SC-290-2005 [7610931030011998-0096]SV, 6 AV. 3 <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
Ref.: Exp. No. 7610 9310 3001 1998 0096 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, el 6 de octubre de 2000, en el proceso ordinario por ella promovido frente a la Sociedad PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En juicio ordinario de mayor cuant\u00eda la demandante pidi\u00f3 que se declarara a la demandada civilmente responsable por la p\u00e9rdida total de unos bienes que se encontraban en el contenedor SCZU 3026166; en consecuencia, que se le condenara a pagarle como subrogataria de los derechos de Indumoda Ltda. la cantidad de $ 78.571.574,oo con su correspondiente indexaci\u00f3n, suma que pag\u00f3 a esta \u00faltima sociedad, en cumplimiento de un contrato de seguro de transporte de cosas celebrado con ella. <\/p>\n
2. Como fundamentos f\u00e1cticos de sus pretensiones, invoc\u00f3 el actor los que as\u00ed se resumen: <\/p>\n
A. La empresa MAERSK LINE expidi\u00f3 con fecha 2 de agosto de 1996, el conocimiento de embarque B\/L No. MAEU-LIM007098 correspondiente a 20.000 metros de tela Indigo en 265 rollos. <\/p>\n
B. La mercanc\u00eda fue embarcada por la sociedad Fabritex Peruana S.A. en el puerto el Callao, en la motonave Maersk San Antonio 9164, el 2 de agosto de 1996, en el contenedor SCZU 3026166 con un peso bruto de 16.180.4 Kg y fue inspeccionada por BUREAU VERITAS, que expidi\u00f3 el certificado No. 01-011-1-6-00292-6, el cual, adem\u00e1s, se\u00f1ala que el contenedor ten\u00eda colocado el sello BV 0591893. <\/p>\n
C. El contenedor fue descargado del Buque el d\u00eda 7 de agosto de 1996 y \u00abrecibido en perfecto estado\u201d, seg\u00fan consta en el control de Contenedores No. 064622, y almacenado en los patios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. <\/p>\n
D. El 16 de agosto de 1996 \u201cal momento de realizar la preinspecci\u00f3n para verificar la descripci\u00f3n documentaria del contenedor y su mercanc\u00eda, el contenedor fue trasladado a la zona de inspecci\u00f3n y al abrirse en presencia del funcionario de la DIAN se encontr\u00f3 que la unidad estaba completamente vac\u00eda, lo que condujo a revisar el precinto roto, observ\u00e1ndose que la numeraci\u00f3n estaba borrada con esmeril o lima y no correspond\u00eda al tipo de precinto que utiliza la Naviera MAERKS\u00bb (fl. 53). <\/p>\n
E. El 11 de noviembre de 1997, INDUMODA LTDA. propietaria de la mercanc\u00eda present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal por la p\u00e9rdida de aquella, a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. sin obtener respuesta. Cabe anotar -afirm\u00f3 el actor- \u201cque el control de Contenedores No. 064622 aparece que la mercanc\u00eda se recibe de conformidad, puesto que no existe observaci\u00f3n alguna\u00bb (fl 54). <\/p>\n
F. Aseguradora Colseguros S.A., mediante las \u00f3rdenes de pago n\u00fameros 085184 y 899664 \u201cgir\u00f3 como indemnizaci\u00f3n por la p\u00e9rdida ya mencionada, previo ajuste efectuado a favor de INDUMODA LTDA, la suma de $78.571.574.oo\u00bb (fl. 55), la cual cubri\u00f3 tambi\u00e9n el lucro cesante. <\/p>\n
3. La demandada le dio contestaci\u00f3n a la demanda, oponi\u00e9ndose expresamente a sus s\u00faplicas; neg\u00f3 unos hechos y acept\u00f3 otros. Aleg\u00f3, principalmente, que la mercanc\u00eda no fue embarcada en el Puerto de Callao, y menos que la Sociedad Portuaria la hubiera recibido en sus bodegas, pues all\u00ed lleg\u00f3 simplemente el contenedor vac\u00edo, s\u00f3lo que esa situaci\u00f3n no la pudo advertir en su momento porque el mismo estaba sellado, como es usual en estos casos. <\/p>\n
4. El juez Primero Civil del Circuito de Buenaventura deneg\u00f3 todas las pretensiones mediante fallo que, apelado por la parte actora, fue confirmado en su integridad por el Tribunal Superior de Buga, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Delanteramente se\u00f1al\u00f3 el ad quem que el C\u00f3digo de Comercio otorga al asegurador que paga, el derecho de ocupar el lugar del asegurado con relaci\u00f3n al tercero que ocasion\u00f3 el siniestro para hacerse pagar hasta concurrencia del valor de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n subrogatoria \u2013prosigui\u00f3- la compa\u00f1\u00eda aseguradora debe acreditar, conforme a jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, lo siguiente: a) la existencia de un contrato de seguro; b) pago v\u00e1lido en virtud del referido contrato; c) que el da\u00f1o ocasionado por el tercero est\u00e9 cubierto por la p\u00f3liza; d) que ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acci\u00f3n contra el responsable, y adicionalmente, que se acredite la ocurrencia del siniestro y el monto de los perjuicios. <\/p>\n
Ocup\u00e1ndose del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, con apoyo en la prueba documental recaudada, estim\u00f3 el sentenciador que se encontraba cabalmente acreditada la existencia del invocado contrato de seguro, as\u00ed como el siniestro y su pago a Indumoda Ltda. <\/p>\n
Respecto de la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado expres\u00f3 que conforme con las mismas probanzas, la demandada recibi\u00f3 en sus instalaciones el contenedor sellado, sin hacer salvedad de ninguna \u00edndole, y que de all\u00ed desapareci\u00f3 la mercanc\u00eda en \u00e9l contenida, sin que se probara por parte de aquella la presencia de una causa extra\u00f1a o un hecho imprevisible. <\/p>\n
Sin embargo, concluy\u00f3 el Tribunal, haciendo cita parcial de un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, que no hab\u00eda lugar a acceder a las pretensiones del actor, porque no se estableci\u00f3 el monto del da\u00f1o sufrido por el asegurado \u00abcomo lo exig\u00eda la jurisprudencia\u00bb con motivo de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, afirmando frente a este particular punto, que la aseguradora se limit\u00f3 a presentar con la demanda \u00abunos documentos que en realidad no comprueban el quantun (sic) del da\u00f1o\u00bb; que \u00abla orden de pago visible a folios 22 y 23 del cuaderno principal apenas si comprueba el pago de un determinado valor por concepto del hurto de mercanc\u00eda y el informe de ajuste visible a folios 43 y siguientes en el que no aparece la persona o personas que lo emiten, no puede tenerse como prueba del quantun (sic) de la indemnizaci\u00f3n, por dicha raz\u00f3n\u201d (fl. 24 vto). <\/p>\n
Acot\u00f3 que los medios probatorios consistentes \u00aben los documentos ya mencionados no constituyen la prueba id\u00f3nea porque entrat\u00e1ndose de probar el valor de los perjuicios el dictamen pericial lograr\u00eda el objetivo buscado\u00bb (fl. 24), para afirmar luego -como respuesta al reproche que el demandante hiciera al juez de primera instancia por no haber decretado pruebas de oficio para dilucidar este aspecto de la controversia-, que \u00abla actividad probatoria debe provenir de las partes no \u00fanicamente del juez\u00bb y que \u00abAqu\u00ed la actora no alleg\u00f3, ni solicit\u00f3 prueba alguna relativa a establecer el monto del da\u00f1o\u00bb, lo que imped\u00eda el \u00e9xito de la demanda porque, reiter\u00f3, no \u00abbasta que la Compa\u00f1\u00eda acredite que pag\u00f3 al asegurado, porque puede suceder que el valor del da\u00f1o sufrido sea superior al pago que hizo la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora \u00bb (fl 25). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos se han formulado contra la sentencia impugnada, ambos con apoyo en la primera de las causales de casaci\u00f3n consagradas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de los cuales despachar\u00e1 la Sala exclusivamente el segundo porque est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia impugnada por ser violatoria de los art\u00edculos 1089 y 1096 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el censor que el Tribunal err\u00f3 por la \u00abequivocada apreciaci\u00f3n o falta de apreciaci\u00f3n\u00bb de los siguientes documentos: a) los que prueban la ocurrencia del siniestro. Como la p\u00e9rdida total de la mercanc\u00eda, que se prueba con la denuncia\u2026la solicitud del asegurado respecto del pago del seguro\u2026el reconocimiento de la ocurrencia de tal siniestro por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, probado por los documentos de las \u00f3rdenes de pago\u00bb (fl. 34); b) el \u00abControl de contenedores\u00bb que demuestra que la p\u00e9rdida se produjo estando la mercanc\u00eda en dep\u00f3sito en las bodegas de la sociedad Portuaria\u00bb; c) los que \u00abdemuestran plenamente el quantum del da\u00f1o y la correspondencia de este quantum con el valor del siniestro pagado por la compa\u00f1\u00eda aseguradora (f. 30 a 32, 33, 34, 36, 36 y 51, c.1)\u00bb (fl. 34, cdno Corte), y d) los que \u00abdemuestran el pago de la indemnizaci\u00f3n por parte del asegurador, que son las \u00f3rdenes de pago\u00bb ya referidas (fl 35 ib). <\/p>\n
