SC-289-2005 [1100131030031995-07113-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno de noviembre de dos mil cinco <\/p>\n
Se deciden los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 19 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario promovido por Sociedad Dissantamar\u00eda S.A. contra Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de Occidente \u00abAloccidente S.A.\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La firma demandante pidi\u00f3 declarar que la demandada es responsable \u00abpor la p\u00e9rdida de cinco mil cien (5.100) bandejas de cerveza marca TECATE, que DISSANTAMARIA S.A., en su condici\u00f3n de depositante, le entreg\u00f3 a t\u00edtulo de dep\u00f3sito remunerado\u00bb, como consecuencia pretendi\u00f3 recibir la suma de $45.000.000 correspondientes al valor de la cerveza, adicionados por otros $50.000.000 o cifra superior, resultante de la ganancia que hubiera obtenido con la venta de la bebida, cantidades incrementadas con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses. <\/p>\n
2. Como fundamento factual de las pretensiones, el demandante expuso: <\/p>\n
2.1. La sociedad Dissantamaria S.A. contrat\u00f3 con Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de Occidente \u00abAloccidente S.A.\u00bb, el dep\u00f3sito de varios productos, entre ellos, la cerveza importada de M\u00e9xico, marca \u00abTecate\u00bb. <\/p>\n
2.2. La demandante \u00abregistr\u00f3 ante Aloccidente las firmas autorizadas para el retiro de mercanc\u00edas, as\u00ed como los sellos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2.3. Los d\u00edas 15 de abril, 6 y 9 de mayo de 1994, Aloccidente permiti\u00f3 el retiro irregular, y por lo tanto la p\u00e9rdida de 5.100 bandejas de cerveza marca Tecate, equivalentes a 122.400 unidades de la bebida, pues las \u00f3rdenes de entrega no fueron suscritas por las personas autorizadas. <\/p>\n
2.4. Dissantamaria S.A. percat\u00f3 el faltante de mercanc\u00eda como consecuencia de la variaci\u00f3n de los precios del mercado e igualmente porque ante una nueva solicitud de retiro, Aloccidente manifest\u00f3 que no quedaban existencias. <\/p>\n
2.5. Aloccidente S.A. incumpli\u00f3 el procedimiento interno, tampoco observ\u00f3 las instrucciones impartidas por Dissantamaria S.A. para la devoluci\u00f3n o entrega de los bienes depositados, pues no verific\u00f3 prudente y diligentemente las firmas y sellos de las comunicaciones \u00abcon las cuales se retir\u00f3 la mercanc\u00eda, que resultan claramente distintas a las registradas\u00bb por el demandante. <\/p>\n
3. La demandada resisti\u00f3 las pretensiones, para ello formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 como \u00abfalta de causa para demandar\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de resarcir perjuicios\u00bb, \u00abno ser notoria la falsificaci\u00f3n y alteraci\u00f3n alegadas\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, \u00abimprocedencia de la pretensi\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de culpa por parte de Aloccidente\u00bb, \u00abconducta negligente de Dissantamaria\u00bb, \u00abimprocedencia de las pretensiones de lucro cesante, correcci\u00f3n monetaria y de intereses\u00bb, \u00abculpa exclusiva de Dissantamar\u00eda\u00bb, \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb, \u00abhecho de un tercero\u00bb. <\/p>\n
4. La primera instancia result\u00f3 auspiciosa para las pretensiones, pues declar\u00f3 a la demandada civilmente responsable por la p\u00e9rdida de las 5.100 bandejas de cerveza y la conden\u00f3 a pagar a la demandante la suma de $69.671.656, por \u00abconcepto de da\u00f1o emergente actualizado a 31 de agosto de 1996 [seg\u00fan dictamen pericial], y por concepto de lucro cesante los intereses del 6% anual causados desde el 9 de mayo de 1994 hasta la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta para efectos de la actualizaci\u00f3n de la suma principal (da\u00f1o emergente), el Indice de Precios al Consumidor para la fecha de este fallo\u00bb. Igualmente decret\u00f3 sobre la suma actualizada los \u00abintereses moratorios, a partir del vencimiento del t\u00e9rmino concedido para el pago de la obligaci\u00f3n principal y hasta su soluci\u00f3n, en la forma prevenida en el art. 884 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Apelada la anterior decisi\u00f3n, el Tribunal modific\u00f3 la providencia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n \u00abreferida a la limitaci\u00f3n de la responsabilidad por el valor que legalmente le corresponde y sin lugar a lucro cesante\u00bb, por lo tanto, conden\u00f3 a la demandada a \u00abrestituir a la sociedad demandante dentro de los seis d\u00edas siguientes, a la ejecutoria de este fallo en el mismo estado en que las recibi\u00f3 las 122.400 unidades de cerveza TECATE\u00bb, o su valor en dinero con las actualizaciones hasta que se lleve a cabo el pago. Ambas partes interpusieron recurso de casaci\u00f3n que ahora estudia la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El juzgador de segundo grado concluy\u00f3 que \u00abexistiendo culpa de la sociedad demandada, de conformidad a lo dispuesto en el art. 2249 del C.C., debe estarse a lo determinado en el contrato de dep\u00f3sito, en cuanto al n\u00famero y calidad de la mercanc\u00eda depositada, de manera que no puede cuestionar el peso o verificaci\u00f3n de su contenido\u00bb, pues la parte demandada \u00abno acredit\u00f3 la causa extra\u00f1a para liberarse de responsabilidad, de manera que debe responder por la mercanc\u00eda depositada\u00bb, para lo cual utiliz\u00f3 como premisas, las siguientes proposiciones: <\/p>\n
2. El Tribunal consider\u00f3 que \u00abhay responsabilidad contractual siempre que cualquiera de las partes incurre por su culpa en inejecuci\u00f3n del contrato, -y que- tal responsabilidad no desaparece ni puede ser enervada como aqu\u00ed lo ha pretendido la demandada aduciendo que hubo tambi\u00e9n incumplimiento del contrato. Las mutuas responsabilidades de las partes en los contratos bilaterales, no se excluyen entre s\u00ed, cada cual debe responder por las obligaciones pactadas, en la cuant\u00eda del da\u00f1o que haya sufrido, no obstante que \u00e9l tambi\u00e9n tenga derecho a ser indemnizado por el otro contratante\u00bb. <\/p>\n
3. La corporaci\u00f3n sentenciadora dijo que los almacenes generales de dep\u00f3sito responden hasta de la culpa leve de conformidad con el art\u00edculo 1171 del C\u00f3digo de Comercio, pues su objetivo econ\u00f3mico es la explotaci\u00f3n de la actividad especializada como depositarios. <\/p>\n
4. De los hechos, pruebas y defensas propuestas \u00abse establece que lo alegado es la falta de diligencia y cuidado de la parte demandada en el cumplimiento de sus obligaciones\u00bb. <\/p>\n
5. El Tribunal encontr\u00f3 la prueba del \u00abdep\u00f3sito de la bandejas de cerveza Tecate que se retiraron de la Almacenadora; de la autorizaci\u00f3n existente seg\u00fan tarjeta y de las verificaciones que siempre hacia (sic) la sociedad demandada\u00bb, para lo cual se apoy\u00f3 en los testimonios de Arturo Uribe Rold\u00e1n, Beatriz Elena Cardona Osorno (fls. 213-218), y Jaime Alberto Trujillo Mar\u00edn (fl. 227) de los cuales dijo el juez de segunda instancia que \u00absus dichos son coincidentes con la misma prueba documental aportada y con la confesional recepcionada\u00bb. <\/p>\n
6. El ad quem dio por establecido con la inspecci\u00f3n judicial y la prueba documental aportada durante la misma, que las mercanc\u00edas, se encontraban bajo el cuidado de Aloccidente, que ten\u00eda la obligaci\u00f3n de restituirlas, por lo tanto \u00abpuede decirse que hay relaci\u00f3n de causalidad en la omisi\u00f3n culposa – no guardar o custodiar la cosa- y el faltante de la mercanc\u00eda objeto del dep\u00f3sito, de tal responsabilidad, la que debe regirse de acuerdo a lo dispuesto en el art. 34 del Decreto 663\/93\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal examin\u00f3 entonces el texto de la norma citada, para concluir que ella contempla \u00ablos casos generales de exenci\u00f3n de responsabilidad y la excepci\u00f3n cuando se trate de dep\u00f3sito a granel, o en silos, o en recipientes an\u00e1logos que s\u00ed responder\u00edan. La no responsabilidad del lucro cesante es de car\u00e1cter general y en este sentido hay lugar a la prosperidad de la excepci\u00f3n que formulara la parte demandada, en cuanto al l\u00edmite de la responsabilidad, no puede por consiguiente condenarse al pago de intereses, ni menos a la suma relacionada en la pretensi\u00f3n 2.2. de la demanda (lucro cesante y frutos civiles), por expresa prohibici\u00f3n de las normas que rigen los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito; quedando al arbitrio de la demandada restituir especies iguales o el valor determinado en el contrato de dep\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
