SC-281-2005 [1100131030241993-7143-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
11001-31-03-024-1993-7143-01. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de 22 de diciembre de 2000, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por \u00c1lcalis de Colombia Limitada, \u201cAlco Limitada en Liquidaci\u00f3n\u201d, frente a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales Aurora S. A., hoy fusionada con la sociedad El C\u00f3ndor S. A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales, por la absorci\u00f3n que de ella hizo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Solicit\u00f3 la demandante declarar que, ante la ocurrencia del siniestro amparado en la p\u00f3liza n\u00famero 14795 de 30 de junio de 1993, de la cual ella era la beneficiaria, consistente en el incumplimiento en la seriedad de la oferta presentada por el afianzado Francisco Hernando Mu\u00f1oz Atuesta para la licitaci\u00f3n privada relacionada con la venta de sal refinada, la demandada debe pagarle la suma de $111\u2019000.000, correspondiente al valor asegurado, junto con los intereses de mora desde el 17 de septiembre de 1993 hasta cuando se verifique el pago y la correcci\u00f3n monetaria a partir del 19 de agosto de dicho a\u00f1o. <\/p>\n
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2. Fundament\u00f3 las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Previa la convocatoria efectuada y la presentaci\u00f3n de la propuesta respectiva, la actora le adjudic\u00f3 a Francisco Hernando Mu\u00f1oz Atuesta la licitaci\u00f3n privada a trav\u00e9s de la cual ofrec\u00eda en venta aproximadamente 20.000 toneladas de sal refinada; esa determinaci\u00f3n le fue comunicada al favorecido el 2 de julio de 1993. <\/p>\n
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b) En acatamiento de las exigencias impuestas en el pliego de condiciones de dicha licitaci\u00f3n, Mu\u00f1oz Atuesta tom\u00f3 con la demandada la p\u00f3liza de que tratan las pretensiones, en la que ALCALIS era la beneficiaria del seguro, cuyo objeto fue garantizar la seriedad de la oferta presentada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
c) Seg\u00fan las condiciones y plazos de la licitaci\u00f3n, el contrato objeto de la misma deb\u00eda firmarse dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la adjudicaci\u00f3n y en ese preciso momento el adjudicatario ten\u00eda que abonar, como m\u00ednimo, $555\u2019000.000. <\/p>\n
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e) El 2 de agosto de 1993 el afianzado le envi\u00f3 a Alco Limitada un escrito manifest\u00e1ndole su disposici\u00f3n a firmar y pagar aquella cantidad, lo cual tampoco cumpli\u00f3. <\/p>\n
f) Por carta 02123 de 20 de agosto de 1993 la actora le comunic\u00f3 al adjudicatario que no aceptaba su ofrecimiento de 17 de los mismos, por cuanto en la licitaci\u00f3n se hab\u00edan previsto determinadas condiciones, concretamente que el contrato deb\u00eda firmarse dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la adjudicaci\u00f3n y estar el comprador en capacidad econ\u00f3mica de efectuar aquel primer pago; como ninguna de ellas fue atendida, en nota 03122 de 20 de agosto de 1993 la actora efectu\u00f3 la correspondiente reclamaci\u00f3n, la cual fue objetada por el asegurador. <\/p>\n
3. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones; en cuanto a los hechos, dijo que la cantidad del producto objeto de la venta no era aproximada sino fija; agreg\u00f3 que no era cierto lo atinente al acaecimiento del siniestro, pues al paso que el afianzado no incumpli\u00f3 la demandante s\u00ed lo hizo al modificar los t\u00e9rminos de sus propios pliegos y, en fin, que el contrato que se le quiso hacer firmar a Mu\u00f1oz Atuesta era diferente del previsto en los pliegos, la propuesta y la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Propuso las excepciones que denomin\u00f3 como \u201cinexistencia de amparo\u201d, \u201cincumplimiento del asegurado\u201d, \u201cincumplimiento de los art\u00edculos 1077, 1088 y 1089 del C\u00f3digo del Comercio\u201d, \u201cinexistencia de siniestro\u201d, \u201cinexigibilidad de la obligaci\u00f3n\u201d, \u201cterminaci\u00f3n del contrato de seguro\u201d, \u201cviolaci\u00f3n de la garant\u00eda\u201d, \u201cextinci\u00f3n de la garant\u00eda\u201d, y \u201cnulidad del contrato a suscribirse entre Alcalis de Colombia Ltda. y el afianzado Mu\u00f1oz Atuesta\u201d, fundadas en los t\u00e9rminos del escrito visible a folios 53 a 63 del cuaderno 1. <\/p>\n
