SC-267-2005 [0515431030011998-0306-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is de octubre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 05154-3103-001-1998-00306-01 <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego contra la sentencia de 9 de julio de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, ep\u00edlogo en segunda instancia del proceso ordinario que Gustavo de Jes\u00fas Escobar Restrepo, Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n y el recurrente promovieron contra la sociedad Procopal S.A. y Roberto Antonio Parias L\u00f3pez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Como premisa f\u00e1ctica de las anteriores pretensiones se narraron los siguientes hechos. <\/p>\n
2.1. El 16 de octubre de 1993 el bus de placas TKC 428, afiliado a la empresa R\u00e1pido Ochoa, conducido por Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n en compa\u00f1\u00eda de Gustavo de Jes\u00fas Escobar Restrepo, colision\u00f3 con el veh\u00edculo identificado con la placa PB 3502, tipo planch\u00f3n, perteneciente a la sociedad Procopal S.A. y conducido por Roberto Antonio Parias L\u00f3pez. <\/p>\n
2.2. El citado bus hab\u00eda sido adquirido por Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego, mediante contrato de permuta celebrado con Gilberto Giraldo Gil y Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro, por valor de $97.000.000. <\/p>\n
2.3. El accidente se produjo porque el conductor del \u00abplanch\u00f3n\u00bb, Roberto Antonio Parias L\u00f3pez, sali\u00f3 de las instalaciones de Procopal S.A. a la carretera principal que lleva de Medell\u00edn a Caucasia, \u00abno marc\u00f3 parada\u2026 sino que intempestiva e irresponsablemente invadi\u00f3 dicha v\u00eda a pesar de haber visto que a corta distancia y a velocidad considerable se acercaba el bus\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ante la destrucci\u00f3n total del bus, la Compa\u00f1\u00eda Colseguros, \u00absolo pag\u00f3 la suma de $28.000.000, debiendo el Sr. Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo G. asumir una p\u00e9rdida de $69.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.5. Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego \u00absufri\u00f3 un gran perjuicio moral, pues de un momento a otro y como consecuencia de la destrucci\u00f3n de su bus qued\u00f3 pr\u00e1cticamente en la ruina, sin fuentes de ingreso y con una deuda de $29’000.000 que a\u00fan ten\u00eda que pagar como precio de adquisici\u00f3n de dicho bus\u00bb. <\/p>\n
3. Los demandados se opusieron a la pretensiones de la demanda; con tal prop\u00f3sito, formularon las excepciones que nominaron como \u00abprejudicialidad penal\u00bb, \u00abfalta de causa para demandar\u00bb y \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb; la firma Procopal S.A. llam\u00f3 en garant\u00eda a la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros, quien a su vez propuso las excepciones de \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, \u00abculpa grave de un tercero\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n de culpas\u00bb e \u00abinexistencia al menos parcial de los perjuicios demandados y sobrevaloraci\u00f3n de los mismos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, con fundamento en los mismos hechos y en su reclamo solicitaron el pago de los perjuicios materiales; los demandantes propusieron contra aquellas peticiones las defensas de \u00abculpa exclusiva de un tercero\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia hall\u00f3 responsables del accidente a las dos partes, en consecuencia, declar\u00f3 \u00abtambi\u00e9n civilmente responsable de dicho accidente al se\u00f1or IV\u00c1N DARIO RESTREPO GALLEGO como propietario del bus de placas TKC 428\u00bb y los conden\u00f3 rec\u00edprocamente al pago de $1.000.000, adem\u00e1s decret\u00f3 \u00abla compensaci\u00f3n de las obligaciones y condenas y por lo tanto -dijo- no habr\u00e1 lugar a pronunciamiento sobre indexaciones o intereses de esas sumas de dinero\u00bb. <\/p>\n
Previa apelaci\u00f3n de los demandantes iniciales, el Tribunal adicion\u00f3 lo resuelto por el a quo, en el sentido de condenar a los demandados Procopal S.A., as\u00ed como a Roberto Antonio Parias L\u00f3pez a pagar a los demandantes Gustavo de Jes\u00fas Escobar Restrepo y Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n la suma de $8.500.000. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El sentenciador de segundo grado concluy\u00f3, en lo pertinente, que la legitimaci\u00f3n de Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego no hab\u00eda sido plenamente probada, pues el citado demandante no result\u00f3 perjudicado econ\u00f3micamente con el choque y agreg\u00f3 que hubo concurrencia de culpas, pues \u00abambos conductores incurrieron en imprudencia\u00bb. <\/p>\n
1.1. En cuanto al argumento inaugural, el Tribunal dijo que la Compa\u00f1\u00eda Colseguros S.A. pag\u00f3 a Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego la suma de $39.500.000 por el siniestro, pago hecho a trav\u00e9s de Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro, quien figuraba como asegurado, seg\u00fan lo acreditaron -para el ad quem- los documentos emanados del propio asegurador, obrantes a folios 3 y siguientes del cuaderno 8, conjuntamente con los testimonios de Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro, Gilberto de Jes\u00fas Giraldo Gil y Adriana Restrepo Gallego. <\/p>\n
Igualmente dedujo el juzgador de segunda instancia que \u00aben cuanto al mayor valor [excedente del valor de veh\u00edculo luego del pago hecho por el asegurador] que pretende este accionante [Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego] tampoco hay lugar a reconocerlo\u00bb, pues \u00abfue el Sr. Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro, quien pag\u00f3 de su propio peculio el valor de la reparaci\u00f3n del rodante\u00bb, lo cual apoy\u00f3 en las versiones del mismo Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro y de Gilberto de Jes\u00fas Giraldo Gil. <\/p>\n
