SC-291-2005 [1100131030181994-1325]SV, 6 AV, 3<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
Ref.: Exp. No. 110013103018 1994 1325 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por SEGUROS COMERCIALES BOL\u00cdVAR S.A. respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 1\u00b0 de diciembre de 1999, en el proceso ordinario por ella instaurado contra TRANSTANQUES LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante pidi\u00f3 que se declarara que existi\u00f3 un contrato de transporte celebrado entre Mobil de Colombia S.A. y la demandada; que \u00e9sta incumpli\u00f3 totalmente el referido contrato al no haber devuelto la mercanc\u00eda que le fue entregada; que consecuencialmente se le condenara a pagarle la suma de $36.075.462,oo, corregida monetariamente, valor cancelado a Mobil correspondiente a la indemnizaci\u00f3n causada con ocasi\u00f3n de la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda transportada, en cumplimiento de un contrato de seguro de transporte entre ellos convenido. <\/p>\n
2. Como fundamentos f\u00e1cticos de sus pretensiones, invoc\u00f3 los que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
a. Mobil de Colombia S.A., celebr\u00f3 un contrato de seguro con la demandante instrumentado a trav\u00e9s de la p\u00f3liza autom\u00e1tica de transporte de mercanc\u00edas n\u00famero 706355, en \u201csu triple condici\u00f3n de tomador, asegurado y beneficiario, para asegurar contra los riesgos inherentes al transporte terrestre, el combustible y los dem\u00e1s productos movilizados por todo el pa\u00eds, mediante el sistema de despachos mensuales\u201d. <\/p>\n
b. El 30 de junio de 1993 la aseguradora expidi\u00f3 -con base en el despacho reportado por el asegurado para el mes de mayo de ese a\u00f1o-, el certificado de seguro n\u00famero 106000, por un valor asegurado total de $1.034.946.780.oo, que amparaba los despachos movilizados entre Cartagena y la localidad de Bosa. <\/p>\n
d. La mercanc\u00eda en menci\u00f3n fue recibida por la demandada en la ciudad de Cartagena y cargada en el carrotanque de placas XKD823, conducido por Alexander Pinz\u00f3n. A la altura de San Pelayo (Cesar), \u201cpor razones que no resultan del todo claras\u201d, se produjo el \u201cvolcamiento\u201d del automotor, perdi\u00e9ndose 6.288 galones, que resultaron imposibles de recuperar, \u201cdebido a que llovi\u00f3 en el sitio del accidente y el producto se emulsion\u00f3 (fl. 51). <\/p>\n
e. Remitido el aviso de ocurrencia del siniestro y efectuada la declaraci\u00f3n de rigor, la aseguradora pag\u00f3 al beneficiario de la p\u00f3liza la cantidad de $ 36\u00b4075.462,oo, seg\u00fan orden de pago n\u00famero 525659 de fecha 30 de agosto de 1993, produci\u00e9ndose as\u00ed la subrogaci\u00f3n legal de la demandante en los derechos y acciones del asegurado contra los responsables del siniestro. <\/p>\n
3. La demandada fue notificada a trav\u00e9s de curador ad litem, quien al contestarla no formul\u00f3 excepci\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. El 12 marzo de 1997, se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, parcialmente estimatoria de las pretensiones, pues se deneg\u00f3 la atinente al reconocimiento de la \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d, fallo que, apelado por la parte actora respecto de este \u00faltimo punto, fue revocado \u00edntegramente por el Tribunal mediante la decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras precisar que su competencia funcional no se circunscrib\u00eda a resolver la apelaci\u00f3n formulada, sino que se extend\u00eda a decidir la consulta que debi\u00f3 ordenarse por el a quo en raz\u00f3n de que su fallo fue adverso a la parte representada por curador ad litem, el sentenciador de segunda instancia asever\u00f3 que \u201cpara la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 el contrato de seguro de transporte y tuvo ocurrencia el siniestro del cual se reclama por la compa\u00f1\u00eda aseguradora su pago\u2026el convenio constitutivo de tal contrato de seguro era solemne (art. 1036 C. Co)\u201d, por lo que era \u201cnecesario para su existencia la formalidad externa de que se conste por escrito, en armon\u00eda con lo que preceptuaba el art\u00edculo 1046 de la misma codificaci\u00f3n\u201d (fl. 18 cdno. 2). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la prosperidad de la invocada acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n impon\u00eda la prueba, en legal forma, del contrato de seguro, exigencia no satisfecha en el asunto sometido a su estudio, pues la actora \u201caport\u00f3 fotocopias de la p\u00f3liza de seguro de transporte y de sus anexos, en los que aparece impuesto un sello notarial que indica que \u00e9sta fotocopia corresponde a una copia al carb\u00f3n tenida a la vista. Es decir, que no se arrimaron copias aut\u00e9nticas, ni menos a\u00fan los originales con los cu\u00e1les se pod\u00eda, exclusivamente, probar la existencia del contrato de seguro, en aplicaci\u00f3n de la ley vigente al momento de iniciarse el proceso\u201d (fls. 18 y 19 ib). <\/p>\n
Las susodichas copias, que no fueron tachadas de falsas -prosigui\u00f3-, no re\u00fanen los requisitos provistos en el art\u00edculo 254 del C. de P. C, por lo que \u201cno puede darse el car\u00e1cter de documentos originales o aut\u00e9nticos, perdiendo as\u00ed su fuerza probatoria\u201d. Acot\u00f3 que su valor probatorio no pod\u00eda \u201cequipararse con el que tendr\u00edan las aut\u00e9nticas o autenticadas en debida forma, y de contera, tampoco resultar\u00edan eficaces en la b\u00fasqueda de la subrogaci\u00f3n que de los derechos de la aseguradora pretende la demandante\u201d (fl. 19). <\/p>\n
Despu\u00e9s de advertir que la carga procesal consagrada en el art\u00edculo 177 del C. de P. C, no pod\u00eda ser sustituida por el \u201cdeber-poder\u201d que habilita el juez para \u201cdecretar aun de oficio pruebas\u201d y que \u201ces obligaci\u00f3n de las partes solicitar que se practiquen, o bien, como en el presente caso, aportar los documentos v\u00e1lidos que tengan car\u00e1cter probatorio…, m\u00e1s a\u00fan, si quien inicia la demanda ejerce la guarda del original\u201d, (fl. 20, cdno. 2), insisti\u00f3 el ad quem en que las \u201cmencionadas copias\u2026 fueron confrontadas tan solo con copias simples\u201d (fl 21) y que el juzgador, sometido como est\u00e1 al imperio de la ley, no pod\u00eda desconocer la vigente al momento de celebrarse el contrato de seguro. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos formul\u00f3 el demandante contra la sentencia de los cuales fueron admitidos los dos primeros que vienen apoyados en la primera de las causales de casaci\u00f3n consagradas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. La Sala se ocupar\u00e1 \u00fanicamente del segundo de ellos que est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
