SC-276-2005 [00187-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 00187-01 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia adiada el 9 de septiembre de 2002 proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario promovido por Edmundo Mosquera Chaves contra Luis Hernando Taquez Pantoja. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Aspira el demandante \u2013 prometiente vendedor – a que mediante sentencia se decrete la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa celebrada el 17 de septiembre de 1993, la cual recay\u00f3 sobre un bien inmueble urbano situado en la ciudad de Pasto, y a que como consecuencia de ella se condene al demandado \u2013 prometiente comprador – a restituirlo \u201cen el estado en que lo recibi\u00f3\u201d, libre de todo cargo, as\u00ed como a pagar la cl\u00e1usula penal pactada para el caso de incumplimiento de las obligaciones y el valor de los deterioros que hubiera sufrido dicho bien. <\/p>\n
2. La causa para pedir admite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
a) La promesa cuya resoluci\u00f3n es objeto de litigio obra en documento privado suscrito por las partes el 17 de septiembre de 1993, y en ella se convino como precio la suma de $50.000.000 pagaderos en cinco cuotas anuales de $10.000.000 cada una, empezando el 17 de septiembre de 1994 y as\u00ed sucesivamente hasta completar el pago total el 17 de septiembre de 1998, con intereses sobre los respectivos saldos a la tasa del 3% mensual respecto de las primeras cuatro cuotas y del 3,5% en relaci\u00f3n con la restante, fecha \u00faltima en la cual se otorgar\u00eda la escritura p\u00fablica de la compraventa prometida; convini\u00e9ndose que la escritura que perfeccionara la venta se otorgar\u00eda \u201cel 17 de septiembre de 1998, fecha en que las obligaciones de parte del promitente comprador quedaron totalmente solucionadas\u201d; el bien objeto de la misma fue entregado desde la fecha de suscripci\u00f3n de la promesa. <\/p>\n
b) El promitente comprador solamente pag\u00f3 la primera cuota junto con los intereses, aunque para respaldar la segunda gir\u00f3 una letra de cambio el 17 de septiembre de 1995 por $10.000.000 pagadera el 17 de septiembre de 1998, por lo que est\u00e1 entonces en mora de pagar $40.000.000 del precio junto con los intereses pactados. <\/p>\n
c) Cuando se celebr\u00f3 la promesa de compraventa, el promitente comprador era arrendatario de una de las bodegas existentes en el inmueble y la otra estaba arrendada a otra persona que pagaba mensualmente la suma aproximada de $340.000. <\/p>\n
4. Para culminar la primera instancia, el juez dict\u00f3 sentencia el 12 de diciembre de 2001 en la que no accedi\u00f3 a las pretensiones; en cambio, declar\u00f3 de oficio la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa; orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del inmueble; y se pronunci\u00f3 sobre las correspondientes restituciones mutuas. <\/p>\n
5. La parte demandante apel\u00f3 y el tribunal, luego de estimar improcedente el litis consorcio de Armando Jos\u00e9 Narv\u00e1ez (como cesionario del derecho litigioso) respecto del demandado, confirm\u00f3 la no procedencia de las pretensiones del demandante; la declaratoria de nulidad absoluta del contrato; la condena por mejoras; y el otorgamiento del derecho de retenci\u00f3n al demandado; y reform\u00f3 los restantes numerales para condenar a \u00e9ste a pagar $30.554.127 por concepto de frutos; y al demandante a restituir la suma de $157.365.246 del precio parcialmente recibido, que comprende intereses e indexaci\u00f3n, m\u00e1s $9.421.718 por concepto de intereses legales del 6% anual sobre la suma recibida como pago parcial del precio. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En lo pertinente para el presente recurso, ellos pueden compendiarse del siguiente modo: <\/p>\n
a) La promesa de celebrar contrato de compraventa de inmuebles, regulada por el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, genera la sola obligaci\u00f3n de hacer consistente en el otorgamiento de la respectiva escritura p\u00fablica que perfeccione el contrato prometido, aunque bien pueden los contratantes por su voluntad anticipar las obligaciones propias de \u00e9ste, como la entrega del bien y el pago del precio. <\/p>\n
