SC-287-2005 [1100131030391998-01303-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-1100131030391998-01303-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Agroexportaciones Limitada, respecto de la sentencia de 2 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente contra Aseguradora Colseguros S.A., con llamamiento en garant\u00eda de Almagrario S.A.. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En el libelo que origin\u00f3 el proceso, reformado posteriormente, la demandante solicit\u00f3 que se declarara que la demandada es civilmente responsable por la ocurrencia del siniestro de la p\u00e9rdida de mercanc\u00edas aseguradas en las p\u00f3lizas de seguro de transporte 466822 y 466843 de 6 y 20 de noviembre de 1996, respectivamente, expedidas en aplicaci\u00f3n de la p\u00f3liza autom\u00e1tica 509488 de 6 de agosto del mismo a\u00f1o, y que como consecuencia se le condenara a pagar la suma de $623.887.814.oo, correspondiente al valor del seguro, con intereses e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- En lo pertinente, las pretensiones se fundamentan en los hechos que se compendian: <\/p>\n
2.1.- La demandante y la sociedad Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de la Caja Agraria y Banco Ganadero, Almagrario S. A., celebraron un contrato de dep\u00f3sito relacionado con repuestos para aviones, conforme a los controles de mercanc\u00edas y a las actas de revisi\u00f3n, todo en noviembre y diciembre de 1992, y enero de 1993, contrato que iniciado en Bogot\u00e1 expirar\u00eda en las bodegas de Barranquilla. <\/p>\n
2.2.- El dep\u00f3sito se consolid\u00f3 en las hojas de matr\u00edcula y de recibo por un valor de $594.178.870.oo, en las cuales, adicionalmente, se hizo una relaci\u00f3n detallada de los repuestos, y con base en ellas, en mayo de 1993, se emitieron bonos de prenda a favor del Banco Ganadero para respaldar cr\u00e9ditos que se otorgar\u00edan a la depositante. Agroexportaciones Limitada. <\/p>\n
2.3.- Adem\u00e1s de pagar el valor del dep\u00f3sito, la demandante entreg\u00f3 a la depositaria la suma de $2.171.129.oo, para que pagara la prima de las referidas p\u00f3lizas de seguro de transporte, las cuales fueron adquiridas a trav\u00e9s de Proseguros Limitada. <\/p>\n
2.4.- Autorizados por el acreedor prendario, Agroexpotaciones Limitada y Almagrario S. A. contrataron el transporte de las mercanc\u00edas depositadas objeto del contrato de dep\u00f3sito a la ciudad de Barranquilla, en la suma de $1.250.500.oo, cantidad que fue pagada por aqu\u00e9lla a la firma Jogal Limitada, \u00e9sta quien dispuso lo pertinente conforme a la orden de carga de 1\u00ba de noviembre de 1996. <\/p>\n
2.5.- En el trayecto, concretamente en inmediaciones de Montel\u00edbano, C\u00f3rdoba, el transporte fue objeto de un atraco, el 4 de noviembre de 1996, por personas desconocidas, quienes hurtaron el veh\u00edculo, recuperado despu\u00e9s, y la carga, seg\u00fan denuncia que formul\u00f3 el conductor. <\/p>\n
2.6.- Presentada la reclamaci\u00f3n, la aseguradora la objet\u00f3 aduciendo inexistencia de inter\u00e9s asegurable, porque \u201cni Almagrario S. A. ni Agroexportaciones Limitada\u201d hab\u00edan demostrado la adquisici\u00f3n de los repuestos, para aviones, como tampoco su origen y valor comercial, lo cual tampoco fue constatado cuando se constituy\u00f3 su el dep\u00f3sito, de las mismas, al punto que se acept\u00f3 el valor que el depositante \u201cunilateralmente determin\u00f3 se\u00f1alar\u201d. <\/p>\n
2.7.- Los argumentos de la objeci\u00f3n no son ciertos, porque las actas de recibo y las matr\u00edculas de dep\u00f3sito acreditaban la existencia de las mercanc\u00edasos repuestos, laos cuales no s\u00f3lo fueron cuales, am\u00e9n de haber sido avaluadaos por los t\u00e9cnicos aeron\u00e1uticos Carlos Cort\u00e9s y Mariano Castellanos, sino que tambi\u00e9n se negociaron peritos t\u00e9cnicos en la materia, fueron negociados con Ram\u00edrez Rond\u00f3n S. en C., el Fondo Rotatorio de la Fuerza A\u00e9rea, Ana Luc\u00eda Ospina de Mancera, Jimeno Gonz\u00e1lez Quintero, Dagoberto Mart\u00ednez y Avianca. <\/p>\n
2.8.- La conducta de la demandada de negar el pago de la mercanc\u00eda hurtada y amparada con las p\u00f3lizas de seguro de transporte, ha ocasionado perjuicios enormes. <\/p>\n