Segundo Cargo <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia impugnada de haber vulnerado los art\u00edculos 1036, 1046 y 1096 del C\u00f3digo de Comercio ; 1\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley 389 de1997, as\u00ed como los art\u00edculos 1615, 1617, 1666 a 1670 del C\u00f3digo Civil, 184 del Decreto 663de 1993; 822, 864, 981 a 983, 992, 1008, 1022, 1028, 1030, 1031, 1048 a 1050, 1052, 1053, 1074, 1079 y 1117 a 1124 del C\u00f3digo de Comercio, todos \u00e9stos, tambi\u00e9n por \u201cfalta de aplicaci\u00f3n\u201d, como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas documentales aducidas para demostrar la existencia del citado contrato de seguro de transporte de mercanc\u00edas, entre ellos las fotocopias aut\u00e9nticas de la copia al carb\u00f3n de la p\u00f3liza de seguro (fls. 18 a 21, cdno, 1); la copia autenticada de la copia al carb\u00f3n del certificado de seguro No. 106000 (fl. 22, cdno 1,) y \u201clas fotocopias simples\u201d de las condiciones generales de la p\u00f3liza autom\u00e1tica de transportes (fls. 23 a 28 ib.), errores \u201c que se cometieron\u201d con relaci\u00f3n a los art\u00edculos 252, 253, 254, 255 y 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00e9sta \u00faltima norma, en concordancia con el art\u00edculo 264 ib\u00eddem. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal \u201cse equivoc\u00f3\u201d al \u201cexigir, como \u00fanica prueba v\u00e1lida de la existencia del contrato de seguro, el original de la p\u00f3liza, toda vez que la aseguradora lo entreg\u00f3 al tomador\u2026\u201d, en \u201ccumplimiento\u201d del \u201cart\u00edculo 1046 del C\u00f3digo de Comercio, vigente en ese momento. <\/p>\n
Observ\u00f3 el censor que acorde con el art\u00edculo 1053 del estatuto mercantil \u201cmodificado por el art\u00edculo 80 de la Ley 45 de 1990\u201d, \u201ceste original debe estar en poder del tomador, para que pueda ejercer la acci\u00f3n ejecutiva como acreedor contra la aseguradora\u2026\u201d, resaltando a su vez que, adicionalmente, el Tribunal desconoci\u00f3 el art\u00edculo 253 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que solo exige \u201cla aportaci\u00f3n al proceso de los originales cuando la parte los tenga en su poder\u201d (fl. 21). <\/p>\n
Luego de dar cumplimiento a la anterior obligaci\u00f3n, -prosigui\u00f3 el impugnante- invocando el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 268 del mismo estatuto, a la aseguradora \u201csolo le qued\u00f3 en su poder una copia al carb\u00f3n de dicha p\u00f3liza, y con ella obtuvo la fotocopia autenticada ante Notario que acompa\u00f1\u00f3 a la demanda\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que la copia al carb\u00f3n era \u201cun duplicado del original\u201d, obtenido en forma simult\u00e1nea con la elaboraci\u00f3n y firma de \u00e9ste, circunstancia que le otorgan el mayor grado de exactitud posible, a tal punto que frecuentemente se acude a este procedimiento para obtener dos o m\u00e1s ejemplares de un mismo documento con la m\u00e1xima certeza y autenticidad que se puede lograr. <\/p>\n
El Tribunal incurri\u00f3 en otro yerro por exigir la aportaci\u00f3n de \u201cuna copia aut\u00e9ntica tomada del original de la p\u00f3liza, como \u00fanica y exclusiva prueba de la existencia del contrato de seguro\u2026desconociendo el valor que tiene la fotocopia autenticada de la copia al carb\u00f3n que se acompa\u00f1\u00f3 a la demanda, consagrado (sic) por el numeral 2 \u00b0 del art. 254 del C. de P. C\u2026en concordancia con el numeral 3\u00b0 del art. 268\u2026de la misma obra\u2026\u201d, cuyo texto, parcialmente invoc\u00f3 (fls. 22 y 23 ib). <\/p>\n
Y como la copia al carb\u00f3n \u201ctiene el valor probatorio del original\u201d, manifest\u00f3 el casacionista respecto de la trascendencia de los denunciados yerros que estos \u201cimpidieron\u201d que se reconociera la \u201clegitimaci\u00f3n del demandante para ejercer la subrogaci\u00f3n legal\u201d, lo que determin\u00f3 el fracaso de la demanda inicial, por lo que reiter\u00f3 su petici\u00f3n en el sentido de que la Corte, casado el fallo del Tribunal, atendiendo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante, accediera a todas sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El cargo sub examine, como puede advertirse por el resumen realizado precedentemente, gira en torno a un tema medular que fue examinado por el juzgador de segundo grado: si en el proceso est\u00e1 probado el contrato de seguro celebrado entre el actor y el asegurado, cuesti\u00f3n de la que depende la suerte de la censura y, consecuentemente, de las s\u00faplicas del demandante, en el entendido de que la protesta casacional concierne a esta espec\u00edfica tem\u00e1tica analizada en la sentencia impugnada, por manera que a ella se limitar\u00e1 el escrutinio de la Sala. <\/p>\n
Mem\u00f3rase que el Tribunal consider\u00f3 que las documentos aportados con la demanda no eran aut\u00e9nticos y no demostraban, por ende, el negocio aseguraticio, razonamiento que es combatido por el censor, quien estima que tales probanzas s\u00ed tienen la virtualidad de demostrarlo. <\/p>\n
2. Con el fin de resolver la cuesti\u00f3n as\u00ed planteada, reiterase que el error de derecho, como motivo de casaci\u00f3n entronizado en la causal primera del art. 368 del C. de P.C., se presenta \u201ccuando superada la contemplaci\u00f3n material de la prueba, para definir si existe o no, el fallador infringe el r\u00e9gimen legal de producci\u00f3n, conducencia, eficacia o evaluaci\u00f3n del respectivo medio de prueba (CCLXI, Vol. I, 147, reiterada en cas. civ. 31 de enero de 2005, Exp.7872), precisando esta Sala que en tal clase de yerro incurre el Juez, entre otros m\u00e1s, cuando \u201c…aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta, o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d (CLI, 193). <\/p>\n
3. Ahora bien, con prescindencia de un estudio sistem\u00e1tico y detenido que pudiera la Corte realizar en torno a los documentos originales y a las copias y su correspondiente aducci\u00f3n a un proceso, se observa delanteramente que el Tribunal incurri\u00f3 en el error de derecho denunciado, cuando le desconoci\u00f3 eficacia probatoria a los documentos que se acompa\u00f1aron con la demanda, apoyado \u00fanicamente en la raz\u00f3n de no reunir los requisitos del art. 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sentando, sin m\u00e1s, la regla general de que toda copia al carb\u00f3n era probatoriamente inadecuada, razonamiento que, por absoluto, no resulta atinado, ya que tal clase de documento, en ciertas hip\u00f3tesis puede tener eficacia probatoria, bien porque califique como original, bien como copia, en el primer evento, porque lo que hace \u201coriginal\u201d a un documento \u201c\u2026no es el mecanismo utilizado para hacer constar en el papel, para el caso, la declaraci\u00f3n de voluntad, sino la certeza de que \u00e9sta es la expresi\u00f3n primitiva, por no repetir original, de quien la emiti\u00f3\u201d (sentencia 30 de mayo de 2003, Exp. 200300040-01), mientras que en el segundo, porque cumpla alguna de las exigencias previstas en la ley. Al fin y al cabo, una copia al carb\u00f3n de un documento debidamente firmado por su autor, seg\u00fan el caso, puede considerarse aut\u00e9ntica. <\/p>\n
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El razonamiento del sentenciador, aunque prima facie pudiera parecer de recibo, en puridad, deviene especulativo y sobre todo conjetural, habida cuenta que el ad quem no determin\u00f3 si las copias de los referidos documentos hab\u00edan sido aportadas por su autor \u2013caso en el que podr\u00edan tener validez-, o si el notario hab\u00eda tenido al frente suyo uno o varios originales cuando procedi\u00f3 a realizar la diligencia de autenticaci\u00f3n de los mismos, lo que significa que tales piezas documentales fueron descartadas sin un argumento contundente y arropador, para el caso en comentario, que implic\u00f3 desconocer su eficacia probatoria, a la postre, sin parar mientes en que ellas fueron allegadas oportunamente al proceso por la parte demandante, hecho este de indiscutida importancia procesal con el que aquella, de una u otra manera, reconoci\u00f3 la autenticidad de tales probanzas, lo que no mereci\u00f3 un an\u00e1lisis mesurado desde el punto de vista de su significaci\u00f3n probatoria, no obstante que estas no recibieron objeci\u00f3n de la parte demandada, ni reparo del juez de primera instancia. <\/p>\n