b) Est\u00e1 probado que en el documento contentivo de la promesa, concretamente en la cl\u00e1usula tercera, se dej\u00f3 en blanco la fecha en la que se otorgar\u00eda la escritura p\u00fablica de la compraventa prometida, tal como lo confiesa el propio demandante y lo ratifica su abogado Julio Rodr\u00edguez Acosta, quien acept\u00f3 haber llenado el espacio pero agregando que lo hizo \u201cen presencia de las partes\u201d en el original y que por un olvido no se hizo la misma anotaci\u00f3n en la copia que ten\u00eda el demandado; explicaci\u00f3n que no sirve para acreditar que los contratantes de com\u00fan acuerdo fijaron como fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica el 17 de septiembre de 1998, requisito cuya omisi\u00f3n es suficiente para deducir la nulidad absoluta de la promesa de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 1741 del C. C. y en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, la que se debe decretar de oficio en lugar de la resoluci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
c) No suple tal deficiencia la confesi\u00f3n ficta del demandado derivada de no haber comparecido a la audiencia del art\u00edculo 101 del C. de P. Civil, por la que se supone la aceptaci\u00f3n de que s\u00ed se fij\u00f3 la referida fecha, como se afirm\u00f3 en la demanda, puesto que se halla desvirtuada con la confesi\u00f3n del demandante, quien en el interrogatorio de parte reconoci\u00f3 \u201cque se dej\u00f3 el espacio en blanco y que fue su abogado el que lo complet\u00f3 sin poder dar explicaci\u00f3n para ello\u201d. <\/p>\n
d) Por \u00faltimo, el tribunal se pronunci\u00f3 sobre las restituciones mutuas e introdujo las modificaciones de que ya se dio cuenta atr\u00e1s, en lo cual tuvo al demandado como poseedor de buena fe y consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reconocer el valor de los deterioros del inmueble, toda vez que no se demostr\u00f3 el estado en que fue entregado el inmueble ni la desvalorizaci\u00f3n que haya podido afectarlo. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En ella se proponen tres cargos contra la sentencia del tribunal, el primero por la causal primera que se despachar\u00e1 inicialmente porque ataca toda la sentencia; y despu\u00e9s los otros dos, sucesivamente, porque aunque denuncian vicios de procedimiento tienen un alcance apenas parcial. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, por la v\u00eda indirecta a causa de errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, se denuncia la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 140-6, 142, inciso final, 175, inciso final, 179, 236- 3- 6, 243-3.4, 398 y 488 del C. de P. Civil; 1495, 1498, 1501, 1502, 1541, 1546, 1551, inciso final, 1553-1, 1592, 1594, 1602, 1609, 1610, 1611, subrogado por el 89-3 de la ley 153 de 1887, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 967, 1746 y 1747 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. La sustentaci\u00f3n del cargo se puede resumir, as\u00ed: <\/p>\n
a) La declaratoria de la nulidad del contrato de promesa de compraventa fue hecha por el tribunal por los errores cometidos al apreciar erradamente las pruebas decretadas de oficio y el documento que contiene la promesa; el mismo que tampoco apreci\u00f3. <\/p>\n
b) La conclusi\u00f3n relativa a que el documento de promesa no contiene la estipulaci\u00f3n de la \u00e9poca en que se suscribir\u00eda la escritura p\u00fablica con que se perfeccionar\u00eda la compraventa prometida es errada, toda vez que un pormenorizado examen de \u00e9l arroja sobre el particular un resultado positivo. <\/p>\n
c) La cl\u00e1usula tercera del contrato, luego de establecer el precio de $50.000.000 y los plazos para pagarlo, dice, en t\u00e9rminos del censor, que \u201cla escritura de dominio se celebrar\u00e1 EN CONSECUENCIA (SUBRAYO) el d\u00eda 17 (este n\u00famero dice el contradictor que es falso) de septiembre de 1998, a las cuatro p.m. ante el Notario Segundo del C\u00edrculo de Pasto\u201d. Y as\u00ed ella no contuviera el n\u00famero 17, de todos modos el documento est\u00e1 completo porque de todos sus t\u00e9rminos debe interpretarse que la escritura se har\u00eda el d\u00eda en que deb\u00eda pagarse la \u00faltima cuota, pues, \u201cdel texto se establece la intenci\u00f3n de las partes en forma inequ\u00edvoca\u201d. <\/p>\n
En efecto, la \u00e9poca para el perfeccionamiento del contrato prometido, 17 de septiembre de 1998, s\u00ed aparece en la cl\u00e1usula segunda donde dice que el saldo final de precio de $10.000.000 se pagar\u00e1 con intereses del 3.5% mensual \u201chasta el 17 de septiembre de 1998, d\u00eda en que cancelar\u00e1 la totalidad del precio del inmueble\u201d; y a rengl\u00f3n seguido, en la cl\u00e1usula tercera se estableci\u00f3 que \u201cla escritura de dominio se celebrar\u00e1 el d\u00eda __ septiembre de 1998 a las 4 p.m. ante el notario segundo de Pasto\u201d, y en caso de que el promitente comprador pague anticipadamente el precio pactado \u201cdar\u00e1 aviso al promitente vendedor, con un mes de antelaci\u00f3n, la fecha y hora para celebrar la correspondiente escritura\u201d. Se estipul\u00f3 as\u00ed una \u00e9poca o plazo, y a la vez, una condici\u00f3n anticipada en el caso de que el promitente comprador pague antes del vencimiento pactado para el 17 de septiembre de 1998. <\/p>\n