3.- La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, en lo esencial, por las mismas razones de la objeci\u00f3n, y porque se estableci\u00f3 que el irregular contrato de dep\u00f3sito hab\u00eda reca\u00eddo sobre repuestos obsoletos o de chatarra, como lo certific\u00f3 la Fuerza A\u00e9rea Colombiana. Aunque acept\u00f3 la expedici\u00f3n de las p\u00f3lizas de seguro de transporte con aplicaci\u00f3n a la p\u00f3liza autom\u00e1tica por un valor de $623.887.814.oo, teniendo como asegurada y beneficiaria a la demandante, formul\u00f3 las excepciones de inexistencia del inter\u00e9s asegurable, nulidad relativa y caducidad. <\/p>\n
4.- El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 17 de enero de 2001, declar\u00f3 infundadas las excepciones de m\u00e9rito y accedi\u00f3 a las pretensiones, salvo lo concerniente a la indexaci\u00f3n. Decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la aseguradora, para en su lugar absolverla. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Luego de algunas consideraciones sobre el contrato de seguro, en particular de la denominada p\u00f3liza autom\u00e1tica, y tras identificar que en los seguros de transporte se encuentra inmerso un seguro de da\u00f1os, como el del caso, para diferenciarlo de los llamados \u201cseguros de suma\u201d en los cuales el valor asegurado se debe cubrir integralmente, el Tribunal dej\u00f3 sentado que el valor de la prestaci\u00f3n a cancelar por parte del asegurador se hallaba delimitada, entre otros elementos, por el valor real del inter\u00e9s asegurado, es decir, por el valor de los bienes en el estado en que se encontraban al momento de ocurrir el siniestro, valor que se presum\u00eda cuando sobre su cuant\u00eda hab\u00eda existido \u201cacuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador\u201d. <\/p>\n
2.- A partir de considerar que al asegurado le correspond\u00eda la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuant\u00eda, el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que si bien se demostr\u00f3 que las mercanc\u00edas transportadas fueron hurtadas en su totalidad, \u201checho que por contera configura el siniestro\u201d, esto no significaba que al consignarse en las p\u00f3lizas de seguro como valor asegurado la suma de $623.887.814.oo, la demandante, en su calidad de asegurada y beneficiaria, estuviera eximida de probar la \u201ccuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d, que a la postre ser\u00eda el \u201cmonto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido\u201d, como un elemento necesario para establecer el costo de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al encontrar que con ese prop\u00f3sito se estim\u00f3 que como suficientes los valores asignados a cada uno de los repuestos en la \u201cmatr\u00edcula de dep\u00f3sito\u201d expedida por Almagrario, constitu\u00edan prueba contra la aseguradora, el Tribunal concluy\u00f3 que la parte demandante, \u201cquien dicho sea de paso en ning\u00fan momento intent\u00f3 demostrar la cuant\u00eda del siniestro\u201d, hab\u00eda desde\u00f1ado la \u201cobligaci\u00f3n de acreditar el valor real asegurado mediante las especies probatorias que contempla la ley, con citaci\u00f3n y audiencia de su contraparte\u201d. <\/p>\n
En ese preciso punto, el sentenciador hizo notar que la demandante, motu proprio, fue quien fij\u00f3 el valor de los aludidos repuestos, suma que Almagrario acept\u00f3 sin reparo alguno, pues al decir de su presidente, el \u201cprecio fue dado por Agroexportaciones y aceptado por Almagrario que es el que tiene que figurar en la respectiva matr\u00edcula de dep\u00f3sito\u201d. Tal valor, por lo tanto, expresado sin soporte alguno por la asegurada beneficiaria, no pod\u00eda \u201cretomarse como el monto efectivo del perjuicio a efecto de tasar la indemnizaci\u00f3n suplicada\u201d. <\/p>\n
De otra parte, si los repuestos en cuesti\u00f3n fueron depositados en Almagrario a finales de 1992, es claro que ocurrido el siniestro el 4 de noviembre de 1996, cobraba mayor fuerza la idea de valorar el \u201cmonto efectivo del perjuicio patrimonial\u201d. Esto porque el paso del tiempo y la reconocida falta de mercado nacional de los anotados bienes, los mismos se encontraban en la posibilidad de perder valor en relaci\u00f3n con el \u201cprecio asignado a su manera por la demandante\u201d. <\/p>\n
3.- En torno a esa falencia probatoria, el sentenciador estim\u00f3 conveniente precisar que en el caso, en estrictez, no se vislumbraba la manera de allegar la prueba del perjuicio tantas veces aludido, pues del interrogatorio absuelto por el representante de la actora, no se deduc\u00eda la \u201cforma y valor de adquisici\u00f3n de esos repuestos\u201d, anomal\u00eda que se acentuaba en su contra \u201ccuando no aport\u00f3 los libros de comercio y contabilidad que la ley obliga a llevar en trat\u00e1ndose de una sociedad comercial\u201d. <\/p>\n
