SC-268-2005 [0800131100042000-00591-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 08001-31-10-004-2000-00591-01 <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Alfredo Sanju\u00e1n P\u00e9rez, respecto de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2003 por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido contra el recurrente por Olga Pacheco Ram\u00edrez. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que provoc\u00f3 este proceso, la demandante solicit\u00f3 se declarase que entre ella y su demandado existi\u00f3 sociedad patrimonial, por haber sido compa\u00f1eros permanentes desde el a\u00f1o 1983 hasta agosto de 2000, la cual, por tanto, deb\u00eda ser disuelta y liquidada. <\/p>\n
2. En lo fundamental, argument\u00f3 la se\u00f1ora Pacheco que hizo vida marital estable, permanente y singular con el se\u00f1or Sanju\u00e1n, desde abril de 1983, de la cual fue procreado Alfredo Dar\u00edo, quien naci\u00f3 el 15 de julio de esa anualidad. Agreg\u00f3 que con anterioridad a esa uni\u00f3n, liquid\u00f3 la sociedad conyugal que ten\u00eda de un matrimonio anterior, y que la separaci\u00f3n f\u00edsica de los compa\u00f1eros ocurri\u00f3 el 27 de agosto de 2000, a causa del excesivo consumo de licor por parte del demandado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Admitida la demanda y surtido su traslado, el se\u00f1or Sanju\u00e1n la contest\u00f3 para se\u00f1alar que no se opon\u00eda a las pretensiones, salvo la relativa a costas procesales, en tanto se admitiera, para efectos de la liquidaci\u00f3n, que la sociedad se conform\u00f3 \u201cdesde el a\u00f1o de 1975…, y dur\u00f3 hasta el a\u00f1o de 1998\u201d. Agreg\u00f3 que, pese a la prescripci\u00f3n, su \u201cinter\u00e9s… es obtener la igualdad de derechos sobre los bienes obtenidos en esta uni\u00f3n, por ambas partes\u201d (fls. 45 y 46, cdno. 1). <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla le puso fin a la primera instancia mediante sentencia proferida el 10 de marzo de 2003, en la cual declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre las partes y orden\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que entre ellos se conform\u00f3, pronunciamiento que el Tribunal Superior confirm\u00f3 por v\u00eda de apelaci\u00f3n, mediante fallo de 30 de septiembre siguiente, en el que precis\u00f3 que \u201clas fechas de iniciaci\u00f3n y finalizaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, en su orden, corresponden a abril de 1983 y agosto 27 de 2000\u201d (fl. 20, cdno. 3). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de memorar los presupuestos de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, afirm\u00f3 el Tribunal que las pruebas recaudadas daban cuenta de la relaci\u00f3n que, en las condiciones exigidas, tuvieron Olga Pacheco y Alfredo Sanju\u00e1n, cuya convivencia perdur\u00f3 aproximadamente 20 a\u00f1os. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, seg\u00fan las testigos Karina Prada y Candelaria Figueroa, esa uni\u00f3n se inici\u00f3 en 1983 y expir\u00f3 en el a\u00f1o 2000, la primera de tales fechas confirmada por las sentencias de separaci\u00f3n de cuerpos de matrimonio cat\u00f3lico y de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, proferidas por el Tribunal Superior de Barranquilla los d\u00edas 3 de marzo de 1978 y 12 de diciembre de 1980, respectivamente, pues \u201cel c\u00f3mputo calendario se inicia con la partici\u00f3n principal de la sociedad conyugal anterior y termina el mismo d\u00eda del a\u00f1o calendario siguiente\u201d (fl. 18, cdno. 3). <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que no se configuraba la prescripci\u00f3n, no s\u00f3lo porque la demanda se present\u00f3 oportunamente, sino tambi\u00e9n porque, \u201csi en gracia de discusi\u00f3n se admitiese como cierta la presencia del t\u00e9rmino prescriptivo\u201d, ella no se propuso en forma expresa, \u201clo cual puede verificarse con meridiana claridad al examinar la contestaci\u00f3n de la demanda, en la cual al controvertirse los hechos de \u00e9sta, el apoderado de la parte demandada se refiere gen\u00e9ricamente\u201d, sin que el juez pueda declararla de oficio (fl. 20, cdno. 3). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formul\u00f3 el recurrente contra la sentencia proferida por el Tribunal, ambos por la causal primera de casaci\u00f3n y de alcance parcial, los cuales ser\u00e1n despachados en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar, por la v\u00eda directa, los art\u00edculos 52 del C.R.P.M., 1\u00ba y 9\u00ba de la Ley 54 de 1990, todos por aplicaci\u00f3n indebida, pues el Tribunal, al disponer que la sociedad patrimonial hab\u00eda tenido comienzo en abril de 1983, le dio efectos retroactivos a esta \u00faltima legislaci\u00f3n, que comenz\u00f3 a regir el 31 de diciembre de 1990, una vez fue promulgada en el Diario Oficial No. 39615. <\/p>\n
Para el recurrente, el juzgador no tuvo en cuenta que \u201cla fecha de iniciaci\u00f3n de las sociedades maritales de hecho entre compa\u00f1eros permanentes no pod\u00eda tener iniciaci\u00f3n antes del 31 de diciembre de 1990\u201d, motivo por el cual, la sentencia deb\u00eda ser casada, para tener esta \u00faltima fecha como detonante de la sociedad patrimonial que existi\u00f3 entre las partes (fl. 11, cdno. 4). <\/p>\n
1. Antes de expresar las razones por las cuales la Corte modificar\u00e1 su jurisprudencia en lo tocante con los efectos en el tiempo de la Ley 54 de 1990, es preciso explicar, de manera breve, por qu\u00e9 las disposiciones invocadas por el recurrente, tienen el car\u00e1cter sustancial que es necesario para servir de soporte a la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, ha sido doctrina reiterada de la Sala, que norma sustancial es aquella que, \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas, entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u201d (CCLII, p\u00e1g. 208), \u201csin que tengan ese calificativo aquellas que se limiten a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir sus elementos, como tampoco las que regulan determinada actividad procesal\u201d (Auto del 5 de mayo de 2000, exp. C-9114). <\/p>\n
En el caso del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, es cierto que dicha norma, en lo fundamental, define el concepto de uni\u00f3n marital de hecho, a partir de la descripci\u00f3n de sus elementos configurativos, como son la integraci\u00f3n por un hombre y una mujer que no est\u00e9n unidos por v\u00ednculo matrimonial, la singularidad de la relaci\u00f3n y la comunidad de vida permanente. Sin embargo, no lo es menos que dicha disposici\u00f3n no tiene ese \u00fanico prop\u00f3sito, pues en ella expresamente se estableci\u00f3 que esa conceptuaci\u00f3n se hac\u00eda \u201cpara todos los efectos civiles\u201d (se subraya), lo que significa que, con independencia de cu\u00e1les sean en concreto esos efectos (derecho a alimentos, derechos laborales prestacionales, entre otros), es innegable que la norma hace alusi\u00f3n a una relaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica que genera consecuencias jur\u00eddicas determinables para cada uno de los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, dest\u00e1case que el planteamiento medular de la acusaci\u00f3n propuesta por el casacionista, consiste en que el Tribunal aplic\u00f3 los art\u00edculos 1\u00ba y 9\u00ba, \u201ca un caso existente antes de la vigencia de la Ley 54 de 1990, haci\u00e9ndole producir efectos retroactivos a casos no expresamente contemplados por la ley\u201d (fl. 11, cdno. 4), de donde emerge la pertinencia de los referidos textos legales, en cuanto se\u00f1alan, el primero, qu\u00e9 se entiende por uni\u00f3n marital de hecho, \u201cA partir de la vigencia de la presente ley\u201d, y el noveno, que esa normatividad \u201crige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d, ocurrida el 31 de diciembre de 1990. <\/p>\n
En este sentido, es innegable que, en este caso en particular, la alusi\u00f3n a tales normas pone de presente que la queja est\u00e1 referida, in complexu, a la aplicaci\u00f3n en el tiempo de toda la ley 54 de 1990, y no simplemente de una de sus disposiciones, por lo que s\u00ed ese \u2013y no otro- es el eje central de la censura, mal podr\u00eda ser desestimada con el pretexto de no haberse citado, de manera puntual, el art\u00edculo 2\u00ba, relativo a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que es, por cierto, el \u00fanico tema regulado en ella. <\/p>\n
2. Efectuada esta precisi\u00f3n, importa memorar que la Corte, como juez natural llamado por la Constituci\u00f3n a definir en casos particulares la aplicaci\u00f3n en el tiempo de una determinada ley \u2013como lo acept\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-239 de 31 de mayo de 1994, que declar\u00f3 la exequibilidad de un aparte de la Ley 54 de 1990-, ha venido sosteniendo en diversos pronunciamientos, que esta legislaci\u00f3n no puede aplicarse a las uniones maritales que nacieron con anterioridad a su vigencia, motivo por el cual, el t\u00e9rmino que en ella se establece para presumir la existencia de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, s\u00f3lo puede computarse desde la fecha de su promulgaci\u00f3n, ocurrida el 31 de diciembre de 1990, pues, se afirma, as\u00ed lo impone el principio de irretroactividad de la ley, que es la regla general (Cfme: cas. civ. de 20 de abril de 2001; exp.: No. 5883; 20 de marzo de 2003; exp. 6726 y 9 de marzo de 2004; exp.: No. 6984). <\/p>\n
Sin embargo, un nuevo an\u00e1lisis de esta problem\u00e1tica conduce a la Corte a modificar su aludida doctrina, para concluir que la Ley 54 de 1990 s\u00ed aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgaci\u00f3n, continuaron desarroll\u00e1ndose sin soluci\u00f3n de continuidad durante su vigencia \u2013no as\u00ed a las que para ese momento ya hab\u00edan fenecido-, por manera que para los efectos de la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria. <\/p>\n
En efecto, las razones que apoyan este nov\u00edsimo cambio de postura y, por ende, de doctrina jurisprudencial, son las siguientes, en lo toral: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en la hora actual, m\u00e1s particularmente desde que fue promulgada la Constituci\u00f3n de 1991, el Estado y la sociedad toda garantizan la protecci\u00f3n de la familia, la que puede constituirse por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, sin que, por tanto, quepan interpretaciones que \u2013de alguna manera- preserven prerrogativas para alguna tipolog\u00eda especial de familia (art. 42). M\u00e1s a\u00fan, si la Carta Pol\u00edtica es de aplicaci\u00f3n inmediata en lo que a derechos y garant\u00edas se refiere, resulta claro que esa tutela particular no se puede brindar \u00fanicamente a las uniones maritales de hecho que afloraron el primero de enero de 1990, sino que ella debe extenderse a las que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose de tiempo atr\u00e1s, con mayor raz\u00f3n si se considera el trato indiferente que el legislador le brindaba a las otrora llamadas relaciones concubinarias, a las que s\u00f3lo la jurisprudencia, in partis, les brindaba cierto amparo. <\/p>\n
Justamente sobre el tema de la aplicaci\u00f3n inmediata de la Constituci\u00f3n, tiene se\u00f1alado la Corte Constitucional que \u201cno puede abrigarse duda alguna que la Carta de 1991 se aplica en forma inmediata y hacia el futuro tanto a aquellos hechos que ocurran durante su vigencia como a las situaciones en tr\u00e1nsito de ejecuci\u00f3n. No as\u00ed, por el contrario, a aquellas situaciones jur\u00eddicas que alguna doctrina prefiere denominar consolidadas y no simplemente concretas, como lo propuso en su momento Bonnecase\u201d (Se subraya, sent. C-014 de enero 21\/93). <\/p>\n
Por consiguiente, desde la \u00f3ptica de la actual Constituci\u00f3n, es necesario prohijar una interpretaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990, que le permita a las familias integradas con anterioridad a su expedici\u00f3n, y que se preservaron con posterioridad a ella, recibir de inmediato el reconocimiento que esa normatividad les confiere, espec\u00edficamente en lo tocante con la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre quienes, de antiguo, o ex ante, vienen siendo compa\u00f1eros permanentes, sin que se pueda negar esa retrospectividad argumentando que la misma carta Pol\u00edtica garantiza \u201clos derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d (art. 58), toda vez que, como se explicar\u00e1 en p\u00e1rrafos siguientes, antes de 1990, en puridad, no exist\u00eda ninguna normatividad que regulara los efectos patrimoniales del otrora llamado concubinato, por lo que no podr\u00eda afirmarse v\u00e1lidamente la existencia de derechos adquiridos de los compa\u00f1eros permanentes con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la Ley 54. Dicho con brevedad \u2013y anticipadamente-, en casos de anomia no hay derechos adquiridos. <\/p>\n
b) En segundo lugar, es preciso resaltar que, por regla general, la promulgaci\u00f3n de leyes tuitivas \u2013la 54 de 1990 es una de ellas- en las que existe un innegable inter\u00e9s general, tiene el inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de brindar pronta y cumplida tutela a cierto grupo de personas que reciben una protecci\u00f3n precaria, o nula. De all\u00ed que en la ponencia para primer debate al Proyecto de ley No. 107 de 1988-C\u00e1mara de Representantes, antecedente de la mencionada normatividad, se hubiere precisado que la ley pretende conjurar \u201cuna grave injusticia\u201d, generada, entre otras razones, por existir \u201cun vac\u00edo en la legislaci\u00f3n acerca de un hecho social cada vez m\u00e1s extendido\u201d (se subraya). M\u00e1s a\u00fan, en el Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se acot\u00f3 que \u201cInterpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constituci\u00f3n la realidad en que vive hoy m\u00e1s de la cuarta parte de nuestra poblaci\u00f3n. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre \u2018uniones maritales de hecho y r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d (se subraya; Gaceta Constitucional No. 85, p\u00e1g. 5). <\/p>\n
A este respecto, es \u00fatil se\u00f1alar que la Corte, de tiempo atr\u00e1s, ha adoptado posturas interpretativas que habiliten el reconocimiento de derechos patrimoniales a quienes han conformado una familia sin sujeci\u00f3n al v\u00ednculo matrimonial, en un claro y plausible esfuerzo por conjurar la injusticia que gener\u00f3 la indiferencia del legislador ante un hecho que, en forma paulatina, se fue generalizando y arraigando en la sociedad patria e internacional, en general, y el no menos grave rechazo social que en antes provocaba ese tipo de uniones. Baste memorar dos pronunciamientos recientes, para evidenciar di\u00e1fanamente el pensamiento de la Sala sobre el aludido aspecto: <\/p>\n
