SC-302-2005 [7616]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente 7616 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado JAIME BARRETO BARRETO, contra la sentencia del 25 de agosto de 1998, por la cual, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla desat\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por la misma parte contra el fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, proferido dentro del proceso ordinario de EDGAR DE JESUS OCHOA OCHOA frente a EMILIO MUVDI RINCON y el ahora recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el referido juzgado, el se\u00f1or OCHOA OCHOA reclam\u00f3 lo siguiente: 1) que se le reconociera como actual y \u00fanico propietario de un globo de terreno de 6 hect\u00e1reas y 7.858 m2, cuya ubicaci\u00f3n y linderos refiri\u00f3 en el hecho primero de la demanda; 2) que se declarara que ten\u00eda \u201cmejor derecho\u201d sobre ese inmueble en relaci\u00f3n con el que detentaban los demandados; 3) que, por tanto, le era inoponible a la actora la escritura p\u00fablica 5282 del 30 de octubre de 1984, otorgada en la Notar\u00eda de Soledad (Atl\u00e1ntico), registrada en el folio de matr\u00edcula 040-0034987, que recoge el negocio jur\u00eddico de daci\u00f3n en pago celebrado entre los demandados y Luis Carlos de la Torre Rojas; 4) que se cancele ese registro; 5) que se declare, adem\u00e1s, que la posesi\u00f3n que ejerce el actor sobre el aludido inmueble corresponde cabalmente al derecho de dominio que en \u00e9l radica; 6) que en el remoto caso de que los demandados tengan posesi\u00f3n en alguna parte de ese bien, que sean condenados a restitu\u00edrsela y, finalmente, 7) que se condenara en costas a su contraparte. <\/p>\n
2. En respaldo de sus pretensiones, afirm\u00f3 el demandante, en s\u00edntesis, lo que a continuaci\u00f3n se relaciona: <\/p>\n
A. Que adquiri\u00f3 en mayor extensi\u00f3n un predio denominado San Marcos, de una cabida de 59 hect\u00e1reas, en virtud de compraventa que se document\u00f3 en la escritura p\u00fablica 2783 del 20 de diciembre de 1980, de la Notar\u00eda Segunda de Barranquilla, inscrita en el folio de matr\u00edcula 040-0010062, al que le fueron hechas sucesivas segregaciones derivadas de ventas que se hicieron constar en las escrituras 2784 del 20 de diciembre de 1980, 1074 del 29 de mayo de 1981 y 2006 del 20 de agosto de 1982, autorizadas por la misma oficina notarial, hasta quedar reducido actualmente al globo de terreno materia de sus pretensiones, al que le corresponde la matr\u00edcula 40-0121101, respecto del cual ha ejercitado los derechos de propietario y poseedor. <\/p>\n
B. Desde el a\u00f1o de 1985, los demandados, y particularmente el se\u00f1or Barreto Barreto, han ejercido actos perturbatorios del derecho de propiedad en ese inmueble, aduciendo haberlo obtenido mediante daci\u00f3n en pago efectuada por LUIS CARLOS DE LA TORRE ROJAS, seg\u00fan negociaci\u00f3n que se solemniz\u00f3 con la escritura p\u00fablica 5282 del 30 de octubre de 1984, de la Notar\u00eda \u00danica del municipio de Soledad. <\/p>\n
El mencionado instrumento p\u00fablico dice relaci\u00f3n con un terreno de 6 hect\u00e1reas, pertenecientes a otro de mayor extensi\u00f3n de cuatro caballer\u00edas, conformado por el globo general de tierras proindiviso \u201cdenominado \u201cEl Carmen\u201d, \u201cMalemba\u201d, \u201cCacaramoa\u201d o \u201cEscaramoa\u201d, situado entre los antiguos resguardos ind\u00edgenas de Galapa y Tubar\u00e1, y las tierras de Don Juan de la Hoz Mequejo y las Guaimaral de Barranquilla, en jurisdicci\u00f3n del municipio de Galapa\u201d (subrayado tomado del texto). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese mismo instrumento p\u00fablico se afirm\u00f3 que el tradente DE LA TORRE adquiri\u00f3 el fundo junto con sus hermanos VICENTE ANTONIO y JUSTINIANO MODESTO, adjudicatarios en com\u00fan y proindiviso en el sucesorio de su padre, se\u00f1or ANTONIO E. DE LA TORRE CORONELL, seg\u00fan partici\u00f3n aprobada mediante sentencia del 16 de diciembre de 1982, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, registrada en el folio de matr\u00edcula 040-0034987. <\/p>\n
