SC-286-2005 [1100131030201992-03132-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Referencia: Expediente C-1100131030201992-03132-01 <\/p>\n
Se deciden los recursos de casaci\u00f3n que interpusieron las partes, incluido el litisconsorte del demandante, respecto de la sentencia de 1\u00ba de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de \u00c1lvaro Ricardo Viveros Arteaga contra el Banco de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El demandante, en su calidad de heredero de Pastor Viveros Bola\u00f1os, fallecido el 8 de febrero de 1982, solicit\u00f3 que se declarara que entre el causante y la entidad demandada se celebr\u00f3 un contrato en virtud del cual \u00e9sta recibi\u00f3 de aqu\u00e9l los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino que identifica, con el fin de que los intereses que generaran se \u201cincorporaran en nuevos t\u00edtulos que tambi\u00e9n habr\u00edan de producir intereses\u201d, y as\u00ed \u201csucesivamente\u201d con todos los r\u00e9ditos que se causaran, y que como consecuencia del incumplimiento de esa obligaci\u00f3n se ordenara expedir los t\u00edtulos correspondientes. <\/p>\n
Como pretensiones primeras subsidiarias impetr\u00f3 que se declarara que el contrato celebrado ten\u00eda por finalidad \u201cel manejo de los frutos que deb\u00edan producir dichos t\u00edtulos en la forma en que produjeran los rendimientos m\u00e1s altos posibles\u201d, y que en el supuesto de que no se hubiere pactado la incorporaci\u00f3n de los frutos en nuevos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino en la forma como se describe en la pretensi\u00f3n principal, se ordenara al banco hacer la \u201creinversi\u00f3n\u201d, expidiendo, como consecuencia del \u201cabuso del derecho\u201d por no haber realizado esa reinversi\u00f3n, los t\u00edtulos que debi\u00f3 emitir. <\/p>\n
Com\u00fan a las pretensiones anteriores pidi\u00f3 que se condenara al banco demandado a pagar los \u201cperjuicios sufridos\u201d, consistentes en la \u201cdiferencia\u201d que existiera entre el valor de los intereses que se deb\u00edan incorporar en cada uno de los sucesivos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino que habr\u00edan de expedir, a t\u00edtulo de \u201ccumplimiento del contrato\u201d o del \u201cejercicio normal del derecho\u201d, y los intereses moratorios comerciales. <\/p>\n
Como s\u00faplicas segundas subsidiarias solicit\u00f3 que se declarara que la entidad demandada se enriqueci\u00f3 sin justa causa, al seguir utilizando en el giro ordinario de sus negocios, los intereses que a partir de los primeros certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino sucesivamente se deb\u00edan incorporar en nuevos t\u00edtulos de la misma naturaleza. <\/p>\n
2.- Omitiendo cualquier referencia a Fiduciaria Colombia S. A., tambi\u00e9n demandada, pero excluida del proceso, en virtud del desistimiento presentado y aceptado, las pretensiones se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se compendian: <\/p>\n
2.1.- Constituidos en el Banco de Colombia, entre agosto y diciembre de 1981, los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de noventa d\u00edas que se mencionan, el acreedor Pastor Viveros Bola\u00f1os los entreg\u00f3 a la misma instituci\u00f3n bancaria mediante \u201cconvenios nominados de custodia\u201d, seg\u00fan consta en los recibos expedidos, para que liquidara los intereses pactados a su vencimiento y pr\u00f3rrogas, y los reinvirtiera en nuevos t\u00edtulos con intereses, y as\u00ed sucesivamente. <\/p>\n
2.2.- Al realizar el \u201cendoso y entrega\u201d de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, el titular del derecho incorporado en los mismos hizo saber al gerente de la entidad bancaria demandada, sucursal de la ciudad de Ipiales, que se propon\u00eda obtener el mayor rendimiento del capital para obtener recursos suficientes con el fin de establecer un negocio de distribuci\u00f3n de automotores. <\/p>\n
2.3.- En cumplimiento del compromiso contractual, el Banco de Colombia, en febrero y junio de 1982, liquid\u00f3 intereses de los certificados que recibi\u00f3 en custodia y los capitaliz\u00f3 emitiendo nuevos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino. <\/p>\n
2.4.- Ocurrido el \u00f3bito del acreedor, el apoderado general del citado banco, en carta remitida a uno de sus herederos, confirm\u00f3 que hab\u00eda capitalizado intereses de los mentados t\u00edtulos valores, \u201cdurante algunos meses solamente, pero que se abstuvo de seguir cumpliendo con ese deber\u201d. <\/p>\n
3.- La entidad bancaria demandada se opuso a las pretensiones, porque aparte de que tres de los t\u00edtulos hab\u00edan sido embargados y puestos a disposici\u00f3n de un juzgado laboral, en tanto que otro correspond\u00eda a persona distinta de Pastor Viveros Bola\u00f1os, no era cierto que se hubiera obligado a invertir las sumas liquidadas por intereses, en forma permanente, en nuevos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, y porque cuando as\u00ed se procedi\u00f3 obedeci\u00f3 a instrucciones espec\u00edficas. <\/p>\n
4.- Tramitado el proceso, con la aceptaci\u00f3n de Leonel Ch\u00e1vez Agudelo como litisconsorte del demandante, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 17 de julio de 2001, desestim\u00f3 todas las pretensiones, decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte actora, para en su lugar acceder a las pretensiones primeras subsidiarias. <\/p>\n
1.- Para el Tribunal, \u201cninguna discusi\u00f3n\u201d exist\u00eda sobre los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino que Pastor Viveros Bola\u00f1os hab\u00eda constituido en el Banco de Colombia, entre agosto y diciembre de 1981, porque adem\u00e1s de estar probado el hecho documentalmente, tambi\u00e9n se acept\u00f3 por dicha entidad bancaria. <\/p>\n
2.- Establecidas las obligaciones que a cargo del banco demandado emanaban de los referidos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, como era rembolsar al depositante la suma entregada, junto con sus rendimientos, al vencimiento del t\u00e9rmino pactado, el sentenciador ocup\u00f3 su atenci\u00f3n a averiguar si entre las partes se hab\u00edan celebrado otros tipos de convenios como los esgrimidos por la parte demandante. <\/p>\n
Con referencia a los testimonios de Segundo Wilson Recalde Chac\u00f3n, H\u00e9ctor Revelo, Alberto Trujillo Rodr\u00edguez y Bayardo Efra\u00edn Mora, a las diligencias de inspecci\u00f3n judicial practicadas y a los documentos en la misma aportados, al igual que al contenido de unas comunicaciones, el Tribunal concluy\u00f3 que no exist\u00eda prueba que permitiera afirmar, como se solicit\u00f3 en las pretensiones principales, que entre las partes se hab\u00eda perfeccionado un negocio jur\u00eddico, en virtud del cual los intereses de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino constituidos en 1981, deb\u00edan originar otros t\u00edtulos valores de la misma especie, en forma \u201cperi\u00f3dica, sucesiva e ilimitada\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan las pruebas recaudadas, analizadas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, se trataba, por el contrario, de unos actos que ven\u00edan ejecut\u00e1ndose tiempo atr\u00e1s y que fueron la causa de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino 212521 y 212615, que no fueron originales, pero que se relacionaron como tales. Adem\u00e1s, el demandante desconoc\u00eda que los intereses devengados se aplicar\u00edan, am\u00e9n de la apertura de algunos t\u00edtulos, a \u201cvarias cuentas\u201d y a \u201ccubrir otras operaciones crediticias entre las mismas partes\u201d, no s\u00f3lo conforme a las \u201cprevias instrucciones de su mismo titular mientras estuvo en vida\u201d, quien por ser un cliente especial ten\u00eda prerrogativas como persona natural y como propietario del establecimiento de comercio \u201cPASVIVEROS\u201d, sino tambi\u00e9n de las instrucciones del \u201cadministrador de su almac\u00e9n debidamente autorizado\u201d. <\/p>\n
Si bien despu\u00e9s de la muerte del depositante el banco procedi\u00f3 a abrir nuevos t\u00edtulos, hasta 1985, esto no implicaba necesariamente la \u201creinversi\u00f3n autom\u00e1tica de intereses, porque durante 1982, en varias oportunidades, se acredit\u00f3 a la cuenta corriente No. 583 el pago de algunos intereses de los CDTs antes mencionados [circunstancia que acompasa con la contabilidad del almac\u00e9n PASVIVEROS], y porque tampoco hab\u00eda coincidencia entre las fechas de vencimiento y las fechas de creaci\u00f3n de los t\u00edtulos que se suscribieron en ese lapso, aunado a que tampoco se determin\u00f3 la fecha en que se efectu\u00f3 la redenci\u00f3n cierta de unos y otros\u201d. <\/p>\n