d) El juzgador aplic\u00f3 indebidamente, entonces, el art\u00edculo 89, numeral 3\u00b0, de la ley 153 de 1887, porque la l\u00f3gica impon\u00eda entender que la fecha del 17 de septiembre de 1998, fecha establecida para el pago de la \u00faltima cuota del precio, era a su vez la se\u00f1alada para extender la correspondiente escritura p\u00fablica; la ley no exige que se fije un d\u00eda sino la \u00e9poca en que se ha de celebrar el contrato prometido, y fue determinada para el mes de septiembre, pues lo que se dej\u00f3 en blanco fue la fecha exacta de ese mes; por lo tanto, el que se hubiese anotado despu\u00e9s \u201cque era el 17 de septiembre resulta irrelevante, m\u00e1s cuando esa \u00e9poca ya pas\u00f3\u201d. <\/p>\n
e) Aun haciendo caso omiso de lo anterior, f\u00e1cilmente se deduce que una vez pagado totalmente el precio, el promitente comprador ten\u00eda a su alcance la opci\u00f3n de exigirle al promitente vendedor \u201cla formalidad de la escritura p\u00fablica, \u00fanico paso que faltaba, pues, el promitente comprador, recibi\u00f3 el inmueble desde la fecha del contrato y podr\u00eda exigir el complemento del t\u00edtulo al tenor de los art\u00edculos 1849 y 1928 del C. Civil\u201d. Adem\u00e1s, la resoluci\u00f3n del contrato era la \u00fanica forma que ten\u00eda el demandante para recuperar el predio ante el incumplimiento del demandado, puesto que no era l\u00f3gico invocar la nulidad de un acto que re\u00fane todos los requisitos, ni le era dable hacerlo porque estar\u00eda haciendo valer en su favor una ilegalidad propia. <\/p>\n
f) No es claro el fallo porque ordena la restituci\u00f3n del inmueble sin decir en qu\u00e9 forma debe hacerse, y porque no observ\u00f3 el desmedro patrimonial padecido por el demandante derivado de la destrucci\u00f3n de los locales comerciales que estaban en el inmueble, dejando as\u00ed de aplicar el art\u00edculo 962 del C. C. sobre prestaciones mutuas. El tribunal quebrant\u00f3 as\u00ed las normas sustanciales reguladoras de \u00e9stas, puesto que no orden\u00f3 que las cosas volvieran a su estado anterior como efecto de la nulidad absoluta del contrato de promesa, en tanto que en el documento que lo contiene se describieron unas mejoras que fueron destruidas, proceder con el que permiti\u00f3 el rompimiento del equilibrio entre las partes y el enriquecimiento sin causa de una de ellas. <\/p>\n
g) Por \u00faltimo, apreci\u00f3 err\u00f3neamente el fallador las certificaciones del Banco de la Rep\u00fablica o del Dane para deducir en forma desproporcionada las condenas por concepto de prestaciones mutuas, conducta que lo llev\u00f3 a violar \u201cla conmutaci\u00f3n, base de la trascendencia del contrato conmutativo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La promesa bilateral de celebrar un contrato es un acto jur\u00eddico que, aunque aut\u00f3nomo, es de car\u00e1cter preparatorio de otro futuro, y por serlo, su existencia se da por lo general apenas por el tiempo requerido para perfeccionar \u00e9ste; ese car\u00e1cter temporal se infiere de lo dispuesto en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, en cuyo enunciado general en principio se le priva de eficacia, salvo que se ajuste a todas y cada una de las exigencias que all\u00ed mismo se ordenan y describen, entre las cuales merece especial atenci\u00f3n, por ser aqu\u00ed la pertinente, la consistente en que \u201cLa promesa contenga un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u201d . <\/p>\n
Lo anterior significa que necesariamente bajo una de dichas modalidades, plazo o condici\u00f3n, o de ambas en combinaci\u00f3n, pueden y deben las partes establecer cu\u00e1ndo se ha de celebrar o perfeccionar el contrato futuro. <\/p>\n