-. En sentencia de 10 de septiembre de 2003, efectivamente ella expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEn la base de todo se encuentra el concubinato, que as\u00ed era uso y costumbre denominarlo, esto es, la convivencia de hombre y mujer, como si de matrimonio se tratara. Hecho social estigmatizado a trav\u00e9s de los tiempos, pues consider\u00f3se que socavaba en lo m\u00e1s profundo los cimientos de la instituci\u00f3n matrimonial. Es as\u00ed que, con tal parecer, reprobada fue esa forma natural de vida, por el hecho de no observar la forma que el matrimonio apareja. El c\u00f3digo civil, sin embargo, muy atento del desenvolvimiento social, trat\u00f3 de mitigar en parte tan deshonroso se\u00f1alamiento, y no ignor\u00f3 del todo su realidad ontol\u00f3gica, como que a m\u00e1s de dar una idea de lo que por tal deb\u00eda entenderse, quiso reconocerle algunos efectos en bien de la prole, llegando incluso a consagrar, con criterio de semejanza de lo que acontece en el matrimonio, la presunci\u00f3n de paternidad de los hijos de la mujer que de tal modo viv\u00eda, vale decir, p\u00fablicamente con un hombre \u201ccomo si fueran casados\u201d (art\u00edculos 328 y 329), y am\u00e9n de regular lo relativo al cuidado y la crianza de los hijos, permit\u00eda, aunque en casos muy reducidos, investigar la filiaci\u00f3n natural. <\/p>\n
\u201cMas el adelantamiento fue pasajero, porque a poco andar el c\u00f3digo, tan solo algunos d\u00edas despu\u00e9s de su adopci\u00f3n, fue derogado por la ley 153 de 1887. All\u00ed empez\u00f3 una etapa caracterizada por un largo silencio legislativo, hasta el punto que la existencia misma del concubinato, equival\u00eda parad\u00f3jicamente a la nada. Pudiera decirse que en ese \u00e1mbito el Derecho era antin\u00f3mico, porque en vez de recoger la realidad y aprisionarla en normas jur\u00eddicas, regulando el caso como mejor le pareciese, prefer\u00eda callar, tal vez bajo el pretexto de que aludir al tema implicaba favorecer la pr\u00e1ctica de lo ilegal, sin percatar que el silencio es terreno abonado para los excesos y las iniquidades, y que el Derecho, en cuanto arrostra lo que existe, antes bien, es orientador de conductas y cumple con sus fines. <\/p>\n
\u201cPreciso fue, entonces, que los esfuerzos viniesen de otros costados, para tratar de que el Derecho, que es, por encima de cualquier consideraci\u00f3n, sin\u00f3nimo de equilibrio, proporci\u00f3n y medida, se amoldara a la realidad y acabara con la inarmon\u00eda que los distanciaba. En ello reclama un lugar preponderante la jurisprudencia, que tuvo asomos, que no por t\u00edmidos dejan de ser encomiables, y perfil\u00f3 paulatinamente algunos derechos de los concubinos. No es tiempo de entrar aqu\u00ed en detalles, toda vez que basta subrayar algunos acaeceres que fungieron de signos precursores; viose as\u00ed a la concubina con algunos derechos, verbigracia, de car\u00e1cter laboral, indemnizatorio y, quiz\u00e1 lo m\u00e1s importante, pens\u00f3se seriamente en una eventual sociedad de hecho entre concubinos, a condici\u00f3n, eso s\u00ed, de que la sociedad no hubiere tenido por m\u00f3vil crear o fomentar la relaci\u00f3n concubinaria.\u201d <\/p>\n
\u201cEn fin, tras algunos avances consagrados en las leyes 45 de 1936, 75 de 1968, decreto 2820 de 1974, que ciertamente consagraron y afianzaron algunos derechos alrededor de la familia extramatrimonial, el verdadero a\u00f1o que marc\u00f3 el comienzo del fin del prejuicio es el de 1990. Ya la realidad, venida para entonces a borbotones, se\u00f1al\u00f3 estad\u00edsticamente las inn\u00fameras parejas que en el pa\u00eds hac\u00edan vida marital, sin la f\u00f3rmula del matrimonio, de tal suerte que la ley 54 de dicha anualidad no hizo m\u00e1s que identificar una problem\u00e1tica ya bastante sentida, la diagnostic\u00f3 jur\u00eddicamente y le proporcion\u00f3 el tratamiento que consider\u00f3 adecuado…\u201d <\/p>\n
\u201cConcepci\u00f3n esa de la que buenamente se suelta una caracter\u00edstica que bien hace al caso que ahora se decide, y es la naturaleza familiar de la relaci\u00f3n. Justamente se ve en la uni\u00f3n un n\u00facleo familiar, pues que la convivencia y la cohabitaci\u00f3n no tienen por resultado otra cosa. La pareja se une y hace vida marital. Al punto ha dicho la Corte que la ley 54 \u201cconlleva el reconocimiento legal de un n\u00facleo familiar, con las obligaciones y derechos que de \u00e9l dimanan\u201d (Corte Suprema de Justicia, auto de 16 de septiembre de 1992). El Estado entiende as\u00ed que tutelando el inter\u00e9s familiar tutela su propio inter\u00e9s y que del fortalecimiento de la familia depende en gran parte su suerte. Aun la formada por los \u201cv\u00ednculos naturales\u201d, pues que la naciente figura debe su origen, no necesariamente a un convenio, sino a una cadena de hechos. La voluntad no es indispensable expresarla, va envuelta en los hechos; y aunque se ignorase las consecuencias jur\u00eddicas, igual se gesta la figura; total, es la suma de comportamientos humanos plurales y reiterados, sin soluci\u00f3n de continuidad en el tiempo. De modo de afirmarse que la uni\u00f3n marital no tiene vida, vale decir, no nace, sino en cuanto que se exprese a trav\u00e9s de los hechos, reveladores de suyo de la intenci\u00f3n genuina de mantenerse juntos los compa\u00f1eros; aqu\u00ed a diferencia del matrimonio, porque al fin y al cabo casarse, no obstante ser uno de los pasos m\u00e1s trascendentales del ser humano, puede ser decisi\u00f3n de un momento m\u00e1s o menos prolongado, la uni\u00f3n marital es fruto de los actos conscientes y reflexivos, constantes y prolongados: es como la confirmaci\u00f3n diaria de la actitud. Es un hecho, que no un acuerdo, jur\u00eddico familiar\u201d (Se subraya; exp.: 7603). <\/p>\n
-. M\u00e1s recientemente, en sentencia de 27 de junio de 2005, puntualiz\u00f3 la Corte sobre el tema de la sociedad de hecho \u2013que no la patrimonial de la ley 54 de 1990- entre concubinos, en lo pertinente, que: <\/p>\n
\u201c…hace mucho tiempo la sociedad abandon\u00f3 la percepci\u00f3n de la ilicitud de la uni\u00f3n concubinaria, habida cuenta que, de un lado, prontamente fue despenalizada, pues el C\u00f3digo Penal de 1936 se abstuvo de tipificarla como una conducta punible, as\u00ed como tambi\u00e9n las posteriores codificaciones expedidas en esa materia y, de otro, porque la familia sufri\u00f3 profundos cambios en su estructura y din\u00e1mica que condujeron a que esa especie de relaci\u00f3n de pareja se generalizara y se modificara su valoraci\u00f3n entre los diversos sectores sociales que frontalmente otrora la rechazaban. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cTodo ello contribuy\u00f3 a que la relaci\u00f3n marital f\u00e1ctica se consolidara socialmente en el pa\u00eds como una forma m\u00e1s de constituir familia, como lo evidencian los estudios sociol\u00f3gicos, seg\u00fan los cuales en el aludido cambio jur\u00eddico-social influyeron diversos factores, tales como las tradiciones culturales, las dificultades para disolver los v\u00ednculos matrimoniales cat\u00f3licos, la ausencia durante varios a\u00f1os de legislaci\u00f3n sobre el matrimonio civil, las transformaciones ideol\u00f3gicas y culturales surgidas respecto a los conceptos de pareja y de familia. <\/p>\n
\u201c…\u201d <\/p>\n
\u201cEn fin, la realidad social llev\u00f3 al legislador a ocuparse frontalmente de esa especie de relaci\u00f3n de pareja y fue as\u00ed como expidi\u00f3 la Ley 54 de 1990, en la que reconoci\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho como instituci\u00f3n jur\u00eddica a la que, entre otros efectos, le asign\u00f3 unos de car\u00e1cter patrimonial. <\/p>\n
\u201c…\u201d <\/p>\n
\u201cPero es m\u00e1s, en forma coet\u00e1nea surgieron profundos cambios en su din\u00e1mica interna, toda vez que la uni\u00f3n marital, legal o de hecho, que da origen a ella, ya no se forma para satisfacer \u00fanicamente necesidades biol\u00f3gicas, afectivas o sicol\u00f3gicas sino, tambi\u00e9n, econ\u00f3micas. En efecto, la aludida relaci\u00f3n de pareja no se conforma s\u00f3lo para el cumplimiento de las funciones b\u00e1sicas de la familia, sino que de anta\u00f1o persigue la proyecci\u00f3n de sus miembros en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, habida cuenta que \u00e9stos a\u00fanan esfuerzos para estructurar un proyecto econ\u00f3mico que responda a las complejas exigencias personales y sociales. <\/p>\n
\u201cInclusive, las expectativas econ\u00f3micas que de tiempo atr\u00e1s se buscan cristalizar en una relaci\u00f3n marital, legal o de hecho, han impuesto variaciones en el rol de la pareja. As\u00ed, la mujer, a sus funciones tradicionales de orden dom\u00e9stico, agreg\u00f3 la de proveedora econ\u00f3mica del hogar, cuanto que ingres\u00f3 al mercado laboral…\u201d <\/p>\n
\u201c…\u201d <\/p>\n
\u201c4. Siendo ello as\u00ed, no puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunci\u00f3n de aportes comunes, participaci\u00f3n en las p\u00e9rdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la uni\u00f3n extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de uni\u00f3n, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aqu\u00ed examinada no puede escindirse tajantemente la relaci\u00f3n familiar y la societaria, habida cuenta que sus prop\u00f3sitos econ\u00f3micos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida como aconteci\u00f3 en este caso, tal como emerge de la prueba rese\u00f1ada por la censura.\u201d (Se subraya; exp.: 7188) <\/p>\n
De all\u00ed, entonces, en la hora de ahora, que no pueda perseverarse en una interpretaci\u00f3n que difiere en dos a\u00f1os el reconocimiento de los beneficios patrimoniales reconocidos por la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho, pues ello traduce, ni m\u00e1s ni menos, que la \u201cgrave injusticia\u201d que, ex professo, el legislador quiso remediar, sigui\u00f3 latente por un bienio adicional, si se quiere con el sobreentendido benepl\u00e1cito de aqu\u00e9l, lo que no se encuentra en consonancia con el sentido com\u00fan y la recta raz\u00f3n, am\u00e9n que tal suerte de entendimiento, in radice, desconoce el acerado principio de solidaridad que informa el ordenamiento jur\u00eddico patrio y deja latente el equivocado mensaje, de que la ley en cuesti\u00f3n, mutatis mutandis, es una ley de punto final de las uniones maritales de hecho que afloraron antes de su vigencia formal. <\/p>\n
Flaco favor se le hace a la familia natural, ciertamente, cuando se dice que, no obstante la urgente y laudable necesidad de disciplinar la uni\u00f3n marital de hecho reconocida y advertida expresamente por el legislador, s\u00f3lo dos a\u00f1os despu\u00e9s del despunte material de la ley se corregir\u00e1 una situaci\u00f3n conscientemente tildada, sin ambages, de \u201cgrave injusticia\u201d. Ser\u00eda parad\u00f3jico aplazar sus efectos reales por un bienio, a sabiendas de la presencia de esta \u201cinjusticia\u201d, calificada de \u201cgrave\u201d, como se acot\u00f3. Sin duda, all\u00ed no anida una interpretaci\u00f3n racional y, sobre todo, dotada de s\u00f3lida apoyatura. No en vano, diferir la soluci\u00f3n de una injusticia, cuando hay plena y confesada consciencia de su existencia y de sus devastadores consecuencias, es tanto como darle la espalda al genuino norte de la misi\u00f3n legislativa y judicial, esto es, la incesante b\u00fasqueda de la justicia, en claro apartamiento de la teleolog\u00eda que anima la hermen\u00e9utica contempor\u00e1nea, muy alejada de la ex\u00e9gesis y de las interpretaciones meramente literales, de suyo p\u00e9treas y distantes de la realidad imperante, de suyo muy otra. <\/p>\n
Es por eso que la Sala, al ocuparse del tema de la retroactividad, ha precisado que \u201clos particulares no pueden prevalerse de las irregularidades que, por una u otra causa, surgen en el devenir de la vida diaria para pretender derivar de ellas la existencia de derechos adquiridos, menos cuando el ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 orientado, por principio general, a subsanar esas situaciones. De ah\u00ed que, cual lo ha expuesto igualmente la Corte, las leyes de orden p\u00fablico encaminadas a remediar injusticias sociales existentes, se expidan no s\u00f3lo con el prop\u00f3sito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro sino que se eliminen las ya producidas; o, en otros t\u00e9rminos, que su aplicaci\u00f3n comprenda las nuevas situaciones y las anteriores (Cfr. Sentencia de 18 de julio de 1956, G.J. LXXXIII, p\u00e1g. 269)\u201d (Se subraya; cas. civ. de 29 de mayo de 1997; exp.: 4845). <\/p>\n
Por ende, no se puede afirmar que fue la propia Ley 54 de 1990 la que descart\u00f3 la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de convivencia anterior, por haber precisado en su art\u00edculo 1\u00ba que \u201cA partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina Uni\u00f3n Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u201d, pues es claro que esa puntual referencia, no solo tuvo el confesado, am\u00e9n de notable prop\u00f3sito de excluir las odiosas nomenclaturas otrora utilizadas para referirse a esas uniones, a las que se otorg\u00f3 un calificativo m\u00e1s acorde con su significaci\u00f3n social actual, sino tambi\u00e9n el de resaltar el principio de vigencia inmediata de la ley, por lo que no se podr\u00eda afirmar que las uniones que tuvieron comienzo antes del 31 de diciembre de 1990 y que siguieron desarroll\u00e1ndose con posterioridad, el \u00fanico beneficio que reportaron, una vez promulgada la ley en cuesti\u00f3n, fue el de recibir una m\u00e1s adecuada denominaci\u00f3n o status societario, como si ello fuere bastante, o acaso de mayor importancia que el efecto patrimonial. He aqu\u00ed esbozada la ratio aut\u00e9ntica de la \u201cgrave injusticia\u201d que el legislador de 1990 se empe\u00f1\u00f3 en remediar, seg\u00fan dan cumplida cuenta los antecedentes de la ley 54 de esa anualidad, muy diferente a solucionar, por lo pronto, la mera nomenclatura. <\/p>\n
a. <\/p>\n
c) En tercer lugar, es relevante precisar que, stricto sensu, el c\u00f3mputo del plazo de convivencia anterior a la expedici\u00f3n de la citada ley, no traduce una aplicaci\u00f3n retroactiva, como se suele aseverar, puesto que no se estar\u00edan desconociendo derechos adquiridos o, mejor a\u00fan, situaciones jur\u00eddicas consolidadas. <\/p>\n
En este sentido, dest\u00e1case que antes de la Ley 54 de 1990, las uniones que ella denomin\u00f3 maritales de hecho, no gozaban de protecci\u00f3n legislativa especial, pues el ordenamiento jur\u00eddico ni siquiera se ocupaba de ellas, motivo por el cual, ning\u00fan derecho subjetivo vinculado a dicha uni\u00f3n, podr\u00eda resultar afectado por el hecho de hacer gobernar toda la relaci\u00f3n por la nov\u00edsima normatividad. De all\u00ed que, en rigor, no pueda hablarse de conflicto de leyes en el tiempo, circunstancia que, in toto, descarta el tema de la retroactividad, rectamente entendido. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, es necesario reconocer que la irretroactividad de la ley es principio que supone la colisi\u00f3n de dos normatividades, una anterior y otra nueva o ulterior que la deroga o modifica. S\u00f3lo as\u00ed cabe sostener que la \u00faltima no pueda desconocer derechos adquiridos al amparo de la primera, o, mejor a\u00fan, que deba respetar las situaciones jur\u00eddicas consolidadas al amparo de \u00e9sta. Pero si no hay ley anterior, en estrictez, \u00bfqu\u00e9 derechos pueden ser vulnerados? El conflicto de leyes en el tiempo supone, entonces, que dos leyes promulgadas en \u00e9pocas distintas, se disputan el gobierno de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, lo que justifica que el propio legislador arbitre en esa pugna, para se\u00f1alar que, en principio, la \u00faltima de ellas no puede inmiscuirse en los derechos que consolid\u00f3 la primera. Pero si falta una de las leyes en contienda, \u00bfen d\u00f3nde est\u00e1 el conflicto?. Y es claro que la Ley 54 de 1990, ello es de Perogrullo, no puede re\u00f1ir consigo misma. De all\u00ed, entonces, que cuando el legislador, por vez primera, se ocupa de una situaci\u00f3n jur\u00eddica, resulta inoficioso \u2013a fuer de impreciso- hablar de retroactividad, pues no hay conflicto cuando en el pasado hay anomia, como se anticip\u00f3. <\/p>\n