3.- Con relaci\u00f3n a las pretensiones primeras subsidiarias, el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que del \u201can\u00e1lisis en conjunto de los distintos medios de prueba recaudados, y sobre todo, de la conducta desarrollada por el Banco\u201d, se pod\u00eda establecer que los t\u00edtulos fueron dejados en custodia en la secci\u00f3n fiduciaria, tambi\u00e9n pod\u00eda colegirse, al existir libertad probatoria para el efecto, que lo \u201cconvenido por las partes se circunscrib\u00eda a un encargo fiduciario en donde correspond\u00eda al fiduciario manejar el capital representado en los certificados de dep\u00f3sito\u201d de tal forma que produjeran los \u201crendimientos m\u00e1s altos posibles\u201d. <\/p>\n
As\u00ed se observaba en la declaraci\u00f3n de Bayardo Efra\u00edn Mora, otrora gerente del Banco de Colombia, Sucursal Ipiales, cuando manifest\u00f3 que \u201cdon PASTOR en su calidad de cliente buscaba la m\u00e1xima rentabilidad, aspecto \u00e9ste que concuerda -ese s\u00ed- con la expedici\u00f3n de nuevos CDTs producto de la reinversi\u00f3n de intereses\u201d. Por otro lado, como al recibir los dep\u00f3sitos a t\u00e9rmino el banco estaba captando dineros para utilizarlos en su labor de intermediaci\u00f3n con fines lucrativos, su actividad tambi\u00e9n deb\u00eda generar frutos para quien entreg\u00f3 en dep\u00f3sito y luego en custodia cantidades determinadas, cuyos montos no fueron desconocidos a lo largo del proceso. <\/p>\n
Finalidad que aunque fue cumplida de manera eficiente y profesional por el fiduciario entre \u201c1982 a 1985\u201d, sin embargo, la consignaci\u00f3n que por $268.104.403.20 realiz\u00f3 a la sucesi\u00f3n de Pastor Viveros Bola\u00f1os, el 24 de octubre de 1995, cuando fue requerido por el Juzgado Segundo de Familia de Ipiales, tuvo apenas la connotaci\u00f3n de un pago parcial, pues no reflejaba los \u201crendimientos m\u00e1s altos posibles\u201d que debieron producirse despu\u00e9s de la muerte del depositante. \u201cDe hecho, esa cancelaci\u00f3n parcial de las prestaciones a su cargo s\u00f3lo cubri\u00f3 algunos de los intereses pactados\u201d, no as\u00ed el \u201ccapital incorporado en los CDTs\u201d. <\/p>\n
En concordancia, se tornaba necesario acceder a las pretensiones primeras subsidiarias, declarando la existencia del contrato de encargo fiduciario e imponiendo a la entidad demandada la obligaci\u00f3n de pagar los \u201cintereses remuneratorios pactados expresamente en cada uno de los 21 CDTs que custodiaba\u201d, los cuales se calcular\u00edan desde el 27 de septiembre de 1985, fecha en que dej\u00f3 de hacer la reinversi\u00f3n de los intereses, hasta el 24 de octubre de 1995, cuando la autoridad competente, el juez de la sucesi\u00f3n, requiri\u00f3 el \u201cpago efectivo del capital y los intereses representados en dichos t\u00edtulos\u201d. <\/p>\n
En tal c\u00e1lculo no se tendr\u00edan en cuenta los r\u00e9ditos de los t\u00edtulos 541328, 513228 y 513107, \u201clos cuales por no devenir de liquidaci\u00f3n de intereses anteriores, seg\u00fan las explicaciones rendidas por el BANCO DE COLOMBIA\u201d, s\u00f3lo generar\u00edan \u201cintereses desde su vencimiento individualmente considerado\u201d. Tampoco se tomar\u00eda nota de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino 16169, 198834, 200700 y 439498, por haber sido \u201cembargados y cancelados por cuenta de varios despachos judiciales, esto es, mediante \u00f3rdenes judiciales de imperativo acatamiento, lo que imped\u00eda que siguieran generando frutos\u201d. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, el sentenciador ocup\u00f3 su atenci\u00f3n a se\u00f1alar que si bien para fulminar la condena anunciada las conclusiones del dictamen pericial presentado en 1994, no concordaban con la liquidaci\u00f3n de intereses, en la forma dicha, tales conclusiones no conduc\u00edan a la existencia de un error grave, situaci\u00f3n que hac\u00eda impr\u00f3spera la objeci\u00f3n al respecto planteada, porque no se trataba de resultados arbitrarios o irrazonables. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, el Tribunal, luego de declarar la existencia del contrato referido, conden\u00f3 al banco demandado a pagar a la sucesi\u00f3n de Pastor Viveros Bola\u00f1os, la suma de $168.575.166.28, que correspond\u00eda al saldo total adeudado, con intereses moratorios comerciales desde el 25 de octubre de 1995, hasta cuando se verificara su pago. <\/p>\n
LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Como los dos cargos propuestos por el banco demandado se entroncan con las pretensiones subsidiarias, la Corte resolver\u00e1, primero, los tres cargos formulados conjuntamente por el demandante y su litisconsorte, empezando por el segundo y tercero, aunadamente, por las razones que en su momento se indicar\u00e1n, cargos que tambi\u00e9n tienen que ver con las pretensiones principales, y luego aquellos, en el mismo orden propuesto, por ser el que l\u00f3gicamente les corresponde. <\/p>\n
RECURSO DEL DEMANDANTE Y DEL LITISCONSORTE <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1155, 1546, 1602, 1608, ordinal 2\u00ba, 1615, 1622, 1625, 1634 del C\u00f3digo Civil, 515, 619, 626, 629, 647, 651, 654, 803, 822, 833, 870, 884, 1226, 1230, ordinal 3\u00ba, 1233, 1234, ordinales, 1\u00ba 3\u00ba, 4\u00ba y 6\u00ba, 1235, ordinal 3\u00ba, 1238, 1240, ordinales 3\u00ba, 10 y 11, 1243, 1332, 1335, 1393 del C\u00f3digo de Comercio, 16, 49 y 325-14 del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Financiero. <\/p>\n
2.- En su desarrollo, los recurrentes manifiestan que al concluirse, para negar las pretensiones principales, que los intereses de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino se aplicar\u00edan a \u201ccuentas corrientes\u201d o a \u201cotras obligaciones para con el mismo banco\u201d, \u201centre las cuales se destacan las que devinieron de las cartas de cr\u00e9dito que fueron otorgadas para sus negocios de importaci\u00f3n\u201d, am\u00e9n de la expedici\u00f3n de nuevos t\u00edtulos de la misma naturaleza, todo conforme a las \u201cpropias instrucciones\u201d de Pastor Viveros Bola\u00f1os, \u201cmientras estuvo en vida\u201d, due\u00f1o de \u201cPASVIVEROS\u201d, o a las instrucciones del \u201cadministrador\u201d de ese almac\u00e9n \u201cdebidamente autorizado\u201d, el Tribunal desconoci\u00f3 que el factor del establecimiento de comercio, no pod\u00eda variar el \u201cnegocio de custodia fiduciaria descrito en la primera pretensi\u00f3n y en los hechos de la demanda\u201d, \u201cmucho menos despu\u00e9s de la muerte de aqu\u00e9l\u201d, ocurrida el 6 de febrero de 1982, porque no era el representante de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
El banco demandado, en consecuencia, debi\u00f3 seguir cumpliendo la obligaci\u00f3n de reinvertir los rendimientos de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino entregados en custodia, siguiendo las instrucciones dadas en vida por el cliente, \u201ctal como lo hizo cada trimestre entre febrero de 1982 y octubre de 1985\u201d, pero como dej\u00f3 de hacerlo, es claro que la citada entidad bancaria se encontraba compelida a resarcir los perjuicios causados \u201cen la forma pedida en la demanda\u201d, todo de acuerdo a la estimaci\u00f3n efectuada de modo coincidente por los tres dict\u00e1menes periciales rendidos dentro del proceso. <\/p>\n
3.- Agregan, con relaci\u00f3n a las pretensiones primeras subsidiarias, que el Tribunal desconoci\u00f3 las normas que regulaban el contrato de fiducia y los encargos de confianza, as\u00ed como las atinentes a los t\u00edtulos valores, al condenar s\u00f3lo el pago de los intereses moratorios del saldo no remitido al juez de la sucesi\u00f3n, y al descontar los t\u00edtulos que fueron embargados, mas no secuestrados, lo mismo que los expedidos en agosto, septiembre y octubre de 1985, por no corresponder a reinversi\u00f3n de intereses anteriores. <\/p>\n