7. En relaci\u00f3n con el da\u00f1o solicitado en la demanda, afirm\u00f3 el juzgador de segunda instancia, que de conformidad con los art\u00edculos 1613 y 1614, \u00abla indemnizaci\u00f3n de perjuicios debe comprender el da\u00f1o emergente y el lucro cesante\u00bb, pero que sea materia de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00abel perjuicio debe presentarse como consecuencia inmediata de la culpa (ser directo) y aparecer como real y efectivamente causado (ser cierto), de manera que, como reiteradamente lo ha sostenido tanto la doctrina como la jurisprudencia, el perjuicio no puede limitarse a ventajas hipot\u00e9ticas, eventuales, abstractas o simplemente dudosas o contingentes\u00bb. <\/p>\n
8. Para determinar el monto de la condena dineraria alternativa, el Tribunal acudi\u00f3 al dictamen pericial que estableci\u00f3 el valor unitario de cada cerveza en $375, que multiplicado por 122.400 unidades, arroj\u00f3 la suma de $45.900.000, \u00abcon su respectiva correcci\u00f3n monetaria en raz\u00f3n de estar hecha la estimaci\u00f3n a 9 de mayo de 1994, equitativo resulta el ajuste monetario conforme al certificado solicitado al Banco de la Rep\u00fablica (fl. 39 cdno.3)\u00bb, estimaci\u00f3n que permiti\u00f3 al sentenciador de segunda instancia \u00abestablecer en forma concreta la cantidad equivalente de dinero que la demandada debe pagar a la demandante por su incumplimiento contractual\u00bb. <\/p>\n
9. En cuanto a las excepciones propuestas, concluy\u00f3 el Tribunal que la demandada \u00abninguna prueba hizo valer para salir airoso y liberarse del cumplimiento de la obligaci\u00f3n como depositario, ni fuerza mayor o caso fortuito, ni ninguna de las excepciones que propuso lo liberaron del cumplimiento de su obligaci\u00f3n como qued\u00f3 plenamente establecido al estudiar la prosperidad de la acci\u00f3n de responsabilidad contractual, y dada la naturaleza del contrato la presunci\u00f3n de culpa segu\u00eda pesando sobre la parte demandada, a excepci\u00f3n de la limitaci\u00f3n del valor que legalmente corresponde de acuerdo con el contrato y sin responsabilidad por lucro cesante, las dem\u00e1s defensas deben negarse\u00bb (folio 52 cdno. 3). <\/p>\n
LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Ambas partes recurrieron la decisi\u00f3n del Tribunal; la demandada pretende la ruptura de la sentencia con la secuela totalizadora de su absoluci\u00f3n; en lo suyo, la demandante persigue por el mismo mecanismo ampliar la condena obtenida con el fallo impugnado. Por los eventuales efectos de la prosperidad de su demanda, los cargos de Aloccidente S.A. ser\u00e1n despachados adelante, para luego abordar la censura puesta por su antagonista. <\/p>\n
RECURSO DE LA DEMANDADA <\/p>\n
Dos cargos formul\u00f3 la demandada contra la sentencia de segunda instancia, que se analizar\u00e1n simult\u00e1neamente por la estrecha vinculaci\u00f3n argumental que presentan. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Acunado en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por v\u00eda directa, acus\u00f3 el censor al Tribunal por la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 95 de 1890 (64 del C\u00f3digo Civil), inciso 2\u00ba del 1604 del C\u00f3digo Civil; 822, 1171, 1174 y 1180 del C\u00f3digo de Comercio, y 33 y 34 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero). <\/p>\n
Argument\u00f3 el casacionista que los art\u00edculos 1171 del C\u00f3digo de Comercio y 34 del Decreto 663 de 1993 determinan y limitan con aparente incongruencia, la responsabilidad de los almacenes generales de dep\u00f3sito; el primero en cuanto establece, en palabras del recurrente, que el depositario responde hasta por la culpa leve, en tanto el segundo supone \u00abla prueba de la causa extra\u00f1a o de la fuerza mayor o caso fortuito como \u00fanica causal de exclusi\u00f3n de esa responsabilidad\u00bb; ante esta regulaci\u00f3n diversa, propuso el recurrente que la diligencia esperada sea la que se contraponga a la culpa leve, para lo cual resulta indispensable comparar la conducta desplegada por el almac\u00e9n general con \u00abla de otro profesional del mismo ramo\u00bb en condiciones medias y no en las de exigencia m\u00e1xima. <\/p>\n
Con citas jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n y doctrina extranjera, desarroll\u00f3 el casacionista el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, con el prop\u00f3sito de contestar la pregunta sobre cu\u00e1l deber ser la culpa que se tome \u00aben consideraci\u00f3n, cuando se pretende desvirtuar la fuerza mayor o caso fortuito alegado por el deudor como eximente de su responsabilidad?\u00bb. Para responderse el censor expres\u00f3 \u00abla cuesti\u00f3n no es sencilla\u00bb, a pesar de lo cual afirm\u00f3 que en el derecho colombiano la regla contenida en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, aplicable \u00abpor la v\u00eda del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb- contribuye a superar la controversia, pues seg\u00fan este, el deudor \u00abqueda liberado con la prueba de la fuerza mayor o caso fortuito, a no ser que se haya constituido en mora, ‘o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa’ \u00ab. <\/p>\n
El casacionista prosigui\u00f3 por esta senda argumental, para lo cual destac\u00f3 \u00abla importancia que a la referida norma [inc. 1\u00ba del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil] se le ha atribuido reside en decir que en ella se encuentra establecida la culpa como fundamento de la responsabilidad contractual\u00bb y la relaci\u00f3n entre los primeros dos incisos de la disposici\u00f3n arrojan como resultado que es la culpa la que \u00absigue estando a la base de la responsabilidad, s\u00f3lo que se toma en cuenta en orden a evaluar si se le da cabida, o no, a la fuerza mayor o caso fortuito que aduzca el deudor en procura de quedar liberado de su responsabilidad por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, para concluir que \u00abla culpa a ser considerada no es una culpa especial, distinta de la que prev\u00e9 el inc. 1\u00ba, sino, sencillamente, que lo que se busca es saber si las medidas que ha debido tomar el deudor en orden a neutralizar la fuerza mayor o caso fortuito o sus efectos, hac\u00edan parte o no del contenido de su obligaci\u00f3n, y si, por ende, quedaban comprendidas o no dentro del riesgo propio de la vis maior\u00bb. <\/p>\n
El recurrente, de regreso a los art\u00edculos inicialmente analizados, es decir, 1171 del C\u00f3digo de Comercio y 34 del Decreto 663 de 1993, en concordancia con el 1604 del C\u00f3digo Civil, expres\u00f3 que de tales disposiciones aparec\u00eda claro \u00abque el depositario -de modo general- y el almac\u00e9n de dep\u00f3sito -en particular-, \u00fanicamente se libera de responsabilidad por su incumplimiento mediante la prueba de la fuerza mayor o caso fortuito, a menos que esta se haya producido por su culpa. Para evaluar la cual debe partirse del contenido mismo de las obligaciones [de custodia y de entrega] que el contrato haya generado para el depositario pues tal contenido es el que marcar\u00e1 el l\u00edmite entre lo previsible y lo imprevisible del hecho, as\u00ed como entre su resistibilidad e irresistibilidad\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, la obligaci\u00f3n de verificar la autenticidad de las \u00f3rdenes de retiro de mercanc\u00eda no puede deducirse de la ley, pues la misma apenas prescribe la devoluci\u00f3n de los bienes sin hacer previsiones adicionales, situaci\u00f3n que diferenci\u00f3 del pago de cheques a cargo de las entidades financieras, porque all\u00ed son las normas generales las que imponen a los bancos el deber de comprobar la autenticidad de las firmas puestas en aquellos t\u00edtulos valores, por el contrario, en materia de la custodia de la mercanc\u00eda y su posterior entrega al depositario, la legislaci\u00f3n guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