Acorde con la referida sentencia de partici\u00f3n, que se protocoliz\u00f3 con la escritura 3948, del 27 de julio de 1984, de la Notar\u00eda Unica de Soledad, el derecho adjudicado a los hermanos DE LA TORRE, corresponde a 16 hect\u00e1reas del total de las 40 que conforman el globo de terreno de mayor extensi\u00f3n que, dijo el partidor, es la equivalencia de las 4 caballer\u00edas de las que el t\u00edtulo antecedente habla, globo general este que pertenece a la comunidad del nombre ya indicado anteriormente, por lo que de ella es miembro, a su turno, otra de car\u00e1cter singular e indivisa integrada por los precitados hermanos. <\/p>\n
Dada la situaci\u00f3n anterior, el derecho de esos comuneros no se ha singularizado y por esa circunstancia, las 6 hect\u00e1reas del terreno descrito en la escritura de daci\u00f3n en pago, aparte de que no comprometen para nada al inmueble del demandante, en realidad hacen parte de las dos comunidades indivisas, por lo que los linderos y medidas que de \u00e9l se dan constituyen \u201cuna inmensa bufonada, s\u00f3lo afecta, compete y divierte a sus otorgantes, y no a terceros\u201d. <\/p>\n
C. En su condici\u00f3n de propietario, el demandante ha venido ostentando la posesi\u00f3n en forma directa e ininterrumpida, no s\u00f3lo sobre el predio en disputa, sino tambi\u00e9n con relaci\u00f3n a la totalidad del terreno que adquiri\u00f3 seg\u00fan la precitada escritura p\u00fablica 2783, por un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os, al que deben sumarse otros 21 a\u00f1os durante los cuales se extendi\u00f3 el se\u00f1or\u00edo detentado por sus tradentes. <\/p>\n
D. El 25 de septiembre de 1989, en actuaci\u00f3n judicial distinta, un proceso \u201cposesorio\u201d seguido entre los hoy litigantes, el mismo Tribunal revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla. Ese fallo de segunda instancia, que le fue adverso en raz\u00f3n \u201cde no haberse probado el tiempo de la perturbaci\u00f3n ni el tiempo de la posesi\u00f3n perturbada\u201d, no supone declaraci\u00f3n de propiedad o de posesi\u00f3n actual sobre ese bien a favor de los demandados, ni resta a la actora \u201cun \u00e1pice\u201d de su condici\u00f3n de propietario y actual poseedor del predio. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, ella fue replicada \u00fanicamente por el se\u00f1or Barreto Barreto, quien frente al hecho primero, luego de negarlo, anot\u00f3 que el bien al cual se refiere, \u201cno tiene medidas y por consiguiente no est\u00e1 identificado\u201d. Respecto del quinto expres\u00f3 que la negaci\u00f3n que de \u00e9l efectu\u00f3 obedec\u00eda a que \u201cla aclaraci\u00f3n que se hizo en la escritura 1074 del 29 de mayo de 1981 recae sobre un bien no identificado como es el que aparece se\u00f1alado en el hecho primero de la demanda\u201d, lo que reiter\u00f3 al referirse a los hechos sexto y s\u00e9ptimo. Neg\u00f3 que la escritura de daci\u00f3n en pago se hubiere inscrito y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. <\/p>\n
4. Trabado as\u00ed el litigio, se dio traslado a las partes para alegar, el que utiliz\u00f3 el demandante para manifestar que dados los t\u00e9rminos en que su contraparte asumi\u00f3 su propia defensa, el debate deb\u00eda \u201cachicarse\u201d a las pretensiones 1\u00aa, 6\u00aa y 7\u00aa de la demanda, puesto que una adecuada labor de fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones durante la audiencia de conciliaci\u00f3n, hubiera incidido en la exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s pedimentos. <\/p>\n
Mediante sentencia del 25 de agosto de 1998, el juez a quo declar\u00f3 que el demandante era el actual propietario del predio en litigio; que frente a los demandados, aquel ten\u00eda \u201cmejor derecho\u201d sobre el mismo inmueble y que le era inoponible al actor la escritura 5282 del 30 de octubre de 1984. Por el contrario, deneg\u00f3 la solicitud de cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la negociaci\u00f3n contenida en el precitado instrumento notarial, \u201cen virtud de no haberse realizado\u201d tal inscripci\u00f3n, lo mismo que la \u201crestituci\u00f3n del inmueble reclamada por el accionante. El referido fallo lo apel\u00f3 el hoy casacionista y fue confirmado \u00edntegramente por el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El sentenciador advirti\u00f3 que la estimaci\u00f3n de la demanda, en su conjunto, permit\u00eda entender que en ella fueron acumuladas dos pretensiones inconfundibles, esto es, la petitoria de dominio y la reivindicatoria, promovidas por quien se considera titular del derecho de se\u00f1or\u00edo sobre la cosa, contra quienes lo vienen perturbando en la posesi\u00f3n de la misma. <\/p>\n
