SC-275-2005 [4990-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente N\ufffd 4990-01 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la CAJA AGRARIA – EN LIQUIDACI\u00d3N – frente a la sentencia de 26 de marzo de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario seguido en su contra por la CAJA NACIONAL DE PREVISI\u00d3N SOCIAL. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social demand\u00f3 a la Caja Agraria – En Liquidaci\u00f3n -, para que se declarara que entre ellas fue celebrado el contrato de cuenta corriente 4210-000009-2, as\u00ed como el incumplimiento por parte de la \u00faltima, \u201c… consistente en el pago indebido del cheque (gemelo) No. 02117672 por valor de $100\u2019000.000.00 … que fue deducido irregularmente en el extracto de cuenta corriente …\u201d. Igualmente, pidi\u00f3 que la demandada fuera condenada al pago de la mencionada cantidad, indexada desde el 18 de agosto de 1992, junto con los perjuicios sufridos por la actora, en la forma indicada en el libelo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como supuestos f\u00e1cticos se invocaron, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n
a. Entre las partes se perfeccion\u00f3 el referido contrato de cuenta corriente bancaria. <\/p>\n
b. El 18 de agosto de 1992, por el sistema de canje nocturno de la sucursal de Santa Marta, la demandada pag\u00f3 el cheque C2117672 por $100\u2019000.000.00, girado a favor de \u201cCONAVI, cuenta no. 2056 – 000871144 y\/o LUIS CARLOS RODR\u00cdGUEZ\u201d, con cargo a la cuenta de la demandante, el cual no proced\u00eda de ninguna operaci\u00f3n autorizada, pues era un cheque \u201cgemelo\u201d, en la medida en que el t\u00edtulo verdadero a\u00fan reposaba en la chequera respectiva, como se corrobor\u00f3 con las investigaciones penales y fiscales llevadas a cabo. <\/p>\n
c. Al revisar el extracto mensual se detect\u00f3 la irregularidad, que el pagador y director seccional de la actora pusieron en conocimiento de la entidad bancaria, a principios de septiembre del mismo a\u00f1o, inform\u00e1ndole tambi\u00e9n que las firmas y sellos no correspond\u00edan a los registrados, as\u00ed como que el pago del instrumento no hab\u00eda sido confirmado. <\/p>\n
d. La demandada actu\u00f3 con negligencia y falta de pericia al pagar indebidamente el cheque, pues no cotej\u00f3 las firmas y sellos en \u00e9l impuestos, como tampoco exigi\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la cuantiosa operaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El despacho mencionado rechaz\u00f3 de plano la demanda por falta de jurisdicci\u00f3n, decisi\u00f3n que posteriormente revoc\u00f3, al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado por la actora. <\/p>\n
4. La demandada contest\u00f3 el libelo y se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, admiti\u00f3 la existencia del contrato y el pago del cheque, mas se atuvo a la prueba de los restantes; del mismo modo, formul\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d, argumentando que el cuentacorrentista no dio el aviso de que trata el art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio, ni efectu\u00f3 la reclamaci\u00f3n respectiva para el reembolso del dinero. <\/p>\n
5. El juzgado de conocimiento le puso fin a la primera instancia con sentencia de 28 de julio de 2000, en la que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n propuesta por la demandada y la conden\u00f3 al pago de $347\u2019737.906.30, actualizados hasta el momento de su cancelaci\u00f3n, providencia que, al ser apelada por la Caja Agraria, fue \u00edntegramente confirmada por el Tribunal. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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Luego de rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n procesal, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que \u201c… el \u00e1mbito de la acci\u00f3n deprecada es el de la responsabilidad contractual por el pago de cheques falsos o adulterados …\u201d y trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como algunos apartes de la sentencia de 30 de septiembre de 1986 de esta Corporaci\u00f3n, para destacar que, en esta especie de asuntos, el banco debe asumir la responsabilidad, a menos que pruebe la culpa del titular de la cuenta corriente. <\/p>\n