En cuanto al aspecto de la falsedad, el censor sostuvo que no hab\u00eda sido discutido por las partes que la entrega de la cerveza se har\u00eda contra la presentaci\u00f3n de autorizaciones suscritas por el gerente regional de Dissantamaria, Arturo Uribe Rold\u00e1n, o por la asistente administrativa y financiera, Beatriz Elena Cardona Osorno; tampoco que fueron terceras personas quienes, en cuatro oportunidades, retiraron distintas cantidades de mercanc\u00eda con el mismo m\u00e9todo que las partes ven\u00edan empleando, es decir, \u00abmediante la exhibici\u00f3n de autorizaciones de apariencia similar a las que con anterioridad le hab\u00edan sido presentadas, pero cuyo car\u00e1cter espurio afirm\u00f3 Dissantamaria al momento de descubrir la p\u00e9rdida\u00bb. <\/p>\n
El casacionista finiquit\u00f3 el cargo con las siguientes afirmaciones: \u00abla p\u00e9rdida sufrida por Dissantamaria fue obra de terceras personas, por lo que los hechos correspondientes son configurativos de una fuerza mayor o caso fortuito para Aloccidente, quien en los hechos correspondientes no tuvo culpa alguna; porque, se repite, a la luz de la ley, no era una obligaci\u00f3n suya la de controlar la autenticidad de las firmas estampadas en las \u00f3rdenes de retiro de la cerveza depositada\u00bb; a lo cual adicion\u00f3 que la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 34 del Decreto 663 de 1993 y 1\u00ba de la Ley 95 de 1890, ocurri\u00f3 como consecuencia de no haberse declarado \u00abla fuerza mayor o caso fortuito como causal eximente de responsabilidad, habida cuenta de que dentro de esta queda comprendido el hecho de un tercero\u00bb, pues de acuerdo con los hechos generadores del perjuicio padecido por la demandante, al ser puestos \u00aben relaci\u00f3n con la diligencia exigible a Aloccidente, ven\u00edan a ser para esta, imprevisibles e irresistibles\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por v\u00eda indirecta \u00abcomo consecuencia de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria\u00bb, el recurrente denunci\u00f3 el quebrantamiento de los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 95 de 1890 (64 del C\u00f3digo Civil), inciso 2\u00ba del 1604 del C\u00f3digo Civil; 822, 1171, 1174 y 1180 del C\u00f3digo de Comercio, 33 y 34 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero). <\/p>\n
Fund\u00f3 el casacionista el ataque en que el incumplimiento de Aloccidente S.A. en la entrega de 122.400 unidades de cerveza, \u00abno es imputable al almac\u00e9n depositario, pues el hecho que lo gener\u00f3 lo libera de responsabilidad ya que proviniendo de terceras personas asume a su respecto la condici\u00f3n de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se hubiera producido por culpa suya, puesto que Aloccidente S.A. despleg\u00f3 la conducta que le era contractualmente exigible, aspecto este sobre el cual, en buena medida, inciden los desaciertos de apreciaci\u00f3n probatoria del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Acompa\u00f1ado de la reiteraci\u00f3n de los argumentos expresados a prop\u00f3sito del cargo inaugural, en cuanto a la diligencia exigible al depositario, la responsabilidad del mismo en el cuidado de los bienes dejados a su custodia, as\u00ed como respecto al delito de hurto como constitutivo de fuerza mayor, concluy\u00f3 el recurrente que la culpa deducible en el caso del Almac\u00e9n general de dep\u00f3sito es la leve, pues lo que se analiza es si la entidad tom\u00f3 las medidas necesarias de acuerdo con sus obligaciones para evitar las circunstancias exonerativas <\/p>\n
Fustig\u00f3 el recurrente al Tribunal por haber considerado que a la demandada le falt\u00f3 diligencia y cuidado en la ejecuci\u00f3n de sus obligaciones, para luego extractar de all\u00ed el incumplimiento del contrato, a\u00f1adi\u00f3 luego que \u00abAloccidente\u00bb no acredit\u00f3 la causa extra\u00f1a para liberarse de la responsabilidad. Estas conclusiones del ad quem fueron fruto, a los ojos del impugnador, de los errores en que el Tribunal incurri\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la demanda y en la apreciaci\u00f3n del material probatorio. <\/p>\n
1. En cuanto a la interpretaci\u00f3n de la demanda, el censor enfrent\u00f3 al juzgador de segunda instancia por omitir la observaci\u00f3n del hecho quinto del libelo en que se describe que la entrega de la mercanc\u00eda se realiz\u00f3 \u00absin intervenci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de Dissantamar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Denunci\u00f3 al Tribunal por no ver los siguientes documentos: i) la comunicaci\u00f3n de la demandante a la Fiscal\u00eda (fls. 35 y 36, cdno 1), en que afirm\u00f3 que al realizar una \u00abtoma f\u00edsica\u00bb del producto en las bodegas de Aloccidente S.A., encontraron cuatro documentos de retiro de mercanc\u00eda por 5.100 bandejas, adulterados en cuanto a la firma de Beatriz Elena Cardona Osorno y el sello de la compa\u00f1\u00eda Dissantamar\u00eda S.A.; ii) la nota con que la demandante envi\u00f3 la denuncia penal a Aloccidente sobre el hurto \u00abque se les present\u00f3 en sus instalaciones\u00bb (fl. 37, cdno. 1); iii) la cuenta de cobro que Dissantamar\u00eda le present\u00f3 a la demandada por la suma de $45.900.000, donde se dice que es \u00abpor concepto de 5.100 bandejas de cerveza Tecate lata de 340 ml. de 24 unidades cada una, robadas de sus bodegas\u00bb (fl. 39 cdno. 1); iv) la nota de fecha 1\u00ba de noviembre de 1994 emanada de la Gerencia General de Aloccidente para la Superintendencia Bancaria en la cual se informa que los documentos fueron falsificados [papeler\u00eda, firma y sello] a la propia Dissantamar\u00eda, como esta misma lo afirm\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General (fl. 47 cdno. 1). <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, los documentos que denuncia fueron indebidamente omitidos por el Tribunal, pues de haber sido apreciados ellos, le hubieran permitido concluir que el retiro o sustracci\u00f3n de la cerveza hecho por terceras personas, s\u00ed es \u00abrepresentativo de fuerza mayor o caso fortuito\u00bb. <\/p>\n
A partir de esta premisa, el recurrente argument\u00f3 que el Tribunal debi\u00f3 emprender la averiguaci\u00f3n sobre si en la ocurrencia del referido hecho tuvo culpa la parte demandada, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Seg\u00fan el casacionista, el Tribunal hizo una apreciaci\u00f3n incompleta de las \u00f3rdenes falsas de retiro de mercanc\u00eda y de la tarjeta de registro de firmas, lo cual impidi\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n deducir las semejanzas existentes entre aquellos documentos as\u00ed como que \u00abAloccidente\u00bb cotej\u00f3 positivamente aquellas con la original guardada en su poder con fines de verificaci\u00f3n. Del mismo modo, dijo el censor que las partes hac\u00edan aplicaci\u00f3n del contrato en el sentido de restar importancia al requisito de las r\u00fabricas en las cartas de autorizaci\u00f3n, pues otras anteriores, emanadas del depositante, carecen de algunas formalidades en cuanto a las firmas y sellos. