SC-297-2005 [4155131030031998-00082-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref.: Exp. 41551-3103-003-1998-00082-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora TERESA DE JES\u00daS GONZ\u00c1LEZ DE CANTILLO respecto de la sentencia proferida el 28 de enero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dentro del proceso ordinario por ella promovido contra el BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA BANCOOP, Sucursal Pitalito- Huila. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En demanda cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Pitalito, Huila, la demandante pidi\u00f3 que se declarara que el demandado en calidad de acreedor hipotecario dio consentimiento favorable a la compraventa celebrada entre aquella y el se\u00f1or Juan Pablo Cantillo Gonz\u00e1lez respecto del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 206-9098 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pitalito; que se ordenara al banco cancelar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble y se le condenara al pago del \u00abda\u00f1o emergente\u00bb en cantidad de $11.000.000,00 m\u00e1s intereses, as\u00ed como del lucro cesante por no haber gozado plenamente la demandante del predio de su propiedad. <\/p>\n
2. La causa petendi se resume as\u00ed: <\/p>\n
A. Esther Mu\u00f1oz Papamija vendi\u00f3 a Juan Pablo Cantillo Gonz\u00e1lez un inmueble en Pitalito, sobre el cual, aquel constituy\u00f3 hipoteca abierta a favor de Bancoop, entidad que inici\u00f3 contra el hipotecante un proceso ejecutivo dentro del cual se embarg\u00f3 el predio. <\/p>\n
B. La demandante, madre del deudor ejecutado, se interes\u00f3 en comprar el bien afectado con la medida cautelar y as\u00ed lo dio a conocer al Banco, entidad que dio su consentimiento para la operaci\u00f3n comercial, comprometi\u00e9ndose a levantar y cancelar la hipoteca. <\/p>\n
C. La escritura p\u00fablica de compraventa fue otorgada; el juzgado cancel\u00f3 el embargo por pago de la obligaci\u00f3n y se registr\u00f3 el correspondiente instrumento. <\/p>\n
D. La se\u00f1ora Gonz\u00e1lez pag\u00f3 la obligaci\u00f3n a Bancoop despu\u00e9s de que el banco desembarg\u00f3 el inmueble y del registro de la escritura p\u00fablica de compraventa. <\/p>\n
E. Con posterioridad al pago, el gerente de la entidad bancaria orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo as\u00ed como la elaboraci\u00f3n -al abogado externo de la entidad- de la minuta de cancelaci\u00f3n de la hipoteca, la que se alcanz\u00f3 a plasmar en papel notarial, pero sin que fuera otorgada la escritura p\u00fablica, incumpliendo as\u00ed el banco su compromiso. <\/p>\n
F. Como raz\u00f3n para ello adujo el banco que no figuraba en sus archivos autorizaci\u00f3n escrita para la operaci\u00f3n comercial relatada, a pesar de la abundante prueba documental. <\/p>\n
3. La entidad demandada se opuso a las pretensiones del libelo y formul\u00f3 como excepci\u00f3n la que denomin\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa sustentada en el hecho de que no hab\u00eda celebrado ning\u00fan convenio con la actora. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones fue confirmada en su integridad por el Tribunal, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de dejar sentado que la sentencia debe guardar armon\u00eda con la causa petendi y con las pretensiones deducidas, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que el asunto giraba \u201cen torno al presunto incumplimiento de la palabra empe\u00f1ada\u201d por la demandada de levantar el gravamen hipotecario que pesaba sobre un bien de propiedad del ejecutado Juan Carlos Cantillo, ante el pago de la obligaci\u00f3n por un tercero. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que de las probanzas allegadas se pod\u00eda establecer que contra este deudor se promovieron \u00absendos procesos ejecutivos a fin de obtener la satisfacci\u00f3n de diversas obligaciones dinerarias contra\u00eddas, ya por \u00e9l como persona natural o como representante legal de la sociedad Distribuidora Cantillo Guar\u00edn Ltda\u00bb. Resalt\u00f3, a continuaci\u00f3n, que la hipoteca constituida era de naturaleza abierta de cuant\u00eda indeterminada y que el banco hizo efectivo este derecho real para cobrar una deuda cuyo monto inicial ascend\u00eda a $8.000.000,00, adelantando proceso ejecutivo en el cual se embarg\u00f3 el bien, \u00abmedida cautelar que se dispuso levantar ante la satisfacci\u00f3n total del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que contra la sociedad Distribuidora Cantillo Guar\u00edn Ltda tambi\u00e9n se promovi\u00f3 un proceso ejecutivo, am\u00e9n de otro m\u00e1s adelantado por Elda Bonifacia Mun\u00e9var contra Juan Pablo Cantillo, y que varias de las obligaciones cobradas ejecutivamente contra el deudor, fueron amparadas con el bien gravado con hipoteca. <\/p>\n