Es que si bien el m\u00e9rito probatorio de una copia depende de su autenticidad, esta se puede establecer no solo por v\u00eda de atestaci\u00f3n notarial, sino tambi\u00e9n por reconocimiento efectuado en el marco de un proceso, reconocimiento que, como es sabido, puede ser expreso \u2013espont\u00e1neo o provocado-o impl\u00edcito, seg\u00fan que el documento se haya aportado al proceso bajo la afirmaci\u00f3n de haber sido manuscrito o firmado por la contraparte (art. 252 numeral 3\u00ba C.P.C.), o que se hubiere adosado por quien lo elabor\u00f3, escribi\u00f3 a mano o sign\u00f3 (art. 276 ib.). <\/p>\n
Por tanto, cuando un documento es aportado por la parte que, ex ante, lo elabor\u00f3 y firm\u00f3, sin ser tachado de falso por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante, no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de copia y, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, si cumple con las exigencias del art\u00edculo 254 del C. de P.C., pues la autenticidad, en ese evento, se deduce o emerje de su aportaci\u00f3n, sin protesta. <\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal admiti\u00f3 en su fallo que las copias fueron aportadas por la demandante, y que ellas no fueron tachadas de falsas por la parte demandada, pero no repar\u00f3 en el singular y diciente significado que -desde la \u00f3ptica probatoria- ten\u00eda la aportaci\u00f3n de los pluricitados documentos, ni en la presencia en el expediente de otros, v.gr. los soportes de la reclamaci\u00f3n (fl. 37 cdno 1)) y el recibo de pago de la indemnizaci\u00f3n en el que aparee estampado el n\u00famero de la p\u00f3liza y del certificado de seguro (fl. 47 ib.), que le hubieran permitido clarificar o despejar cualquier duda que pudiere existir en torno a la autenticidad de tales documentos. <\/p>\n
Precisamente en relaci\u00f3n con la aportaci\u00f3n de documentos, esta Sala ha se\u00f1alado que es \u201cun importante elemento de an\u00e1lisis que no puede pasar desapercibido haci\u00e9ndole juego, por a\u00f1adidura, a una r\u00edgida l\u00f3gica formalista para la cual, valga apuntarlo, no suministra explicaci\u00f3n razonable ni siquiera el reconocido car\u00e1cter de \u201corden p\u00fablico\u201d que se le atribuye a las normas legales que en el marco general del denominado \u201cprocedimiento probatorio\u201d, fijan los l\u00edmites subjetivos u objetivos de admisibilidad de las pruebas en el proceso civil, ya que si bien es cierto que a los jueces no les es permitido tomar en consideraci\u00f3n para fundar sus decisiones m\u00e1s que las pruebas que les han sido proporcionadas de modo regular, tambi\u00e9n resulta ser igualmente cierto que por imperativo de elementales criterios \u00e9tico-jur\u00eddicos, un principio general de esta naturaleza tiene que ser llevado a la pr\u00e1ctica con prudente juicio y luego de examinar el comportamiento procesal desplegado por el litigante que con su aplicaci\u00f3n resulte beneficiado, habida cuenta que casos hay, y el presente expediente es significativa muestra de uno de ellos, en que ese comportamiento inicial, en cuanto concluyente e inequ\u00edvoco en poner de manifiesto una aquiescencia t\u00e1cita respecto del valor demostrativo integral de determinado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la posibilidad de que aqu\u00e9l, cambiando su posici\u00f3n y contrariando en consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamando la descalificaci\u00f3n de dicho medio por estimarlo inadmisible\u201d y que \u201csiempre deben hacerse compatibles dr\u00e1sticas reglas de procedimiento probatorio, como lo son por ejemplo en el \u00e1mbito de la evidencia de tipo documental las contenidas en los Arts. 253 y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con caracterizadas exigencias de buena fe, en especial con aquella que rechaza las conductas contradictorias y obliga a quienes en actitudes de esta estirpe incurren, a responder por las consecuencias de la confianza suscitada, prop\u00f3sito este de suyo laudable que puede alcanzarse en la medida en que se distinga el documento producido, de un lado, y del otro el acto de producirlo en funci\u00f3n probatoria lo que, por sabido se tiene, le est\u00e1 de ordinario reservado a las partes, entendiendo entonces que no se trata de otorgarle al primero una cualidad que la ley le niega, cosa que evidentemente no es factible hacer con s\u00f3lo valerse del postulado en cuesti\u00f3n, sino que se trata de imprimirle seriedad y estabilidad al segundo, impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que, sin embargo de ser leg\u00edtimas en abstracto, lo contradicen y por ende deben ser paralizadas\u201d (Se subraya; CCLII, Vol. I, 626, 627). <\/p>\n
Finalmente, aunque el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que s\u00f3lo con el original de la p\u00f3liza se probaba el contrato de seguro, la Sala observa que tal original se entrega al tomador, de ordinario, poco tiempo despu\u00e9s de perfeccionarse el referido negocio jur\u00eddico (art. 1046 C. Co.), por lo que el asegurador tendr\u00eda una seria dificultad, ello es medular, para aportarlo con la demanda, habida cuenta que ya no se encuentra en su poder, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de haberse entregado con antelaci\u00f3n. Es m\u00e1s, en la actualidad, el art. 3\u00b0 de la ley 389 de 1997, modificatorio del art. 1046 del C\u00f3digo de Comercio, reiter\u00f3 la obligaci\u00f3n del asegurador de entregar el original de la p\u00f3liza al tomador dentro del plazo all\u00ed previsto, y dispuso a la vez, en el par\u00e1grafo de la misma norma, que el primero \u201cest\u00e1 obligado a librar a petici\u00f3n y a costa\u201d del segundo, \u201cduplicados o copias de la p\u00f3liza\u201d, puesto que, en cumplimiento de ese espec\u00edfico mandato, se reitera, el original ha sido entregado previamente al tomador, perspectiva desde la cual la tesis del Tribunal -antes y despu\u00e9s de la prenotada reforma legislativa- no resulta tampoco de recibo, por cuanto para los efectos propios del art. 1096 del C\u00f3digo de Comercio, no s\u00f3lo con el original de la p\u00f3liza puede demostrarse que otrora se celebr\u00f3 el contrato de seguro. <\/p>\n
En suma, el ad quem incurri\u00f3 en el error de derecho denunciado cuando consider\u00f3 que los documentos acompa\u00f1ados con la demanda que demostraban la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, no eran documentos id\u00f3neos probatoriamente, yerro que tiene la virtud de resquebrajar el fallo impugnado en casaci\u00f3n, y que obliga a la Sala, en consecuencia, a dictar la correspondiente providencia de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales y no se vislumbra la existencia de vicio que pueda afectar la nulidad del proceso. <\/p>\n