2. Planteada la anotada distinci\u00f3n, afirm\u00f3 que el buen suceso de las referidas pretensiones hac\u00eda indispensable ostentar un t\u00edtulo de mejor derecho sobre el bien en pleito, y la simult\u00e1nea verificaci\u00f3n de los presupuestos de prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, abord\u00f3 el examen de la prueba documental que refleja el devenir negocial experimentado por el inmueble en disputa, comenzando por la adquisici\u00f3n a t\u00edtulo de compraventa de un globo de mayor extensi\u00f3n, de 59 hect\u00e1reas de cabida, al que se refiri\u00f3 la escritura p\u00fablica 2783, que fue seguida de la primera segregaci\u00f3n originada en igual t\u00edtulo contractual a favor de Miguel Angel Cantillo Badillo, que se instrument\u00f3 mediante la escritura 2784, otorgada, como la primera, el 20 de diciembre de 1980, en la Notar\u00eda Segunda de Barranquilla. Con posterioridad se dividi\u00f3 materialmente la heredad, mediante negocio jur\u00eddico perfeccionado por la escritura 1074 de mayo 29 de 1981, acto que dio lugar a la conformaci\u00f3n de dos zonas de terreno, denominadas la 1 y la 2: la primera de 7 hect\u00e1reas y 4.395 m2, y la segunda de 20 hect\u00e1reas y 7.525 m2. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 el an\u00e1lisis con el negocio de compraventa parcial de 12 hect\u00e1reas y 3.713 m2, realizado respecto del terreno de la zona 2, en favor de Ana Bel\u00e9n Velasco Castillo, del que da cuenta la escritura 2006 del 20 de agosto de 1993, otorgada en la prenombrada notar\u00eda, quedando un excedente de terreno que el propietario se reserv\u00f3 y que es el mismo del pleito, al que pertenece la matr\u00edcula inmobiliaria 040-0121101. <\/p>\n
4. Se detuvo luego en la consideraci\u00f3n de la escritura 5282, del 30 de octubre de 1984, de la Notar\u00eda Unica de Soledad, que se alleg\u00f3 para demostrar el dominio de los demandados, de la que resalt\u00f3 que refiere la daci\u00f3n en pago a favor de estos, del \u201cderecho real de dominio posesi\u00f3n material inscrita sobre 6 hect\u00e1reas de terreno, las cuales adquiri\u00f3 (el enajenante) en un lote de mayores dimensiones dentro del globo de tierras proindiviso, denominado \u201cEL CARMEN\u201d, \u201cCACARAMOA\u201d o \u201cESCARAMOA\u201d, constante de cuatro caballer\u00edas, situada entre los antiguos resguardos de ind\u00edgenas de Galapa y Tubar\u00e1 y las tierras de Don Juan de la Hoz de Mequejo y las Guaimaral de Barranquilla, en jurisdicci\u00f3n del municipio de Galapa\u2026\u201d. <\/p>\n
5. Con relaci\u00f3n a la prueba documental acabada de rese\u00f1ar, asever\u00f3 el fallador, previa cita de los art\u00edculos 745 y 756 del C\u00f3digo Civil, que respecto de los demandados carece de eficacia para admit\u00edrseles como due\u00f1os del bien, por impedirlo la concurrencia de la doble circunstancia de la falta de inscripci\u00f3n en el registro y de t\u00edtulos antecedentes, lo que encontr\u00f3 comprobado con la confesi\u00f3n efectuada mediante apoderado judicial en el escrito de r\u00e9plica de la demanda. <\/p>\n
Estim\u00f3 que sin el cumplimiento de la inscripci\u00f3n \u201cno se da finalidad a la adquisici\u00f3n misma, la que, por ende, implica adem\u00e1s de su inscripci\u00f3n en el registro, la de hacerse a la cosa para poder gozarla, usarla y disfrutarla\u201d, consideraciones a las que agreg\u00f3 que el inmueble materia de la daci\u00f3n en pago est\u00e1 ubicado en un globo de mayor extensi\u00f3n, localizado en jurisdicci\u00f3n del municipio de Galapa, concluyendo que \u201cde manera alguna evidencia signos identificadores que posibiliten su ubicaci\u00f3n en la ciudad de Barranquilla\u201d. <\/p>\n
6. Acometi\u00f3 luego el Tribunal el an\u00e1lisis de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, echando de menos la posesi\u00f3n de los demandados sobre la base de lo que comprueban la \u201cconstataci\u00f3n personal\u201d del juez a quo y los testimonios de ARGEMIRO ALFONSO OSORIO y ULISES CASTILLO, por lo que dedujo la improsperidad de esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 tambi\u00e9n que los peritos precisaron que en la diligencia \u201cde junio 14 de 1994, los demandados les hab\u00edan indicado un lote distinto, descrito en la inspecci\u00f3n del Juzgado 17 Civil Municipal, que dista 2 kil\u00f3metros aproximadamente de donde se iniciaban las 59 hect\u00e1reas, que resaltan en este segundo experticio (sic)\u201d. <\/p>\n