Expres\u00f3 que si bien era cierto que los testigos manifestaron que para pagar el cr\u00e9dito que cobraba el banco, el ejecutado recurri\u00f3 a dineros procedentes de su madre, no lo era menos que quien realiz\u00f3 el pago fue aquel, pues as\u00ed constaba en la decisi\u00f3n misma que orden\u00f3 desglosar el documento base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Acot\u00f3 el Tribunal que aun acept\u00e1ndose que el pago lo hubiese hecho la demandante, ella de conformidad con el art\u00edculo 1630 C. C., debi\u00f3 situarse dentro de la relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente de acreedor y deudor para producir el efecto legal de la extinci\u00f3n de la deuda y la sustituci\u00f3n de personas en la acreencia. Adem\u00e1s que el pago no pod\u00eda generar la cancelaci\u00f3n de la hipoteca, como quiera que se ten\u00eda procesalmente establecido que el deudor estaba siendo ejecutado por otras obligaciones garantizadas con la hipoteca abierta. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no resultaba necesaria la autorizaci\u00f3n de la demandada para proceder a la venta del inmueble hipotecado, pues el art\u00edculo 2440 del C\u00f3digo Civil establec\u00eda que el due\u00f1o puede siempre enajenarlo, no obstante cualquier estipulaci\u00f3n en contrario. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que no era posible que el deudor o el tercero que paga por \u00e9l, pudieran condicionar el pago al acreedor, pues el pago es la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito adeudado y esa fue la finalidad que se persigui\u00f3 en el proceso ejecutivo, sin que apareciera que la demandada hubiera condicionado ese pago. <\/p>\n
Dos cargos se formularon en contra el fallo impugnado, que la Corte estudiar\u00e1 en orden inverso al propuesto, por aludir el segundo de ellos, a un error in procedendo. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con base en la causal de casaci\u00f3n prevista en el numeral segundo del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de no estar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado. <\/p>\n
Luego de hacer un recuento sobre el tr\u00e1mite surtido en la primera instancia, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que los hechos de la sentencia son diametralmente opuestos a los del proceso, incluso salidos de la realidad debatida, \u00aby como provenientes de otro litigio\u00bb. Indic\u00f3 que las pretensiones del libelo fueron di\u00e1fanas en \u00absolicitar el reconocimiento de la relaci\u00f3n extracontractual de las partes y de la mala fe del banco con las consecuencias jur\u00eddicas y las sanciones pecuniarias del mismo\u00bb, pero que no fueron estudiadas en el fallo. <\/p>\n
Se refiri\u00f3, luego, a la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que hall\u00f3 probada el Tribunal, para expresar que no ten\u00eda piso jur\u00eddico ni soporte probatorio, punto \u00e9ste en el que se detuvo para afirmar que la prueba en su totalidad demuestra \u00abla existencia de una convenci\u00f3n extracontractual de las partes en litigio\u201d, por lo cual se pregunt\u00f3 la raz\u00f3n por la que esta excepci\u00f3n de fondo fue declarada probada por el ad quem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Mem\u00f3rase que el censor estima que la sentencia impugnada es incongruente por cuanto \u201cLas pretensiones del libelo incoatorio fueron di\u00e1fanas en solicitar el reconocimiento de la relaci\u00f3n extracontractual de las partes y de la mala fe del banco con las consecuencias jur\u00eddicas y las sanciones pecuniarias del mismo. Ellas no fueron avocadas y ni tan siquiera consideradas en la sentencia, fallando contra la consonancia exigida por la ley\u201d (Se subraya; fl. 40), pero la Sala prestamente observa que ellas s\u00ed fueron tenidas en cuenta en el fallo censurado, pues fue luego de aludir al principio de la congruencia previsto en el art. 305 del C. de P.C. que el Tribunal afirm\u00f3 que \u201cel presente asunto gira en torno al presunto incumplimiento de la palabra empe\u00f1ada por la demandada de levantar la hipoteca que pesaba sobre un bien propiedad del ejecutado se\u00f1or Juan Carlos Cantillo, ante el pago de la obligaci\u00f3n por un tercero; se pretende como consecuencia de ese reconocimiento, la cancelaci\u00f3n de perjuicios econ\u00f3micos ocasionados por la falta de cumplimiento del compromiso contra\u00eddo\u201d (Se subraya; fls. 38 y 39 cdno 7), lo que evidencia que el sentenciador tuvo presente cu\u00e1l era la cuesti\u00f3n principal que se debat\u00eda en el juicio, solo que despu\u00e9s de realizar la correspondiente valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, consider\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n, ni derecho, a la parte demandante. <\/p>\n