Asegur\u00f3 tambi\u00e9n el casacionista que se configuraban los elementos f\u00e1cticos requeridos para que opere la subrogaci\u00f3n a que \u00abrefiere el art\u00edculo 1096 del C. de Co., precepto que a pesar de ser citado y bien interpretado por el juzgador, dej\u00f3 de aplicarse\u00bb, y le atribuy\u00f3 al primero la incursi\u00f3n en un flagrante error por concluir que no se demostr\u00f3 la prueba concerniente al valor del da\u00f1o sufrido por el asegurado con ocasi\u00f3n del siniestro, resaltando que si bien en comienzo, el ad quem sostuvo que esa circunstancia se deduc\u00eda de toda la documentaci\u00f3n recogida durante la actuaci\u00f3n, \u201cse concentr\u00f3 luego, extra\u00f1amente, en algunos documentos\u201d. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que \u00abadem\u00e1s de los documentos mencionados por el juzgador, obran \u2026a folios 30 a 32, 33, 34, 36, 37 y 51 del cuaderno 1, medios probatorios en los que consta el valor de la mercanc\u00eda importada, cuya cuant\u00eda corresponde a la del perjuicio causado por el demandado\u00bb; que ese valor \u00abaparece expresado en d\u00f3lares (fls. 30 a 32, 34, 36 y 37) y en pesos (fl. 33), esta \u00faltima cantidad es la que coincide con el petitum\u00bb y que, por este conducto, el Tribunal \u00abaplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1096 del C. de Co., al considerar\u2026 que la compa\u00f1\u00eda demandante no cumpli\u00f3 con el deber de aportar la prueba del perjuicio sufrido por el asegurado\u00bb (fl. 36, cdno 6). <\/p>\n
El ad quem, asever\u00f3 el recurrente, err\u00f3 adem\u00e1s al apreciar los documentos visibles a folios 22 y 23 del cuaderno principal, \u00abque acreditan el valor de la indemnizaci\u00f3n pagada por el asegurador, quien efectivamente pag\u00f3 una suma inferior al valor real del inter\u00e9s asegurado\u2026 que correspond\u00eda al monto del perjuicio efectivamente sufrido por el accionado\u00bb (fl. 37). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi se acredit\u00f3 la ocurrencia del da\u00f1o, como lo reconoce el mismo Tribunal, y se acepta que el valor real del inter\u00e9s asegurado -que conforme a la presunci\u00f3n que establece el art\u00edculo 1089 del C. de Co.-, es de $120’000.000.oo, como se puede deducir sin mayor esfuerzo de las referidas \u00f3rdenes de pago\u00bb (fl. 37), no cabr\u00eda sino una forma correcta de \u00abaplicar\u00bb este art\u00edculo, es decir, la sugerida por el mismo censor. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 que \u00abel contexto de los anteriores documentos, a los cuales debe agregarse la denuncia de la ocurrencia del siniestro\u2026 y el certificado de Control de contenedores\u2026 expedido por el demandado (medios de prueba que fueron mal apreciados por el sentenciador), prueba en su conjunto y hasta la saciedad la ocurrencia del siniestro, la responsabilidad del demandado, el valor del inter\u00e9s asegurado, el pago de la indemnizaci\u00f3n por la aseguradora y el quantum del siniestro y de la indemnizaci\u00f3n\u00bb (fl. 38, cdno Corte), por lo que, en su sentir, hab\u00eda lugar a casar la sentencia y a acceder a los pedimentos contenidos en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La \u00fanica cuesti\u00f3n que procede resolver de cara al presente recurso, es la referente a si el Tribunal cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico al desestimar las s\u00faplicas del actor, por considerar que no se hab\u00eda acreditado en el juicio el monto del perjuicio sufrido por el asegurado, aspecto que constituye el n\u00facleo de la sentencia impugnada y que es frontalmente combatido en el cargo sub examine, por estimar el censor que s\u00ed existe en el plenario tal demostraci\u00f3n, lo que lleva a la Sala a hacer algunas precisiones previas sobre tal tema en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n, prevista en el art. 1096 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, conviene memorar que el \u00e9xito de la referida acci\u00f3n impone a quien la ejercita, de conformidad con las pautas establecidas en la norma antes citada, en armon\u00eda con en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la insoslayable carga de acreditar no s\u00f3lo el pago que hizo al asegurado o beneficiario, sino tambi\u00e9n la convergencia de las circunstancias que permitir\u00edan declarar al demandado civilmente responsable del da\u00f1o causado a aqu\u00e9l, lo cual implica, ineludiblemente, que el asegurador deber\u00e1 probar, entre otras cosas, tanto la ocurrencia del da\u00f1o irrogado como su cuant\u00eda, es decir, el valor del perjuicio sufrido por el asegurado. <\/p>\n
En efecto, en casos como el presente, la Sala ha tenido oportunidad de precisar que son presupuestos b\u00e1sicos de la responsabilidad civil deprecada, entre varios, \u201c…la prueba del contrato de transporte, la prueba del incumplimiento del mismo…la prueba de los perjuicios y la prueba de la cuant\u00eda de estos\u201d (se subraya; CXCII, 212). <\/p>\n
Luego, cuando el art\u00edculo 1096 del estatuto mercantil, preve que el \u00abasegurador que pague una indemnizaci\u00f3n se subrogar\u00e1, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro\u00bb, no establece una excepci\u00f3n al principio general del onus probandi de quien aduce un hecho o alega la existencia de una obligaci\u00f3n, y por ello para que la acci\u00f3n iniciada en contra del responsable del da\u00f1o causado al asegurado, se torne exitosa, el actor \u2013en este caso la compa\u00f1\u00eda aseguradora- tiene sobre sus hombros la carga de demostrar la existencia y cuant\u00eda del perjuicio que el hecho da\u00f1oso produjo en el patrimonio de la persona afectada con la materializaci\u00f3n del siniestro. No basta, por lo tanto, que se haya cometido por el demandado un delito o culpa, sino que es conditio sine qua non de la sentencia estimatoria de las s\u00faplicas del libelo, que se pruebe el nocimiento que sufri\u00f3 la v\u00edctima, el que debe ser cierto, y no dudoso, contingente o resultado de especulaciones privativamente te\u00f3ricas. Al fin y al cabo, esta acci\u00f3n hunde sus ra\u00edces en la tipolog\u00eda de los seguros de da\u00f1os, en los que se ense\u00f1orea el principio indemnizatorio, con todo lo que ello envuelve. <\/p>\n