2. Para definir la ausencia de tal requisito de la promesa, el tribunal, situado en el \u00e1mbito probatorio, concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula tercera contenida en el documento en que obra la promesa demuestra que se dej\u00f3 en blanco la fecha en la que se otorgar\u00eda la escritura p\u00fablica de la compraventa prometida; afirma que el propio demandante confes\u00f3 ese hecho y lo ratific\u00f3 su abogado Julio Rodr\u00edguez Acosta, quien acept\u00f3 haber llenado el espacio aunque agregando que lo hizo \u201cen presencia de las partes\u201d en el original y que por un olvido no se hizo la misma anotaci\u00f3n en la copia entregada al demandado; a\u00f1ade que esta explicaci\u00f3n no sirve para acreditar que los contratantes de com\u00fan acuerdo fijaron el d\u00eda 17 de septiembre de 1998 como fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica, requisito cuya omisi\u00f3n es suficiente para deducir la nulidad absoluta de la promesa. <\/p>\n
3. El recurrente, a su turno, sostiene que el tribunal incurri\u00f3 en manifiesto error de hecho en la apreciaci\u00f3n del documento de promesa, puesto que en \u00e9l aparece expresamente que el d\u00eda \u201c17\u201d de septiembre de 1998 fue el acordado por las partes para perfeccionar la compraventa prometida; y con prescindencia de que el mencionado n\u00famero se hubiera anotado con posterioridad solamente en el original del mismo, ese proceder estaba en consonancia con lo convenido por las partes de manera verbal; adem\u00e1s, ese mismo resultado lo arroja una simple interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas segunda y tercera del contrato que ponen de relieve que tal fue el inequ\u00edvoco querer de ellas desde un principio, dado que es menester entender que la fecha convenida para el \u00faltimo pago era la misma para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, y cuando menos, as\u00ed se diera por sentado que no se fij\u00f3 el d\u00eda exacto, si lo fue en todo caso la \u00e9poca en la medida en que qued\u00f3 consignado en la promesa el mes de septiembre del referido a\u00f1o. <\/p>\n
4. Las acusaciones descritas son inconsistentes e incluso denotan una distorsi\u00f3n de lo expuesto en la misma demanda con que se inici\u00f3 este proceso y de los fundamentos de la sentencia impugnada; basta ver que el demandante sostuvo desde un comienzo que en la promesa se fij\u00f3 el d\u00eda 17 de septiembre de 1998 para celebrar la compraventa prometida, por lo que de plano se desvirt\u00faa el planteamiento que ahora propone, de manera enteramente novedosa, sobre que las partes convinieron que la \u00e9poca acordada era el mes de septiembre en cualquiera de sus d\u00edas, con lo cual, estima el censor, se cumple el requisito legal del plazo exigido por el numeral 3\u00ba del art\u00edculo de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
La alegaci\u00f3n del impugnante, adem\u00e1s de implicar la enmienda a la causa petendi expuesta en la demanda, donde en el cap\u00edtulo correspondiente se dijo expresamente que se hab\u00eda pactado el d\u00eda 17 de septiembre de 1998 para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, pronto le permite advertir a la Corte que es ante el fracaso probatorio que le apunt\u00f3 el tribunal en la tarea de demostrar ese aserto, basado en la confesi\u00f3n del demandante y en la declaraci\u00f3n del abogado de \u00e9ste relativa a que se dej\u00f3 en blanco el espacio del d\u00eda correspondiente a ese mes, que solamente ahora en casaci\u00f3n intenta salvar la omisi\u00f3n derivando a su antojo que lo convenido fue otorgar la escritura p\u00fablica en cualquier d\u00eda del indicado mes de septiembre, planteamiento que resulta inadmisible en la esfera de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. Aspecto probatorio aqu\u00e9l respecto del cual, valga decirlo, no hace ning\u00fan comentario el censor. <\/p>\n
5. Igualmente habiendo concluido el sentenciador que no se determin\u00f3 la fecha exacta acordada por las partes, cualquiera que sea el motivo que haya dado lugar a la omisi\u00f3n, y que legalmente la \u00e9poca para la celebraci\u00f3n de la compraventa prometida deb\u00eda quedar fijada expresamente en el texto de la promesa, pues as\u00ed lo exige la ley, emerge vacua la censura que se endereza a denunciar error de hecho porque no se haya deducido la misma en consonancia con la forma de soluci\u00f3n del precio pactada, atendiendo para el efecto a la fecha pago de la \u00faltima cuota, o porque se dio con posterioridad a la suscripci\u00f3n del documento un acuerdo verbal, sin parar mientes en que el requisito legal es expreso \u2013 no se acusa que no lo sea \u2013, y en que, inclusive, la verdadera intenci\u00f3n de las partes fue fijar una fecha exacta, solo que por olvido la dejaron en blanco. <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n: en punto de la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato prometido, el cargo primero, am\u00e9n de ambiguo e incompleto, revela un desv\u00edo de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica plasmada en la propia demanda inicial, en la que se aludi\u00f3 sin ambages a que se pact\u00f3 una fecha exacta, materia sobre la cual, entre otras cosas, vers\u00f3 el debate probatorio, todo lo cual impone, sin m\u00e1s, el fracaso de la acusaci\u00f3n de que se trata. <\/p>\n
