SC-300-2005 [5000131030011994-01592-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve de noviembre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref.: Exp. No. 50001-3103-001-1994-01592-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia de 27 de septiembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Laboral, como ep\u00edlogo del proceso ordinario seguido por Mar\u00eda del Carmen Capera viuda de Ball\u00e9n, Jos\u00e9 Libardo y Martha Ball\u00e9n Capera frente a Manuel Tiberio Mora Agudelo, Jorge Ortiz Torres, Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez, Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez y Luis Alejandro Riscanevo Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes entablaron proceso ordinario reivindicatorio en procura de que se hicieran las siguientes declaraciones: <\/p>\n
1.1. Que pertenece a los demandantes el lote de terreno localizado en la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Emporio\u201d de la ciudad de Villavicencio, ubicado en la avenida 24A, o Avenida del Llano, entre las calles 39A, 38B y 39C, cuyos linderos generales aparecen en la demanda, actualmente escindido en tres lotes o manzanas, tambi\u00e9n descritos en el libelo genitor. <\/p>\n
1.2. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se condene al demandado Manuel Tiberio Mora Agudelo a restituir a favor de los demandantes el lote de terreno ubicado en la transversal 24A n\u00famero 39B-120 de la Urbanizaci\u00f3n \u201cEl Emporio\u201d de la ciudad de Villavicencio, con extensi\u00f3n superficiaria de 740 mtrs.2, que hace parte de un inmueble de mayor extensi\u00f3n de propiedad de los demandantes. <\/p>\n
1.3. Que se condene a los demandados Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez, Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez y Luis Alejandro Riscanevo Hern\u00e1ndez a restituir los lotes de terreno que se encuentran dentro del de mayor extensi\u00f3n, as\u00ed: a) lote de terreno con extensi\u00f3n aproximada de 1722 mtrs.2 ubicado en el barrio \u201cEl Emporio\u201d, distinguido con la manzana B, actualmente identificado con el n\u00famero 24A-33 de la calle 39A y n\u00famero 39A-32 de la avenida 24; b) inmueble con extensi\u00f3n aproximada de 3959 mtrs.2, distinguido como manzana Y, actualmente con el n\u00famero 39B-48 de la avenida 24A. Los linderos de estos inmuebles aparecen descritos en el escrito inaugural del proceso. <\/p>\n
1.4. Que se condene al demandado Jorge Ortiz Torres a restituir a los demandantes un lote de terreno ubicado en el barrio \u201cEl Emporio\u201d de Villavicencio, distinguido con el n\u00famero 39B-38 de la avenida 24B, o Avenida del Llano, cuyos linderos obran en la demanda. <\/p>\n
1.5. Condenar a los demandados al pago del valor de los frutos civiles determinados, previa tasaci\u00f3n que hagan los peritos, beneficios causados desde la fecha en que ocuparon los inmuebles hasta cuando se haga la restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los hechos que apoyan la pretensi\u00f3n reivindicatoria, en compendio, son: <\/p>\n
2.1. Los demandantes son copropietarios del lote de terreno ubicado en la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Emporio\u201d de Villavicencio, en la avenida 24A o Avenida del Llano, entre las calles 39A, 39B y 39C, cuyos linderos debidamente actualizados transcriben en la demanda; inmueble adquirido por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de Te\u00f3filo Ball\u00e9n Calder\u00f3n, juicio tramitado ante el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Villavicencio, cuya partici\u00f3n fue aprobada mediante sentencia de 26 de junio de 1989, registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 230-0047238 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio y protocolizada mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 6307 de 11 de diciembre de 1989 de la Notar\u00eda 1\u00aa de la misma ciudad. <\/p>\n