Con otras palabras, como el legislador, antes de la Ley 54 de 1990, opt\u00f3 por ser indiferente con las otrora llamadas relaciones concubinarias o de barraganer\u00eda, no puede ahora el int\u00e9rprete sostener que all\u00ed hab\u00eda un derecho al que le sirve de rodela la irretroactividad de la ley, pues harto dif\u00edcil ser\u00eda darle contenido y alcance, cuando el propio ordenamiento jur\u00eddico entend\u00eda, con su silencio, que all\u00ed no hab\u00eda nada. <\/p>\n
Desde luego que no se podr\u00eda encontrar \u2013y nadie la ha hallado- una regulaci\u00f3n y, menos a\u00fan, un arquet\u00edpico derecho adquirido o, mejor a\u00fan, una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, en el ya derogado art\u00edculo 2082 del C.C., que prohib\u00eda \u201ctoda sociedad de ganancias, a t\u00edtulo universal, excepto entre c\u00f3nyuges\u201d, porque largo y espinoso trecho debe recorrerse, para tratar de ver un derecho subjetivo en donde s\u00f3lo existe un veto, o una proscripci\u00f3n frontal. <\/p>\n
Tan cierto ser\u00e1 ello, que esa disposici\u00f3n no fue obst\u00e1culo para que la Corte, a partir de la sentencia de 30 de noviembre de 1935 (G.J. N\u00b0 1987, p\u00e1g. 476), le abriera paso al reconocimiento de efectos patrimoniales a las hoy apellidadas uniones maritales de hecho, con fundamento en la figura de la sociedad de hecho civil o comercial, seg\u00fan el caso, si bien \u2013anta\u00f1o- resultaba claro que el simple hecho de la convivencia more uxorio extramatrimonial, no generaba la constituci\u00f3n de una sociedad de bienes, pues era necesario acreditar el \u00e1nimo societario, elemento \u00e9ste que, seg\u00fan el estado actual de la jurisprudencia de la Sala, ya citada, no puede ser apreciado al margen de la relaci\u00f3n afectiva que existe entre los compa\u00f1eros permanentes, sino, por el contrario, con vista en ella. <\/p>\n
d) En cuarto lugar, no puede perderse de vista que si bien es cierto que el legislador descart\u00f3 en general que la ley fuera retroactiva \u2013principio que, dicho sea de paso, no es absoluto, al punto que la Ley 153 de 1887 derog\u00f3 expresamente el art\u00edculo 13 del C.C., que lo establec\u00eda-, no lo es menos que, tambi\u00e9n, por regla, consagr\u00f3 el postulado de vigencia inmediata de la ley, la cual, rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jur\u00eddicas en curso, esto es, aquellas que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose con anterioridad a su promulgaci\u00f3n y que contin\u00faan desdobl\u00e1ndose bajo su imperio. <\/p>\n
Esa aplicaci\u00f3n de la ley nueva a las situaciones jur\u00eddicas que vienen del pasado, se concreta, claro est\u00e1, a los efectos y a la extensi\u00f3n del derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella establece, sin que ello indefectiblemente implique retroactividad. Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado retrospectividad y que un sector de la dogm\u00e1tica internacional califica como materializaci\u00f3n de la \u201cretroactividad \u2018no genuina\u2019\u201d \u2013o de primer grado o d\u00e9bil-, admisible, ello es capital, cuando se trata de proteger la dignidad del ciudadano y cuando a nadie perjudica, por oposici\u00f3n a la \u201cretroactividad \u2018genuina\u2019\u201d \u2013o de segundo grado o fuerte-, esta s\u00ed inadmisible, todo lo cual pone de presente que, con independencia de la nomenclatura que se utilice para identificar el fen\u00f3meno jur\u00eddico que se comenta, existe consenso en descartar la aplicaci\u00f3n absoluta del postulado de la irretroactividad, para abrirle paso a una concepci\u00f3n m\u00e1s tuitiva, solidaria y fraterna, como hoy indiscutiblemente lo reclama la familia, base esencial de la sociedad. <\/p>\n
Por eso, entonces, no es posible desconocer que la Ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata, motivo por el cual regula, \u201ca partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d (art. 9), todas las situaciones de hecho a que ella se refiere, y no s\u00f3lo las que surjan con posterioridad, sino tambi\u00e9n las que estaban en desarrollo, o sea a \u201clos hechos in fieri\u201d y a \u201clas consecuencias no consumadas de los hechos pasados\u201d1 (se subraya), pues \u201cla ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, a\u00fan anteriores a ella, sin ser retroactiva\u201d2. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, si la Ley 54 de 1990 tiene vigencia inmediata, necesariamente es retrospectiva, efecto que impone considerar el tiempo de convivencia anterior a su promulgaci\u00f3n, con el fin de computar el plazo en ella previsto para la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Sobre este particular, es \u00fatil memorar que la Corte Suprema, en m\u00faltiples decisiones, ha reconocido que la retrospectividad de la ley no implica hacerla retroactiva, destacando entre ellas la sentencia del 12 de noviembre de 1937, emanada de su Sala Plena, en la que se precis\u00f3 que \u201cEn la legislaci\u00f3n colombiana hay numerosos antecedentes en que se ha tenido en cuenta el tiempo de servicios anterior a la expedici\u00f3n de leyes para regular la cuant\u00eda de las pensiones y las recompensas\u201d, sin que ello comporte retroactividad, como sucedi\u00f3 en el caso de los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1932; 4\u00ba del Decreto 1471 del mismo a\u00f1o; literal c) del art\u00edculo 14 de la Ley 10 de 1934 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 24 del Decreto 652 de 1932, todos alusivos a derechos prestacionales de los trabajadores, argumentando la Corporaci\u00f3n, con apoyo en lo afirmado por el doctor Manuel J. Angarita, que \u201chay leyes que se refieren al pasado sin vulnerar ning\u00fan derecho adquirido,\u2026leyes (que) no tienen car\u00e1cter retroactivo y deben considerarse \u00fanicamente como \u2018retrospectivas\u2019\u201d (se subraya). Al fin y al cabo, dijo la Corte, siguiendo las ense\u00f1anzas de Paul Roubier, existen \u201cdiferencias entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de una ley; aplicaci\u00f3n de la ley a hechos cumplidos antes (facta praet\u00e9rita), a hechos en curso o pendientes (facta pendentia) y a hechos por venir (facta futura)\u201d, siendo necesario diferenciar, entonces, \u201centre efecto retroactivo de una ley (que no lo admite) y efecto retroactivo de ciertas situaciones jur\u00eddicas retroactivas materia de la nueva ley\u201d, como quiera que, se\u00f1ala el nombrado autor, \u201cExisten situaciones jur\u00eddicas retroactivas, es decir, cuya constituci\u00f3n en cierta forma entra\u00f1a efectos en el pasado\u201d, sin que por ello pueda sostenerse que, en tal caso, la ley tiene efecto retroactivo, stricto sensu. <\/p>\n
Lo propio aconteci\u00f3 cuando la Corte se ocup\u00f3 de la Ley 45 de 1936, que habilit\u00f3 a los hijos extramatrimoniales nacidos con anterioridad a ella para que investigaran su paternidad, evento en el que \u201cno se ha violado ning\u00fan derecho adquirido, circunstancia que caracteriza el efecto retroactivo. Lo que se ha producido es un efecto retrospectivo\u201d (se subraya; LXXX, p\u00e1g. 260), se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
e) En quinto lugar, si la Ley 54 de 1990 estableci\u00f3 una presunci\u00f3n legal de conformaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (art. 2\u00ba), no es posible oponerse a su aplicaci\u00f3n con el pretexto de la irretroactividad de la ley, toda vez que, por ese camino, se desconocer\u00eda la naturaleza procesal \u2013m\u00e1s concretamente probatoria- que le es propia a las presunciones de esa estirpe, consignadas por el legislador con el inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de facilitar la prueba de la existencia de la referida sociedad. <\/p>\n
En este sentido, en lo pertinente y aplicable, cumple memorar que, a juicio de la doctrina, \u201cExisten cuatro categor\u00edas de leyes que producen efecto retroactivo, a saber: 1.- Aquellas a las cuales el mismo legislador les asigne ese efecto, dentro del sistema constitucional; 2.- Las leyes interpretativas, 3.- Las que establecen presunciones legales, y 4.- Las leyes penales que disminuyen las sanciones, o le quitan car\u00e1cter de delito a un hecho que antes lo ten\u00eda…\u201d3 (Se subraya). Por tanto, si el \u00f3bice para la aplicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990, a las uniones maritales de hecho que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose al momento en que ella fue promulgada, es que la ley no es retroactiva \u2013concepto que, seg\u00fan se acot\u00f3 en l\u00edneas precedentes, debe desacartarse cuando no existe una ley anterior con la que la ley nueva pueda entrar en conflicto-, es menester colegir que dicha normatividad, en cuanto consagra una presunci\u00f3n, se aparta de la referida regla, para tener vigencia inmediata (art. 40, Ley 153 de 1887) y, por tanto, producir efectos retrospectivos que le permitan a las mencionadas uniones, recibir el beneficio probatorio que se le apareja a la presunci\u00f3n, tanto m\u00e1s si se considera el indiscutido inter\u00e9s p\u00fablico que se ense\u00f1orea en la ley. <\/p>\n
2. Por tanto, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al concluir que la sociedad patrimonial que existi\u00f3 entre los litigantes, tuvo principio en abril de 1983, conclusi\u00f3n que hunde sus ra\u00edces en que la Ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata y, por ende, de aplicaci\u00f3n retrospectiva \u2013que no retroactiva, propiamente dicha-, como se explic\u00f3 en p\u00e1rrafos liminares. <\/p>\n
El cargo, entonces, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tambi\u00e9n al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente acus\u00f3 la sentencia de violar, indirectamente, los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de hecho evidentes en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Ram\u00f3n Eliecer Ar\u00e9valo, Erasmo Santiago Navas, Karina Prado Ospina y Candelaria Figueroa Santos, lo mismo que del interrogatorio de parte que rindi\u00f3 la se\u00f1ora Olga Pacheco Ram\u00edrez. <\/p>\n
Para fundamentar su acusaci\u00f3n, el recurrente resalt\u00f3 que los se\u00f1ores Ar\u00e9valo y Navas atestiguaron que los compa\u00f1eros Sanju\u00e1n-Pacheco \u201cse encuentran separados… desde el a\u00f1o de 1998\u201d, pues, seg\u00fan el \u00faltimo de ellos, quien rindi\u00f3 su versi\u00f3n el 4 de septiembre de 2002, las relaciones \u201cterminaron hace m\u00e1s o menos unos cuatro a\u00f1os\u201d (fls. 11 y 12, cdno. 4). Agreg\u00f3 que, por el contrario, las testigos Prado y Figueroa son \u201cimprecisas\u201d, am\u00e9n de no ser responsivas, ni exactas, pues la primera mencion\u00f3 que la separaci\u00f3n ocurri\u00f3 \u201chace como unos o m\u00e1s de un a\u00f1o\u201d, mientras que la segunda refiri\u00f3 que \u201cm\u00e1s o menos un a\u00f1o\u201d, lo cual \u2013incluso- contradice la conclusi\u00f3n del Tribunal que, amparado en los \u00faltimos dos testimonios, afirm\u00f3 que el rompimiento tuvo lugar el 27 de agosto de 2000, sin darse cuenta que si la testigo declar\u00f3 el 3 de julio de 2002, ello querr\u00eda decir que la disoluci\u00f3n tuvo lugar el 3 de julio de 2001. <\/p>\n
Por tanto, argument\u00f3 que \u201cla discrepancia de la parte demandada radica esencialmente sobre la fecha de la separaci\u00f3n de los compa\u00f1eros permanentes\u201d, la cual, seg\u00fan el acta de conciliaci\u00f3n que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, las versiones de los testigos Ar\u00e9valo-Navas y la propia declaraci\u00f3n de la demandante, tuvo lugar el 26 de junio de 1998. <\/p>\n
Se reclam\u00f3, entonces, casar la sentencia, para precisar que las fechas de iniciaci\u00f3n y finalizaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, son el 31 de diciembre de 1990 y 26 de junio de 1998. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de hecho que se le atribuyen, toda vez que concluy\u00f3 que las partes cesaron su vida en com\u00fan el 27 de agosto de 2000, sin que de tal fecha den cuenta los testigos, ni ninguna otra prueba de las recaudadas, las cuales, por el contrario, dejan ver que ese hecho aconteci\u00f3 en junio de 1998. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que las testigos Candelaria Figueroa y Karina Prada, en cuyas versiones crey\u00f3 encontrar respaldo el juzgador, manifestaron en las declaraciones que rindieron el 3 de julio de 2002, que Olga y Alfredo \u201cse separaron poco m\u00e1s o menos el a\u00f1o pasado para julio\u201d, \u201chace como unos o m\u00e1s de un a\u00f1o\u201d (fls. 105 y 107, cdno. 1), lo que significar\u00eda que, seg\u00fan ellas, ese hecho habr\u00eda ocurrido al promediar el a\u00f1o 2001, pero no en la fecha que precis\u00f3 el juzgador, circunstancia que, al rompe, pone en evidencia su equivocaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, es notorio que el Tribunal pas\u00f3 por alto las declaraciones de los se\u00f1ores Ram\u00f3n Eliecer Ar\u00e9valo y Erasmo Santiago Navas, quienes se\u00f1alaron que aquellos est\u00e1n separados \u201cdesde el a\u00f1o 1998 aproximadamente\u201d, que \u201clas relaciones terminaron hace m\u00e1s o menos cuatro a\u00f1os\u201d, agregando el \u00faltimo que ellos \u201cviv\u00edan bajo el mismo techo pero no hac\u00edan vida marital de los 4 a\u00f1os para ac\u00e1\u201d (Se subraya; fls. 114 y 125, cdno. 1), testimonios que concuerdan con el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 la demandante, se\u00f1ora Olga Pacheco Ram\u00edrez, que al ser preguntada sobre \u201cc\u00f3mo han sido o c\u00f3mo son sus relaciones \u00edntimas o sentimentales con el se\u00f1or Alfredo Sanju\u00e1n, desde el 26 de junio de 1998, fecha en que se celebr\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n ante el juzgado segundo de familia\u201d, respondi\u00f3 que \u201cya no hab\u00eda nada, pues hab\u00eda relaci\u00f3n f\u00edsica y sentimental tambi\u00e9n, queriendo seguir sobrellevando la situaci\u00f3n por conservar un hogar por mi hijo\u201d (Se subraya; fl. 112, ib.). <\/p>\n
2. Por consiguiente, es ostensible que el Tribunal supuso la prueba de la fecha en que, seg\u00fan \u00e9l, se puso fin a la uni\u00f3n marital de hecho que tuvieron las partes, pues ninguno de los medios probatorios recaudados refiere como tal el 27 de agosto de 2000. Es claro que, en este aspecto, el sentenciador distorsion\u00f3 los testimonios de las se\u00f1oras Figueroa y Prada, quienes hicieron alusi\u00f3n a una fecha distinta, la que adem\u00e1s fue desvirtuada por dos testigos y por la propia demandante, en cuya declaraci\u00f3n acept\u00f3 que, pese a que el se\u00f1or Sanju\u00e1n continu\u00f3 habitando el mismo inmueble con ella, desde el 26 de junio de 1998, \u201cya no hab\u00eda nada\u201d. <\/p>\n
As\u00ed pues, se casar\u00e1 la sentencia impugnada, \u00fanicamente para precisar que la sociedad patrimonial tuvo vigencia hasta la fecha aludida. <\/p>\n
