SC-285-2005 [7567]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7567. <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 3 de diciembre de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada frente al Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el correspondiente acto introductorio del proceso solicit\u00f3 la demandante que se declarare que ella es la due\u00f1a de la \u201cmitad indivisa\u201d de los inmuebles identificados en la primera de las pretensiones principales; que en la diligencia de remate practicada por el se\u00f1or Juezgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 6 de febrero de 1984, en el proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario contra las sociedades Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada. y Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda. Limitada., esla referida entidad bancaria \u201cno adquiri\u00f3 derecho alguno en relaci\u00f3n con tales inmuebles, dado que los linderos del bien que en tal acto jur\u00eddico se le adjudic\u00f3, no comprenden los inmuebles reivindicados relacionados en la primera declaraci\u00f3n\u201d; que el nombrado bBanco Central Hipotecario vendienajen\u00f3\u00f3 dichostales inmuebles predios a sabiendas de que eran ajenos; y que, por lo anterior, se \u201chace imposible, o al menos muy dif\u00edcil la persecuci\u00f3n de los inmuebles reivindicados, en virtud de que los actuales poseedores son gentes de muy escasos recursos, quienes han invertido la totalidad de sus econom\u00edas en adquirir vivienda propia y se opondr\u00edan a la entrega, aun a viva fuerza, convirtiendo un conflicto entre particulares en uno de orden p\u00fablico\u201d. Como consecuencia de lo anterior, pidi\u00f3eEfecto de lo anterior es que la demandante pida, se condenare a la demandada Banco Central Hipotecario a indemnizarle la totalidad de los perjuicios \u201cque le caus\u00f3 con la enajenaci\u00f3n de los bienes reivindicados, suma de dinero equivalente\u201d al CINCUENTA POR CIENTO (50%) \u201cdel valor de ellos (sic) al momento de dictarse la sentencia, junto con id\u00e9ntica proporci\u00f3n del valor de los frutos naturales y civiles que estos bienes hayan producido o hubieran podido producir con una buena administraci\u00f3n, desde la fecha del remate, hasta la fecha en que se dicte la sentencia. Este pago deber\u00e1 ser hecho dentro del t\u00e9rmino que su despacho considere prudente, a partir de la ejecutoria de la sentencia, y de no realizarse oportunamente, se condene al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, B.C.H. a pagar intereses sobre el valor de la condena a la tasa fijada por la Superintendencia Bancaria para el inter\u00e9s corriente, entre la fecha de la exigibilidad de la condena y la fecha en que se realice el pago\u201d. <\/p>\n
En forma subsidiaria, la actora se plantearonea tres grupos de pretensiones, as\u00ed:, as\u00ed: <\/p>\n
Primeras Subsidiarias: En t\u00e9rminos similares propusoone las mismas s\u00faplicas que de la primera a la cuarta plante\u00f3 como Se mantienen, en l\u00ednea general, las pretensiones primera a cuarta principales y, en cuanto hace a la condena que solicit\u00f3 imponera al se imponga al banco, reclam\u00f3a la demandante que \u00e9ste procediera a \u201crestituir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la totalidad de loas sumas de \u201cdinero que recibi\u00f3 por tales bienes,, sumas de dinero que deben ser incrementadas con el envilecimiento de la moneda calculado por los m\u00e9todos t\u00e9cnicos apropiados. Este pago deber\u00e1 ser hecho dentro del t\u00e9rmino que su despacho considere prudente, a partir de la ejecutoria de la sentencia, y de no realizarse oportunamente, se condene al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, B.C.H. a pagar intereses sobre el valor de la condena a la tasa fijada por la Superintendencia Bancaria para el interes (sic) corrientes (sic), entre la fecha de la exigibilidad de la condena y la fecha en que se realice el pago\u201d. <\/p>\n
Segundas Subsidiarias: Este grupo de pretensiones est\u00e1 encaminado a que en la sentencia que dirima el pleito, se declare que la sociedad demandante actora es la due\u00f1a \u201cde la mitad indivisa\u201d de los inmuebles que en este cap\u00edtulo se identifican; haciendo referencia a estos bienes pide igualmente la actora, declarar que en la diligencia de remate mencionada en las pretensiones principales el Banco Central Hipotecario no adquiri\u00f3 ninguno de ellos; que como la accionadaentidad financiera los enajen\u00f3; que por lo anterior, \u201ces imposible, o al menos muy dif\u00edcil, la persecuci\u00f3n de tales inmuebles\u201d; y, a que se condenara a dicha entidad bancaria \u201cse condene al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, B.C.H. a indemnizar todo perjuicio que caus\u00f3 con la enajenaci\u00f3n de los bienes, suma de dinero equivalente a la mitad del valor de ellos al momento de dictarse la sentencia, junto con la mitad del valor de los frutos naturales y civiles que estos bienes hayan podido producir o hubieran podido producir con una buena administraci\u00f3n desde la fecha del remate, hasta la fecha en la que se dicte la sentencia\u2026\u201d, repiti\u00e9ndose lo tocante al pago de intereses, en el supuesto de que la obligaci\u00f3n as\u00ed impuesta no sea atendida oportunamente. <\/p>\n
Terceras Subsidiarias: Haci\u00e9ndose alusi\u00f3n a los predios se\u00f1alados en la primera pretensi\u00f3n, del grupo de las segundas subsidiarias se reiteran \u00e9stas y, en cuanto a la condena contra el B.C.H., establecimiento bancario, solicit\u00f3a se le imponerlega el deber de \u201crestituir el CINCUENTA POR CIENTO ( 50%) \u201cde la totalidad de las sumas de dinero que recibi\u00f3 por tales bienes\u201d, sumas de dinero que deben ser incrementadas con el envilecimiento de la moneda calculado por los m\u00e9todos t\u00e9cnicos apropiados\u201d, peticion\u00e1ndose en id\u00e9ntica forma a como aparece en las pretensiones ya transcritas, el pago de intereses corrientes moratorios. <\/p>\n
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2. Como supuestos de facto se expusieron los que a continuaci\u00f3n se resumenFundamentan sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian:. <\/p>\n
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a) La sociedad demandante, en com\u00fan y proindiviso con la sociedad Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda. Limitada., mediante escritura p\u00fablica n\u00fameroNo. 662 de 10 de mayo de 1978 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Pereira, adquiri\u00f3 un inmueble ubicado en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, con \u00e1rea de 244.451,0069 metros cuadrados, identificado por los linderos que se registran en el hecho primero de la demanda, segregado de uno de mayor extensi\u00f3n, al que se le asign\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688. <\/p>\n
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b) Las mencionadas sociedades, para garantizar las obligaciones que adquirieron con el Banco Central Hipotecario, porcon escritura p\u00fablica 1157 de 14 de agosto de 1978 de la Notar\u00eda Cuarta de Pereira constituyeron en favor de \u00e9ste hipoteca sobre una porci\u00f3n del referido predio, en extensi\u00f3n de 94.570 metros cuadrados, identificada por los linderos consignados en tal t\u00edtulo escriturario, los cuales, conforme el plano incluido en la demanda como anexo 1, \u201cno corresponden a un \u00e1rea, dado que la poligonal descrita no tiene posibilidad alguna de \u2018cerrar\u2019; esta circunstancia hace que el terreno hipotecado sea inidentificable\u201d. Dicha escritura fue registrada al folio de matr\u00edcula No. 296-0003688 sin especificarse los linderos de la porci\u00f3n del terreno gravada, lo que indica que no se abri\u00f3 un nuevo folio en cuanto a esta fracci\u00f3n del predio. <\/p>\n
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c) Como quiera que aquellas sociedades deudoras no cumplieron sus obligaciones, el Banco Central Hipotecario les promovi\u00f3 la correspondienteproceso ejecutivo hipotecario acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria, del que conoci\u00f3 cuyo conocimiento se asign\u00f3 a el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, donde. En tal proceso se dispuso el embargo y secuestro del predio hipotecado, materializ\u00e1ndose la primera de esas cautelas sobre la totalidad del inmueble adquirido por las deudoras, y no en la porci\u00f3n objeto del gravamen, y la segunda, mediante diligencia practicada por comisionado, quien, a decir de la demanda, no identific\u00f3 el sector del terreno hipotecado, pues los linderos que como de \u00e9l se consignaron en la diligencia no le corresponde\u00edann. <\/p>\n
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d) Luego de constituida la mencionada hipoteca y registrado el embargo dispuesto en aquella ejecuci\u00f3n, mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1737 de 5 de septiembre de 1980 las nombradas sociedades hicieron un loteo parcial del predio, que amerit\u00f3 la apertura de 675 nuevos folios de matr\u00edcula; en \u00e9stos, a pesar de que los lotes fruto de la divisi\u00f3n realizada no ten\u00edan nada que ver con la hipoteca y el embargo, se plasmaron anotaciones relativas a tales actos. <\/p>\n
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e) El 6 de febrero de 1984, despu\u00e9s de dDictada la sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y practicado el una vez aval\u00faouado el bien, esel juzgado del conocimiento procedi\u00f3, el 6 de febrero de 1984, al remat\u00f3e el biendel mismo, identific\u00e1ndolo en la forma que recoge la respectiva acta y el hecho 8\u00b0 de la demanda, adjudic\u00e1ndoselo al all\u00ed ejecutante Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