2.2. Te\u00f3filo Ball\u00e9n Calder\u00f3n adquiri\u00f3 dicho inmueble por compra a Jos\u00e9 Tob\u00edas Rojas mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 246 de 20 de febrero de 1956 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Villavicencio; Jos\u00e9 Tob\u00edas Rojas a su vez lo hubo por permuta celebrada con Jos\u00e9 Concepci\u00f3n Rojas, mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1703 de 19 de noviembre de 1954 de la misma notar\u00eda; este \u00faltimo lo recibi\u00f3 en adjudicaci\u00f3n hecha en la sucesi\u00f3n de Bernardo Rojas protocolizada mediante la escritura p\u00fablica n\u00famero 947 de 21 de diciembre de 1953 de la misma notar\u00eda, quien a su vez lo obtuvo por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de Marina Rojas de Rojas, protocolizada en escritura p\u00fablica n\u00famero 369 de 19 de octubre de 1939 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Villavicencio. <\/p>\n
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2.3. Existe perfecta identidad entre los linderos se\u00f1alados en la demanda y los que aparecen en los t\u00edtulos relacionados anteriormente, aunque por el desarrollo urban\u00edstico de la zona, el lote ha sido fraccionado en manzanas y separado por v\u00edas o calles p\u00fablicas. <\/p>\n
2.4. Los demandantes no han enajenado ni han prometido en venta los inmuebles antes descritos, por lo que su t\u00edtulo se halla vigente, demuestra la cadena ininterrumpida de transferencias de dominio y acredita que son los \u00fanicos y verdaderos due\u00f1os del terreno. <\/p>\n
2.5. Los demandantes fueron privados de la posesi\u00f3n material que ejerc\u00edan sobre los tres lotes ocupados por los demandados as\u00ed: un primer lote desde el 12 de junio de 1988 por los demandados Luis Alejandro Riscanevo Hern\u00e1ndez, Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez y Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez; desde el 4 de octubre de 1988 el demandado Manuel Tiberio Mora Agudelo perturb\u00f3 la posesi\u00f3n material que los due\u00f1os ejerc\u00edan sobre los otros dos lotes descritos en las pretensiones, estableci\u00f3 en ellos un taller de mec\u00e1nica, adem\u00e1s, sin ser propietario, los hipotec\u00f3 a favor de Bavaria S.A.; por \u00faltimo, el 15 de agosto de 1994, Jorge Ortiz Torres arrebat\u00f3 la posesi\u00f3n material ejercida en forma p\u00fablica y pac\u00edfica por los demandantes sobre el lote de terreno distinguido con el n\u00famero 39B-38 de la avenida 24B o Avenida del Llano, lo cual efectu\u00f3 en forma violenta y clandestina, pues destruy\u00f3 la puerta de acceso a este \u00faltimo lote, que se encontraba arrendado a Guillermo Romero Trujillo. <\/p>\n
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2.6. Los demandados son poseedores de mala fe y est\u00e1n impedidos por tanto para ganar por prescripci\u00f3n el dominio de los inmuebles. <\/p>\n
3. El demandado Jorge Ortiz Torres contest\u00f3 la demanda resistiendo las pretensiones y formul\u00f3 como alegato la carencia absoluta del derecho reclamado. Manuel Tiberio Mora Agudelo igualmente se opuso a las pretensiones y plante\u00f3 a prop\u00f3sito la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez a m\u00e1s de oponerse a las pretensiones y formular oposici\u00f3n bajo el argumento de la carencia del derecho de propiedad en los demandantes, falta de legitimaci\u00f3n en la causa y prescripci\u00f3n adquisitiva; present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n a fin de que se declarara que ella y Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez son las due\u00f1as absolutas del inmueble ubicado en el barrio \u201cEl Emporio\u201d de Villavicencio, distinguido en la nomenclatura urbana con el n\u00famero 24A-33 de la calle 39A, con \u00e1rea aproximada de 1722,50 mtrs.2 y se condenara a los demandados en reconvenci\u00f3n a restituirles el inmueble, lo mismo que al pago de los frutos correspondientes. Esta demanda fue respondida por los originales demandantes, quienes se opusieron a las pretensiones por su carencia de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El fracaso acompa\u00f1\u00f3 a las pretensiones de la demanda original, e igual suerte corri\u00f3 la de reconvenci\u00f3n, porque a juicio del a quo no fue posible identificar los inmuebles cuya reivindicaci\u00f3n se pretende; se abstuvo as\u00ed mismo de decidir sobre las excepciones dado el fracaso de las pretensiones iniciales. <\/p>\n
5. Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez y Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, a este adhirieron los demandantes; dichos recursos fueron desatados adversamente por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, quien confirm\u00f3 el fallo recurrido. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem confirm\u00f3 el fallo apelado con apoyo en las consideraciones que a continuaci\u00f3n se compendian, a las que anticip\u00f3 notas sobre el desarrollo del proceso y los elementos que estructuran la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estos \u00faltimos, comenz\u00f3 por examinar el derecho de dominio en el demandante, a cuyo respecto esboz\u00f3 las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. Apreci\u00f3 el Tribunal la escritura p\u00fablica 6307 de 11 de diciembre de 1989 por la que se protocoliz\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n de Te\u00f3filo Ball\u00e9n Calder\u00f3n, t\u00edtulo en el que constan los linderos del inmueble, que coinciden con los que aparecen en los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n de quienes antecedieron en el dominio a los demandantes; agreg\u00f3 que si bien los actores adujeron que los linderos se hab\u00edan actualizado en diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada el 5 de diciembre de 1988 por el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito, como la copia del acta de la diligencia no fue aportada, ni se obtuvo del juzgado, \u00fanicamente pod\u00eda ser tenida en cuenta como alinderaci\u00f3n e identificaci\u00f3n la se\u00f1alada en las escrituras p\u00fablicas aportadas. <\/p>\n
2. Pas\u00f3 luego a examinar la posesi\u00f3n material ejercida por los demandados, para lo cual precis\u00f3 lo afirmado en la demanda acerca de la identificaci\u00f3n de cada uno de los lotes materia de reivindicaci\u00f3n. Luego de que examin\u00f3 la titulaci\u00f3n presentada por los demandados para oponerse a la exhibida por la parte actora, consider\u00f3 el sentenciador que efectivamente, como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado de primera instancia, \u201cno existe punto de identidad, que permita establecer que los lotes de que son due\u00f1os y poseen los demandados\u201d son efectivamente los mismos pretendidos por los demandantes. <\/p>\n
3. Para llegar a esa conclusi\u00f3n el ad quem se apoy\u00f3 en las escrituras aportadas por ambas partes, precis\u00f3 que los linderos aludidos en esos instrumentos no coinciden y dijo, adem\u00e1s, que los l\u00edmites gen\u00e9ricos del bien descrito en la escritura No. 6307, en la que fincan sus pretensiones los demandantes, carecen de datos sobre su extensi\u00f3n longitudinal. <\/p>\n
4. El Tribunal consider\u00f3 relevantes en grado sumo los testimonios de Di\u00f3genes Serrato, Luis Alberto Mora, Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Rodr\u00edguez, Arist\u00f3bulo Garc\u00eda, Miguel \u00c1ngel Morales, Julio E. \u00c1lvarez, Hern\u00e1n Jairo Ortiz, Arcesio D\u00edaz Corzo, Luis Gustavo y H\u00e9ctor Hugo Jim\u00e9nez, quienes afirmaron que les consta la posesi\u00f3n y el dominio ejercido por los demandados, pues \u00e9stos adquirieron la heredad por compra hecha a Josefina Santos de Sabogal; destac\u00f3 c\u00f3mo otro testigo, Arist\u00f3bulo Garc\u00eda, dijo que los terrenos de los Ball\u00e9n -los reivindicantes- quedaban m\u00e1s abajo, es decir en otro lugar. En el mismo sentido el Tribunal trajo en su apoyo la declaraci\u00f3n de Di\u00f3genes Serrato. A\u00f1adi\u00f3 que los testimonios de Jorge Enrique Casas y Agust\u00edn P\u00e9rez nada precisaron sobre la identidad entre los predios pose\u00eddos por los demandados y los que fueron consignados en la demanda. <\/p>\n