3. Para los efectos de la sentencia sustitutiva, la Corte se remite a los argumentos expuestos al despachar la segunda acusaci\u00f3n, sin que pueda abordar otros distintos, dada la limitaci\u00f3n tem\u00e1tica impuesta por el recurrente al formular su censura y el car\u00e1cter eminentemente dispositivo que estereotipa el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 30 de septiembre de 2003, dentro del proceso de la referencia, \u00fanicamente en lo tocante a la fecha de finalizaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, que corresponde al d\u00eda 26 de junio de 1998. <\/p>\n
Los dem\u00e1s pronunciamientos permanecen inalterados. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por haber prosperado el recurso. Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Referencia: Exp. No. 08001-31-10-004-2000-00591-01 <\/p>\n
Los suscritos Magistrados, guardando el debido respeto a la Sala que por mayor\u00eda decidi\u00f3 otorgar efectos a la ley 54 de 1990 respecto de las uniones maritales que surgieron con anterioridad a la vigencia de dicho estatuto legal, variando de ese modo la doctrina que en sentido contrario y s\u00f3lo a partir de tal vigencia le concedi\u00f3 efecto aquellas, en tanto que se refiere a la sociedad patrimonial que emerge de ellas, manifestamos por medio del presente salvamento nuestro disentimiento. Ello porque, am\u00e9n de comportar un grave compromiso con la seguridad jur\u00eddica y con las definiciones que al tenor de la sentencia S-072 de 20 de abril de 2001 se han dado desde entonces, no encontramos que existan motivos suficientes ni v\u00e1lidos, ni en el campo constitucional ni en el legal, para variar lo dicho y decidido entonces, cuyos t\u00e9rminos importan retomar para fundar nuestra respetuosa discrepancia. <\/p>\n
Dijo en esa sentencia la Corte, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c2. Paralelo al v\u00ednculo matrimonial desde siempre y a trav\u00e9s de los siglos, han proliferado las llamadas uniones de hecho o concubinarias, en \u00e9pocas calificadas de il\u00edcitas, pero ante todo de ileg\u00edtimas, por ser extra\u00f1as al solemne nexo matrimonial, aunque con la Revoluci\u00f3n Francesa la uni\u00f3n libre se quiso asimilar al matrimonio. Sin embargo, como reacci\u00f3n a esta posici\u00f3n de ideolog\u00eda liberal, el C\u00f3digo de Napole\u00f3n desconoci\u00f3 la figura dej\u00e1ndola en una verdadera tiniebla, como pas\u00f3 al C\u00f3digo Civil chileno y luego al colombiano. <\/p>\n
\u201cNo empece al silencio legislativo, explicable hist\u00f3ricamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia de casaci\u00f3n civil de 30 de noviembre de 1935 (G.J. N\u00b0 1987, p\u00e1g. 476), orientada por postulados de equidad, empez\u00f3 a dar respuesta justa, as\u00ed fuera parcialmente, a esa familia de hecho, al admitir la posibilidad de reconocer la existencia de una sociedad patrimonial de hecho entre los concubinos, pero no como formaci\u00f3n necesaria de la relaci\u00f3n personal extramatrimonial, sino como un acto jur\u00eddico aut\u00f3nomo y con entidad propia, que simplemente hallaba en la comunidad personal el ambiente propicio para su incubaci\u00f3n, pero sin que \u00e9ste pudiera entenderse como un mecanismo de est\u00edmulo y fomento de la relaci\u00f3n concubinaria. Para tal efecto, la doctrina que desde ese momento empez\u00f3 a construir la Corporaci\u00f3n, sum\u00f3 a los elementos propios de la sociedad de hecho, otros que estaban destinados a caracterizar esa particular sociedad patrimonial que eventualmente se pod\u00eda gestar entre quienes estaban unidos por un simple v\u00ednculo amatorio: que se tratara de una actividad com\u00fan de las dos personas, cuyo fin no fuera fomentar el concubinato y que la com\u00fan explotaci\u00f3n de empresa apareciera n\u00edtidamente como tal, y no que simplemente se presentara como una manifestaci\u00f3n de la vivienda com\u00fan extendida al manejo de los bienes de cada uno. <\/p>\n
\u201c3. Consciente el legislador no s\u00f3lo del inocultable hecho social de la \u201cfamilia natural\u201d, sino del silencio de la ley, que como ya se dijo, simplemente soslayaba el fen\u00f3meno, el 29 de diciembre de 1990 expidi\u00f3 la ley 54, publicada en el Diario Oficial 39.618 de 31 de diciembre de 1990, \u201cPor la cual se definen las uniones maritales de hecho y el r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d. <\/p>\n
\u201cEsta normatividad, como su misma titulaci\u00f3n lo indica, tiene como finalidad, adem\u00e1s de reconocer la existencia de la \u201cfamilia natural\u201d, establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los \u201cconcubinos\u201d, y as\u00ed llenar el vac\u00edo legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protecci\u00f3n del Estado, como se lee en la Exposici\u00f3n de motivos (Anales del Congreso N\u00b0 79 de 15 de agosto de 1988). <\/p>\n
\u201cAunque la ley 54 de 1990, es un texto anterior a la Constituci\u00f3n de 1991, su lectura e interpretaci\u00f3n no puede ser extra\u00f1a a los valores y principios que esta \u00faltima consagra, esto es, verla como una preceptiva con una vocaci\u00f3n de equidad e igualdad, pero sin que necesariamente se pueda concluir en una asimilaci\u00f3n absoluta entre matrimonio y uni\u00f3n marital de hecho, porque sin duda alguna lo que sus normas procuran es reconocer, como luego lo hizo el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que la uni\u00f3n libre entre el hombre y la mujer, tambi\u00e9n es una forma leg\u00edtima de constituir la familia, merecedora de toda la protecci\u00f3n legal y de la aceptaci\u00f3n social. <\/p>\n
\u201cProcurando la finalidad dicha, el art\u00edculo primero define la uni\u00f3n marital de hecho como \u201cla formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u201d; expresi\u00f3n esta de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, destinada a sustituir t\u00e9rminos antiguos (concubinato o amancebamiento), que por lo peyorativos aparec\u00edan como discriminatorios. <\/p>\n
\u201cPor su parte el art\u00edculo segundo presume legalmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, y por contera establece una tutela jurisdiccional para su declaraci\u00f3n, cuando \u201cexista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos (2) a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio\u201d (literal a) y \u201cCuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos (2) a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un (1) a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d (literal b). Este art\u00edculo, seg\u00fan lo entendi\u00f3 la Corte Constitucional en Sentencia C-239 de 1994, tiene como prop\u00f3sito \u201cevitar la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal, nacida una del matrimonio y la otra de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
\u201cLos art\u00edculos restantes, en su orden, tienen contenidos destinados a determinar el haber de la sociedad patrimonial (art\u00edculo 3\u00ba), la forma de probar su existencia y la competencia de los jueces de familia en primera instancia (art\u00edculo 4\u00ba), las causas de disoluci\u00f3n (art\u00edculo 5\u00ba), la legitimaci\u00f3n de los compa\u00f1eros permanentes o sus herederos para pedir la liquidaci\u00f3n y la adjudicaci\u00f3n de los bienes (art\u00edculo 6\u00ba), el procedimiento a aplicarse en consideraci\u00f3n a la pretensi\u00f3n propuesta (art\u00edculo 7\u00ba), el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n de las acciones (art\u00edculo 8\u00ba) y la vigencia y derogaciones de la ley (art\u00edculo 9\u00ba). <\/p>\n
\u201cRefiri\u00e9ndose al contenido de la ley, la Corte Constitucional con ocasi\u00f3n de la sentencia C-098 de 1996, advirti\u00f3 que \u00e9sta \u201csin equiparar a los miembros de las uniones libres y a los c\u00f3nyuges vinculados por matrimonio, avanza en el sentido de reconocer jur\u00eddicamente su existencia y regular sus derechos y deberes patrimoniales\u201d, para luego agregar que con la ley se quiso llenar el silencio que en esta materia se observaba y adem\u00e1s suplir las falencias que aun dentro del marco de la respuesta jurisprudencial se segu\u00edan presentando, pues, \u201cLas presunciones legales sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, la libertad probatoria para acreditar la uni\u00f3n, comportan mecanismos y v\u00edas dise\u00f1adas por el legislador con el objeto de reconocer legitimidad de este tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Identificado el problema que plantea el caso, as\u00ed como el contenido de la ley 54 de 1990 y la finalidad que la justifica, procede entrar a la definici\u00f3n de su \u00e1mbito de validez temporal, tomando tres situaciones f\u00e1cticas completamente diferentes, dos de las cuales no ofrecen dificultad, como son las uniones maritales fenecidas antes de la ley, no amparadas por \u00e9sta, dada su obvia inexistencia, y aqu\u00e9llas que sin duda alguna tuvieron comienzo y se consolidaron bajo la vigencia de la ley, luego de su promulgaci\u00f3n, incuestionablemente comprendidas por ella. <\/p>\n
\u201cDe modo que el punto \u00e1lgido, en consideraci\u00f3n al trato sucesivo que como hilo conductor une a la pareja de compa\u00f1eros permanentes, se presenta respecto de las relaciones o uniones que empezadas antes de la vigencia de la ley 54, sin soluci\u00f3n de continuidad siguieron luego, porque es frente a este espec\u00edfico caso, y a prop\u00f3sito de la novedosa reglamentaci\u00f3n, donde vale preguntar si los dos (2) a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 2\u00ba, pueden corresponder al bienio anterior a la vigencia de la ley, o si necesariamente tienen que ser contados a partir de su promulgaci\u00f3n, o sea desde el 1\u00ba de enero de 1991. <\/p>\n
\u201cPor supuesto que el tema no es pac\u00edfico, porque hay quienes sostienen el efecto retroactivo, o el restrospectivo, o la aplicaci\u00f3n inmediata, que es la opci\u00f3n del recurrente, para afirmar con cualquiera de los criterios que la ley tiene en cuenta el bienio anterior a su vigencia, para as\u00ed entender cumplido el requisito temporal de la uni\u00f3n marital, confundido con el mismo instante de su promulgaci\u00f3n, y dar lugar simult\u00e1neamente a la presunci\u00f3n legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. En cambio otros, como sucede con el ad quem en este caso, predican los efectos de la ley hacia el futuro, para excluir de su aplicaci\u00f3n situaciones sucedidas antes de la promulgaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEl \u00e1mbito de validez temporal de la norma jur\u00eddica, que es el discutido en el proceso con ocasi\u00f3n de la vigencia de la ley 54 de 29 de diciembre de 1990, implica una definici\u00f3n entre retroactividad o irretroactividad de la ley, como puntos extremos de su aplicaci\u00f3n en el tiempo, porque otras proposiciones intermedias como las de retrospectividad y aplicaci\u00f3n inmediata, de alguna manera constituyen excepciones al principio de irretroactividad, porque de todos modos con dichos criterios lo procurado es la aplicaci\u00f3n de la norma a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia, aunque no agotados o cumplidos definitivamente, pues de lo que se trata, seg\u00fan lo entiende la doctrina, es de llevar su aplicaci\u00f3n a hechos derivados de una relaci\u00f3n jur\u00eddica, aun subsistente, pero nacida precedentemente. <\/p>\n
\u201cDesde luego que el sistema jur\u00eddico del pa\u00eds no es ajeno a este postulado, porque la propia Constituci\u00f3n lo consagr\u00f3 como principio general en el art\u00edculo 58, donde acudiendo a una de las teor\u00edas que sustentan la irretroactividad de la ley, la de los \u201cderechos adquiridos\u201d, dej\u00f3 por sentado que las normas rigen para el futuro cuando expresamente declar\u00f3 la garant\u00eda de \u201cla propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d, para seguidamente agregar que, \u201cCuando de la aplicaci\u00f3n de la ley expedida por motivo de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el inter\u00e9s privado debe ceder al inter\u00e9s p\u00fablico o social\u201d, que es ciertamente una relativizaci\u00f3n del principio inicialmente concebido. Principio este que igualmente reconoc\u00eda el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n de 1886, vigente para cuando se promulg\u00f3 la ley 54 de 1990. <\/p>\n
\u201cDe manera que la retroactividad de la ley, o la retrospectividad o \u201cla aplicaci\u00f3n inmediata\u201d, seg\u00fan la terminolog\u00eda del recurrente, son excepciones al principio general de irretroactividad, cuya fundamentaci\u00f3n est\u00e1 \u00edntimamente ligada con la necesidad de amparar la seguridad jur\u00eddica en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n. De ah\u00ed, entonces, que la irretroactividad de la ley se torne en una garant\u00eda para la protecci\u00f3n de los derechos adquiridos, pero tambi\u00e9n de los intereses leg\u00edtimos, porque cuando de conductas se trata est\u00e1 de por medio el valor fundamental de la libertad, merecedor de la mayor de las tutelas, que se manifiesta precisamente en la opci\u00f3n de elegir de conformidad con la significaci\u00f3n legal que a la misma se le ha dado. Si un individuo, dicen Alex Weill et Francois Terre (Introduction G\u00e9nerale au Droit, p\u00e1g. 364), \u201cque ha obedecido la orden de la ley pudiera ser molestado bajo pretexto de que una ley posterior ha modificado los t\u00e9rminos de la reglamentaci\u00f3n que exist\u00eda antes, la ley perder\u00eda toda su fuerza, puesto que nadie osar\u00eda ni siquiera ejecutar las \u00f3rdenes de la ley por el temor de ver ulteriormente actos, aunque leg\u00edtimamente ejecutados, criticados por una ley nueva y desconocida\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el Estado Social de Derecho, democr\u00e1tico y constitucional, como lo es el colombiano, seg\u00fan la declaraci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n, el principio de seguridad jur\u00eddica constituye base esencial de la organizaci\u00f3n democr\u00e1tica y factor consustancial al desarrollo de la sociedad, dado el entronque que el mismo tiene con la pol\u00edtica libertaria que la Carta plasma, lo cual hace imperioso el conocimiento anticipado de la normatividad a la cual los asociados deben adecuar su comportamiento. Ah\u00ed la raz\u00f3n del principio de irretroactividad, que es un l\u00edmite para el legislador, y por supuesto para el juez, porque aunque al primero le corresponde se\u00f1alar las reglas que rigen el ejercicio de los derechos, esta competencia, como todo mundo lo sabe, no es absoluta, sino, por el contrario, restringida, porque necesariamente en el gobierno de esos derechos deben resultar armonizados los intereses individuales con los generales, pero sin olvidar que de estos \u00faltimos hace parte todo el sistema de derechos y garant\u00edas fundamentales de las personas, que debe dejarse a salvo cuando la actividad legislativa est\u00e1 destinada a constituir o modificar instituciones jur\u00eddicas. Con mayor raz\u00f3n el juez que produce un acto singular, inevitablemente sometido al imperio de la ley, que es la que debe aplicar privilegiando el inter\u00e9s p\u00fablico o social cuando \u00e9ste entra en conflicto con el inter\u00e9s privado o particular, como lo dice expresamente el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEsta hermen\u00e9utica restrictiva que se impone en el \u00e1mbito de la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, ofrece en la pr\u00e1ctica legislativa una pol\u00edtica normal y ordinaria de leyes promulgadas para disponer hacia el futuro y excepcionalmente de leyes de aplicaci\u00f3n diferida, o sea para regir relaciones jur\u00eddicas constituidas con posterioridad a la promulgaci\u00f3n, dejando que los efectos de las ajustadas antes se sigan surtiendo por la ley igualmente anterior (ultraactividad). Tambi\u00e9n por esa v\u00eda excepcional\u00edsima se advierte la vigencia de leyes con car\u00e1cter retroactivo, como ocurre, simplemente por v\u00eda de ejemplo, con algunas leyes penales para garantizar el principio de favorabilidad. <\/p>\n