Tanto es as\u00ed que confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo de primer grado en el que se hab\u00eda expresado que no se hab\u00eda demostrado \u201c\u2026ninguna clase de obligaci\u00f3n entre las partes, a nuestro juicio quien ostentar\u00eda tal calidad ser\u00eda el Se\u00f1or Juan Pablo Cantillo Gonz\u00e1lez, pues es el resultado de la prueba\u201d (fl. 234 cdno 1), agregando en la providencia impugnada que \u201csi alguna obligaci\u00f3n se evidencia de lo ocurrido en este asunto, es predicable del se\u00f1or Cantillo quien debe sanear todo vicio o estar presto a sanearlo cuando la se\u00f1ora de Cantillo se lo demande\u201d (fl. 45 cdno 7). <\/p>\n
En este orden de ideas, el cargo formulado no puede abrirse paso, por cuanto la decisi\u00f3n impugnada \u2013con prescindencia de su acierto- no ignor\u00f3 las pretensiones y excepciones formuladas, como se acot\u00f3, y si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, el Tribunal no desconoci\u00f3 el l\u00edmite a \u00e9l impuesto por el art\u00edculo 305 del C. de P.C. <\/p>\n
Ahora bien, si lo que la recurrente quer\u00eda evidenciar era que el ad quem no se percat\u00f3 que la acci\u00f3n ejercida no era contractual sino pre o extracontratual, ha debido impugnar la sentencia con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, toda vez que el eventual yerro derivar\u00eda de una errada interpretaci\u00f3n del libelo, y no de la comisi\u00f3n de un error in procedendo. <\/p>\n
En efecto, sobre el particular, esta Sala ha precisado que \u201cla causal segunda de casaci\u00f3n se halla instituida para enmendar el vicio de procedimiento que se presenta cuando el sentenciador, por exceso o por defecto, se aparta del cuadro de instancia que traza la demanda y las excepciones propuestas por el demandado o que el juez deba declarar de oficio\u201d, que \u201ctal conducta reprochable como constitutiva de error in procedendo, se detecta cuando el fallador, sin referirse a los t\u00e9rminos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ning\u00fan juicio sobre la misma ni sobre la interpretaci\u00f3n que debe d\u00e1rsele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni impl\u00edcitamente, a las cuales alude el fallo de sopet\u00f3n y de modo inopinado para las partes, revel\u00e1ndose all\u00ed un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la trasgresi\u00f3n de los l\u00edmites que configuran el litigio llevado a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n\u201d y que \u201cSi por el contrario, el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido como consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a ra\u00edz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocaci\u00f3n consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petici\u00f3n que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio \u2013error in judicando- como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casaci\u00f3n.\u201d (Se subraya; cas. civ. 8 de abril de 2003, Exp. 7844). <\/p>\n
Finalmente, aun cuando el censor expres\u00f3 que el Tribunal tambi\u00e9n se alej\u00f3 de los hechos de la demanda, no avanz\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de su enunciaci\u00f3n, toda vez que no dijo nada acerca de qu\u00e9 hechos tomados en cuenta para exonerar al banco o para hallar acreditada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa fueron enteramente supuestos por el Tribunal, limit\u00e1ndose a expresar que \u201cson diametralmente opuestos a los hechos de la realidad y del proceso y, son disonantes en tanta y desmedida proporci\u00f3n\u2026como provenientes de otro litigio\u201d (fl. 40 cdno Corte), de modo que la Corte, por este otro aspecto, no tiene manera de parangonar la denuncia que el censor hace con la sentencia impugnada en virtud del principio dispositivo que estereotipa a este recurso extraordinario. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de haber violado indirectamente el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio por error de derecho por violaci\u00f3n de una norma probatoria, la contenida en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En procura de su demostraci\u00f3n, relat\u00f3 el recurrente los antecedentes del litigio, y pas\u00f3 seguidamente a se\u00f1alar que el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio tiene como eje la protecci\u00f3n de la buena fe. Que de los testimonios de Leonidas Trujillo, Luis Ernesto Cantillo, Martha Elena Guar\u00edn, Juan Pablo Cantillo, Marco Alfredo Cerquera y Luis Augusto Cuenca, junto con la declaraci\u00f3n de parte de Teresa de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez de Cantillo, asi como del escrito de terminaci\u00f3n del proceso y del documento del gerente del banco ordenando levantar hipoteca\u00bb, se concluye que el banco obr\u00f3 de mala fe con la demandante, pues realiz\u00f3 los tr\u00e1mites tendientes a recaudar en forma torticera unos dineros que ella no deb\u00eda. <\/p>\n