Rep\u00e1rese, incluso, que seg\u00fan los t\u00e9rminos en que se encuentra redactado el art. 1096 del C\u00f3digo de Comercio, la subrogaci\u00f3n la otorga la ley al asegurador \u201cque pague una indemnizaci\u00f3n\u201d, lo que significa que, ex ante, debe haber un resarcimiento del perjuicio a favor del asegurado, o lo que es lo mismo, existe una \u00edntima e indisoluble relaci\u00f3n entre el da\u00f1o imputable al tercero y la indemnizaci\u00f3n que paga el asegurador con fundamento en el contrato de seguro, pues \u00e9sta tiene que corresponder, desde una perspectiva ontol\u00f3gica, a la realidad iuris de la existencia del perjuicio, y comprobado \u00e9ste, adem\u00e1s, el pago debe ser liberatorio de cara a las estipulaciones del negocio aseguraticio. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, en Colombia, esa es la communis opinio internacional imperante y generalizada, a diferencia de lo que ocurre en algunas concretas latitudes \u2013en donde militan normas jur\u00eddicas que expresamente lo permiten-, un desembolso ex gratia \u2013o por mera o exclusiva liberalidad- efectuado por el asegurador, naturalmente no permite ejercer con \u00e9xito la acci\u00f3n subrogatoria en contra del causante del da\u00f1o, por trasgresi\u00f3n del esp\u00edritu que en el entorno patrio anima a esta acci\u00f3n, por ministerio de la ley1. No en vano, ella descansa sobre la base de la existencia de un pago, que es definido por el art. 1625 del C\u00f3digo Civil como \u201cla prestaci\u00f3n de lo que se debe\u201d (se subraya), por manera que es inexcusable la presencia de un d\u00e9bito, rectamente entendido. <\/p>\n
Efectuadas las anteriores precisiones, necesarias para el despacho de la censura formulada y abordando el estudio del cargo en cuesti\u00f3n, conviene recordar que el Tribunal expres\u00f3 en su providencia que \u201cla parte demandante se limit\u00f3 a presentar la demanda y con ella unos documentos que en realidad no comprueban el quantun (sic) del da\u00f1o\u2026En efecto, la orden de pago visible a folio 22 y 23 del cuaderno principal apenas si comprueba el pago de un determinado valor por concepto del hurto de la mercanc\u00eda y el informe del ajuste visible a folios 43 y siguientes en el que no aparece la persona o personas que lo emiten, no puede tenerse como prueba del quantun de la indemnizaci\u00f3n, por dicha raz\u00f3n\u201d (fl. 24 vto. cdno 4), sin hacer ninguna manifestaci\u00f3n adicional o complementaria sobre el particular. <\/p>\n
El censor combate tal razonamiento enrostrando yerro f\u00e1ctico al Tribunal por no haber visto otros documentos que s\u00ed demuestran el da\u00f1o, entre los que menciona la copia de la denuncia por la p\u00e9rdida de las mercanc\u00edas, la factura de exportaci\u00f3n No. 00360 y el certificado de inspecci\u00f3n emitido por \u201cBureau Veritas Lima\u201d, n\u00famero 01-011-1-6-00292-6 <\/p>\n
Tales documentos, en opini\u00f3n de la Sala, ciertamente demuestran, como adelante se examinar\u00e1, la existencia y el monto del perjuicio sufrido por Indumoda Ltda. con ocasi\u00f3n de la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda adquirida por tal sociedad e importada desde el Per\u00fa, y como el Tribunal lleg\u00f3 a concluir lo contrario, ignorando la referida prueba documental, desde luego que no se refiri\u00f3 a ella en su providencia, cometi\u00f3 los yerros que le enrostra el casacionista \u2013trascendentes adem\u00e1s en la decisi\u00f3n tomada- y quebrant\u00f3, de paso, las normas sustanciales indicadas por la censura, lo cual supone casar la sentencia impugnada. <\/p>\n
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Dicho de otro modo, resulta obvio que para concluir que no estaba acreditado el da\u00f1o, no pod\u00eda el sentenciador limitar su an\u00e1lisis a los dos documentos que se mencionan en el fallo, sino que ten\u00eda articuladamente que ocuparse de los restantes que alud\u00edan a la adquisici\u00f3n de la mercanc\u00eda, a su importaci\u00f3n, transporte y ulterior p\u00e9rdida, de suerte tal que el haber omitido su consideraci\u00f3n que en manera alguna puede estimarse algo innecesario o superfluo, entra\u00f1a un t\u00edpico error de hecho por preterici\u00f3n. <\/p>\n
S\u00edguese entonces, de todo lo afirmado en precedencia, que el cargo prospera y la sentencia acusada ser\u00e1 casada, de suerte que la Corte proceder\u00e1 a continuaci\u00f3n a dictar la providencia de reemplazo correspondiente. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales y no se observa vicio generador de nulidad que impida decidir de fondo la controversia. <\/p>\n
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La sentencia de primera instancia deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, por estimar que la aseguradora no acredit\u00f3 el monto del perjuicio sufrido por el asegurado, pues si bien aport\u00f3 algunos documentos con tal prop\u00f3sito, en criterio del juez a quo ellos no lo probaban. Respecto del ajuste del siniestro por cuanto \u201cno fue elaborado ni suscrito por Incomar\u201d y en cuanto tiene que ver con la factura de exportaci\u00f3n por cuanto alud\u00eda a valores en d\u00f3lares y \u201cno fue aportada la tasa para su conversi\u00f3n en pesos, siendo \u00e9sta \u00faltima la moneda legal colombiana\u201d (fl. 156 cdno. 1). <\/p>\n
La sociedad demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n y al sustentarlo solicit\u00f3 la revocatoria de la providencia impugnada, afirmando que en el proceso existen pruebas suficientes que demostraban el monto del perjuicio. <\/p>\n
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En efecto, para el caso en particular, la Sala observa que en el expediente obran los siguientes escritos y probanzas: <\/p>\n
a) La denuncia por la p\u00e9rdida de las mercanc\u00edas de fecha 13 de septiembre de 1996, cuya copia se encuentra a folios 10 del cuaderno n\u00famero 3, que fue puesta en conocimiento de las autoridades por el Subgerente de Indumoda, en la que se hizo constar que \u201cEn agosto siete del presente a\u00f1o, lleg\u00f3 procedente del Per\u00fa la motonave Maersk San Antonio con un contenedor de 40 pies, que conten\u00eda 265 rollos de Indigo Denim equivalentes a 20.000 metros el cual fue saqueado totalmente en las instalaciones de la sociedad Portuaria de Buenaventura, el contenedor identificado con el numero SCZU 3026166\u2026 esta mercanc\u00eda se encontraba avaluada en sesenta y ocho mil d\u00f3lares (68.000)\u201d, mercanc\u00eda que el denunciante manifest\u00f3 pertenec\u00eda \u201ca Indumoda Ltda\u201d ( Se subraya). <\/p>\n
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b) La factura de exportaci\u00f3n No. 00360 (fl. 36 cdno 1), expedida por Fabritex Peruana S.A. a favor de Indumoda Ltda., el 24 de julio de 1996 que da cuenta de la venta de 20.000 mts de \u201ctejido de algod\u00f3n Indigo Denim Azul\u201d, con los siguientes datos: \u201cVapor: Maersk San Antonio; destino: Buenaventura, Colombia; peso bruto: 16.180.4 KGS; peso neto:16.080.000 kgs; bultos: 265; container No. SCZU-302616-6\u201d, con un valor total de \u201cUS $ 68.000\u201d F.O.B. <\/p>\n
c) El certificado de inspecci\u00f3n emitido por \u201cBureau Veritas Lima\u201d, n\u00famero 01-011-1-6-00292-6 el 5 de agosto de 1996 (fl. 37 cdno 1) en el que se hace constar como valor de la mercanc\u00eda importada por Indumoda con la factura \u201c00360\u201d proveniente de Lima es de \u201c68.000 d\u00f3lares\u201d, as\u00ed como el contenedor en que fue remitida, n\u00famero SCZU302616-6 <\/p>\n
d) Finalmente, el denominado \u201cControl de Contenedores\u201d No. 064622 (fls. 26 y ss cdno 1) de la entidad demandada, que da cuenta del descargue el d\u00eda 8 de agosto de 1996, en el turno n\u00famero 19 del contenedor SCZU3026166, con el sello n\u00famero BV 0591893 con la constancia de haber sido recibido \u201clleno\u201d. <\/p>\n
Aunque se trata de documentos de diversa naturaleza, vale decir, declarativos el primero y el tercero y dispositivo el segundo, provenientes en su mayor\u00eda de terceros, salvo el \u00faltimo, es dable observar que ninguno de ellos mereci\u00f3 reproche alguno de parte de la entidad demandada, quien guard\u00f3 silencio respecto de ellos al contestar la demanda, y cuando fueron tenidos como pruebas por el juez del conocimiento. <\/p>\n