\u201cPor su parte, la doctrina con el fin de zanjar la eventual y concreta oposici\u00f3n entre retroactividad e irretroactividad de la ley, ha morigerado el alcance del principio de irretroactividad acudiendo a dos excepciones, ambas con respaldo legal en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano: las leyes interpretativas, que se entienden incorporadas a la interpretada y las leyes de orden p\u00fablico, a las cuales adem\u00e1s de otorg\u00e1rseles un car\u00e1cter imperativo, derogatorio de la convenci\u00f3n particular, se les implica directamente con la prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular o privado. Por consiguiente, sendos tipos de leyes se prodigan de un efecto inmediato, como lo es el procurado por el recurrente con respecto a la ley 54 de 1990. <\/p>\n
\u201c5. Siguiendo los derroteros te\u00f3ricos presentados, debe entrarse en la esencia misma del caso concreto para dar respuesta al cuestionamiento planteado, cual es la aplicaci\u00f3n en el tiempo de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
\u201cSea lo primero dejar por averiguado que en la mencionada ley el Congreso no adopt\u00f3 expl\u00edcitamente un compromiso con la retroactividad, la retrospectividad o la aplicaci\u00f3n inmediata de la norma, para derivar de cualesquiera de las alternativas una respuesta afirmativa a las aspiraciones del recurrente. Ciertamente \u00e9ste es un aspecto que pasa en silencio en la historia de la ley (Anales), lo cual de alguna manera explica lo difuso de su tenor, porque ninguno de los tres art\u00edculos (1\u00ba, 2\u00ba y 9\u00ba), referidos al problema del \u00e1mbito de validez temporal, de manera di\u00e1fana y expresiva dan cuenta de que la real y verdadera voluntad del legislador, haya estado orientada por el camino que indica el recurrente, siendo \u00e9sta, sin duda alguna, la justificaci\u00f3n de la controversia y la dificultad del caso mismo. <\/p>\n
\u201cLa Corte Constitucional a prop\u00f3sito de una demanda de inconstitucionalidad propuesta contra el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 54 de 1990, en cuanto dec\u00eda \u201cA partir de la vigencia de la presente ley\u201d, tuvo oportunidad de ocuparse del tema de la \u201caplicaci\u00f3n en el tiempo\u201d de la citada normatividad, anotando como aspecto primario que, \u201cLo primero que debe anotarse es esto: en cuanto a su vigencia, la ley 54 de 1990 sigue el principio general seg\u00fan el cual la ley rige hacia el futuro. Al respecto, el art\u00edculo 9\u00ba de la ley comentada dispone que \u00e9sta rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d. As\u00ed mismo, aunque advirtiendo que la tarea interpretativa de la ley la debe cumplir en \u00faltima instancia la Corte Suprema de Justicia con ocasi\u00f3n del caso concreto, adelant\u00f3 su propio criterio, insinuativo al menos del car\u00e1cter irretroactivo de la ley 54, cuando dijo: \u201cDe la norma citada surge un primer criterio que esclarece el asunto que se estudia: la aplicaci\u00f3n de la ley 54 de 1990 a relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, s\u00f3lo ser\u00eda posible, idealmente, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en raz\u00f3n del principio consagrado en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n: \u2018Se garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u2019. Aunque hay que advertir que ello implicar\u00eda darle a la ley un efecto retroactivo, que ella misma no previ\u00f3, y que est\u00e1, en general, prohibido en guarda de la seguridad jur\u00eddica. (Sentencia C-239 de 31 de mayo de 1994). <\/p>\n
\u201cEsta, la posici\u00f3n de la Corte Constitucional, que aunque respetando la funci\u00f3n que la Corte Suprema de Justicia cumple dentro de la competencia que le otorga el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para interpretar la ley con ocasi\u00f3n del caso concreto, como ella misma lo anota, constituye una segunda e importante aproximaci\u00f3n a la respuesta, en todo caso muy distinta a la abogada por el impugnante, porque para el mencionado tribunal constitucional, \u201cla ley 54 de 1990 sigue el principio general seg\u00fan el cual la ley rige hacia el futuro\u201d, am\u00e9n de que \u201cS\u00f3lo el legislador al dictar una ley, puede establecer su car\u00e1cter retroactivo\u201d, que es lo que en principio no ve la Corte Suprema de Justicia en su contenido, como inicialmente se anticip\u00f3. Por lo dem\u00e1s, para la Corte Constitucional es posible hablar, aun en vigencia de la ley que se analiza, de una \u201csociedad de hecho entre concubinos, cuya existencia y disoluci\u00f3n han podido presentarse antes y despu\u00e9s de la vigencia de la ley 54, y que est\u00e1 sujeta a otros principios, seg\u00fan la ley y la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, como lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia, la ley 54 tiene un car\u00e1cter innegablemente constitutivo, en cuanto ella genera una relaci\u00f3n jur\u00eddica que antes no preve\u00eda la ley, as\u00ed el hecho social reconocido diariamente golpeara a la puerta. Obviamente, como bien se sabe, la ley 54 no origin\u00f3 tr\u00e1nsito legislativo alguno, como para pensar en un conflicto de leyes en el tiempo en consideraci\u00f3n a incompatibilidades o contradicciones l\u00f3gicas, porque como ya se dijo, lo que hab\u00eda era una ausencia de r\u00e9gimen espec\u00edfico, que fue suplida por la interpretaci\u00f3n jurisprudencial acudiendo anal\u00f3gicamente a la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la sociedad de hecho, para conferir as\u00ed un tratamiento legal y justo a la cuesti\u00f3n patrimonial de los concubinos, ya que la sociedad conyugal s\u00f3lo guardaba correspondencia con el matrimonio legalmente constituido y la ley civil prohib\u00eda la conformaci\u00f3n de sociedades universales diferentes a la mencionada sociedad conyugal (art\u00edculo 2089 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
\u201cSiendo el acto legal de naturaleza eminentemente constitutiva, pues, se repite, es el que crea o tipifica el nuevo fen\u00f3meno jur\u00eddico, llamado \u201csociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, sujeto a un r\u00e9gimen propio hasta entonces inexistente y con pautas formativas distintas a las de la situaci\u00f3n tratada por la jurisprudencia por la v\u00eda de la sociedad de hecho, sin necesidad de entrar a hacer un abstracto ejercicio en torno a derechos adquiridos, con l\u00f3gica jur\u00eddica enmarcada en pautas de equidad y justicia, inevitablemente se tiene que concluir en la negaci\u00f3n de cualquier efecto retroactivo o retrospectivo de la ley, porque lo cierto es que la nueva disposici\u00f3n no subsume el factum anterior, por cuanto ella misma lo excluye en el art\u00edculo 2\u00ba, cuando establece, adem\u00e1s de otras condiciones antes no concebidas, los dos a\u00f1os de la uni\u00f3n marital como requisito para que opere la presunci\u00f3n legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que es claramente el tiempo que la ley se\u00f1al\u00f3 para que la norma pudiera ser utilizada como fundamento de una decisi\u00f3n judicial, pues no debe olvidarse que por encima de cualquier consideraci\u00f3n atinente al reconocimiento de un hecho social (uni\u00f3n extramatrimonial), lo que de ella resulta trascendente y que es lo que convoca a esta decisi\u00f3n, es el otorgamiento de una tutela jurisdiccional perfectamente identificable, pero diferida en el tiempo a los dos se\u00f1alados a\u00f1os de uni\u00f3n marital. <\/p>\n
\u201cHabermas afirma que \u201ccada ley individual representa una interpretaci\u00f3n y un perfeccionamiento hermen\u00e9utico de los principios b\u00e1sicos que se encuentran y se explicitan en una constituci\u00f3n dada\u201d, y a decir verdad que este criterio se ve realizado en normas como las consagradas por la ley 54 de 1990, que como ya se anot\u00f3, estaba dirigida a llenar un vac\u00edo con sentido de equidad. Con todo, como igualmente qued\u00f3 expuesto, no por la justificaci\u00f3n de la ley, ni por su finalidad, quedaba en entredicho la justicia de la soluci\u00f3n jurisprudencial, la cual sigue subsistiendo aun bajo la vigencia de la ley 54, porque las normas jur\u00eddicas que la amparaban permanecen, ora para ser aplicadas a una sociedad expresamente convenida, o ya a una surgida de los hechos, cual ser\u00eda el caso de aqu\u00e9llas uniones que viniendo de atr\u00e1s no alcanzan a subsumirse en los preceptos de la ley en comentario o que manteni\u00e9ndose despu\u00e9s de \u00e9sta, quedan sometidas a un doble tratamiento: el de la sociedad de hecho para la relaci\u00f3n patrimonial anterior a la posibilidad de la aplicaci\u00f3n de la ley y el de la sociedad patrimonial para la \u00e9poca enmarcable en la novedosa normatividad. <\/p>\n
\u201cPues bien, la posici\u00f3n que ahora la Corte expone, sometida a un test de proporcionalidad, no solamente aparece como la m\u00e1s adecuada, porque sin duda alguna deja a salvo los principios de seguridad jur\u00eddica y justicia, que ser\u00edan los que resultar\u00edan menguados de entenderse la retroactividad, sino por consultar el problema de la continuidad de la relaci\u00f3n que es uno de los m\u00e1s delicados en la aplicaci\u00f3n de las leyes en el tiempo, como se discute igualmente en los contratos sucesivos, que mutatis mutandi guardan semejanza con el fen\u00f3meno analizado, am\u00e9n de mirar el car\u00e1cter supletorio de la ley 54 de 1990, en cuanto tiene que ver con la constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, el cual claramente se nota en el art\u00edculo 2\u00ba en tanto sienta una mera presunci\u00f3n legal, por ende desvirtuable y consecuentemente admisoria de alg\u00fan tipo de convenio paritario e imparcial acorde con las finalidades de la ley y al m\u00ednimo de derechos que \u00e9sta reconoce a los compa\u00f1eros permanentes. Car\u00e1cter que igualmente se nota en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 7\u00ba, cuando remite a las normas \u201ccontenidas en Libro IV, T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulo I a VI del C\u00f3digo Civil\u201d, para ser aplicadas a \u201cla liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, donde se ubican, entre otros, los art\u00edculos 1771 a 1780, concernientes al r\u00e9gimen de las capitulaciones matrimoniales, que por la misma definici\u00f3n legal son \u201clas convenciones\u201d que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que se aportar\u00e1n a la sociedad conyugal, las cuales bien pudieran dar lugar a un r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes o a otro distinto, porque de modo similar a como acontece con la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, la sociedad conyugal surge de una presunci\u00f3n legal, \u201cA falta de pacto escrito\u201d en contrario, como lo indica el art\u00edculo 1774 del C\u00f3digo Civil, que es otra de las normas que obran por remisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDescartado as\u00ed el car\u00e1cter imperativo de la ley 54 de 1990, y por contera su naturaleza de orden p\u00fablico, el \u00faltimo rescoldo argumentativo de la aplicaci\u00f3n inmediata queda apagado, porque si la norma es supletoria de la voluntad de los compa\u00f1eros permanentes, la novedosa ley no puede aplicarse a las relaciones jur\u00eddicas constituidas con anterioridad a su vigencia, por cuanto all\u00ed prima la voluntad y la autonom\u00eda de las partes, que libremente adecuaron su conducta al r\u00e9gimen jur\u00eddico para entonces vigente, pues al fin de cuentas la aplicaci\u00f3n o no de la ley que introduce la nueva regulaci\u00f3n a las situaciones o relaciones jur\u00eddicas preexistentes, tiene que ver con ese espec\u00edfico car\u00e1cter, porque de \u00e9l depende que \u00e9sta se considere como de orden p\u00fablico, y por ende, con un contenido implicado con el inter\u00e9s general o el \u201cinter\u00e9s p\u00fablico o social\u201d, como lo consagra el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que es el principio que por prevalecer sobre el inter\u00e9s individual o privado (art\u00edculo 1\u00ba Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), impone de manera excepcional la aplicaci\u00f3n inmediata de la nueva ley.\u201d <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
\u201cCon el respeto y consideraci\u00f3n debidos a los se\u00f1ores magistrados que conformaron la mayor\u00eda decisoria en el asunto de esta especie, paso a expresar a continuaci\u00f3n las razones que me llevan a discrepar honda y vivamente de varias de las consideraciones que sostienen el fallo aqu\u00ed adoptado. <\/p>\n
\u201c1. El art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 como norma sustancial. <\/p>\n
\u201cRepetida y atinadamente, en mi parecer, ha sostenido esta Sala que el rese\u00f1ado precepto, esto es, el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, no tiene el car\u00e1cter de norma sustancial y, por ende, no es suficiente para soportar un cargo perfilado por la causal primera de casaci\u00f3n. Ha dicho, en efecto, <\/p>\n
\u201c\u2026que el rasgo caracter\u00edstico de los preceptos sustanciales es el de consagrar verdaderos derechos subjetivos, de manera que dentro de esa categor\u00eda de normas s\u00f3lo se hallan comprendidas aquellas que, al decir de esta Corporaci\u00f3n \u2018en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n…\u2019, determin\u00e1ndose que de ese cariz no participan, en principio, entonces los preceptos que \u201cse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (CLI, p\u00e1gina 241). Menos todav\u00eda las normas referentes a pruebas, en punto de las cuales ha expresado de continuo la Corte que no tienen rango sustancial, puntualizando por dem\u00e1s que normas de tal categor\u00eda \u201ctampoco por s\u00ed solas pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracci\u00f3n de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva\u201d (LVI, p\u00e1gina 318). <\/p>\n
\u201cY como fuera dicho las prescripciones aducidas carecen del requisito exigido, por cuanto el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990 es \u2018un precepto meramente definitorio del fen\u00f3meno jur\u00eddico all\u00ed previsto y de los sujetos que lo estructuran\u2019 (auto 186 de 24 de junio de 1997)\u201d. (Auto de 28 de febrero de 2005 exp. 00670-01) (Se destaca). En el mismo sentido se pronunci\u00f3 en otras providencias, v. gr., el auto del 10 de marzo de 2004 (exp. 00332-01). <\/p>\n
\u201cEmpero, de manera sorpresiva y voluble, pienso yo, asevera ahora la Sala que s\u00ed, que en el asunto de esta especie -que es la misma a la que pertenecen aquellos otros en los cuales se dijo clara, un\u00e1nime y contundentemente lo contrario-, el art\u00edculo 1\u00b0 de la comentada ley s\u00ed tiene el car\u00e1cter de \u201csustancial\u201d y, subsecuentemente, es suficiente para sostener un cargo trazado por la referida causal cuando la cuesti\u00f3n a decidir concierne con la sociedad patrimonial nacida entre los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