4.- Con relaci\u00f3n a las excepciones, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que frente al naufragio de las pretensiones, por sustracci\u00f3n de materia no entraba a estudiarlas. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1.- En el \u00fanico cargo formulado se denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 68, 70, 1036, 1037, 1040, 1045 a 1049, 1050, 1054, 1077, 1079, 1080, 1083, 1086, 1088, 1089, 1117, 1118, 1120 y 1124 del C\u00f3digo de Comercio, 762, 1603 y 1613 a 1616 del C\u00f3digo Civil, 175 y 271 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.- Luego de precisar los alcances del seguro de transporte e identificar que el argumento cardinal del Tribunal para negar las pretensiones consisti\u00f3 en la ausencia de prueba de la cuant\u00eda del siniestro, lo cual implicaba la existencia del contrato de seguro de transporte y la ocurrencia del siniestro, la recurrente manifiesta que esa conclusi\u00f3n es fruto de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
2.1.- En primer lugar, al cercenar el contenido de la p\u00f3liza autom\u00e1tica de transporte 509488, los certificados de seguro 466822 y 466843, expedidos en aplicaci\u00f3n de la misma, y el documento de 1\u00ba de noviembre de 1996, mediante el cual Almagrario solicit\u00f3 a Proseguros Limitada tramitar ante la demandada el amparo para el transporte de la mercanc\u00eda depositada en su almac\u00e9n. <\/p>\n
Afirma la recurrente que si el sentenciador hubiere apreciado en su integridad los anteriores medios, habr\u00eda encontrado que los repuestos para aviones que se encontraban en el almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, se aseguraron por $623.887.814.oo, valor que acept\u00f3 Colseguros \u201csin objeci\u00f3n alguna\u201d, y que en la p\u00f3liza autom\u00e1tica de transporte intervino Almagrario como tomador, asegurado y beneficiario, y en los certificados individuales, indistintamente, Agroexportaciones como asegurado y beneficiario, todo lo cual pone de presente que no es cierto que en la identificaci\u00f3n y aval\u00fao de las mercanc\u00edas la demandante haya actuado \u201cmotu proprio\u201d. <\/p>\n
2.2.- As\u00ed mismo, al omitir apreciar los documentos de pago de la suma de $2.171.129.oo, \u201cvalor del seguro de transporte\u201d, cantidad que la demandante entreg\u00f3 para tal fin al almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, en donde en el recibo de egreso se incluy\u00f3 como \u201cvalor de la mercanc\u00eda\u201d $594.178.870.oo, m\u00e1s fletes, y las comunicaciones cruzadas entre Almagrario y Agroexportaciones acerca de la orden de carga a la transportadora, y entre Proseguros Limitada y la aseguradora solicitando la expedici\u00f3n de los certificados de seguro en aplicaci\u00f3n de la p\u00f3liza autom\u00e1tica. <\/p>\n
Expresa la recurrente que si el Tribunal hubiere valorado las anteriores pruebas habr\u00eda concluido el pago del seguro por el valor de la mercanc\u00eda asegurada, y que en la \u201cidentificaci\u00f3n y aval\u00fao de la misma, al igual que en la \u201cnegociaci\u00f3n y celebraci\u00f3n del seguro\u201d, la demandante no hab\u00eda obrado por s\u00ed sola, menos cuando los repuestos correspond\u00edan a los que se encontraban depositados en Almagrario. <\/p>\n
2.3.- Igualmente, al dejar de apreciar los folios contenidos en las carpetas AZ y sin r\u00f3tulo, que donde se discriminan los repuestos involucrados, las distintas actas de recibo de los mismos por parte de Almagrario, las matr\u00edculas de dep\u00f3sito que \u00e9sta expidi\u00f3 y las actas de revisi\u00f3n de las mercanc\u00edas firmadas por un representante de la demandante y del almac\u00e9n general de dep\u00f3sito. <\/p>\n
Considera la recurrente que la omisi\u00f3n de las anteriores pruebas llev\u00f3 al sentenciador a desconocer la participaci\u00f3n de la demandante y de la depositaria en todo el proceso que culmin\u00f3 con el dep\u00f3sito de las mercanc\u00edas, y de contera, que en la \u201cidentificaci\u00f3n y aval\u00fao\u201d de los repuestos, la mercanc\u00eda, el valor que aqu\u00e9lla le dio a los mismos a misma no fue arbitrario, al punto que le sirvi\u00f3 para establecer el valor de bodegaje, seg\u00fan documento que igualmente no fue apreciado. De ah\u00ed que c Por lo tanto, cuando la aseguradora expidi\u00f3expidiera los certificados de seguro de transporte a petici\u00f3n de Almagrario, con la intermediaci\u00f3n de Proseguros, ese valor no le mereci\u00f3 \u201cning\u00fan reproche\u201d, lo que \u201cnaturalmente implicaba un acuerdo expreso\u201d del valor asegurado. <\/p>\n