Seg\u00fan los recurrentes, la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 porque el Tribunal exoner\u00f3 a la entidad demandada a que siguiera cumpliendo diligentemente, a partir de octubre de 1985, \u201ctal como lo hizo hasta entonces\u201d, el compromiso de obtener la mayor rentabilidad posible del capital representado en los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino recibidos en custodia, limit\u00e1ndose a condenar intereses moratorios sobre el saldo no remitido al juez de la sucesi\u00f3n, y porque consider\u00f3 v\u00e1lido que dicho banco pod\u00eda variar la forma de manejar el fideicomiso, manteniendo guardados los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando se\u00f1al\u00f3 que los intereses se calcular\u00edan hasta el 24 de octubre de 1995, fecha en la cual el juez de la sucesi\u00f3n requiri\u00f3 para que se remitiera el valor de los t\u00edtulos y sus accesorios, el sentenciador crey\u00f3 que los convenios de custodia hab\u00edan terminado en esa fecha, siendo que como esto no se erig\u00eda como causal legal para ese prop\u00f3sito, era de entender que expirar\u00edan en veinte a\u00f1os. <\/p>\n
Igualmente, al excluir no s\u00f3lo los t\u00edtulos 541328, 513228 y 513107, creados en agosto, septiembre y octubre de 1985, porque as\u00ed no devinieran de intereses anteriores, esto no constitu\u00eda un modo legal para extinguir las obligaciones, sino tambi\u00e9n los n\u00fameros 186169, 198834, 200700 y 439498, puesto que si bien fueron embargados, de todos modos no fueron secuestrados. De manera que como tales t\u00edtulos f\u00edsicamente se encontraban en poder del fiduciario, quien estaba obligado a defenderlos jur\u00eddicamente, oponi\u00e9ndose a la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, pues pertenec\u00edan a un patrimonio aut\u00f3nomo, el derecho incorporado en los mismos segu\u00eda en cabeza del fideicomitente o sus herederos. <\/p>\n
4.- Concluyen los recurrentes que si el Tribunal no incurre en los yerros anotados, habr\u00eda acogido las pretensiones principales o accedido a las primeras subsidiarias, \u00e9stas \u201csin el recorte al contenido o alcance\u201d que de las mismas hizo. Solicita, por lo tanto, que se case el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia y se condene al banco demandado a cumplir los convenios de custodia celebrados, tasando la condena con base en la prueba pericial e imputando a intereses el abono efectuado a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n indirecta de las mismas disposiciones que se citan en el cargo anterior, salvo los art\u00edculos 626, 884 y 1235 del C\u00f3digo de Comercio, y adicionalmente, los art\u00edculos 834, ib\u00eddem, 1656 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la Resoluci\u00f3n 214 de 1975 de la Superintendencia Bancaria, como consecuencia de errores de hecho y de derecho probatorios. <\/p>\n
2.- Afirman los recurrentes que las pruebas recaudadas no demuestran, contrario a como lo concluy\u00f3 el Tribunal, que despu\u00e9s de la entrega de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino materia del litigio y antes de la muerte de Pastor Viveros Bola\u00f1os, \u00e9ste dej\u00f3 sin efecto las instrucciones que hab\u00eda dado para el manejo de dichos t\u00edtulos, menos que hubiere ordenado acreditar a su cuenta corriente, la n\u00famero 583, el capital o los intereses, o destinado tales r\u00e9ditos a pagar otras obligaciones, suyas o del almac\u00e9n de su propiedad, las cuales, entre otras cosas, no fueron acreditadas. <\/p>\n
Los testigos Alberto Trujillo Rodr\u00edguez, otrora gerente del Banco de Colombia, sucursal Ipiales, quien no conoci\u00f3 a Viveros Bola\u00f1os, y Segundo Wilson Recade Chac\u00f3n, funcionario del mismo banco, se refieren, seg\u00fan se resalta, a instrucciones posteriores al deceso de \u00e9ste, dadas precisamente por el administrador del citado establecimiento de comercio. Los declarantes Ruth Amparo Cabrera, Jaime Orlando Cisneros y Modesto Rosero, tambi\u00e9n empleados de la misma instituci\u00f3n, omitidos por el Tribunal, \u201cdijeron mas o menos lo mismo\u201d que Recade Chac\u00f3n, \u201csin ser expl\u00edcitos como \u00e9l\u201d. <\/p>\n
H\u00e9ctor Revelo, administrador de Pasviveros, nada puso de presente sobre el particular, al contrario, hace distinci\u00f3n entre los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de Pastor Viveros Bola\u00f1os y los del almac\u00e9n, y se\u00f1ala que los del primero, a su muerte, conservaron su estructura, a la par que reconoce que despu\u00e9s de tal \u00f3bito se establecieron algunos a nombre del segundo. Circunstancia esta \u00faltima que confirma la carta de 27 de septiembre de 1983, aludida por el Tribunal, donde el testigo solicit\u00f3 al demandado que con los intereses de los certificados de dep\u00f3sito originales as\u00ed procediera. <\/p>\n
Libia Ibarra de Lugo, empleada del establecimiento de comercio, cuya declaraci\u00f3n no fue tenida en cuenta por el sentenciador, recuerda la existencia de dos cuentas corrientes, la personal de Pastor Viveros Bola\u00f1os y la del establecimiento de comercio, abierta posteriormente a la muerte de aqu\u00e9l, y aclara que la primera, ocurrido tal deceso, qued\u00f3 congelada. Y en la comunicaci\u00f3n que la misma testigo envi\u00f3 al banco demandado, el 13 de agosto de 1985, \u201cnada prueba sobre el asunto en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Las copias simples de los registros contables del establecimiento de comercio, allegadas en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada, igualmente referidas por el Tribunal, demuestran que unos eran los certificados del almac\u00e9n y otros los del causante, y que contrario a como se concluy\u00f3, corroboran que a la cuenta corriente del establecimiento de comercio se abonaron intereses, pero de certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rminos distintos a los del proceso. <\/p>\n
En cuanto a las seis copias simples de los recibos incorporados tambi\u00e9n en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, que seg\u00fan el Tribunal acreditaban abonos de intereses a la cuenta corriente de Pastor Viveros Bola\u00f1os, cinco de ellos no se refer\u00edan a los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino y s\u00f3lo uno se expidi\u00f3 en vida del depositante, en tanto que el \u00faltimo demostraba que a la cuenta corriente del establecimiento de comercio se consignaron intereses de esos t\u00edtulos valores, despu\u00e9s de fallecido el cliente, pero a \u201csolicitud ilegal\u201d del factor. <\/p>\n
La Carta de 31 de enero de 1981, suscrita por Pastor Viveros Bola\u00f1os, en la que autoriz\u00f3 a otra persona distinta de H\u00e9ctor Revelo para administrar temporalmente su cuenta corriente, en lugar de corroborar la conclusi\u00f3n del sentenciador, revela que manejaba personalmente y con especial cuidado y claridad las \u201cdistintas operaciones que \u00e9l manten\u00eda personalmente y como propietario de dicho almac\u00e9n con el banco demandado\u201d. <\/p>\n
El oficio que Rodrigo Mar\u00edn Obando, gerente del banco, envi\u00f3 al juez de la sucesi\u00f3n, el 11 de agosto de 1992, no s\u00f3lo prueba lo que dice el Tribunal, esto es, que con posterioridad al 6 de febrero de 1982 no se cancel\u00f3 ning\u00fan t\u00edtulo y que los posteriores emitidos \u201cobedece a que se hab\u00eda pactado reinversi\u00f3n de intereses\u201d, sino que para el fiduciario \u201cera claro el pacto de reinversi\u00f3n de intereses celebrado con su cliente\u201d. <\/p>\n
El testimonio de Bayardo Efra\u00edn Mora no se apreci\u00f3 en su verdadera \u201cdimensi\u00f3n\u201d y \u201ccontenido\u201d, pues corrobor\u00f3 que los negocios se hicieron entre Pastor Viveros Bola\u00f1os y \u00e9l a nombre del banco, que a los se\u00f1ores Recalde y Revelo s\u00f3lo se les suministraba informaci\u00f3n sobre el pago de intereses y reinversiones, y que hasta cuando \u00e9l estuvo como gerente de la entidad bancaria \u201cse hicieron las reinversiones\u201d. Adem\u00e1s, que como el cliente buscaba la mayor rentabilidad se convino verbalmente que al vencimiento de los certificados y cuando \u00e9l lo requiriera se har\u00edan las liquidaciones de intereses y se constituir\u00edan nuevos certificados. <\/p>\n
Informaci\u00f3n que tambi\u00e9n se deduc\u00eda de la copia del certificado de custodia de los t\u00edtulos exhibidos en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, en donde el \u201cBanco de Colombia-Fiduciaria\u201d se comprometi\u00f3 a cobrar los \u201crendimientos que se le depositen en custodia mediante la comisi\u00f3n estipulada\u201d. Hechos que igualmente corrobor\u00f3 el gerente del banco al juez de la sucesi\u00f3n, en oficio de 9 de marzo de 1990. <\/p>\n
La comunicaci\u00f3n de 26 de septiembre de 1997 que la vicepresidencia jur\u00eddica del banco demandado remiti\u00f3 a la Superintendencia Bancaria, detallando el origen de todos los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, con indicaci\u00f3n de que tres fueron embargados en agosto, septiembre y octubre de 1985, e informando que los intereses de los nueve t\u00edtulos originales \u201cse liquidaron trimestralmente a la tasa vigente\u201d, salvo en septiembre y diciembre de 1982, y septiembre de 1983, meses en los que los r\u00e9ditos se depositaron en la cuenta del establecimiento de comercio por solicitud del administrador. <\/p>\n