4. Por sentencia de 14 de mayo de 1999 el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de incumplimiento del asegurado y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante fallo de 22 de diciembre de 2000, revoc\u00f3 el del a-quo, para en su lugar declarar no probadas las excepciones propuestas y condenar a la demandada a pagarle a la actora la suma de $111\u2019000.000, correspondiente a la indemnizaci\u00f3n asegurada, junto con los intereses de mora desde el 17 de septiembre de 1993. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras se\u00f1alar la acci\u00f3n intentada, afirmar la existencia del contrato de seguro objeto de las pretensiones, contenido en la p\u00f3liza 14795, y los elementos esenciales que el art\u00edculo 1045 del C\u00f3digo de Comercio exige para que esa especie negocial produzca efectos jur\u00eddicos, as\u00ed como referir el documento donde aparec\u00edan las llamadas \u201ccondiciones generales\u201d, anot\u00f3 el tribunal c\u00f3mo de tales probanzas se desprend\u00eda que en dicho negocio jur\u00eddico particip\u00f3 Francisco Hernando Mu\u00f1oz Atuesta, como afianzado, la demandada, en su condici\u00f3n de aseguradora, y se se\u00f1al\u00f3 a la actora como beneficiaria, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta ostentaba legitimaci\u00f3n para incoar las s\u00faplicas propuestas. <\/p>\n
2. No sin antes precisar que el objeto del susodicho acto bilateral consisti\u00f3 en asegurar la seriedad de la oferta presentada dentro de la \u201clicitaci\u00f3n privada referente a la venta de sal refinada\u201d para ser entregada en la zona de Mamonal, en Cartagena, coment\u00f3 el ad-quem c\u00f3mo la opositora pretendi\u00f3 hacer ver que en p\u00f3lizas de esta especie la cobertura estaba determinada por la noci\u00f3n de \u201cincumplimiento responsable\u201d por parte del afianzado, de suerte que un negocio tal le impon\u00eda al asegurado la obligaci\u00f3n de probar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, dado el car\u00e1cter meramente indemnizatorio, por cuanto el valor asegurado era un l\u00edmite de responsabilidad y no una cuantificaci\u00f3n anticipada del perjuicio. <\/p>\n
En el prop\u00f3sito de concretar los puntos objeto de la controversia, precis\u00f3 entonces c\u00f3mo ellos se reduc\u00edan a los aspectos sobre los cuales la contraparte fund\u00f3 las excepciones propuestas. <\/p>\n
3. De cara a esos puntuales argumentos de la defensa, el fallador empez\u00f3 por sostener c\u00f3mo en lo atinente a la inexistencia del amparo y del siniestro por no existir declaraci\u00f3n previa pregonando el incumplimiento del afianzado, le bastaba indicar que un requerimiento de esa \u00edndole s\u00f3lo era exigible frente a la reclamaci\u00f3n efectuada por el beneficiario directamente a la aseguradora, mas no cuando lo que se demandaba era justamente el pago de la indemnizaci\u00f3n asegurada, como aqu\u00ed ocurri\u00f3. As\u00ed, la discusi\u00f3n alrededor de dicho aspecto quedaba descartada, dando al traste con la prosperidad de esa excepci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo camino indic\u00f3 que en principio podr\u00eda pensarse que el objeto del amparo incorporado en la p\u00f3liza memorada hac\u00eda referencia a que la susodicha oferta fuese seria, \u201centendido dicho t\u00e9rmino como lo contrario a burlesca\u201d; empero, prosigue, trat\u00e1ndose de asegurar riesgos derivados de contratos referidos a entidades en las que el Estado tiene participaci\u00f3n, el amparo inclu\u00eda el incumplimiento por parte del oferente de las obligaciones derivadas de la propuesta que efectu\u00f3 con ocasi\u00f3n de la respectiva convocatoria, aspecto que lo corroboraban las condiciones generales del seguro en cuesti\u00f3n, concretamente las previstas en el numeral 2.1, donde se establec\u00eda que con el aludido amparo se proteg\u00eda al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales, espec\u00edficamente las detalladas en el pliego de condiciones a cargo del afianzado, a las que \u00e9ste se adhiri\u00f3 cuando present\u00f3 la oferta bajo los par\u00e1metros all\u00ed determinados, encontr\u00e1ndose dentro de \u00e9stos los que Francisco Hernando incumpli\u00f3. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que no se puso en tela de juicio la escogencia efectuada por la demandante de la oferta hecha por Mu\u00f1oz Atuesta, la comunicaci\u00f3n de la respectiva selecci\u00f3n verificada el 2 de julio de 1993 ni lo relativo al incumplimiento por el nombrado de las obligaciones acabadas de se\u00f1alar, ya que el argumento esgrimido por la opositora se dirigi\u00f3 a demostrar que la actora hab\u00eda cambiado los t\u00e9rminos de referencia. <\/p>\n