Por tales razones, dedujo que la \u201cobjeci\u00f3n por error grave endilgada al peritaje carece de fundamento legal, por cuanto no impide que el juez del conocimiento tuviera certeza sobre la identidad del objeto en litigio. Es m\u00e1s, se trat\u00f3 del mismo sitio donde al momento de iniciarse la primera inspecci\u00f3n judicial, convergieron las partes, inclusive el demandado Jaime Barreto\u201d, de donde insisti\u00f3 en que la susodicha objeci\u00f3n no estaba llamada a prosperar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 el sentenciador que con motivo de las resumidas consideraciones, sumadas a \u201clas expuestas por el a quo\u201d, deb\u00eda confirmarse la sentencia apelada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene seis cargos con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, conforme a la cual se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, a causa de errores de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, y uno m\u00e1s, fundado en la segunda de las previstas en el art\u00edculo 368 del C. de P. C. Se decidir\u00e1 primero esta \u00faltimo, concerniente, como es, a un tema de tipo procedimental, y seguidamente las dem\u00e1s que se despachar\u00e1n, en conjunto. <\/p>\n
RESUMEN DEL UNICO CARGO FUNDADO EN LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACION <\/p>\n
La censura acus\u00f3 la sentencia impugnada de ser palmariamente inconsonante con las pretensiones \u201csustancialmente achicadas por el actor en su alegato de conclusi\u00f3n, como resultado de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en la mencionada oportunidad procesal, el demandante \u201ccontrajo sus pretensiones reales y procesalmente s\u00f3lo a la sexta y s\u00e9ptima, m\u00e1s no a la primera\u201d, por cuanto la parte demandada no ostent\u00f3 t\u00edtulo de propiedad alguno sino el derecho de posesi\u00f3n y\/o de presunci\u00f3n de dominio\u201d, de donde la primera pretensi\u00f3n resultaba irrelevante e inocua, por \u2018sustracci\u00f3n de los hechos que la sustentaban\u2019\u201d. <\/p>\n
Record\u00f3 que el debate planteado, ab initio, por la actora, en lo atinente a la confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos de dominio por ella ostentados con los que atribuy\u00f3 a sus demandados y dado que al contestar el libelo incoativo el se\u00f1or Barreto Barreto resalt\u00f3 que no fue inscrita en la oficina de registro la daci\u00f3n que a favor suyo y de su litisconsorte hizo un tercero con relaci\u00f3n al predio de que da cuenta la escritura p\u00fablica 5282, otorgada el 30 de octubre de 1984, se vio reducido en la forma atr\u00e1s se\u00f1alada, al aspecto concerniente a la posesi\u00f3n sobre el disputado inmueble. <\/p>\n
Seguidamente, el recurrente transcribi\u00f3, de manera bastante detallada, varios apartes del aludido memorial e insisti\u00f3 en que, en el alegato de conclusi\u00f3n, su contraparte excluy\u00f3 la pretensi\u00f3n petitoria de dominio, dejando a consideraci\u00f3n del fallador \u00fanicamente la reivindicatoria, de donde concluy\u00f3 que el sentenciador no pod\u00eda ignorar ese hecho nuevo, modificativo o extintivo del derecho sustancial, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, debidamente probado y oportunamente alegado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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La acusaci\u00f3n en estudio no ser\u00e1 acogida, pues es ostensible que la inconsonancia alegada por el casacionista no tuvo lugar. En efecto, como de ello dan cuenta los antecedentes de esta providencia, de la lectura de las piezas procesales correspondientes, sin dificultad se colige que el fallo del Tribunal confirm\u00f3 en su integridad el de primera instancia, el que a su vez decidi\u00f3 sobre las pretensiones (siete) contenidas en la demanda impetrada por el se\u00f1or Ochoa Ochoa, acogiendo unas y desestimando otras, pero sin desbordar el \u00e1mbito de decisi\u00f3n determinado de conformidad con las pautas establecidas en la norma pertinente, esto es, las consagradas en el art\u00edculo 305 del C. de P. C. <\/p>\n