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f) La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Rosa de Cabal, de manera irregular, procedi\u00f3 al registr\u00f3o des la subasta, anot\u00e1ndola en los 675 folios de matr\u00edcula abiertos como consecuencia del loteo, sin percatarse que el bien rematado era inidentificable, que \u00e9l no coincid\u00eda con la totalidad del predio de propiedad de las sociedades all\u00ed ejecutadas y que el inmueble objeto del gravamen ten\u00eda una \u00e1rea de 95.000 metros y hac\u00eda referenciarefer\u00eda s\u00f3lo a 550 casas, en tanto que el rematado ten\u00eda una extensi\u00f3n superficioaria a losde m\u00e1s de 108.000 metros cuadrados. <\/p>\n
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g) Despu\u00e9s de ello la entidad bancariaPosteriormente el Banco Central Hipotecario, con pleno conocimiento de que por las anotadas circunstancias no hab\u00eda adquirido el dominio de la totalidad del inmueble predio en cuesti\u00f3n, procvenddi\u00f3 a vender 391 prediosinmuebles (lotes) que lo integraban, los que, consecuentemente, nunca salieron del dominio de la sociedad aqu\u00eddemandante y de la copropietaria Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda. Limitada., ventas \u00e9stas que aparecen relacionadas en el hecho 10\u00b0 de la demanda. <\/p>\n
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h) A ra\u00edz de esasPor raz\u00f3n de las enajenaciones mencionadas en el punto precedente, no resulta viable la persecuci\u00f3n real de los bienes vendidos, o al menos ella ofrece \u201cgran dificultad\u201d, por cuanto el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal no est\u00e1 en capacidad de atender los 390 procesos reivindicatorios que habr\u00edan de gestionarse y porque ser\u00eda una \u201cterrible injusticia social\u201d quitarle a los adquirentes, gentes de escasos recursos, las viviendas que con gran esfuerzo compraron al Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
3. Notificada el demandado, oportunamente contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a sus pretensiones; frente a los hechos, en s\u00edntesis, precis\u00f3: que el contrato de compraventa contenido en la citada escritura p\u00fablica p\u00fablica No. 662 de 10 de mayo de 1978, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, por virtud del cual la sociedad demandante y la copropietaria Jaime Giraldo Garc\u00eda y C\u00eda. Ltda. adquirieron el predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d, fue declarado resuelto mediante sentencia de 14 de marzo de 1989, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, decisi\u00f3n \u00e9sta que, con todo y que tal fallo fue casado, se reprodujo en integridad por la Corte en la sentencia sustitutiva; que al convenir la hipoteca constituida sobre el mencionado predio, fue la intenci\u00f3n de las partes contratantes que el gravamen comprendiera la totalidad del bien; que no hubo indebido registro de la hipoteca, ni del embargo ordenado en el referido proceso ejecutivo hipotecario, por cuanto el jJuzgado y la oOficina de rRegistro entendieron que el gravamen comprendi\u00f3 todo el inmueble; que las inconcordancias derivadas del loteo que sobre el mencionado terreno hicieron sus propietarias no son responsabilidad suyadel banco, por cuanto el banco\u00e9ste no intervino en tal acto; que en la parte de la diligencia de secuestro en la que se hizo la identificaci\u00f3n del bien materia de la misma, en representaci\u00f3n de las sociedades ejecutadas intervinieron Evencio Cardona Vel\u00e1squez y Carlos Alberto Misas Hurtado, de donde si la funcionaria encargada de su pr\u00e1ctica incurri\u00f3 en error al identificarlo el predio, \u201clo hizo movida\u2026por los demandados; pues existe constancia dejada por la jJuez en el sentido de que fue informada por los top\u00f3grafos que los linderos sufrieron algunas variaciones; motivo por el cual, procede a actualizar los linderos no solo con base en la informaci\u00f3n de los representantes de la parte demandada, sino con base en los planos aportados por el apoderado del Banco y que le fuera (sic) suministrado (sic) por la misma parte demandada\u201d; que mediante aquel remate cumplido en el proceso ejecutivo de que se trata, de un lado, la aqu\u00ed demandante dej\u00f3 de ser propietaria de los predios cuya reivindicaci\u00f3n solicita y, de otro, el dominio de los mismos pas\u00f3 a manos del banco Central Hipotecario, por lo que la entidad s\u00ed estaba habilitaba para verificar las enajenaciones que luego efectu\u00f3; y, que cualquier irregularidad cometida en el aludido proceso ejecutivo hipotecario debi\u00f3 alegarse en el curso del mismo, para que all\u00ed fuera corregida, y no, como lo pretende ahora la demandante, intentarse su enderezamiento mediante la proposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Propuso las excepciones de \u201ccosa juzgada\u201d, respaldada en la firmeza de las actuaciones cumplidas en el indicado proceso ejecutivo hipotecario; la de \u201cintenci\u00f3n de las partes en la celebraci\u00f3n del contrato de hipoteca y en la adjudicaci\u00f3n del inmueble\u201d, consistente en que, como ya se consign\u00f3, fue la voluntad de las nombradas sociedades y del Banco Central Hipotecario que la hipoteca constituida por aqu\u00e9llas en favor de \u00e9ste comprendiera la totalidad del predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d, por lo que no son admisibles los cuestionamientos que se hacen en torno a la referida ejecuci\u00f3n y al remate practicado en el curso de la misma, que sirvi\u00f3 al Banco para adquirir el terreno de que se trata; y, la de \u201cfalta de legitimaci\u00f3on en la causa por activa\u201d, sustentada en la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa mediante el cual las nombradas sociedades Hijos de Gilberto Jaramillo Ltda. y Jaime Giraldo Garc\u00eda & C\u00eda. Ltda. adquirieron el inmueble materia del debate. <\/p>\n
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4. Por sentencia de 9 de febrero de 1998 el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas culmin\u00f3 la primera instancia, en la que neg\u00f3 las s\u00faplicas demandadas y conden\u00f3 en costas a la actora. <\/p>\n
En concreto sostuvo el mencionado sentenciador, que en el caso sub lite no se re\u00fanen las exigencias para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria intentada con base en el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil por la demandante, ya que \u00e9sta y la sociedad Jaime Giraldo Garc\u00eda & C\u00eda Ltda. hipotecaron el predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d e incumplieron la obligaci\u00f3n garantizada con tal gravamen, por lo que se adelant\u00f3 el correspondiente proceso ejecutivo hipotecario en el cual las demandadas \u201cnunca tacharon el t\u00edtulo como insuficiente\u201d; que la actora \u201ccarece del requisito fundamental de ser el propietario del bien\u201d y en el supuesto de aceptarse que s\u00ed tiene tal calidad, no aparece probado en autos que \u201cel BANCO CENTRAL HIPOTECARIO haya ejercido posesi\u00f3n alguna sobre el bien, distinta de la que confiere la propiedad o dominio de un inmueble, y adem\u00e1s, si aplicamos la norma antes citada y el fundamento jur\u00eddico, dicha entidad nunca vendi\u00f3 bienes en las condiciones que la norma lo se\u00f1ala, pues se ve que con el remate el que vende es el Juez como representante legal del demandado, como se interpreta la norma; o el demandado, como lo sostienen algunos juristas, as\u00ed no haya una voluntad muy clara del propietario en su calidad de demandado para trasmitir el dominio, \u2026\u201d. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo de 9 de diciembre de 1998, confirm\u00f3 el del a-quo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Luego de hallar la concurrencia de los presupuestos procesales, precis\u00f3 delanteramente asever\u00f3 el tribunal que la acci\u00f3n promovida era la prevista en el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con varias casas de habitaci\u00f3n construidas sobre un lote de terreno situado en el municipio de Dosquebradas, para acotar a continuaci\u00f3n que de una extensi\u00f3n superficiaria de 94.570 metros cuadrados, respecto del cual se constituy\u00f3 una hipoteca por parte de las sociedades Jaime Giraldo & Compa\u00f1\u00eda Limitada e Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada a favor de la demandada, seg\u00fan escritura p\u00fablica n\u00famero 1157 de 14 de agosto de 1978 de la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, lote sobre el cual se pact\u00f3 y plane\u00f3 construir, y efectivamente se construyeron, 550 casas que tambi\u00e9n entraron a formar parte de la garant\u00eda hipotecaria, algunas de las cuales fueron vendidas por las sociedades deudoras, con permiso de la entidad acreedora, y el resto, dice la demanda, sin ning\u00fan derecho se \u201cadue\u00f1\u00f3\u201d el Banco de ellas, las remat\u00f3 junto con el lote donde estaban construidas, y posteriormente las enajen\u00f3 a terceros. Se anota que el predio objeto de litigio forma parte de otro de mayor extensi\u00f3n que no tiene nada que ver aqu\u00ed. Ambos, aparecen debidamente identificados por sus linderos en los hechos segundo y tercero de la demanda. <\/p>\n
as\u00ed la actora <\/p>\n
Aunque la actora hubiese con gran aparato presentadoa su demanda y la plantea con una complejidad enorme casi inaprehensible, en realidad no lo era tanto, entre otras cosas, porque el litigio no ten\u00eda como cuesti\u00f3n el tema tocante con los de linderos, por muy dif\u00edcil o imposible que se tornara su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. .Tras esas precisio\u00f3nes, agreg\u00f3sostuvo el ad-quemtribunal que como la aludida acci\u00f3n se reg\u00eda por las normas generales de la reivindicaci\u00f3n, resultaba l\u00f3gico entender que la demandanteactora deb\u00edai\u00f3 demostrar los respectivos presupuestosde la reivindicaci\u00f3n, siendo uno de ellos el que ten\u00eda relaci\u00f3n con la propiedad del bien pretendidoobjeto de aqu\u00e9lla, para seguidamente afirmar que aqu\u00e9llademandante no demostr\u00f3 ostentar ese dominio respecto ser propietaria del lote de terreno litigado ni de las casas all\u00ed construidas y luego fueron vendidas, por la sencilla raz\u00f3n de que el t\u00edtulo mediante el cual adquiri\u00f3 el predio de manos de Ruby L\u00f3pez de Mej\u00eda, contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 662 de 10 de junio de 1978 fue declarado relativamente simulado y resuelto mediante fallo de 14 de marzo de 1989, dictado en segunda instancia por esa corporaci\u00f3n, y \u201crefrendado\u201d, por as\u00ed decirlo, por sentencia de casaci\u00f3n de 30 de julio de 1992, en la cual se reprodujeron los ordenamientos de la sentencia de segunda instancia ad-quem, incluido el relativo a la susodicha resoluci\u00f3n. (ver FOLIOS 1 A 155, cd.18)—– <\/p>\n