\u201cPara explicar esa conclusi\u00f3n que, valga la pena subrayarlo, no se anuncia como una rectificaci\u00f3n de jurisprudencia, pues apenas se indica que es v\u00e1lida para \u201ceste caso en particular\u201d, se afirma en la sentencia que el mencionado precepto ya no se circunscribe a definir el concepto de uni\u00f3n marital de hecho y a describir sus elementos estructurales, sino que, adem\u00e1s, esa conceptuaci\u00f3n se hace \u201cpara todos los efectos civiles\u201d, lo que en el parecer de la mayor\u00eda significa que, \u201ccon independencia de cu\u00e1les sean en concreto esos efectos (derecho a alimentos, derechos laborales prestacionales, entre otros), es innegable que la norma hace alusi\u00f3n a una relaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica que genera consecuencias determinables para cada uno de los compa\u00f1eros permanentes\u201d. <\/p>\n
\u201cSe agrega, igualmente, que como el planteamiento medular de la acusaci\u00f3n radica en que para el recurrente el Tribunal aplic\u00f3 los art\u00edculos 1\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 54 de 1990 retroactivamente, emerge \u201cla pertinencia de los referidos textos legales\u201d. Por consiguiente, colige la Sala, la queja est\u00e1 referida a la aplicaci\u00f3n de \u201ctoda la Ley 54 de 1990, y no simplemente de una de sus disposiciones\u201d y que, por ende, no pod\u00eda desestimarse la censura por no haberse citado el art\u00edculo 2\u00b0 del referido estatuto. <\/p>\n
\u201cNo obstante el esfuerzo realizado por intentar justificar esa oscilaci\u00f3n doctrinaria, debo disentir firmemente de la misma por las siguientes razones: <\/p>\n
\u201cUna norma es sustancial, tambi\u00e9n lo tiene repetido hasta la fatiga esta Corporaci\u00f3n, cuando tiene por contenido una prescripci\u00f3n enfilada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas, esto es, para decirlo en t\u00e9rminos que, aun cuando sacrifiquen en algo la precisi\u00f3n, arrojan, quiz\u00e1s, mayor claridad, aquella regla jur\u00eddica que tiene por objeto crear, declarar, modificar o extinguir derechos subjetivos y potestades de las personas. Y golpea a la vista que el art\u00edculo en ciernes carece de esos atributos. Inclusive, para decirlo sin ambages, bien vistas las cosas, ni siquiera norma jur\u00eddica es; por supuesto que examinadas \u00e9stas, las normas jur\u00eddicas completas, desde un punto de vista estrictamente l\u00f3gico, se advierte en ellas un supuesto f\u00e1ctico consistente en \u201cuna realidad futura anticipadamente prefigurada\u201d4, vale decir, la descripci\u00f3n abstracta de un hecho concerniente al ser humano, a la cual se le atribuye una consecuencia jur\u00eddica, o sea, el efecto que de la actualizaci\u00f3n de ese supuesto abstracto se deriva, consecuencia que, dada la naturaleza de las normas sustanciales, tiene por objeto crear, modificar o extinguir una relaci\u00f3n jur\u00eddica determinada. <\/p>\n
\u201cEmpero, es evidente que en un ordenamiento no todos los preceptos se presentan de ese modo, puesto que en muchas ocasiones un texto jur\u00eddico, un art\u00edculo de un c\u00f3digo o un estatuto, por ejemplo, solamente tiene por finalidad exclusiva la de determinar un supuesto de hecho o un elemento del mismo, al paso que es otra pieza normativa la que plasma la consecuencia que al mismo se le atribuye; del mismo modo, puede acontecer que un texto legal se circunscriba a restringir la \u00f3rbita de aplicaci\u00f3n de una regla inicialmente formulada de manera amplia, o tenga por objeto el de remitir a una norma distinta en relaci\u00f3n con un elemento del supuesto de hecho o de la consecuencia jur\u00eddica, etc., hip\u00f3tesis estas en las que no se est\u00e1 ante verdaderas normas jur\u00eddicas, como lo acota KARL LARENZ, \u201csu fuerza constitutiva, fundamentadora de consecuencias jur\u00eddicas, la recibe solo en conexi\u00f3n con otras normas jur\u00eddicas\u201d5. <\/p>\n
\u201cSi esa es la estructura l\u00f3gica de la norma jur\u00eddica y, por ende, de las de \u00edndole sustancial, es patente que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, que se\u00f1al\u00f3 el recurrente como supuestamente quebrantado por la sentencia, no tiene ese car\u00e1cter, ni siquiera enlaz\u00e1ndolo con el art\u00edculo 9\u00b0 del mismo estatuto, y no lo tiene porque en \u00e9l simplemente se delinea abstracta e hipot\u00e9ticamente el supuesto f\u00e1ctico al que en el precepto siguiente, el art\u00edculo 2\u00b0, se le atribuye una consecuencia jur\u00eddica, precisamente, aquella que el recurrente controvierte: el surgimiento de una sociedad patrimonial entre las personas que se encuentren en la situaci\u00f3n precedentemente descrita. <\/p>\n
\u201cEsa inferencia no sufre modificaci\u00f3n alguna, por el hecho de que el impugnante hubiese aludido al citado art\u00edculo 9\u00b0, pues \u00e9ste, lejos de contener un mandato o, en general, de aludir a una consecuencia jur\u00eddica que afecte a una persona o le imponga o extinga un determinado deber, o lo modifique, se restringe a fijar el \u00e1mbito de vigencia temporal de de la ley. En consecuencia, si se ligan los dos art\u00edculos citados por el recurrente, sencillamente se leer\u00eda que \u201ca partir de la vigencia de la presente ley, y para todos los efectos civiles, se denomina uni\u00f3n marital de hecho la formulada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u2026 Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente, al hombre y la mujer que forma parte de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d; y que \u201cLa presente ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n y deroga las disposiciones que le sean contrarias\u201d. Cabe preguntarse, por consiguiente, \u00bfen esa proposici\u00f3n jur\u00eddica en d\u00f3nde se alude a sociedades patrimoniales surgidas entre los compa\u00f1eros luego de un bienio de convivencia? (cuesti\u00f3n sobre la cual, precisamente, gravita este litigio); o \u00bfcu\u00e1les son los derechos o deberes que all\u00ed se crean, regulan o extinguen?; o, en fin, \u00bfcu\u00e1les son los efectos civiles que va a producir esa uni\u00f3n?, por supuesto que expresar \u201ctodos\u201d es tanto como no decir ninguno en particular. <\/p>\n
\u201cRefiri\u00e9ndose a la Ley 54 de 1990, acaba de recalcar, una vez m\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n, inclusive con salvamento de voto del suscrito magistrado, quien, perm\u00edtaseme acotar al margen, ha visto en la definici\u00f3n, que no es otra cosa, plasmada en el art\u00edculo 1\u00b0 de la susodicha ley, el esbozo, incipiente s\u00ed, pero visible en todo caso, de un estado civil, inferencia que no ha recibido el favor de la mayor\u00eda que ahora s\u00ed encumbra la expresi\u00f3n \u201cpara todos los efectos civiles\u201d; aludiendo a la referida ley, ven\u00eda diciendo, ha dicho la Corte que \u201cpalmario se ve que no basta la mera voluntad de los miembros de la pareja de conformarla, sino que emerge, adem\u00e1s, de unos hechos concretos que la sustentan, susceptibles de demostraci\u00f3n; m\u00e1s all\u00e1, la ley no regula derechos ni deberes entre ambos, sino esencialmente la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, la imposibilidad de la concurrencia de \u00e9sta con la sociedad conyugal, el establecimiento de la misma, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u201d. (Se subraya). (Autos del 9 de agosto de 2005 y del 28 de noviembre de 2001, entre otros). <\/p>\n
\u201cEntonces, en qu\u00e9 quedamos: \u00bfs\u00ed surgen entre los compa\u00f1eros permanentes, otros derechos y obligaciones, como aqu\u00ed se insin\u00faa?, o por el contrario, \u00bfadem\u00e1s de gobernar lo concerniente con el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, la rese\u00f1ada ley no regula otros derechos o deberes entre ellos, como en la trasuntada providencia se dijo? <\/p>\n
\u201c1.2 Considero que la expresi\u00f3n \u201cpara todos los efectos civiles\u201d solamente est\u00e1 indicando la extensi\u00f3n de la definici\u00f3n, su \u00e1mbito de influencia, pero en s\u00ed misma no est\u00e1 creando, regulando o extinguiendo derechos subjetivos o facultades de las personas. En todo caso, adem\u00e1s de considerar desacertada la conclusi\u00f3n del fallo conforme a la cual en \u201ceste caso\u201d el art\u00edculo 1\u00b0 s\u00ed es norma sustancial, lo que a mi juicio resulta m\u00e1s preocupante es la ambig\u00fcedad e inconstancia con los que la Sala maneja el tema y que denota un andar vacilante que muy flaco servicio le presta a la seguridad y la certidumbre jur\u00eddicas. <\/p>\n
\u201cPor lo dem\u00e1s, me parece que es contrario al sentido com\u00fan decir que una norma, dependiendo del caso, puede ser o no sustancial. \u00a1No!. Una norma es o no sustancial dependiendo de su contenido (no del caso) y para todas las hip\u00f3tesis f\u00e1cticas que ella gobierna. <\/p>\n
\u201c1.3 Naturaleza de la norma jur\u00eddica violada como fundamento de la casual primera de casaci\u00f3n. Replanteamiento del problema. <\/p>\n
\u201cComparto plenamente el esfuerzo de la Sala, porque tambi\u00e9n es el propio, por tratar de que el recurso de casaci\u00f3n, adem\u00e1s de cumplir los fines de orden p\u00fablico que le corresponden, sea un instrumento eficaz de realizaci\u00f3n de justicia (funci\u00f3n dikel\u00f3gica del recurso) y un medio verdaderamente id\u00f3neo para hacer efectivos los derechos fundamentales y subjetivos de las partes, pues no otra cosa es el cometido fundamental del juez contempor\u00e1neo; de ah\u00ed que considere no s\u00f3lo plausible sino forzoso, todo intento encaminado a remover los obst\u00e1culos de car\u00e1cter meramente formal que le impidan a la Corte cumplir vigorosamente con tal encargo. <\/p>\n
\u201cLo que no me parece apropiado, como he tenido oportunidad de exteriorizarlo en las discusiones que sobre el punto se han presentado, es que la Sala adopte criterios eminentemente relativos, casuistas y tornadizos que, adem\u00e1s de sembrar perplejidad e inestabilidad, precisamente donde menos debe haberla, porque corresponde a la Corte unificar criterios dispares, en lugar de propiciar su proliferaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que hubiese sostenido que si, como todo parece indicarlo, reexaminada la noci\u00f3n de \u201cnorma sustancial\u201d (art\u00edculos 374 y 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), de cara a los retos que las circunstancias actuales le imponen al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ella resulta estrecha e insuficiente con miras a que cumpla los cometidos tuitivos que del se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n hoy se esperan, limitaci\u00f3n que puede deberse a las dificultades reales en las que se encuentran los recurrentes a la hora de determinar las normas de ese talante que hubieran sido infringidas por el Tribunal, o ya a las deficiencias que por razones diversas, lamentablemente las m\u00e1s de las veces por descuidos atribuibles al censor, impiden que el recurso despliegue todo su haz protector de los derechos fundamentales y subjetivos en disputa, en fin, si de lo que se trata es de simplificar la sustentaci\u00f3n del recurso, debe la Corte, creo yo, advertir de manera clara, un\u00edvoca, constante y con vocaci\u00f3n de permanencia, que aceptar\u00e1 como suficiente, a efectos de dar por cumplido el requisito pertinente, que el censor se\u00f1ale cualquier norma jur\u00eddica de la que se haya valido el juzgador para dirimir el litigio o que tenga incidencia perceptible en el fallo o que haya debido tenerla, sin que necesariamente ella sea sustancial en el sentido ya definido. Y tal criterio, o alguno similar, enderezado a conseguir el mismo fin, adem\u00e1s de sus bondades, no debe causar sorpresa, pues esa es la regla usual en aquellos pa\u00edses donde existe el recurso en comento. <\/p>\n
\u201c2. La aplicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990 en el tiempo. <\/p>\n
\u201cPerm\u00edtaseme decirlo con firmeza: la discusi\u00f3n no es sem\u00e1ntica ni de simple nomenclatura. Puede nomin\u00e1rsela como se quiera, pero lo realmente indiscutible en este caso es que la Corte, so pretexto de aplicar retrospectivamente (o de manera inmediata como por momentos se dice) la mencionada ley, la ha aplicado de manera abiertamente retroactiva, con todas las terribles secuelas y desventajas que de ello se desgajan. <\/p>\n
\u201cComo s\u00e9 que dif\u00edcilmente el m\u00e1s asiduo y tenaz de los lectores ha podido llegar hasta ac\u00e1, luego de leer el fallo y los dem\u00e1s salvamentos de voto, renuncio, en obsequio a la brevedad, a trasuntar muchas de las definiciones y explicaciones que tanto la doctrina como la jurisprudencia han asentado en torno a los aludidos conceptos y que, dada su autoridad, luminosidad y contundencia servir\u00edan de apoyo a mi afirmaci\u00f3n, abdicaci\u00f3n que, en todo caso, debo admitirlo, no poca mengua le hace a estas consideraciones. <\/p>\n
\u201cDe todos modos, sea suficiente memorar que, como en su momento lo dijo esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201cEn el Estado Social de Derecho, democr\u00e1tico y constitucional, como lo es el colombiano, seg\u00fan la declaraci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n, el principio de seguridad jur\u00eddica constituye base esencial de la organizaci\u00f3n democr\u00e1tica y factor consustancial al desarrollo de la sociedad, dado el entronque que el mismo tiene con la pol\u00edtica libertaria que la Carta plasma, lo cual hace imperioso el conocimiento anticipado de la normatividad a la cual los asociados deben adecuar su comportamiento. Ah\u00ed la raz\u00f3n del principio de irretroactividad, que es un l\u00edmite para el legislador, y por supuesto para el juez, porque aunque al primero le corresponde se\u00f1alar las reglas que rigen el ejercicio de los derechos, esta competencia, como todo mundo lo sabe, no es absoluta, sino, por el contrario, restringida, porque necesariamente en el gobierno de esos derechos deben resultar armonizados los intereses individuales con los generales, pero sin olvidar que de estos \u00faltimos hace parte todo el sistema de derechos y garant\u00edas fundamentales de las personas, que debe dejarse a salvo cuando la actividad legislativa est\u00e1 destinada a constituir o modificar instituciones jur\u00eddicas. Con mayor raz\u00f3n el juez que produce un acto singular, inevitablemente sometido al imperio de la ley, que es la que debe aplicar privilegiando el inter\u00e9s p\u00fablico o social cuando \u00e9ste entra en conflicto con el inter\u00e9s privado o particular, como lo dice expresamente el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Esta hermen\u00e9utica restrictiva que se impone en el \u00e1mbito de la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, ofrece en la pr\u00e1ctica legislativa una pol\u00edtica normal y ordinaria de leyes promulgadas para disponer hacia el futuro y excepcionalmente de leyes de aplicaci\u00f3n diferida, o sea para regir relaciones jur\u00eddicas constituidas con posterioridad a la promulgaci\u00f3n, dejando que los efectos de las ajustadas antes se sigan surtiendo por la ley igualmente anterior (ultraactividad). Tambi\u00e9n por esa v\u00eda excepcional\u00edsima se advierte la vigencia de leyes con car\u00e1cter retroactivo, como ocurre, simplemente por v\u00eda de ejemplo, con algunas leyes penales para garantizar el principio de favorabilidad.6 <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, corresponde al legislador establecer en cada ley el \u00e1mbito temporal dentro del cual \u00e9sta va producir sus efectos, <\/p>\n
