugar el 10 de noviembre de 1997, a las 2:15 pm, fecha y hora en las que no asisti\u00f3 el representante legal de la aseguradora demandada, la llamada a presentar los documentos perseguidos por su antagonista. Dentro del t\u00e9rmino legal, la apoderada judicial de la primera, quien asever\u00f3 detentar los documentos a exhibir, justific\u00f3 su ausencia, raz\u00f3n por la cual el juzgado a quo se\u00f1al\u00f3 una segunda oportunidad, en la que la prueba solo se surti\u00f3 de manera parcial, es decir, en lo referente a la exhibici\u00f3n de la documentaci\u00f3n requerida para acreditar el otorgamiento de la p\u00f3liza y la expedici\u00f3n de sus anexos. <\/p>\n
Sin embargo, del acta alusiva a la referida diligencia se constata que en \u00faltimas, sin mediar circunstancia que excusara tal omisi\u00f3n, los documentos atinentes al reclamo formal que el demandante asegur\u00f3 haber efectuado dejaron de ser exhibidos, lo que condujo al juez de primera instancia a \u201ctener\u201d como ciertos los hechos que la actora quiso acreditar con la pr\u00e1ctica de dicha probanza, en la medida en que fueran susceptibles de probar mediante confesi\u00f3n (fls. 135 y 136). Esos hechos, en armon\u00eda con el libelo incoativo, no fueron otros que la presentaci\u00f3n de la \u201creclamaci\u00f3n formal\u201d, acompa\u00f1ada de la prueba de ocurrencia del siniestro y de su cuant\u00eda, que en procura de la indemnizaci\u00f3n la actora dijo haber efectuado ante la aseguradora, mediante escrito radicado el 21 de julio de 1993, ello a voces del hecho s\u00e9ptimo de la demanda, el que fue admitido expresamente como cierto por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, en su contestaci\u00f3n (fl. 87), y sin que pueda ignorarse, tampoco, que sobre el particular la ley no ha consagrado solemnidad alguna que impida operar la confesi\u00f3n judicial frente a esos aspectos medulares del litigio. <\/p>\n
2. A prop\u00f3sito de las precedentes lucubraciones conviene memorar que el siniestro aducido en la demanda con que se dio inicio a este proceso, se configur\u00f3, seg\u00fan la parte actora, en raz\u00f3n del detrimento patrimonial por ella soportado, derivado de los desembolsos que se habr\u00eda visto forzada a efectuar para atender las acreencias laborales que, en principio, gravitaban sobre Proimpetrol S. A., la persona jur\u00eddica contratista, riesgo que fue precisamente el que se oblig\u00f3 a asumir la aseguradora cuando expidi\u00f3 la p\u00f3liza de marras. <\/p>\n
3. Los efectos de confesi\u00f3n atr\u00e1s aludidos no resultaban enervados por la sola circunstancia de que -como sin ofrecer ninguna explicaci\u00f3n pareciera haberlo sugerido el Tribunal en su fallo-, en desarrollo de la diligencia de exhibici\u00f3n la parte actora no hubiera \u201cinsistido\u201d en \u201cla exhibici\u00f3n de todos y cada uno de los documentos que pudieran demostrar la veracidad de los hechos\u201d o no hubiera solicitado, en la misma oportunidad, \u201cla aportaci\u00f3n de las copias de los documentos que pretende hacer valer\u201d. Semejantes requerimientos no han sido establecidos por el ordenamiento positivo, y menos con los prop\u00f3sitos pretendidos por el sentenciador de segunda instancia: baste para colegir lo anterior que de la referida carga procesal de \u201cinsistencia\u201d no hace menci\u00f3n ninguna de las normas reguladoras de la prueba en comentario, incluyendo el precitado art\u00edculo 285, precepto en el que el legislador espec\u00edficamente previ\u00f3 lo concerniente a la renuencia de la exhibici\u00f3n y sus efectos. <\/p>\n