Seguidamente, descendi\u00f3 al caso y resalt\u00f3, por un lado, que \u201c… no demostr\u00f3 la demandada la culpa del cuentacorrentista ni ninguna de las circunstancias que registran los arts. 732 y 733 del C. de Comercio, para concluir la existencia de una causal de exoneraci\u00f3n, luego la apreciaci\u00f3n del recurrente en el sentido de que se trata de un cheque gemelo, no descarga la responsabilidad de la demandada …\u201d y, por el otro, que \u201c… no opera el fen\u00f3meno de la caducidad, mal llamado por la demandada prescripci\u00f3n, pues las documentales arrimadas al proceso y, en especial, la denuncia penal presentada por el entonces gerente de la sucursal dan cuenta de que la demandante le notific\u00f3 el d\u00eda 11 de septiembre de 1992 sobre las irregularidades que observ\u00f3 en sus extractos bancarios\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el sentenciador puntualiz\u00f3 c\u00f3mo \u201c… no exige el C. de Co. que la prueba de dicha notificaci\u00f3n sea solemne, luego, de la antes referida se tiene la certeza de que los hechos fueron puestos en conocimiento de la demandada dentro del t\u00e9rmino legal y que fuera ello lo que le impuls\u00f3 a aqu\u00e9lla a formular el denuncio penal correspondiente\u201d. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos se formularon contra la providencia de segundo grado; el primero, con estribo en la causal quinta de casaci\u00f3n, y el segundo, basado en la causal primera. La Corte solamente despachar\u00e1 el primero, por estar llamado a prosperar. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. De acuerdo con el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la recurrente, previa invocaci\u00f3n del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 140 de la misma obra, denuncia que \u201c… el proceso y la sentencia de segunda instancia en \u00e9l proferida, adolecen de nulidad por corresponder su conocimiento a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo …\u201d <\/p>\n
2. Tras referirse al contrato de cuenta corriente celebrado entre las partes, pasa a sustentar la impugnaci\u00f3n, en tres aspectos espec\u00edficos, a saber: la naturaleza de tal relaci\u00f3n contractual, la normatividad aplicable, y el juez competente para conocer de las controversias suscitadas por su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En el entendido que este sistema hizo crisis, la recurrente comenta el art\u00edculo 32 de la ley 80 de 1993, que \u201cvari\u00f3 el r\u00e9gimen de la contrataci\u00f3n estatal\u201d, por cuanto, a partir de ella, \u201ctodos los actos jur\u00eddicos generadores de obligaciones que celebren entidades estatales ser\u00edan, sin excepci\u00f3n alguna, contrato estatal\u201d; asimismo, con apoyo en el art\u00edculo 21 del decreto reglamentario 679 de 1994, precisa que \u201c… atendiendo la especial naturaleza de los contratos celebrados por establecimientos de cr\u00e9dito, compa\u00f1\u00edas de seguro e instituciones financieras que tengan la calidad de entidades estatales, se sustrajo la celebraci\u00f3n de los mismos a la aplicaci\u00f3n de las normas del estatuto contractual de la naci\u00f3n, para sujetarlas a las previstas en el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, y dem\u00e1s disposiciones legales y reglamentarias aplicables por v\u00eda general a las actividades de tales establecimientos de cr\u00e9dito …\u201d, excepci\u00f3n que, agrega, no quiebra la regla consistente en que la jurisdicci\u00f3n competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales es la de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
En definitiva, concluye, \u201c… no queda duda de que los contratos de cuenta corriente bancaria celebrados por establecimientos de cr\u00e9dito de car\u00e1cter estatal son estatales … \u201d y que la excepci\u00f3n consagrada en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 32 de la ley 80 de 1993, reglamentado por el citado decreto 679, no es aplicable \u201c… al contrato de cuenta corriente existente entre CAJANAL y CAJA AGRARIA, celebrado con anterioridad al 18 de agosto de 1992, pues sabido es que en materia sustancial, las normas vigentes en la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato se entender\u00e1n incorporadas al mismo y, siendo el contrato sub examine anterior a la Ley 80 de 1993, no le resultan aplicables, en materia sustancial, las excepciones establecidas \u2026\u201d en ella, \u201c… sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n inmediata de las disposiciones procesales y de jurisdicci\u00f3n competente introducidas por la … ley 80 …\u201d, que rigieron desde el 1\u00b0 de enero de 1994. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la normatividad pertinente, la impugnadora aduce, con base en los art\u00edculos 13, 32 y 40 de la misma ley, que los contratos estatales est\u00e1n sometidos a las normas civiles o comerciales, seg\u00fan sea su naturaleza y que, por tanto, \u201c… no queda duda que las normas sustanciales aplicables al contrato de cuenta corriente celebrado entre un establecimiento de cr\u00e9dito de car\u00e1cter estatal, ser\u00e1n las propias del C\u00f3digo de Comercio \u2026\u201d, sin que ello conduzca a colegir \u201c… atribuci\u00f3n del conocimiento de las controversias que se deriven de tales contratos a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d. <\/p>\n
Y, en lo tocante con el juez competente para asumir los conflictos suscitados con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de los contratos estatales, la recurrente fija su atenci\u00f3n en el art\u00edculo 75 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa es la \u00fanica facultada para conocer y decidir sobre ellos, para subrayar que \u00e9sa fue una de las finalidades primordiales de la reforma, consistente en asignar un \u00fanico juez natural para las controversias generadas por los contratos estatales. <\/p>\n