Se supuso las \u201cactas de secuestro\u201d o las \u201csentencias de cancelaci\u00f3n\u201d de los respectivos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, asimilados en su circulaci\u00f3n a los t\u00edtulos valores, no obstante que apenas obraban en el expediente las comunicaciones de embargos. <\/p>\n
La tenencia material de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino por parte del demandado, como se constat\u00f3 en la diligencia de exhibici\u00f3n de documentos. Por esto, no se debi\u00f3 excluir los t\u00edtulos de agosto, septiembre y octubre de 1985, menos cuando se demostr\u00f3 que despu\u00e9s de la muerte del causante \u201cno se cancel\u00f3 ning\u00fan t\u00edtulo\u201d. <\/p>\n
El texto de la demanda, concretamente el hecho cuarto y la primera pretensi\u00f3n subsidiaria, todo lo cual fue cercenado y tergiversado, porque as\u00ed no se hubiere pactado \u201cexpresa y espec\u00edficamente la reinversi\u00f3n de intereses en la forma descrita en la pretensi\u00f3n principal\u201d, de todos modos el demandado \u201cestaba obligado a hacer la reinversi\u00f3n en esa forma\u201d. <\/p>\n
El informe t\u00e9cnico de la Superintendencia Bancaria, omitido en su totalidad, el cual denota que hay diferencia en dejar t\u00edtulos valores en cajillas de seguridad y entregarlos en custodia fiduciaria. Adem\u00e1s, se asumi\u00f3 que la misma entidad hab\u00eda autorizado al fiduciario modificar o variar, a partir de octubre de 1985, el desempe\u00f1o del cargo. <\/p>\n
En concordancia, cuando se concluy\u00f3 que los intereses se calcular\u00edan hasta cuando el demandado fue requerido por el juzgado de familia para que efectuara el pago efectivo del capital y los intereses representados en los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, el sentenciador supuso la prueba de la terminaci\u00f3n del contrato de custodia fiduciaria, esto es, la sentencia judicial o la voluntad en tal sentido expresada por las partes o la revocatoria unilateral del constituyente. <\/p>\n
Por \u00faltimo, al decirse que los rendimientos de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino tambi\u00e9n se hab\u00edan destinado a \u201cvarias cuentas\u201d o a \u201ccubrir otras operaciones crediticias suscitadas entre las mismas partes\u201d, como lo afirmaron los testigos, el Tribunal cometi\u00f3 error de derecho, porque al tenor de los art\u00edculos 1385 y 1386 del C\u00f3digo de Comercio, que infringe, las consignaciones en cuentas corrientes o las compensaciones entre cliente y banco, no se demostraban con los testimonios de los empleados del demandado, sino con los recibos de dep\u00f3sito correspondientes o con los asientos de acreditaci\u00f3n en la respectiva cuenta corriente. <\/p>\n
3.- Concluyen los recurrentes que los errores denunciados llevaron al Tribunal a negar las pretensiones principales, al afirmar que \u201cmientras estuvo en vida\u201d, el titular del derecho incorporado en los t\u00edtulos valores hab\u00eda modificado los pactos de custodia, inclusive por haberse abonado a su cuenta corriente y a otras obligaciones con el mismo banco, los frutos devengados, cuando antes de su muerte nada de eso se demostr\u00f3, por el contrario, se acredit\u00f3 que despu\u00e9s de ese \u00f3bito quien desvi\u00f3 la destinaci\u00f3n de los intereses, sin facultad para hacerlo, fue el administrador del establecimiento de comercio. <\/p>\n
Del mismo modo, en cuanto a la liquidaci\u00f3n de la condena, tales errores condujeron al sentenciador a excluir de la misma, certificados que no fueron secuestrados ni cancelados por sentencia judicial. Igualmente a concluir equivocadamente, por lo dicho, que los convenios de custodia hab\u00edan terminado en octubre de 1995, lo mismo que a condenar a cumplir \u00fanicamente los contratos de dep\u00f3sito y no los de custodia fiduciaria. <\/p>\n
4.- Solicitan, en consecuencia, que se case la sentencia recurrida y que en sede de instancia se condene al banco demandado como se pidi\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como se recuerda, el Tribunal neg\u00f3 las pretensiones principales, aduciendo que en el proceso no exist\u00eda una prueba contundente que permitiera afirmar que entre las partes se celebr\u00f3 el \u201cnegocio jur\u00eddico\u201d que en las mismas se alud\u00eda, y que, por el contrario, se estableci\u00f3 que los intereses que produjeran los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino referidos en la demanda, no hab\u00edan sido destinados, exclusivamente, a ser reinvertidos en nuevos t\u00edtulos de la misma naturaleza de manera \u201cperi\u00f3dica, sucesiva e ilimitada\u201d. <\/p>\n
Las pretensiones primeras subsidiarias, en cambio, fueron acogidas, porque del an\u00e1lisis en conjunto de los medios de prueba, sobre todo, de la \u201cconducta desarrollada\u201d por la entidad demandada, se coleg\u00eda que el contrato ajustado se circunscrib\u00eda a un \u201cencargo fiduciario\u201d, consistente en la entrega de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino por parte de Pastor Viveros Bola\u00f1os al banco demandado para que \u00e9ste los administrara y obtuviera los \u201cmayores rendimientos posibles\u201d. <\/p>\n
El estudio conjunto de los cargos segundo y tercero se justifica, porque, seg\u00fan se observa, am\u00e9n de denunciarse como violadas, pr\u00e1cticamente, las mismas disposiciones legales, en uno y otro se combaten, aunque por caminos diferentes, pero b\u00e1sicamente por los mismos motivos, las razones por las cuales se negaron las pretensiones principales y se recortaron las pretensiones primeras subsidiarias. <\/p>\n
2.- Con ese prop\u00f3sito, conviene precisar, ante todo, frente a las conclusiones que condujeron a desestimar las pretensiones principales, que, como se anot\u00f3, el Tribunal bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el hecho de que en el proceso no exist\u00eda \u201cuna prueba contundente\u201d que permitiera afirmar con certeza que entre el banco demandado y Pastor Viveros Bola\u00f1os se hab\u00eda perfeccionado el \u201cnegocio jur\u00eddico\u201d que en las mismas se refer\u00eda, consistente en que \u201clos intereses de los nueve (9) CDTs constituidos en 1981, deber\u00edan originar la creaci\u00f3n de otros CDTs de manera peri\u00f3dica, sucesiva e ilimitada\u201d. <\/p>\n
Empero, en los cargos que se resuelven conjuntamente, los recurrentes enarbolan el ataque bajo el supuesto de la existencia del mentado \u201cnegocio jur\u00eddico\u201d. En el segundo, enfilado por la v\u00eda directa, ponen en tela de juicio las facultades del administrador de un establecimiento de comercio para variar los t\u00e9rminos del contrato celebrado entre el banco y el causante, en tanto que en el segundo, fundado en varios errores probatorios de hecho y uno de derecho, se circunscriben a mostrar que no exist\u00eda medio alguno que demostrara que Pastor Viveros Bola\u00f1os, \u201cmientras estuvo en vida\u201d, hab\u00eda modificado las instrucciones dadas para el manejo de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino. <\/p>\n
Como los recurrentes, en lugar de aplicarse a desvirtuar lo relativo a la ausencia de prueba sobre el \u201cnegocio jur\u00eddico\u201d a que se refer\u00edan las pretensiones principales, edifican su acusaci\u00f3n a partir de su existencia, esto releva el estudio de los errores juris in judicando y probatorios que sobre el particular en ambos cargos se denuncian, porque siendo aquello el fundamento toral de la decisi\u00f3n, la Corte tiene explicado que el recurso de casaci\u00f3n no puede tener \u00e9xito, entre otros eventos, cuando se marginan del ataque los argumentos decisivos sobre los cuales se construy\u00f3 la sentencia combatida1. <\/p>\n
Lo \u00fanico que se manifiesta al respecto, en el cargo tercero, se relaciona con la apreciaci\u00f3n equivocada de la demanda, al decirse que as\u00ed no se hubiere pactado expresa y espec\u00edficamente la reinversi\u00f3n de intereses en la forma descrita en la pretensi\u00f3n principal, el Banco de Colombia de todas maneras estaba obligado a hacer la reinversi\u00f3n en esa forma. <\/p>\n