Llevado al evento sub lite lo previsto en la parte inicial de la citada disposici\u00f3n, seg\u00fan la cual, \u201cla sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla\u201d, se tiene que las pretensiones sobre las que debieron pronunciarse los jueces de instancia correspond\u00edan, en su integridad, a las formuladas por la actora en su libelo incoativo, en la medida en que, muy a pesar de lo aseverado por el apoderado judicial de la demandante en su escrito de alegaciones finales, presentado durante la primera instancia, no es factible asumir que ellas fueron modificadas, suprimidas o adicionadas, en las oportunidades autorizadas por el citado estatuto procedimental. <\/p>\n
Es que si bien no llama a duda que dado el car\u00e1cter dispositivo que caracteriza el proceso civil, nada impide que quien formul\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n determinada pretensi\u00f3n prescinda de ella, tambi\u00e9n es lo cierto que la misma ley adjetiva ha previsto las oportunidades y formalidades requeridas para posibilitar al juzgador abstenerse de decidirla de fondo y ha establecido los efectos o consecuencias jur\u00eddicas de esa contingencia. <\/p>\n
En ese orden de ideas, cumple acudir a la regla general que reviste con caracteres de desistimiento parcial, todo intento del demandante de prescindir de algunas de las pretensiones que inicialmente formul\u00f3, cuando quiera que la respectiva actuaci\u00f3n se encuentre pr\u00f3xima a su decisi\u00f3n de fondo. De ah\u00ed que en armon\u00eda con el art\u00edculo 342 del C. de P. C., mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, podr\u00e1 el demandante desistir de todas o algunas de sus pretensiones, lo cual deber\u00e1 manifestar al respectivo juzgador de manera clara y categ\u00f3rica, en la forma como lo dispone el art\u00edculo 345 ibidem. <\/p>\n
Consultado el texto mismo de las susodichas manifestaciones, se observa que ellas en lugar de corresponder a un verdadero desistimiento parcial de las pretensiones apenas involucran un reproche al juez a quo por no haber sido m\u00e1s sol\u00edcito en punto tocante con la labor de fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones del litigio que, en palabras del memorialista, debi\u00f3 acometer durante el desarrollo de la fallida audiencia de conciliaci\u00f3n. Fue as\u00ed como en la rese\u00f1ada oportunidad, aludiendo a la falta de inscripci\u00f3n de la prenombrada daci\u00f3n en pago en la Oficina de Registro, sostuvo el interpelado que \u201cfrente a esta tajante aceptaci\u00f3n de la carencia de un t\u00edtulo inscrito, demostrativo del derecho de dominio, alrededor del cual deb\u00eda producirse un debate probatorio para demostrar el mejor derecho sobre el inmueble, de las partes contendientes, debi\u00f3 aprovecharse la audiencia del art\u00edculo 101 del C. de P. C., para reducir el pleito a sus exactas proporciones\u201d; que … \u201ccon esta fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones, habr\u00edan desaparecido expresamente las peticiones segunda, tercera, cuarta y quinta de la demanda y que \u201cpor sustracci\u00f3n de los hechos que las sustentaban, por la propia confesi\u00f3n del demandado, quien s\u00f3lo afirma su \u00fanica condici\u00f3n, la de poseedor, el asunto se achic\u00f3 o limit\u00f3 a las pretensiones primera, sexta y s\u00e9ptima de la demanda\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces, que tales voces, las reci\u00e9n tra\u00eddas a colaci\u00f3n, no recogen la manifestaci\u00f3n concreta y tajante del demandante, de desistir parcialmente de sus pretensiones, de donde se explica que los jueces de instancia no le reconocieran el se\u00f1alado efecto, decidi\u00e9ndolo mediante auto, cual lo contempla el art\u00edculo 345 del C. de P. C., y que tampoco las partes hubieran censurado, en ese entonces, al juzgador a quo, por no haber impelido a las prenombradas manifestaciones la tramitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n propias de ese desistimiento parcial, apremi\u00e1ndolo para que tomara los correctivos del caso. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta, de otra parte, que en los procesos ordinarios, una vez notificado de la demanda el extremo pasivo del litigio, la alteraci\u00f3n de las pretensiones efectuadas por el demandante bien puede intentarse, por una sola vez, a trav\u00e9s del mecanismo de la reforma de la demanda, escenario en que, aunque no es factible sustituir la totalidad de las pretensiones, s\u00ed es posible prescindir de algunas de ellas o incluir otras nuevas (art. 89, n. 2., C. de P. C.). Con todo, tampoco al memorial en estudio podr\u00eda d\u00e1rsele tal connotaci\u00f3n, en la medida en que fue presentado con posterioridad al vencimiento de las oportunidades en que es procedente la reforma de la demanda, acorde con el precitado art\u00edculo 89. <\/p>\n