La parte demandante apel\u00f3 parcialmente de la sentencia de primera instancia, con el objeto de que se reconociera, como hab\u00eda sido pedida en la demanda, la correspondiente correcci\u00f3n monetaria sobre la suma a la que se conden\u00f3 a la parte demandada, petici\u00f3n que ser\u00e1 resuelta en forma favorable, conforme a la nueva doctrina sentada por la Sala para lo cual se revocar\u00e1 el ordinal 4\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y se condenar\u00e1 a pagar la correspondiente actualizaci\u00f3n desde la fecha en que se pag\u00f3 la indemnizaci\u00f3n al asegurado hasta la fecha en que se realice el correspondiente pago, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta el correspondiente \u00edndice de precios al consumidor (art. 193 C. de P.C.). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala en cas. civ. 18 de mayo de 2005, Exp. 0832-01, mayoritariamente, modific\u00f3 la jurisprudencia que hasta ese momento hab\u00eda venido sosteniendo hace m\u00e1s de dos dec\u00e1das, para denegar la correcci\u00f3n monetaria cuando se ejercitaba la acci\u00f3n subrogatoria prevista en el art. 1096 del C\u00f3digo de Comercio, de tal suerte que estim\u00f3 que ella si era procedente, habida cuenta, entre otros argumentos, a los que se remite la corte en obsequio a la brevedad, que \u201c\u2026.el reconocimiento econ\u00f3mico que efect\u00fae el victimario infractor a la aseguradora como consecuencia de la subrogaci\u00f3n de \u00e9sta en los derechos del asegurado, debe materializarse en los mismos t\u00e9rminos en que \u00e9ste los detentaba, e inspirarse, por tanto, en una idea justa de realismo y equilibrio monetarios, de suerte que, al igual que acontece con las obligaciones pecuniarias, ese pago se verifique teniendo en cuenta el poder adquisitivo del dinero al momento de ser satisfecho el cr\u00e9dito de que es titular el asegurador, con el fin de que este reciba el mismo valor intr\u00ednseco que reconoci\u00f3 al asegurado en raz\u00f3n del siniestro, con lo cual, adem\u00e1s, se evita que la depreciaci\u00f3n del dinero lo afecte \u00fanicamente, en beneficio del causante del da\u00f1o\u201d y, \u201c\u2026en esencia [que si] la acci\u00f3n materia de la subrogaci\u00f3n personal, es la misma que, originariamente, hubiera podido ejercer el asegurado-damnificado contra el responsable del da\u00f1o, el tratamiento que debe otorg\u00e1rsele a la entidad aseguradora deber\u00eda ser sim\u00e9trico al que la ley y la jurisprudencia le hubieran dado a aquel, en caso de que, con prescindencia del seguro, hubiera reclamado directamente de \u00e9ste la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d. De all\u00ed que \u201cno existe, en rigor, ning\u00fan elemento diferenciador en la relaci\u00f3n sustancial fundamental, que habilite un trato dis\u00edmil frente a la pretensi\u00f3n resarcitoria que formule el asegurador. Antes bien, si alg\u00fan criterio de distinci\u00f3n fuera acogido, espec\u00edficamente para el caso de los derechos originados del pago con subrogaci\u00f3n previstos en favor del asegurador, estos se convertir\u00edan, sin raz\u00f3n atendible, en una acci\u00f3n de reembolso de cara a la suma desembolsada, en vez de la que en realidad, a manera de posterius, puede ejercer \u2013ya- como suya, en desarrollo de la inobjetable sustituci\u00f3n del asegurado-damnificado, situaci\u00f3n que, adem\u00e1s, no armoniza, en modo alguno, con el r\u00e9gimen legal colombiano asignado al pago por subrogaci\u00f3n, tanto en la legislaci\u00f3n civil, como en la comercial, sin duda articulados, en lo capital\u201d. <\/p>\n
Es importante destacar que la correcci\u00f3n monetaria, en lo medular, hunde sus ra\u00edces en los principios de equidad y plenitud del pago, los cuales, antes que repelerse, de una u otra manera, se complementan entre s\u00ed, de modo que la aplicaci\u00f3n de uno de ellos, in toto, no debe socavar o eclipsar, inexorablemente y sin formula de juicio, la vigencia del otro. En este orden de ideas, es cierto que el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria debe darse teniendo en cuenta las circunstancias de cada litigio en particular; pero no lo es menos que la equidad, como justicia del caso, tambi\u00e9n debe atender ciertas pautas objetivas, para que la definici\u00f3n del pleito no se torne subjetiva, arbitraria y, menos a\u00fan, caprichosa. Al fin y al cabo, equidad y abuso, son dos conceptos divergentes. <\/p>\n
En este sentido, no se podr\u00eda argumentar que como el asegurador paga una deuda propia, en ejecuci\u00f3n de un contrato que \u2013como el de seguro- le permiti\u00f3 recibir una prima, tal circunstancia es suficiente para no conceder la indexaci\u00f3n de la suma que el victimario debe pagar por el da\u00f1o causado, habida cuenta que, por esa v\u00eda, adem\u00e1s se estar\u00eda premiando al causante del hecho il\u00edcito, quien no resarcir\u00eda \u00edntegramente el perjuicio ocasionado. Con otras palabras, la equidad, as\u00ed aplicada, provocar\u00eda un enriquecimiento injustificado del demandado y un empobrecimiento correlativo del demandante, en este caso del asegurador, todo por un quebrantamiento indebido del principio de reparaci\u00f3n integral, siendo claro que el primero de tales postulados no debe ser atendido con miramiento exclusivo en uno de los litigantes, sino de cara a la relaci\u00f3n material que es objeto de discusi\u00f3n y a todos los que en ella participan. En suma la equidad, como justicia del juez que complementa la justicia del legislador, no le abre paso a decisiones que cercenen el derecho de quien pide su reconocimiento, sino que procura conciliar la efectividad de ese derecho, con las particularidades que ofrece el caso litigado. <\/p>\n
Justamente por ello, la Corte no ha extendido r\u00edgida y autom\u00e1ticamente la indexaci\u00f3n a todos los casos en que una de las partes deba pagar a la otra una determinada suma de dinero, como en el evento de la resoluci\u00f3n de un contrato de compraventa, por incumplimiento del comprador en su obligaci\u00f3n de pagar la totalidad del precio (cas. civ. 12 de marzo y 4 de junio de 2004; Exps.: 6759 y 7748), habida cuenta que, en dicha hip\u00f3tesis, el comprador incumplido, a quien la propia ley presume de mala fe (inc. 3\u00ba, art\u00edculo 1932 C.C.), debe asumir las consecuencias negativas del proceso de p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, en la medida en que fue su propia conducta la que frustr\u00f3 el negocio jur\u00eddico, sin que la equidad pueda servir de excusa para omitir tama\u00f1a infracci\u00f3n. Pero este no es el caso del asegurador, quien, por el contrario, por haber honrado o satisfecho sus obligaciones, por ser un contratante cumplido, tiene derecho a que se respeten las condiciones del pago (plenitud e integralidad) que el victimario debe hacer a la v\u00edctima, en cuyos derechos aquel se subrog\u00f3, ministerio legis, sin que la mayor o menor cantidad de inflaci\u00f3n pueda erigirse en \u00f3bice para frustrar la indexaci\u00f3n de la suma correspondiente, pues ese aspecto \u2013la tasa- es apenas el punto de partida, al que necesariamente debe agregarse el tiempo transcurrido, el monto de la obligaci\u00f3n, entre otros, sin perder de vista, adem\u00e1s, que en t\u00e9rminos macro-econ\u00f3micos, uno de los grav\u00e1menes que m\u00e1s pesa en la econom\u00eda de una pa\u00eds y, por supuesto, en la econom\u00eda dom\u00e9stica, y la \u00f3rbita patrimonial del acreedor, es la inflaci\u00f3n, as\u00ed sea de un d\u00edgito, no por ello despreciable, o anodina, en l\u00ednea de principio rector. Mientras campee pues la inflaci\u00f3n, due\u00f1a de efectos perturbadores, por regla, el derecho debe arbitrar mecanismos para paliar sus secuelas que, escrutadas de cara al presente asunto, inclusive, no dejan de revestir entidad y relevancia cuantitativa. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, salvo la revocatoria del ordinal 4\u00b0 que deneg\u00f3 la condena al pago de la correcci\u00f3n monetaria, se confirmar\u00e1 la sentencia apelada en todo lo dem\u00e1s que no fue materia del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y como el juez a\u2013quo no orden\u00f3 que la sentencia fuera consultada habiendo debido hacerlo, en raz\u00f3n a que la parte demandada estuvo representada por curador ad litem (art. 386 C.P.C.), la Sala de oficio se pronunciar\u00e1 sobre ese especial grado de jurisdicci\u00f3n, confirmando la sentencia del a quo, con la modificaci\u00f3n antes se\u00f1alada, pues no existe, como se acot\u00f3, ning\u00fan vicio que afecte la validez del proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 1\u00b0 de diciembre de 1999, en el proceso ordinario promovido por la sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S. A., frente a la firma TRANSTANQUES LTDA y, colocada en sede de instancia: <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Revocar el ordinal 4\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 12 de marzo de 1997 dictada por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y en su lugar: <\/p>\n
Se condena a la parte demandada a pagar a la demandante la correcci\u00f3n monetaria sobre la suma de $ 36.075.462,oo desde la fecha en que se pag\u00f3 la indemnizaci\u00f3n al asegurado y hasta el momento en que se realice el pago, conforme a lo ordenado en la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
Confirmar la sentencia apelada y consultada en todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Se condena en costas de la segunda instancia a la parte demandada. Sin costas en casaci\u00f3n, dada la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Salvedad de voto <\/p>\n
Expediente 1994-1325 <\/p>\n
\u00bfEs exactamente lo mismo que al autor de un da\u00f1o lo persiga la v\u00edctima, a cuando lo persigue otro que ha pagado por \u00e9l, caso de las aseguradoras? <\/p>\n
Nuevamente se ocupa la Corte de cu\u00e1l debe ser el monto de la subrogaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1096 del c\u00f3digo de comercio. Vale decir, si el monto que pag\u00f3 la aseguradora ha de ser escueto o, antes bien, con la respectiva correcci\u00f3n monetaria. Y se ha inclinado otra vez por considerar que ha de ser corrigiendo los efectos de la desvalorizaci\u00f3n. Como no veo, ni descubrir puedo, razones de peso para que as\u00ed sea, fuerza es salvar mi voto, pues sin explicaci\u00f3n est\u00e1 todav\u00eda eso de porqu\u00e9 la Corte, si bien reconoce la correcci\u00f3n monetaria para muchos casos, no la abrazaba para este caso particular. <\/p>\n
El asunto, despu\u00e9s de todo, es que lo particular del caso escapa sin lugar a duda a la regla general. Porque, bien vale recalcarlo, la singularidad que denota la especial subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 del c\u00f3digo de comercio, se\u00f1aladamente en que la triangulaci\u00f3n que supone la subrogaci\u00f3n en general, particularizada se halla aqu\u00ed porque la aseguradora no paga deuda ajena sino propia, cual con insistencia lo consider\u00f3 la jurisprudencia en el pasado. La aseguradora, en efecto, pag\u00f3 lo que se comprometi\u00f3 a pagar por un contrato de seguro, por el cual a su vez cobr\u00f3. Pago por una actividad que constituye el giro ordinario de sus negocios, ramo en el que, por lo mismo, es un profesional. Y no cualquiera, pues armado siempre de enjundiosos estudios de probabilidad escoge, entre otras cosas, qu\u00e9 riesgos asumir\u00e1 y cu\u00e1l el monto de la prima que cobrar\u00e1, calculando meticulosamente de antemano todas aquellas circunstancias que influyen en su realizaci\u00f3n, operaci\u00f3n compleja a cual m\u00e1s, en cuyo desenvolvimiento tiene especial inter\u00e9s el Estado que reclama unos m\u00e1rgenes de solvencia que prevengan distorsiones nocivas para el sector. Y claro, eso ya marca una enorme diferencia. <\/p>\n
Ahora la Corte, nuevamente, sin hacer cuenta de esa desemejanza dice que da lo mismo que el abono de perjuicios lo persiga la v\u00edctima o la aseguradora que le paga. All\u00e1 quien vea en ello cosas iguales y por ah\u00ed derecho se crea con autoridad para reclamar a voces la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La aseguradora, rep\u00edtese, paga no s\u00f3lo porque es su deber hacerlo so pena de incumplimiento, sino porque el fin del seguro, sus objetivos primarios, as\u00ed lo imponen, desde luego que la concepci\u00f3n econ\u00f3mica de este negocio no se reduce a los estrechos lindes de cada seguro individualmente considerado trascendiendo a un \u00e1mbito macroecon\u00f3mico. Ese origen obligacional percute en el hecho de que no puede reclamar lisa y llanamente por los perjuicios causados a la v\u00edctima, sino hasta cierto monto, exactamente lo que pag\u00f3. Algo as\u00ed como un simple reembolso -cual lo expresara la jurisprudencia- as\u00ed la sentencia pretenda desconocerle esa condici\u00f3n. Por eso sostuvo la Corte que en ese caso la equidad de la correcci\u00f3n no operaba. Es por eso y por nada m\u00e1s, que se ha cuidado de indexar all\u00ed; vale decir, no es porque haya dicho, como si contrariara su misma doctrina, que al indexarse se paga un perjuicio o se paga de m\u00e1s. Y valga recordar algo que definitivamente aclara la posible tergiversaci\u00f3n. En efecto, igualmente ha dicho la Corte, esta s\u00ed doctrina invariable hasta hoy, que tampoco opera la tal correcci\u00f3n, precisamente en aplicaci\u00f3n de ese principio superior, cuando el contratante, aunque incumplido, tiene derecho a la restituci\u00f3n de las sumas de dinero que entreg\u00f3. <\/p>\n
En la subrogaci\u00f3n dicha, cuyos alcances deben medirse con un rasero distinto al que cabe frente a la subrogaci\u00f3n del r\u00e9gimen com\u00fan, pues su car\u00e1cter sui generis as\u00ed lo impone, es muy dif\u00edcil, en ese orden, justificar la indexaci\u00f3n en equidad. Y de paso, sobre todo para \u00e9pocas severas de inflaci\u00f3n, subrogarse en dichos t\u00e9rminos ser\u00eda la mejor inversi\u00f3n, pues se cobra por pagar, y, en pagando, a cubierto queda de la desvalorizaci\u00f3n de la moneda, por ingente que ella sea. Pagar por otro, inversi\u00f3n segura. <\/p>\n
Lo cual no es todo. Ya que si el centro de gravedad del reajuste est\u00e1 en el principio de reparaci\u00f3n integral de que habla la sentencia, reparaci\u00f3n cuyo trasunto est\u00e1 adem\u00e1s en la subrogaci\u00f3n, quedar\u00edan en espera de respuesta, sin embargo, otros interrogantes que dejan ver cu\u00e1n inequitativa resulta a la postre la f\u00f3rmula de la correcci\u00f3n; pues si el asegurador recibe la prima y dispone de ella, aplic\u00e1ndola a todos los conceptos contables que el negocio aseguraticio requiere, incluso cedi\u00e9ndola proporcionalmente a los reaseguradores, \u00bfpor qu\u00e9 entonces no se compensan esas primas, debidamente reajustadas, por supuesto, con lo pagado por el asegurador a cuenta de la indemnizaci\u00f3n? <\/p>\n