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n el recurrente emplaz\u00f3 al Tribunal por deducir de los testimonios de Arturo Uribe Rold\u00e1n, Beatriz Elena Cardona Osorno (fls. 213 a 218, cdno. 1), y Jaime Trujillo Mar\u00edn (fl. 227, cdno. 1), que \u00abAloccidente debe responder por el solo hecho de haberse encontrado un faltante de la cerveza y unas \u00f3rdenes de retiro adulteradas\u00bb, o que la tarjeta de registro impon\u00eda la obligaci\u00f3n de comprobar la autenticidad de las firmas y sellos de las personas que en Dissantamar\u00eda emit\u00edan las \u00f3rdenes de retiro. Seg\u00fan el recurrente, \u00abdeducir de las declaraciones citadas y del interrogatorio de parte igualmente mencionado [Sergio Alberto Ledesma -fls. 202 a 204, cdno. 1-], que Aloccidente no verific\u00f3 la confrontaci\u00f3n entre las \u00f3rdenes de entrega que Dissantamar\u00eda se\u00f1al\u00f3 como adulteradas y la tarjeta de registro de control de firmas, como fue lo dado a comprender el Tribunal cuando manifest\u00f3 que esas pruebas demostraban el incumplimiento del contrato por parte de Aloccidente, es incurrir en manifiesto error de hecho de malinterpretarlas por adici\u00f3n, puesto que lo que en ellas consta con meridiana claridad es, en s\u00edntesis, que se deb\u00eda efectuar una confrontaci\u00f3n entre la tarjeta contentiva del registro de firmas y las \u00f3rdenes de retiro de las mercanc\u00edas\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al testimonio de Beatriz Elena Cardona Osorno – exempleada de Dissantamar\u00eda S.A. y firmante original de las cartas que autorizaban el retiro de mercanc\u00eda-, precis\u00f3 el casacionista que la propia declarante expres\u00f3 las grandes diferencias que hab\u00eda entre su verdadera firma y la que presentan \u00f3rdenes falsas, tal versi\u00f3n a m\u00e1s de constituir una valoraci\u00f3n y no la narraci\u00f3n de un hecho, \u00abno entra\u00f1a que Aloccidente, encargado del control correspondiente, las encontrara semejantes\u00bb, tanto m\u00e1s si del \u00abcotejo completo del haz documental relacionado con los hechos, impone como una conclusi\u00f3n de car\u00e1cter evidente que la comparaci\u00f3n s\u00ed tuvo lugar en las cuatro oportunidades en las que se presentaron las \u00f3rdenes mediante las cuales el faltante se produjo\u00bb (fl. 114 del cdno. de la Corte). <\/p>\n
El recurrente dijo que tampoco hubo incumplimiento del contrato por parte de \u00abAloccidente\u00bb, en cuanto al control en la verificaci\u00f3n de la identidad de quienes presentaron las \u00f3rdenes de entrega falsas, pues a\u00fan aceptando que los n\u00fameros de c\u00e9dula no correspond\u00edan a las personas que con los nombres de Mario Varreiro Varreiro, H\u00e9ctor G\u00f3mez Roa, Yesid Trujillo y Aulicer M\u00e9ndez C\u00e1rdenas retiraron la mercanc\u00eda, era de \u00abelemental sentido com\u00fan\u00bb que si falsificaron las \u00f3rdenes de retiro \u00ablos autores de ese hecho, no habr\u00edan de hacer otro tanto con esos documentos de identidad\u00bb. <\/p>\n
Dedujo el casacionista que \u00abel incumplimiento enrostrado a Aloccidente nada tiene que ver con \u00e9l\u00bb, pues dijo haber atendido \u00ablos controles previamente acordados con la sociedad depositante, y no habi\u00e9ndose pactado con \u00e9sta controles de otro tipo, ni tampoco que Aloccidente deb\u00eda asumir la responsabilidad por la \u00f3rdenes de entrega que llegasen a resultar falsificadas, ese incumplimiento no pod\u00eda ser llevado a terrenos distintos a los que han sido materia de an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Varias cuestiones saltan a la vista a prop\u00f3sito del caso de ahora. La primera, si el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993 es la norma que gobierna suficientemente el caso de p\u00e9rdida de mercanc\u00edas depositadas en un Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito o resulta necesario acudir al C\u00f3digo de Comercio y al C\u00f3digo Civil; si la falsificaci\u00f3n de documentos para obtener el retiro irregular de las mercanc\u00edas depositadas constituye una causal eximente de responsabilidad -caso fortuito o fuerza mayor-, y en fin, si las pruebas aportadas al proceso permiten concluir, sin contraevidencia, lo que el juzgador de segunda instancia extrajo de ellas. <\/p>\n
1. El primer asunto ata\u00f1e a la aplicabilidad de la norma prevista en el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, mediante el cual se expidi\u00f3 el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, candidata a regentar la responsabilidad del Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito en el retiro irregular de mercanc\u00eda, en este caso, usando cartas de autorizaci\u00f3n falsas. <\/p>\n
Los almacenes generales de dep\u00f3sito se inspiraron, de acuerdo con autorizado tratadista1, en la crisis econ\u00f3mica de mitad del siglo XIX, como f\u00f3rmula que favorec\u00eda el cr\u00e9dito en Europa2, pues facilitaba la transmisi\u00f3n de la mercanc\u00edas mediante la entrega de un documento que las representaba y evitaba al comerciante los gastos y riesgos del almacenaje. <\/p>\n
En Colombia, la Ley 20 de 2 de noviembre de 1921 -reglamentada por el Decreto 1821 de 1929 – estableci\u00f3 la primera normatividad sobre los almacenes generales de dep\u00f3sito, los cuales se entendieron como \u00ablos establecimientos que tengan por principal objeto el dep\u00f3sito, conservaci\u00f3n, custodia, y en su caso, venta de mercanc\u00edas, productos y frutos de procedencia nacional o extranjera, y que expidan documentos de cr\u00e9dito transferibles por endoso y destinados a acreditar, ya sea el dep\u00f3sito de las mercanc\u00edas o bien el pr\u00e9stamo hecho con garant\u00eda de las mismas\u00bb. Posteriormente se profiri\u00f3 el Decreto Legislativo 356 de 19573, en cuyas consideraciones se encuentra \u00abque los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito son instituciones muy \u00fatiles y hasta necesarias para el normal desarrollo de la econom\u00eda nacional. Que es conveniente actualizar y complementar la legislaci\u00f3n vigente sobre ellos con el fin de facilitarles el cumplimiento de las finalidades econ\u00f3micas y sociales para las cuales se constituyen, y de hacer m\u00e1s expedita y adecuada la supervigilancia que sobre ellos debe ejercer el Estado\u00bb. As\u00ed las cosas, desde anta\u00f1o es notoria la importancia econ\u00f3mica que la ley atribuye a las sociedades especializadas en la realizaci\u00f3n de esta modalidad de dep\u00f3sito general y que el inter\u00e9s p\u00fablico en la actividad resulta innegable. El C\u00f3digo de Comercio, art\u00edculos 1170 a 1191, se ocupa tambi\u00e9n del contrato de dep\u00f3sito comercial e incluye normas sobre las variantes y documentos que instrumentan este negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
El Congreso Nacional mediante el art\u00edculo 25 de la Ley 45 de 19904, concedi\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica las facultades para expedir \u00abun estatuto org\u00e1nico del sistema financiero, de numeraci\u00f3n continua, con normas vigentes que regulan las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria\u00bb; en ejercicio de tales prerrogativas se expidi\u00f3 el Decreto 1730 de 19915, que en su art\u00edculo 2.1.3.3.3. incorpor\u00f3 la disposici\u00f3n que otrora conten\u00eda el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Legislativo 356 de 19576. La norma as\u00ed originada fue objeto de adici\u00f3n con el par\u00e1grafo inserto en virtud del art\u00edculo 30 del Decreto 1135 de 19927. <\/p>\n
Al poco andar con semejante panorama legislativo, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 35 de 19938, otorg\u00f3 nuevamente facultades al Presidente para que \u00abDentro de los tres meses siguientes a la sanci\u00f3n de esta ley, el Gobierno Nacional tendr\u00e1 la facultad para incorporar al estatuto org\u00e1nico del sistema financiero las modificaciones aqu\u00ed dispuestas y har\u00e1 en dicho estatuto las modificaciones de ubicaci\u00f3n de entidades y del sistema de titulaci\u00f3n y numeraci\u00f3n que se requieran, lo mismo que para adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la Superintendencia Bancaria\u00bb; en virtud de dichas facultades, se expidi\u00f3 el Decreto 663 de 1993, que en lo medular reedit\u00f3 lo dispuesto por el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Legislativo 356 de 1957, e incluy\u00f3 la regulaci\u00f3n sobre los almacenes generales de dep\u00f3sito como entidades profesionales en la prestaci\u00f3n de ese servicio, todo bajo el mismo inter\u00e9s p\u00fablico que la actividad financiera apareja. <\/p>\n