Luego de enfatizar que las partes consintieron en sus declaraciones, que el banco rompi\u00f3 abruptamente las negociaciones con un motivo injusto, que incurri\u00f3 en culpa o al menos que \u201csu acto\u201d no pod\u00eda considerarse de buena fe exenta de culpa, indic\u00f3 el recurrente, que \u00abpor una disconformidad en la forma como aprecia los hechos de la demanda\u00bb, el Tribunal cometi\u00f3 error de derecho pues apreci\u00f3 \u00fanicamente una parte de las pruebas allegadas al plenario, dejando de lado el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que ordena apreciarlas en conjunto, lo que no le permiti\u00f3 entender que el objeto de este litigio era una relaci\u00f3n precontractual, y que el ad quem despleg\u00f3 \u00abtodo su actuar judicial en una providencia sobre el contrato de hipoteca, lo cual no era tema de litigio\u00bb. <\/p>\n
La recurrente, finalmente se refiri\u00f3 a los hechos probados, para afirmar que con esos hechos el Tribunal deb\u00eda tener por sujetos procesales en este pleito al banco y la actora y no pod\u00eda considerar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa porque ella no tiene sustento legal, ni fue probada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el error de derecho en la sentencia estaba claramente configurado porque por la falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto, el Tribunal crey\u00f3 estar en presencia de una relaci\u00f3n contractual entre Juan Pablo Cantillo y Bancoop y por tal motivo acept\u00f3 la excepci\u00f3n de fondo, pero que de haber estudiado el conjunto probatorio \u00able hubiera saltado con claridad\u00bb la relaci\u00f3n extracontractual de las partes. <\/p>\n
Finalmente, expres\u00f3 que est\u00e1 probado el da\u00f1o representado en la suma de dinero pagada por la actora y recaudada con enga\u00f1o por el banco. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El error de derecho, como motivo de casaci\u00f3n entronizado en la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se presenta, como es sabido, en el momento de la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, es decir, cuando el sentenciador, luego de darla por materialmente existente en el proceso, pasa a ponderarla, actividad en la que yerra al avaluar su eficacia demostrativa. <\/p>\n
En esta clase de yerro, ha precisado la Corte, puede incurrir el Juez cuando \u201c…aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran no las aval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta, o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d (CLI, 193) <\/p>\n
En ninguna de estas hip\u00f3tesis se trata de que el sentenciador deje de ver las pruebas que obran en el proceso o suponga las que no existen en \u00e9l, sino que en la tarea valorativa de aquellas infringe las normas legales que regulan su producci\u00f3n, su conducencia o su eficacia. <\/p>\n
La doctrina anterior, permite deducir que el recurrente no acert\u00f3 al denunciar el presunto error cometido por el Tribunal, porque lo que le achaca a este, en rigor, no es un yerro atinente a la eficacia demostrativa de la prueba -caso en el que el cargo estar\u00eda t\u00e9cnicamente formulado-, sino que se le emplaza por no haber visto una serie de pruebas que demostraban en su opini\u00f3n, una relaci\u00f3n o pacto -que tilda de extracontractual- que incluso dice comenz\u00f3 a cumplirse, faltando solo la firma de la escritura p\u00fablica de cancelaci\u00f3n de hipoteca. <\/p>\n
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Para corroborar lo dicho, la Sala observa que el censor, en el desarrollo del cargo, hizo afirmaciones tales como las siguientes: \u201cLa no apreciaci\u00f3n de esta prueba por el ad quem condujo a que no conociera de la conducta enga\u00f1era (sic) del banco\u201d (fl. 33), \u201cpor no haber le\u00eddo esta testimonio, no pudo deducir el juzgador de segunda instancia de las maniobras abusivas del Bancoop\u201d (fl. 34), \u201cla no apreciaci\u00f3n de esta testimonial, el Tribunal deja de conocer el consenso precontractual tantas veces aludido\u201d (fl. 35) \u201cpor no haber apreciado esta prueba junto con los testimoniales predichos, no conoci\u00f3 el ad-quem de la negociaci\u00f3n extracontractual\u201d (fl. 35), \u201cal dejar de apreciar estos documentos, no est\u00e1 convencida que el banco dio inici\u00f3 al cumplimiento del pacto\u201d, lo que evidencia que las circunstancias a que alude la recurrente son propias y configurativas de un error de hecho, y no de derecho, lo que sella la suerte adversa del cargo. <\/p>\n