2.4.- Del mismo modo, al ignorar la comunicaci\u00f3n de 31 de mayo de 1993 del Banco Ganadero a Almagrario, informando la constituci\u00f3n de bonos de prenda sobre los repuestos depositados. para garantizar cr\u00e9ditos otorgados a la demandante. <\/p>\n
Manifiesta la recurrente que si las mercanc\u00edas fueron aceptadas como garant\u00eda de cr\u00e9ditos por parte de una entidad financiera, \u201csu valor no pod\u00eda ser fruto de la sola imaginaci\u00f3n de la parte demandante\u201d, sino que el valor asegurado correspond\u00eda a una suma que no se \u201chab\u00eda puesto en duda\u201d por todos los profesionales que participaron en los negocios de intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
Acota la recurrente que nada distinto al acuerdo entre depositante, depositario y asegurador se requer\u00eda para \u201cdeterminar el valor de los repuestos\u201d. Naturalmente que no se le pod\u00eda endilgar a la demandante \u201cun comportamiento contrario a la buena fe en todas las negociaciones\u201d que se realizaron alrededor de los citados bienes. <\/p>\n
2.6.- En igual sentido, al no apreciar los testimonios de Orlando Arteaga Santamar\u00eda, Nancy del Socorro \u00c1lvarez G\u00f3mez, vicepresidente y funcionaria de Almagrario, y del representante legal de \u00e9sta, sobre que durante el tr\u00e1mite del dep\u00f3sito dicha sociedad tambi\u00e9n intervino en la estimaci\u00f3n de los bienes cuando expidi\u00f3 los certificados y matr\u00edculas, al aceptar sin reparo los valores que le suministr\u00f3 el cliente, esto es, Agroexportaciones Limitada, porque como lo declar\u00f3 el primero de los nombrados, ven\u00edan certificados por un t\u00e9cnico con licencia de la aeron\u00e1utica civil, inclusive antes del transporte ese valor igualmente fue establecido por el perito de la misma entidad. <\/p>\n
Subraya la recurrente que los anteriores medios demuestran que la demandante se comport\u00f3 lealmente y que no actu\u00f3, motu proprio, en la determinaci\u00f3n y aval\u00fao de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
2.7.- De la mima forma, al no apreciar la declaraci\u00f3n de Rafael Hern\u00e1n P\u00e9rez Granados, quien como coordinador de bodega del almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, recibi\u00f3 y constat\u00f3 la existencia de los repuestos, inclusive su valor, conforme a los listados suministrados por el cliente, todo lo cual se consign\u00f3 en los certificados y matr\u00edculas de dep\u00f3sito. <\/p>\n
Se\u00f1ala la recurrente que la anterior prueba corrobora que la sociedad demandante no obr\u00f3 por s\u00ed en la determinaci\u00f3n del valor de las mercanc\u00edas, por el contrario, los \u201cvalores dados a todos los elementos que configuraban el dep\u00f3sito fueron cotejados minuciosamente\u201d. <\/p>\n
2.8.- De otra parte, al pretermitir el testimonio de Mariano Castellanos S\u00e1nchez, perito t\u00e9cnico aeron\u00e1utico, y los documentos que \u00e9ste reconoci\u00f3, quien am\u00e9n de haber revisado los repuestos en 1993 y avaluarlos en 1996, en m\u00e1s de mil doscientos millones de pesos, manifest\u00f3 que como no hab\u00edan sufrido \u201ccorrosi\u00f3n\u201d ten\u00edan bastante salida comercial en Estados Unidos de Am\u00e9rica, Canad\u00e1 y \u00c1frica, donde operaban aviones compatibles. <\/p>\n
Anota la recurrente, por lo tanto, que no es cierto que la mercanc\u00eda haya perdido valor econ\u00f3mico en relaci\u00f3n con el precio \u201casignado a su manera por el demandante\u201d. Esas pruebas, adem\u00e1s, desvirt\u00faan la certificaci\u00f3n del Comando A\u00e9reo de Mantenimiento de la Fuerza A\u00e9rea, documento que entre otras cosas no discrimina los repuestos, y las declaraciones de los investigadores de la aseguradora, como la de Arnoldo Duarte Revelo, sobre que se trataba de bienes obsoletos o de chatarra. <\/p>\n