Reitera, entonces, que la excepci\u00f3n consagrada para los contratos celebrados por las entidades financieras del Estado dirigidos al cumplimiento de su objeto, de acuerdo con el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 32 de la ley 80 de 1993, no var\u00eda en nada la regla de competencia del art\u00edculo 75, como quiera que \u201c… no obstante que el contrato estatal de cuenta corriente est\u00e1 sustra\u00eddo en su celebraci\u00f3n al r\u00e9gimen general del estatuto de contrataci\u00f3n, sus controversias, sin excepci\u00f3n alguna, son de conocimiento del Juez de lo Contencioso Administrativo, pues la excepci\u00f3n en manera alguna est\u00e1 referida al tema de la Jurisdicci\u00f3n Competente para conocer de las controversias contractuales\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, advierte c\u00f3mo el art\u00edculo 75, por su naturaleza procesal, es de orden p\u00fablico, como lo estatuye el art\u00edculo 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y rigi\u00f3, sujet\u00e1ndose al art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, desde el 1\u00b0 de enero de 1994, que es una fecha anterior a la de iniciaci\u00f3n del proceso – 10 de junio de 1997 -. <\/p>\n
3. Para terminar, se\u00f1ala que \u201c… se ha configurado una nulidad insaneable, como lo es la falta de jurisdicci\u00f3n, por cuanto el art\u00edculo 75 de la ley 80, que determina el juez competente para conocer de las controversias derivadas de contratos estatales, es norma de orden p\u00fablico de car\u00e1cter procesal, de obligatoria e inmediata aplicaci\u00f3n a partir de la vigencia de la citada ley, y por ende, la actuaci\u00f3n adelantada dentro del presente proceso por parte de la Justicia Ordinaria a partir del auto que revoc\u00f3 el rechazo in limine de la demanda por falta de jurisdicci\u00f3n, es nula, y as\u00ed solicito se declare\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Para encarar la acusaci\u00f3n es necesario puntualizar el tema central sobre el que ella versa, esto es, el de la jurisdicci\u00f3n para el conocimiento del presente litigio, bien sea la ordinaria, como viene ocurriendo hasta ahora, o la contencioso administrativa, como plantea la recurrente, sin que ninguna discusi\u00f3n se haya presentado en torno al establecimiento de las normas sustanciales que deben regir la naturaleza y el fondo de la relaci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial. <\/p>\n
2. La jurisdicci\u00f3n ha sido entendida como la potestad soberana de impartir o administrar justicia mediante la aplicaci\u00f3n del derecho a los casos concretos, funci\u00f3n que, para efectos de su racional ejercicio, fue clasificada por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en varias jurisdicciones, como la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional y las denominadas especiales (T\u00edtulo VIII – Cap\u00edtulos 2 a 5). <\/p>\n
Precisamente, por tratarse de una materia estrechamente ligada a la organizaci\u00f3n y funcionamiento del Estado, ella se encuentra regulada por preceptos que tocan inexorablemente con el orden p\u00fablico y el inter\u00e9s general, motivo por el que se les asigna, sin duda alguna, car\u00e1cter obligatorio y absoluto, aplicabilidad inmediata, de suerte que su interpretaci\u00f3n se torna limitada y restrictiva. (cfr. G.J. t. XLVII, pag. 543; LXXXII, 152, entre otras) <\/p>\n
Por lo mismo, es de verse que las eventuales irregularidades procesales que guarden relaci\u00f3n con la falta de jurisdicci\u00f3n no admiten saneamiento o convalidaci\u00f3n ninguna, como tajantemente lo se\u00f1ala el inciso final del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues, evidentemente, su configuraci\u00f3n afecta de manera directa y sustancial el derecho fundamental al debido proceso -art\u00edculo 29 C.P.- , particularmente, en lo que concierne a la garant\u00eda de los principios del juez natural y del derecho de defensa, sin que, por ende, tales infracciones puedan verse remediadas por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de los interesados, desde luego, con independencia de la relevancia que dichas conductas puedan tener frente a otro tipo de vicios. <\/p>\n
Ciertamente, como lo ha pregonado esta Corporaci\u00f3n, ha de recordarse claramente que \u201c… el juez no puede adquirir una jurisdicci\u00f3n que no tiene por el s\u00f3lo hecho de que las partes acudan a \u00e9l y guarden silencio sobre la falta de potestad de que adolece para fallar su controversia …\u201d (sentencia de 17 de abril de 1979, no publicada oficialmente) <\/p>\n
3. En orden a examinar el asunto, la Corte estima pertinente destacar los principales elementos de juicio que aparecen demostrados en el proceso, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