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A\u00f1adigreg\u00f3 que como el t\u00edtulo de la actorademandante fue declarado resuelto, ella no pod\u00eda invocar calidad de propietaria, Inclusive as\u00ed no hubiese efectuado la restituci\u00f3n del bien, por imposibilidad de obtenerla, pues nuncano es ni ha tenidosido nunca el dominio de la heredad predio ni de las casas all\u00ed levantadasconstruidas, y que no entenderlo de esta manera implicar\u00eda desconocer los efectos de lesa resoluci\u00f3n contractual por incumplimiento y los de un fallo que le fue adverso, que la vinculaba con alcances de cosa juzgada, tras lo cual anot\u00f3. ——-(VER PAG. 131 Y 132, CD.18); para seguidamente a\u00f1adir que la actora sociedad demandante olvid\u00f3a la regla de \u00e9tica contractual del art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil, puesto que no obstante su marcado incumplimiento en la ejecuci\u00f3n del contrato contenido en la referida escritura p\u00fablica 662, que le cost\u00f3 la resoluci\u00f3n judicial, pretend\u00eda prevalerse ahora de un derecho que no ten\u00eda y que jur\u00eddicamente no hab\u00eda ostentadotenido nunca, y tambi\u00e9n desconoci\u00f3olvida el principio jur\u00eddico y moral que ense\u00f1a que nadie puede presentarse a la justicia para pedir protecci\u00f3n si ella tiene como fundamento la mala fe o el dolo en que ha incurrido, pues los culpables son indignos de ser escuchados por la justicia. Por este mismo camino apunt\u00f3 que, como lo dijo la Corte en el memorado fallo de casaci\u00f3n, la susodicha r.———————————————-MIRAR DONDE ES QUE DEBO METER LO SIGUIENTE—————— del predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d, pues ello implicar\u00eda, al tiempo, ignorar los alcances de cosa juzgada de los prove\u00eddos que la contienen, resoluci\u00f3n que, como lo dijo la Corte en el memorado fallo de casaci\u00f3n, \u201c\u2018supone la extinci\u00f3n del v\u00ednculo sinalagm\u00e1tico no s\u00f3lo para el tiempo venidero, sino que tambi\u00e9n se proyecta hacia atr\u00e1s con la consecuencia del reintegro a cada contratante en las cosas y en el valor de las prestaciones que por raz\u00f3n del contrato realizaron, evit\u00e1ndose as\u00ed injustos enriquecimientos\u2019\u201d. <\/p>\n
3. Argument\u00f3punt\u00f3 q el fallador que de aceptarse la improbable hip\u00f3tesis de que el t\u00edtulo de la promotora de este procesosociedad accionante fuese leg\u00edtimo para invocar la reivindicaci\u00f3n, que no lo es, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n, porque si el inmueble siempre ha sido, es y ser\u00e1 inidentificable, por lo mismo no era procedente la reivindicaci\u00f3n puesto que su identificaci\u00f3n es un presupuesto indispensable para el buen suceso, comoquiera que es el factor que permite saber con certeza cu\u00e1l es el objeto sobre el cual incide. <\/p>\n
4. FinalmentePara negarle todo m\u00e9rito a las pretensiones aducidas en la demanda, con base en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado por del Banco Central Hipotecario en contra las sociedades Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda Limitada e Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada de aquellas dos sociedades, y en el remate que dentro de esa ejecuci\u00f3n se verific\u00f3, donde esa ejecutanteesa entidad bancaria adquiri\u00f3 la propiedad del lote de terreno y de parte de las casas en \u00e9l construidas, y que la demandante ahora pretend\u00eda en reivindicaci\u00f3n la segunda de las nombradas, el juez de segundo grado sent\u00f3 una \u00faltima reflexi\u00f3n final, consistente en que como en los alegatos de conclusi\u00f3n aqu\u00e9lla demandante afirm\u00f3 que no cuestionaba la validez ni la legalidad de dicho proceso ni del remate, porque contra e\u00e9llos no formulaba tacha alguna ni se ped\u00eda su nulidad, (VER ALEGATOS DE CONCLUSI\u00d3N FOLIOS 1082, cd.Ppal), sin parar mientes en que esla otra sociedad no compareci\u00f3 a este proceso y sin perder de vista la doble naturaleza sustancial y procesal del remate, no parec\u00eda l\u00f3gico que pretendiera que se le indemnizara o restituyera la mitad del valor de los bienes rematados siendo que el acto que sirvi\u00f3 de soporte est\u00e1 revestido de legalidad y, por lo mismo, permanec\u00eda intachable a los ojos de las partes y de terceros, resultando as\u00ed parad\u00f3jico pretender que un acto que no era nulo, ni inv\u00e1lido, ni ileg\u00edtimo, fueseseg\u00fan lo acepta la propia actora, causa de la obligaci\u00f3n de restituir o indemnizar por el banco rematante, pues ello es un contrasentido que desnaturalizaba el r\u00e9gimen de las obligaciones. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Cuatro cargos plantea ela recurrente contra la sentencia del tribunal combatida, los tres primeros, con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por v\u00eda indirecta, por errores de hecho en lo tocante con la ponderaci\u00f3n de las pruebas y la apreciaci\u00f3n de la demanda, y el \u00faltimo fundado en el motivo segundoa causal segunda. La Corte abordar\u00e1 inicialmente el estudio del cuarto de ellos, como quiera que se refiere a un error in procedendo; pasar\u00e1 luego al examen conjunto de los cargos primero y tercero, por cuanto denuncian la violaci\u00f3n de similares normas sustanciales por v\u00eda indirecta, debido a errores de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria; y, finalmente, analizar\u00e1 el segundo,—–REVISAR BIEN————-, en el que se le endilga a l fallo sentencia combatida quebrantar, de maneraser directamente, violatoria de los preceptos all\u00ed que en \u00e9l se rese\u00f1adosn. <\/p>\n
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CARGO CUARTOSEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en la causal segunda de casaci\u00f3n se acusa la sentencia \u201cde no estar de acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda\u201d, quebrantando as\u00ed el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
1. No sin antes citar la pretensi\u00f3n primera principal, el primero de los hechos de la demanda y la prueba que all\u00ed relacion\u00f3 para acreditar el dominio de los bienes objeto de la reivindicaci\u00f3n reivindicados en cabeza de la actora, sostiene el acusadorcasacionista que el juzgador tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente \u201cla pretensi\u00f3n segunda, priv\u00e1ndola de su contexto negativo y asign\u00e1ndole el adquisitivo que tiene la pretensi\u00f3n primera\u201d, raz\u00f3n por la cual en el fallo atacado no orden\u00f3 la reivindicaci\u00f3n deprecada sino que la neg\u00f3, al considerar que la demandada no era propietaria, porque crey\u00f3 que \u00e9sta hab\u00eda fundado tal calidad en una diligencia de remate y no en la escritura y folio de matr\u00edcula inmobiliaria arrimados. <\/p>\n
2. Precisa que si el sentenciadorTribunal hubiera entendido correctamente el libeloa demanda, habr\u00eda visto la diferencia que la demandante establecida\u00f3 entre los actos que se hicieronhizo valer como t\u00edtulo y modo de adquirir el predio, por una parte, y el remate, por la otra, para encontrar en los primeros el contexto positivo, portador y ejecutor de derechos, y en el segundo el negativo, que pretende que no se le atribuya efecto sobre la propiedad alegada en la medida en que la s\u00faplica se dirige a obtener la declaraci\u00f3n de que la demandadademandada no adquiri\u00f3 derecho alguno en relaci\u00f3n con esos inmuebles; agrega que la cr\u00edtica se extiende a la incorrecta lectura que el tTribunal hizo de los hechos primero y d\u00e9cimo de la demanda, en concordancia con la pretensi\u00f3n primera principal, al confundir los bienes reivindicados, descritos en el hecho primero, con el presuntamente rematado lote de terreno, al que hac\u00eda referencia el hecho octavo y la segunda pretensi\u00f3n de la demanda, para concluir en la negaci\u00f3n a conceder la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Remata el casacionista predicandoA manera de corolario, predica el recurrente la violaci\u00f3n del debido proceso, y m\u00e1s concretamente del citado art\u00edculo 305, pues, por el entendimiento que le dio a l acto introductorio del pleitoa demanda, el ad-quemtribunal \u201cdej\u00f3 a la demandante hu\u00e9rfana de sus pruebas de propietaria del bien reivindicado\u201d y porque al modificar su \u201cla identidad de los bienes reivindicados\u201d, cambi\u00f3 \u201cel objeto del litigio cre\u00e1ndole nuevos par\u00e1metros dentro de los cuales la parte carece de derecho, de inter\u00e9s, de conocimiento y de pruebas\u201d, en tanto no juzg\u00f3 el verdadero objeto del litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Conforme al compendio que de ella se hizo, es claro que la providenciasentencia combatida neg\u00f3 las pretensiones, ya que confirm\u00f3 en integridad la de primera instancia en la que no se accedi\u00f3 a ninguno de los pedimentos elevados en la demandael escrito iniciadora de la controversia. <\/p>\n
Por tanto, teniendo en cuenta el sentido determinante de esa decisi\u00f3n, as\u00ed como la argumentaci\u00f3n expuesta en el cargo, r\u00e1pidamente advierte la Corte el desatino de la censura, por cuanto al ser dicha providencia totalmente desestimatoria de las pretensiones que recog\u00eda el acto introductorio del proceso, no le era dable al censor predicar que ese fallo, mirado en su parte resolutiva, fuera incongruente frente a las s\u00faplicas, particularmente en relaci\u00f3n con la primera y segunda principales, o a los hechos del libelo, por supuesto que, dada esa absoluta adversidad a las aspiraciones de la actora, la conclusi\u00f3n que necesariamente surge no puede ser diferente a afirmar que el falladorTribunal resolvi\u00f3 todas y cada una de las peticiones que le fueron propuestas, situaci\u00f3n que derechamente conduce a sostener c\u00f3mo las razones que le sirvieron al sentenciador para no acceder a lo suplicado no pod\u00edan ser materia de esta causal sino de la prevista en el numeral primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