2.9.- Finalmente, al tergiversar el interrogatorio del representante de la sociedad demandante, en cuanto, refiri\u00e9ndose a la forma como se adquirieron los repuestos, pone de presente que no era necesario para que se le reconociera el derecho que presentara pruebas distintas a la posesi\u00f3n y tenencia, porque las mercanc\u00edas las compr\u00f3 en suma cercana a los trescientos millones de pesos, seg\u00fan lo relata.las negociaciones que relata. <\/p>\n
3.- Afirma la recurrente que el Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de derecho al exigir como pruebas para demostrar la forma y valor de adquisici\u00f3n de los repuestos, los \u201clibros de comercio y contabilidad\u201d, cuando son medios que la ley no exige para ese prop\u00f3sito, menos en el los caso donde no s, como el presente, en que no se debate una cuesti\u00f3n mercantil relacionada con esos libros. <\/p>\n
4.- Concluye la recurrente que los errores denunciados llevaron al Tribunal a desconocer que entre las partes del contrato de seguro y la demandante hubo acuerdo con la aseguradora sobre los bienes amparados y su cuant\u00eda, pues \u00e9sta as\u00ed lo acept\u00f3, raz\u00f3n por la cual en aqu\u00e9lla exist\u00eda inter\u00e9s asegurable al ser la depositante de la mercanc\u00eda, a su vez interesada en el transporte, am\u00e9n de que era suficiente su calidad de poseedor de los repuestos para tener derecho a la indemnizaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el sentenciador, todo con quebranto de las disposiciones legales citadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Es incuestionable que si las pretensiones no salieron avante porque no se hab\u00eda demostrado la cuant\u00eda del siniestro, aunque s\u00ed el hurto de las mercanc\u00edas objeto del contrato de transporte, esto implica, como lo acepta la recurrente, que para el Tribunal fue punto pac\u00edfico la existencia de los certificados de seguro de transporte que se expidieron en aplicaci\u00f3n de una p\u00f3liza autom\u00e1tica de la misma estirpe, en la forma como se describe en la demanda. <\/p>\n
Lo mismo cabe predicarse de la constataci\u00f3n e identificaci\u00f3n de los repuestos afectos a toda la operaci\u00f3n del transporte, porque el Tribunal expresamente lo refiri\u00f3. De un lado, al se\u00f1alar que el valor unitario que se le dio a los citados bienes en las matr\u00edculas expedidas como consecuencia del contrato de dep\u00f3sito, no constitu\u00eda prueba contra la aseguradora; y de otro, al aceptar que los repuestos en cuesti\u00f3n en efecto hab\u00edan sido \u201cdepositados en Almagrario a finales del a\u00f1o de 1992\u201d. <\/p>\n
En ese orden, sin desconocer las calidades en que actuaron Almagrario S. A., Agroexportaciones Limitada y Colseguros S. A., en toda la operaci\u00f3n del transporte, pues es un punto que en la sentencia impugnada tampoco se pone en tela de juicio, salta de bulto que en ning\u00fan error de hecho, con las caracter\u00edsticas de manifiesto y trascendente, pudo incurrir el Tribunal al apreciar las pruebas que el cargo singulariza, respecto a la existencia de la p\u00f3liza autom\u00e1tica para seguro de transporte de mercanc\u00edas y a los certificados individuales de seguros de transporte que con fundamento en la misma se emitieron, al pago de las primas del seguro y a la constataci\u00f3n e identificaci\u00f3n de los repuestos para aviones objeto del contrato de transporte, lo cual precisamente posibilit\u00f3 el contrato de dep\u00f3sito y , as\u00ed como la expedici\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sito correspondientes. <\/p>\n
2.- Reducido el grueso de la acusaci\u00f3n, entonces, a la cuant\u00eda del siniestro, cuesti\u00f3n que supone la ocurrencia del mismo, el recurrente sostiene que el sentenciador no tuvo por acreditado ese hecho producto de no haber visto en las distintas pruebas que relaciona que los bienes envueltos en la operaci\u00f3n de transporte fueron avaluados para efectos del contrato de dep\u00f3sito y la expedici\u00f3n de los certificados respectivos, inclusive para que se emitieran los bonos de prenda a favor del Banco Ganadero, y de haber omitido que ese mismo aval\u00fao, es decir, la cantidad de $623.887.814.oo, con los fletes, fue declarado en los certificados individuales de seguro. <\/p>\n
de transporte. <\/p>\n