4. Estim\u00f3 el sentenciador c\u00f3mo de los escritos que la demandante le dirigi\u00f3 a Francisco Hernando el 12 de julio, 29 de julio, 2 de agosto y 20 de agosto de 1993 no exist\u00eda duda acerca del incumplimiento de \u00e9ste, toda vez que de ellos se desprend\u00eda no solamente que para esas fechas, particularmente para la \u00faltima, todav\u00eda no se hab\u00eda suscrito el contrato objeto de la licitaci\u00f3n, sino que aqu\u00e9l no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para cancelar el anticipo al momento de suscribirse el contrato; a\u00f1adi\u00f3 que \u00e9sta, justamente, fue la causa principal para que el oferente no cumpliera dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la fecha en la que se le comunic\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de la licitaci\u00f3n, como se hab\u00eda indicado en los t\u00e9rminos de referencia. <\/p>\n
Y si la actora, luego de vencido aquel t\u00e9rmino, esto es, despu\u00e9s de acaecido el siniestro, le otorg\u00f3 a Mu\u00f1oz Atuesta otras prerrogativas con miras a que el contrato se ajustara, ello, prosigui\u00f3 el juzgador, era intrascendente en orden a desvirtuar el incumplimiento de aqu\u00e9l, ya que el mismo se dio en forma objetiva ante la falta de la firma del contrato y del pago del anticipo en el tiempo debido, lo que por contera produjo la materializaci\u00f3n del riesgo asegurado y la obligaci\u00f3n de la aseguradora de pagar la indemnizaci\u00f3n de all\u00ed emanada. <\/p>\n
5. Alrededor del pago de la indemnizaci\u00f3n asegurada, asever\u00f3 el tribunal que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio el demandante deb\u00eda demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, los cuales en este caso se encontraban plenamente probados, pues, por un lado, el riesgo asegurado se configur\u00f3 ante el incumplimiento del afianzado y, por el otro, por contener la p\u00f3liza una modalidad de seguro de da\u00f1os, la p\u00e9rdida qued\u00f3 identificada con el valor que en cuant\u00eda de $111\u00b4000.000 se asegur\u00f3, por cuanto el da\u00f1o se materializ\u00f3 completamente, am\u00e9n que la citada suma correspondi\u00f3 al 5% del valor estimado del contrato objeto de la licitaci\u00f3n, que fue de $2.200\u00b4000.000, seg\u00fan se deduc\u00eda \u201cdel cap\u00edtulo de garant\u00eda\u201d del pliego de condiciones, y que si el agravio hubiera sido en forma parcial le corresponder\u00eda a la reclamante demostrar dicho quantum. <\/p>\n
6. Finalmente se refiri\u00f3 a la excepci\u00f3n denominada como \u201cnulidad absoluta del contrato que deb\u00eda suscribirse\u201d, a la cual, por las razones all\u00ed dadas, le neg\u00f3 m\u00e9rito. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la recurrente propone un cargo, en el que acusa la sentencia de quebrantar, de manera indirecta, los art\u00edculos 1602, 1603, 1604, 1608, 1613, 1614, 1615 y 1616 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; 2, 822, 871, 1045, numeral 4\u00ba, 1046, 1054, 1072, 1074, 1077, 1079, 1080, 1082, 1083, 1088, 1089, 1127 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio, por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
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Esos yerros consistieron \u201cen haber estimado probado, sin estarlo, que el deudor garantizado incumpli\u00f3 las obligaciones que nacieron a su cargo de la oferta de compra que propuso como respuesta a la licitaci\u00f3n, as\u00ed como estim\u00f3 tambi\u00e9n probado el da\u00f1o o perjuicio que a consecuencia de ello sufri\u00f3 el acreedor de las supuestas obligaciones incumplidas, sin que este da\u00f1o se encontrara igualmente demostrado en su realizaci\u00f3n\u201d(fl.25). <\/p>\n