5. Tambi\u00e9n consider\u00f3 el Tribunal como relevante el dictamen pericial, no objetado por las partes, trabajo especializado que una vez inspeccionados los inmuebles, analizadas las fotograf\u00edas y los planos, e igualmente consultadas las personas que habitaron el sector en la d\u00e9cada de 1950-1960, as\u00ed como los t\u00edtulos y las cartas catastrales urbanas, concluy\u00f3 de manera tajante que no fue posible reconstruir los puntos de alinderaci\u00f3n se\u00f1alados en la escritura 246 de 1956, antecedente inmediato de la escritura p\u00fablica No. 6307 de 1989 que soporta la prueba del dominio alegado por los demandantes, porque tal documento no determina la longitud de los linderos ni el \u00e1rea del lote, tampoco existen los puntos de referencia tomados como linderos. <\/p>\n
6. Luego de las anteriores consideraciones, el Tribunal concluy\u00f3 que faltaba, como requisito necesario para la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n, la identidad entre lo pretendido por la parte demandante y aquello pose\u00eddo por los demandados, lo que condujo al fracaso de las pretensiones de la demanda inicial. A\u00f1adi\u00f3 que como la prueba, consistente en unas aerofotograf\u00edas tomadas a la zona, fue aportada directamente y fuera de tiempo por el demandante Ball\u00e9n Capera, no pod\u00eda ser apreciada. <\/p>\n
7. La falta de coincidencia entre el bien pretendido por los demandantes y el que es pose\u00eddo por los demandados llev\u00f3 as\u00ed mismo al fracaso de la demanda de reconvenci\u00f3n intentada por algunos de estos. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Un cargo se hizo a la sentencia con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, en la que se denunci\u00f3 el quebranto indirecto por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 745, 749, 756, 762, 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, 37 numeral 4o, 75 numeral 10o, 86, 174, 244, 304 y 305 del C. de P. C., y 55 de la Ley 270 de 1996; por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 740, 758, 759, 764, 765, 770, 961, 962, 963, 964 y 969 del C\u00f3digo Civil, 179, 180, 186, 233, 238, 239, 240 del C. de P. C., 56 y 58 del Decreto 960 de 1970, 2\u00ba, 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970. <\/p>\n
Concretamente el censor acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de haber violado las normas sustanciales se\u00f1aladas, todo en virtud de \u00abun error manifiesto de derecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de varias pruebas que no fueron apreciadas o no se les dio el valor que les corresponde\u201d (Folio 13 cuaderno de la Corte). Seg\u00fan el censor \u201cla lectura de la demanda permite establecer claramente que los demandantes pretenden la reivindicaci\u00f3n de unas porciones de terreno que hacen parte de otro inmueble de mayor extensi\u00f3n de su propiedad.\u201d (folio 13 cdno. De la Corte), a pesar de lo cual \u201cel juzgado no entendi\u00f3 al leer la demanda que los demandantes ped\u00edan que se les reconociera como due\u00f1os de la totalidad del inmueble que adquirieron en la sucesi\u00f3n de su padre…\u201d <\/p>\n
Luego de haber calificado como error manifiesto de derecho el cometido en la lectura de la demanda, el acusador sostiene que tal yerro estuvo acompa\u00f1ado de otro, que se consum\u00f3 \u201cal negar la pr\u00e1ctica de la prueba de inspecci\u00f3n judicial\u201d lo que condujo a confundir las pretensiones, considerando que lo que se solicitaba era la reivindicaci\u00f3n de todo el inmueble, \u201ccuando en realidad lo que los demandantes pretend\u00edan era reivindicar unas zonas o porciones o lotes se\u00f1alados en los puntos 2,3,4 del petitum de la demanda mal interpretada por el juzgador de instancia\u201d. Continua el censor en la descripci\u00f3n del error diciendo que \u201ca partir del error evidente cometido en la interpretaci\u00f3n de la demanda, el a quo confunde la totalidad del inmueble con los fragmentos que los demandados tienen en su poder, ve los folios de matr\u00edcula del inmueble de los demandantes y ve tambi\u00e9n los de los inmuebles de los demandados y concluye que no hay identidad entre la cosa reivindicada y la cosa pose\u00edda por los demandados y falla negando las s\u00faplicas de la demanda.\u201d <\/p>\n