a. El contrato de cuenta corriente bancaria 4210-000009-2 fue celebrado entre la Caja Agraria, organizada como sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, y la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social, que, en su momento, ostentaba la naturaleza de establecimiento p\u00fablico del mismo orden. <\/p>\n
b. Los hechos que originaron la controversia y que para la demandante constituyeron incumplimiento contractual, es decir, el supuesto pago irregular de un cheque, tuvieron lugar el 18 de agosto de 1992. <\/p>\n
c. La demanda que dio inicio al pleito fue presentada el 10 de junio de 1997, esto es, cuando la ley 80 de 1993 se encontraba en vigor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Para resolver la controversia debe partirse de la premisa consistente en que con la expedici\u00f3n del Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica se introdujo una noci\u00f3n o categor\u00eda uniforme de los contratos estatales, entendidos como \u201c… los actos jur\u00eddicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad …\u201d (art\u00edculo 32). <\/p>\n
Asimismo, es de notarse que dicho estatuto tambi\u00e9n adopt\u00f3 un criterio \u00fanico en materia de jurisdicci\u00f3n, al se\u00f1alar, de manera general, que \u201cel juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento ser\u00e1 el de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u201d (art\u00edculo 75). <\/p>\n
Pues bien, aunque a primera vista emerge, como lo se\u00f1ala la recurrente, que el nuevo r\u00e9gimen estuvo claramente enderezado hacia la unificaci\u00f3n del concepto de contrato estatal, al igual que de los criterios determinantes de la jurisdicci\u00f3n encargada de la resoluci\u00f3n de las disputas que en ellos se originaran1 <\/p>\n
, tambi\u00e9n es cierto que para cierta clase de negocios jur\u00eddicos, en particular, para los contratos propios de la actividad financiera y aseguradora, se estableci\u00f3 un tratamiento excepcional, como se desprende del art\u00edculo 32, par\u00e1grafo 1\u00b0 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el 21 del decreto 679 de 1994, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c… los contratos que celebren los establecimientos de cr\u00e9dito, las compa\u00f1\u00edas de seguros y dem\u00e1s entidades financieras de car\u00e1cter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estar\u00e1n sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regir\u00e1n por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.\u201d <\/p>\n
Como puede verse, el mismo estatuto previ\u00f3 expresamente que esta especie de acuerdos quedar\u00edan por fuera del \u00e1mbito de acci\u00f3n de sus disposiciones, mas, en todo caso, ha de decir la Corte, tal orientaci\u00f3n normativa no puede ser entendida con un alcance tal como para extenderse, incluso, a los contratos de dicha \u00edndole, como el que se estudia, donde todas sus partes ostentan naturaleza estatal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2\u00b0 ejusdem, espec\u00edficamente, la de sociedad de econom\u00eda mixta, por un lado, y la de establecimiento p\u00fablico, por el otro, pues, en esta particular hip\u00f3tesis, resulta ineludible que la relaci\u00f3n jur\u00eddica deba ser calificada como contrato estatal y que, correlativamente, los conflictos que de ella pudieran surgir se sometan forzosamente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, conforme lo ordena el citado art\u00edculo 75. <\/p>\n
En efecto, en este preciso sentido se ha enfocado la doctrina jurisprudencial del Consejo de Estado, cuando al referirse concretamente a los contratos suscritos entre una entidad p\u00fablica del sector financiero o asegurador y otra entidad estatal, puntualiz\u00f3 que \u201c… en este caso, a pesar de que, en principio, el contrato no se considera estatal por haber sido suscrito por una de las entidades del sistema financiero exclu\u00edda del r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de la ley 80 de 1993, el contrato adquiere tal naturaleza pero por haber sido celebrado con una \u2018entidad estatal\u2019, es decir, la naturaleza de contrato del Estado est\u00e1 determinada no por la entidad p\u00fablica del sector financiero, sino por aquella entidad estatal que contrata con la primera, a la que le es aplicable el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de la ley 80. Por este motivo, la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa ser\u00e1 la competente para conocer de los procesos declarativos o ejecutivos que se deriven de esos contratos, de acuerdo con el art. 75 de la ley 80 de 1993.\u201d (Secci\u00f3n Tercera, auto de 10 de junio de 2004, radicaci\u00f3n 24764; cfr. autos de 23 de septiembre de 1997, exp. S-701 (Sala Plena), 7 de marzo de 2002, exp. 19057 y 5 de noviembre de 2003, exp. 24706, entre otros). <\/p>\n