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1. Una vez se refiri\u00f3 a la naturaleza del seguro de cumplimiento de obligaciones nacida de leyes y contratos, cit\u00f3 los apartados del fallo donde el tribunal precis\u00f3 el alcance del objeto de dicho negocio y calific\u00f3 de irrelevante el hecho de que la actora, luego de ocurrido el siniestro, hubiera otorgado otras prerrogativas al afianzado, anota la acusadora que aqu\u00e9l omiti\u00f3 el an\u00e1lisis del susodicho acto bilateral, donde se estableci\u00f3 que la responsabilidad de la demandada no exceder\u00eda del valor total asegurado y se configuraba en caso de que Francisco Hernando Mu\u00f1oz fuera legalmente responsable del incumplimiento de las obligaciones comprendidas en el contrato a celebrarse entre \u00e9l y Alco Limitada. Si el ad-quem hubiera analizado debidamente esta prueba, habr\u00eda encontrado que para afirmar el incumplimiento del contrato era necesario que las obligaciones respectivas \u201cse hubieran legalmente incumplido\u201d, pues no bastaba que ellas \u201caparecieran como materialmente incumplidas\u201d(fl.32). <\/p>\n
2. Sostiene la casacionista que el aparte seg\u00fan el cual la p\u00f3liza expresa que la responsabilidad del asegurador se configuraba en caso de que el afianzado fuera legalmente responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato afianzado, deb\u00eda entenderse en el sentido de que el titular de un derecho s\u00f3lo pod\u00eda exigirlo de la persona que por un hecho suyo o la sola disposici\u00f3n de la ley hubiera contra\u00eddo las obligaciones correlativas al mismo, pues sabido es que el acreedor puede hacer valer su derecho contra el deudor pidi\u00e9ndole al juez que le ordene a \u00e9ste satisfacer la obligaci\u00f3n tal como fue asumida o persigui\u00e9ndolo para que le repare el da\u00f1o que le produjo la falta de pago o el retardo en el cumplimiento, como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 1612 y siguientes del C\u00f3digo Civil. En el supuesto de que el acreedor ostentara un t\u00edtulo que le permitiera accionar, no estar\u00eda compelido a proceder contra el deudor \u00fanicamente despu\u00e9s de establecida la certeza de dicho incumplimiento, pues en tal caso los art\u00edculos 488 y 495 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil lo facultan para demandar directamente el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho. En el evento de que ese t\u00edtulo no exista, entonces ha de obtenerse, previamente, la declaraci\u00f3n sobre su existencia, como antecedente del ejercicio de una acci\u00f3n de condena. <\/p>\n
Con todo, prosigue la impugnadora, ninguna de estas dos acciones produce efectos si en el proceso no se ha contado con la presencia del deudor a quien se le imputa la desatenci\u00f3n de la asignaci\u00f3n ni cuando la demanda, buscando la reparaci\u00f3n del da\u00f1o, ha sido dirigida contra el asegurador, en caso de que exista seguro de cumplimiento que tenga por objeto garantizar las consecuencias da\u00f1osas del desacato del deudor contractual. <\/p>\n
3. Comenta la censora que el juez de segundo grado supuso la prueba del da\u00f1o, por cuanto omiti\u00f3 analizar la pretensi\u00f3n primera del libelo, donde se solicit\u00f3 condenar a la demandada a pagar $111\u00b4000.000, correspondientes al valor asegurado, y que en el acto introductorio del proceso no se pidi\u00f3 que se pagara a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n suma alguna, pues directamente solicit\u00f3 que la opositora fuera condenada a cancelar dicha cantidad. <\/p>\n
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Tras se\u00f1alar que por da\u00f1o deb\u00eda entenderse toda lesi\u00f3n que sufra una persona en su patrimonio, como consecuencia del hecho que lo provoca y que a la actora le correspond\u00eda demostrarlo, indica que sin embargo \u201cni una sola prueba pidi\u00f3 el demandante en este proceso para demostrar el perjuicio que dice haber sufrido como consecuencia adecuada y necesaria de la falta de pago de las obligaciones que nacieron a cargo de Francisco Hernando Mu\u00f1oz Atuesta por raz\u00f3n de la oferta de compra que hizo en respuesta a la licitaci\u00f3n\u201d(fl.34). <\/p>\n