En efecto, la diferencia entre las dos clases de yerros, ha llevado a la Corte, de antiguo, a puntualizar que \u201c\u2026Si bien los dos errores de apreciaci\u00f3n probatoria\u2026tienen como punto com\u00fan el que producen id\u00e9ntica consecuencia, o sea, la violaci\u00f3n de una norma sustancial\u2026.es lo cierto que entrambos existen muy claras y ostensibles diferencias que les infunden entidad espec\u00edfica propia y que por consiguiente impiden confundirlos\u201d (CLVIII, 106), no siendo por tanto \u201c\u2026ni l\u00f3gica ni jur\u00eddicamente admisible hacer una mezcla de ellos al tratar de demostrarlos, ni presentarlos simult\u00e1neamente respecto del mismo medio\u201d (CCXXV, 197). <\/p>\n
En suma, el censor pretende derivar el yerro de derecho de la comisi\u00f3n del de hecho, defecto que impide decidir el cargo en el fondo, pues, como es sabido, en virtud del principio dispositivo que informa al recurso extraordinario, la Corte debe moverse dentro de los l\u00edmites se\u00f1alados en la demanda de casaci\u00f3n, sin que le sea dable, ex officio, completar, modificar o recrear la acusaci\u00f3n formulada por el casacionista. <\/p>\n
Pero, si fuere posible superar el obst\u00e1culo t\u00e9cnico antes se\u00f1alado, entendiendo que el cargo se encuentra cabalmente formulado, tampoco podr\u00eda prosperar, por cuanto si bien es cierto la Corte ha venido indicando in abstracto que puede un juez cometer error de derecho en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio, porque no obstante ver las pruebas en su individualidad y objetividad, no las valora en conjunto, incumpliendo el mandato contemplado en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento, no lo es menos que la labor del censor no puede limitarse a enunciar el presunto yerro, sino que debe demostrar que la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el sentenciador fue realizada respecto de cada medio probatorio individualmente considerado, de manera aislada o insular, sin unirlo o conectarlo con los dem\u00e1s que obren en el plenario. <\/p>\n
En efecto, sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00aben lo que a la casaci\u00f3n ata\u00f1e, y como quiera que la norma antes mencionada -art 187- exige la apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocer\u00eda una prescripci\u00f3n de la ley instituida para evaluar las pruebas…Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente t\u00e9cnico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en \u00e9ste la cuesti\u00f3n queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta al error de derecho\u00bb. (Se subraya; CCVIII, 151, 152, reiterada en cas. civ. 24 de agosto de 2004, Exp. 7091 y 16 de diciembre de 2004, Exp. 7459) <\/p>\n
En el presente asunto, la recurrente se limit\u00f3 a enunciar las pruebas obrantes en el expediente que estima no fueron valoradas en conjunto por el sentenciador, pero sin que demostrara \u2013como correspond\u00eda- que tal labor\u00edo de evaluaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo respecto de cada uno de los aludidos medios probatorios, de manera aislada o solitaria, por lo que la acusaci\u00f3n qued\u00f3 a mitad de camino, hu\u00e9rfana de demostraci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, no prospera el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia proferida el proferida el 28 de enero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dentro del proceso ordinario por promovido por la se\u00f1ora TERESA DE JES\u00daS GONZ\u00c1LEZ DE CANTILLO contra el BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA, BANCOOP, Sucursal Pitalito- Huila. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-297-2005 [4155131030031998-00082-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C, veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005) Ref.: Exp. 41551-3103-003-1998-00082-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83120","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83120"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83120\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83120"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}