Para finiquitar el primer argumento, remarc\u00f3 el Tribunal que exist\u00edan dudas en cuanto a la propiedad del veh\u00edculo, pues \u00ab\u00e9sta se disputa entre los Sres, Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro, que de acuerdo con las declaraciones dice que era propietario de un 50% de \u00e9ste, y que el propietario del otro 50% lo era el Sr. Gilberto de Jes\u00fas Giraldo Gil, quien realmente figura ante la oficina de Transito como propietario del mismo (ver fls. 34 del cuaderno principal)\u00bb, a lo que a\u00f1adi\u00f3 el Tribunal: \u00abson los mismos se\u00f1ores Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro y Giraldo Gil quienes afirman que para el momento del siniestro el Sr. Restrepo Gallego a\u00fan no hab\u00eda terminado de pagar el veh\u00edculo; raz\u00f3n por la cual, despu\u00e9s del accidente, el Sr. Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro se qued\u00f3 con lo que qued\u00f3 de \u00e9ste (chasis) por el valor de la deuda que a\u00fan ten\u00eda el aqu\u00ed demandante\u00bb. <\/p>\n
1.2. El ad quem reconoci\u00f3 que el choque entre los veh\u00edculos dio lugar a la investigaci\u00f3n penal que \u00abculmin\u00f3 con sentencia condenatoria para ambos conductores, como responsables de lesiones personales culposas, y por haber ambos conductores concurrido a la causaci\u00f3n del hecho\u00bb, decisi\u00f3n confirmada en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia. El Tribunal, luego de mencionar los art\u00edculos 59 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y 40 de la Ley 153 de 1887, dijo: \u00abaun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el fallo penal no obligara en el civil en cuanto a la responsabilidad de los conductores, de acuerdo con la prueba testimonial y documental, no existe duda de que ambos conductores incurrieron en imprudencia\u00bb; el de Procopal S.A., porque \u00abconfi\u00f3 en su pericia para alcanzar su carril antes de que el bus llegara a ese punto, y no lo logr\u00f3\u00bb; por su parte hall\u00f3 culpa en el chofer del bus afiliado a \u00abR\u00e1pido Ochoa\u00bb, pues tuvo por demostrado que \u00aba doscientos metros antes del ingreso a la planta de Procopal hab\u00edan varios avisos que indicaban ‘peligro’ y recomendaban disminuir velocidad, de seguro que si el conductor Guar\u00edn Garz\u00f3n se hubiera desplazado a una velocidad normal, hubiese alcanzado a disminuir la velocidad; si tenemos en cuenta que en donde ocurri\u00f3 el choque es una recta con muy buena visibilidad. Si se tiene en cuenta el impacto de los veh\u00edculos (ambos incendiados), no queda la menor duda de que el conductor de R\u00e1pido Ochoa iba a velocidad exagerada, y as\u00ed qued\u00f3 consignada en la resoluci\u00f3n del Tr\u00e1nsito que lo sancion\u00f3 como contraventor del C\u00f3digo Nacional de Transportes y Tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n
1.3. En cuanto a las excepciones propuestas contra la demanda de reconvenci\u00f3n, dijo el Tribunal que la prescripci\u00f3n aplicable en este caso era la ordinaria civil de 20 a\u00f1os, pues \u00abfrente al conductor, esta prescripci\u00f3n de corto tiempo [3 a\u00f1os] opera en el proceso penal y no en el civil. Frente al tercero demandado, se opera, cuando se demanda con fundamento en los art\u00edculos 2347, 2348, 2349 del C.C. y no cuando se demanda al propietario del veh\u00edculo, a su vez responsable de la actividad peligrosa\u00bb (fl. 76 del cdno. 13). <\/p>\n
2. La negativa a las pretensiones del demandante Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego decretada por el Juzgado, fue confirmada por el Tribunal, decisi\u00f3n contra la cual se interpuso recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Cinco cargos formul\u00f3 el recurrente contra la sentencia acabada de rese\u00f1ar; adelante se despachar\u00e1 el segundo por contener denuncias in procedendo, los dem\u00e1s conjuntados por la afinidad de razonamientos necesarios para su decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
El casacionista denunci\u00f3 que la sentencia del Tribunal era incongruente, por dejar de resolver el litigio en cuanto a los perjuicios morales solicitados por Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego, pues en el d\u00e9cimo octavo hecho de la demanda se narr\u00f3 el sufrimiento del mencionado demandante con ocasi\u00f3n de la ruina econ\u00f3mica a consecuencia de la p\u00e9rdida del veh\u00edculo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la versi\u00f3n de Adriana Restrepo Gallego (fl.190 cdno. 4\u00ba) permite ver que el accidente caus\u00f3 el fracaso de Restrepo Gallego, pues la testigo declar\u00f3 que \u00abese era el \u00fanico capital\u00bb que pose\u00eda. En el mismo sentido, cit\u00f3 el casacionista a Gilberto Giraldo Gil (fl. 188 cdno. 4\u00ba) para corroborar la impresi\u00f3n emocional negativa que afect\u00f3 al demandante con ocasi\u00f3n del accidente y la p\u00e9rdida consiguiente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
El ataque por vicios in procedendo confronta al Tribunal porque la providencia, en criterio del recurrente, result\u00f3 deficitaria en cuanto a la falta de decisi\u00f3n sobre los perjuicios morales pretendidos por Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego, a pesar de haberse demostrado tales perjuicios. <\/p>\n
Est\u00e1 decantado que la causal segunda de casaci\u00f3n busca eliminar los desbordamientos del juez y suprimir del fallo toda decisi\u00f3n que exceda su competencia, demarcada en este caso por los hechos y las pretensiones de la demanda, o en su caso, por lo que la ley autorice o mande proveer de oficio. La causal est\u00e1 erigida tambi\u00e9n para que la jurisdicci\u00f3n sea agotada resolviendo todo cuanto se someti\u00f3 al escrutinio del juez, es decir, para que la sentencia sea completa. <\/p>\n
La intervenci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional tiene como trascendental objetivo poner fin al litigio, dirimir la contienda de manera que se despeje, sin ning\u00fan g\u00e9nero de dudas, la incertidumbre que se dice afecta los derechos subjetivos invocados por las partes en sus planteamientos inaugurales, en los que los intervinientes fijan los l\u00edmites del conflicto que ha de ser resuelto por el juzgador. Para averiguar si la sentencia se amolda a los reclamos de las partes no es s\u00f3lo su parte resolutiva la que debe ser cotejada para ver de su completud, pues cualquiera sea la forma que revista y el lugar que ocupe en la sentencia, es lo cierto que impl\u00edcitamente pueden quedar decididos en ella los extremos de la litis. La Corte ha ilustrado el punto y a prop\u00f3sito ha dicho que para que el cargo por incongruencia de esta estirpe tenga m\u00e9rito, \u201ctales disconformidades deben ser reales y producto del olvido o inadvertencia del juez, pues mediando alguna decisi\u00f3n, as\u00ed fuere impl\u00edcita o virtual, la sentencia ya no puede ser atacada con fundamento en la causal segunda..\u201d (Sent. Cas. Civ. de 1\u00ba de marzo de 2001, Exp. No. 6106, reiterado en Sent. Cas. Civ. de 16 de diciembre de 2004, Exp. No. 007-02). <\/p>\n