Frente a la claridad y buen prop\u00f3sito de la misma disposici\u00f3n procesal, sin duda atinadamente orientada a apremiar a las partes para que en armon\u00eda con los deberes de proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos procesales y de prestar al juez su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia de lugar a las consecuencias adversas que la ley consagre (art. 71, ib, nums. 1 y 6), se hace evidente que el cumplimiento de la carga de \u201cinsistencia\u201d que el juzgador ad quem ech\u00f3 de menos, adem\u00e1s de separarse del mandato contenido en el propio art\u00edculo 285 (de obligatorio cumplimiento, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 6\u00ba, ib), no revest\u00eda ninguna utilidad. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto que, en rigor, los hechos concernientes a la configuraci\u00f3n y prueba del siniestro y su cuant\u00eda no fueron aspectos repudiados por la aseguradora, ni al objetar la reclamaci\u00f3n, ni al contestar la demanda interpuesta por su contraparte. <\/p>\n
Al sustentar la objeci\u00f3n, asever\u00f3 la aseguradora que \u201cal tenor del art\u00edculo 57 del C. de P. C., es en el proceso judicial la oportunidad establecida por la ley para exigir la indemnizaci\u00f3n del tercero en el evento de una sentencia desfavorable\u201d, raz\u00f3n por la cual, dado que la actora no llam\u00f3 en garant\u00eda a la primera, le fue vulnerado a \u00e9sta su derecho de defensa, de donde resultaba intrascendente la reclamaci\u00f3n por \u00e9sta efectuada. <\/p>\n
Despu\u00e9s, dejando de lado totalmente lo aducido al objetar la reclamaci\u00f3n, pero admitiendo que \u00e9sta s\u00ed se verific\u00f3, la aseguradora aleg\u00f3, al contestar la demanda, que \u2013con relaci\u00f3n al amparo concerniente a la p\u00f3liza por ella expedida- ya hab\u00eda pagado otros siniestros por cantidad superior a los $14\u2019000.000.oo, teniendo la cobertura a su cargo un m\u00e1ximo de $20\u2019000.000. <\/p>\n
De esta forma, la censurada conclusi\u00f3n del Tribunal, adem\u00e1s de implicar la vulneraci\u00f3n de una norma de disciplina probatoria, la ya citada, se separ\u00f3, inclusive, de los t\u00e9rminos en que la aseguradora estructur\u00f3 su propia defensa, dentro y fuera del proceso, pues, vuelve y se insiste, la no acreditaci\u00f3n del siniestro y su magnitud econ\u00f3mica son por entero ajenos a los t\u00e9rminos planteados, tanto en la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n, como en la respuesta al libelo incoatorio. <\/p>\n
5. Lejos de haber sido infirmada, la deducida confesi\u00f3n aparece corroborada por la propia demandada quien, con relaci\u00f3n a lo que sobre el punto se asever\u00f3 en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda incoativa, por cuya conformidad, \u201cen julio 21 de 1993 la parte actora … present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal ante la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora … demostrando la ocurrencia del siniestro y su cuant\u00eda\u201d (fl. 59), afirm\u00f3, al contestar el aludido libelo, que ese hecho era \u201ccierto\u201d y que la reclamaci\u00f3n se efectu\u00f3 con apoyo en la p\u00f3liza aducida por su contraparte. Cumple acotar que ni en su respuesta al hecho s\u00e9ptimo, ni en ning\u00fan otro aparte de su escrito de contestaci\u00f3n, la aseguradora hizo menci\u00f3n de circunstancia alguna que permitiera deducir su desacuerdo con lo afirmado en la demanda con relaci\u00f3n a la acreditaci\u00f3n de la ocurrencia del evento asegurado y de su monto, en la forma como lo sostuvo persistentemente la parte demandante. <\/p>\n
No puede pasarse por alto que si bien es cierto, conforme a la regla del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, \u201ccorresponder\u00e1 al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u201d, tal carga no tiene que atenderla el asegurado, en forma necesaria y exclusiva dentro del proceso, pues al tenor del art\u00edculo 1080, ejusdem, el asegurado o beneficiario puede acreditar aun extrajudicialmente su derecho a la aseguradora, de donde se colige que ese aspecto estar\u00e1 fuera de discusi\u00f3n en el proceso, siempre y cuando las partes admitan que el siniestro fue debida pero extrajudicialmente demostrado. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, se vigoriza la atestaci\u00f3n que en ese sentido hiciera la demandada al replicar la demanda incoativa del proceso, es decir, en cuanto admiti\u00f3, sin tapujos, que la beneficiaria le present\u00f3 una reclamaci\u00f3n formal, aseveraci\u00f3n que no tiene connotaci\u00f3n distinta a la de aceptar que dicha reclamaci\u00f3n era id\u00f3nea y que, por ende, aparejaba la cabal demostraci\u00f3n del perjuicio y su cuant\u00eda. Tanto es as\u00ed, que la objeci\u00f3n no contiene ninguna recriminaci\u00f3n o reproche en los sentidos indicados, ni la oposici\u00f3n a las pretensiones del libelo genitor transitaron por esos rumbos. <\/p>\n