Y m\u00e1s a\u00fan, si al recibir la prima el asegurador tiene la obligaci\u00f3n de constituir una reserva para cubrir los siniestros que lleguen a causarse, \u00bfpor qu\u00e9 dicha proporci\u00f3n no se aplica a la indemnizaci\u00f3n que paga si finalmente es una suma cuya destinaci\u00f3n no tiene por objeto cosa distinta a la de cubrir el riesgo propiamente dicho? Porque si de equidad se trata, \u00bfqu\u00e9 obsta buscar por todos los costados que \u00e9sta no acabe siendo un enunciado vacuo y formalista? A decir verdad, despu\u00e9s de todo, en lo \u00fanico que puede convenirse es en que la prima y la indemnizaci\u00f3n conforman un haz indisoluble del que no resulta v\u00e1lido desentenderse a la hora de evaluar lo tocante con la equidad, pues el influjo que tiene una cosa sobre la otra proscribe entrar en escisiones de esa naturaleza. <\/p>\n
Por todo ello sigo hoy pensando lo mismo que antes. Raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para reproducir la sentencia que ahora se vari\u00f3, en donde aparece con mayor claridad explicado el asunto. <\/p>\n
\u201cConsagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio que \u2018el asegurador que pague una indemnizaci\u00f3n se subrogar\u00e1, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro\u2019. <\/p>\n
\u201cAproximando la norma al cargo en estudio, cabe memorar que la Corte en jurisprudencia que es reiterada e invariable, ha precisado los alcances de la expresi\u00f3n \u2018hasta concurrencia de su importe\u2019, para cuya rese\u00f1a basta traer, en v\u00eda de ejemplo y en orden cronol\u00f3gico, los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n
\u201ca) Dijo en 1981 que \u2018cuando por presentarse el siniestro la compa\u00f1\u00eda aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnizaci\u00f3n, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del da\u00f1o, pero solo hasta el valor de la suma pagada. (\u2026). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (art\u00edculo 1088 C\u00f3digo de comercio) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del da\u00f1o, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior\u20191. <\/p>\n
\u201cb) Confirm\u00f3 y ampli\u00f3 este criterio en 1985 al puntualizar que \u2018en orden a precisar los alcances de la subrogaci\u00f3n legal que consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnizaci\u00f3n que paga el asegurador estar\u00e1 determinada por el valor del da\u00f1o derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en t\u00e9rminos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el art\u00edculo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de da\u00f1o asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, \u2018transmitido\u2019 ope legis por el asegurado, es la del d\u00eda del pago de la indemnizaci\u00f3n, y a esa suma ha de quedar limitada tambi\u00e9n la responsabilidad del causante del siniestro. <\/p>\n
\u201c \u2018Si con miras a la correcta interpretaci\u00f3n del citado art\u00edculo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, ser\u00e1 necesario insistir que la expresi\u00f3n \u2018hasta concurrencia del importe\u2019 no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es as\u00ed por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepci\u00f3n jur\u00eddica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnizaci\u00f3n que \u00e9l pag\u00f3 al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestaci\u00f3n correspondiente a su obligaci\u00f3n y porque opera en funci\u00f3n del c\u00e1lculo de las probabilidades\u20192. <\/p>\n
\u201cc) En 1993 tuvo la oportunidad de expresar que \u2018ha querido el legislador otorgarle al pago del seguro con subrogaci\u00f3n una naturaleza de orden p\u00fablico, con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias all\u00ed indicadas, con cierta autonom\u00eda de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o despu\u00e9s del pago. En efecto, para determinar el l\u00edmite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta \u00fanicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado o de las circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc. Luego se trata de un l\u00edmite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, tambi\u00e9n da seguridad jur\u00eddica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del da\u00f1o. Por eso, prescribe el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio que la subrogaci\u00f3n legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como l\u00edmite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intenci\u00f3n inequ\u00edvoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho l\u00edmite. (\u2026). Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de correcci\u00f3n monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto del seguro\u20193. <\/p>\n
\u201cd) En 1995 reafirm\u00f3 su jurisprudencia, la cual se halla vigente, al manifestar que \u2018la expresi\u00f3n \u2018\u2026hasta concurrencia del importe\u2026\u2019 a que alude el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, raz\u00f3n por la cual no puede tener un alcance distinto al que se\u00f1ala su tenor literal. La raz\u00f3n de ser de este precepto estriba en el car\u00e1cter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza\u2019. Y m\u00e1s adelante agrega que \u2018el cimiento de la subrogaci\u00f3n no es propiamente la protecci\u00f3n patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogaci\u00f3n, la cual, en verdad, tiene por objetivo b\u00e1sico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del da\u00f1o, as\u00ed como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El car\u00e1cter indemnizatorio lo fija la ley para la prestaci\u00f3n a favor del asegurado, desde luego, para evitar all\u00ed tambi\u00e9n que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para \u00e9ste. Todo lo cual se halla inspirado en n\u00edtidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese car\u00e1cter indemnizatorio se traslada a la pretensi\u00f3n del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del da\u00f1o, s\u00f3lo podr\u00e1 ser dentro del marco de su propia erogaci\u00f3n, no s\u00f3lo por lo ya dicho, sino tambi\u00e9n porque no se entender\u00eda c\u00f3mo si el asegurador s\u00f3lo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por raz\u00f3n de la p\u00e9rdida sufrida por \u00e9ste, \u00e9l s\u00ed pueda exigirle al causante del da\u00f1o una correcci\u00f3n monetaria que no ha cubierto, m\u00e1xime cuando no fue el directamente perjudicado. <\/p>\n
\u201c \u2018Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de \u2018mantener el equilibrio de las relaciones jur\u00eddicas\u2019 como un presupuesto para aplicar la correcci\u00f3n monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnizaci\u00f3n no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, sino de pago de una prestaci\u00f3n debida, mucho menos resulta serlo el reembolso nominal de la indemnizaci\u00f3n\u20194. <\/p>\n
\u201cSon tan s\u00f3lidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasi\u00f3n. En efecto, todos ellos a una, descubren las pot\u00edsimas razones que entregan una fisonom\u00eda jur\u00eddica muy propia a la subrogaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene m\u00e1s derecho que a la suma que efectivamente pag\u00f3 por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabil\u00edsima, y hace de su preceptiva el acu\u00f1amiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera m\u00e1s aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jur\u00eddicas que se dan cita en el punto. <\/p>\n