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Y, en otra ocasi\u00f3n, dicha Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n explic\u00f3: \u201cComo resultado de la aplicaci\u00f3n, por v\u00eda de excepci\u00f3n, del r\u00e9gimen especial de derecho privado a los contratos que se enmarquen dentro del giro ordinario de las actividades propias del objeto social de las entidades de cr\u00e9dito, asegurador y del sector financiero estatal, la jurisdicci\u00f3n competente para conocer de los conflictos que surjan durante las diferentes etapas de dichos contratos ser\u00e1 la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Esto es, que al establecerse la excepci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las normas del derecho p\u00fablico, del mismo modo se sustrae al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa de los conflictos que tal contrato genera. … Sin embargo, es procedente observar, de otra parte, que cuando el contrato financiero o conexo con \u00e9ste se celebra entre la entidad estatal sometida al Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y otra entidad estatal, no puede predicarse la misma conclusi\u00f3n … En consecuencia, resulta claro que, en principio, la jurisdicci\u00f3n competente para conocer de los contratos que celebren las entidades financieras y del sector asegurador de car\u00e1cter estatal dentro del giro ordinario de las actividades propias de este tipo de entidades, entendiendo por tales, aquellos que correspondan a las funciones y operaciones se\u00f1aladas en el E.O.S.F. y los contratos conexos directamente con aquellas, ser\u00e1 la jurisdicci\u00f3n ordinaria, salvo que dicho contrato se celebre con otra entidad estatal que se rija en su integridad por la ley 80 de 1993 …\u201d (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 29 de mayo de 2003, radicaci\u00f3n 1488) <\/p>\n
En este orden de ideas, ante la naturaleza de las partes vinculadas contractualmente y atendida la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso, se impone concluir que era insoslayable la observancia de las normas de la ley 80 de 1993 para efectos de establecer la jurisdicci\u00f3n que deb\u00eda conocer del asunto. <\/p>\n
Por tanto, al haber sido desatendido dicho estatuto, se configur\u00f3 la causal de nulidad descrita en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que, a t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 144 de la misma codificaci\u00f3n, se insiste, no admite saneamiento o convalidaci\u00f3n alguna; ello hace forzosa su declaraci\u00f3n, as\u00ed como la remisi\u00f3n del expediente a la autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto por los art\u00edculos 85 y 375 ib\u00eddem y la sentencia de constitucionalidad C – 662 de 2004. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El cargo prospera. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo explicado, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 26 de marzo de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y, en su lugar, en sede de instancia, declara la nulidad de todo lo actuado en el proceso, con posterioridad al auto de 27 de junio de 1997 emitido por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como dispone la remisi\u00f3n del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo que estime de rigor. <\/p>\n
Comun\u00edquese igualmente esta decisi\u00f3n al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la Sala Civil del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial. <\/p>\n
Sin costas en el recurso, por su prosperidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y rem\u00edtase en su oportunidad. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 Sobre el particular, en la exposici\u00f3n de motivos de la ley 80 de 1983, se indic\u00f3: \u201cDe igual manera debe destacarse que se consagra un \u00fanico juez para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento. La competencia que al respecto se le confiere a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso \u2013 administrativo se encuentra de acuerdo con la consagraci\u00f3n que el proyecto dispone de la \u00fanica categor\u00eda contractual: la de los contratos estatales. Con ello, adem\u00e1s de mantener la uniformidad que lo inspira, evitar\u00e1 discusiones que hoy se suscitan en torno a una distinci\u00f3n artificiosa que la jurisprudencia y la doctrina for\u00e1nea produjeron y que fue recogida y desarrollada entre nosotros, en torno a las dos categor\u00edas contractuales para defender una doble jurisdicci\u00f3n, pero que en realidad de verdad tal distinci\u00f3n no es consecuencia de posturas sustanciales que la justifiquen, sino por el contrario obedece a cuestiones de \u00edndole procesal o adjetiva.\u201d (Gaceta del Congreso, a\u00f1o I, n. 75, mi\u00e9rcoles 23 de septiembre de 1992, pag. 9). <\/p>\n
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SC-275-2005 [4990-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente N\ufffd 4990-01 Procede la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}