6. Recapitulando: como en las circunstancias de entidad f\u00e1ctica de las que se viene hablando, la presentaci\u00f3n formal de la reclamaci\u00f3n, acompa\u00f1ada de la acreditaci\u00f3n del siniestro y de su cuant\u00eda, son factibles de probar a trav\u00e9s de la confesi\u00f3n judicial, pues el ordenamiento no ha establecido ninguna prueba solemne sobre esos respectos, col\u00edgese, entonces, tanto la verificaci\u00f3n del error de derecho denunciado por el casacionista, como la trascendencia del yerro, desde luego que el Tribunal -partiendo del car\u00e1cter indemnizatorio de la especie de contrato de seguros celebrado por las partes- encontr\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n reclamada por la parte demandante no era viable, en tanto \u00e9sta no acredit\u00f3 el detrimento patrimonial por ella aducido, originado en los desembolsos que dijo haber efectuado, con miras a atender las acreencias laborales suscitadas en desarrollo del contrato de obra celebrado entre la Esso Colombiana Ltda y Proimpetrol S. A. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Previo a proferirla, es menester incrementar el caudal probatorio obrante a folios, en orden a dilucidar algunas de las circunstancias de orden f\u00e1ctico en que la aseguradora demandada finc\u00f3 sus excepciones perentorias. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 26 de octubre de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por ESSO COLOMBIANA LIMITED frente a COMPA\u00d1\u00cdA ASEGURADORA DE FINANZAS \u201cCONFIANZA\u201d. <\/p>\n
En sede de instancia, con soporte en los art\u00edculos 179 y 180 del C. de P. C., la Sala decreta la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, a rendir por el se\u00f1or GERMAN GARCIA CACERES, contador p\u00fablico, para que con base en los libros de contabilidad de la sociedad demandada, establezca el monto total de los pagos por \u00e9sta efectuados, que guarden relaci\u00f3n con el amparo contenido en la p\u00f3liza C 04 1035340. Informar\u00e1 adem\u00e1s, de manera pormenorizada, el nombre de los respectivos beneficiarios de los pagos, sumas desembolsadas, conceptos, fechas, etc. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el perito establecer\u00e1 si esos pagos se hicieron en desarrollo del contrato de obra convenido entre dicha sociedad y la aqu\u00ed demandante, el instrumentado en la escritura p\u00fablica 1323 de la Notar\u00eda 26 de Bogot\u00e1, otorgada el 31 de mayo de 1990. Precisar\u00e1 si en atenci\u00f3n al amparo contenido en la referida p\u00f3liza se verificaron consignaciones bancarias a nombre de trabajadores de Proimpetrol S. A., caso en el cu\u00e1l indicar\u00e1 las cifras y conceptos respectivos. De ser necesario, el auxiliar de la justicia consultar\u00e1 los archivos de dicha sociedad, en la medida en que conciernan con los temas materia de su dictamen. <\/p>\n
Se concede al perito el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas para rendir su dictamen, contados a partir de la fecha de su posesi\u00f3n, la que se llevar\u00e1 a cabo el d\u00eda siete del mes de diciembre (2005) a la hora de las nueve (9) a.m.. L\u00edbresele telegrama. <\/p>\n
<\/p>\n
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MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-265-2005 [3216] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente No. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}