7. En otro aspecto, el tribunal, respecto de la reclamaci\u00f3n de deterioros causados al inmueble cuya restituci\u00f3n se orden\u00f3, manifest\u00f3 que \u201cen providencia del 3 de abril del a\u00f1o 2000, se corri\u00f3 traslado del escrito de objeci\u00f3n a la parte demandante, quien dej\u00f3 pasar en silencio el t\u00e9rmino para contestar y solicitar pruebas, circunstancia que incidi\u00f3 para que los peritos que se designaron no dictaminaran sobre el punto qued\u00e1ndose sin respaldo probatorio el valor de los deterioros del inmueble. Ha de advertirse tambi\u00e9n que en el debate probatorio no fue materia de demostraci\u00f3n el estado que ten\u00eda el inmueble a la fecha que fue recibido por el demandado\u201d. <\/p>\n
Contra ese este pronunciamiento el censor se reduce a argumentar de manera gen\u00e9rica que la restituci\u00f3n del inmueble no es clara porque \u201csi se ordena la restituci\u00f3n del inmueble debe ser en la forma en que recibi\u00f3, esto es, con las construcciones \u2013locales comerciales- que exist\u00edan al tiempo en que lo recibi\u00f3. La informaci\u00f3n pericial observa que el inmueble ha sufrido desmedro ha derruido los locales comerciales para convertirlo en un garaje en tierra, cuyo valor econ\u00f3mico no es ponderable\u201d. <\/p>\n
Y de modo semejante, en el cargo se afirma, a guisa de colof\u00f3n y haciendo alusi\u00f3n a la apreciaci\u00f3n de las pruebas de oficio decretadas por ambas instancias, que se equivoc\u00f3 el sentenciador porque \u201cal haber aplicado m\u00f3dulos espec\u00edficos del Banco de la Rep\u00fablica y del Dane para deducir en forma desproporcionada las prestaciones mutuas, violando la conmutaci\u00f3n, base trascendente del contrato conmutativo, ha aplicado las normas denunciadas, y en otras, no las ha aplicado, con lo cual, hace viable el cargo denunciado\u201d. <\/p>\n
8. En ambos puntos \u2013 reconocimiento del valor del deterioro y correcci\u00f3n monetaria de las restituciones mutuas \u2013 presenta deficiencias la acusaci\u00f3n propuesta porque el impugnante se limit\u00f3 a exponer un concepto general y personal, como si se tratara de un alegato de instancia, sin indicar de manera concreta cu\u00e1les pruebas no fueron tenidas en cuenta por el sentenciador o a cu\u00e1les se les prodig\u00f3 un alcance diferente; incluso no se explica la incidencia que tal proceder judicial tuvo en la parte resolutiva del fallo, ni se confrontan las consideraciones del tribunal. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia impugnada se dijo de los deterioros del inmueble, que no hay prueba del estado en que fue entregado el inmueble al promitente comprador y que, adem\u00e1s, por la conducta procesal omisiva asumida por aquel no fue posible que los peritos dictaminaran sobre su cuant\u00eda, apreciaciones que no son reprochadas por el censor. Y en lo que ata\u00f1e con la estimaci\u00f3n de las pruebas de oficio, el sentenciador decret\u00f3 y obtuvo certificaci\u00f3n del Dane respecto del \u00edndice de precios al consumidor y con fundamento en ella efectu\u00f3 la actualizaci\u00f3n de las condenas por concepto de restituciones, prueba que en s\u00ed misma no es objeto de reparo en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, no puede pasarse por alto que el tribunal al despachar el tema de las prestaciones mutuas, aplic\u00f3 correcci\u00f3n monetaria e intereses a las sumas reconocidas por concepto del precio pagado y de los frutos, pronunciamientos en relaci\u00f3n con los cuales la censura omiti\u00f3 formular un ataque claro y preciso; dilapid\u00f3 la oportunidad de ahora para hacer un cuestionamiento concreto que enfrente la sentencia y las pruebas correspondientes, quedando, entonces, sin especificar ni menos demostrar, los errores de hecho denunciados. En verdad, m\u00e1s que la aplicaci\u00f3n de los \u00edndices considerados para la correcci\u00f3n monetaria, la elevada suma de las restituciones mutuas proviene de los conceptos a los cuales se aplica la misma, aspectos sobre los cuales evidentemente el censor pas\u00f3 de largo; en esas circunstancias, la acusaci\u00f3n no da pie para verificar de d\u00f3nde en \u00faltimas proviene la desproporci\u00f3n econ\u00f3mica que, en sentir del recurrente, representan las condenas impuestas, no siendo dable a la Corte verificar ese aspecto de oficio. <\/p>\n