Por ello, cuando una pretensi\u00f3n adviene como secuela de otra, el fracaso de la primera torna innecesario pronunciamiento expreso acerca de la segunda, porque compartida tendr\u00e1n la suerte y sobrentendida quedar\u00e1 la resoluci\u00f3n negativa de esta \u00faltima. <\/p>\n
En el episodio que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala remem\u00f3rese que el Tribunal desestim\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de perjuicios pretendida por el ahora impugnante, pues de un lado encontr\u00f3 que no sufri\u00f3 desmedro econ\u00f3mico, y de otro, que hubo concurrencia de culpas en los factores que desencadenaron el perjuicio, esto \u00faltimo con fundamento en el fallo penal que por lesiones personales se adelant\u00f3 contra los dos conductores de los veh\u00edculos involucrados en el incidente, corroborado con las propias pruebas del proceso civil. As\u00ed las cosas, una vez negado el reconocimiento de da\u00f1os materiales, el de morales se exclu\u00eda y quedaron impl\u00edcitamente decididos, pues aquellos serv\u00edan de premisa ineludible para estos; para decirlo en breve, fracasado el reclamo por los perjuicios econ\u00f3micos alegados por Restrepo Gallego, c\u00f3mo podr\u00eda condenarse a los demandados por la aflicci\u00f3n inmaterial que sufri\u00f3 aquel por efecto de la bancarrota detallada en la demanda. <\/p>\n
Los perjuicios morales aludidos eran fruto, seg\u00fan se deduce del escrito que abri\u00f3 el proceso, de la situaci\u00f3n que afront\u00f3 Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego con posterioridad al accidente que produjo la p\u00e9rdida del bus de placas TKC 428, afiliado a \u00abR\u00e1pido Ochoa\u00bb. No obstante, si la sentencia se abstuvo de reconocer suma alguna por perjuicios materiales al citado demandante, impl\u00edcitamente el Tribunal estaba denegando el reconocimiento del da\u00f1o moral que ten\u00eda como sustento los mismos hechos. <\/p>\n
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El cargo, por tanto no, prospera. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Invoc\u00f3 el impugnante la primera de las causales de casaci\u00f3n para denunciar errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas y en la interpretaci\u00f3n de la demanda, de los cuales resultaron vulnerados, seg\u00fan el inconforme, los art\u00edculos 2341, 2342, 2347 del C\u00f3digo Civil y 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
El casacionista censur\u00f3 al Tribunal porque omiti\u00f3 la apreciaci\u00f3n de los documentos y el dictamen pericial que demostrar\u00eda la p\u00e9rdida total del bus afiliado a R\u00e1pido Ochoa; a este prop\u00f3sito se\u00f1al\u00f3 los documentos aportados por Colseguros (fls. 3, cdno. 8\u00ba, 5 y 8 a 14 del cdno. 8\u00ba), sobre el reconocimiento y pago del siniestro del veh\u00edculo, que acreditan que el monto reconocido por la aseguradora fue de $28.300.000, pues los restantes 11’200.000 fueron cubiertos a Suramericana de Seguros, entidad que repiti\u00f3 contra Colseguros S.A., por el pago que esta \u00faltima hizo a Procopal S.A., por concepto de responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
Igualmente denunci\u00f3 que las cotizaciones de los repuestos del bus (fls. 21 y 28 del cdno. 1\u00ba), las fotograf\u00edas del veh\u00edculo despu\u00e9s del accidente (fls. 275 y 276 cdno. 1\u00ba), el testimonio de Orlando Iv\u00e1n Garc\u00eda (fl. 179 cdno. 4\u00ba), en que declar\u00f3 que la reparaci\u00f3n del veh\u00edculo le cost\u00f3 $80’000.000, as\u00ed como el dictamen pericial (fls. 245 a 252 cdno. 4\u00ba), evidencian que la cuant\u00eda de los perjuicios irrogados a Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego como consecuencia del choque ascendieron a la totalidad del valor del automotor, esto es, a la suma de $97.000.000. <\/p>\n
Respecto a los testimonios, estim\u00f3 el censor que las declaraciones de Orlando Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro y Gilberto Giraldo Gil, fueron deformadas por el Tribunal \u00abal hacerlos decir lo que no dec\u00edan\u00bb, pues \u00abnada permite inferir, como lo infiri\u00f3 el ad quem, que el (sic) Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro fue quien sufri\u00f3 desmedro econ\u00f3mico por el siniestro del bus TKC 428\u00bb por el contrario, lo que el casacionista encontr\u00f3 en ellos fue \u00abque ante la destrucci\u00f3n del bus y la insolvencia econ\u00f3mica en que qued\u00f3 el demandante Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo para terminar de pagar la deuda pendiente por su adquisici\u00f3n, uno de los acreedores, precisamente Orlando Garc\u00eda Ot\u00e1lvaro tom\u00f3 en pago los restos del bus (fl. 179 vto. c.4) y por su cuenta reconstruy\u00f3 el veh\u00edculo\u00bb. El impugnante tambi\u00e9n endilg\u00f3 yerro al Tribunal por concluir que los testigos citados anteriormente \u00able disputaban al demandante la propiedad del bus TKC 428, cuando, por el contrario, aquellos de manera clara y contundente reconocen al demandante como due\u00f1o del bus\u00bb. <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de la demanda, sostuvo el recurrente que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en desacierto al inferir que el demandante pretendi\u00f3 sumas \u00abque ya le hab\u00edan pagado\u00bb, cuando en realidad, la demanda -hechos 2\u00ba y 14\u00ba- expres\u00f3 que Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego pag\u00f3 por el bus $97.000.000, que la p\u00e9rdida del veh\u00edculo fue total, que el seguro reconoci\u00f3 por el siniestro la suma de $28.300.000, seg\u00fan el documento que obra a folio 29 del cuaderno principal. Por lo tanto, remat\u00f3 el censor, la p\u00e9rdida fue en realidad de $69.000.000. En otro intento por evidenciar el desatino se\u00f1alado, calcul\u00f3 el impugnante que si el dictamen pericial practicado en el proceso (fl. 247 c. 4) acredit\u00f3 que el valor comercial del veh\u00edculo era $85.000.000 y estim\u00f3 la p\u00e9rdida del demandante en $37.000.000, as\u00ed como que los restos del bus correspond\u00edan al 15% del total del mismo, entonces lo realmente reclamado ascend\u00eda a \u00abla diferencia entre el valor comercial que ten\u00eda el veh\u00edculo y el monto que pudo recuperar\u00bb. <\/p>\n