Afirma la impugnadora que se omiti\u00f3 valorar la p\u00f3liza donde se estableci\u00f3 que el monto asegurado era el l\u00edmite m\u00e1ximo de la indemnizaci\u00f3n, ya que el sentenciador supuso \u201cla prueba del da\u00f1o\u201d porque no vio \u201clas que en el proceso demuestran que el demandante no pidi\u00f3 contra la compa\u00f1\u00eda aseguradora que en virtud del contrato de seguro de cumplimiento se le reparara el da\u00f1o que sufri\u00f3 como efecto adecuado y necesario del incumplimiento de las obligaciones que nacieron de la oferta, sino que se limit\u00f3 a pedir que se condenara a la sociedad aseguradora demandada a pagarle la suma asegurada\u201d. Este aspecto, asevera, lo eludi\u00f3 el fallador al argumentar, inexplicablemente, que el da\u00f1o se materializ\u00f3 en forma completa y no parcial, caso en el cual s\u00ed le correspond\u00eda al reclamante demostrar dicha cuant\u00eda, am\u00e9n que el citado valor equival\u00eda al 5% del monto del contrato proyectado. <\/p>\n
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4. Al no haber visto el juzgador que el riesgo en el seguro de cumplimiento estaba circunscrito a que el afianzado fuera \u201clegalmente responsable\u201d, y sin aparecer demostrada la concurrencia de los requisitos que estructuran el derecho a indemnizaci\u00f3n que tiene el acreedor de obligaci\u00f3n contractual incumplida, nota la casacionista que aqu\u00ed fueron infringidas, por falta de aplicaci\u00f3n, las normas del C\u00f3digo Civil citadas en el cargo, no sin antes aseverar que habi\u00e9ndose condenado a la compa\u00f1\u00eda aseguradora a pagarle a la actora una cantidad igual al valor asegurado, \u201csin que exista prueba alguna respecto a la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d(fl.36), se quebrantaron, por aplicaci\u00f3n indebida, las disposiciones que le impon\u00edan al asegurado demostrar ambos aspectos en trat\u00e1ndose de seguros de da\u00f1os. <\/p>\n
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IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. En el \u00e1mbito del derecho de seguros se distinguen los llamados seguros de da\u00f1os, caracterizados, como se sabe, por ser meramente indemnizatorios, esto es, por cuanto tienen como fin \u00faltimo procurar reparar al asegurado o beneficiario los perjuicios recibidos como consecuencia del acaecimiento del suceso incierto determinado en el respectivo contrato como riesgo asegurado. Esa es la raz\u00f3n, justamente, que le impide al interesado \u201creclamar del asegurador suma mayor que la asegurada, as\u00ed el da\u00f1o haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del da\u00f1o, aunque el valor asegurado fuese mayor. El asegurado logra as\u00ed, a trav\u00e9s del contrato de seguro, la posibilidad de obtener la reparaci\u00f3n del detrimento que sufre en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiraci\u00f3n no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de alcanzar una compensaci\u00f3n del empobrecimiento que le cause la ocurrencia del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparaci\u00f3n, mas no para conseguir un lucro\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.71). <\/p>\n
Las premisas anteriores, dentro de las cuales se desenvuelve el referido principio indemnizatorio, no son m\u00e1s que aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1088 del C\u00f3digo de Comercio, el cual prescribe que \u00abrespecto del asegurado, los seguros de da\u00f1os ser\u00e1n contratos de mera indemnizaci\u00f3n y jam\u00e1s podr\u00e1n constituir para \u00e9l fuente de enriquecimiento\u00bb. <\/p>\n
De las diferentes especies que participan de la noci\u00f3n de seguros de da\u00f1os, el de cumplimiento es precisamente una de ellas, si se toma en consideraci\u00f3n que, dada su particular naturaleza, a trav\u00e9s de un negocio tal la compa\u00f1\u00eda aseguradora se compromete a pagarle al asegurado los perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento de obligaciones a cargo del tomador nacidas de leyes y contratos, cual lo prev\u00e9 la ley 225 de 1938, o, como lo dijo la Sala en otra ocasi\u00f3n, aquel \u201cen el que un acreedor persigue ponerse a cubierto del agravio patrimonial que le generar\u00eda el incumplimiento del deudor, trasladando a la aseguradora ese riesgo, quien precisamente lo asume con el indiscutible car\u00e1cter de obligaci\u00f3n propia\u201d(sentencia 078 de 2 de mayo de 2002, exp.#6785); ello indica, por supuesto, que en los mismos tambi\u00e9n campea el principio en comento. <\/p>\n