9. Se sigue de todo lo discurrido que el cargo primero no alcanza a progresar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en la casual segunda de casaci\u00f3n se acusa a la sentencia de incongruencia en relaci\u00f3n con las pretensiones de la demanda y las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado. <\/p>\n
El desarrollo del cargo permite hacer el siguiente compendio: <\/p>\n
a) De acuerdo con los t\u00e9rminos de la demanda y las excepciones propuestas el litigio versa, desde la perspectiva del demandante, sobre la resoluci\u00f3n y sus consecuencias del contrato de promesa de compraventa celebrado en 1993 con el demandado \u201cLuis Hernando Taquez\u201d el 17 de septiembre de 1993, respecto de lo cual el demandado formul\u00f3 distintas excepciones de fondo, entre ellas la de nulidad absoluta del contrato a la que le dio cabida el sentenciador. <\/p>\n
Sin embargo, el tribunal, apart\u00e1ndose de ese cuadro de instancia, conden\u00f3 al demandante a pagarle a \u201cLuis Armando Taquez\u201d la suma de $30.554.127 por concepto de frutos civiles, quien no fue demandado ni intervino en proceso; de ese modo se le impuso una carga a favor de una persona diferente a la que fue parte en la promesa y actu\u00f3 como contradictora en el litigio, que lo fue \u201cLuis Hernando Taquez\u201d. <\/p>\n
b) Seg\u00fan el censor, en el numeral 4\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia se conden\u00f3 al demandante a restituir la suma de $157.365.248 que corresponden a los valores recibidos por concepto de pago parcial del precio e \u201cintereses generados por el contrato de mutuo que las partes pactaron\u201d, pues no se trata de pagar el precio del contrato prometido sino los intereses generados por el capital mutuado, deviniendo err\u00f3nea la conclusi\u00f3n porque del precio solamente se pagaron $10.000.000 y de intereses $20.000.000. <\/p>\n
c) Si el prometiente comprador qued\u00f3 con el \u201cuso del inmueble\u201d, acaso \u00e9ste no compensa los adicionales de intereses que menciona. Este pedimento tampoco fue solicitado por el demandado y los decret\u00f3 el tribunal de oficio, por lo que hay <\/p>\n
incongruencia. <\/p>\n
d) El tribunal en el numeral 6\u00ba de la parte resolutiva, volvi\u00f3 a condenar al demandante a pagar la suma de $9.421.718 por concepto de intereses legales a la tasa del 6% anual correspondientes al dinero recibido como pago parcial del precio, \u201cesta segunda condena\u201d resulta repetida por cuanto en el numeral 4\u00ba ya la hab\u00eda impuesto. <\/p>\n
e) Se orden\u00f3 en el numeral 2\u00ba de la misma parte resolutiva la restituci\u00f3n del inmueble, devoluci\u00f3n que deb\u00eda hacerse en el mismo estado en que lo recibi\u00f3 el demandado. Hoy, seg\u00fan dictamen de los peritos, \u00e9ste destruy\u00f3 todas las construcciones y mejoras, tanto que est\u00e1 convertido en un simple parqueadero con piso en tierra; y en el numeral 5\u00ba se orden\u00f3 el pago de mejoras por la suma de $2.320.000, condena que tampoco fue deprecada, sin tener en cuenta que, seg\u00fan el mismo dictamen, no existen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Seg\u00fan el art\u00edculo 305 del C. de P. Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 368 ib\u00eddem, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, y con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio, de modo que si el juez deja de pronunciarse sobre lo que en esa medida le corresponde, o se extralimita, quien resulte afectado con ese comportamiento, constitutivo de un error in procedendo, cuenta para enmendarlo con la causal segunda de casaci\u00f3n consagrada en el segundo de los preceptos mencionados. <\/p>\n
2. Seg\u00fan esas premisas, no puede tildarse de incongruente la decisi\u00f3n del juez que se haya proferido como consecuencia de otra dispuesta en el fallo acusado que haya sido a su vez inspirada por petici\u00f3n de parte, o de otra de la que hubiera tenido que ocuparse de oficio. <\/p>\n