Como el Tribunal argument\u00f3 que la prueba pericial no permit\u00eda aclarar la identidad de los bienes materia del litigio, se pregunt\u00f3 el recurrente porqu\u00e9 no orden\u00f3 el ad quem un nuevo dictamen, como lo prescribe el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 233 del C. de P. C., y seguidamente concluy\u00f3 que por no haber procedido as\u00ed viol\u00f3 el sentenciador la mencionada norma por falta de aplicaci\u00f3n, pues con esa prueba se hubiera acreditado que a los demandantes se les disminuy\u00f3 la extensi\u00f3n de su predio, porque los demandados adelantaron \u201clas lindes demarcatorias\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que a pesar de ser cierto que las partes pudieron objetar el dictamen, no es menos verdad que previamente deb\u00edan pedir su aclaraci\u00f3n, as\u00ed lo hicieron los demandantes, que simult\u00e1neamente objetaron la pericia, habiendo presentado los peritos una aclaraci\u00f3n incompleta, sin que por lo dem\u00e1s el juzgado de primera instancia tuviera en cuenta la objeci\u00f3n. El Tribunal no hizo ninguna referencia sobre el particular en la sentencia impugnada, tampoco puso reparo al juzgado porque este cerr\u00f3 de inmediato el debate probatorio y sin m\u00e1s dio traslado para alegar; al as\u00ed obrar se violaron los art\u00edculos 238, 239 y 240 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Consider\u00f3 que igualmente incurri\u00f3 el Tribunal en error de hecho evidente al dejar de analizar la escritura p\u00fablica 394 de 13 de marzo de 1959 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Villavicencio, que contiene la protocolizaci\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de \u00c1lvaro Sabogal Santos, pues si la hubiera tenido en cuenta, habr\u00eda concluido que a Josefina de Sabogal, antecesora en la propiedad de los demandados, solamente se le adjudicaron entre otros, los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la manzana \u201dY\u201d, y los lotes 1, 2, 3, 4 de la manzana \u201cB\u201d, pero sin embargo esa adjudicataria pretendi\u00f3 vender a Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez y a Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez, por escritura p\u00fablica 0038 de 28 de agosto de 1980 de la Notar\u00eda 24A de Bogot\u00e1, que tampoco fue tenida en cuenta por el juzgado, la totalidad de las manzanas \u201cY\u201d y \u201cB\u201d de la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Emporio\u201d, con lo cual aquella ampli\u00f3 indebidamente lo que realmente le correspond\u00eda en la herencia. A juicio del casacionista con la diligencia de inspecci\u00f3n judicial pedida y negada en las dos instancias, y con los documentos que obran en el expediente, se hubieran podido disipar las dudas de identidad, a pesar de ello el sentenciador no consider\u00f3 las pruebas como debi\u00f3 hacerlo, y se abstuvo de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que igual sucedi\u00f3 con las escrituras p\u00fablicas con las que Manuel Tiberio Mora Agudelo y Jorge Ernesto Ortiz Torres sustentaron su derecho de dominio, porque si la inspecci\u00f3n judicial se hubiera practicado, se habr\u00edan medido los lotes y establecido que los demandados ocupan un \u00e1rea mayor de la que les corresponde legalmente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el recurrente que si era tan evidente la deficiencia probatoria, como lo se\u00f1alaron los sentenciadores de primera y segunda instancia, hubo violaci\u00f3n grave de los art\u00edculos 179 y 180 del C. de P. C., al negarse a tener en cuenta las pruebas presentadas por una de las partes, porque no obstante aportarse en \u201cforma impropia\u201d, esa falla en la ritualidad no exoneraba a los juzgadores de su obligaci\u00f3n de buscar la realidad y hacer prevalecer la justicia; si el juzgador hubiera sido m\u00e1s cuidadoso en el recaudo de pruebas y decretado de oficio las aportadas extempor\u00e1nea e irregularmente por uno de los demandantes, hubiera visto que la cadena de t\u00edtulos de propiedad de \u00e9stos se extiende hasta la escritura 140 de 22 de marzo de 1929, igualmente hubiera visto que los demandados tumbaron un \u00e1rbol de chicharr\u00f3n que serv\u00eda de referencia natural para se\u00f1alar el lindero entre el lote de estos \u00faltimos y el de los demandantes, y que uno de aquellos demoli\u00f3 las construcciones de propiedad de los actores existentes en el pedazo de terreno que usurparon. <\/p>\n