Es palmario entonces que, al menos para el asegurado, la especie contractual en referencia no entra\u00f1a ni puede engendrar ganancia, por cuanto su funci\u00f3n no pasa de ser reparadora del da\u00f1o efectivamente causado; desde luego que a partir de la ocurrencia del siniestro surge la obligaci\u00f3n de resarcir el perjuicio siempre que sea cierto y determinado, como quiera que \u00fanicamente dentro del marco de esos conceptos puede establecerse que la indemnizaci\u00f3n guarda absoluta sujeci\u00f3n a lo previsto por el citado art\u00edculo 1088 y que la medida de la responsabilidad de la compa\u00f1\u00eda aseguradora es la justa y ce\u00f1ida a las previsiones generales del art\u00edculo 1089 ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Es precisamente por efecto de ese car\u00e1cter indemnizatorio que, acorde con el art\u00edculo 1077 ejusdem, le corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como \u201cla cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d; es decir, que al demandar el pago de la indemnizaci\u00f3n debe probar no solamente los hechos a cuyo amparo estima se configur\u00f3 el siniestro sino tambi\u00e9n la naturaleza de los da\u00f1os padecidos y la extensi\u00f3n de los perjuicios sufridos a ra\u00edz de la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado. Significa lo anterior que aqu\u00e9l, al pretender obtener el pago de la indemnizaci\u00f3n convenida, total o parcial, debe demostrar \u201cya mediante reclamo extrajudicial o ya por v\u00eda judicial, la existencia del da\u00f1o padecido y su cuant\u00eda, pues s\u00f3lo hasta all\u00e1 se extiende la responsabilidad de la compa\u00f1\u00eda a quien, por raz\u00f3n de tal v\u00ednculo, le corresponde pagar, \u00fanicamente en esa medida, los perjuicios derivados para aqu\u00e9l por causa del incumplimiento de las obligaciones del tomador\u201d(sentencia 170 de 21 de septiembre de 2000, exp.#6140). <\/p>\n
Si resulta claro, como en efecto as\u00ed es, que en materia de seguros de cumplimiento la aseguradora est\u00e1 obligada a resarcir perjuicios una vez que el beneficiario haya demostrado, entre otros aspectos, la presencia del da\u00f1o y la cuant\u00eda del detrimento patrimonial recibido por \u00e9l a consecuencia del incumplimiento del tomador, tiene que concluirse que la obligaci\u00f3n de indemnizar surge a cargo de la compa\u00f1\u00eda aseguradora \u00fanicamente ante la prueba del da\u00f1o y del monto del perjuicio, y que, por ende, el beneficiario carece de derecho a ser indemnizado con base en la prueba del simple incumplimiento del tomador. Por lo mismo, puede decirse que el incumplimiento por parte del obligado, per se, no alcanza a configurar el siniestro contemplado en el art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de comercio salvo que, como consecuencia de tal desatenci\u00f3n, se produzca un perjuicio real para el asegurado, vale decir, aquel que llegue evidentemente a materializarse en un aut\u00e9ntico desmedro patrimonial para \u00e9ste. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, del error de hecho de que trata la segunda parte de la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se ha dicho que surge en la suposici\u00f3n o en la preterici\u00f3n de pruebas. Supone el elemento de certeza el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el elemento probatorio que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene; y resulta preterida la prueba cuya presencia cierta es ignorada en todo o cercenada en parte, esto \u00faltimo para asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. Denunciada y evidenciada una o todas las posibilidades del elenco anterior, el recurrente debe demostrar que el yerro endilgado es adem\u00e1s trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
4. A vuelta de estimar que el objeto del amparo incorporado en la p\u00f3liza 14795 de 30 de junio de 1993 consisti\u00f3 en garantizar la seriedad de la oferta presentada por Francisco Hernando Mu\u00f1oz Atuesta dentro de la aludida licitaci\u00f3n privada, en lo referente a la demostraci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por la parte actora y, por ende, a su cuant\u00eda, que es uno de los dos aspectos a que se contrae la censura, el tribunal sostuvo que tal presupuesto se encontraba probado, aseverando, al efecto, c\u00f3mo el riesgo asegurado se hab\u00eda configurado cuando se produjo el incumplimiento objetivo del afianzado, acaecido por no haber suscrito en la ocasi\u00f3n prevista el contrato objeto de la licitaci\u00f3n y dejar de pagar el anticipo que deb\u00eda cancelar en la fecha de la firma del respectivo negocio; de ah\u00ed que, continu\u00f3 diciendo, como la p\u00f3liza conten\u00eda una modalidad de seguro de da\u00f1os, la p\u00e9rdida quedaba identificada con el valor asegurado en cuant\u00eda de $111\u00b4000.000, por cuanto el da\u00f1o se materializ\u00f3 completamente, am\u00e9n que la citada suma correspondi\u00f3 al 5% del valor estimado del contrato objeto de la licitaci\u00f3n, que fue de $2.200\u00b4000.000, seg\u00fan lo dedujo \u201cdel cap\u00edtulo de garant\u00eda\u201d del pliego de condiciones. <\/p>\n