LEs justamente por ello que la doctrina jurisprudencial de la Corte tiene ampliamente decantado, ante casos concretos como el que este asunto pone de presente, que las sentencias totalmente absolutorias no pueden ser censuradas por incongruentes (G. J., tomos LXXXI, pag.723; y CVI, pag.91), como quiera que no debe confundirse la falta de decisi\u00f3n sobre una petici\u00f3n del litigio, evento incuestionable de disonancia cuestionable por la v\u00eda que indica el numeral segundo del art\u00edculo 368 citado, con aquel en que sobre este mismo extremo recaiga pronunciamiento desfavorable; desde luego que en \u201cel primer caso el fallo ser\u00e1 incongruente (\u2026) en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnado a trav\u00e9s de la causal primera si con \u00e9l se viol\u00f3 directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable\u201d(G. J., t. CXXXVIII, pags.396 y 397). <\/p>\n
2. Adem\u00e1s, no ha de perderse de vista que al predicar la incongruencia del fallo combatido, la censura simplemente intenta cuestionar las apreciaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en que el juez de segundo grado ad-quem fund\u00f3 su decisi\u00f3n, pues aduce que \u00e9l err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n que le dio a las pretensiones y a los hechos de la demanda, que confundi\u00f3 la prueba en que la actora se apoy\u00f3 para demostrar ser la propietaria de los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n, y que fue equ\u00edvoca la posici\u00f3n asumida en relaci\u00f3n con la identificaci\u00f3n de los predios objeto de la controversia y del rematado en el ejecutivo que la demandada adelant\u00f3 contra Jaime Giraldo Garc\u00eda y C\u00eda Ltda. y la aqu\u00ed demandante, aspectos estos que, por cuestionar los juicios del fallador, s\u00f3lo pod\u00edan ser dilucidados dentro de la \u00f3rbita de la causal primera de casaci\u00f3n; por supuesto que si el recurrente no compart\u00eda los razonamientos que elabor\u00f3 el juzgador Tribunal para definir el litigio, debi\u00f3 atribuirle la comisi\u00f3n de un vicio in judicando, no denunciable por la causal aqu\u00ed escogida. <\/p>\n
3. El cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 665, 669, 740, 745, 756, 759, 762, 946, 947, 949, 950, 952, 955, 956, 962, 969, 1496, 1500, 1501, 1502, 1548, 1613, 1614, 1615, 1849, 1851 y 1857 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, y 673, 1546, 1930 y 1870 de la misma obra, por aplicaci\u00f3n indebida, a consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el fallador en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
1. Como pruebas omitidas por el sentenciador relaciona la escritura 662 de 10 de mayo de 1978, de la notar\u00eda cuarta de Pereira; el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688; el interrogatorio de parte que se absolvi\u00f3 en la diligencia de 24 de marzo de 1995 en el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1; la inspecci\u00f3n judicial practicada el 16 de junio de 1995 y el dictamen pericial que los expertos rindieron el 1\u00ba de febrero de 1996, complementado y aclarado posteriormente; los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los predios objeto de la reivindicaci\u00f3n y las correspondientes escrituras p\u00fablicas de compraventa celebradas entre el demandado y los terceros poseedores. Y como aquellas que considera mal apreciadas indica las sentencias de 30 de julio de 1992, emitida por la Corte Suprema de Justicia, y de 14 de marzo de 1989, dictada por el Tribunal Superior de Pereira; el documento llamada \u201cActa de Entrega\u201d que acredita lo que el secuestre entreg\u00f3 a la rematante; el acta de remate celebrado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira dentro del ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario contra la aqu\u00ed actora y otra, as\u00ed como del auto aprobatorio del mismo. <\/p>\n
2. Empieza el desarrollo del cargo sosteniendo el censor que el primer error de hecho que cometi\u00f3 el tribunal es haber pasado por alto la escritura 662 en menci\u00f3n y el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688, que acreditaban a la demandante como propietaria del predio; agrega que al analizar y evaluar la prueba en que se bas\u00f3 el ad-quem para decir que la actora no pod\u00eda invocar la calidad echada de menos, esto es, aquellas sentencias de 14 de marzo de 1989 y 30 de julio de 1992, dictadas por el Tribunal de Pereira y la Corte, respectivamente, advierte que el fallador err\u00f3 al interpretar sus contenidos al punto de concluir que en aquella oportunidad esta Corporaci\u00f3n hab\u00eda ordenado la restituci\u00f3n del derecho de dominio sobre el predio a favor de Hernando Jaramillo Arrubla, privando as\u00ed a la actora de la propiedad que en este proceso hac\u00eda valer para reivindicar. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la apreciaci\u00f3n de esas sentencias el juez de segundo grado cometi\u00f3 dos errores. <\/p>\n
El primero, consistente en creer que esa decisi\u00f3n de la Corte incluy\u00f3 la orden de restituir el predio a Jaramillo Arrubla, privando a la sociedad Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada de la calidad de propietaria, como efecto del reconocimiento judicial de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita prevista en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, a pesar de que se orden\u00f3 el cumplimiento del contrato, pues ese fallo, dice el impugnador, lejos de privar a las personas jur\u00eddicas vencidas de la condici\u00f3n de titulares del dominio las conden\u00f3 fue a pagar el precio. Puntualiza que la equivocaci\u00f3n del juzgador no se limit\u00f3 a los numerales quinto y sexto de la parte resolutiva ya que al leer los numerales octavo y noveno volvi\u00f3 a entender que en esos textos la Corte hab\u00eda privado de la propiedad de los bienes objeto de la reivindicaci\u00f3n a la demandante, interpretando por fuera de contexto el participio \u201cresuelto\u201d con el que esta Corporaci\u00f3n se refiri\u00f3 al t\u00edtulo adquisitivo, como quiera que al proceder as\u00ed le rest\u00f3 todo efecto a los dem\u00e1s numerales de la parte resolutiva, a los considerandos y hasta a la providencia mediante la cual neg\u00f3 una aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
Aduce que pugna contra la l\u00f3gica entender la decisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en el sentido de que la sanci\u00f3n impuesta a las sociedades haya consistido en la p\u00e9rdida del bien por la del t\u00edtulo de propietarias, pues lo que la Corte orden\u00f3 en el numeral noveno de la sentencia fue el cumplimiento del contrato de compraventa mediante la condena al pago del precio debidamente indexado y ajustado con intereses legales, por raz\u00f3n de que en el numeral octavo hab\u00eda declarado la prosperidad de la acci\u00f3n resolutoria; a\u00f1ade que no vio el tribunal que la Corte omiti\u00f3 ordenar la cancelaci\u00f3n de la escritura 662 y se limit\u00f3 a disponer que de la sentencia se tomara nota al pie de la misma y que tampoco orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de ese instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente que el ad-quem erradamente pretendi\u00f3 leer en el fallo que la Corte cometi\u00f3 la iniquidad de condenar a las all\u00ed demandadas, de manera simult\u00e1nea a la p\u00e9rdida del bien a favor de Hernando Jaramillo y al pago del precio al mismo; si conden\u00f3 a pagar el inmueble en lugar de disponer su devoluci\u00f3n f\u00edsica en todo o en parte, es porque dedujo, basado en los t\u00e9rminos del propio libelo y en la prueba documental, que hab\u00eda m\u00e9rito para darle cabida en provecho del autor a la acci\u00f3n reivindicatoria bajo modalidad subrogatoria. De este modo, sostiene el acusador, es flagrante y manifiesto el error de hecho cometido al encontrar en la sentencia de la Corte la declaraci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato y simult\u00e1neamente la orden de su cumplimiento, pues no cabe la menor duda que esta Corporaci\u00f3n nunca tuvo en su mente la posibilidad de ordenar semejante desatino. <\/p>\n
El segundo se concreta, apunta el acusador, a que el fallador supuso la presencia de una prueba que acreditaba el no pago de la condena a restituir el precio, con lo cual apreci\u00f3 mal el interrogatorio de parte absuelto el 24 de marzo de 1995 en el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1, aspecto alrededor del cual transcribe algunas de las preguntas y respuestas. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con el segundo de los argumentos en que el juzgador sustent\u00f3 la providencia, consistente en que, de aceptarse que en la actora s\u00ed radicaba la propiedad de los terrenos materia de la reivindicaci\u00f3n la acci\u00f3n de todas maneras estar\u00eda llamada al fracaso, por cuanto si \u201cel inmueble materia del litigio ha sido siempre, es y ser\u00e1 inidentificable\u201d, como la propia actora lo sostiene, no se habr\u00eda cumplido otro de los presupuestos de dicha acci\u00f3n, como es el de la certeza del predio materia de la reivindicaci\u00f3n, el casacionista denuncia, por un lado, que es equivocada la insistencia del sentenciador en desconocer la calidad de propietaria de la promotora de este proceso de los terrenos materia de sus s\u00faplicas y, por el otro, que el mismo cometi\u00f3 \u201cotro error de hecho al pasar por alto o pretermitir la prueba positiva que acreditaba la identificabilidad de los inmuebles reivindicados que es la Inspecci\u00f3n Judicial con intervenci\u00f3n de peritos ingenieros\u201d ordenada por providencia de 12 de diciembre de 1994. <\/p>\n