A juicio del recurrente, los errores descritos en el cargo llevaron al ad quem a declarar \u00abcomo perjuicio la miserable suma de $4.057.258 desconociendo as\u00ed el perjuicio econ\u00f3mico realmente sufrido por el demandante consistente en la diferencia entre el valor comercial del bus y lo que pudo recuperar luego del siniestro. Es decir neg\u00f3 el resarcimiento de un perjuicio probado por $ 43.950.000, que resulta de restarle a $85.000.000 (valor del bus) la suma de $28.300.000 pagados por la aseguradora y $12.750.000, suma en que fue estimado los restos del bus\u00bb, los yerros del Tribunal, expres\u00f3 el censor, privaron al demandante Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego de obtener el resarcimiento se\u00f1alado anteriormente, \u00abo en su defecto de $37.000.000 como lo determin\u00f3 el dictamen pericial, fls. 265 c. 4\u00bb, experticia que \u00abten\u00eda que haber sido apreciada y valorada\u00bb por el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
El casacionista acus\u00f3 el fallo del Tribunal por vulnerar directamente, por indebida aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 59 del \u00abactual C\u00f3digo de Procedimiento Penal y art. 40 de la Ley 153 de 1887\u2026 y la consecuente falta de aplicaci\u00f3n de los arts. 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 2341 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 el recurrente que el juez de segunda instancia se equivoc\u00f3 \u00abal asumir que la discusi\u00f3n sobre responsabilidad en la ocurrencia del hecho es un aspecto ritual o de sustanciaci\u00f3n\u00bb, pues aplic\u00f3 de manera inmediata el art\u00edculo 59 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en cuanto a los efectos de la sentencia penal en el proceso civil, cuando tal disposici\u00f3n \u00abintrodujo un aspecto de derecho sustancial cual es limitar el alcance de la acci\u00f3n civil por hechos que fueran objeto de decisi\u00f3n penal. Esta norma tiene vigencia s\u00f3lo a partir del 25 de julio de 2001, sin que se haya consagrado su aplicaci\u00f3n retroactiva a acciones ya instauradas como en el caso que nos ocupa cuya acci\u00f3n se instaur\u00f3 desde el 14 de octubre de 1998\u00bb, adem\u00e1s, sostuvo el censor, la propia norma citada preceptu\u00f3 en su parte final, que no era aplicable a actuaciones iniciadas con anterioridad a su vigencia. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Bajo el alero de la causal primera y por violaci\u00f3n indirecta \u00abpor errada apreciaci\u00f3n de algunas pruebas y falta de apreciaci\u00f3n de otras\u00bb, censur\u00f3 el recurrente al Tribunal por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341, 2347 del C\u00f3digo Civil, 127 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, numeral 2\u00ba 72, 95 y 249 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El ad quem concluy\u00f3 que el conductor del bus de R\u00e1pido Ochoa fue tambi\u00e9n responsable del accidente, porque al resultar ambos veh\u00edculos incendiados, dedujo que el veh\u00edculo de transporte p\u00fablico se desplazaba a \u00abvelocidad exagerada\u00bb, con lo cual el Tribunal pas\u00f3 por alto, seg\u00fan el casacionista, que \u00abel cami\u00f3n recibi\u00f3 el golpe precisamente en el tanque de la gasolina, [como] lo acredita la versi\u00f3n de los mismos conductores y los distintos testimonios vertidos sobre el hecho\u00bb. Dijo el recurrente a prop\u00f3sito, que en el evento de que el choque \u00abhubiera sido muy violento\u2026 el bus se habr\u00eda volcado\u00bb, lo cual sumado a que las lesiones de los conductores se produjeron \u00abpor quemaduras y no golpes o fracturas\u00bb, y a que los \u00abpasajeros salieron ilesos\u00bb, llevar\u00edan a concluir que \u00abel impacto entre los veh\u00edculos fue muy moderado\u00bb, luego no hubo exceso de velocidad del bus como, a juicio del censor, erradamente dedujo el Tribunal. <\/p>\n
El casacionista apoy\u00f3 la anterior inferencia en que el conductor del bus, Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn, fue \u00abreiterativo en afirmar que su velocidad era de entre 50 y m\u00e1ximo 60 k\/h, fl. 226, 240 vto. y 262 c. ppal\u00bb, cuando lo autorizado en la zona, seg\u00fan lo acredit\u00f3 la constancia obrante a folio 46 del cuaderno principal, era de 80 kil\u00f3metros por hora, circunstancia que result\u00f3 ratificada por los testigos presenciales William Hern\u00e1ndez y William Molina \u00abquienes transitaban en otro veh\u00edculo detr\u00e1s del bus, afirman estos se\u00f1ores [guardas de tr\u00e1nsito de Medell\u00edn] que la velocidad del bus era por ah\u00ed unos 60 k\/h m\u00e1s o menos la misma velocidad que ellos llevaban, fls. 243 vto y 244 vto c. ppal.\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior concluy\u00f3 el censor que la responsabilidad del choque \u00abfue \u00fanica y exclusivamente [d]el Sr. Roberto Antonio Parias, conductor del cami\u00f3n propiedad de Procopal S.A., quien como lo confiesa \u00e9l mismo no marco parada y, pese a haber visto a pocos metros acercarse el bus, se sali\u00f3 a la v\u00eda troncal con un cami\u00f3n de m\u00e1s de 8 metros de largo, produci\u00e9ndose la colisi\u00f3n, fls 230, 231, 250, 251 y 259 a 273 c. Ppal.\u00bb (sic). <\/p>\n
El casacionista acus\u00f3 de desacertado al Tribunal por dejar de otorgar significado a la actitud procesal de los demandados, constitutiva de mala fe y por lo mismo indicio grave en su contra. Los reprobables comportamientos de parte que debi\u00f3 ver el juzgador de segunda instancia, consistieron en haber afirmado en la contestaci\u00f3n de la demanda que la causa determinante del accidente fue el exceso de velocidad del conductor Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n, mentir al manifestar que la sentencia de la investigaci\u00f3n penal fue favorable a Roberto Antonio Parias L\u00f3pez, cuando en verdad recibi\u00f3 fallo condenatorio por el accidente, formular demanda de reconvenci\u00f3n en la que reincidieron en falsedad y temeridad, pues dijeron que el conductor Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn transitaba a alta velocidad, invadiendo el carril que no le correspond\u00eda, que no disminuy\u00f3 la velocidad del veh\u00edculo, por el contrario, que aceler\u00f3 a\u00fan m\u00e1s en presencia del obst\u00e1culo, cuando nada de ello es verdad. <\/p>\n