Reiter\u00f3 el casacionista que tales pruebas, cotejadas con las declaraciones de los testigos rendidas en el proceso, habr\u00edan permitido al Tribunal un juicio distinto; de haberlas estimado adecuadamente, habr\u00eda concluido que los demandantes son due\u00f1os de todo el globo de terreno determinado en el punto primero de las pretensiones de la demanda y que en ese globo estaban incluidas las porciones se\u00f1aladas tanto en las peticiones como en los hechos, como tambi\u00e9n que tales bienes est\u00e1n en posesi\u00f3n de los demandados. Fructuosa hubiera sido la restituci\u00f3n a los demandantes de las zonas que de manera fraudulenta los demandados agregaron a sus lotes, que as\u00ed fueron indebidamente ampliados. <\/p>\n
En criterio del recurrente, como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al calificar la demanda, no entendi\u00f3 que \u00fanicamente se pretend\u00edan reivindicar las porciones del lote que los demandados ocupan, y no todo el inmueble, que estos son poseedores de una parte del inmueble, pero son due\u00f1os del lote vecino, por lo que no es cierto, como lo afirm\u00f3 el Tribunal, que no se encuentra de manera clara e individualizada, \u201cla persona del poseedor y la cosa pose\u00edda\u201d, error que se explica como consecuencia de no haber efectuado el adecuado raciocinio, violando en consecuencia el art\u00edculo 952 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo el censor, que si el Tribunal hubiera tenido en cuenta \u201cesas realidades\u201d, habr\u00eda visto que los demandantes son due\u00f1os de los predios cuya reivindicaci\u00f3n se solicit\u00f3, esto es, las porciones de terreno que hacen parte del inmueble de su propiedad, pero en posesi\u00f3n de los demandados, que estos \u00faltimos ocuparon sin t\u00edtulo ni derecho, unas zonas que se individualizaron debidamente, las que deben restituir a sus leg\u00edtimos due\u00f1os; que esas fracciones fueron determinadas y por lo tanto pueden ser reivindicadas por quienes acrediten dominio sobre ellas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Entendido que el ataque viene estructurado por la v\u00eda del error de hecho, al censor correspond\u00eda demostrar que el yerro fluye de modo palmario u ostensible, caracter\u00edstica que justamente no acontece si, en pos de determinarlo, aqu\u00e9l tiene que hacer complejas elaboraciones o an\u00e1lisis tan intrincados y laboriosos que por s\u00ed lleven a pensar que en realidad el yerro, en caso de existir, carece de la condici\u00f3n de evidente. <\/p>\n
La ambivalencia que acompa\u00f1a al cargo es manifiesta, si se tiene en cuenta que para hallar la verdad que las pruebas no muestran, son necesarias otras, como lo reconoce el propio casacionista, quien por dem\u00e1s expresa una posici\u00f3n vacilante cuando afirma que el material probatorio existente en el proceso demuestra la justicia de su reclamo, pero que de cualquier modo son necesarias otras pruebas que el Tribunal dej\u00f3 de decretar de oficio. <\/p>\n
Dicho de otra forma, cuando se acusa que el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, el casacionista no puede limitar su ataque a la siembra de dudas, en tanto el yerro que se denuncia debe tener la condici\u00f3n de manifiesto, y no puede ser el resultado de una nueva especulaci\u00f3n en torno a lo que pudo haber pasado si otras pruebas hubieran sido decretadas de oficio. <\/p>\n