Incluso, rep\u00e1rese que la denuncia se orden\u00f3 agregar al expediente, oficiosamente (fl. 9 cdno 3), sin que existiera, se itera, reproche o inconformidad de la demandada al ser puesta expresa e inequ\u00edvocamente en conocimiento de las partes mediante el auto de fecha 11 de octubre de 1999 (fl. 12 ib.), y siendo un documento declarativo, como antes se acot\u00f3, tampoco se pidi\u00f3 su ratificaci\u00f3n conforme a lo establecido en el numeral 2\u00b0 art. 10 de la ley 446 de 1998, vigente para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda, circunstancias estas que habilitan, por ende, su debida apreciaci\u00f3n en esta instancia, m\u00e1xime si se tiene en cuenta su revelador contenido, y las circunstancias que rodean el caso en comentario. <\/p>\n
Tales documentos presentados por la parte demandante, cuya autenticidad no fue desconocida o puesta en duda por la demandada, apreciados en forma conjunta y, por ende, articulados, demuestran que el 24 de julio de 1996 la sociedad Indumoda Ltda adquiri\u00f3 de Fabritex Peruana S.A. 20 mil metros \u201cde tejido de algod\u00f3n Indigo denim azul\u201d por valor total de 68.000 d\u00f3lares; que tal mercanc\u00eda fue enviada del Per\u00fa por v\u00eda mar\u00edtima en el Vapor Maersk San Antonio V9612, en el contenedor n\u00famero SCZU302616-6 con destino a la ciudad de Buenaventura Colombia, donde fue finalmente recibida, produci\u00e9ndose su p\u00e9rdida en las instalaciones de la sociedad demandada; en los documentos citados \u2013que adem\u00e1s, en lo pertinente, fueron aportados debidamente autenticados- aparecen descritas las caracter\u00edsticas de los bienes, v.gr. peso, valor unitario, etc., lo que lleva a la Sala a reiterar, como se anticip\u00f3, que s\u00ed tienen la virtualidad de demostrar que se origin\u00f3 un perjuicio, en concreto, el experimentado por el asegurado, por lo que no hab\u00eda manera de afirmar, validamente, que no se hab\u00eda allegado al expediente ninguna probanza que demostrara \u201cel monto\u201d del da\u00f1o. <\/p>\n
En suma, s\u00ed existe en el plenario la prueba del perjuicio del asegurado, consistente en la p\u00e9rdida en las instalaciones de la demandada, de 20 mil metros de tejido de algod\u00f3n Indigo, y como se re\u00fanen los dem\u00e1s requisitos de la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n, se revocar\u00e1 la sentencia apelada y, en su lugar, se condenar\u00e1 a la demandada a pagar a la demandante, el perjuicio que sufri\u00f3 el asegurado, pero no el equivalente en pesos colombianos de 68.000 d\u00f3lares, sino la suma de $ 78.571.574,oo, que fue la suma expresamente pedida en el libelo. <\/p>\n
Igualmente, se ordenar\u00e1 pagar la correcci\u00f3n monetaria sobre tal suma, como fue pedido en la demanda, a partir del d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que se cancel\u00f3 al asegurado el valor de la indemnizaci\u00f3n y hasta la fecha en que realice el correspondiente pago, actualizaci\u00f3n que se har\u00e1 teniendo en cuenta el Indice de Precios al Consumidor (art. 191 C.P.C.). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala en cas. civ. 18 de mayo de 2005, Exp. 0832-01, mayoritariamente, modific\u00f3 la jurisprudencia que hasta ese momento hab\u00eda venido sosteniendo hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, para denegar la correcci\u00f3n monetaria cuando se ejercitaba la acci\u00f3n subrogatoria prevista en el art. 1096 del C\u00f3digo de Comercio, de tal suerte que estim\u00f3 que ella si era procedente, habida cuenta, entre otros argumentos, a los que se remite la Corte en obsequio a la brevedad, que \u201c\u2026.el reconocimiento econ\u00f3mico que efect\u00fae el victimario infractor a la aseguradora como consecuencia de la subrogaci\u00f3n de \u00e9sta en los derechos del asegurado, debe materializarse en los mismos t\u00e9rminos en que \u00e9ste los detentaba, e inspirarse, por tanto, en una idea justa de realismo y equilibrio monetarios, de suerte que, al igual que acontece con las obligaciones pecuniarias, ese pago se verifique teniendo en cuenta el poder adquisitivo del dinero al momento de ser satisfecho el cr\u00e9dito de que es titular el asegurador, con el fin de que este reciba el mismo valor intr\u00ednseco que reconoci\u00f3 al asegurado en raz\u00f3n del siniestro, con lo cual, adem\u00e1s, se evita que la depreciaci\u00f3n del dinero lo afecte \u00fanicamente, en beneficio del causante del da\u00f1o\u201d y, \u201c\u2026en esencia [que si] la acci\u00f3n materia de la subrogaci\u00f3n personal, es la misma que, originariamente, hubiera podido ejercer el asegurado-damnificado contra el responsable del da\u00f1o, el tratamiento que debe otorg\u00e1rsele a la entidad aseguradora deber\u00eda ser sim\u00e9trico al que la ley y la jurisprudencia le hubieran dado a aquel, en caso de que, con prescindencia del seguro, hubiera reclamado directamente de \u00e9ste la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d. De all\u00ed que \u201cno existe, en rigor, ning\u00fan elemento diferenciador en la relaci\u00f3n sustancial fundamental, que habilite un trato dis\u00edmil frente a la pretensi\u00f3n resarcitoria que formule el asegurador. Antes bien, si alg\u00fan criterio de distinci\u00f3n fuera acogido, espec\u00edficamente para el caso de los derechos originados del pago con subrogaci\u00f3n previstos en favor del asegurador, estos se convertir\u00edan, sin raz\u00f3n atendible, en una acci\u00f3n de reembolso de cara a la suma desembolsada, en vez de la que en realidad, a manera de posterius, puede ejercer \u2013ya- como suya, en desarrollo de la inobjetable sustituci\u00f3n del asegurado-damnificado, situaci\u00f3n que, adem\u00e1s, no armoniza, en modo alguno, con el r\u00e9gimen legal colombiano asignado al pago por subrogaci\u00f3n, tanto en la legislaci\u00f3n civil, como en la comercial, sin duda articulados, en lo capital\u201d. <\/p>\n
Es importante destacar que la correcci\u00f3n monetaria, en lo medular, hunde sus ra\u00edces en los principios de equidad y plenitud del pago, los cuales, antes que repelerse, de una u otra manera, se complementan entre s\u00ed, de modo que la aplicaci\u00f3n de uno de ellos, in toto, no debe socavar o eclipsar, inexorablemente y sin formula de juicio, la vigencia del otro. En este orden de ideas, es cierto que el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria debe darse teniendo en cuenta las circunstancias de cada litigio en particular; pero no lo es menos que la equidad, como justicia del caso, tambi\u00e9n debe atender ciertas pautas objetivas, para que la definici\u00f3n del pleito no se torne subjetiva, arbitraria y, menos a\u00fan, caprichosa. Al fin y al cabo, equidad y abuso, son dos conceptos divergentes. <\/p>\n
En este sentido, no se podr\u00eda argumentar que como el asegurador paga una deuda propia, en ejecuci\u00f3n de un contrato que \u2013como el de seguro- le permiti\u00f3 recibir una prima, tal circunstancia es suficiente para no conceder la indexaci\u00f3n de la suma que el victimario debe pagar por el da\u00f1o causado, habida cuenta que, por esa v\u00eda, adem\u00e1s se estar\u00eda premiando al causante del hecho il\u00edcito, quien no resarcir\u00eda \u00edntegramente el perjuicio ocasionado. Con otras palabras, la equidad, as\u00ed aplicada, provocar\u00eda un enriquecimiento injustificado del demandado y un empobrecimiento correlativo del demandante, en este caso del asegurador, todo por un quebrantamiento indebido del principio de reparaci\u00f3n integral, siendo claro que el primero de tales postulados no debe ser atendido con miramiento exclusivo en uno de los litigantes, sino de cara a la relaci\u00f3n material que es objeto de discusi\u00f3n y a todos los que en ella participan. En suma la equidad, como justicia del juez que complementa la justicia del legislador, no le abre paso a decisiones que cercenen el derecho de quien pide su reconocimiento, sino que procura conciliar la efectividad de ese derecho, con las particularidades que ofrece el caso litigado. <\/p>\n