Reproche que, sin embargo, se queda a mitad de camino, porque no dici\u00e9ndose m\u00e1s que lo trascrito y siendo un deber insoslayable la demostraci\u00f3n del error, como lo exige el art\u00edculo 374, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los recurrentes han debido explicar las razones por las cuales, as\u00ed no se hubiere pactado la reinversi\u00f3n de intereses en la forma dicha, era obligaci\u00f3n del banco hacerlo, pues como se tiene explicado, en casaci\u00f3n no basta afirmar la existencia de un error, en consideraci\u00f3n a que esto equivale simplemente a alegar, que no a \u201ccontradecir, refutar y debatir\u201d2, como es de rigor. <\/p>\n
Con todo, no se puede pasar por alto observar que si el sentenciador concluy\u00f3 que no se hab\u00eda demostrado el contrato celebrado, al menos en los t\u00e9rminos de las pretensiones principales, resulta claro que para negar las mismas de ninguna manera pudo haber se\u00f1alado que el administrador del establecimiento de comercio de propiedad del causante, fuera el representante de la sucesi\u00f3n, con facultades, por ende, para incidir en la ejecuci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico que aqu\u00e9l y el banco no ajustaron. <\/p>\n
De otra parte, con independencia que sea o no cierto que Pastor Viveros Bola\u00f1os, \u201cmientras estuvo con vida\u201d, y el \u201cadministrador de su almac\u00e9n debidamente autorizado\u201d, dieron instrucciones para que los intereses de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino no se aplicaran, exclusivamente, a la emisi\u00f3n de nuevos t\u00edtulos valores, la acusaci\u00f3n caer\u00eda al vac\u00edo, porque siendo toral, se repite, lo relativo a que no se acredit\u00f3 el indicado \u201cnegocio jur\u00eddico\u201d, ning\u00fan esfuerzo hicieron los recurrentes para demostrar lo contrario. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en los folios 100, 102, 103, 104, 109 y 110 del cuaderno 2, aparecen copias de seis t\u00edtulos de custodia de igual n\u00famero de certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino del libelo, distintos a los embargados, y en lo que concierne al caso, en todos el banco demandado se comprometi\u00f3, \u00fanicamente, a cobrar los \u201crendimientos de los valores que se le depositen en custodia mediante la comisi\u00f3n estipulada\u201d, y adicionalmente, en uno solo, el del folio 110, a expedir un \u201cnuevo t\u00edtulo\u201d con el \u201cproducto de los intereses trimestrales\u201d, pero en ninguna parte se encuentra consignada la obligaci\u00f3n de reinvertir la totalidad de los intereses generados de manera peri\u00f3dica, sucesiva e ilimitada, lo cual precisamente coincide con la conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
3.- Al quedar inc\u00f3lumes los argumentos que condujeron a negar las pretensiones principales, se procede a examinar si, con relaci\u00f3n a las pretensiones primeras subsidiarias, el Tribunal se equivoc\u00f3 al concederlas, pero de manera limitada, en lo que ata\u00f1e a la exoneraci\u00f3n de responsabilidad, a la exclusi\u00f3n de algunos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, am\u00e9n de otros que no fueron secuestrados, y a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato celebrado. <\/p>\n
3.1.- Como los dos \u00faltimos aspectos se encuentran involucrados en ambos cargos, la Corte limitar\u00e1 el an\u00e1lisis a lo que sobre el particular se propone en el cargo segundo, porque si el sentenciador consider\u00f3 que el banco demandado estaba obligado a reinvertir los intereses de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de la demanda, hasta cuando el juez de la sucesi\u00f3n requiri\u00f3 el pago efectivo del capital y los intereses, no es que haya supuesto la prueba de la terminaci\u00f3n del contrato que encontr\u00f3 celebrado entre las partes, sino que evidentemente, con fundamento en ese hecho, en esa \u00e9poca, lo tuvo por extinguido. <\/p>\n
Igualmente, porque al se\u00f1alarse en el fallo que no se tomar\u00eda nota de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino \u201cembargados y cancelados por cuenta de varios despachos judiciales, esto es, mediante \u00f3rdenes judiciales de imperativo acatamiento, lo que imped\u00eda que siguieran generando frutos\u201d, el debate en ese preciso punto se reduce a establecer si esa era la forma de aprehenderlos materialmente y si por pertenecer, seg\u00fan los recurrentes, a un patrimonio aut\u00f3nomo, el fiduciario estaba obligado a defenderlos jur\u00eddicamente, cuestiones todas netamente jur\u00eddicas y no de suposici\u00f3n de las \u201cactas de secuestro\u201d. <\/p>\n
3.1.1.- Precisado lo anterior, cuestiones todas que suponen la existencia del \u201cencargo fiduciario\u201d, aspecto que entre otras cosas no es controvertido por los recurrentes, pertinente resulta observar, acorde con lo que dispon\u00eda la Ley 45 de 1923, mediante la cual se autoriz\u00f3 a los llamados bancos comerciales, a trav\u00e9s de sus secciones fiduciarias, para que realizaran una serie de encargos de confianza, que las operaciones en ese sentido se asimilaron a un mandato comercial con sujeto calificado, porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 7\u00ba, tales entidades se encontraban autorizadas, en t\u00e9rminos generales, para \u201ctomar, aceptar y desempe\u00f1ar cargos de confianza que le sean legalmente encomendados\u201d. <\/p>\n
Por esto, el art\u00edculo 146, numeral 1\u00ba del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, al disciplinar lo relativo a los encargos fiduciarios, establece que a esa especie de negocios fiduciarios se \u201caplicar\u00e1n las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil, y subsidiariamente las disposiciones del C\u00f3digo de Comercio que regulan el contrato de mandato, en cuanto unas y otras sean compatibles con la naturaleza de estos negocios y no se opongan a las reglas especiales previstas en el presente Estatuto\u201d. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil establece, como regla de principio, que los contratos legalmente celebrados son una ley para las partes contratantes y que, por ende, no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, tambi\u00e9n es cierto que trat\u00e1ndose de determinados negocios jur\u00eddicos, en los que la confianza campea la relaci\u00f3n, el legislador ha posibilitado que las partes, o alguna de ellas, en virtud de la autonom\u00eda privada, extingan anticipadamente el vinculo contractual. Para el logro del mentado fin, tiene explicado la Corte, \u201ces suficiente la declaraci\u00f3n o exteriorizaci\u00f3n de la voluntad del contratante que hace uso de ese singular derecho, en orden a que el contrato, por consiguiente, no despliegue efectos jur\u00eddicos para el porvenir (…), dado que se trata, per se, de negocios de duraci\u00f3n\u201d3. <\/p>\n
Facultad que es predicable de los encargos fiduciarios, en los que como se anot\u00f3, la \u201cconfianza\u201d es el elemento fundamental que se destaca. De ah\u00ed que el art\u00edculo 1240, numeral 11 del C\u00f3digo de Comercio, aplicable al caso no s\u00f3lo por as\u00ed confirmarlo la escala de interpretaci\u00f3n e integraci\u00f3n normativa dicha, sino por la condici\u00f3n de sujeto calificado de una de las partes, haya previsto como causal de extinci\u00f3n de tales negocios, la revocatoria unilateral de quien lo confiri\u00f3, cuando expresamente se haya reservado ese derecho. <\/p>\n
Asumiendo, en consecuencia, que quien hizo el encargo fiduciario se reserv\u00f3 el derecho de revocarlo, porque en ninguno de los cargos se cuestion\u00f3 el particular, es claro que al fallecer el contratante, dicha prerrogativa se transmiti\u00f3 a sus herederos. Como bien es sabido, quien contrata no s\u00f3lo lo hace para s\u00ed, sino tambi\u00e9n para sus herederos, cuando \u00e9stos a ese t\u00edtulo precisamente obran, caso en el cual la ley los reputa como los continuadores de las relaciones patrimoniales de su causante, al punto que se tornan por regla de principio, inclusive sin saberlo, en acreedores o deudores de esas relaciones. <\/p>\n
Si el Tribunal, por lo tanto, concluy\u00f3 que el encargo fiduciario se extingui\u00f3 el 24 de octubre de 1995, fecha en la cual el juez de la sucesi\u00f3n de Pastor Viveros Bola\u00f1os solicit\u00f3 el pago efectivo del capital y los intereses incorporados en los t\u00edtulos valores, de ning\u00fan modo pudo violar los preceptos legales que se citan, porque como por disposici\u00f3n legal, el juez de la sucesi\u00f3n no se encuentra facultado para obrar de oficio en ese sentido, ni siquiera para ordenar la entrega de los bienes adjudicados, es claro que esa actuaci\u00f3n de los herederos fue la que en \u00faltimas condujo a que se extinguiera, por la causal en comento, el encargo fiduciario. <\/p>\n