El art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, que como qued\u00f3 visto fue la resultante de los art\u00edculos 8\u00ba del Decreto Legislativo 356 de 1957 y 30 del Decreto 1135 de 1992, establece: \u00abLos almacenes generales de dep\u00f3sito ser\u00e1n responsables por la conservaci\u00f3n, custodia y oportuna restituci\u00f3n de las mercanc\u00edas que les hayan sido depositadas, pero en ning\u00fan caso responsables por p\u00e9rdidas, mermas o aver\u00edas que se causen por fuerza mayor o caso fortuito; ni por p\u00e9rdidas, da\u00f1os, mermas o deterioros que provengan de vicios propios de las mismas mercanc\u00edas, salvo que el dep\u00f3sito sea a granel; en silos o recipientes an\u00e1logos; ni ser\u00e1n responsables por el lucro cesante que ocasione la p\u00e9rdida, da\u00f1o, merma o aver\u00eda de las mercanc\u00edas quedando limitada, su obligaci\u00f3n a restituir especies iguales, cuando fuere el caso, en igual cantidad y calidad a las depositadas, o si as\u00ed lo prefieren los almacenes, el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su contabilidad. PARAGRAFO. En caso de que el almac\u00e9n general de dep\u00f3sito opte por pagar el valor por el cual las mercanc\u00edas se encuentren registradas en su contabilidad, puede hacer el pago por consignaci\u00f3n, deposit\u00e1ndolo en un banco legalmente autorizado para recibir dep\u00f3sitos judiciales, que funcione en el lugar donde debe hacerse el pago, con obligaci\u00f3n de dar aviso al beneficiario\u00bb <\/p>\n
Con fundamento en la norma citada, la Corte juzga que para el caso particular la responsabilidad del almac\u00e9n general de dep\u00f3sito frente a sus depositantes debe regirse por la disposici\u00f3n que acaba de transcribirse, la que regula de modo especial y aut\u00f3nomo la materia planteada, pues adem\u00e1s de constituir norma propia para la actividad financiera, gobierna las consecuencias de la p\u00e9rdida de las mercanc\u00edas en manos del profesional del dep\u00f3sito. De conformidad con lo dicho, el almac\u00e9n general de dep\u00f3sito s\u00f3lo se exonera si acredita caso fortuito o fuerza mayor, lo que hace inaplicable la primera parte del art\u00edculo 1171 del C\u00f3digo de Comercio por cuya virtud \u00abel depositario responder\u00e1 hasta de la culpa leve en la custodia y conservaci\u00f3n de la cosa\u00bb, precepto en el cual el casacionista hace descansar la censura en cuanto halla contradicci\u00f3n interna en dicho precepto. Por lo mismo, el debate frente al art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, tambi\u00e9n resulta innecesario si es que el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993 resulta ser suficiente como norma que controla el caso. <\/p>\n
2. Como se dijo en antes, el episodio que transita por la Corte se reduce a esclarecer si la falsedad y el hurto cometidos por un tercero para sustraer las mercanc\u00edas depositadas en un almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, son hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, pues a la luz del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993 esas son las \u00fanicas causales de exoneraci\u00f3n. La respuesta a dicho interrogante para el caso particular, es negativa, pues examinadas las aristas constitutivas del evento que juzga la Corte tales actos, la falsedad y el hurto, a m\u00e1s de previsibles y resistibles, en l\u00ednea de principio, no fracturan el nexo causal y por lo tanto no implican exoneraci\u00f3n de responsabilidad del depositario. <\/p>\n
En el pasado, y siempre con la mirada en cada episodio, dos elementos han sido analizados por la Corte para que un hecho pueda ser considerado como evento de \u00abfuerza mayor o caso fortuito \u2013fen\u00f3menos sim\u00e9tricos en sus efectos-, es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de s\u00fabito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora. Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situaci\u00f3n invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categor\u00eda gen\u00e9rica de causa extra\u00f1a, puede ser considera como tal. En torno a tales requisitos, la Corte ha puntualizado que si ‘el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por mas s\u00fabito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor\u2026 (G. J. Tomos. LIV, p\u00e1gina, 377, y CLVIII, p\u00e1gina 63)’, siendo necesario, claro est\u00e1, ‘examinar cada situaci\u00f3n de manera espec\u00edfica y, por contera, individual’, desde la perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: ‘1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo’ (Sentencia de 23 de junio de 2000; exp.: 5475). Y en relaci\u00f3n con la irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho es irresistible, ‘en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente \u2013sojuzgado por el suceso as\u00ed sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad m\u00e1s o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fen\u00f3meno liberatorio del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito’ (Sentencia de 26 de noviembre de 1999; exp.: 5220)\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 26 de julio de 2005, Exp. No. 06569-02). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo dicho, la Corte ha reiterado9 que los citados elementos del caso fortuito o la fuerza mayor deben concurrir en el hecho que invoca el deudor como eximente de la responsabilidad demandada, \u00abde forma que si se verifica uno de ellos, pero no los dos, no ser\u00e1 posible concederle eficacia alguna, ya que esta es bipolar\u00bb (Sent. Cas. Civ. 23 de junio de 2000, Exp. No. 5475). <\/p>\n
Frente a la responsabilidad contractual ha puntualizado la Corte los anteriores postulados, al decir que para que la fuerza mayor o el caso fortuito tengan la entidad suficiente para producir el efecto liberatorio esperado por el deudor, no s\u00f3lo hay que examinar la naturaleza misma del hecho sino \u00abindagar tambi\u00e9n si \u00e9ste re\u00fane, con respecto a la obligaci\u00f3n inejecutada, los siguientes caracteres: a) No ser imputable al deudor, b)No haber concurrido con una culpa de \u00e9ste, sin la cual no se habr\u00eda producido el perjuicio inherente al cumplimiento contractual; c) ser irresistible, en el sentido que no haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor -dominado por el acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligaci\u00f3n; d) Haber sido imprevisible, es decir que no haya sido suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra \u00e9l, aunque por lo dem\u00e1s haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimiento, una posibilidad vaga de realizaci\u00f3n’ (Cas. Civ. de 5 de julio de 1935)\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 4 de julio de 2002, Exp. No. 6461). <\/p>\n
Fruto de los anteriores precedentes emerge la conclusi\u00f3n de que el contratante que alega el caso fortuito o la fuerza mayor como eximente de responsabilidad contractual, debe demostrar a m\u00e1s de los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, que no contribuy\u00f3 por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en la realizaci\u00f3n del hecho, pues si de lo que se trata es de fracturar la relaci\u00f3n entre la actuaci\u00f3n del deudor y el resultado contractual no deseado, la existencia de una conducta inapropiada de dicho deudor, permitir\u00eda mantener el lazo causal y le har\u00eda atribuible el resultado da\u00f1oso. <\/p>\n
Y analizadas las circunstancias que rodean este episodio a la luz de las anteriores premisas, juzga la Corte que la falsificaci\u00f3n de un documento y la utilizaci\u00f3n del mismo por un tercero para retirar irregularmente mercanc\u00eda de un Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito, en la forma como se present\u00f3 en este litigio, no constituye un evento de caso fortuito o fuerza mayor, pues tal fen\u00f3meno carece, en el contexto de los hechos, de los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad, y ausencia de intervenci\u00f3n del deudor, que deben acompa\u00f1ar los medios exonerativos aludidos. <\/p>\n
En cuanto a la imprevisibilidad e irresistibilidad, es claro que, de modo general, el hurto y la utilizaci\u00f3n de documentos falsos constituyen hechos de ordinaria ocurrencia, tan probable, que no originan sorpresa asombro o desconcierto a un deudor razonablemente precavido ante la inusitada frecuencia con que suelen presentarse; tambi\u00e9n es n\u00edtido que adoptadas las medidas adecuadas, se logran conjurar situaciones similares. La Corte ha expresado que cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerante de responsabilidad deber\u00e1 probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible, pues \u201c…en tanto sea posible prever la realizaci\u00f3n de un hecho susceptible de oponerse a la ejecuci\u00f3n de un contrato, y que este evento pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar la prestaci\u00f3n que le corresponde, pero su deber de previsi\u00f3n le permitir\u00e1 evitar encontrarse en semejante situaci\u00f3n (\u2026) La presunci\u00f3n de culpa que acompa\u00f1a a quien no ha ejecutado el contrato, no se destruye por la simple demostraci\u00f3n de la causa del incumplimiento cuando el hecho as\u00ed se\u00f1alado es de los que el deudor est\u00e1 obligado a prever o impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se pueden prever y evitar con s\u00f3lo tomar las precauciones que indique la naturaleza de las cosas\u2026’ (G.J.LXIX, pag. 555)\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 19 de julio de 1996, Exp. No. 4469). <\/p>\n