5. Es evidente, entonces, que el ad-quem conden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda aseguradora a pagar el monto total del valor asegurado con fundamento en la mera prueba del incumplimiento, por entender que el siniestro \u201cse configur\u00f3 ante el incumplimiento del afianzado\u201d y que la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida quedaba \u201cidentificada con el valor asegurado -$111.000.000- pues el da\u00f1o se materializ\u00f3 en forma completa, no en forma parcial\u201d; as\u00ed resulta que, cual lo sostiene la impugnadora, el juzgador conden\u00f3 a la demandante sin que existiera prueba en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida. <\/p>\n
Resulta palmario, desde luego, que por la naturaleza del seguro de que se trata, la demostraci\u00f3n de la extensi\u00f3n del da\u00f1o padecido por ALCALIS ni por semeja podr\u00eda encontrarse en el simple incumplimiento en que hubiera incurrido el afianzado, pues haber dejado de suscribir el contrato y de pagar el susodicho anticipo no evidencian, por s\u00ed solos, el acaecimiento de un perjuicio y menos su cuant\u00eda. La demostraci\u00f3n de uno u otro aspecto tampoco surge de los t\u00e9rminos de la propia p\u00f3liza de cumplimiento ni del contenido total o parcial del pliego de condiciones, por cuanto ninguno de tales medios documentales es indicativo del acaecimiento de lesi\u00f3n alguna y menos del quantum de la p\u00e9rdida patrimonial sufrida por la actora. Estos escritos no hacen m\u00e1s que referir, en el caso del primero, el total del valor asegurado, sin que por s\u00ed mismo demuestre un da\u00f1o, y, en el del segundo, servir de fuente para establecer de d\u00f3nde o c\u00f3mo surg\u00eda la suma por la cual la licitante pretend\u00eda que cada oferente, junto con la propuesta que presentara, prestara la garant\u00eda que amparara la seriedad de la respectiva oferta. <\/p>\n
Es verdad irrecusable que el fallador no s\u00f3lo omiti\u00f3 ponderar todo lo relacionado con la naturaleza de los perjuicios que pudo sufrir la actora ante la ocurrencia del siniestro sino que supuso la prueba de la extensi\u00f3n del da\u00f1o, al confundir la cuant\u00eda de la verdadera p\u00e9rdida con el monto del valor asegurado y los t\u00e9rminos \u201cdel cap\u00edtulo de garant\u00eda\u201d del pliego de condiciones. Al proceder de la manera descrita olvid\u00f3 el juez de segundo grado que \u201cen los seguros de da\u00f1os el pago de la prestaci\u00f3n asegurada consiste en resarcir, dentro de los l\u00edmites pactados, las consecuencias econ\u00f3micas desfavorables o los perjuicios patrimoniales provocados por el siniestro\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.71), en orden a lo cual es al promotor del proceso a quien le corresponde probar, it\u00e9rase, el monto del detrimento efectivamente causado. <\/p>\n
Surge claro que al acudir a la p\u00f3liza para apoyar su determinaci\u00f3n acerca de la susodicha cuant\u00eda, el juzgador no s\u00f3lo supuso la prueba en torno a este cardinal elemento de la reclamaci\u00f3n indemnizatoria, por cuanto, como se dej\u00f3 dicho, tal medio de certeza absolutamente nada demuestra a este respecto, sino que omiti\u00f3 percatarse c\u00f3mo dicho acto bilateral, en el t\u00f3pico de relativo al \u201cvalor asegurado\u201d, no traduc\u00eda m\u00e1s que el l\u00edmite m\u00e1ximo de la indemnizaci\u00f3n a la que podr\u00eda tener derecho la actora una vez ocurrido el siniestro, sin que, por ende, condujera a predicar que esa cifra deb\u00eda o ten\u00eda que ser necesariamente el monto final de la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Viene as\u00ed a ser palmario que el sentenciador incurri\u00f3 en el error evidente de hecho que le enrostra la acusadora, y que, consecuentemente, quebrant\u00f3 las normas sustanciales indicadas en el cargo, pues conden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda aseguradora sin que existiera prueba acerca de \u201cla cuant\u00eda de la p\u00e9rdida sufrida por el asegurado\u201d; es decir, impuso la correspondiente condena sin que la actora hubiera acreditado los perjuicios, al punto que ning\u00fan esfuerzo tendiente a evidenciarlos despleg\u00f3, como que ella se qued\u00f3 en la simple demostraci\u00f3n del incumplimiento en que incurri\u00f3 el afianzado al dejar de suscribir el contrato proyectado y de pagar el aludido primer abono, circunstancias estas que, valga reiterarlo, por s\u00ed mismas no demuestran el perjuicio y menos su cuant\u00eda. <\/p>\n