Justamente por ello, la Corte no ha extendido r\u00edgida y autom\u00e1ticamente la indexaci\u00f3n a todos los casos en que una de las partes deba pagar a la otra una determinada suma de dinero, como en el evento de la resoluci\u00f3n de un contrato de compraventa, por incumplimiento del comprador en su obligaci\u00f3n de pagar la totalidad del precio (cas. civ. 12 de marzo y 4 de junio de 2004; Exps.: 6759 y 7748), habida cuenta que, en dicha hip\u00f3tesis, el comprador incumplido, a quien la propia ley presume de mala fe (inc. 3\u00ba, art\u00edculo 1932 C.C.), debe asumir las consecuencias negativas del proceso de p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, en la medida en que fue su propia conducta la que frustr\u00f3 el negocio jur\u00eddico, sin que la equidad pueda servir de excusa para omitir tama\u00f1a infracci\u00f3n. Pero este no es el caso del asegurador, quien, por el contrario, por haber honrado o satisfecho sus obligaciones, por ser un contratante cumplido, tiene derecho a que se respeten las condiciones del pago (plenitud e integralidad) que el victimario debe hacer a la v\u00edctima, en cuyos derechos aquel se subrog\u00f3, ministerio legis, sin que la mayor o menor cantidad de inflaci\u00f3n pueda erigirse en \u00f3bice para frustrar la indexaci\u00f3n de la suma correspondiente, pues ese aspecto \u2013la tasa- es apenas el punto de partida, al que necesariamente debe agregarse el tiempo transcurrido, el monto de la obligaci\u00f3n, entre otros, sin perder de vista, adem\u00e1s, que en t\u00e9rminos macro-econ\u00f3micos, uno de los grav\u00e1menes que m\u00e1s pesa en la econom\u00eda de una pa\u00eds y, por supuesto, en la econom\u00eda dom\u00e9stica y la \u00f3rbita patrimonial del acreedor, es la inflaci\u00f3n, as\u00ed sea de un d\u00edgito, no por ello despreciable, o anodina, en l\u00ednea de principio rector. Mientras campee pues la inflaci\u00f3n, due\u00f1a de efectos perturbadores, por regla, el derecho debe arbitrar mecanismos para paliar sus secuelas que, escrutadas de cara al presente asunto, inclusive, no dejan de revestir entidad y relevancia cuantitativa. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, Sala Civil, el 06 de octubre de 2000, en el proceso ordinario de LA ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., frente a la Sociedad PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA y colocada en sede de instancia <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, el 3 de diciembre de 1999. <\/p>\n
En su lugar: Se condena a la demandada a pagar a Aseguradora Colseguros S.A. dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo la suma de $78.571.574.oo con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria desde la fecha en que se pag\u00f3 la indemnizaci\u00f3n al asegurado y hasta el momento en que se realice el pago, conforme a lo se\u00f1alado en la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
Costas de las dos instancias a cargo de la parte demandada. Sin costas en casaci\u00f3n por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Salvedad de voto <\/p>\n
Expediente 1998-0096 <\/p>\n
\u00bfEs exactamente lo mismo que al autor de un da\u00f1o lo persiga la v\u00edctima, a cuando lo persigue otro que ha pagado por \u00e9l, caso de las aseguradoras? <\/p>\n
Nuevamente se ocupa la Corte de cu\u00e1l debe ser el monto de la subrogaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1096 del c\u00f3digo de comercio. Vale decir, si el monto que pag\u00f3 la aseguradora ha de ser escueto o, antes bien, con la respectiva correcci\u00f3n monetaria. Y se ha inclinado otra vez por considerar que ha de ser corrigiendo los efectos de la desvalorizaci\u00f3n. Como no veo, ni descubrir puedo, razones de peso para que as\u00ed sea, fuerza es salvar mi voto, pues sin explicaci\u00f3n est\u00e1 todav\u00eda eso de porqu\u00e9 la Corte, si bien reconoce la correcci\u00f3n monetaria para muchos casos, no la abrazaba para este caso particular. <\/p>\n
El asunto, despu\u00e9s de todo, es que lo particular del caso escapa sin lugar a duda a la regla general. Porque, bien vale recalcarlo, la singularidad que denota la especial subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 del c\u00f3digo de comercio, se\u00f1aladamente en que la triangulaci\u00f3n que supone la subrogaci\u00f3n en general, particularizada se halla aqu\u00ed porque la aseguradora no paga deuda ajena sino propia, cual con insistencia lo consider\u00f3 la jurisprudencia en el pasado. La aseguradora, en efecto, pag\u00f3 lo que se comprometi\u00f3 a pagar por un contrato de seguro, por el cual a su vez cobr\u00f3. Pago por una actividad que constituye el giro ordinario de sus negocios, ramo en el que, por lo mismo, es un profesional. Y no cualquiera, pues armado siempre de enjundiosos estudios de probabilidad escoge, entre otras cosas, qu\u00e9 riesgos asumir\u00e1 y cu\u00e1l el monto de la prima que cobrar\u00e1, calculando meticulosamente de antemano todas aquellas circunstancias que influyen en su realizaci\u00f3n, operaci\u00f3n compleja a cual m\u00e1s, en cuyo desenvolvimiento tiene especial inter\u00e9s el Estado que reclama unos m\u00e1rgenes de solvencia que prevengan distorsiones nocivas para el sector. Y claro, eso ya marca una enorme diferencia. <\/p>\n
Ahora la Corte, nuevamente, sin hacer cuenta de esa desemejanza dice que da lo mismo que el abono de perjuicios lo persiga la v\u00edctima o la aseguradora que le paga. All\u00e1 quien vea en ello cosas iguales y por ah\u00ed derecho se crea con autoridad para reclamar a voces la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La aseguradora, rep\u00edtese, paga no s\u00f3lo porque es su deber hacerlo so pena de incumplimiento, sino porque el fin del seguro, sus objetivos primarios, as\u00ed lo imponen, desde luego que la concepci\u00f3n econ\u00f3mica de este negocio no se reduce a los estrechos lindes de cada seguro individualmente considerado trascendiendo a un \u00e1mbito macroecon\u00f3mico. Ese origen obligacional percute en el hecho de que no puede reclamar lisa y llanamente por los perjuicios causados a la v\u00edctima, sino hasta cierto monto, exactamente lo que pag\u00f3. Algo as\u00ed como un simple reembolso -cual lo expresara la jurisprudencia- as\u00ed la sentencia pretenda desconocerle esa condici\u00f3n. Por eso sostuvo la Corte que en ese caso la equidad de la correcci\u00f3n no operaba. Es por eso y por nada m\u00e1s, que se ha cuidado de indexar all\u00ed; vale decir, no es porque haya dicho, como si contrariara su misma doctrina, que al indexarse se paga un perjuicio o se paga de m\u00e1s. Y valga recordar algo que definitivamente aclara la posible tergiversaci\u00f3n. En efecto, igualmente ha dicho la Corte, esta s\u00ed doctrina invariable hasta hoy, que tampoco opera la tal correcci\u00f3n, precisamente en aplicaci\u00f3n de ese principio superior, cuando el contratante, aunque incumplido, tiene derecho a la restituci\u00f3n de las sumas de dinero que entreg\u00f3. <\/p>\n
Y oportuno ha sido traer a cap\u00edtulo esto \u00faltimo, para ver de demostrar que lo decisivo en casos tan particulares es el principio de la equidad, y no el argumento de que quien paga indexado no est\u00e1 cancelando ni un peso de m\u00e1s, como en \u00faltimas lo hace la sentencia de ahora; pues entonces la pregunta obligada es: si es cierto que lo importante y definitivo es que nadie paga m\u00e1s cuando indexa, \u00bfporqu\u00e9 no ha obligado la Corte a que al contratante incumplido sea restituido tambi\u00e9n con indexaci\u00f3n? Seg\u00fan los propios t\u00e9rminos que hoy emplea, \u00bfno estar\u00eda \u00e9l recibiendo exactamente lo mismo? O lo que es decir, el obligado a restituir nada agregar\u00eda con devolver indexado; o es que por dicha, \u00bfese s\u00ed est\u00e1 autorizado para recibir un dinero con cierto poder adquisitivo y devolver otro envilecido? O es que si lo obligan a indexar, \u00bfestar\u00eda premiando al otro incumplido? \u00bfY premiando de qu\u00e9 si no estar\u00eda recibiendo ning\u00fan plus? Obviamente la respuesta a interrogantes semejantes no est\u00e1, como pretende hacerlo ver ahora la sentencia, en que al incumplido se lo tenga all\u00ed como contratante de mala fe, pues no hay duda de que lo relevante en el punto, antes que ese aspecto, es la equidad. Las dem\u00e1s justificaciones quedan entonces fuera de lugar y lo que hacen es confundir. <\/p>\n