3. En el presente suceso, remem\u00f3rese que el Tribunal, entre otras cosas, concluy\u00f3 que \u00abla parte demandada no acredit\u00f3 causa extra\u00f1a para liberarse de responsabilidad, de manera que debe responder por la mercanc\u00eda depositada\u00bb, pues \u00abdada la naturaleza del contrato la presunci\u00f3n de culpa segu\u00eda pesando sobre la parte demandada\u00bb, en tanto, el casacionista disput\u00f3 que la participaci\u00f3n de un tercero se erige en la causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad contractual, a prop\u00f3sito de lo cual repar\u00f3 en los medios de convicci\u00f3n que mencion\u00f3 en el cargo y que obran en el expediente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se duele el recurrente de que el sentenciador acusado no hubiera visto que Aloccidente S.A. cumpli\u00f3 los compromisos adquiridos con ocasi\u00f3n del contrato celebrado con Dissantamar\u00eda S.A., pues, seg\u00fan lo aprecia, de haber realizado la estimaci\u00f3n completa de las pruebas documentales \u00abhabr\u00eda tenido que admitir necesariamente, que ‘Aloccidente’ s\u00ed realiz\u00f3 la comparaci\u00f3n entre las \u00f3rdenes tenidas como carentes de autenticidad, que en fotocopia obran a los folios 14, 17, 19 y 21 del cdno. 1 y la tarjeta contentiva del registro de firmas del folio 13 ib. \u00ab. <\/p>\n
En realidad, el Tribunal nunca desech\u00f3 que el cotejo de las firmas se hubiera hecho, solo que lo juzg\u00f3 como insuficiente; todo a partir de las cartas de autorizaci\u00f3n falsificadas, las tarjetas de registro de firmas y sellos, y otras pruebas obrantes en el proceso, con lo cual concluy\u00f3 que no exist\u00eda la causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad que la demandada expuso. <\/p>\n
Y tal conclusi\u00f3n no es contraevidente, pues las probanzas con que fuera aprovisionado el litigio no muestran con nitidez que la sociedad \u00abAloccidente\u00bb haya actuado dentro de los confines que exigen sus deberes profesionales, porque la existencia de la tarjeta de seguridad, las cartas de autorizaci\u00f3n y la entrega de las mercanc\u00edas, no permiten comprobar que se hubiera verificado el cotejo cuidadoso entre las cartas de autorizaci\u00f3n y la tarjeta de registro de firmas y sellos, o que la falsificaci\u00f3n fuera indetectable por un agente no experto, pero prevenido, como deb\u00eda ser el funcionario del Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito. A prop\u00f3sito de esa capacidad de enga\u00f1o que se atribuye a la falsificaci\u00f3n de la firma y del sello, est\u00e1 descartado que al depositario se exijan las mismas calidades que al perito graf\u00f3logo, pues s\u00f3lo se espera que el empleado del depositario sea alguien apenas avisado que con desvelo haga un contraste especialmente cuidadoso aunque no una verificaci\u00f3n t\u00e9cnico cient\u00edfica. Puestas as\u00ed las cosas, c\u00f3mo decir que el Tribunal cometi\u00f3 un yerro de dimensi\u00f3n colosal porque seg\u00fan su criterio una persona avisada no habr\u00eda aprobado el retiro de la mercanc\u00eda, lo que comporta una comparaci\u00f3n entre lo que har\u00eda un tipo ideal de hombre precavido y lo que hizo el funcionario del almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, confrontaci\u00f3n que escapa al examen del recurso extraordinario por corresponder a la discreta autonom\u00eda de las instancias, sino es que en la labor de parang\u00f3n el Tribunal viola gravemente las reglas de la experiencia. <\/p>\n
Tampoco puede atribuirse error desmesurado al juzgador de segunda instancia, si es que con lo que obra en el proceso no puede establecerse, por v\u00eda de ejemplo, si la falsedad resultaba notoria, para de all\u00ed procurar la conclusi\u00f3n acerca de la exigencia mayor o menor de diligencia en la comparaci\u00f3n de las firmas y extractar si la conducta del Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito respondi\u00f3 a lo esperado de un profesional del dep\u00f3sito, carga que por supuesto deb\u00eda desplegar aquel para deshacer la presunci\u00f3n que sobre \u00e9l reca\u00eda. Por lo dem\u00e1s, ubicados en el contexto adecuado, no hay en la argumentaci\u00f3n del Tribunal la afirmaci\u00f3n que el casacionista cree ver, seg\u00fan la cual no hubo cotejo, sino que el juzgador de segunda instancia reflexion\u00f3 que de haberse hecho el control no fue adecuado. <\/p>\n
En cuanto a la prueba de la eficacia de la falsedad, se destaca que la propia demandante en el escrito introductorio del proceso, solicit\u00f3 el dictamen pericial que deb\u00eda realizarse, en sus palabras, por \u00abexpertos graf\u00f3logos para que determinen la autenticidad o falsedad de las aparentes firmas de la se\u00f1ora Beatriz Elena Cardona O. y el sello colocado en las comunicaciones del 15 de abril de 1994, mayo 6 y 9 de 1994\u00bb (folio 73 cdno. 1\u00ba), y que la demandada en la r\u00e9plica solicit\u00f3 extender el examen t\u00e9cnico a establecer \u00absi la papeler\u00eda utilizada en las \u00f3rdenes de retiro de fechas abril 15 (2) y mayo 6 y 9 de 1994, corresponde a la papeler\u00eda de Dissantamar\u00eda utilizada para la fecha de desarrollo de la operaci\u00f3n\u00bb, y que dijeran los peritos \u00absi la firma de Beatriz Elena Cardona obrante en dichos documentos y el sello utilizado, son similares o semejantes a la firma de aquella y a los que utiliza Dissantamar\u00eda\u00bb (folio 150 cdno. 1\u00ba); sin embargo, decretada la prueba por el juzgado de conocimiento, (fl. 171 cdno. 1\u00ba), no fue practicada durante el tr\u00e1mite de las instancias, frente a lo cual silencio guardaron ambas partes. Consciente de ello, el apoderado de la parte demandada en el traslado para alegar ante el juez a quo manifest\u00f3: \u00abla papeler\u00eda, r\u00fabricas y sellos, utilizados para la entrega de la cerveza TECATE muestran identidad, sin (sic) se someten a un cotejo simple, que es propio de esta clase de actuaciones, dado que pensar en un examen grafol\u00f3gico, primero no obra en el informativo, y de existir, no podr\u00eda tener relevancia comoquiera que, para estos casos apenas se realiza por el funcionario encargado una comparaci\u00f3n acorde con la pr\u00e1ctica mercantil, no un examen o cotejo cient\u00edfico, propio de un experto o de la persona calificada en temas grafol\u00f3gicos\u00bb (subraya la Corte), lo cual viene a mostrar que la estimaci\u00f3n razonable que el Tribunal hiciera sobre la fuerza de la imitaci\u00f3n para llevar al enga\u00f1o no puede pasar del escenario de las instancias por corresponder a la discreta autonom\u00eda del Tribunal, sino es que en ella incurre el juzgador en yerro descomunal, que no es el caso de ahora. <\/p>\n
El casacionista dijo igualmente que en ninguna disposici\u00f3n legal aparece la obligaci\u00f3n de hacer el cotejo, pero la sola existencia de la tarjeta de firmas, deja ver la sinraz\u00f3n del argumento, pues sin duda, alguna utilidad las partes le dieron a la creaci\u00f3n de instrumentos para controlar el retiro de mercanc\u00eda y garantizar la identidad de quien los hac\u00eda. <\/p>\n
Corolario de todo lo anterior es que el llamado del censor para que se considere que el Tribunal incurri\u00f3 en yerro de dimensiones colosales, no encuentra eco en la Corte, pues correspond\u00eda a la parte demandada asumir la carga de probar que su conducta no se desvi\u00f3 de los par\u00e1metros esperados por las previsiones contractuales o las normas imperativas, o que se present\u00f3 un suceso que excedi\u00f3 toda previsi\u00f3n y adem\u00e1s result\u00f3 irresistible, lo que ni por asomo emerge de las probanzas cuya examen plante\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Los cargos no son exitosos. <\/p>\n