\u201cNo es de recibo arg\u00fcir, entonces, que cuando as\u00ed se decide resulta desnaturalizado el car\u00e1cter indemnizatorio de la obligaci\u00f3n subrogada, porque, ins\u00edstese, la del art\u00edculo 1096 en cita es una subrogaci\u00f3n de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente com\u00fan del fen\u00f3meno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgi\u00f3 del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocaci\u00f3n del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del art. 16 de la ley 446 de 1998. <\/p>\n
\u201cEn otros t\u00e9rminos, al pagar el asegurador, libera o extingue la obligaci\u00f3n del autor del da\u00f1o, respecto del asegurado, hasta la cuant\u00eda de lo pagado, merced a la existencia de un contrato de seguro que proteg\u00eda a la persona que precisamente le traslad\u00f3 el riesgo, quedando aqu\u00e9l subrogado, hasta esa cuant\u00eda, en los derechos del asegurado, seg\u00fan el imperativo legal. Es posible que de cara a esta disposici\u00f3n, el monto de la condena a cargo del responsable del da\u00f1o no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante fuese la propia v\u00edctima, porque para \u00e9sta no existe norma que de suyo limite, y su reclamo, ese s\u00ed indemnizatorio, podr\u00eda gozar de mayor amplitud; mas, como ya se dijo, el diverso resultado se explica por la presencia de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las p\u00e9rdidas, sin que por ello adquiera la calidad de v\u00edctima o de directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligaci\u00f3n es muy otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha recibido contraprestaci\u00f3n. Total que el asegurador no puede pretextar que la consabida limitaci\u00f3n legal implique un empobrecimiento suyo. Ni es dable alegar, por otra parte, que sin la correcci\u00f3n monetaria el demandado resultar\u00eda pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violar\u00eda el art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo civil, pues sea lo que fuere, el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a rengl\u00f3n seguido, que todo ello es sin \u2018perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes\u2019, con lo que dej\u00f3 de lado explicar, como es de necesidad en un recurso dispositivo, porqu\u00e9 su caso lo enmarca en la regla general y no cuadra dentro de las excepciones, siendo que, como viene de verse, la subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 es asaz particular. <\/p>\n
\u201cY comoquiera que la Corte estima que la soluci\u00f3n dada por la ley es la m\u00e1s justa de todas, antin\u00f3mico fuera reconocer la correcci\u00f3n monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la Corporaci\u00f3n en otros asuntos\u201d. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Para sustentar mi disentimiento con el criterio mayoritario de la Sala, en punto de la correcci\u00f3n monetaria concedida a la aseguradora, asiento las siguientes razones que, en lo fundamental, son las mismas que aduje en ocasi\u00f3n anterior al consignar mi discrepancia con el fallo que sirve de sustento a este. <\/p>\n
1. Si, como en algunos apartes de la sentencia se asevera y sobre esa misma hip\u00f3tesis se desdoblan los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que la soportan, la indexaci\u00f3n obedece a la necesidad de corregir el efecto pernicioso y, muchas veces, devastador que la excesiva depreciaci\u00f3n del signo monetario produce en las relaciones obligacionales, reluce manifiesto que en las actuales circunstancias que vive la econom\u00eda del pa\u00eds, no se vislumbra, ni por asomo, que en asuntos como el de esta especie, exista el af\u00e1n apremiante de restablecer el equilibrio prestacional perdido, o de enmendar repulsivas iniquidades, o de procurar el pago completo de la deuda cuya satisfacci\u00f3n integral se vea seriamente amenazada por la aguda p\u00e9rdida de poder adquisitivo de la moneda y que de no mediar la intervenci\u00f3n judicial comportar\u00eda un indeseable detrimento econ\u00f3mico para el acreedor; no se evidencian, en fin, ninguna de las hip\u00f3tesis en las que esta Corporaci\u00f3n ha acudido, sin vacilaci\u00f3n alguna, a intervenir en las relaciones jur\u00eddicas con miras a evitar o reparar irritantes injusticias. <\/p>\n
En efecto, habiendo superado la econom\u00eda patria el grave proceso inflacionario que la aquejaba y luego de reducir y mantener la inflaci\u00f3n en un d\u00edgito, concretamente en una cifra oscilante entre el 5 y el 7% anual, no entiende el suscrito magistrado cu\u00e1l la raz\u00f3n para que en relaciones jur\u00eddicas como la que ahora nos ocupa deba ordenarse la correcci\u00f3n monetaria de la suma pagada por la aseguradora al asegurado. Si dicha relaci\u00f3n obligatoria no ha sido golpeada por los efectos nocivos de acrecentados procesos inflacionarios, no hay raz\u00f3n alguna que, en t\u00e9rminos de realidades materiales, exija la indexaci\u00f3n de ese pago. <\/p>\n
No debe olvidarse al respecto, que el asegurador recibe anticipadamente el valor de la prima, cuyo monto estipula con sustento en predicciones econ\u00f3micas y diversos c\u00e1lculos de probabilidad, entre ellos, por supuesto, el concerniente con la depreciaci\u00f3n de la moneda, que aqu\u00ed y ahora, adem\u00e1s de ser un fen\u00f3meno apenas perceptible, es claramente predecible, particularmente en lo relativo a su monto; am\u00e9n que, como es sabido, el negocio se estructura a partir de un principio de cooperaci\u00f3n financiera b\u00e1sico, en virtud del cual se constituye un fondo formado por la contribuci\u00f3n colectiva y proporcional de los asegurados, enderezada a soportar riesgos an\u00e1logos. Ese fondo, constituido en lo medular, como ya se dijera, con el monto de las primas pagadas, le permite al asegurador realizar las inversiones y dem\u00e1s transacciones econ\u00f3micas que considere oportunas para indemnizar, sin padecer menoscabo patrimonial, los eventuales siniestros, pago que, valga la pena destacarlo de una vez, hace en t\u00e9rminos estrictamente nominales, es decir, que es el asegurado quien corre con el gravamen de la eventual desvalorizaci\u00f3n de la unidad monetaria. <\/p>\n
No se evidencian ahora variables inestables o inesperadas que golpeen ese fondo, ni enojosos desarreglos econ\u00f3micos que solucionar. Inclusive, para ser francos, se rompe la proporcionalidad que gobierna el negocio aseguraticio permiti\u00e9ndole al asegurador cobrar indexada la suma que ha sufragado, pero toler\u00e1ndole pagar sus obligaciones al asegurado (quien con antelaci\u00f3n le ha pagado la prima) y a terceros en cifras nominales, vale decir, no revaluadas. O, para decirlo en otros t\u00e9rminos: paga nominalmente pero recupera con correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No advierto aqu\u00ed, pues, desproporci\u00f3n, desequilibrio, detrimento o injusticia alguna que enmendar mediante la indexaci\u00f3n monetaria. Es que no debe olvidarse que han sido esas circunstancias las que, en su momento, han justificado la intervenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en las relaciones jur\u00eddicas para corregir el signo monetario objeto de alguna obligaci\u00f3n. Y si no median condiciones especiales de esa \u00edndole, conceder, sin m\u00e1s, la indexaci\u00f3n, es tanto como abrazar sin rebozo, una concepci\u00f3n valorista de la moneda, criterio que me parece, sinceramente, preocupante. <\/p>\n