Eso es lo que ocurre en casos como el presente en donde siendo el n\u00facleo del litigio una promesa de compraventa y estando ambos contratantes como contendientes en el proceso, el sentenciador entr\u00f3 a verificar la nulidad absoluta de ese acto jur\u00eddico propuesta como excepci\u00f3n por el demandado, como lo manda el art\u00edculo 306 del C. de P. Civil, que le impone bajo esas circunstancias pronunciarse en la sentencia sobre la misma. Y naturalmente que llegando a decretar la nulidad, igualmente debe proveer sobre las restituciones mutuas a que haya lugar, como se deduce de lo dispuesto en el art\u00edculo 1746 del C. C., todo con el fin de darle cumplido efecto a tal fen\u00f3meno extintivo y de regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebraci\u00f3n del contrato anulado. <\/p>\n
3. Por consiguiente, no hay incongruencia cuando el juez se pronuncia sobre la nulidad del contrato disputado propuesta como excepci\u00f3n por el demandado, puesto que, por el contrario, en esa hip\u00f3tesis obra en consonancia con la defensa propuesta; como tampoco la hay cuando consecuentemente lo hace para decidir sobre las restituciones mutuas a que haya lugar, pues antes bien, es lo que debe realizar. Y si lo que pretende el recurrente es objetar el alcance o contenido de tales decisiones, o su raz\u00f3n de ser o los aspectos probatorios que las respaldan, la inconformidad del recurrente debe orientarse por la causal primera de casaci\u00f3n, cuanto que ya la opugnaci\u00f3n no ata\u00f1e entonces con los l\u00edmites dentro de los cuales debe ejercer el sentenciador su competencia, sino con el juicio que \u00e9ste termina <\/p>\n
haciendo sobre los derechos de las partes. <\/p>\n
4. Se sigue de lo expuesto que el cargo de incongruencia, atr\u00e1s compendiado, resulta vacuo porque toda su sustentaci\u00f3n, salvo la que se refiere a la identidad o nombre del demandado, se halla dirigida a objetar diferentes condenas que le fueron impuestas al recurrente precisamente en desarrollo de la nulidad absoluta de la promesa de compraventa decretada por el sentenciador, en lo cual resulta impertinente la confrontaci\u00f3n de lo resuelto con la demanda y su contestaci\u00f3n, pues aquellas obedecen al cumplimiento de un deber legal del tribunal, de acuerdo con lo explicado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, varios apartes de las acusaciones propuestas denotan palmariamente la introducci\u00f3n del censor en aspectos f\u00e1cticos y probatorios que son enteramente ajenos al \u00e1mbito de la causal segunda de casaci\u00f3n aqu\u00ed propuesta, y que son propios de la primera dentro de la cual se corresponde discernir cualquier equivocaci\u00f3n que en relaci\u00f3n con el alcance de las condenas sea imputable al sentenciador, incluso para verificar si alguna de ellas contiene en verdad alguna repetici\u00f3n. <\/p>\n
5. En fin, \u00fanicamente queda el error visible en la sentencia consistente en que se denomin\u00f3 en alguna condena como demandado a Luis Armando Taquez, en lugar del nombre que realmente corresponde de Luis Hernando Taquez; empero, am\u00e9n de que a primera vista no se palpa el inter\u00e9s de la otra parte para denunciar tal inconsistencia, pronto observa la Corte que se trata apenas de un lapsus calami; basta al efecto examinar todo el expediente y, muy especialmente, la sentencia pronunciada por el tribunal para arribar a la f\u00e1cil conclusi\u00f3n de que la persona a la que se refiere uno de los numerales de la parte resolutiva no es otra que la misma que viene present\u00e1ndose como parte demandada y que intervino en la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa como promitente comprador, quien, por ende, es la titular de la mencionada prestaci\u00f3n mutua a que se contrae la condena. Y es tan evidente el lapsus que permanecen iguales el primer nombre y el apellido del demandado, d\u00e1ndose una discrepancia s\u00f3lo en el segundo nombre, por cierto ambos, Armando y Hernando, fon\u00e9ticamente confundibles. <\/p>\n
Recientemente la Sala, reiterando su jurisprudencia sobre el tema, se refiri\u00f3 a la irrelevancia de ciertos errores que comete el sentenciador al redactar una decisi\u00f3n judicial, sentencia de casaci\u00f3n 110 de 1\u00b0 de junio de 2005, expediente 06327-01, expresando que \u201cel juzgador confundi\u00f3 la fecha del fallo revocado al citar una que no corresponde con la de la providencia afectada, equ\u00edvoco que carece de entidad para encuadrar dentro de la causal invocada \u2018pues cuando en la sentencia se cometen imprecisiones algunas de las cuales obedecen a un simple lapsus (\u2026) en manera alguna se estructura la causal tercera de casaci\u00f3n [ni tampoco la segunda, se agrega ahora] \u2026 m\u00e1xime cuando pueden desaparecer a trav\u00e9s de una sana y razonada interpretaci\u00f3n del fallo en su conjunto\u2019\u201d. <\/p>\n