Sobre el particular pertinente resulta observar que las pretensiones se negaron por circunstancias distintas a la falta de aval\u00fao de los bienes. En efecto, para el Tribunal no fue extra\u00f1o todo lo que gir\u00f3 alrededor de ese hecho aval\u00fao, porque en forma expresa lo constat\u00f3 no s\u00f3lo cuando se\u00f1al\u00f3 que respecto de tales bienes se consign\u00f3 como \u201cvalor asegurado la suma de $623.887.814.oo\u201d, incluidos el valor de los fletes, sino cuando, refiri\u00e9ndose a la \u201ccuant\u00eda del siniestro\u201d, indic\u00f3 que la parte demandante hab\u00eda considerado como suficiente los \u201cvalores asignados a cada uno de los repuestos en la matr\u00edcula de dep\u00f3sito expedida por Almagrario\u201d. <\/p>\n
SAhora, si la expedici\u00f3n de las matr\u00edculas de dep\u00f3sito, tambi\u00e9n lo referente a la constituci\u00f3n de los bonos de prenda, son hechos posteriores a la constataci\u00f3n, identificaci\u00f3n y aval\u00fao de los repuestos para aviones, y si, de otra parte, el valor de las mercanc\u00edas que se declar\u00f3 en los certificados de seguro de transporte es el que result\u00f3 del proceso que se inici\u00f3 con el contrato de dep\u00f3sito, mismo que constat\u00f3 el Tribunal, surge di\u00e1fano que \u00e9ste de ning\u00fan modo pudo omitir ese aval\u00fao hecho en las pruebas que menciona el cargo. Por el contrario, antes que existir en ese preciso punto una palmaria contradicci\u00f3n entre lo afirmado por el sentenciador y la realidad que aflora de las pruebas, lo que se observa es una total fidelidad con su contenido objetivo. <\/p>\n
3.- Distinto es que los anotados esos valores, para los efectos precisos del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, no sean oponibles a la parte demandada y por ende que no sean equivalentes a la \u201ccuant\u00eda del siniestro\u201d, porque seg\u00fan el Tribunal, am\u00e9n de que hab\u00edan resultado fijados por la la sociedad demandante desde el mismo contrato de dep\u00f3sito, as\u00ed en ese procedimiento hubieren participado, directa o indirectamente, otros sujetos, tales valores de ninguna manera \u201cpod\u00edan tomarse como el monto efectivo del perjuicio\u201d, pues concern\u00eda a un elemento que inexorable y fehacientemente deb\u00eda demostrarse, trat\u00e1ndose, claro est\u00e1, como es el caso, de un seguro de da\u00f1os, donde campea el principio indemnizatorio, con todo lo que ello implica. <\/p>\n
Es cierto que el sentenciador justific\u00f3 la necesidad de valorar el \u201cmonto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario\u201d al momento del siniestro, argumentando que el tiempo transcurrido entre la fecha del dep\u00f3sito de los repuestos para aviones, finales de noviembre de 1992, y la \u00e9poca del siniestro, 4 de noviembre de 1996, y su reconocida falta de mercado nacional, no descartaba la posibilidad de que hubieren podido \u201cperder valor en relaci\u00f3n con el precio asignado a su manera por la demandante\u201d. <\/p>\n
Aunque en ninguna parte se dej\u00f3 sentado que los repuestos fueran obsoletos o de chatarra o que no tuvieran salida comercial en otros pa\u00edses, pues lo que se afirm\u00f3 era que no ten\u00edan demanda en el \u201cmercado nacional\u201d, cuesti\u00f3n que por s\u00ed descarta cualquier reproche sobre el particular, lo anterior en realidad no fue lo trascendente de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por supuesto que al considerar que el seguro contratado hab\u00eda sido de \u201cda\u00f1os\u201d y no un \u201cseguro de suma\u201d, hecho que igualmente se acepta en el cargo, y al diferenciar entre \u201csuma asegurada\u201d y \u201cvalor real del inter\u00e9s asegurado al momento del siniestro\u201d, el Tribunal lo que estaba significando era que as\u00ed el valor declarado en el seguro hubiere sido aceptado por la aseguradora, esto no equival\u00eda a la cuant\u00eda del siniestro, porque la \u201csuma asegurada\u201d serv\u00eda era al prop\u00f3sito de calcular la prima y fijar el tope m\u00e1ximo de la indemnizaci\u00f3n, en tanto que el \u201cvalor real del inter\u00e9s asegurado\u201d deb\u00eda corresponder era al aval\u00fao que registraran los bienes, en el estado en que se encontraban, al momento de ocurrir el siniestro. <\/p>\n
Si as\u00ed no fuera, por la v\u00eda del establecimiento de la suma asegurada en un seguro de da\u00f1os, excepci\u00f3n hecha del supuesto consagrado en el art\u00edculo 1089 del C\u00f3digo de Comercio, se estar\u00eda relevando al asegurado de demostrar, a posteriori, el valor de la indemnizaci\u00f3n, cuando por regla de principio, seg\u00fan el art\u00edculo 1077, ib\u00eddem, ocurrido el siniestro, a dicho asegurado le corresponde probar, adem\u00e1s, la \u201ccuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d. <\/p>\n