Sin m\u00e1s, deviene de lo anterior la improsperidad de la acusaci\u00f3n en estudio, lo que impone un pronunciamiento sobre las restantes, con las que se denunci\u00f3 la infracci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
RESUMEN DE LOS CARGOS ENDEREZADOS POR LA CAUSAL PRIMERA DE CASACION <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n del error de derecho en el que habr\u00eda incurrido el Tribunal al apreciar la escritura p\u00fablica 2783 del 20 de diciembre de 1980 y la matr\u00edcula inmobiliaria 040-001-0062, denunci\u00f3 el censor el quebranto de los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n, y 6, 762, 764, 981, 1500 (inc. 2\u00b0), 1519, 1523, 1526, 1740 a 1742, 2341, ibidem; 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; 2\u00b0 de la ley 50 de 1936; 99 (num. 6) del Decreto 960 de 1970 y 72 a 73 del Decreto 1250 de 1970, por falta de aplicaci\u00f3n. Como disposiciones de car\u00e1cter procesal infringidas, se\u00f1al\u00f3 los art\u00edculos 76, 174, 178, 187, 264 a 266 y 306 del C. de P.C. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al darle eficacia probatoria a la mencionada documentaci\u00f3n, \u201caportada por el actor como prueba reina para derivar de ella el derecho de propiedad\u201d sobre el disputado predio, como medios id\u00f3neos para demostrar la propiedad del fundo y la singularizaci\u00f3n de la cosa reivindicable, pues no se percat\u00f3 de que en la aludida escritura p\u00fablica falt\u00f3 una de las formalidades legalmente exigidas, determinante de su nulidad declarable de oficio, atinente al hecho -puesto de presente por \u00e9l en la contestaci\u00f3n de la demanda- de que el inmueble al que ella se refiere, \u201ccarece totalmente de medidas y linderos ciertos\u201d, dado que \u201c…no s\u00f3lo tiene un lindero incierto e ideal y aparente sino los cuatro linderos que al parecer lo singularizan e identifican, por tanto son moral, f\u00edsica y legalmente indeterminados\u201d, defecto para cuya demostraci\u00f3n, am\u00e9n de reproducir lo informado sobre el punto en la combatida escritura p\u00fablica, el censor recurri\u00f3 a lo expresado en el certificado expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi el 24 de febrero de 1978, inserto en el mencionado instrumento notarial, seg\u00fan el cual, \u201clas medidas y linderos de este inmueble no aparecen registradas en esta oficina\u201d. <\/p>\n
Acot\u00f3 que el predio identificado en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada por el juzgado a quo el 29 de octubre de 1992, fue el de menor extensi\u00f3n (6 hect\u00e1reas y 7858 mts2) y no el \u201cde 59 hect\u00e1reas de la escritura 2783\u201d, el cual jam\u00e1s fue singularizado. Precis\u00f3 que los peritos designados en esa oportunidad admitieron que no exist\u00eda \u201cning\u00fan documento con medidas y linderos\u201d que permitiera deducir el terreno de 39 hect\u00e1reas materia del dictamen, seg\u00fan lo orden\u00f3 el juez de primera instancia y que, sin haber lugar a ello, los expertos terminaron identificando un predio distinto, el de menor extensi\u00f3n (el de 6 hctrs). <\/p>\n
Luego de recordar que \u201csi de reivindicaci\u00f3n de una finca ra\u00edz se trata, la identificaci\u00f3n de ella ha de estar conforme con el t\u00edtulo del demandante, ya que es el dominio de \u00e9ste el que ha de ser declarado en sentencia, o rechazado por falta de algunos de los requisitos de la acci\u00f3n\u201d, anot\u00f3 el inconforme que el Tribunal, cuando infiri\u00f3 la plena identificaci\u00f3n del inmueble materia del litigio, vulner\u00f3 \u201cel principio de la prohibici\u00f3n de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos de la demanda\u201d. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el juzgador ad quem, con fundamento en la escritura 2783 de diciembre 20 de 1980, en concordancia con los dem\u00e1s actos escriturarios aportados por el actor, dio por satisfechos elementos estructurales, como el derecho de dominio en cabeza del demandante y el de la singularizaci\u00f3n de la cosa reivindicable establecidos en la norma sustancial del art. 946 del C.C.