Dijo el recurrente que en la demanda de reconvenci\u00f3n los demandantes alegaron otros hechos contrarios a la evidencia del proceso, como que el perjuicio econ\u00f3mico que la sociedad Procopal S.A. deriv\u00f3 del cambio de los conductores accidentados, en especial, que Roberto Antonio Parias L\u00f3pez fue reemplazado por Luis Bernardo Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, pero la documentaci\u00f3n aportada (fls. 22 a 29 del c. 3) permite ver que este \u00faltimo empleado se hab\u00eda vinculado a la empresa desde enero de 1993, es decir, cerca de 8 meses antes del accidente. En cuanto al lucro cesante, la demanda de reconvenci\u00f3n lo estim\u00f3 en $1.484.933 (fl. 4 c. 3), cuando de los documentos mencionados \u00abencontramos que la utilidad entre enero y septiembre del 93 del planch\u00f3n TBC 502 conducido por Roberto Parias L\u00f3pez, oscil\u00f3 entre $183.038 y $670.701, para un promedio mensual de $476.253\u00bb, fals\u00eda que se traslad\u00f3 al juzgador de segunda instancia al conceder m\u00e1s de lo pretendido, pues al paso que Procopal S.A. solicit\u00f3 un resarcimiento de $2.969.866 (fl. 4 c. 3 hecho 20), el juez determin\u00f3 una condena por este rubro, de $4’500.000, \u00abfundando tal decisi\u00f3n en documentos sin ninguna credibilidad como lo son los obrantes a folios 111 a 159 del cdno. 11\u00bb. <\/p>\n
Otras conductas procesalmente reprochables, que en sentir del impugnante debieron ser observadas por el Tribunal y que como tales son constitutivos de indicio, consistieron en plantear durante la audiencia de conciliaci\u00f3n el desistimiento de la demanda principal como soluci\u00f3n para el litigio; con lo cual demostraron que \u00abno les interesaba resarcimiento econ\u00f3mico alguno sino no responder por el perjuicio causado a los demandantes principales\u00bb; retrasar por cerca de un a\u00f1o el curso del proceso con la solicitud de una prueba de inspecci\u00f3n judicial a sus propias instalaciones, para constatar unos documentos que poco contribu\u00edan y que pudieron aportarse directamente; allegar las copias del expediente penal sin los testimonios que rindieron William Molina y William Hern\u00e1ndez, que dan una versi\u00f3n precisa de la forma en que ocurri\u00f3 el hecho, pero cuyas declaraciones \u00abno le conven\u00edan a los demandados\u00bb. <\/p>\n
De todo lo anterior, seg\u00fan el censor, debi\u00f3 deducir el Tribunal que \u00abRoberto Antonio Parias L\u00f3pez, fue el \u00fanico causante de la colisi\u00f3n objeto de la litis y que Procopal S.A. era tambi\u00e9n responsable civil y solidariamente\u00bb. Con estos argumentos solicit\u00f3 que la Corte, en sede de instancia, modificara el ordinal segundo y revocara los ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto, s\u00e9ptimo y noveno del fallo de primera instancia, y en su lugar condenara \u00aba los demandados principales a indemnizar de manera integral todos los perjuicios causados con el hecho\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Por la v\u00eda directa de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 2356 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida y los art\u00edculos 261 y 262 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El demandante dirigi\u00f3 su censura esta vez por la forma en que el Tribunal decidi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo ante la demanda de reconvenci\u00f3n formulada por Procopal S.A., pues las normas aplicables eran los art\u00edculos 261 y 262 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, que establecen \u00abexpresa y claramente que las acciones de responsabilidad por el hecho ajeno en ejercicio de actividades peligrosas prescriben en 5 a\u00f1os contados a partir de la ocurrencia del hecho\u00bb, no obstante lo cual, el Tribunal, seg\u00fan el censor, fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la prescripci\u00f3n ordinaria de 20 a\u00f1os sin mencionar la disposici\u00f3n aplicada, que para el impugnante, fue el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El casacionista plante\u00f3 que la acci\u00f3n elevada por el demandante en reconvenci\u00f3n estaba prescrita, porque el hecho origen de la misma tuvo lugar el 16 de octubre de 1993, y la demanda se present\u00f3 en marzo de 1999, es decir transcurrieron m\u00e1s de los 5 a\u00f1os que contempla la norma aplicable para la extinci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El fallo de instancia que llega a casaci\u00f3n es, en principio, la decisi\u00f3n definitiva del \u00f3rgano jurisdiccional del Estado en torno al litigio sometido a su escrutinio, por ello, conserva las presunciones de acierto y legalidad que s\u00f3lo pueden ser horadadas ante la denuncia exitosa de los errores in iudicando o in procedendo contemplados en art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Una manifestaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de acierto, la constituye el respeto por la \u00abdiscreta autonom\u00eda\u00bb de que los juzgadores gozan frente al trabajo de valoraci\u00f3n probatoria desplegado durante las instancias para tomar la decisi\u00f3n conclusiva del proceso. Esta premisa impone al recurrente en casaci\u00f3n desarrollar un labor\u00edo suficiente para demostrar que los yerros que endilga al juzgador son ostensibles y trascendentes, es decir, de tal gravedad, notoriedad e importancia que el simple cotejo de la realidad que muestran los autos, frente al juicio realizado por el sentenciador permita ver la contraevidencia de la determinaci\u00f3n judicial, pues \u201ccomo el tribunal es aut\u00f3nomo en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario, mientras por el impugnante no se demuestre que aquel, y al efectuar tal apreciaci\u00f3n, no incurri\u00f3 en error de hecho evidenciado de los autos o en infracci\u00f3n de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicci\u00f3n aducidos\u201d (G.J., t. CCXXXI, pag.644). <\/p>\n
Lo anterior conduce a pregonar que la sentencia de instancia sometida a examen en casaci\u00f3n, \u201cno puede derribarse m\u00e1s que cuando el sentenciador se estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (sentencia citada). <\/p>\n