3.1.2.- Ahora, previendo el art\u00edculo 29, numeral 1\u00ba, literales a) y b) del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero que las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria no s\u00f3lo pueden, en desarrollo de su objeto social, tener la \u201ccalidad de fiduciarios en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, sino tambi\u00e9n celebrar \u201cencargos fiduciarios\u201d, esto pone de presente que no es lo mismo el contrato de fiducia mercantil y el encargo fiduciario, dado que el primero se caracteriza por la transferencia especial del dominio de los bienes especificados, en tanto que el segundo, am\u00e9n de instrumentarse en las normas del mandato, por la entrega de los bienes, pero a t\u00edtulo de mera tenencia4. <\/p>\n
De manera que si en el encargo fiduciario no hay desplazamiento del derecho de dominio de los bienes, pues el fiduciario, en desarrollo de su funci\u00f3n, es un simple tenedor de los mismos, lo cual implica reconocer dominio ajeno, esto trae como consecuencia que no se genera un patrimonio aut\u00f3nomo, a diferencia de la fiducia mercantil en donde, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1233 del C\u00f3digo de Comercio, hay una particular\u00edsima transferencia de la propiedad a favor del fiduciario para la formaci\u00f3n de un \u201cpatrimonio aut\u00f3nomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no tenerse en cuenta en la liquidaci\u00f3n de la condena, el valor de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino 186169, 198834, 200700 y 439498, por haber sido \u201cembargados y cancelados\u201d, el Tribunal no pudo violar ninguna disposici\u00f3n legal, porque trat\u00e1ndose de un encargo fiduciario, esto excluye la conformaci\u00f3n de un patrimonio aut\u00f3nomo, cuyo vocero fuera el banco demandado, respecto del cual, seg\u00fan los recurrentes, los citados certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino no han podido salir, entendi\u00e9ndose, por tal motivo, que siempre estuvieron en la esfera del causante. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a que tales t\u00edtulos simplemente fueron embargados, que no secuestrados, esto tampoco conllevaba, para no violar la ley, a que se tuvieran en cuenta en la liquidaci\u00f3n de la condena, porque con independencia de la regularidad de la medida, lo cual ha debido controlarse en los procesos donde fueron adoptadas, para el Tribunal se trataba de \u201c\u00f3rdenes judiciales de imperativo acatamiento\u201d, lo cual significa que el banco estaba obligado, sin m\u00e1s, a cumplirlas. <\/p>\n
Si lo anterior, que es lo fundamental de la decisi\u00f3n en el punto, no fue controvertido, cualquier otra disquisici\u00f3n a nada conducir\u00eda, porque a\u00fan sin el secuestro de los memorados cuatro certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, de todas formas, como lo concluy\u00f3 el Tribunal, al cumplimiento de esas \u00f3rdenes judiciales nadie pod\u00eda sustraerse. As\u00ed, entonces, los recurrentes debieron enderezar la acusaci\u00f3n a mostrar que inclusive frente a tales mandatos, el banco estaba facultado para repelerlos, pero ning\u00fan esfuerzo hicieron a ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
3.2.- En otro aparte del cargo segundo, los recurrentes se duelen de haberse excluido de la condena los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino 541328, 513228 y 513107, creados en agosto, septiembre y octubre de 1985, no obstante haberse constatado no s\u00f3lo que estaban en poder del banco demandado, sino que despu\u00e9s de la muerte de Pastor Viveros Bola\u00f1os no se hab\u00eda cancelado ning\u00fan t\u00edtulo. <\/p>\n
Frente a esa situaci\u00f3n f\u00e1ctica, cierta por lo dem\u00e1s, el Tribunal, empero, no pudo desconocer ning\u00fan precepto sustantivo, porque de hecho incluy\u00f3 en la liquidaci\u00f3n que practic\u00f3 el valor de los mentados t\u00edtulos, como puede verse al final de la tabla que aparece a folios 151 y 152 del cuaderno de segunda instancia. La confusi\u00f3n de los recurrentes estriba, seguramente, en haber entendido que fueron excluidos, cuando el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que como no deven\u00edan de intereses anteriores, s\u00f3lo generar\u00edan \u201cintereses desde su vencimiento individualmente considerado\u201d, cuesti\u00f3n que es totalmente distinta a que no hubieran sido tenidos en cuenta. <\/p>\n
3.3.- En lo que resta del cargo segundo, atinente a que se exoner\u00f3 al banco demandado a que siguiera cumpliendo diligentemente, a partir de octubre de 1985, tal como lo hizo hasta entonces, el compromiso de obtener la mayor rentabilidad posible del capital representado en los nueve t\u00edtulos de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de la demanda, porque simplemente se limit\u00f3 a ordenar el pago de intereses moratorios sobre el saldo no remitido al juez de la sucesi\u00f3n, a los recurrentes les asistir\u00eda la raz\u00f3n en el caso de que el Tribunal, de un lado, as\u00ed lo hubiere afirmado, y de otro, no haya derivado, en el interregno, ninguna consecuencia jur\u00eddica. <\/p>\n
Cuestiones ninguna de las cuales se present\u00f3, porque aparte de se\u00f1alar que el encargo fiduciario fue cumplido eficiente y profesionalmente hasta septiembre de 1985, como lo aceptan los recurrentes, el sentenciador encontr\u00f3 que el banco demandado, a partir de ese momento, se sustrajo a cumplir lo pactado, al dejar de hacer la reinversi\u00f3n de intereses. Por esto, no s\u00f3lo liquid\u00f3 los intereses remuneratorios, hasta cuando el juez de la sucesi\u00f3n requiri\u00f3 el pago del capital y los intereses, sino que al saldo exigible, luego de las imputaciones respectivas, orden\u00f3 aplicarle intereses moratorios hasta que se verificara el pago total. <\/p>\n
Distinto es que se hubiere entendido que para la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, en el interregno aludido, era suficiente el pago de intereses remuneratorios, caso en el cual, de ser as\u00ed, los recurrentes debieron enderezar la acusaci\u00f3n a desvirtuar esa conclusi\u00f3n, si la consideraban equivocada, pero como nada de esto se propuso, a la Corte le est\u00e1 vedado hacerlo de oficio, dado el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso de casaci\u00f3n; o que, en definitiva, pese a que han debido reconocerse los intereses moratorios desde cuando el banco demandado dej\u00f3 de hacer la reinversi\u00f3n de intereses, como se solicit\u00f3 en la demanda, se trat\u00f3 de una omisi\u00f3n, evento en el cual el error no ser\u00eda de juzgamiento, sino de procedimiento, incongruencia que en consecuencia as\u00ed debi\u00f3 plantearse. <\/p>\n
4.- En esas circunstancias, ninguno de los cargos prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, denuncia la sentencia por contener en su parte resolutiva decisiones contradictorias. <\/p>\n
2.- Seg\u00fan los recurrentes, al declararse la existencia de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, con la obligaci\u00f3n del banco demandado de pagar intereses pactados, as\u00ed como el encargo fiduciario, que origin\u00f3 igualmente para dicho banco el compromiso de reinvertir trimestralmente tales intereses, expidiendo sucesivamente nuevos t\u00edtulos de la misma especie, y al condenarse a aqu\u00e9l a cumplir \u00fanicamente como depositario, son criterios de juzgamiento contrapuestos. <\/p>\n
Porque si se declara en el punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia que el \u201ccliente entreg\u00f3 los referidos t\u00edtulos de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino con el fin de que el Banco realizara el manejo de los frutos que deb\u00edan producir dichos t\u00edtulos en la forma que produjeran los intereses m\u00e1s altos posibles\u201d, no podr\u00eda ejecutarse el punto tercero que condena al demandado a cumplir como depositario, \u201cesto es, a restituir el saldo entre lo liquidado por el Tribunal por capital e intereses y lo consignado por dicho banco a \u00f3rdenes del juez de la sucesi\u00f3n de Pastor Viveros en octubre 25 de 1995, sin reinversi\u00f3n de los intereses a partir de octubre de 1985, sino s\u00f3lo con intereses moratorios sobre dicho saldo a partir de la fecha de tal consignaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.- Solicitan, por consiguiente, que se case el punto tercero del fallo impugnado para que en sede de instancia se condene a la entidad bancaria a pagar \u201cno s\u00f3lo el valor del capital y los intereses derivados de los dep\u00f3sitos bancarios\u201d hasta la fecha de la sentencia, \u201csino tambi\u00e9n el producto de la reinversi\u00f3n de tales frutos o intereses\u201d en nuevos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, como fue calculado pericialmente, que es lo que corresponde al encargo fiduciario, m\u00e1s la sanci\u00f3n por la mora, imputando a r\u00e9ditos el abono que en octubre de 1995 se hizo al juez de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