Entonces, si como admite el censor, para el hallazgo del predio era necesaria una actividad investigativa adicional, que el juez no emprendi\u00f3 por cuanto omiti\u00f3 el deber de decretar pruebas de oficio, tal ser\u00eda el argumento m\u00e1s rotundo -suministrado por el propio recurrente- de que la prueba de identidad no estaba en el expediente, y que entonces el Tribunal no pudo cometer el error de hecho que se le atribuye, pues si la prueba que lleva a la identificaci\u00f3n del inmueble hubiera relumbrado en el proceso, cual propone el casacionista, para qu\u00e9 las pruebas de oficio que \u00e9l mismo ech\u00f3 de menos. Esa contradicci\u00f3n, as\u00ed vista, ser\u00eda bastante para desechar el cargo. <\/p>\n
2. Pero otro defecto trascendente concurre en la censura, pues a pesar de que fueron varios los fundamentos de la sentencia recurrida en casaci\u00f3n, el recurrente apenas combati\u00f3 algunos de ellos. Dijo el Tribunal no hallar identidad entre los bienes pretendidos en la demanda y los pose\u00eddos por los demandados, pues los linderos de las escrituras de unos y otros no coinciden, adem\u00e1s de que los linderos vertidos en la escritura 6307 de 1989 en la que fincan sus pretensiones los demandantes, carecen de extensi\u00f3n longitudinal, lo que resulta trascendente cuando se trata de verificar si el predio est\u00e1 invadido por el vecino. Pero para llegar a ello el sentenciador no se detuvo ah\u00ed, sino que tom\u00f3 en consideraci\u00f3n los testimonios de Di\u00f3genes Serrato, Luis Alberto Mora, Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Rodr\u00edguez, Arist\u00f3bulo Garc\u00eda, Miguel \u00c1ngel Morales, Julio E. \u00c1lvarez, Hern\u00e1n Jairo Ortiz, Arcesio D\u00edaz, Corzo Luis Gustavo y H\u00e9ctor Hugo Jim\u00e9nez, quienes refieren c\u00f3mo los demandados adquirieron la heredad por compra hecha a Josefina Santos de Sabogal y que sobre los predios han ejercido la posesi\u00f3n. Un valor especial atribuy\u00f3 el Tribunal al testimonio de Arist\u00f3bulo Garc\u00eda, quien dijo que los terrenos de los Ball\u00e9n quedaban m\u00e1s abajo, es decir en otro lugar. Y con el mismo prop\u00f3sito el juzgador de segundo grado invoc\u00f3 en apoyo de su juicio la declaraci\u00f3n de Di\u00f3genes Serrato. <\/p>\n
No obstante la importancia que el Tribunal le otorg\u00f3 a la prueba testimonial antes citada, de la cual se desprende que los demandados est\u00e1n en posesi\u00f3n de lo que les pertenece, el casacionista pas\u00f3 de largo ante ellas, pues no le merecieron el menor comentario. <\/p>\n
Como atr\u00e1s se dijo, fue significativo para el Tribunal que la escritura No. 6307 de 1989, fundamento de la propiedad de los reivindicantes, no contuviera la extensi\u00f3n lineal de los linderos expresada en unidades mensurables, pues sin ese dato num\u00e9rico era imposible precisar hasta donde van los terrenos de los demandantes y qu\u00e9 tanto avanzaron sus vecinos, argumento que tampoco mereci\u00f3 el menor comentario del recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n consider\u00f3 el Tribunal como relevante el dictamen pericial, del que dijo no fue objetado por las partes, trabajo especializado que fue levantado con vista en fotograf\u00edas, planos, y cartas catastrales, que concluy\u00f3 de manera tajante que no era posible reconstruir los puntos de alinderaci\u00f3n se\u00f1alados en la escritura No. 246 de 1956, antecedente inmediato de la escritura p\u00fablica No. 6307 que soporta la prueba del dominio alegado por los demandantes. Conceptuaron los peritos que en ninguno de los t\u00edtulos fuente y antecedente de los presentados por el reivindicante, se determin\u00f3 la longitud de los linderos, ni el \u00e1rea del lote, y que tampoco existen los puntos arcifinios de referencia tomados como linderos. <\/p>\n