2. Como qued\u00f3 resumido, en la base de todo el litigio est\u00e1 el choque entre el bus de placas TKC 428 afiliado a la empresa R\u00e1pido Ochoa, conducido por Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n y el cami\u00f3n de placas PB3502 perteneciente a la firma Procopal S.A., manejado por Roberto Antonio Parias L\u00f3pez, suceso que ocasion\u00f3 el incendio e inutilidad de ambos veh\u00edculos. <\/p>\n
El Tribunal consider\u00f3 que las pretensiones de Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego se echaron a perder, porque con el accidente no hubo para \u00e9l perjuicio econ\u00f3mico, y en todo caso, en lo definitivo, porque la concurrencia de culpas exclu\u00eda la prosperidad de los reclamos que aquel elev\u00f3 en la demanda principal. <\/p>\n
Entonces, la negativa de las pretensiones vino principalmente de la concurrencia de culpas entre los conductores de los veh\u00edculos involucrados en la colisi\u00f3n, lo cual dedujo el juzgador civil con apoyo no s\u00f3lo en una decisi\u00f3n penal ejecutoriada, sino tambi\u00e9n en la apreciaci\u00f3n de las pruebas practicadas en este proceso, como enseguida se compendia. <\/p>\n
3. Por el mencionado accidente, la justicia penal conden\u00f3 a Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n y Roberto Antonio Parias L\u00f3pez, conductores de los dos veh\u00edculos comprometidos en el accidente, por el delito de lesiones personales; por ello, en providencia de segunda instancia, calendada el 7 de marzo de 1996 (fl. 422 y ss. c. 10), se concluy\u00f3 que \u00abcada uno de los coprocesados Roberto Antonio Parias L\u00f3pez y Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n contribuy\u00f3 eficazmente, de manera seria y grave, a la conducta del otro, al punto que unificadas ambas acciones, deviene de manera natural el resultado da\u00f1oso (las lesiones personales)\u00bb, deducci\u00f3n a cuyo amparo se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n penal de primera instancia en contra de los dos conductores de los veh\u00edculos (fl. 351 c. 10). <\/p>\n
La sentencia penal que acaba de citarse resta cualquier m\u00e9rito al argumento que persigue la declaratoria de responsabilidad exclusiva del demandado Roberto Antonio Parias L\u00f3pez por el choque de los dos veh\u00edculos, pues es lo cierto que la decisi\u00f3n de los jueces penales estableci\u00f3 el compromiso penal de ambos conductores y les impuso penas restrictivas de la libertad, como deja ver la providencia penal aludida que en lo fundamental dispuso: \u00abcondenar a Roberto Antonio Par\u00edas L\u00f3pez, de filiaci\u00f3n conocida en autos, a la pena principal de 20 meses de prisi\u00f3n y a pagar una multa de dos mil quinientos pesos ($2.500) a favor del Tesoro Nacional, como autor penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas en su modalidad de concurso\u2026 SEGUNDO: Condenar a Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n, de filiaci\u00f3n conocidas en autos, a la pena principal de veinte (20) meses de prisi\u00f3n y a pagar una multa de Dos mil quinientos pesos ($2.500) a favor del tesoro Nacional como coautor penalmente responsable del delito de lesiones culposas en la modalidad de concurso\u00bb (sic). <\/p>\n
La resoluci\u00f3n antedicha fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia, mediante providencia en que se consider\u00f3 que la controversia \u00aben este asunto radica en materia de culpabilidad, pues mientras un conductor y su defensor est\u00e1 aludiendo que la causa eficiente del accidente fue cometido por el uno, el otro esta aduciendo lo mismo, como claramente lo exponen en sus sustentaciones, es as\u00ed como JOAQUIN HUMBERTO GUARIN GARZ\u00d3N esta aduciendo en sus distintas intervenciones, y de all\u00ed se basa la defensa para solicitar la absoluci\u00f3n, que la colisi\u00f3n se produjo porque el cami\u00f3n sali\u00f3 del campamento de la empresa Procopal sin marcar parada que le era obligatoria para despu\u00e9s ingresar a la carretera troncal o v\u00eda principal, y, ROBERTO ANTONIO PARIAS L\u00d3PEZ igualmente que el anterior, en sus diferentes exposiciones ha reiterado que \u00e9l ingres\u00f3 a la v\u00eda principal con todas las precauciones del caso, que vi\u00f3 venir el bus y calcul\u00f3 que si pod\u00eda pasar por la distancia que los separaba, que cuando ya estaba en toda su derecha el bus lo impact\u00f3 en el sitio donde esta el tanque de la gasolina, es decir entre la cabina y el planch\u00f3n, al virar \u00e9l su veh\u00edculo para evitar el accidente, el cual, en su sentir, se produjo porque el conductor del bus invadi\u00f3 con su automotor su calzada viniendo a excesiva velocidad, esto tambi\u00e9n le dio base a su defensor para demandar la absoluci\u00f3n\u00bb (fl. 426 cdno. 10); el dilema planteado en estos t\u00e9rminos fue dilucidado por el juez de lo criminal, sobre la base del an\u00e1lisis conjunto de los testimonios e inspecci\u00f3n judicial aportados al proceso penal, de los cuales dijo: \u00abhay que concluir que la determinaci\u00f3n del Juzgador de primera instancia al imputarle una responsabilidad compartida como la causa eficiente del resultado es correcta\u00bb, separadamente, extrajo la responsabilidad de cada uno de los conductores, as\u00ed la de \u00abRoberto Antonio Parias L\u00f3pez, [porque] ingres\u00f3 a la v\u00eda principal cuando a cierta distancia, entre 40 y 50 metros afirman algunos, inclusive \u00e9l, 26 metros otros y a 100 metros otro, vi\u00f3 que ven\u00eda el bus, no esper\u00f3 a que este pasara como la l\u00f3gica y los reglamentos de tr\u00e1nsito lo ense\u00f1an u obligan, pues calcul\u00f3 y confi\u00f3 en que pod\u00eda pasar a su calzada sin ning\u00fan problema, lo que sin lugar a dudas nos da el factor de la culpa que se explica por medio de una equivocada evaluaci\u00f3n de las circunstancias imperantes, que permite comprender al mismo tiempo porqu\u00e9 la acci\u00f3n culposa en el mundo fen\u00e9mico (sic) es ‘violaci\u00f3n del cuidado requerido en el \u00e1mbito de relaci\u00f3n’, como dicen los alemanes. Y, el comportamiento observado por el conductor del Bus de R\u00e1pido Ochoa, JOAQU\u00cdN HUMBERTO GUAR\u00cdN GARZ\u00d3N, pese a las observaciones que le daba la tablilla indic\u00e1ndole el cuidado que deb\u00eda guardar por estar pasando precisamente por las salidas de veh\u00edculos, el estar el piso mojado por la lluvia que