1.- Bien se sabe que como el proceso busca certeza jur\u00eddica del conflicto de intereses sometido a composici\u00f3n judicial, esto trae como consecuencia que la sentencia que le pone fin al mismo debe ser clara, precisa y l\u00f3gica en sus disposiciones, como as\u00ed lo impone el art\u00edculo 304, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El vicio de procedimiento que compromete el anterior principio y que, como lo tiene explicado la Corte, impide los \u201cefectos de cosa juzgada\u201d5, atacable por la causal tercera de casaci\u00f3n, \u201ccuyo fin es hacer desaparecer de la sentencia la contradicci\u00f3n que la afecta\u201d, seg\u00fan en el mismo antecedente se se\u00f1al\u00f3, se configurar\u00eda a partir de la existencia de resoluciones que son incompatibles o contradictorias entre s\u00ed, y por ende, imposibles de ejecutar simult\u00e1nea o concomitantemente, como cuando, tal cual recientemente se reiter\u00f3, \u201cuna afirma y otra niega, o si una decreta la resoluci\u00f3n del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicaci\u00f3n y la otra reconoce la prescripci\u00f3n adquisitiva, o una reconoce la obligaci\u00f3n y la otra el pago\u201d6. <\/p>\n
2.- Frente a lo expuesto, surge claro que el error a que se refiere el cargo no se estructura, en consideraci\u00f3n a que el antagonismo que se predica no puede surgir de haberse omitido o negado determinadas condenas, porque inclusive en el hipot\u00e9tico caso de ser cierto que \u00fanicamente se impuso al banco demandado a cumplir las obligaciones que surg\u00edan de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, no as\u00ed las que emanaban del encargo fiduciario, por los motivos que fueren, el vicio ser\u00eda distinto al denunciado. <\/p>\n
Desde luego que si la causal tercera de casaci\u00f3n tiene como mira hacer desaparecer la contradicci\u00f3n que se presenta, en el caso, en lugar de solicitarse que se eliminara la decisi\u00f3n que, seg\u00fan los recurrentes, conforme a la estructura de la sentencia dejaba sin contenido las dem\u00e1s declaraciones o condenas adoptadas, o que las repugnaba, lo que se impetra es su adici\u00f3n, en el sentido de obligar tambi\u00e9n al demandado a que restituyera el producto de la reinversi\u00f3n de los frutos o intereses en nuevos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, conforme fue cuantificado pericialmente. <\/p>\n
3.- En ese orden de ideas, el cargo resulta infundado. <\/p>\n
RECURSO DEL BANCO DEMANDADO <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n del art\u00edculo 830 del C\u00f3digo Comercio, como consecuencia de errores de hecho manifiestos en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.- En primer lugar, al suponer la prueba de la \u201cobligaci\u00f3n para el banco de reinvertir los rendimientos de los certificados de dep\u00f3sito a la tasa m\u00e1s alta del mercado\u201d, cuando ninguno de los t\u00edtulos de custodia que tuvo en cuenta el Tribunal, contienen una instrucci\u00f3n semejante, \u201ces m\u00e1s, no tienen ninguna instrucci\u00f3n\u201d, salvo el distinguido con la serie A 28001, que dice contener el certificado de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino 212615, donde se estableci\u00f3 la liquidaci\u00f3n de \u201cintereses trimestrales, invirtiendo los intereses en nuevo t\u00edtulo\u201d. <\/p>\n
Igualmente, al dar por demostrado, sin estarlo, que por haber recibido en custodia los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, qued\u00f3 el banco obligado a reinvertir los intereses por ellos producidos a la tasa m\u00e1s alta del mercado, cuando, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1605 del C\u00f3digo Civil, de que una persona se haya obligado a custodiar una cosa, no se puede deducir otra obligaci\u00f3n distinta que la de devolver los t\u00edtulos a quien los entreg\u00f3 sin haber transferido el dominio. <\/p>\n
Pero como el sentenciador no encontr\u00f3 un sentido distinto al antes expresado, acudi\u00f3 al argumento que por demostrar cada t\u00edtulo un encargo fiduciario, tales encargos conllevaban, adem\u00e1s de la custodia, la obligaci\u00f3n adicional de reinvertir los intereses, mediante la equiparaci\u00f3n de las operaciones que la Ley 45 de 1923, confer\u00eda a las secciones fiduciarias de los llamados bancos comerciales, y al objeto de los contratos fiduciarios establecidos en el C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
El Tribunal, por lo tanto, vio un acuerdo de voluntades en donde s\u00f3lo existi\u00f3 la voluntad del demandado de custodiar unos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, dando as\u00ed nacimiento a obligaciones distintas a las expresadas en los t\u00edtulos de custodia, pero sin indicar su fuente, bien porque proviniera de la ley, ya de la equidad natural, conforme a los art\u00edculos 1605 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio, de donde se sigue que infiere como obligaci\u00f3n de la secci\u00f3n fiduciaria del banco, la que resultaba de suponer un encargo fiduciario. <\/p>\n
Del mismo modo, al estimar probado, sin estarlo, que el banco demandado incurri\u00f3 en abuso del derecho, al deducir el sentenciador que a tal equivale el incumplimiento de una obligaci\u00f3n a cargo del banco, cuando aparte de que la existencia de la obligaci\u00f3n de reinvertir los intereses a la tasa m\u00e1s alta del mercado no se encontraba demostrada, en el proceso tampoco exist\u00eda la prueba del da\u00f1o producido. <\/p>\n
Finalmente, al dar por probado, sin estarlo, que la reinversi\u00f3n de intereses en algunas ocasiones, demostraba que efectivamente existi\u00f3 esa obligaci\u00f3n en relaci\u00f3n con todos los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino confiados en custodia, al mismo banco que recibi\u00f3 los dineros. <\/p>\n
3.- Concluye el recurrente que el art\u00edculo 830 del C\u00f3digo de Comercio habr\u00eda gobernado el caso si se hubieren demostrado los supuestos que determinan el abuso del derecho, cuesti\u00f3n que nunca pod\u00eda predicarse de un derecho que jam\u00e1s tuvo el banco demandado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien al formularse las pretensiones primeras subsidiarias se hizo alusi\u00f3n al \u201cabuso del derecho\u201d, en verdad la responsabilidad demandada no se hizo derivar, aut\u00f3nomamente, de tal instituto, porque esto supone, como se advierte en el cargo, que el banco demandado fuera titular de un derecho, s\u00f3lo que lo ejercit\u00f3 sin sujeci\u00f3n estricta a los fines econ\u00f3micos y sociales para el cual fue establecido, y al margen de los l\u00edmites que el mismo ordenamiento jur\u00eddico se\u00f1ala, pero en el caso lo que se le enrostra a dicho demandado es el incumplimiento de una obligaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
En efecto, luego de solicitar que se declarara que entre Pastor Viveros Bola\u00f1os y la entidad demandada se celebr\u00f3 un contrato en virtud del cual aqu\u00e9l entreg\u00f3 a \u00e9sta los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de la demanda, para que manejara los \u201cfrutos que deb\u00edan producir dichos t\u00edtulos en la forma que produjeran los rendimientos m\u00e1s altos posibles\u201d, a rengl\u00f3n seguido, impetr\u00f3 que se declarara que el demandado se hab\u00eda constituido en mora al dejar de hacer la inversi\u00f3n de los frutos que sucesivamente se iban produciendo, y que como consecuencia no s\u00f3lo estaba obligado a expedir los t\u00edtulos que debi\u00f3 suscribir, sino tambi\u00e9n a indemnizar los perjuicios causados. <\/p>\n
Por lo tanto, como el caso no se decidi\u00f3 con fundamento en las disposiciones que regulan la responsabilidad derivada del abuso de los derechos, el Tribunal no pudo violar el art\u00edculo 830 del C\u00f3digo de Comercio. Tanto es as\u00ed que el resto de la acusaci\u00f3n, esto s\u00ed en simetr\u00eda con lo resuelto, el recurrente se dirige a demostrar que entre las partes \u00fanicamente se celebr\u00f3 un contrato de custodia de los nueve certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino y no un \u201cencargo fiduciario\u201d, consistente, seg\u00fan el sentenciador, en la inversi\u00f3n de los frutos de tales t\u00edtulos \u201cen la forma que produjeran los rendimientos m\u00e1s altos posibles\u201d. <\/p>\n