En la subrogaci\u00f3n dicha, cuyos alcances deben medirse con un rasero distinto al que cabe frente a la subrogaci\u00f3n del r\u00e9gimen com\u00fan, pues su car\u00e1cter sui generis as\u00ed lo impone, es muy dif\u00edcil, en ese orden, justificar la indexaci\u00f3n en equidad. Y de paso, sobre todo para \u00e9pocas severas de inflaci\u00f3n, subrogarse en dichos t\u00e9rminos ser\u00eda la mejor inversi\u00f3n, pues se cobra por pagar, y, en pagando, a cubierto queda de la desvalorizaci\u00f3n de la moneda, por ingente que ella sea. Pagar por otro, inversi\u00f3n segura. <\/p>\n
Lo cual no es todo. Ya que si el centro de gravedad del reajuste est\u00e1 en el principio de reparaci\u00f3n integral de que habla la sentencia, reparaci\u00f3n cuyo trasunto est\u00e1 adem\u00e1s en la subrogaci\u00f3n, quedar\u00edan en espera de respuesta, sin embargo, otros interrogantes que dejan ver cu\u00e1n inequitativa resulta a la postre la f\u00f3rmula de la correcci\u00f3n; pues si el asegurador recibe la prima y dispone de ella, aplic\u00e1ndola a todos los conceptos contables que el negocio aseguraticio requiere, incluso cedi\u00e9ndola proporcionalmente a los reaseguradores, \u00bfpor qu\u00e9 entonces no se compensan esas primas, debidamente reajustadas, por supuesto, con lo pagado por el asegurador a cuenta de la indemnizaci\u00f3n? <\/p>\n
Y m\u00e1s a\u00fan, si al recibir la prima el asegurador tiene la obligaci\u00f3n de constituir una reserva para cubrir los siniestros que lleguen a causarse, \u00bfpor qu\u00e9 dicha proporci\u00f3n no se aplica a la indemnizaci\u00f3n que paga si finalmente es una suma cuya destinaci\u00f3n no tiene por objeto cosa distinta a la de cubrir el riesgo propiamente dicho? Porque si de equidad se trata, \u00bfqu\u00e9 obsta buscar por todos los costados que \u00e9sta no acabe siendo un enunciado vacuo y formalista? A decir verdad, despu\u00e9s de todo, en lo \u00fanico que puede convenirse es en que la prima y la indemnizaci\u00f3n conforman un haz indisoluble del que no resulta v\u00e1lido desentenderse a la hora de evaluar lo tocante con la equidad, pues el influjo que tiene una cosa sobre la otra proscribe entrar en escisiones de esa naturaleza. <\/p>\n
Por todo ello sigo hoy pensando lo mismo que antes. Raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para reproducir la sentencia que ahora se vari\u00f3, en donde aparece con mayor claridad explicado el asunto. <\/p>\n
\u201cConsagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio que \u2018el asegurador que pague una indemnizaci\u00f3n se subrogar\u00e1, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro\u2019. <\/p>\n
\u201cAproximando la norma al cargo en estudio, cabe memorar que la Corte en jurisprudencia que es reiterada e invariable, ha precisado los alcances de la expresi\u00f3n \u2018hasta concurrencia de su importe\u2019, para cuya rese\u00f1a basta traer, en v\u00eda de ejemplo y en orden cronol\u00f3gico, los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n
\u201ca) Dijo en 1981 que \u2018cuando por presentarse el siniestro la compa\u00f1\u00eda aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnizaci\u00f3n, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del da\u00f1o, pero solo hasta el valor de la suma pagada. (\u2026). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (art\u00edculo 1088 C\u00f3digo de comercio) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del da\u00f1o, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior\u20192. <\/p>\n
\u201cb) Confirm\u00f3 y ampli\u00f3 este criterio en 1985 al puntualizar que \u2018en orden a precisar los alcances de la subrogaci\u00f3n legal que consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnizaci\u00f3n que paga el asegurador estar\u00e1 determinada por el valor del da\u00f1o derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en t\u00e9rminos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el art\u00edculo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de da\u00f1o asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, \u2018transmitido\u2019 ope legis por el asegurado, es la del d\u00eda del pago de la indemnizaci\u00f3n, y a esa suma ha de quedar limitada tambi\u00e9n la responsabilidad del causante del siniestro. <\/p>\n
\u201c \u2018Si con miras a la correcta interpretaci\u00f3n del citado art\u00edculo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, ser\u00e1 necesario insistir que la expresi\u00f3n \u2018hasta concurrencia del importe\u2019 no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es as\u00ed por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepci\u00f3n jur\u00eddica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnizaci\u00f3n que \u00e9l pag\u00f3 al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestaci\u00f3n correspondiente a su obligaci\u00f3n y porque opera en funci\u00f3n del c\u00e1lculo de las probabilidades\u20193. <\/p>\n
\u201cd) En 1995 reafirm\u00f3 su jurisprudencia, la cual se halla vigente, al manifestar que \u2018la expresi\u00f3n \u2018\u2026hasta concurrencia del importe\u2026\u2019 a que alude el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, raz\u00f3n por la cual no puede tener un alcance distinto al que se\u00f1ala su tenor literal. La raz\u00f3n de ser de este precepto estriba en el car\u00e1cter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza\u2019. Y m\u00e1s adelante agrega que \u2018el cimiento de la subrogaci\u00f3n no es propiamente la protecci\u00f3n patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogaci\u00f3n, la cual, en verdad, tiene por objetivo b\u00e1sico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del da\u00f1o, as\u00ed como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El car\u00e1cter indemnizatorio lo fija la ley para la prestaci\u00f3n a favor del asegurado, desde luego, para evitar all\u00ed tambi\u00e9n que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para \u00e9ste. Todo lo cual se halla inspirado en n\u00edtidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese car\u00e1cter indemnizatorio se traslada a la pretensi\u00f3n del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del da\u00f1o, s\u00f3lo podr\u00e1 ser dentro del marco de su propia erogaci\u00f3n, no s\u00f3lo por lo ya dicho, sino tambi\u00e9n porque no se entender\u00eda c\u00f3mo si el asegurador s\u00f3lo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por raz\u00f3n de la p\u00e9rdida sufrida por \u00e9ste, \u00e9l s\u00ed pueda exigirle al causante del da\u00f1o una correcci\u00f3n monetaria que no ha cubierto, m\u00e1xime cuando no fue el directamente perjudicado. <\/p>\n
\u201c \u2018Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de \u2018mantener el equilibrio de las relaciones jur\u00eddicas\u2019 como un presupuesto para aplicar la correcci\u00f3n monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnizaci\u00f3n no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, sino de pago de una prestaci\u00f3n debida, mucho menos resulta serlo el reembolso nominal de la indemnizaci\u00f3n\u20195. <\/p>\n
\u201cSon tan s\u00f3lidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasi\u00f3n. En efecto, todos ellos a una, descubren las pot\u00edsimas razones que entregan una fisonom\u00eda jur\u00eddica muy propia a la subrogaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene m\u00e1s derecho que a la suma que efectivamente pag\u00f3 por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabil\u00edsima, y hace de su preceptiva el acu\u00f1amiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera m\u00e1s aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jur\u00eddicas que se dan cita en el punto. <\/p>\n