A este respecto resalta que en el dictamen pericial, luego aclarado y complementado, \u201cse describen los inmuebles que se pretenden reivindicar, indicando inclusive el \u00e1rea de construcci\u00f3n que tiene cada uno\u201d, y que en esa prueba se evidencia que los predios que conforman la Urbanizaci\u00f3n Santa Isabel II Etapa son 573 mientras que en este proceso solamente se reivindican 391 de ellos, identific\u00e1ndolos por \u00e1rea de terreno y de construcci\u00f3n, folio de matr\u00edcula inmobiliaria y el valor total del inmueble. El hecho de que haya sido posible para los peritos diferenciar los reivindicados de la totalidad de la Urbanizaci\u00f3n, prueba que si el tribunal hubiere tenido en consideraci\u00f3n esta prueba pericial, no hubiera ca\u00eddo en el error de tener a los bienes pretendidos en reivindicaci\u00f3n por no identificables; asimismo le reprocha haber dejado de valorar los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los predios objeto de la restituci\u00f3n y las respectivas escrituras p\u00fablicas de compraventa, en las cuales se indicaban su ubicaci\u00f3n, la numeraci\u00f3n, sus linderos especiales y la c\u00e9dula catastral de cada uno de ellos. <\/p>\n
4. Y en cuanto hace al tercero de los planteamientos del ad-quem, el censor cuestiona, por una parte, que hubiese asimilado el predio materia de la reivindicaci\u00f3n con el que fue objeto del remate verificado en el referido ejecutivo hipotecario y, por otra, en el supuesto de que \u201chaya tenido por probada la coincidencia entre el bien rematado y los reivindicados\u201d, como consecuencia de la anotaci\u00f3n 261 de 29 de febrero de 1984, sentada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688, \u201cque da cuenta de la adjudicaci\u00f3n en remate realizado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira\u201d mediante providencia de 14 de febrero de 1984 dictada en el juicio del Banco Central Hipotecario contra la sociedades Jaime Giraldo Garc\u00eda Y Compa\u00f1\u00eda Limitada y la actora, \u201cque se incluye como tradici\u00f3n en todos y cada uno de los 391 folios de matr\u00edcula inmobiliaria correspondientes a los inmuebles reivindicados\u201d, que hubiese dado por probado \u201cque el referido remate hab\u00eda transferido la propiedad de una especie, concretamente un inmueble, del cual formaban parte los 391 inmuebles reivindicados\u201d, pretermitiendo las pruebas del proceso \u201cque establece la inidentificabilidad de lo que se dijo rematar\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1ala el impugnador que de acuerdo con la prueba pericial decretada y rendida en el curso del proceso, considerada su aclaraci\u00f3n, no era posible calcular el \u00e1rea delimitada por la poligonal de alinderamiento en el terreno, ya que en el replanteo de dicha poligonal se encontr\u00f3 desconexi\u00f3n, es decir, unos linderos abiertos entre las estaciones delta 7 y 9, y que el predio reconocido por el Juzgado Civil Municipal de Dosquebradas en la diligencia practicada el 22 de abril de 1982 no era identificable. <\/p>\n
Luego de advertir que dicho trabajo no fue objetado, que la aclaraci\u00f3n ordenada de oficio por el juzgado no vers\u00f3 sobre los puntos que ahora se comentan y de transcribir parcialmente las actas de remate y de entrega del bien por parte del secuestre al banco rematante, el recurrente reitera la falta de identificaci\u00f3n del predio rematado y colige que el tribunal no entendi\u00f3 que el juzgado subast\u00f3 un bien indeterminable porque la identificaci\u00f3n por los linderos era esencial para la individualizaci\u00f3n de los inmuebles; concluye indicando que el ad-quem se equivoc\u00f3 en lo \u201cque llam\u00f3 \u2018reflexi\u00f3n final\u2019 al asignar al remate y a favor de la entidad bancaria, la calidad de t\u00edtulo adquisitivo de la propiedad de los bienes reivindicados, porque \u00e9ste, el remate, careci\u00f3 de objeto en el que se pudiera radicar el derecho real de dominio\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Le atribuye el acusador a la sentencia haber violado, indirectamente, los art\u00edculos 665, 669, 740, 745, 756, 759, 762, 946, 947, 950, 949, 952, 955, 956, 962, 969, 1496, 1500, 1501, 1502, 1548, 1613, 1614, 1615, 1849, 1851 y 1857 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, y 673, 1546, 1930 y 1870 de esa codificaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de errores de hecho en la interpretaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
1. Dos son los yerros que en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de la demanda del proceso le imputa el casacionista al fallador. <\/p>\n
El primero, consistente en que el juez de segundo grado, respaldado en las manifestaciones de la actora, contenidas en el escrito iniciador de la controversia, haya colegido que \u201cel inmueble materia del litigio ha sido siempre, es y ser\u00e1 inidentificable\u201d y con tal fundamento predic\u00f3 el incumplimiento de otro de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria y, por lo mismo, declarado el fracaso de las pretensiones elevadas, por cuanto, a decir del censor, ese aserto se opone a lo indicado en el hecho primero del libelo, en donde se afirma que la actora es propietaria del predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d, precisa su \u00e1rea y linderos y no hace menci\u00f3n alguna a que dicho inmueble sea inidentificable; y en el hecho d\u00e9cimo, que narra c\u00f3mo el Banco Central Hipotecario vendi\u00f3 391 predios que nunca salieron del dominio de la actora y de la otra copropietaria, bienes estos que se identificaron tanto en otro de los hechos del libelo como en la pretensi\u00f3n primera principal, en donde se registraron sus linderos y la matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Entiende, pues, que el juzgador confundi\u00f3 los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n con los rematados en el proceso ejecutivo que el banco le sigui\u00f3 a las sociedades propietarias, lo que califica de \u201cmanifiesto error de hecho\u201d, en raz\u00f3n a que uno es el predio descrito en el hecho primero de la demanda, con linderos no discutidos, del cual \u201cforman parte, porque as\u00ed se dijo en el hecho d\u00e9cimo de la demanda, los 391 inmuebles reivindicados, que son, seg\u00fan las palabras escritas\u201d el citado supuesto f\u00e1ctico, los que el accionado vendi\u00f3 a terceras personas; enfatiza el recurrente \u201cque en la demanda se diferenciaron el predio a reivindicar y el rematado para, respecto del primero, solicitar la declaraci\u00f3n de dominio a favor de la actora y, en cuanto al segundo, pedir que se declarara que en la subasta\u201d el nombrado banco no adquiri\u00f3 ninguno de los lotes sobre los que reca\u00edan las pretensiones. <\/p>\n
Sostiene la censura que la demanda es tan clara que la causa petendi incorporaba \u201cla diferenciaci\u00f3n entre los inmuebles reivindicados y lo rematado\u201d, lo cual prueba el error de hecho con base en el cual el sentenciador resolvi\u00f3 el litigio, pues no vio que la actora rese\u00f1\u00f3 la diferencia existente \u201centre los bienes reivindicados, de los cuales predic\u00f3 su identificabilidad\u201d y \u201clos rematados, de los cuales predic\u00f3 contraria calidad\u201d. <\/p>\n
2. El segundo de los anunciados yerros radica, dice el acusador, en que el tribunal tom\u00f3 como soporte de la reivindicaci\u00f3n el remate llevado a cabo dentro del ejecutivo hipotecario que el banco opositor sigui\u00f3 contra la aqu\u00ed demandante y Jaime Giraldo Garc\u00eda y Compa\u00f1\u00eda Limitada, cuando lo cierto era que el t\u00edtulo en que la actora respald\u00f3 sus s\u00faplicas fue la escritura 662 ya citada. <\/p>\n
El error de facto en que incurri\u00f3 el ad-quem al determinar los hechos de la demanda, fue el fundamental para que hubiera desestimado el derecho de propiedad de la actora; es evidente, agreg\u00f3, que si el libelo hubiera dicho lo que el fallador afirm\u00f3, es decir que los bienes objeto de la reivindicaci\u00f3n eran inidentificables y que el t\u00edtulo de propiedad de los mismos lo constitu\u00eda la diligencia de remate, el juez de segundo grado habr\u00eda tenido toda la raz\u00f3n. Si \u00e9ste hubiera le\u00eddo la realidad de la demanda para reconocer como t\u00edtulo adquisitivo la susodicha escritura y como modo de esa adquisici\u00f3n el registro realizado el 12 de mayo de 1978 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688, y analizado si la diligencia de remate transfiri\u00f3 o no el derecho de dominio de la actora a la demandada, hubiera estudiado \u201ctodas las normas sobre el derecho de dominio, las formas de transferirlo, especialmente el modo \u00b4tradici\u00f3n\u00b4, todo el tema de la reivindicaci\u00f3n, especialmente en la modalidad prevista por el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil; el tema de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, las normas referentes al contrato de compraventa, para aplicar las que ignor\u00f3 y aplicar debidamente las que aplic\u00f3 violando el derecho\u201d(fl.55). <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Bien mirada la sentencia ahora combatida, encuentra la Corte que el primero y verdadero motivo que dio al traste con la reivindicaci\u00f3n propuesta, fue el de que la actora no acredit\u00f3 el derecho de dominio, dado que el contrato en el que pretende fincarse fue aniquilado mediante sentencia en firme, por virtud de la resoluci\u00f3n entonces decretada; resoluci\u00f3n contractual esa que tuvo la particularidad de no hacer posible la restituci\u00f3n del inmueble, por haber pasado \u00e9ste a terceras personas de buena fe, a quienes deb\u00eda protegerse, conforme a lo consagrado en los art\u00edculos 1547 y 1548 del C\u00f3digo Civil. Esa circunstancia, que, entre otras cosas, no significa que se desnaturalice la resoluci\u00f3n, sino que apenas modifica uno de los efectos -en vez de devoluci\u00f3n de la cosa se entrega su equivalente-, es la que, en sentir del tribunal, impide predicar, en el caso de ahora, el derecho de dominio en cabeza del reivindicante. <\/p>\n