\u201d, contrariando las normas procesales atr\u00e1s rese\u00f1adas. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Den\u00fanciase error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las escrituras 1074 de 29 de mayo de 1981, 2006 de 20 de agosto de 1982 y 3282 del 10 de agosto de 1990, y de la matr\u00edcula inmobiliaria 040-0121101, yerro en el que el fallador habr\u00eda incurrido por haberles dado eficacia demostrativa de la singularizaci\u00f3n del predio y su identidad con el pose\u00eddo por el demandado, determinante del quebranto de los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n; 981, 1518 (incs. tercero y cuarto), 1524 (inc. segundo) y 2341, ibidem, y 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicaci\u00f3n. Como disposiciones de car\u00e1cter procesal infringidas, se\u00f1al\u00f3 los art\u00edculos 76, 174, 178, 187, 258, 264 a 267 y 306 del C. de P.C. <\/p>\n
Sostuvo el recurrente que, como lo expuso en la contestaci\u00f3n de la demanda, las escrituras 1074 y 3282 reflejan actos unilaterales del demandante no constitutivos del dominio, ni de su transmisi\u00f3n, al igual que acontece con la escritura 2006, que aunque solemniza una compraventa, tambi\u00e9n, como aqu\u00e9llas, contiene una aclaraci\u00f3n de medidas y linderos carente de soporte legal. Acot\u00f3 que las aludidas escrituras 1074 y 3282 fueron extendidas con el indiscutible prop\u00f3sito de ocultar las deficiencias formales de la escritura 2783 de diciembre 20 de 1980, \u201cotorg\u00e1ndole a dicho inmueble en forma parcelada, medidas y linderos, lo cual constituye un hecho moralmente imposible, es decir prohibido por la ley y contrario a las buenas costumbres y al orden p\u00fablico (art. 1518, nums 3\u00ba y 4\u00ba)\u201d (fl. 44). <\/p>\n
En el anotado orden de ideas, puntualiz\u00f3 que al darle eficacia probatoria a esas escrituras, el Tribunal no se percat\u00f3 de que los actos que reflejan, por contrariar \u2018normas procesales\u2019 de orden p\u00fablico, son \u201cpor mandato de la ley inv\u00e1lidos, ineficaces, faltos de las formalidades de ley en concordancia con la prueba reina del actor contenida en la escritura p\u00fablica 2783 de dic. 20 de 1980…\u201d . <\/p>\n
La censura le atribuy\u00f3 al juzgador ad quem la inobservancia de los art\u00edculos 76, 178 y 187 del C. de P. C., respecto de los que se limit\u00f3 a memorar lo que establecen, y puso de presente tambi\u00e9n la manifiesta desarmon\u00eda existente entre la escritura 2783 y las restantes en lo referente a la singularizaci\u00f3n del inmueble, apreciable de su \u201csimple lectura\u201d. Destac\u00f3 \u201cque no se requiere de esfuerzos mentales para apreciar que no prestan m\u00e9rito probatorio alguno, para probar, adem\u00e1s, la identidad entre el inmueble pretendido por el actor y el pose\u00eddo por la parte demandada\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 762 y 981 ib\u00eddem, por falta de aplicaci\u00f3n, a causa de error de hecho derivado de la falta de apreciaci\u00f3n de la sentencia del 25 de septiembre de 1989, proferida, tambi\u00e9n, por el Tribunal de Barranquilla, pero dentro del proceso posesorio que enfrent\u00f3 a las mismas partes, y la inspecci\u00f3n judicial (anticipada) del 21 de septiembre de 1990, practicada por el Juzgado 17 Civil Municipal de la citada ciudad. Ese yerro le impidi\u00f3 ver al juzgador ad quem que el demandante carece de la calidad de poseedor, hecho aceptado por \u00e9l, al \u201creformar la demanda\u201d en el alegato de conclusi\u00f3n, y que las aludidas probanzas \u201cal tenor del art\u00edculo 762 del C.C., configuran t\u00edtulos de presunci\u00f3n de propiedad y\/o posesi\u00f3n material en cabeza de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
Luego de resaltar que seg\u00fan qued\u00f3 establecido en los dos cargos anteriormente resumidos, trazados tambi\u00e9n por la causal primera de casaci\u00f3n, la actora no demostr\u00f3 tener el dominio sobre el inmueble materia del litigio, asever\u00f3 el recurrente, en un confuso discurso, que al acoger el sentenciador lo afirmado por los peritos, en el sentido de que en la \u201cdiligencia de junio 14 de 1994\u201d los demandados les indicaron un lote diferente, cual es aqu\u00e9l sobre el cual recay\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial practicada por el Juzgado 17 Civil Municipal, lugar distante \u201c2 kil\u00f3metros aproximadamente