6. Lo expuesto es suficiente para quebrar el fallo impugnado, pues sin duda que el yerro de hecho cometido por el tribunal al suponer la prueba del da\u00f1o y de su cuant\u00eda, es no solamente ostensible y manifiesto sino tambi\u00e9n trascendente, como que de no haberse incurrido en \u00e9l no habr\u00eda condenado al asegurador. No hay, por tanto, necesidad de entrar en el an\u00e1lisis del otro aspecto que involucra la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
V. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Como el amparo previsto en la \u201cp\u00f3liza de seguro de cumplimiento a favor de particulares\u201d n\u00famero 14795 consisti\u00f3 en garantizar la seriedad de la oferta presentada por Francisco Hernando Mu\u00f1oz dentro de la mentada licitaci\u00f3n privada, le correspond\u00eda a la asegurada, si pretend\u00eda ser indemnizada por la sociedad aseguradora en los t\u00e9rminos del contrato de seguro, demostrar la ocurrencia del siniestro y el da\u00f1o sufrido a ra\u00edz del incumplimiento de dicha propuesta, as\u00ed como su cuant\u00eda, cual lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Al respecto ha de observarse c\u00f3mo en el libelo introductorio la demandante no solamente se desentendi\u00f3 de se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los perjuicios padecidos con ocasi\u00f3n del incumplimiento en que incurri\u00f3 el afianzado Mu\u00f1oz Atuesta, como que en los hechos se limit\u00f3 a relatar detalles atinentes \u00fanicamente a la inobservancia de aqu\u00e9l, sino de pedir el decreto y pr\u00e1ctica de prueba alguna tendiente a demostrar tan importante elemento de la indemnizaci\u00f3n. Al margen de ello, cual se dej\u00f3 dicho al despachar el cargo, en el plenario tampoco obra prueba que permita evidenciar el mentado detrimento y su cuant\u00eda. <\/p>\n
Ha de resaltarse, adicionalmente, que no habiendo sido afirmada circunstancia f\u00e1ctica alguna atinente al perjuicio patrimonial de all\u00ed desprendido, mal podr\u00eda ahora establecerse el punto de manera oficiosa, porque ello envolver\u00eda nada menos que la averiguaci\u00f3n de hechos que ni el demandante aleg\u00f3 ni el demandado pudo rebatirlos por haberse mantenido in\u00e9ditos por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. Careciendo, por tanto, la demanda de afirmaciones de hecho que traduzcan la producci\u00f3n de un da\u00f1o por virtud de ese incumplimiento y dada la falta de prueba en torno a tal aspecto, tiene que concluirse en el fracaso de la pretensi\u00f3n resarcitoria aqu\u00ed deprecada. Por ello, y no por las razones expuestas en la sentencia de primer grado, la que abord\u00f3 el estudio de las excepciones sin haber examinado primero el destino de la pretensi\u00f3n, ser\u00e1 confirmado lo resuelto all\u00ed. <\/p>\n
La circunstancia de que la ausencia del se\u00f1alado elemento de la indemnizaci\u00f3n demandada d\u00e9 al traste con las s\u00faplicas, impide, per se, entrar en el an\u00e1lisis de las excepciones planteadas por la sociedad demandada, debido a que, como es sabido, si \u00e9stas tienen por fin desvirtuar la acci\u00f3n, sobra estudiarlas cuando el derecho reclamado no se estructura. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 22 de diciembre de 2000, pronunciada por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia, y, en sede de instancia, CONFIRMA el fallo de 14 de mayo de 1999 dictado en este asunto por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la demandante a pagar las costas de la segunda instancia. T\u00e1sense. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-281-2005 [1100131030241993-7143-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de noviembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 11001-31-03-024-1993-7143-01. Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}