Y resulta que esa l\u00ednea argumentativa, que el ad-quem hizo suya, no aparece combatida por la censora, ya que en los cargos que se despachan m\u00e1s bien se dedica a hacer afirmaciones que no corresponden a la verdad, como es, por ejemplo, que en vez de resoluci\u00f3n hubo fue ejecuci\u00f3n, alegando contradicci\u00f3n y presentando otros argumentos impertinentes frente al \u00e1mbito dentro del cual se edific\u00f3 aquella cardinal conclusi\u00f3n; es decir, que la acusadora se distrajo aduciendo razonamientos sobre aspectos que para nada se resolvieron en el asunto anterior y, por contera, dej\u00f3 macizo todo el fundamento sentado por el fallador en la decisi\u00f3n atacada, alrededor del cual juzg\u00f3 por qu\u00e9 la demandante no era la propietaria de la heredad objeto de la reivindicaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
2. En efecto, para negar las pretensiones contenidas en el acto introductorio del proceso el juez de segundo grado, no sin antes precisar que la acci\u00f3n intentada era la reivindicatoria, en la modalidad consagrada en el articulo 955 del C\u00f3digo Civil, adujo tres argumentos, y dentro de ellos esgrimi\u00f3 como principal la circunstancia consistente en que como la actora no prob\u00f3 ser la propietaria de los predios pretendidos, no se cumpli\u00f3 el primero de los presupuestos axiol\u00f3gicos que exige la cabal acreditaci\u00f3n de esa condici\u00f3n en cabeza de quien la intenta; este particular razonamiento lo edific\u00f3 el juzgador tras valorar el haz probatorio y espec\u00edficamente el acto jur\u00eddico contenido en la escritura publica n\u00famero 662 de 10 de mayo de 1978, otorgada en la notar\u00eda cuarta de Pereira, el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 296-0003688, y las sentencias de 14 de marzo de 1989 y 30 de julio de 1992, dictadas dentro del proceso ordinario de Hernando Jaramillo Arrubla contra Ricardo Mej\u00eda Isaza, Ruby L\u00f3pez Viuda de Mej\u00eda, Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda Limitada e Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de primera instancia, y por esta Corporaci\u00f3n, al desatar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, respectivamente. <\/p>\n
Es as\u00ed como estim\u00f3 que la escritura y el folio de matr\u00edcula precedentemente aludidos carec\u00edan de eficacia para probar el dominio de la actora sobre los inmuebles objeto de la reivindicaci\u00f3n por cuanto el contrato a que apuntaban se hab\u00eda declarado resuelto mediante el citado fallo de 14 de marzo de 1989, y \u201crefrendado\u201d por esta Sala en sentencia de 30 de julio de 1992, en la que, al resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, reprodujo los ordenamientos dispuestos en aquella providencia, incluido el relativo a la susodicha resoluci\u00f3n; en este sentido enfatiz\u00f3 que como ese t\u00edtulo fue declarado resuelto, la actora no era la propietaria de lo pretendido, pues, independientemente de que no se hubiera hecho la restituci\u00f3n material, ella no era ni fue titular del correspondiente dominio. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, igualmente recalc\u00f3 que no entenderlo as\u00ed implicar\u00eda desconocer los efectos de unos fallos adversos a la promotora de este proceso, que la vinculaban con alcances de cosa juzgada, as\u00ed como los propios de la resoluci\u00f3n de dicho acto bilateral, en el que Ruby L\u00f3pez Viuda de Mej\u00eda le hab\u00eda vendido los terrenos aqu\u00ed pretendidos a las sociedades Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada y Jaime Giraldo Garc\u00eda & Compa\u00f1\u00eda Limitada, pues, insisti\u00f3 el sentenciador citando el memorado fallo de casaci\u00f3n, esa determinaci\u00f3n \u201c\u2018supone la extinci\u00f3n del v\u00ednculo sinalagm\u00e1tico no s\u00f3lo para el tiempo venidero, sino que tambi\u00e9n se proyecta hacia atr\u00e1s con la consecuencia del reintegro a cada contratante en las cosas y en el valor de las prestaciones que por raz\u00f3n del contrato realizaron, evit\u00e1ndose as\u00ed injustos enriquecimientos\u2019\u201d. <\/p>\n
Al observar las identificadas providencias judiciales dictadas en aquel otro asunto, encuentra la Corte, por un lado, que a prop\u00f3sito de la resoluci\u00f3n del mentado contrato de compraventa la \u00faltima de las aludidas decisiones no modific\u00f3 lo que sobre el punto se argument\u00f3 y determin\u00f3 en la primera, como que los cargos propuestos por las all\u00ed demandadas no prosperaron y de los que plante\u00f3 el demandante en ese proceso s\u00f3lo triunf\u00f3 el inherente a la actualizaci\u00f3n monetaria del valor del predio; y, por el otro, que en la primera de las citadas sentencias el tribunal, sobre el mismo particular, tras afirmar el incumplimiento en que incurrieron las entonces compradoras al no pagar el precio pactado en el negocio, consider\u00f3 que como el all\u00ed demandante hab\u00eda cumplido sus obligaciones deb\u00eda decretar \u201cla resoluci\u00f3n pedida y ordenar as\u00ed que las cosas vuelvan al estado anterior a la venta\u201d, para seguidamente precisar que deb\u00eda imponerle al actor, como consecuencia de esa puntual determinaci\u00f3n, la carga de restituir \u201cla suma de dinero que hab\u00edan pagado las sociedades demandadas como parte del precio\u201d, y a \u00e9stas la obligaci\u00f3n de efectuar \u201cla restituci\u00f3n del inmueble Hacienda El Boh\u00edo\u201d, pero que como era un \u201checho cierto que las compradoras\u201d, despu\u00e9s de aquella enajenaci\u00f3n \u201cefectuaron varias ventas parciales\u201d, frente a las cuales no era oponible la condici\u00f3n resolutoria prevista en el art\u00edculo 1548 del C\u00f3digo Civil por cuanto la misma no se hizo constar en la escritura 662 citada, con arreglo al art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil tendr\u00eda que disponer la restituci\u00f3n por equivalencia, esto es, el del valor en vez del predio, de la cual dijo ten\u00eda lugar \u201ccuando como en el caso presente se ha hecho imposible la restituci\u00f3n del inmueble, ya que en lo que fue la Hacienda El Boh\u00edo objeto del contrato resuelto, se encontraba construida la Urbanizaci\u00f3n Santa Isabel\u201d. <\/p>\n
3. Como se aprecia, el juzgador en la sentencia ahora combatida absolutamente nada expres\u00f3 acerca de que en vez de la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa lo que se dispuso en los fallos anteriores haya sido su cumplimiento o ejecuci\u00f3n, como tampoco que hubiera siquiera aludido a que la suma de dinero que la parte demandada en esa causa tuviera que restituirle a Jaramillo Arrubla representara el precio del contrato, o algo similar; por su lado, las referidas decisiones judiciales no permiten comprender nada distinto a que en ellas se decret\u00f3 la resoluci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, contenido en el se\u00f1alado documento escriturario, por medio del cual, en \u00faltimas, el nombrado Hernando Jaramillo dijo venderle a las mencionadas sociedades el terreno aqu\u00ed involucrado, pero que no hubo lugar a la restituci\u00f3n del inmueble en raz\u00f3n a que el mismo fue adquirido por terceras personas, circunstancia que descartaba la propiedad que en su favor aleg\u00f3 el demandante. <\/p>\n
4. Pese a esa evidente claridad en torno a la direcci\u00f3n y alcance de la decisi\u00f3n combatida y al contenido de los medios de certeza en que se bas\u00f3 el tribunal, la recurrente, de manera absolutamente diferente a esa posici\u00f3n, le reprocha haber concluido que en el citado fallo de 30 de julio de 1992 se hab\u00eda ordenado, a favor de Hernando Jaramillo Arrubla, tanto la restituci\u00f3n del predio como del derecho de dominio sobre el mismo, interpretando as\u00ed por fuera de contexto el vocablo \u201cresuelto\u201d con el que esta Corporaci\u00f3n en dicha decisi\u00f3n se refiri\u00f3 al t\u00edtulo adquisitivo, rest\u00e1ndole de este modo efecto a los dem\u00e1s numerales de la parte resolutiva y a las consideraciones de esa providencia, infiriendo que en el citado fallo se conden\u00f3 a esas demandadas, de manera simult\u00e1nea, a la p\u00e9rdida del bien a favor de Hernando Jaramillo y al pago del precio al mismo; por ah\u00ed mismo, fue como asever\u00f3 encontrar de esa prueba la declaraci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato y, al tiempo, la orden de su cumplimiento, para suponer luego el no pago de la condena a restituir el precio. Es as\u00ed como alrededor esas afirmaciones que le atribuye al juez de segundo grado, la impugnadora asegura que lo que realmente se dispuso en la mentad providencia judicial fue el cumplimiento del contrato de compraventa, al punto que conden\u00f3 a las sociedades vencidas en esa causa a pagar el precio del negocio. <\/p>\n
5. Es palmario, desde luego, que la impugnadora dej\u00f3 de cumplir la tarea que le compet\u00eda desarrollar en este recurso de casaci\u00f3n, cual era, precisamente, combatir y derrumbar aquellas puntuales consideraciones del sentenciador; de esta manera, el verdadero razonamiento edificado por el ad-quem para concluir, como en efecto lo hizo, que la promotora de este proceso no era la titular del dominio de los predios cuya reivindicaci\u00f3n suplic\u00f3, se mantiene indemne, continuando, por tanto, abrigado por la presunci\u00f3n de verdad y acierto con que lleg\u00f3 a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
6. Al mantenerse en firme el aludido argumento del juez de segundo grado, ha de seguirse que los restantes yerros denunciados en los cargos, de existir, no tendr\u00edan la menor virtualidad para arrebatarle al fallo atacado la presunci\u00f3n que acierto que lo sigue respaldando, por lo que tales reproches devienen intrascendentes habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada en la providencia criticada se sigue manteniendo en ese soporte no derribado, haciendo as\u00ed imposible su aniquilamiento. <\/p>\n