\u201cNo es de recibo arg\u00fcir, entonces, que cuando as\u00ed se decide resulta desnaturalizado el car\u00e1cter indemnizatorio de la obligaci\u00f3n subrogada, porque, ins\u00edstese, la del art\u00edculo 1096 en cita es una subrogaci\u00f3n de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente com\u00fan del fen\u00f3meno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgi\u00f3 del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocaci\u00f3n del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del art. 16 de la ley 446 de 1998. <\/p>\n
\u201cEn otros t\u00e9rminos, al pagar el asegurador, libera o extingue la obligaci\u00f3n del autor del da\u00f1o, respecto del asegurado, hasta la cuant\u00eda de lo pagado, merced a la existencia de un contrato de seguro que proteg\u00eda a la persona que precisamente le traslad\u00f3 el riesgo, quedando aqu\u00e9l subrogado, hasta esa cuant\u00eda, en los derechos del asegurado, seg\u00fan el imperativo legal. Es posible que de cara a esta disposici\u00f3n, el monto de la condena a cargo del responsable del da\u00f1o no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante fuese la propia v\u00edctima, porque para \u00e9sta no existe norma que de suyo limite, y su reclamo, ese s\u00ed indemnizatorio, podr\u00eda gozar de mayor amplitud; mas, como ya se dijo, el diverso resultado se explica por la presencia de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las p\u00e9rdidas, sin que por ello adquiera la calidad de v\u00edctima o de directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligaci\u00f3n es muy otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha recibido contraprestaci\u00f3n. Total que el asegurador no puede pretextar que la consabida limitaci\u00f3n legal implique un empobrecimiento suyo. Ni es dable alegar, por otra parte, que sin la correcci\u00f3n monetaria el demandado resultar\u00eda pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violar\u00eda el art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo civil, pues sea lo que fuere, el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a rengl\u00f3n seguido, que todo ello es sin \u2018perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes\u2019, con lo que dej\u00f3 de lado explicar, como es de necesidad en un recurso dispositivo, porqu\u00e9 su caso lo enmarca en la regla general y no cuadra dentro de las excepciones, siendo que, como viene de verse, la subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 es asaz particular. <\/p>\n
\u201cY comoquiera que la Corte estima que la soluci\u00f3n dada por la ley es la m\u00e1s justa de todas, antin\u00f3mico fuera reconocer la correcci\u00f3n monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la Corporaci\u00f3n en otros asuntos\u201d. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Para sustentar mi disentimiento con el criterio mayoritario de la Sala, en punto de la correcci\u00f3n monetaria concedida a la aseguradora, asiento las siguientes razones que, en lo fundamental, son las mismas que aduje en ocasi\u00f3n anterior al consignar mi discrepancia con el fallo que sirve de sustento a este. <\/p>\n
1. Si, como en algunos apartes de la sentencia se asevera y sobre esa misma hip\u00f3tesis se desdoblan los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que la soportan, la indexaci\u00f3n obedece a la necesidad de corregir el efecto pernicioso y, muchas veces, devastador que la excesiva depreciaci\u00f3n del signo monetario produce en las relaciones obligacionales, reluce manifiesto que en las actuales circunstancias que vive la econom\u00eda del pa\u00eds, no se vislumbra, ni por asomo, que en asuntos como el de esta especie, exista el af\u00e1n apremiante de restablecer el equilibrio prestacional perdido, o de enmendar repulsivas iniquidades, o de procurar el pago completo de la deuda cuya satisfacci\u00f3n integral se vea seriamente amenazada por la aguda p\u00e9rdida de poder adquisitivo de la moneda y que de no mediar la intervenci\u00f3n judicial comportar\u00eda un indeseable detrimento econ\u00f3mico para el acreedor; no se evidencian, en fin, ninguna de las hip\u00f3tesis en las que esta Corporaci\u00f3n ha acudido, sin vacilaci\u00f3n alguna, a intervenir en las relaciones jur\u00eddicas con miras a evitar o reparar irritantes injusticias. <\/p>\n
En efecto, habiendo superado la econom\u00eda patria el grave proceso inflacionario que la aquejaba y luego de reducir y mantener la inflaci\u00f3n en un d\u00edgito, concretamente en una cifra oscilante entre el 5 y el 7% anual, no entiende el suscrito magistrado cu\u00e1l la raz\u00f3n para que en relaciones jur\u00eddicas como la que ahora nos ocupa deba ordenarse la correcci\u00f3n monetaria de la suma pagada por la aseguradora al asegurado. Si dicha relaci\u00f3n obligatoria no ha sido golpeada por los efectos nocivos de acrecentados procesos inflacionarios, no hay raz\u00f3n alguna que, en t\u00e9rminos de realidades materiales, exija la indexaci\u00f3n de ese pago. <\/p>\n
No debe olvidarse al respecto, que el asegurador recibe anticipadamente el valor de la prima, cuyo monto estipula con sustento en predicciones econ\u00f3micas y diversos c\u00e1lculos de probabilidad, entre ellos, por supuesto, el concerniente con la depreciaci\u00f3n de la moneda, que aqu\u00ed y ahora, adem\u00e1s de ser un fen\u00f3meno apenas perceptible, es claramente predecible, particularmente en lo relativo a su monto; am\u00e9n que, como es sabido, el negocio se estructura a partir de un principio de cooperaci\u00f3n financiera b\u00e1sico, en virtud del cual se constituye un fondo formado por la contribuci\u00f3n colectiva y proporcional de los asegurados, enderezada a soportar riesgos an\u00e1logos. Ese fondo, constituido en lo medular, como ya se dijera, con el monto de las primas pagadas, le permite al asegurador realizar las inversiones y dem\u00e1s transacciones econ\u00f3micas que considere oportunas para indemnizar, sin padecer menoscabo patrimonial, los eventuales siniestros, pago que, valga la pena destacarlo de una vez, hace en t\u00e9rminos estrictamente nominales, es decir, que es el asegurado quien corre con el gravamen de la eventual desvalorizaci\u00f3n de la unidad monetaria. <\/p>\n
No se evidencian ahora variables inestables o inesperadas que golpeen ese fondo, ni enojosos desarreglos econ\u00f3micos que solucionar. Inclusive, para ser francos, se rompe la proporcionalidad que gobierna el negocio aseguraticio permiti\u00e9ndole al asegurador cobrar indexada la suma que ha sufragado, pero toler\u00e1ndole pagar sus obligaciones al asegurado (quien con antelaci\u00f3n le ha pagado la prima) y a terceros en cifras nominales, vale decir, no revaluadas. O, para decirlo en otros t\u00e9rminos: paga nominalmente pero recupera con correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No advierto aqu\u00ed, pues, desproporci\u00f3n, desequilibrio, detrimento o injusticia alguna que enmendar mediante la indexaci\u00f3n monetaria. Es que no debe olvidarse que han sido esas circunstancias las que, en su momento, han justificado la intervenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en las relaciones jur\u00eddicas para corregir el signo monetario objeto de alguna obligaci\u00f3n. Y si no median condiciones especiales de esa \u00edndole, conceder, sin m\u00e1s, la indexaci\u00f3n, es tanto como abrazar sin rebozo, una concepci\u00f3n valorista de la moneda, criterio que me parece, sinceramente, preocupante. <\/p>\n