Como el dictamen pericial concluy\u00f3 en la imposibilidad de hallar la identidad entre el predio pretendido y el reivindicado, el recurrente, sin poner reparo a la conclusi\u00f3n de los peritos plante\u00f3 el siguiente interrogante: \u201c\u00bfsi esto es as\u00ed, por qu\u00e9 no orden\u00f3 -el juez- un nuevo dictamen pericial como se lo ordena el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 233 C.P.C.?\u201d, pues de esa manera se hubiera acreditado m\u00e1s f\u00e1cilmente que los demandados \u201cadelantaron los lindes\u201d y avanzaron sobre los predios de los demandantes. Igualmente dijo el recurrente que en su oportunidad pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n del dictamen y que formul\u00f3 objeci\u00f3n al mismo, a pesar de lo cual el Tribunal nada dijo frente a la conducta del juzgado que sin tramitar la objeci\u00f3n cerr\u00f3 el per\u00edodo probatorio. <\/p>\n
Cual se aprecia, no desarroll\u00f3 el casacionista el reparo a la sentencia en cuanto ata\u00f1e a la ausencia de tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n a la pericia, y dicho sea de paso, poco pod\u00eda explotar a ese respecto, pues la que denomina objeci\u00f3n carente de tr\u00e1mite, apenas fue un comentario adverso al dictamen, que lejos est\u00e1 de cumplir los requisitos m\u00ednimos que impone el ejercicio de contradicci\u00f3n de la prueba. En su momento el demandante, luego de pedir dos aclaraciones sucesivas, dijo: \u201cDe igual modo me permito objetar el dictamen por error grave al considerar que los anexos del dictamen est\u00e1n en contrav\u00eda o contradicci\u00f3n con la exposici\u00f3n dada por los Se\u00f1ores peritos. Es as\u00ed que las fotograf\u00edas a\u00e9reas de IGAC delimitan el predio reclamado por los demandantes y brillan por su ausencia los predios de los demandados. Tampoco explican los Se\u00f1ores Peritos como era el lote antes de las fechas de las escrituras p\u00fablicas firmadas por los demandados\u201d, y eso es todo lo que dijo el demandante cuando hizo su reparo a la pericia. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el dictamen descart\u00f3 la posibilidad de reconstruir los vestigios necesarios para ubicar el inmueble, pues para ello resultaron in\u00fatiles los linderos que aparecen en la escritura fuente del derecho de propiedad alegado por el demandante, y para derrotar esta conclusi\u00f3n del Tribunal no bastaba con formular la simple conjetura de que otros peritos habr\u00edan hecho mejor la tarea, sin denunciar exactamente porqu\u00e9 son deleznables los fundamentos t\u00e9cnicos de la pericia que sirvi\u00f3 de soporte a la decisi\u00f3n del juez de segundo grado. <\/p>\n
Por lo dicho, la cortedad del ataque a la prueba pericial la deja indemne, y como ella es suficiente para soportar la sentencia denegatoria de las pretensiones, tambi\u00e9n el fracaso del recurso es notorio, con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que la prueba testimonial que lo apoya, como antes se dijo, no fue atacada en absoluto. <\/p>\n
3. A\u00fan si se tuviera en cuenta la denuncia del posible yerro de derecho del Tribunal por omitir la pr\u00e1ctica de \u00abotras\u00bb pruebas esta vez por iniciativa oficiosa, tampoco la raz\u00f3n acompa\u00f1ar\u00eda a la censura, pues en reciente oportunidad esta Sala descart\u00f3 que la ausencia de labor inquisitiva del juez pudiera arrojar resultado semejante, a cuyo prop\u00f3sito dijo la Corte: \u00abadmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. <\/p>\n
Con arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Exp. No. 1998-056-02). <\/p>\n
Los anteriores razonamientos son suficientes para concluir que el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de septiembre de 1999 proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario seguido por Mar\u00eda del Carmen Capera viuda de Ball\u00e9n, Jos\u00e9 Libardo y Martha Ball\u00e9n Capera, frente a Manuel Tiberio Mora Agudelo, Jorge Ortiz Torres, Luis Alejandro Riscanevo Hern\u00e1ndez, Clara Eugenia Rodr\u00edguez de G\u00f3mez y Blanca In\u00e9s G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte impugnante, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-300-2005 [5000131030011994-01592-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., veintinueve de noviembre de dos mil cinco Ref.: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}