En efecto, no obstante que no se trata de un principio absoluto, ni hoy podr\u00eda serlo e, inclusive, para muchos, tampoco el m\u00e1s deseable, lo cierto es que, dada la estabilidad que ofrece y la facilitaci\u00f3n de la prognosis de las obligaciones, sobre el principio nominalista se edifican diversas estructuras econ\u00f3micas y jur\u00eddicas del pa\u00eds; por supuesto que como el valor del signo monetario es invariable, los particulares conocen anteladamente cu\u00e1l es la medida de sus derechos y de sus obligaciones, quedando de ese modo despejada toda incertidumbre al respecto, con la subsecuente reducci\u00f3n de la litigiosidad (como las obligaciones se expresan en una suma de unidades monetarias, es f\u00e1cilmente reconocible tanto su naturaleza como su extensi\u00f3n). <\/p>\n
Inclusive, es incontestable que la actividad comercial y econ\u00f3mica se estructura sobre la base del valor nominal de la moneda, de modo que cualquier desviaci\u00f3n de este principio viene a interferir con el desarrollo adecuado de aquella. \u201cLas instituciones y las empresas, dice Hirschberg, est\u00e1n sujetas a una pr\u00e1ctica administrativa que es dif\u00edcil de modificar. Los requisitos de control y eficiencia demandan que ella se apoye en bases simples y f\u00e1cilmente compresibles. Las sociedades comerciales, y en realidad toda empresa o unidad econ\u00f3mica de cierta envergadura, deben llevar sus libros. \u00c9stos est\u00e1n redactados sobre la base del valor nominal de la moneda, y una desviaci\u00f3n de este principio determinar\u00eda una interferencia con la pr\u00e1ctica conforme a la cual se los lleva. <\/p>\n
\u201cCuando un cliente deposita en un banco una suma de dinero, \u00e9ste inmediatamente sabe cu\u00e1les son sus derechos y obligaciones hacia el primero. Los l\u00edmites de la obligaci\u00f3n del banco est\u00e1n absolutamente fijados por el monto nominal de su deuda. Ello le permite no tomar en consideraci\u00f3n en el desarrollo de su actividad, los cambios de valor de la moneda ni la suerte que ella corra, ya que nunca deber\u00e1 devolver a sus clientes una suma mayor que la depositada. De tal modo los negocios bancarios son manejados conforme al valor nominal de la moneda. \u00c9sta es la raz\u00f3n por la cual durante la revaluaci\u00f3n alemana los bancos fueron exceptuados de ella. (\u2026) Reglas similares son aplicables a las instituciones financieras, como las sociedades de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros. Ellas tambi\u00e9n organizan su actividad sobre la base del valor nominal del dinero. (\u2026) Como todos los sectores del sistema econ\u00f3mico est\u00e1n interrelacionados e interconectados, apartarse del principio nominalista crear\u00eda una reacci\u00f3n en cadena y afectar\u00eda su adecuado funcionamiento.\u201d5 <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, como igualmente lo destaca el rese\u00f1ado autor, las grandes decisiones econ\u00f3micas actuales se adoptan con sustento en balances, cuenta de ganancias y p\u00e9rdidas, inventarios y otros muchos documentos comerciales elaborados todos ellos seg\u00fan el valor nominal de la moneda. \u201cLos controles en las distintas unidades econ\u00f3micas se llevan a cabo sobre la base del principio nominalista, as\u00ed como tambi\u00e9n sus planes de desarrollo. La cooperaci\u00f3n de tales empresas con sus proveedores, acreedores y clientes se ve asegurada en virtud del enfoque nominalista, que tambi\u00e9n afianza los contratos de aqu\u00e9llas con el p\u00fablico y los organismos gubernamentales. El precio de compra de los distintos componentes de un inventario est\u00e1 expresado en el balance conforme a su valor nominal; de la misma manera que el precio de compra de las mercader\u00edas de un negocio figuran en el registro correspondiente conforme al mismo valor. (\u2026) La actividad comercial se desarrolla cotidianamente mediante compensaciones entre cr\u00e9ditos y deudas, todos ellos expresados seg\u00fan el principio nominalista. Los t\u00edtulos circulatorios, como el cheque, la letra de cambio y los bonos cotizables en bolsa, son emitidos conforme al valor nominal de la moneda. <\/p>\n
\u201cLa desviaci\u00f3n del principio nominalista provocar\u00eda una interferencia con la estabilidad y continuidad del sistema econ\u00f3mico y causar\u00eda disturbios y litigios, am\u00e9n de requerir m\u00faltiples ajustes\u201d6. <\/p>\n
Inclusive, desde una perspectiva macroecon\u00f3mica, si no hay razones superiores, como en la actualidad no las hay, que demanden en los asuntos de esta especie la indexaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n monetaria, no es recomendable concederla por el efecto multiplicador que concesiones de esa estirpe pueden generar; desde luego que \u201csi todo acreedor se siente con derecho a exigir el reajuste de su cr\u00e9dito sin respetar sumas, el efecto multiplicador de tal actitud ser\u00eda un aut\u00e9ntico factor inflacionario\u201d7. <\/p>\n
Al respecto, baste con recordar que si bien no puede negarse que el pago del asegurador lo subroga en la misma acci\u00f3n de la que es titular la v\u00edctima, no es menos cierto que se trata de una forma de sustituci\u00f3n personal bastante singular pues el contexto que la rodea le acu\u00f1a una indeleble impronta. Lo primero que en el punto cabe precisar es que no es el asegurador quien realmente recibe el perjuicio, pues no era el titular del derecho menoscabado ni se ve sorprendido por el hecho lesivo. <\/p>\n
Por el contrario, \u00e9ste ha recibido anticipadamente la prima, que aporta a un fondo especialmente conformado para atender el futuro siniestro, el cual no solo ha previsto, sino, tambi\u00e9n, ha tenido la oportunidad de adoptar todas las medidas encaminadas a mitigar sus efectos. Es decir, que adem\u00e1s de prever el hecho, con el pago anticipado de la prima, y gracias al c\u00e1lculo de probabilidades y al an\u00e1lisis de las predicciones econ\u00f3micas, asume los correctivos necesarios para impedir una lesi\u00f3n patrimonial. Desde esa perspectiva su situaci\u00f3n es muy distinta que la de la v\u00edctima, a quien, por el contrario, con la indemnizaci\u00f3n se trata de dejar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de sufrir el perjuicio, esfuerzo que no es menester emprender frente a la aseguradora porque \u00e9sta, a menos de existir inesperados y severos procesos inflacionarios, ya lo ha hecho anteladamente. <\/p>\n
Como no hay razones para modificar la a\u00f1eja jurisprudencia que ahora la Corte, presurosa e intempestivamente recoge, menos a\u00fan cuando en lugar de agravarse, se han morigerado, las circunstancias en las que ella fue decantada, debo separarme del criterio que aqu\u00ed se adopta. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cas. Civ. de 22 de enero de 1981, G.J. CLXVI, p\u00e1g. 156 <\/p>\n
2 Cas. Civ. de 6 de agosto de 1985, G.J. t. CLXXX, p\u00e1g. 239 <\/p>\n
3 Cas. Civ. de 23 de sept. 1993, G.J. t. 2464, p\u00e1g. 567 <\/p>\n
4 Cas. Civ. de 13 de octubre de 1995, G.J. n\u00famero 2476, p\u00e1g. 1123. <\/p>\n
5 Hirschberg, Eliyahu. \u201cEl principio nominalista\u201d. Desalma. Buenos Aires. 1976. P\u00e1g. 54 <\/p>\n
6 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7 Zannoni, Eduardo. \u201cRevaluaci\u00f3n de obligaciones dinerarias (indexaci\u00f3n)\u201d. Astrea. 1977. P\u00e1g. 12 <\/p>\n
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SC-291-2005 [1100131030181994-1325]SV, 6 AV, 3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil cinco (2005).- Ref.: Exp. No. 110013103018 1994 1325 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}