\u201cpotestad amplia y aut\u00f3noma que le permite acomodar el ordenamiento jur\u00eddico a las condiciones que las nuevas manifestaciones sociales imponen, de modo que al amparo de ese mecanismo le es dado remediar, inclusive, de inmediato, las iniquidades que un determinado modo de ser de la sociedad ocasiona a ciertos sectores de la misma, facultad que, claro est\u00e1, encuentra s\u00f3lido e infranqueable conf\u00edn en el mandato imperativo contenido en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional\u201d7. <\/p>\n
\u201cDe manera, pues, que en nuestro sistema jur\u00eddico ni siquiera el legislador tiene amplias facultades para especificar la eficacia temporal de las leyes habida cuenta que por mandato del referido art\u00edculo 58 de la Carta pol\u00edtica no le es dado trasponer los l\u00edmites que los derechos adquiridos le imponen. <\/p>\n
\u201cSi las cosas son de ese modo, ha de colegirse que, necesariamente, <\/p>\n
\u201clos jueces tienen la prohibici\u00f3n de, motu proprio, aplicar retroactivamente una norma a un caso que se fundamenta en hechos previos a la entrada en vigencia de \u00e9sta. En este sentido se debe recalcar que no hay retroactividad impl\u00edcita, por cuanto la regla general es la irretroactividad y s\u00f3lo se le otorga efecto retroactivo si el legislador lo ha manifestado en forma expresa en caso de orden p\u00fablico, o de leyes interpretativas o penales benignas al reo, es decir, en los casos constitucionalmente permitidos\u201d8. (Se subraya). <\/p>\n
\u201c2.1 \u00bfQu\u00e9 se entiende por retroactividad de la ley? <\/p>\n
\u201cPara explicar cu\u00e1ndo una norma es retroactiva, esta Corte ha acudido a diversos criterios distinci\u00f3n, todos a cual m\u00e1s, hay que destacarlo de una vez, ponen de presente que aqu\u00ed se ha quebrantado el principio de la irretroactividad de la ley. As\u00ed, tomando como derrotero la naturaleza de los hechos, ha dicho que <\/p>\n
\u201cCon miras a establecer c\u00f3mo se proyecta la ley nueva sobre una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n jur\u00eddica, parece conveniente examinar la cuesti\u00f3n a la luz de los hechos, perspectiva desde la cual se impone inferir que \u00e9stos, en relaci\u00f3n con aquella (la ley nueva), pueden ser pasados (facta praeterita), pendientes (facta pendentia) o futuros (facta futura), de donde se deduce que las normas legales tendr\u00edan efecto retroactivo cuando se aplican a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior (facta praeterita), o a los efectos ya realizados de situaciones a\u00fan en desarrollo (facta pendentia). Por el contrario, si la ley se aplica a consecuencias a\u00fan no realizadas, derivadas de una determinada situaci\u00f3n f\u00e1ctica, inclusive preexistente a ella, est\u00e1 actuando de una manera que suele serle propia, o sea, surtiendo efectos inmediatos; y si solamente se aplica a situaciones f\u00e1cticas futuras, acontecer\u00e1 que su eficacia es retrasada. Desde esta perspectiva se tiene que las leyes, seg\u00fan sean sus alcances temporales, se pueden clasificar en retroactivas, cuando act\u00faan sobre los efectos ya cumplidos con anterioridad a su vigencia; de aplicaci\u00f3n inmediata, cuando gobiernan todos los efectos que se produzcan desde el momento en que entra en vigor, incluidos los que se deriven de una situaci\u00f3n surgida de antemano; y de aplicaci\u00f3n diferida, cuando rige \u00fanicamente las situaciones que se constituyan con posterioridad a su vigencia, lo que presupone la supervivencia de la ley anterior en relaci\u00f3n con los efectos emanados de aquellas previamente constituidas\u201d 9. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, para ejemplificar lo dicho, si se expidiera una ley que tuviera por objeto se\u00f1alar un l\u00edmite al cobro de intereses en el contrato de mutuo, ella podr\u00eda disponer sin ser retroactiva: a) que se aplicara a los contratos ajustados con posterioridad a su entrada en vigor, sin afectar, por ende, los r\u00e9ditos de los contratos celebrados con anterioridad. En esta hip\u00f3tesis realmente se tratar\u00eda de una ley de aplicaci\u00f3n diferida, que s\u00f3lo imperar\u00eda sobre los actos futuros y que, subsecuentemente genera la ultraactividad de aquella anterior que toler\u00f3 los altos rendimientos; b) que adem\u00e1s de gobernar los pr\u00e9stamos convenidos con posterioridad, igualmente se aplicara a los intereses que se causen a partir de su vigencia en aquellos contratos pactados con anterioridad, es decir, que se tratar\u00eda de una ley de aplicaci\u00f3n retrospectiva en cuanto entra a gobernar las consecuencias futuras de situaciones preexistentes. Por el contrario, la aludida legislaci\u00f3n ser\u00eda retroactiva si: 1) considera mal habidos los intereses ya devengados y ordena su reintegro a quien los ha pagado; y 2) cuando se aplica a los intereses que se han causado pero no se han pagado, es decir, aquellos que est\u00e1n pendientes. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, se aplica de manera retroactiva la ley cuando se la hace obrar sobre los efectos o consecuencias ya cumplidos de relaciones o situaciones jur\u00eddicas extinguidas o, inclusive, existentes a\u00fan al tiempo de su vigencia, pero no lo es, si somete inmediatamente bajo su imperio los efectos a\u00fan no causados de situaciones preexistentes. De igual modo, ser\u00e1 retroactiva cuando le atribuye a aquellos hechos que de conformidad con la legislaci\u00f3n anterior no eran aptos o id\u00f3neos para constituir la situaci\u00f3n jur\u00eddica creada por la nueva ley los efectos constitutivos que \u00e9sta les atribuye. <\/p>\n
\u201cAhora, siguiendo el cl\u00e1sico criterio de los \u201cderechos adquiridos\u201d, ha asentado la Sala que: <\/p>\n
\u201cLa ley es retroactiva, -indican Planiol y Ripert- \u2018Cuando vuelve sobre el pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar y suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Fuera de esto (prosiguen) no hay retroactividad, y la ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, a\u00fan anteriores a ella, sin ser retroactiva\u2019 (Tratado Elemental de Derecho Civil, Tomo II, p\u00e1g.129). Orientado por similar criterio, Eduardo Zuleta Angel cita a Vareillas-Sommieres, resumiendo su teor\u00eda en el sentido de indicar que la retroactividad de la ley se presenta\u00bb…a) Cuando borra o destruye en el pasado los efectos ya producidos de un acto o de un hecho anterior, o en otros t\u00e9rminos, cuando nos arrebata un derecho en el pasado; y b) Cuando suprime o modifica in futurum uno de nuestros derechos actualmente existentes en raz\u00f3n de un hecho pasado\u00bb (Estudios Jur\u00eddicos, Bogot\u00e1, Ed. Temis, 1974, p\u00e1g. 49). De manera que mientras la ley nueva no entre a regular el pasado para suprimir efectos realizados de un derecho, ni a desconocer hacia el futuro la realidad de derechos ya anticipadamente constituidos, ella no tiene alcance retroactivo ni lesiona derechos adquiridos.10 (Se subraya). <\/p>\n
\u201c2.2. \u00bfEn qu\u00e9 consiste la retrospecci\u00f3n de la ley? <\/p>\n
\u201cLa ley obra retrospectivamente cuando se aplica a las consecuencias nuevas de un hecho antiguo, entendiendo por tal aquel acaecido con anterioridad a su promulgaci\u00f3n. Es di\u00e1fano, entonces, que en este evento la norma posterior no afecta los derechos consolidados y los efectos de un hecho o una situaci\u00f3n dada ya realizados, los cuales se rigen por la ley en vigor cuando ocurrieron. <\/p>\n
\u201cLa finalidad de la consagraci\u00f3n de la retrospectividad es evitar que se perpet\u00fae la configuraci\u00f3n de injusticias sociales \u2013especialmente en materia laboral- so pretexto de que empezaron a consolidarse en el pasado o tienen su origen en un hecho pasado y, por tanto, no se podr\u00eda aplicar retroactivamente la ley. <\/p>\n
\u201cSe hace necesario anotar que es preciso separar el efecto retrospectivo, cuando este haya sido consagrado, de la aplicaci\u00f3n general inmediata de la ley, porque de no estar consagrada la retrospectividad de una norma, no le ser\u00e1 aplicable la nueva ley a las consecuencias de actos previos, as\u00ed \u00e9stas tengan o puedan tener lugar con posterioridad a la vigencia de la ley. De lo contrario se dar\u00eda un efecto retroactivo no aceptado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. En este sentido, la doctrina ha se\u00f1alado que \u2018(…) una ley es retroactiva cuando modifica o restringe las consecuencias jur\u00eddicas de hechos realizados durante la vigencia de la anterior. Podr\u00eda tambi\u00e9n decirse: cuando modifica o restringe las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de la aplicaci\u00f3n de la precedente. La forma de expresi\u00f3n es diversa, pero la idea expresada es la misma, ya que la aplicaci\u00f3n de una ley supone siempre la realizaci\u00f3n de su hip\u00f3tesis. <\/p>\n
\u201c \u2018Observe el lector que hablamos de realizaci\u00f3n del supuesto y nacimiento de las consecuencias normativas, no del ejercicio de \u00e9stas. Los derechos y deberes expresados por la disposici\u00f3n de la ley nacen en el momento en que el supuesto se realiza, aun cuando sean posteriormente ejercitados y cumplidos o no lleguen nunca a ejercitarse ni a cumplirse. Habr\u00e1 que tomar tambi\u00e9n en cuenta la posibilidad de que las obligaciones derivadas de la realizaci\u00f3n de un supuesto no sean exigibles desde el momento en que nacen. Incluso en esta hip\u00f3tesis, tales obligaciones existen, aun cuando su cumplimiento no pueda reclamarse desde luego. Si una ley nueva las suprime o restringe, es necesariamente retroactiva, aun cuando al iniciarse su vigencia no sean exigibles todav\u00eda\u2019. (subrayas ajenas al texto) <\/p>\n
\u201cEn este orden de ideas, para que se aplique una norma nueva a los efectos de un hecho acaecido previamente a su vigencia se debe autorizar expresamente tal aplicaci\u00f3n so pena de estar desconociendo la prohibici\u00f3n de aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley\u201d11. <\/p>\n
\u201c2.3 La aplicaci\u00f3n que en este fallo se hace de la Ley 54 de 1990 es retroactiva. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cSea oportuno traer a colaci\u00f3n c\u00f3mo la Corte Constitucional, refiri\u00e9ndose en general a la irretroactividad de la ley precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c\u2026 siguiendo las orientaciones de la doctrina y la jurisprudencia, configuran derechos adquiridos las situaciones jur\u00eddicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas v\u00e1lida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. <\/p>\n
\u201cAnte la necesidad de mantener la seguridad jur\u00eddica y asegurar la protecci\u00f3n del orden social, la Constituci\u00f3n proh\u00edbe el desconocimiento o modificaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jur\u00eddicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e inc\u00f3lumes frente a aqu\u00e9lla, cuando ante una determinada situaci\u00f3n de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jur\u00eddicos de las normas en ese momento vigentes. <\/p>\n
\u201cLa doctrina y la jurisprudencia contraponen a los derechos adquiridos las \u00abmeras expectativas\u00bb, que se reducen a la simple posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, no son m\u00e1s que una intenci\u00f3n o una esperanza de obtener un resultado jur\u00eddico concreto. Por lo tanto, la ley nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jur\u00eddicos que aun cuando han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su consolidaci\u00f3n de manera definitiva, como un derecho, bajo la ley antigua. <\/p>\n
\u201cNo obstante, las referidas expectativas pueden ser objeto de alguna consideraci\u00f3n protectora por el legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislaci\u00f3n generen situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la poblaci\u00f3n o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de inter\u00e9s p\u00fablico o social. Es as\u00ed como la ley nueva puede tomar en cuenta hechos o situaciones sucedidos en vigencia de la ley antigua para efectos de que con arreglo a las disposiciones de aqu\u00e9lla puedan configurarse o consolidarse ciertos derechos (efecto retrospectivo). <\/p>\n
\u201cCuando el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, alude a la garant\u00eda de la propiedad privada y a los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y dispone que tales derechos \u00abno pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u00bb, indudablemente est\u00e1 otorgando una protecci\u00f3n a las situaciones jur\u00eddicas que definitivamente han quedado consolidadas bajo la vigencia de una ley y no a las meras expectativas de derechos. <\/p>\n
\u201cSin embargo, es necesario precisar que la regla precedente no es absoluta, porque ella misma prev\u00e9 la posibilidad de que se puedan afectar, los referidos derechos \u00abcuando de la aplicaci\u00f3n de una ley expedida por motivo de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida\u00bb, evento en el cual \u00abel inter\u00e9s privado deber\u00e1 ceder al inter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb. Ello explica, que no obstante el respeto que merecen los referidos derechos sea posible decretar su expropiaci\u00f3n, utilizando las modalidades previstas en la Constituci\u00f3n, o que se puedan imponer limitaciones, obligaciones o cargas especiales, con el fin de asegurar la funci\u00f3n social de la propiedad y de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica que le es inherente. <\/p>\n
\u201c\u2026Distinto del efecto retroactivo y retrospectivo es el efecto inmediato de la ley, por la vocaci\u00f3n de \u00e9sta de que sus disposiciones se apliquen en el futuro, desde el momento en que empiece a regir, no permitiendo por consiguiente la subsistencia de la ley antigua ni de las situaciones o hechos nacidos durante su vigencia, pero que no han alcanzado a configurar o consolidar verdaderos derechos\u201d12. <\/p>\n
\u201cY refiri\u00e9ndose de manera concreta a la aplicaci\u00f3n ene el tiempo de la Ley 54 de 1990 anot\u00f3 que ella rige hac\u00eda el futuro de modo que <\/p>\n
\u201c\u2026la aplicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990 a relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, s\u00f3lo ser\u00eda posible, idealmente, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en raz\u00f3n del principio consagrado en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n: \u2018Se garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u2019. Aunque hay que advertir que ello implicar\u00eda darle a la ley un efecto retroactivo, que ella misma no previ\u00f3, y que est\u00e1, en general, prohibido en guarda de la seguridad jur\u00eddica.13. <\/p>\n