De manera que si la \u201csuma asegurada\u201d no era lo mismo que \u201ccuant\u00eda del siniestro\u201d o \u201cvalor real del inter\u00e9s asegurado\u201d, tampoco las afirmaciones del sentenciador sobre que el aval\u00fao de los repuestos para aviones fue fijado, \u201cmotu proprio\u201d o \u201ca su manera\u201d, por la sociedad demandante, pudo incidir en el fallo absolutorio, porque con independencia de que esto sea cierto, nadie discute que la \u201csuma asegurada\u201d que se declar\u00f3 no sea la misma del contrato de dep\u00f3sito y de las matr\u00edculas o certificados respectivos, inclusive de los bonos de prenda. Desde luego que a la aseguradora le era inoponible todo lo que rode\u00f3 el dep\u00f3sito de los repuestos, incluyendo su aval\u00fao, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que no fue parte en todo ese proceso, como tampoco los bonos de prenda, porque en \u00e9stos ni siquiera es parte el propio Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito, como as\u00ed lo tiene explicado la Corte (sentencia de 29 de mayo de 1991, CCVIII-399). <\/p>\n
4.- En ese sentido, el Tribunal no pudo omitir apreciar las pruebas que se relacionan con el aval\u00fao de los repuestos para aviones al momento del dep\u00f3sito por parte de t\u00e9cnicos aeron\u00e1uticos,expertos en todo lo que rode\u00f3 su dep\u00f3sito, inclusive en mayo de 1996, esto es, mucho antes de expedirse las p\u00f3lizas de seguro de transporte, porque si la aseguradora fue ajena a todo ese proceso, no otra cosa estaba haciendo que desechar los medios que en ese sentido exist\u00edan, en el expediente, porque los mismos no constitu\u00edan prueba contra \u00e9sta. <\/p>\n
Lo anterior, desde luego, no fue extra\u00f1o para la recurrente, porque en ninguna parte expres\u00f3 que la aseguradora s\u00ed particip\u00f3 en el aval\u00fao de las mercanc\u00edas o que al menos prest\u00f3 su consentimiento con ese prop\u00f3sito. Simplemente manifest\u00f3 que como en dicho aval\u00fao intervinieron expertos en la materia y profesionales en negocios de intermediaci\u00f3n, la cuant\u00eda del siniestro lo constitu\u00eda el valor declarado como asegurado, porque respecto del mismo la demandada hab\u00eda aceptado ese aval\u00fao al no hacer la \u201cm\u00e1s m\u00ednima objeci\u00f3n\u201d cuando expidi\u00f3 las p\u00f3lizas de seguro de que da cuenta el proceso. <\/p>\n
Esto, empero, tiene una explicaci\u00f3n diferente, porque trat\u00e1ndose de un seguro de da\u00f1os, una cosa es el valor asegurado y otra, distinta, el valor presunto, seg\u00fan se trate de una declaraci\u00f3n unilateral del tomador o del asegurado, o de un \u201cacuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador\u201d sobre el valor real del inter\u00e9s asegurado, como lo establece establece el art\u00edculo 1089 del C\u00f3digo de Comercio, distinci\u00f3n que como se observa en el mismo precepto, es de capital importancia para efectos de, ocurrido el siniestro, distribuir la prueba acerca del valor real del inter\u00e9s asegurado. . <\/p>\n
Por supuesto que en el caso no puede estarse frente a un valor presunto que conllevara a exonerar a la demandante del onus probandi en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda del siniestro, porque no es cierto, como se asegura en el cargo, que la suma que se declar\u00f3 como valor de los repuestos para aviones correspond\u00eda a un \u201cacuerdo expreso\u201d entre asegurado y el asegurador, y porque su aceptaci\u00f3n por la aseguradora al expedir los certificados individuales de seguro s\u00f3lo pod\u00eda tener como finalidad \u201cfijar convencionalmente el importe extremo de la pretensi\u00f3n indemnizatoria que la empresa aseguradora puede verse compelida a satisfacer si el siniestro llegare a ocurrir, y la de servir de base para el c\u00e1lculo, junto con otros factores t\u00e9cnicos, de la prima que el tomador debe pagar\u201d (sentencia de 11 de octubre de 1995, CCXXXVII-1062).. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la suma asegurada, de por s\u00ed, no serv\u00eda de factor para determinar en el presente caso la indemnizaci\u00f3n del siniestro, porque como en el mismo antecedente lo explic\u00f3 la Corte, lo tiene explicado la Corte, esa dicha cantidad, que es \u201cdiferente del valor asegurable y puede coincidir o no con este \u00faltimo\u201d, generalmente es fijada unilateralmente por el asegurado. De ah\u00ed que la inserci\u00f3n de una cifra tal en la p\u00f3liza \u201cno significa que por fuerza el asegurador tenga que pagarla en su totalidad, puesto que (…) la cuant\u00eda de esta prestaci\u00f3n depende de la entidad real y la incidencia del da\u00f1o consecuencia del siniestro\u201d. (sentencia de 11 de octubre de 1995, CCXXXVII-1062). <\/p>\n