hab\u00eda ca\u00eddo y por la pertinaz llovizna que a\u00fan ca\u00eda, le impon\u00edan as\u00ed sea no por los reglamentos, pues el delito culposo se puede ocasionar, adem\u00e1s, por imprudencia, negligencia o impericia, y precisamente, al \u00e9ste no disminuir la velocidad, al observar el peligro inminente que se le avecinaba, que transitaba en un pavimento mojado, crey\u00f3 imprudentemente que siguiendo a la misma velocidad que ven\u00eda, 60 kil\u00f3metros por hora, se encontr\u00f3 a un carril que no era el suyo y al querer salirse de \u00e9l impact\u00f3 al cami\u00f3n casi que en todo el centro de la v\u00eda; esto sin tener en cuenta que de acuerdo a la forma como impact\u00f3 el bus al cami\u00f3n, y a donde fueron a parar cada uno de \u00e9stos veh\u00edculos, as\u00ed como el tiempo de recorrido entre uno y otro, mientras el uno recorr\u00eda unos cinco metros, el otro, en igual tiempo recorr\u00eda cincuenta o cuarenta metros, lo que nos indica una velocidad muy superior a la anotada\u00bb. (fl. 428 y ss c. 10) <\/p>\n
Y si el Tribunal, fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la sentencia penal sobre la responsabilidad compartida de los conductores Roberto Antonio Parias L\u00f3pez y Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n, para lo cual invoc\u00f3 el art\u00edculo 59 del \u00abNuevo C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb -Ley 600 de 2001-, ning\u00fan reproche merece, pues aun sin juzgar el acierto en la aplicaci\u00f3n de la norma citada para el caso, la verdad es que la existencia del fallo penal condenatorio imped\u00eda al ad quem y ahora a la Corte entrar en el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de los mismos hechos que oportunamente sentenci\u00f3 el juez del delito, en tanto materialmente ponder\u00f3 la misma causa y entre otros aspectos, valor\u00f3 expl\u00edcitamente la culpabilidad de los conductores en el hecho causante de los perjuicios reclamados, lo cual fue cimiento com\u00fan e inconcuso de la responsabilidad penal y de la civil, pues aquella trasciende con sus efectos, en tanto con su pronunciamiento se agot\u00f3 totalmente la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
Y aunque las normas vigentes para cuando acontecieron los hechos del proceso eran los art\u00edculos 55 y 58 del Decreto 2700 de 1991, como su contenido y alcance resultan semejantes1 al art\u00edculo 59 de la Ley 600 de 2001 que invoc\u00f3 el Tribunal, se infiere que el posible error de elecci\u00f3n normativa hecho por el Tribunal resulta ser intrascendente. <\/p>\n
Sobre las secuelas vinculantes del fallo penal condenatorio en el proceso civil, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en reiteradas oportunidades ha dicho que \u00abel tema, de suyo complejo y debatido con denuedo en la doctrina cient\u00edfica desde comienzos de la centuria pasada, del influjo de la sentencia penal condenatoria sobre las acciones civiles de naturaleza indemnizatoria que le competen a la v\u00edctima del hecho punible, tema este que por sabido se tiene no puede ser acometido a la ligera mediante el recurso maquinal a las normas en cuya virtud le es reconocida autoridad de cosa juzgada a las sentencias civiles en el \u00e1mbito relativo que se\u00f1ala el Art. 332 del C. de P.C, sino que ante cada situaci\u00f3n litigiosa, apreciada en concreto sin menosprecio de ninguna de las particularidades f\u00e1cticas que la identifican, exige valerse de un sistema que en la justa medida permita, en guarda de la confianza depositada por la comunidad en la jurisdicci\u00f3n punitiva del Estado, tomar lo decisivo que en el pronunciamiento penal tenga el car\u00e1cter de definitivo, irrecusable o irreversible, y al propio tiempo le deje a la jurisdicci\u00f3n civil la suficiente libertad para el ejercicio de la potestad que le es propia en orden a definir todos los aspectos atinentes al resarcimiento del da\u00f1o que aquella providencia no ten\u00eda por necesidad que involucrar. <\/p>\n
\u00abDicho en otras palabras, la identidad de objeto, causa y partes que, en el campo civil y al tenor del texto legal citado en el p\u00e1rrafo precedente, delimita por principio el alcance de la cosa juzgada, no constituye en modo alguno la base de an\u00e1lisis que se busca, toda vez que dada la distinta naturaleza de los dos tipos de actividad jurisdiccional\u00b4\u2026no es posible la concurrencia de aquella triple identidad en una y otra. La autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil descansa en el principio de orden p\u00fablico que lleva al juez a actuar en funci\u00f3n de la tutela que dispensa el derecho penal, y que en principio no puede abandonarse a la actuaci\u00f3n de los particulares. Por este motivo, las situaciones de la vida humana que son materia del proceso penal tienen por objeto el delito, como ofensa p\u00fablica cuyo castigo interesa a toda la comunidad, distintamente a lo que sucede con el juicio civil donde el juez act\u00faa en guarda de un simple inter\u00e9s particular; y es por ello, tambi\u00e9n, por lo que el fallo penal hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada erga omnes, no s\u00f3lo en cuanto al hecho en que la acci\u00f3n penal se funda, su calificaci\u00f3n y la participaci\u00f3n y responsabilidad del sindicado, sino tambi\u00e9n respecto de todas aquellas acciones que, como la del resarcimiento del da\u00f1o tengan su fundamento en hechos enjuiciados por el juez penal\u2026\u00b4(G. J., t. LXX, pag.234), lo que lleva a sostener, siguiendo de cerca las ense\u00f1anzas de los hermanos Mazeud (Tratado Te\u00f3rico y Pr\u00e1ctico\u2026 Tomo II, Vol. 2o, Num.1745), que los \u00f3rganos integrantes de esta especialidad jurisdiccional, cuando resuelven sobre el fondo de la acci\u00f3n p\u00fablica originada en la infracci\u00f3n de la ley penal, con vista de un marcado inter\u00e9s social fallan entre una parte y la comunidad entera para que la decisi\u00f3n as\u00ed adoptada dentro del marco de su competencia, se imponga a todos; \u00b4\u2026nadie puede ser llevado -dicen los afamados expositores en referencia- a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil, se impone sean cuales sean las partes, sea cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil\u2026\u00b4. <\/p>\n