En efecto, no obstante que no se trata de un principio absoluto, ni hoy podr\u00eda serlo e, inclusive, para muchos, tampoco el m\u00e1s deseable, lo cierto es que, dada la estabilidad que ofrece y la facilitaci\u00f3n de la prognosis de las obligaciones, sobre el principio nominalista se edifican diversas estructuras econ\u00f3micas y jur\u00eddicas del pa\u00eds; por supuesto que como el valor del signo monetario es invariable, los particulares conocen anteladamente cu\u00e1l es la medida de sus derechos y de sus obligaciones, quedando de ese modo despejada toda incertidumbre al respecto, con la subsecuente reducci\u00f3n de la litigiosidad (como las obligaciones se expresan en una suma de unidades monetarias, es f\u00e1cilmente reconocible tanto su naturaleza como su extensi\u00f3n). <\/p>\n
Inclusive, es incontestable que la actividad comercial y econ\u00f3mica se estructura sobre la base del valor nominal de la moneda, de modo que cualquier desviaci\u00f3n de este principio viene a interferir con el desarrollo adecuado de aquella. \u201cLas instituciones y las empresas, dice Hirschberg, est\u00e1n sujetas a una pr\u00e1ctica administrativa que es dif\u00edcil de modificar. Los requisitos de control y eficiencia demandan que ella se apoye en bases simples y f\u00e1cilmente compresibles. Las sociedades comerciales, y en realidad toda empresa o unidad econ\u00f3mica de cierta envergadura, deben llevar sus libros. \u00c9stos est\u00e1n redactados sobre la base del valor nominal de la moneda, y una desviaci\u00f3n de este principio determinar\u00eda una interferencia con la pr\u00e1ctica conforme a la cual se los lleva. <\/p>\n
\u201cCuando un cliente deposita en un banco una suma de dinero, \u00e9ste inmediatamente sabe cu\u00e1les son sus derechos y obligaciones hacia el primero. Los l\u00edmites de la obligaci\u00f3n del banco est\u00e1n absolutamente fijados por el monto nominal de su deuda. Ello le permite no tomar en consideraci\u00f3n en el desarrollo de su actividad, los cambios de valor de la moneda ni la suerte que ella corra, ya que nunca deber\u00e1 devolver a sus clientes una suma mayor que la depositada. De tal modo los negocios bancarios son manejados conforme al valor nominal de la moneda. \u00c9sta es la raz\u00f3n por la cual durante la revaluaci\u00f3n alemana los bancos fueron exceptuados de ella. (\u2026) Reglas similares son aplicables a las instituciones financieras, como las sociedades de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros. Ellas tambi\u00e9n organizan su actividad sobre la base del valor nominal del dinero. (\u2026) Como todos los sectores del sistema econ\u00f3mico est\u00e1n interrelacionados e interconectados, apartarse del principio nominalista crear\u00eda una reacci\u00f3n en cadena y afectar\u00eda su adecuado funcionamiento.\u201d6 <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, como igualmente lo destaca el rese\u00f1ado autor, las grandes decisiones econ\u00f3micas actuales se adoptan con sustento en balances, cuenta de ganancias y p\u00e9rdidas, inventarios y otros muchos documentos comerciales elaborados todos ellos seg\u00fan el valor nominal de la moneda. \u201cLos controles en las distintas unidades econ\u00f3micas se llevan a cabo sobre la base del principio nominalista, as\u00ed como tambi\u00e9n sus planes de desarrollo. La cooperaci\u00f3n de tales empresas con sus proveedores, acreedores y clientes se ve asegurada en virtud del enfoque nominalista, que tambi\u00e9n afianza los contratos de aqu\u00e9llas con el p\u00fablico y los organismos gubernamentales. El precio de compra de los distintos componentes de un inventario est\u00e1 expresado en el balance conforme a su valor nominal; de la misma manera que el precio de compra de las mercader\u00edas de un negocio figuran en el registro correspondiente conforme al mismo valor. (\u2026) La actividad comercial se desarrolla cotidianamente mediante compensaciones entre cr\u00e9ditos y deudas, todos ellos expresados seg\u00fan el principio nominalista. Los t\u00edtulos circulatorios, como el cheque, la letra de cambio y los bonos cotizables en bolsa, son emitidos conforme al valor nominal de la moneda. <\/p>\n
\u201cLa desviaci\u00f3n del principio nominalista provocar\u00eda una interferencia con la estabilidad y continuidad del sistema econ\u00f3mico y causar\u00eda disturbios y litigios, am\u00e9n de requerir m\u00faltiples ajustes\u201d7. <\/p>\n
Inclusive, desde una perspectiva macroecon\u00f3mica, si no hay razones superiores, como en la actualidad no las hay, que demanden en los asuntos de esta especie la indexaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n monetaria, no es recomendable concederla por el efecto multiplicador que concesiones de esa estirpe pueden generar; desde luego que \u201csi todo acreedor se siente con derecho a exigir el reajuste de su cr\u00e9dito sin respetar sumas, el efecto multiplicador de tal actitud ser\u00eda un aut\u00e9ntico factor inflacionario\u201d8. <\/p>\n
3. Demostrado como se encuentra que no existen razones justicieras que aconsejen la correcci\u00f3n monetaria de la deuda del tercero civilmente responsable para con el asegurador que se ha sustituido a la v\u00edctima, resta por examinar si la subrogaci\u00f3n derivada del pago de su obligaci\u00f3n es suficiente motivo de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, baste con recordar que si bien no puede negarse que el pago del asegurador lo subroga en la misma acci\u00f3n de la que es titular la v\u00edctima, no es menos cierto que se trata de una forma de sustituci\u00f3n personal bastante singular pues el contexto que la rodea le acu\u00f1a una indeleble impronta. Lo primero que en el punto cabe precisar es que no es el asegurador quien realmente recibe el perjuicio, pues no era el titular del derecho menoscabado ni se ve sorprendido por el hecho lesivo. <\/p>\n
Por el contrario, \u00e9ste ha recibido anticipadamente la prima, que aporta a un fondo especialmente conformado para atender el futuro siniestro, el cual no solo ha previsto, sino, tambi\u00e9n, ha tenido la oportunidad de adoptar todas las medidas encaminadas a mitigar sus efectos. Es decir, que adem\u00e1s de prever el hecho, con el pago anticipado de la prima, y gracias al c\u00e1lculo de probabilidades y al an\u00e1lisis de las predicciones econ\u00f3micas, asume los correctivos necesarios para impedir una lesi\u00f3n patrimonial. Desde esa perspectiva su situaci\u00f3n es muy distinta que la de la v\u00edctima, a quien, por el contrario, con la indemnizaci\u00f3n se trata de dejar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de sufrir el perjuicio, esfuerzo que no es menester emprender frente a la aseguradora porque \u00e9sta, a menos de existir inesperados y severos procesos inflacionarios, ya lo ha hecho anteladamente. <\/p>\n
Como no hay razones para modificar la a\u00f1eja jurisprudencia que ahora la Corte, presurosa e intempestivamente recoge, menos a\u00fan cuando en lugar de agravarse, se han morigerado, las circunstancias en las que ella fue decantada, debo separarme del criterio que aqu\u00ed se adopta. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfme: Efr\u00e9n Ossa, Teor\u00eda General del Seguro, El Contrato, Bogot\u00e1, Temis 1991, pg 191. <\/p>\n
2 Cas. Civ. de 22 de enero de 1981, G.J. CLXVI, p\u00e1g. 156 <\/p>\n
3 Cas. Civ. de 6 de agosto de 1985, G.J. t. CLXXX, p\u00e1g. 239 <\/p>\n
4 Cas. Civ. de 23 de sept. 1993, G.J. t. 2464, p\u00e1g. 567 <\/p>\n
5 Cas. Civ. de 13 de octubre de 1995, G.J. n\u00famero 2476, p\u00e1g. 1123. <\/p>\n
6 Hirschberg, Eliyahu. \u201cEl principio nominalista\u201d. Desalma. Buenos Aires. 1976. P\u00e1g. 54 <\/p>\n
7 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8 Zannoni, Eduardo. \u201cRevaluaci\u00f3n de obligaciones dinerarias (indexaci\u00f3n)\u201d. Astrea. 1977. P\u00e1g. 12 <\/p>\n
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SC-290-2005 [7610931030011998-0096]SV, 6 AV. 3 SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil cinco (2005).- Ref.: Exp. No. 7610 9310 3001 1998 0096 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}