5.- Finalmente, aunque es evidente que cuando para demostrar un hecho el sentenciador exige una prueba especial que la ley no requiere, se est\u00e1 en presencia de un t\u00edpico error de derecho (sentencia de 7 de marzo de 1997, CCXLVI-164), en el caso el error que al respecto se denuncia tampoco existe, porque para acreditar la cuant\u00eda del siniestro el Tribunal no restringi\u00f3 la libertad probatoria, por el contrario, expresamente se\u00f1al\u00f3 que ese hecho correspond\u00eda demostrarlo a la demandante \u201cmediante las especies probatorias que contempla la ley, con citaci\u00f3n y audiencia de su contraparte\u201d. <\/p>\n
Si bien en la sentencia impugnada se se\u00f1al\u00f3 que, en estrictez, no se vislumbraba la manera de \u201callegar la prueba del perjuicio tantas veces aludido\u201d, pues no era clara la \u201cforma y valor de adquisici\u00f3n de esos repuestos\u201d, el Tribunal, con ese prop\u00f3sito, no exigi\u00f3 ninguna prueba espec\u00edfica. <\/p>\n
Simplemente la menci\u00f3n que hizo de los \u201clibros de comercio y contabilidad\u201d fue para significar que las falencias probatorias que hab\u00eda encontrado respecto del monto efectivo del perjuicio patrimonial, es decir, del valor real del inter\u00e9s asegurado, que se define, seg\u00fanseg\u00fan el pen\u00faltimo antecedente citado, el antecedente inmediatamente citado, \u201ccomo el que registran los bienes en el estado en que se encuentran a la ocurrencia del siniestro\u201d, sentido en que igualmente lo registr\u00f3 el Tribunal, se acentuaban contra la demandante al no haber aportado esos medios, bien para aclarar esos hechos o para corroborar otras pruebas, pero no que fueran los \u00fanicos id\u00f3neos con dicha finalidad. <\/p>\n
56.- De otra parte, no est\u00e1 por dem\u00e1s observar, a prop\u00f3sito de la \u201cforma y valor de adquisici\u00f3n de los repuestos\u201d, cuesti\u00f3n que el Tribunal no encontr\u00f3 claro, que conforme se afirma en la demanda, inicialmente, algunos fueron adquiridos por Dagoberto Mart\u00ednez a Avianca S. A. el 11 de agosto de 1988 (folio 26, C-1), y otros, mediante el sistema de remate, a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana por Taxi A\u00e9reo de la Orinoqu\u00eda Limitada, Taxor Ltda., el 14 de febrero de 1991 (folios 29-29A, C-1), y por Jimeno Gonz\u00e1lez Quintero el 15 de abril del mismo a\u00f1o (folio 397, C-1), bienes que vinieron a parar a la firma Ram\u00edrez & Rond\u00f3n S. en C., quien finalmente los cedi\u00f3 a la sociedad demandante. <\/p>\n
Pese a que se declar\u00f3 como valor asegurado de los repuestos la suma de $623.887.814.oo, incluidos los fletes, lo cierto es que en el documento de cesi\u00f3n que en copia obra en el proceso (folio 26, C-3), no se hizo constar el valor de dicha cesi\u00f3n. Tampoco existe prueba sobre el precio de adquisici\u00f3n por parte de la firma Ram\u00edrez & Rond\u00f3n S. en C. a los anteriores propietarios, ni de las transacciones precedentes que de los mismos repuestos otros realizaron. <\/p>\n
Lo que s\u00ed consta es que Dagoberto Mart\u00ednez compr\u00f3 el lote de repuestos en la cantidad de $2.000.000.oo, quien a su vez los vendi\u00f3 a Oscar Juli\u00e1n Campuzano Aguilar en la suma de $13.000.000.oo. En lo dem\u00e1s, no es claro el valor del lote de repuestos adjudicados a la sociedad Taxor Ltda., porque los mismos fueron subastados junto con dos aviones por un total de $11.350.000.oo, y respecto de los que subast\u00f3 Jimeno Gonz\u00e1lez Quintero, ning\u00fan valor se relacion\u00f3. <\/p>\n
76.- En ese orden de ideas, el cargo no puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Agroexportaciones Limitada contra Aseguradora Colseguros S. A., con llamamiento en garant\u00eda de Almagrario S. A.. <\/p>\n
Las costas del recurso corren a cargo de la demandante recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-287-2005 [1100131030391998-01303-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente C-1100131030391998-01303-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Agroexportaciones Limitada, respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83113\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}