RECURSO DEL DEMANDANTE <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente acus\u00f3 la sentencia del Tribunal, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1604, 1613, 1614, 1617, 2247 del C\u00f3digo Civil, 884, 1170, 1171, 1180 del C\u00f3digo de Comercio; 65 de la Ley 45 de 1990, 16 de la Ley 446 de 1998 y 8\u00ba de la Ley 53 de 1887; e indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993. <\/p>\n
El censor concluy\u00f3, en general, que \u00abla exoneraci\u00f3n de pagar el lucro cesante prevista en el art\u00edculo 34 del Decreto 663, no es una norma general que pueda aplicarse a todos aquellos casos en los cuales el depositario, y en particular, el almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, incumpla con la obligaci\u00f3n de restituir la cosa depositada, por cuanto dicha limitaci\u00f3n solamente se predica respecto de la p\u00e9rdida, merma, aver\u00eda o deterioro de la cosa depositada por vicios propios de ella y siempre que se trate de bienes de g\u00e9nero, depositados en la forma prevista en dicho precepto, pues en ese evento, tal como lo autoriza el inciso final del 1613 del C\u00f3digo Civil, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, solamente comprende el da\u00f1o emergente\u00bb. (resaltado textual) <\/p>\n
En sustento del cargo, dijo el recurrente, en s\u00edntesis, que el depositario adquiere, entre otras, la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n de la cosa, cuyo incumplimiento acarrea la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o emergente y lucro cesante, conceptos que deben asumir tambi\u00e9n los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito, de conformidad con el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, salvo que se presenten los \u00abdos casos de exoneraci\u00f3n de responsabilidad constituidos por la fuerza mayor o el caso fortuito y el vicio propio de la cosa depositada\u00bb que la norma citada consagr\u00f3. <\/p>\n
El casacionista explic\u00f3 cada una de las exenciones, la primera de ellas, expres\u00f3, \u00abtambi\u00e9n recogida en los art\u00edculos 1604 del C\u00f3digo Civil y 1171 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, representa dentro del contrato de dep\u00f3sito, que en eventos de caso fortuito o fuerza mayor el depositario queda exonerado tanto de indemnizar el da\u00f1o emergente como el lucro cesante. <\/p>\n
Igualmente, manifest\u00f3 que si la p\u00e9rdida proven\u00eda de vicios propios de la cosa, no hab\u00eda lugar a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios bajo ning\u00fan concepto, empero, si se tratara de mercanc\u00edas de g\u00e9nero, \u00aben cuanto su dep\u00f3sito haya sido ‘a granel, en silos o recipientes an\u00e1logos’, el almac\u00e9n general debe responder por el da\u00f1o emergente, m\u00e1s no por el lucro cesante, en la medida que su responsabilidad queda limitada ‘a restituir especies iguales, cuando fuere el caso\u2026’, excepci\u00f3n que se explica f\u00e1cilmente si se tiene en cuenta que los bienes as\u00ed depositados, son de g\u00e9nero, y por lo tanto, imperecederos (genera non pereunt), raz\u00f3n por la cual persiste la obligaci\u00f3n del depositario de restituirlos ‘en igual cantidad y calidad’ o si lo prefiere pagando ‘el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su contabilidad’ \u00ab. <\/p>\n
Denunci\u00f3 el impugnante que el Tribunal otorg\u00f3 al art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, un sentido contrario al principio general de responsabilidad y en especial a los eventos de exoneraci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en la modalidad de lucro cesante, que en tales aspectos resulta inaplicable al presente caso, porque el ad quem acept\u00f3 que la mercanc\u00eda depositada eran 5.100 bandejas de cerveza Tecate, que la p\u00e9rdida se debi\u00f3 a culpa de la demandada, y que esta no acredit\u00f3 causa extra\u00f1a que la liberara de responsabilidad. <\/p>\n
Como conclusi\u00f3n particular para el caso, el recurrente manifest\u00f3 que al no haberse perdido la cerveza aludida, por caso fortuito o fuerza mayor, ni por vicios propios de la cosa depositada \u00abla p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda por culpa de depositario tipifica indudablemente un claro incumplimiento, desde luego, injustificado del contrato de dep\u00f3sito, que lo hace reo de pagar una indemnizaci\u00f3n total y plena, que al tenor del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 debe atender ‘(\u2026) los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales’ \u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
El Tribunal tras analizar el texto del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, concluy\u00f3 que tal disposici\u00f3n contempla \u00ablos casos generales de exenci\u00f3n de responsabilidad y la excepci\u00f3n cuando se trate de dep\u00f3sito a granel, o en silos, o en recipientes an\u00e1logos que s\u00ed responder\u00edan. La no responsabilidad del lucro cesante es de car\u00e1cter general y en este sentido hay lugar a la prosperidad de la excepci\u00f3n que formulara la parte demandada, en cuanto al l\u00edmite de la responsabilidad, no puede por consiguiente condenarse al pago de intereses, ni menos a la suma relacionada en la pretensi\u00f3n 2.2. de la demanda (lucro cesante y frutos civiles), por expresa prohibici\u00f3n de las normas que rigen los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito; quedando al arbitrio de la demandada restituir especies iguales o el valor determinado en el contrato de dep\u00f3sito\u00bb <\/p>\n
Por su parte el casacionista argument\u00f3 que la demandada no demostr\u00f3 el caso fortuito o la fuerza mayor, que justificara la limitaci\u00f3n de responsabilidad impuesta por el Tribunal, por lo tanto, seg\u00fan el recurrente la demandada deb\u00eda \u00abpagar una indemnizaci\u00f3n total y plena\u00bb. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, juzga la Corte que la interpretaci\u00f3n que hizo el Tribunal del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, no constituye el dislate que denunci\u00f3 el cargo, porque en realidad dicho sentido emerge razonablemente del tenor literal de la norma. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese en primer lugar el texto del Art\u00edculo 34, seg\u00fan el cual \u00abLos almacenes generales de dep\u00f3sito ser\u00e1n responsables por la conservaci\u00f3n, custodia y oportuna restituci\u00f3n de las mercanc\u00edas que les hayan sido depositadas, pero en ning\u00fan caso responsables por p\u00e9rdidas, mermas o aver\u00edas que se causen por fuerza mayor o caso fortuito; ni por p\u00e9rdidas, da\u00f1os, mermas o deterioros que provengan de vicios propios de las mismas mercanc\u00edas, salvo que el dep\u00f3sito sea a granel; en silos o recipientes an\u00e1logos; ni ser\u00e1n responsables por el lucro cesante que ocasione la p\u00e9rdida, da\u00f1o, merma o aver\u00eda de las mercanc\u00edas quedando limitada, su obligaci\u00f3n a restituir especies iguales, cuando fuere el caso, en igual cantidad y calidad a las depositadas, o si as\u00ed lo prefieren los almacenes, el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su contabilidad. PARAGRAFO. En caso de que el almac\u00e9n general de dep\u00f3sito opte por pagar el valor por el cual las mercanc\u00edas se encuentren registradas en su contabilidad, puede hacer el pago por consignaci\u00f3n, deposit\u00e1ndolo en un banco legalmente autorizado para recibir dep\u00f3sitos judiciales, que funcione en el lugar donde debe hacerse el pago, con obligaci\u00f3n de dar aviso al beneficiario\u00bb.10 <\/p>\n
La norma determina, primeramente, las obligaciones del almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, en lo cual sigue la regla general del contrato de dep\u00f3sito, es decir, \u00abconservaci\u00f3n, custodia y oportuna restituci\u00f3n de las mercanc\u00edas\u00bb, pero enseguida realiza una detallada enumeraci\u00f3n de circunstancias se excluyen o limitan la responsabilidad de tales entidades. <\/p>\n