6. Incluso, una equivocaci\u00f3n como la anotada, es susceptible de enmienda en cualquier tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
7. El cargo, por consiguiente, no sale triunfante. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la casual 5\u00aa del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se acusa a la sentencia de haber incurrido en la nulidad prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 ib\u00eddem por haberse pretermitido la oportunidad pedir o practicar pruebas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, sostiene el impugnante lo siguiente: <\/p>\n
a) Los juzgadores de primera instancia y de segunda instancia, autorizados por el art\u00edculo 243 del C. de P. C., decretaron experticias t\u00e9cnicas para establecer la \u201cp\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda y la indemnizaci\u00f3n monetaria desde la fecha de ejecuci\u00f3n de la promesa hasta la fecha, y con fundamento en esa prueba conden\u00f3 en da\u00f1os y perjuicios a la parte demandante\u201d; sin embargo como de ellas no se corri\u00f3 el traslado legal de tres d\u00edas para pedir la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n como lo exige dicho precepto, son nulas e ineficaces para hacer la actualizaci\u00f3n de las condenas. <\/p>\n
b) De otro lado, la nulidad no ha sido subsanada, puesto que aunque el demandante la plante\u00f3 en los alegatos de segunda instancia, el tribunal \u201cguard\u00f3 pasmoso silencio, no hizo pronunciamiento espec\u00edfico acerca de la validez de la actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La causal 5\u00aa de casaci\u00f3n se consagra en el art\u00edculo 368 del C. de P. C. para cuando se ha incurrido \u201cen alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u201d; en este cargo se invoca la nulidad prevista en el numeral 6\u00ba de esa disposici\u00f3n que se da \u201ccuando se omiten los t\u00e9rminos para pedir o practicar pruebas\u2026\u201d, la cual tiene el car\u00e1cter de saneable. <\/p>\n
2. Empero, observa la Corte que en la especie de este cargo, <\/p>\n
el recurrente escogi\u00f3 la causal de casaci\u00f3n inadecuada, de acuerdo con lo que a continuaci\u00f3n se explica. <\/p>\n
En efecto, cosa muy distinta de la nulidad del proceso por la omisi\u00f3n de los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas (art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba C. de P. Civil), y de la nulidad de pleno de derecho que pueda recaer sobre las pruebas (art\u00edculo 29, inciso final, del Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), ocurre cuando se presentan otra clase de irregularidades por las que pueden resultar quebrantadas las normas de disciplina probatoria que sean ata\u00f1ederas con la presentaci\u00f3n o aducci\u00f3n, admisi\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n de las pruebas, puesto que cuando se trata de ponerlas de presente en casaci\u00f3n, respecto de las que han sido apreciadas materialmente por el sentenciador, le compete al recurrente denunciarlas con respaldo en la causal primera, denunciando la comisi\u00f3n de los respectivos errores de derecho en que pudo haber incurrido el sentenciador. <\/p>\n
3. Ciertamente aqu\u00ed se verifica que los sentenciadores decretaron pruebas para establecer la devaluaci\u00f3n del peso colombiano a fin de actualizar el valor de las restituciones derivadas de la nulidad de la promesa que finalmente impusieron en sus respectivos fallos, y tambi\u00e9n que no se cumpli\u00f3 el tr\u00e1mite del traslado previsto en el art\u00edculo 243 del C. de P. Civil; mas inconsistencias de \u00e9sta \u00edndole tocan con el tr\u00e1mite que se le debe imprimir a esa especie de pruebas que proviene de informaciones que se solicitan a instituciones o entidades p\u00fablicas, el mismo que si desatiende las normas de disciplina probatoria, \u00fanicamente dan pie para denunciar en casaci\u00f3n la comisi\u00f3n de un error de derecho, y no, como estima el censor, a la nulidad del proceso contemplada en el articulo 140, numeral 6\u00b0 del C. de P. Civil. <\/p>\n
4. Por consiguiente, este cargo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia adiada el 9 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario promovido por Edmundo Mosquera Chaves contra Luis Hernando Taquez Pantoja. <\/p>\n
Se condena en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte impugnante, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-276-2005 [00187-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 00187-01 Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}