A este respecto es de verse que cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n y la censura orienta la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, imput\u00e1ndole al juzgador la comisi\u00f3n de errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda, ya de hecho ora de derecho, es menester que el impugnador combata la totalidad de los pilares en que se apoya el fallo impugnado y, adicionalmente, que de as\u00ed hacerlo, obtenga \u00e9xito en su prop\u00f3sito, pues mientras uno de los basamentos de la decisi\u00f3n permanezca vigente, la sentencia pasa indemne en casaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Por tanto, no prosperan los cargos. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acusa el recurrente el fallo de violar, derechamente, los art\u00edculos 673, 756 y 1546 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y 665, 669, 673, 740, 745, 756, 759, 946, 947, 950, 955 y 956 del mismo c\u00f3digo, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Aludiendo al precitado art\u00edculo 1546, del que dice \u201ces uno de los m\u00e1s importantes par\u00e1metros de la legislaci\u00f3n colombiana\u201d, porque all\u00ed est\u00e1n \u201cconsagrados los principios fundamentales del sistema contractual\u201d, el censor advierte sobre la \u201csencillez brillante\u201d de la norma cuando, a elecci\u00f3n de quien se allan\u00f3 a cumplir o cumpli\u00f3 sus obligaciones, consagra, primeramente, como la m\u00e1s grave de las sanciones posibles para el contratante incumplido, la resoluci\u00f3n del negocio con indemnizaci\u00f3n de perjuicios y, despu\u00e9s, la acci\u00f3n de cumplimiento forzado, tambi\u00e9n con el resarcimiento de perjuicios, alternativa cuya explicaci\u00f3n encuentra en las conveniencias, sobre todo econ\u00f3micas, de la parte inocente en la inejecuci\u00f3n del acuerdo de voluntades; con esa base acota que cuando el juez encuentra que el demandante cumpli\u00f3 y que el demandado incumpli\u00f3, debe declarar, en primer t\u00e9rmino, \u201cla prosperidad de la cl\u00e1usula resolutoria, como un g\u00e9nero de sanci\u00f3n\u201d, para que seguidamente determine \u201ccu\u00e1l de las dos opciones eligi\u00f3 el demandante: la resoluci\u00f3n del contrato; o su cumplimiento, y procede en consecuencia\u201d. <\/p>\n
2. Seguidamente puntualiza el impugnador que imponer \u201ca la parte incumplida como sanciones la resoluci\u00f3n del contrato: \u2018el t\u00edtulo de la sociedad fue declarado resuelto\u2019 y el cumplimiento: \u2018lo que oblig\u00f3 a disponer que se hiciera \u2018por equivalente\u2019, que a la fecha tampoco se ha cumplido\u2019, es una errada interpretaci\u00f3n del contenido del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, porque pretender que una parte vencida en juicio, a pesar de lo incumplida que haya sido, tenga que devolver el bien (perder la propiedad), pagar el precio convenido indexado y ajustado y pagar los perjuicios que se hayan causado, es una iniquidad que no fue autorizada por la norma. Con esa interpretaci\u00f3n se distorsiona el verdadero sentido y el alcance de ese precepto legal\u201d(fl.49). <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior considera el recurrente que la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 673 y 756 del C\u00f3digo Civil se deduce del hecho de que lo afirmado por el tribunal traduce \u201cque la otra parte contractual, en este caso el vendedor Hernando Jaramillo Arrubla, readquiri\u00f3 la propiedad\u201d, y que al hacer esta afirmaci\u00f3n deja de aplicar el art\u00edculo 673 citado \u201cque establece los \u2018modos\u2019 de adquirir la propiedad y que no reconoce a una sentencia resolutoria de un contrato, sin su respectivo registro, la calidad de tal. Dar la calidad de \u2018propietario\u2019 al vendedor de un inmueble, as\u00ed se haya decretado en su favor la resoluci\u00f3n del contrato\u201d y privar de ella \u201cal comprador, as\u00ed se haya producido en su contra la decisi\u00f3n judicial, sin que se haya surtido la tradici\u00f3n mediante el registro de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, es una decisi\u00f3n mediante la cual se dejan de aplicar los art\u00edculos 673 y 756 del C\u00f3digo Civil que establecen el \u00fanico camino legal para adquirir y perder el dominio\u201d de un bien. <\/p>\n
3. Termina el casacionista aduciendo que la errada interpretaci\u00f3n que el sentenciador le dio a las normas que enunci\u00f3 en el encabezamiento del cargo, \u201cespecialmente del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil\u201d, fue la causa determinante de que el juez de segundo grado hubiera dado por establecido que la actora no demostr\u00f3 ser la propietaria de los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n, y para que hubiera desestimado las pretensiones, dejando de aplicar las normas \u201csustanciales regulativas de la acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio, que es la principalmente deducida en la demanda, en la faceta o modalidad prevista por el art\u00edculo 955 del mismo C\u00f3digo\u201d(fl.50). <\/p>\n
Situada tambi\u00e9n en la causal primera de casaci\u00f3n, la sociedad recurrente acusa la sentencia del Tribunal como directamente violatoria, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, de los art\u00edculos 673, 756 y 1546 del C\u00f3digo Civil y, por falta de aplicaci\u00f3n, de \u201clos art\u00edculos 665, 669, 673, 740, 745, 756, 759 y especialmente los textos que consagran la acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio: 946, 947, 950, 955, 956 y concordantes de la misma codificaci\u00f3n civil\u201d. <\/p>\n
Aludiendo al precitado art\u00edculo 1546, del que dice \u201ces uno de los m\u00e1s importantes par\u00e1metros de la legislaci\u00f3n colombiana, porque en \u00e9l estan (sic) consagrados los principios fundamentales del sistema contractual de nuestra patria\u201d, el recurrente advierte sobre la \u201csencillez brillante\u201d de la norma cuando, a elecci\u00f3n de quien se allan\u00f3 a cumplir o cumpli\u00f3 sus obligaciones, consagra, primeramente, como la m\u00e1s grave de las sanciones posibles para el contratante incumplido, la resoluci\u00f3n del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios y, despu\u00e9s, la acci\u00f3n de cumplimiento forzado, tambi\u00e9n con el resarcimiento de perjuicios, alternativa cuya explicaci\u00f3n encuentra en las conveniencias, sobre todo econ\u00f3micas, de la parte inocente en la inejecuci\u00f3n del acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Con tal base acota, que \u201cCuando el Juez ante quien uno de los contratantes la invoca encuentra que el demandante est\u00e1 cumplido y que el demandado realmente incumpli\u00f3, en primer t\u00e9rmino declara la prosperidad de la cl\u00e1usula resolutoria, como un g\u00e9nero de sanci\u00f3n; a continuaci\u00f3n determina cu\u00e1l de las dos opciones eligi\u00f3 el demandante: la resoluci\u00f3n del contrato; o su cumplimiento, y procede en consecuencia\u201d. <\/p>\n
Retomando las apreciaciones consignadas en el fallo recurrido en casaci\u00f3n precisa, que \u201cImponer a la parte incumplida como sanciones la resoluci\u00f3n del contrato: \u2018el t\u00edtulo de la sociedad fue declarado resuelto\u2019 y el cumplimiento: \u2018lo que oblig\u00f3 a disponer que se hiciera \u2018por equivalente\u2019, que a la fecha tampoco se ha cumplido\u2019, es una errada interpretaci\u00f3n del contenido del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, porque pretender que una parte vencida en juicio, a pesar de lo incumplida que haya sido, tenga que devolver el bien (perder la propiedad), pagar el precio convenido indexado y ajustado y pagar los perjuicios que se hayan causado, es una iniquidad que no fue autorizada por la norma. Con esa interpretaci\u00f3n se distorsiona el verdadero sentido y el alcance de ese precepto legal\u201d. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior considera el recurrente, que la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 673 y 756 del C\u00f3digo Civil se deduce del hecho de traducir el juicio del Tribunal, \u201ccontrario sensu\u201d, \u201cque la otra parte contractual, en este caso el vendedor Hernando Jaramillo Arrubla, readquiri\u00f3 la propiedad\u201d. \u201cAl hacer esta afirmaci\u00f3n, esta inaplicando el art\u00edculo 673 del C\u00f3digo Civil que establece los \u2018modos\u2019 de adquirir la propiedad y que no reconoce a una sentencia resolutoria de un contrato, sin su respectivo registro, la calidad de tal. Dar la calidad de \u2018propietario\u2019 al vendedor de un inmueble, as\u00ed se haya decretado en su favor la resoluci\u00f3n del contrato, y consecuencialmente (sic), privar de tal calidad al comprador, as\u00ed se haya producido en su contra la decisi\u00f3n judicial, sin que se haya surtido la tradici\u00f3n mediante el registro de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, es una decisi\u00f3n mediante la cual se dejan de aplicar los art\u00edculos 673 y 756 del C\u00f3digo Civil que establecen el \u00fanico camino legal para adquirir y perder el dominio del bien reivindicado en las circunstancias en las que se dict\u00f3 la sentencia\u201d. <\/p>\n
Termina el recurrente diciendo, que \u201cLa errada inteligencia o interpretaci\u00f3n que el sentenciador ad quem le dio a las normas legales sustanciales que enuncio en el encabezamiento de este cargo segundo, muy especialmente del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil,\u2026., fue la causa determinante de que el Tribunal no hubiera dado por demostrado que la sociedad demandante s\u00ed aport\u00f3 t\u00edtulo suficiente para demostrar (sic) su propiedad sobre los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n; y para que, como consecuencia, hubiera desestimado la pretensi\u00f3n reivindicatoria dejando de aplicar al caso, lo que s\u00ed corresponde aplicar a esta litis, las normas legales sustanciales regulativas de la acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio, que es la principalmente deducida en la demanda, en la faceta o modalidad prevista por el art\u00edculo 955 del mismo C\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. Por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta de la misma causal. <\/p>\n