\u00abEn este orden de ideas y aun cuando en realidad de verdad no son de poca monta las muchas dificultades que supone poner en pr\u00e1ctica estos postulados te\u00f3ricos a la luz de los cuales se reconoce el car\u00e1cter preeminente de la condena penal, basta con subrayar tres aspectos de la cuesti\u00f3n que tienen especial trascendencia frente a las exigencias de esta litis. <\/p>\n
\u00abEn primer lugar, qued\u00f3 dicho l\u00edneas atr\u00e1s que las disposiciones represivas de una sentencia condenatoria, efectuadas dentro del campo de acci\u00f3n funcional privativo del fuero penal, se consideran juzgadas con respecto a todos, intervinientes o no en el correspondiente proceso, y con referencia asimismo a cualquier cuesti\u00f3n, aun de \u00edndole extra penal, sobre la cual esas disposiciones tengan necesaria influencia. En consecuencia, trat\u00e1ndose de casos como el que estos autos ponen de presente, poco importa quien invoque la autoridad de la providencia ni ante quien ella sea aducida, y lo que ha de ser destacado es que, en tanto sea expresi\u00f3n de lo resuelto ineludible y ciertamente por la justicia penal, no pueden contradecirla autoridades en medios jurisdiccionales diferentes, por muy importantes que puedan ser los intereses all\u00ed debatidos. <\/p>\n
\u201cEl segundo de estos aspectos sobresalientes es que, debido a los distintos objetivos que se proponen alcanzar la acci\u00f3n penal y la acci\u00f3n civil, no es imaginable que pueda darse identidad material en el contenido de los correspondientes procesos en que ellas se ventilan, de donde se sigue, entonces, que tampoco cabe circunscribir el papel procesal de la cosa juzgada en lo criminal al mismo que desempe\u00f1a en el campo civil, habida cuenta que, como lo indica con acierto la doctrina (Nicol\u00e1s Valticos. La autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil, N. 466), lo que se busca mediante la consagraci\u00f3n de aqu\u00e9l principio \u00b4\u2026no es prohibir que una acci\u00f3n sea ejercitada por segunda vez, sino que un ment\u00eds sea infligido al juicio penal, de donde resulta que la autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil, debe atribuirse en cierta medida a los motivos mismos de la decisi\u00f3n, porque es sobre todo en tales motivos que pueden hallarse comprobaciones susceptibles de ser contradichas en lo civil\u2026\u00b4\u201d(G. J., t. CCXLVI, pags. 420 a 422, citada en Sent. Cas. Civ. de 3 de noviembre de 2004, Exp. No. 7327). <\/p>\n
Sobre el mismo aspecto, la Corte expres\u00f3: \u00abes as\u00ed como la norma procesal \u00faltimamente transcrita [art\u00edculo 50 del decreto 050 de 1987], tiene plena justificaci\u00f3n en el entendido de que los pronunciamientos penales se imponen por igual a toda la sociedad, \u00b4son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden por lo tanto ser desconocidos por absolutamente nadie\u00b4, respeto que se exige \u00b4de todas sus autoridades, incluidas como es obvio las jurisdiccionales\u00b4, de suerte que, una vez sea decidido, en forma definitiva, un preciso punto por el juez penal, no es dable a otro, aunque sea de distinta especialidad, abordarlo de nuevo, pues se encuentra cobijado por la autoridad de la cosa juzgada, postulado que, \u00b4am\u00e9n de precaver decisiones incoherentes y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que los asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la sind\u00e9resis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es \u00fanica, \u00b4y no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antag\u00f3nicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario\u00b4 \u2026\u201d(Sent. Cas. Civ de 11 abril de 2003, Exp. No. 7270). <\/p>\n
Concl\u00fayese de lo dicho, que este fundamento del fallo civil, acerca de la concurrencia de culpas derivado de los efectos de la providencia penal, es bastante para sostener la estructura argumental de la sentencia ahora recurrida en casaci\u00f3n, que por tanto permanece enhiesta con este soporte, pues superados los embates formulados en los cargos, tal circunstancia per se, determinar\u00eda el fracaso de la censura, como ha dictaminado esta Corporaci\u00f3n cuando a prop\u00f3sito de un caso semejante concluy\u00f3 que \u00abcuando la sentencia acusada se basa en varios motivos jur\u00eddicos independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u00bb (G.J. t. LXXXVIII, p. 596, y CLI, p. 199, citadas en Sent. Cas. Civ. de 27 de junio de 2005, Exp. No. 033301). <\/p>\n
4. En cuanto al reparo formulado por el casacionista, sobre la manera en que se resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por el recurrente contra la demanda de reconvenci\u00f3n, resulta patente que el cargo es inane si se tiene en cuenta que ninguna secuela desfavorable a los intereses del impugnante se deduce de la determinaci\u00f3n que sobre la demanda del demandado adopt\u00f3 el ad quem, pues las pretensiones de aquella no fueron exitosas desde la primera instancia por la propia concurrencia de culpas que tambi\u00e9n encontr\u00f3 el Tribunal en los demandados iniciales, quienes se defendieron en sentido de excluir su responsabilidad en la colisi\u00f3n, con lo cual, sea por v\u00eda de la demanda de mutua petici\u00f3n ora por la excepci\u00f3n planteada o declarada oficiosamente, el resultado es el mismo, que Iv\u00e1n Dar\u00edo Restrepo Gallego no ser\u00eda condenado a pagar, pero tampoco obtendr\u00eda ninguna de las peticiones que present\u00f3 al proceso. <\/p>\n
5. Los cargos fracasan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 9 de julio de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, ep\u00edlogo en segunda instancia del proceso ordinario que Gustavo de Jes\u00fas Escobar Restrepo, Joaqu\u00edn Humberto Guar\u00edn Garz\u00f3n y el recurrente promovieron en contra de la sociedad Procopal S.A. y Roberto Antonio Parias L\u00f3pez. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso al recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 En sentido similar, los art\u00edculos 50 y 187 del Decreto 050 de 1987. Diario Oficial, a\u00f1o CXXIII No. 37754, del 13 de marzo de 1987, pags. 2 y 3. <\/p>\n
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SC-267-2005 [0515431030011998-0306-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is de octubre de dos mil cinco Ref. Exp. No. 05154-3103-001-1998-00306-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante Iv\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83094\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}