\u201cHabiendo llegado a este punto, hay que convenir, entonces, que independientemente del nombre que se le quiera dar a la forma como la Corte ha aplicado aqu\u00ed la Ley 54 de 1990, esto es, si se trat\u00f3 de hacerla efectiva de manera retrospectiva o, como en algunas apartes del fallo se sostiene, de hacerla obrar de manera inmediata, lo cierto es que la cosa no es de l\u00e9xico y que siguiendo cualquiera de los anteriormente rese\u00f1ados criterios relativos al concepto de retroactividad, la sentencia comporta una manifiesta y, a mi juicio, inadmisible, aplicaci\u00f3n retroactiva de la referida Ley 54 porque cercena de tajo los derechos de linaje patrimonial de aquellos concubinos, por v\u00eda de ejemplo el de propiedad (y uso aqu\u00ed el t\u00e9rmino entonces en boga, para distinguirlo del de compa\u00f1eros permanentes definido en el rese\u00f1ado estatuto), que con antelaci\u00f3n a la promulgaci\u00f3n de la referida ley hab\u00edan adquirido y consolidado para s\u00ed aquellos bienes que ahora, por virtud de la retroacci\u00f3n aplicada por la Corte, pertenecen a la sociedad patrimonial de hecho. No se trata de hacerla obrar en cuestiones relativas al ejercicio del derecho de dominio o a cargas a \u00e9l concernientes (art\u00edculo 28 de la ley 153 de 1887), ni respecto de consecuencias no producidas, sino de la mutilaci\u00f3n total o parcial del mismo. <\/p>\n
\u201cPor supuesto que una vez adquiridos por los concubinos, los bienes ingresaron a su patrimonio sin condici\u00f3n ni gravamen alguno \u2013excepto, claro est\u00e1, los originados en actos expresos de su voluntad-, de modo que al despojarlos ahora total o parcialmente de ese derecho, ya afianzado, violenta derechos leg\u00edtimamente adquiridos, con evidente sacrificio no s\u00f3lo de la seguridad jur\u00eddica, sino, aqu\u00ed s\u00ed, de inquebrantables imperativos de justicia. <\/p>\n
\u201cNo puede decirse, creo yo, como repetidamente se afirma en la sentencia, que como las uniones maritales de facto no estaban regladas por el ordenamiento no exist\u00eda ning\u00fan derecho consolidado con antelaci\u00f3n a la expedici\u00f3n de la susodicha ley, pues tal elucidaci\u00f3n, lo digo con respeto, no es atinada. No lo es, de un lado, porque el derecho adquirido que la sentencia vulnera en este caso es el de propiedad, derecho que, huelga decirlo, estaba (y est\u00e1) suficientemente protegido por la Constituci\u00f3n y la ley; de otra parte, porque la materia que carec\u00eda de una reglamentaci\u00f3n expl\u00edcita era el concubinato como forma de constituir familia y como fuente de la sociedad de gananciales entre los concubinos, cuesti\u00f3n esta \u00faltima que, por el contrario, de manera clara, precisa y contundente s\u00ed estaba reglada por el art\u00edculo 2082 del C\u00f3digo Civil, a la saz\u00f3n vigente, que expresamente, exceptuando las originadas en el matrimonio, las prohib\u00eda. <\/p>\n
\u201cResulta, entonces, a mi juicio, verdaderamente incomprensible concluir que estando en vigor por la \u00e9poca de los hechos de este litigio (por lo menos de 1983 a 1995) el mencionado art\u00edculo 2082 que prohib\u00eda rotundamente las aludidas sociedades universales y de gananciales, salvedad hecha de las conyugales, regla jur\u00eddica a la cual sometieron su comportamiento todos los colombianos, se diga ahora que por virtud de una ley expedida varios a\u00f1os despu\u00e9s, no s\u00f3lo que s\u00ed exist\u00edan, sino, lo que es m\u00e1s delicado, que por esa misma \u00e9poca se presum\u00eda por la ley su existencia. Es decir, que al mismo tiempo lo que el art\u00edculo 2082 prohib\u00eda, la Ley 54 de 1990 permit\u00eda y presum\u00eda como existente. <\/p>\n
\u201c3. La retroactividad de las presunciones. <\/p>\n
\u201cPara finalizar sostiene la mayor\u00eda, apoy\u00e1ndose, seg\u00fan lo dice, en la doctrina, que como la Ley 54 de 1990 consagra en el punto una presunci\u00f3n ella es retroactiva. Empero, adem\u00e1s de que se trata de una afirmaci\u00f3n que carece de demostraci\u00f3n, y no pod\u00eda tenerla porque la ley 153 de 1887, estatuto que gobierna el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, no contiene la ninguna alusi\u00f3n a una regla de ese talante, lo cierto es que, esa elucidaci\u00f3n de la Sala no repara en que el verdadero designio de la norma no es la de descargar del peso de la prueba de un hecho a una de las partes sino que, yendo mucho m\u00e1s lejos, le atribuye una consecuencia jur\u00eddica (el surgimiento de una sociedad patrimonial, verdadero hontanar de derechos y obligaciones) a un supuesto de hecho (la preexistencia por m\u00e1s de dos a\u00f1os, en las condiciones se\u00f1aladas por la ley, de una uni\u00f3n marital de facto entre compa\u00f1eros permanentes), s\u00f3lo que esa consecuencia se da solamente por v\u00eda general (de ah\u00ed que simplemente se diga que se presume) pero no de manera irremediable porque, como no pod\u00eda ser de otro modo, en el punto no deja de se\u00f1orearse el principio de la autonom\u00eda de la voluntad, conforme al cual la pareja puede prever lo que en Derecho estimen pertinente (capitulaciones, por ejemplo, pues es clara y categ\u00f3rica la remisi\u00f3n que se hace, entre otros, al Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo XXII del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
\u201cY perm\u00edtaseme acotar ac\u00e1, respetuosa pero sinceramente, que la Corte da un traspi\u00e9s cuando afirma, como vehementemente lo hace el fallo, que en las uniones maritales (o conyugales, seguramente) en las que no se forme sociedad patrimonial se comete una \u201cgrave injusticia\u201d, como si en el punto la \u00fanica forma de hacer justicia a la familia es estableciendo por doquier sociedades patrimoniales entre la pareja. No, la noci\u00f3n de justicia que emana del ordenamiento es muy otra: por supuesto que surge una familia a pesar de que no exista una uni\u00f3n marital (porque falle uno de sus requisitos, la singularidad, por ejemplo) o conyugal; inclusive, puede existir uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros (y por ende una relaci\u00f3n de \u00edndole familiar), pero no surgir sociedad patrimonial entre ellos (v. gr., porque no han cumplido el t\u00e9rmino previsto en la ley o porque no han disuelto la sociedad conyugal preexistente). Entonces, si se aplicara \u201cel mandato constitucional\u201d del que se vale la sentencia habr\u00e1 que concluir que como en todas estas hip\u00f3tesis existe familia pero no sociedad patrimonial se comete una \u201cgrave injusticia\u201d, cuyo remedio comportar\u00eda, entonces, muy seguramente, la inconstitucionalidad de las normas que impiden el nacimiento en esos casos de la comunidad de gananciales. Y creo que hasta all\u00e1 no se ha llegado. Por lo menos no hasta ahora. <\/p>\n
\u201cDe otro lado, es palmario que son diversas las hip\u00f3tesis previstas por el legislador (por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales, el matrimonio celebrado en el exterior, etc.) en las que, sin reparos de justicia material y de constitucionalidad, a pesar de existir uniones matrimoniales, no aflora la sociedad patrimonial entre los c\u00f3nyuges, y no por eso hay que desgarrarse las vestiduras. <\/p>\n
\u201c4. Colof\u00f3n. <\/p>\n
\u201cTi\u00e9nese, pues, que sin mediar nebulosos e inexactos planteamientos, lo que emerge como corolario, es lo siguiente: <\/p>\n
\u201c4.1 corresponde al legislador establecer en cada ley el \u00e1mbito temporal dentro del cual \u00e9sta va producir sus efectos, potestad amplia y aut\u00f3noma que le permite acomodar el ordenamiento jur\u00eddico a las condiciones que las nuevas manifestaciones sociales imponen y que solo encuentra valladar irreductible en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Nacional que le impide proferir preceptos que alteren los efectos ya cumplidos con anterioridad a su vigencia, y que solamente a falta de un se\u00f1alamiento expreso de ese temperamento emanado del legislador, compete al int\u00e9rprete la tarea de determinar los alcances en el tiempo de esa normatividad, labor que debe ajustarse, de todas formas, a las disposiciones previstas en la predicha ley 153 de 1887, teniendo siempre presente que \u00e9sta se\u00f1ala como criterios hermen\u00e9uticos generales los de la irretroactividad y la eficacia inmediata de la ley. <\/p>\n
\u201c4.2 De la detenida lectura de todo el articulado de la Ley 54 de 1990 se infiere sin hesitaci\u00f3n alguna que el legislador no consagr\u00f3 reglas espec\u00edficas encaminadas a extender hacia el pasado los efectos de la aludida legislaci\u00f3n, ni puede entenderse que tal hubiese sido su t\u00e1cito designio, ya que, por el contrario, dispuso en el art\u00edculo 9\u00b0, que esa ley \u201crige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n y deroga las disposiciones que le sean contrarias\u201d, am\u00e9n que en el art\u00edculo primero fue enf\u00e1tico al se\u00f1alar que \u201ca partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles se denomina uni\u00f3n marital de hecho, \u2026\u201d, enunciado con el cual indica con cierta vehemencia que todos los efectos civiles que le atribuye a las relaciones maritales que constituyen su objeto, s\u00f3lo surgen a partir de su entrada en vigor, y de cara a las uniones maritales surgidas a partir de su fecha de vigencia, pues \u00fanicamente desde ese momento tales situaciones tienen reconocimiento legal. <\/p>\n
\u201c4.3 Si el legislador, a quien, como ha quedado dicho, le incumb\u00eda determinar, con sujeci\u00f3n a los imperativos constitucionales, sus efectos temporales, extendi\u00e9ndolos en el tiempo si as\u00ed lo reclamaban las necesidades sociales que intentaba remediar, se abstuvo de hacerlo, entre otras cosas porque era conciente de que al hacer obrar en el pasado dicha ley tal disposici\u00f3n dif\u00edcilmente superar\u00eda un examen de constitucionalidad, no puede por ning\u00fan motivo el juzgador (cuya decisi\u00f3n, valga acotarlo al margen, se escapa del juicio de constitucionalidad pertinente, como no sea el propio), al acometer su quehacer hermen\u00e9utico, concederle los efectos que aquel se neg\u00f3 a otorgarle, puesto que se encuentra subyugado a los principios generales de la irretroactividad y de la eficacia inmediata de la ley, que gobiernan este evento frente a la palpable ausencia de regla espec\u00edfica al respecto. <\/p>\n
\u201c4.4 Que rectamente entendido el concepto, la mencionada legislaci\u00f3n produce efectos inmediatos, en la medida en que seguidamente entr\u00f3 en vigor, someti\u00f3 a su imperio toda relaci\u00f3n, inclusive las que tuvieron su g\u00e9nesis con anterioridad, entre \u201c un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen comunidad de vida permanente y singular\u201d, a la que denomin\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho, de modo que los v\u00ednculos que el estado de compa\u00f1ero o compa\u00f1era comportan, los derechos y obligaciones familiares que de ella brotan, la protecci\u00f3n jur\u00eddica y todos los dem\u00e1s efectos civiles que le corresponden, surgieron al momento de su vigencia, cobijando, incluso, se reitera, aquellas relaciones que, reuniendo las exigencias all\u00ed previstas, preexist\u00edan. Por supuesto que de no tener eficacia inmediata, aquellas situaciones jur\u00eddicas consolidadas de antemano y cuyos contornos fueran id\u00e9nticos o similares a aquellos que la Ley 54 de 1990 gobierna, quedar\u00edan excluidos de su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.5 As\u00ed mismo, que cumplidos dos a\u00f1os contados a partir de su vigencia, todas aquellas uniones que re\u00fanan las exigencias de las precitada ley, a\u00fan las que se formaron con anterioridad, dar\u00e1n lugar, por v\u00eda de la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo segundo ejusdem, a la \u201csociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, puesto que, como ha quedado dicho, se vulnerar\u00eda el principio de la irretroactividad si se admitiese que el aludido estatuto tiene la aptitud de atribuirle a aquellos hechos que de conformidad con la legislaci\u00f3n anterior no eran aptos o id\u00f3neos para constituir la situaci\u00f3n jur\u00eddica creada por la nueva ley los efectos constitutivos que \u00e9sta les atribuye, desde luego que para la normatividad que exist\u00eda con anterioridad a la susodicha Ley 54, ni la uni\u00f3n marital, ni la duraci\u00f3n de la misma ten\u00edan alguna relevancia jur\u00eddica, y por ende, carec\u00edan de aptitud para consolidar una comunidad del linaje del que la nueva ley estableci\u00f3. M\u00e1s exactamente, si solamente a partir de la promulgaci\u00f3n de la predicha ley tienen reconocimiento legal y producen todos los efectos civiles que all\u00ed se le reconocen, es obvio que no puede el juzgador, sin hacerla retroactiva, concederle a las relaciones maritales consolidadas con anterioridad los efectos atributivos que la nueva ley prev\u00e9 y que solo surgieron a partir del instante en que entr\u00f3 a regir. <\/p>\n
\u201c4.6 No puede decirse que el juez puede extender los efectos de la ley hac\u00eda el pasado siempre y cuando no vulnera derechos adquiridos, toda vez, que, de un lado, como ha quedado dicho, una labor de esa especie le incumbe al legislador, no al juez, quien en el ejercicio de su tarea hermen\u00e9utica, y a falta de un mandato en ese sentido de aquel, debe ce\u00f1irse a los principios de la aplicaci\u00f3n inmediata e irretroactiva de la ley, y de otro lado, porque a\u00fan si se admitiese, en gracia de discusi\u00f3n, que tal posibilidad fuera viable, habr\u00eda que, igualmente, reconocer que se vulnerar\u00edan los derechos adquiridos de los concubinos frente a quienes la ley anterior no consagraba la presunci\u00f3n de existencia de sociedades patrimoniales y, por ende, ten\u00edan la propiedad exclusiva de los bienes adquiridos durante la existencia de la relaci\u00f3n marital y la libre y aut\u00f3noma administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de ellos, derechos todos estos que la nueva ley no podr\u00eda conculcar. <\/p>\n
\u201cEn estos t\u00e9rminos dejo sentadas mis discrepancias con el fallo mayoritario.\u201d <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Jorge Joaqu\u00edn Llamb\u00edas. Tratado de Derecho Civil. T. I. Perrot. P\u00e1g. 141. <\/p>\n
2 Marcel Planiol y George Ripert. Tratado Elemental de Derecho Civil. T.II, p\u00e1g. 129. <\/p>\n
3 Eduardo Rodr\u00edguez Pi\u00f1eres. Curso Elemental de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. Pag 95. <\/p>\n
4 Diez Picazo Luis. \u201cExperiencias jur\u00eddicas y teor\u00eda del Derecho\u201d. Ariel. P\u00e1g.62 <\/p>\n
5 Larenz, Kart. Metodolog\u00eda de la ciencia del Derecho. Ariel. P\u00e1g.242 y siguientes <\/p>\n
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de abril de 2001. <\/p>\n
7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de marzo de 2003. Expediente 6726. <\/p>\n
8 Corte Constitucional Sentencia SU 881 del 25 de agosto de 2005 <\/p>\n
9 Sentencias del 20 de marzo de 2003, expediente 6726, y del 9 de marzo de 2004, expediente 6984 <\/p>\n
10 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 29 de mayo de 1997. Expediente 4845. <\/p>\n
11 Corte Constitucional Sentencia SU 881 del 25 de agosto de 2005 <\/p>\n
12 Corte Constitucional Sentencia C147, del 19 de marzo de 1997 <\/p>\n
13 Corte Constitucional Sentencia C 239 del 31 de mayo de 1994) <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-268-2005 [0800131100042000-00591-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente No. 08001-31-10-004-2000-00591-01 Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}