Sobre el punto tiene dicho la Corte que en los planteamientos de un cargo propuesto por la causal primera de casaci\u00f3n, por la v\u00eda directa, \u201cha de prescindirse por completo de las conclusiones a que haya arribado el fallador sobre el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y probatorio del proceso. Si se acusa la sentencia de quebrar derechamente una norma de linaje material, ning\u00fan reparo debe hallarse al aspecto se\u00f1alado, porque precisamente en ese t\u00f3pico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es lo mismo, el recurrente no puede separarse de las conclusiones que deriv\u00f3 el Tribunal en el examen de los hechos. \u2018En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u2019\u201d(G. J., t. CCXII, pag.34). <\/p>\n
2. Teniendo en la mira que la acci\u00f3n aqu\u00ed intentada corresponde a la reivindicatoria especial consagrada en el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil, como sin ambages incluso lo sostiene la censura, y que este asunto no involucr\u00f3 como objeto la pretensi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se juzgara sobre la resoluci\u00f3n de la compraventa incorporada en la escritura p\u00fablica n\u00famero 662 de 10 de mayo de 1978, aspecto en relaci\u00f3n con el cual vers\u00f3 el proceso ordinario de Hernando Jaramillo Arrubla contra Ricardo Mej\u00eda Isaza, Ruby L\u00f3pez Vda. de Mej\u00eda, Jaime Giraldo Garc\u00eda y Compa\u00f1\u00eda Limitada e Hijos de Gilberto Jaramillo Limitada, es de observarse que la acusaci\u00f3n planteada no se ajusta a las puntuales y precisas directrices enantes expuestas, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
3. En efecto, siendo que no fue tarea del tribunal en la sentencia aqu\u00ed combatida determinar si proced\u00eda o no, respecto de la indicada enajenaci\u00f3n, aplicar el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y menos definir si como consecuencia de ello esa convenci\u00f3n deb\u00eda o no resolverse, o cumplirse forzadamente, sino que, como ya qued\u00f3 ampliamente sustentado, su actividad en parte se circunscribi\u00f3 a valorar las sentencias que en el asunto jurisdiccional atr\u00e1s identificado se profirieron, arrimadas como pruebas oficiosas a esta causa, y en las que s\u00ed se emiti\u00f3 juicio vinculante positivo al respecto, deviene claro que la cr\u00edtica planteada por el recurrente en verdad versa sobre la forma como el juzgador apreci\u00f3 los aludidos fallos y la conclusi\u00f3n que de esa ponderaci\u00f3n obtuvo, relativa al hecho de que la actora no demostr\u00f3 ser la propietaria de los bienes a reivindicar, como quiera que la indicada compraventa fue, por el incumplimiento de las compradoras, declarada resuelta. <\/p>\n
4. Como la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n est\u00e1 ce\u00f1ida al campo de la valoraci\u00f3n probatoria y de los hechos, pues en verdad lo que all\u00ed le reprocha el censor al juzgador es la forma como apreci\u00f3 las sentencias de segunda instancia y de casaci\u00f3n con que se defini\u00f3 aquel litigio ordinario y la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que de esa ponderaci\u00f3n extrajo, fluye palmario que la cr\u00edtica, por evidenciar el defecto que se deja precisado no est\u00e1 llamada a abrirse paso. <\/p>\n
5. El cargo entonces no prospera. <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acontece cuando, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, el sentenciador deja de aplicar al caso controvertido la norma a que deb\u00eda someterse el mismo y, consecuentemente, hace actuar disposiciones materiales extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto, erra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. Por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta de la misma causal. <\/p>\n
2. Tomando como punto de partida las precisiones generales que se dejan expuestas y haci\u00e9ndose \u00e9nfasis en que la acci\u00f3n intentada con la demanda que dio nacimiento a este debate, como lo puntualiza la propia recurrente, corresponde a la reivindicatoria especial consagrada en el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil, sin que por tanto haya sido su objeto juzgar sobre la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura 662 de 10 de mayo de 1978, cuesti\u00f3n legal que fue decidida en el proceso ordinario que Hernando Jaramillo Arrubla promovi\u00f3 contra Ricardo Mej\u00eda Isaza, Ruby L\u00f3pez Vda. de Mej\u00eda, Jaime Giraldo Garc\u00eda y C\u00eda. Ltda. e Hijos de Gilberto Jaramillo Ltda., establece la Corte que el cargo de que ahora se trata no se ajusta, en esencia, al motivo de casaci\u00f3n en que se funda. <\/p>\n
En verdad, si como queda dicho, no fue labor del Tribunal de Pereira en la sentencia aqu\u00ed combatida determinar si proced\u00eda o no, respecto de la indicada enajenaci\u00f3n, aplicar el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y menos, por tanto, definir si como consecuencia de ello esa convenci\u00f3n deb\u00eda o no resolverse, o cumplirse forzadamente, sino que, como ya qued\u00f3 ampliamente sustentado, su actividad, en parte, se circunscribi\u00f3 a valorar las sentencias que en el asunto jurisdiccional atr\u00e1s identificado se profirieron, arrimadas como pruebas oficiosas a este informativo, y en las que s\u00ed se emiti\u00f3 juicio vinculante positivo al respecto, resulta entonces, que el reproche que se decide, en verdad versa sobre la forma como el ad – quem apreci\u00f3 los aludidos fallos y la conclusi\u00f3n que de esa ponderaci\u00f3n obtuvo, relativa al hecho de que la demandante no demostr\u00f3 ser la propietaria de los bienes a reivindicar, como quiera que la indicada compraventa fue, por el incumplimiento de las compradoras, declarada resuelta. <\/p>\n
3. Estando circunscrita, en el fondo, la fundamentaci\u00f3n del cargo examinado al campo de la valoraci\u00f3n probatoria y de los hechos, pues en verdad lo que con \u00e9l reprocha el censor al Tribunal es la forma como apreci\u00f3 las sentencias de segunda instancia y casaci\u00f3n con que se defini\u00f3 el litigio ordinario tambi\u00e9n ya varias veces relacionado y la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que de esa ponderaci\u00f3n extrajo, se repite, que la demandante no demostr\u00f3 ser la propietaria de los bienes a reivindicar, fluye palmario que la acusaci\u00f3n, por evidenciar el defecto que se deja precisado, en lo que se lleva estudiado, no est\u00e1 llamada a abrirse paso. <\/p>\n
4. Dejando de lado el yerro t\u00e9cnico detectado, debe acotarse que el cargo en examen no puede merecer aceptaci\u00f3n, pues de las argumentaciones esgrimidas por el Tribunal en su fallo no se deduce errada interpretaci\u00f3n de las normas que indica la censura, en especial del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, ni inaplicaci\u00f3n de los otros preceptos citados por el recurrente, como quiera que en forma alguna el ad-quem, en el prove\u00eddo combatido, sancion\u00f3 o admiti\u00f3 que la sociedad aqu\u00ed demandante hubiese sido sancionada, a un mismo tiempo, con la p\u00e9rdida de la propiedad del inmueble que hab\u00eda adquiri\u00f3 mediante la escritura No. 662 de 10 de mayo de 1978 e imponi\u00e9ndosele, por una parte, el deber de pagar el precio convenido en dicha compraventa con intereses y correcci\u00f3n monetaria y, por otra, la obligaci\u00f3n de resarcir al vendedor los perjuicios a \u00e9l ocasionados con el establecido incumplimiento contractual, que, se reitera, justific\u00f3 la resoluci\u00f3n de ese negocio. <\/p>\n
Cosa diferente es que, tal y como se ilustr\u00f3 ampliamente al desatar los cargos primero y tercero, la Corte, en su sentencia de 30 de julio de 1992, haya, con estricto apego a la invocada norma, declarado la resoluci\u00f3n de la tantas veces mencionada compraventa, quedando extinguida jur\u00eddicamente esa relaci\u00f3n negocial, y que, como efecto de ello, adoptara las medidas para que las cosas volvieran al estado en que se encontraban para cuando se contrat\u00f3, disponiendo, por la imposibilidad de que se verificara la restituci\u00f3n material del predio al vendedor, que las sociedades compradoras pagaran el valor del mismo al tiempo de la convenci\u00f3n, con intereses e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Alejado de toda realidad se encuentra el otro sustento de la acusaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, como quiera que, en forma alguna, puede afirmarse que el Tribunal en el fallo recurrido dispuso, o siquiera consider\u00f3, que Jaramillo Arrubla, como consecuencia de la tantas veces citada sentencia de la Corte de 30 de julio de 1992, \u201creadquiri\u00f3 la propiedad\u201d del predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d y, menos, que ello hubiese tenido lugar con apoyo en el mencionado fallo, cuando este no se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula perteneciente al bien, o en los folios de matr\u00edcula de los lotes en que aquella heredad se dividi\u00f3. <\/p>\n
El juicio del Tribunal, como con nitidez meridiana se desprende del texto mismo de la sentencia atacada, se limit\u00f3 a sostener la resoluci\u00f3n del contrato de adquisici\u00f3n de los terrenos por parte de la demandante y la otra sociedad compradora y, adicionalmente, que esa forma de extinci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico no surt\u00eda efectos frente a los terceros que, por haberlos comprado de buena fe, ten\u00edan en su poder los lotes materia de la reivindicaci\u00f3n suplicada; por tanto, lejos estuvo el Tribunal de predicar la readquisicisi\u00f3n del predio \u201cEl Boh\u00edo\u201d por parte de Jaramillo Arrubla y por ello, precisamente, dispuso que como resultado de la resoluci\u00f3n contractual declarada y ante la imposibilidad de restituirle el terreno, se le pagar\u00e1 el valor que este ten\u00eda para cuando se verific\u00f3 la compraventa, con correcci\u00f3n monetaria e intereses. <\/p>\n
6. Siendo ello as\u00ed, esto es, careciendo de verdad que el Tribunal hubiese concluido o decidido lo que la censura afirma, mal puede reconocerse la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales que se dicen violadas.—————–Se concluye entonces que el cargo deber\u00e1 rechazarse. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de diciembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-285-2005 [7567] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7567. Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}