2.- Como se recuerda, el Tribunal, para arribar a esa conclusi\u00f3n, lo cual tambi\u00e9n se combate en lo que queda del cargo, tuvo en cuenta, entre otras pruebas, la \u201cconducta desarrollada por el banco\u201d, consistente en la \u201cexpedici\u00f3n de nuevos CDTs producto de la reinversi\u00f3n de intereses\u201d, y la declaraci\u00f3n de Bayardo Efra\u00edn Mora, otrora gerente de la entidad demandada, sucursal Ipiales, quien manifest\u00f3 que \u201cdon PASTOR en su calidad de cliente buscaba la m\u00e1xima rentabilidad\u201d. <\/p>\n
Aunque es cierto que en los t\u00edtulos de custodia de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de la demanda no se consign\u00f3 la obligaci\u00f3n en referencia, salvo en uno, en donde s\u00ed se dio esa instrucci\u00f3n, es claro que frente a lo que se consign\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, el Tribunal no pudo suponer en dichos t\u00edtulos los hechos que estructuraban el encargo fiduciario o que los hubiera dejado por establecidos simplemente con las pruebas de los contratos de custodia, porque la decisi\u00f3n la fundament\u00f3 en medios distintos, y porque expl\u00edcitamente se\u00f1al\u00f3 que tales hechos pod\u00edan \u201cacreditarse bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el art\u00edculo 2149 (sic.) del Estatuto Mercantil\u201d. <\/p>\n
Lo \u00fanico que, en consonancia, en el cargo se afirma es que la reinversi\u00f3n de intereses, en algunas ocasiones, no acreditaba la existencia de la obligaci\u00f3n de manejar los frutos de \u201ctodos\u201d los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de la demanda, en los t\u00e9rminos de las pretensiones primeras subsidiaras, pero como esto apenas se sugiere y no se demuestra, pues no se explica la raz\u00f3n por la cual la expedici\u00f3n de nuevos t\u00edtulos de la misma naturaleza, no conduc\u00eda necesariamente a ese resultado, el ataque, como se se\u00f1al\u00f3 al resolverse los cargos segundo y tercero de la otra parte, se qued\u00f3 a mitad de camino. <\/p>\n
Como lo expuesto pone de presente que, en verdad, el censor dej\u00f3 inc\u00f3lumes las bases decisivas del fallo y, por ende, la presunci\u00f3n de acierto que las cobija, esto es suficiente para el fracaso del recurso, porque decantado se tiene que la Corte no tiene necesidad de estudiar los dem\u00e1s argumentos de la acusaci\u00f3n cuando la \u201csentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido tocada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u201d7. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, sin m\u00e1s, el cargo est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, denuncia la sentencia por incongruencia objetiva, en la especie de extra petita. <\/p>\n
2.- En su demostraci\u00f3n, el recurrente pone de presente que tanto en las pretensiones principales como en las subsidiarias, el demandante solicit\u00f3 que como consecuencia del incumplimiento de la supuesta obligaci\u00f3n de reinversi\u00f3n de los intereses a la tasa m\u00e1s alta del mercado, se condenara al banco demandado a expedir los t\u00edtulos en las condiciones que no lo hizo. <\/p>\n
Frente a lo anterior afirma que el demandante ejercit\u00f3 una acci\u00f3n de cumplimiento y no una de reparaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido, pero en la sentencia no se condena a \u201cexpedir tales t\u00edtulos\u201d, sino a pagar los intereses que en concepto del Tribunal se han debido obtener al colocar los frutos de los dineros invertidos, en parte como indemnizaci\u00f3n compensatoria, y en otra, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por la demora en hacer la reinversi\u00f3n de intereses. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con relaci\u00f3n a la demanda, es conocido que el sentenciador, en principio, s\u00f3lo tiene competencia para pronunciarse respecto de lo que en ella se le ha pedido y que si viola esa norma de comportamiento, condenando al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido (art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), esto envuelve una clara extralimitaci\u00f3n de sus funciones. <\/p>\n
2.- En el caso, al sostenerse en el cargo que el Tribunal pec\u00f3 por exceso, lo cual implica que se conden\u00f3 al demandado a pagar algo que no fue pedido o un objeto distinto al pretendido, de ser cierta esa afirmaci\u00f3n, esto conlleva a que se tenga que retirar de la parte dispositiva de la sentencia las condenas que se impusieron sin tener competencia para el efecto, situaci\u00f3n que es distinta cuando las mismas resultan de una errada interpretaci\u00f3n de la demanda, como cuando se concedi\u00f3 una prestaci\u00f3n por otra, porque en ese evento el error ser\u00eda de juzgamiento y no de procedimiento. <\/p>\n
Distinci\u00f3n que viene a prop\u00f3sito de lo que plantea en el cargo, porque aparte de que se denuncia de incongruente la sentencia, en la modalidad de \u201cextra petita\u201d, el recurrente no concreta cu\u00e1les son las decisiones que deben retirarse de la parte dispositiva de la misma. Desde luego que el vicio se habr\u00eda estructurado en el evento de que se hubiere ordenado cumplir la obligaci\u00f3n de hacer, suscribir los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino que debieron expedirse, como en efecto se solicit\u00f3 en la demanda, y a su vez condenado al demandado a pagar esos mismos intereses, pero reinvertidos en esa forma. <\/p>\n
Como se acepta en el cargo, el Tribunal no conden\u00f3 al banco a expedir los t\u00edtulos, raz\u00f3n por la cual no puede hablarse de un fallo en exceso. Lo que orden\u00f3 pagar fue los intereses pactados en los distintos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino desde cuando dej\u00f3 de hacer la reinversi\u00f3n hasta la terminaci\u00f3n del encargo fiduciario, y en adici\u00f3n, a partir de entonces, sobre el saldo dejado de remitir al juez de la sucesi\u00f3n de Pastor Viveros Bola\u00f1os, los intereses moratorios. <\/p>\n
Por supuesto que si lo que se pretende es que se ordene expedir los certificados de dep\u00f3sito que debieron suscribirse, en lugar del pago de intereses remuneratorios, seguramente por interpretar que se trata de una decisi\u00f3n favorable, pues en la sentencia se dispuso lo contrario, el error, entonces, no estar\u00eda en la decisi\u00f3n, sino en las razones que llevaron al Tribunal a adoptarla, lo cual genera un error distinto, en el caso, en la apreciaci\u00f3n de la demanda, al entender que en la forma como fueron fulminadas las pretensiones primeras subsidiarias, as\u00ed se hab\u00edan impetrado. <\/p>\n
3.- El cargo, por lo tanto, resulta infundado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 1\u00ba de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de \u00c1lvaro Ricardo Viveros Arteaga contra el Banco de Colombia. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n para ninguno de los recurrentes, por no haber prosperado ning\u00fan cargo. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 Cfr. Sentencia de 26 de marzo de 1999, CCLVIII-294. <\/p>\n
2 Auto de 19 de septiembre de 2003, expediente 19431, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
3 Sentencia 248 de 14 de diciembre de 2001, expediente 6230. <\/p>\n
4 En igual sentido la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 007 de enero 19 de 1996 de la Superintendencia Bancaria, seg\u00fan la cual \u201csi hay transferencia de la propiedad de los bienes estaremos ante la denominada fiducia mercantil regulada en el art\u00edculo 1226 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio, fen\u00f3meno que no se presenta en los encargos fiduciarios, tambi\u00e9n instrumentados con apoyo en las normas relativas al mandato, en los cuales s\u00f3lo existe la mera entrega de los bienes\u201d. <\/p>\n
5 Sentencia 146 de 30 de julo de 2001, expediente 5672. <\/p>\n
6 Sentencia 110 de 1\u00ba de junio de 2005, expediente 06327. <\/p>\n
7 Sentencia de 17 de septiembre de 1998, CXLVIII-221. <\/p>\n
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SC-286-2005 [1100131030201992-03132-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Referencia: Expediente C-1100131030201992-03132-01 Se deciden los recursos de casaci\u00f3n que interpusieron las partes, incluido el litisconsorte del demandante, respecto de la sentencia de 1\u00ba de noviembre de 2002, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83112"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83112\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}