Para seguir el itinerario interpretativo realizado por el Tribunal, es de ver que el precepto plantea eventos separados por punto y coma lo que significa la presencia de una enumeraci\u00f3n, pues la ortograf\u00eda de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola11 establece que tal signo de puntuaci\u00f3n puede utilizarse \u00abpara separar los elementos de una enumeraci\u00f3n cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas\u00bb, como lo hizo el legislador en la disposici\u00f3n transcrita, en que a m\u00e1s de preceptuar las obligaciones del depositario especialista -Almac\u00e9n General- estableci\u00f3 las distintas modalidades y circunstancias aut\u00f3nomas que condicionan su responsabilidad. <\/p>\n
A este momento, si claro es que las obligaciones de los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito se contraen a la conservaci\u00f3n y entrega del objeto recibido, aquellos se encuentran dispensados de responder si es que sobreviene un caso fortuito o fuerza mayor, o surge un vicio del propio objeto -salvo la existencia condiciones especiales de almacenamiento-, y a rengl\u00f3n seguido reconoce la frontera de responsabilidad en los casos en que aquellas circunstancias exonerativas no hayan sido las determinantes en la desaparici\u00f3n o desmejora del objeto custodiado, para ordenar por separado que \u00abni ser\u00e1n responsables por el lucro cesante que ocasione la p\u00e9rdida, da\u00f1o aver\u00eda de las mercanc\u00edas, quedando limitada su obligaci\u00f3n a restituir especies iguales, cuando fuere el caso, en igual cantidad y calidad a las depositadas, o si as\u00ed lo prefieren los almacenes, el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su contabilidad\u00bb. Es evidente entonces que la dispensa del pago por lucro cesante se refiere a \u00ablas mercanc\u00edas\u00bb en general sin el distingo que propone el recurrente. Es tan clara la delimitaci\u00f3n de la responsabilidad del Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito que a rengl\u00f3n seguido, en atenci\u00f3n a la contundencia de la norma, se estableci\u00f3 un sistema excepcional y expedito de pago por consignaci\u00f3n no judicial, que viene a corroborar el alcance preciso y exacto de la prestaci\u00f3n a cargo de la demandada, precisi\u00f3n que se alcanza por la exclusi\u00f3n de todo a\u00f1adido por lucro cesante, pues si la indemnizaci\u00f3n estuviera acompa\u00f1ada del lucro cesante su liquidaci\u00f3n ser\u00eda incompatible con el pago inmediato y directo por consignaci\u00f3n extrajudicial que la norma establece. <\/p>\n
Emerge de lo visto que reconocidas como obligaciones del depositario las de conservar y restituir los bienes depositados, el compromiso subsiste alternativamente con el valor de dichas especies, a\u00fan ante la p\u00e9rdida, da\u00f1o, merma o aver\u00eda, de donde se deduce que si el Tribunal, con vista en el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, enunci\u00f3 como regla general de indemnizaci\u00f3n s\u00f3lo el da\u00f1o emergente, y excluy\u00f3 el lucro cesante, su interpretaci\u00f3n se encuentra lejos de constituir el yerro endilgado en el cargo. Dicho de otra manera, la lectura correcta de la norma se\u00f1ala que los almacenes generales de dep\u00f3sito en ning\u00fan caso son responsables si hay caso fortuito o fuerza mayor, \u00abni ser\u00e1n responsables\u00bb de lucro cesante. <\/p>\n
El art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil establece como regla general que la indemnizaci\u00f3n de perjuicios comprende el da\u00f1o emergente y el lucro cesante. No obstante, la misma norma precept\u00faa que la ley puede limitar la indemnizaci\u00f3n a solo el da\u00f1o emergente. Dentro de los sucesos en que se excluye por previsi\u00f3n legal expresa el derecho a reclamar el lucro cesante, adem\u00e1s del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, se encuentran los art\u00edculos 1991, 1988 inciso 5\u00ba del C\u00f3digo Civil, en que se establecen las prerrogativas del arrendatario en el contrato de arrendamiento; igualmente en el caso del inciso 6\u00ba del art\u00edculo 1031 del C\u00f3digo de Comercio -modificado por art\u00edculo 39 del Decreto 01 de 1990- se regula una limitaci\u00f3n semejante en lo que toca con la responsabilidad del transportador; todo lo cual permite ver que casos hay en que el legislador restringe la indemnizaci\u00f3n a s\u00f3lo el da\u00f1o emergente, como lo hace el art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993, interpretado razonablemente por el Tribunal. <\/p>\n
El cargo fracasa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de abril de 2001, proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Sociedad Dissantamar\u00eda S.A. contra Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de Occidente Aloccidente S.A. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a ambas partes. Por secretar\u00eda liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal remitente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 Ripert George, \u00abTratado Elemental de Derecho Comercial\u00bb T. IV. Editorial Labor, Buenos Aires, 1988. P. 64. <\/p>\n
2 En Francia, el decreto de 21 de marzo de 1848 y la ley de 13 de agosto del mismo a\u00f1o adoptaron la reglamentaci\u00f3n sobre el \u00abwarrant\u00bb expresi\u00f3n de origen ingl\u00e9s, aplicada tambi\u00e9n en los pa\u00edses bajos. Luego se expidi\u00f3 la ley de mayo de 1858, modificada por la del 31 de agosto de 1870, pero toda la normatividad anterior fue derogada por la ordenanza de 6 de agosto de 1945, complementada por el reglamento de 6 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3 La Corte en sentencia de 29 de mayo de 1991, expres\u00f3 que el objetivo del citado decreto era \u00abestablecer el r\u00e9gimen de los Almacenes Generales de Dep\u00f3sito, se\u00f1alando para ello lo relativo a su constituci\u00f3n y funciones, pero tambi\u00e9n otros temas en desarrollo de ese r\u00e9gimen, tales como la forma de cumplir con su objeto en general y en casos especiales, su responsabilidad, aseguramiento de las mercader\u00edas, bienes a poseer, procedimiento para la venta de mercader\u00e1s, inspecci\u00f3n, vigilancia, etc.\u00bb. G.J. t. CCVIII, pag. 391. El Consejo de Estado declar\u00f3 ajustado a la ley, el art\u00edculo 8\u00ba de mismo decreto, en cuanto determin\u00f3 que el Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito respond\u00eda por el valor fijado a las mercanc\u00edas, mediante sentencia del 27 de octubre de 1977, Secci\u00f3n Cuarta. <\/p>\n
4 Declarado exequible mediante sentencia C-254 del 26 de mayo de 1994. <\/p>\n
5 Promulgado el 4 de julio de 1991. Diario oficial 39.899. La Corte Constitucional lo declar\u00f3 exequible en sentencias C-588 de 15 de octubre de 1992, y C-024 de 1 de febrero de 1993. <\/p>\n
6 Publicado el 6 de febrero de 1958. Diario Oficial No. 29588 pag. 206 y ss. <\/p>\n
7 Publicado el 8 de julio de 1992. Diario Oficial No. 40.496. Sobre el mismo Decreto, la Corte constitucional en sentencia C-188 de 1994, concluy\u00f3 que \u00abel Gobierno pod\u00eda leg\u00edtimamente apelar al art\u00edculo 50 transitorio de la CP para adicionar o modificar el estatuto org\u00e1nico del sistema financiero que entonces se conten\u00eda en el Decreto-Ley 1730 de 1990, lo que justamente se hizo a trav\u00e9s de los decretos 1135 y 2179 de 1992\u00bb. <\/p>\n
8 Declarado exequible mediante sentencia C-254 del 26 de mayo de 1994. El art\u00edculo 339 de la Ley 35 de 1993, orden\u00f3 que sus normas fueran incorporadas en el nuevo estatuto. <\/p>\n
9 Sentencias del 26 de julio de 1995 expediente 4785; 19 de julio de 1996 expediente 4469; 9 de octubre de 1998 expediente 4895 y 21 de octubre de 2003, Exp. No. 7486. <\/p>\n
10 Como oportunamente se se\u00f1al\u00f3 el art\u00edculo mencionado es la resultante de los art\u00edculos 8\u00ba del Decreto Legislativo 356 de 1957 y el 30 del Decreto 1135 de 1992. <\/p>\n
11 Ortograf\u00eda de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola, Edit. Espasa Calpe, Madrid, 2002, pag. 66. <\/p>\n
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SC-289-2005 [1100131030031995-07113-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., veintiuno de noviembre de dos mil cinco Se deciden los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 19 de abril de 2001, proferida por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}