de donde se iniciaban las 59 hect\u00e1reas que resaltan en este segundo experticio (sic)\u201d, el sentenciador contrari\u00f3 \u201csu propio fallo objeto de la presente impugnaci\u00f3n, cuando acota que las 59 hect\u00e1reas, que son las que presuntamente contiene (sic) la escritura 2783 de dic. 20 de 1980 y a las cuales presuntamente pertenece al predio menor objeto de la demanda de instancia, distan dos kil\u00f3metros aproximadamente del lote descrito en la inspecci\u00f3n del Juzgado 17 Civil Municipal\u201d, que, dijo el censor, corresponde al descrito en la sentencia del 25 de septiembre de 1989, dictada por el mismo Tribunal, y al que verdaderamente persigue el demandante en este proceso (fl. 52). <\/p>\n
La circunstancia espacial referida a la separaci\u00f3n existente entre uno y otro terreno, llev\u00f3 al recurrente a preguntarse acerca de la raz\u00f3n que condujo al fallador a formular estas afirmaciones: a) la ausencia de actos posesorios de los demandados, justificada en la directa constataci\u00f3n del juzgador a quo; b) la plena constataci\u00f3n de la identificaci\u00f3n del inmueble \u201casociada con el experticio pericial (sic)\u201d y c) \u201cque al complementar la prueba anterior, se colige que de conformidad con los documentos allegados escrituras p\u00fablicas … se reafirma (folio 130) que el descrito inicialmente corresponde al indicado tanto por las partes, como al indicado por el despacho en la inspecci\u00f3n llevada a cabo\u201d. <\/p>\n
Remat\u00f3 diciendo que \u201clas divagaciones, lucubraciones y contradicciones\u201d del juzgador de segunda instancia, tendientes a negarle la calidad de poseedora a la demandada, para pronunciarse respecto de una pretensi\u00f3n petitoria de dominio y no reivindicatoria como fue la deprecada, son \u201cprotuberantes, ostensibles y abrumadoras, contrarias al verdadero contenido y a la fuerza probatoria, y a la realidad f\u00e1ctica establecida en la inspecci\u00f3n judicial del Juzgado 17 Civil Municipal y a la guardada en la sentencia\u201d referenciada, lo que constituye proceder obtuso configurador del error de facto. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Se atribuy\u00f3 al sentenciador error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Ulises Castillo Pacheco y Argemiro Alfonso Osorio Vargas y \u201csobre la constataci\u00f3n personal del a quo\u201d, dando lugar al quebranto de los art\u00edculos 762, 946, 950 y 981 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Anot\u00f3 la censura que tales testimonios fueron desfigurados por el juzgador cuando, para descartar la procedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, fortaleci\u00f3 con ellos la prueba de la ausencia de actos posesorios en el demandado Barreto Barreto, derivada principalmente de \u201cla constataci\u00f3n personal del a quo\u201d, aspecto acerca del que el casacionista destac\u00f3 que en el expediente no figura constancia en tal sentido. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la inspecci\u00f3n judicial \u201cque se practic\u00f3 dentro del presente proceso\u201d, estuvo orientada a identificar el inmueble \u201ccontenido en la escritura 2783, constante de 59 hect\u00e1reas\u201d, m\u00e1s no para \u201cdeterminar la singularizaci\u00f3n del bien objeto de la presente acci\u00f3n y mucho menos para comprobar actos positivos de la posesi\u00f3n material\u201d. <\/p>\n
Se doli\u00f3 el impugnante de que el fallador hubiera omitido las razones por las que los consider\u00f3 responsivos, exactos y completos los citados testimonios y a\u00f1adi\u00f3 que contrario a lo sostenido por el Tribunal, nada dicen en punto de la posesi\u00f3n. En su af\u00e1n de demostrar este \u00faltimo aserto, extrajo de la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Castillo Pacheco los pasajes en los que sostuvo, de una parte, que la propiedad del fundo radicaba en Edgar Ochoa Ochoa, quien siempre ha tenido la posesi\u00f3n y, de la otra, que por informaci\u00f3n de \u00e9ste sab\u00eda que el demandado Barreto estuvo \u201cmetido en el terreno durante alg\u00fan tiempo siendo retirado por la polic\u00eda\u201d, para destacar que el testigo no indic\u00f3 en qu\u00e9 han consistido los actos posesorios ejecutados por el demandante, falencia que cobra relevancia al contrastarla con la aseveraci\u00f3n del mismo deponente, seg\u00fan la cual el terreno actualmente est\u00e1 convertido en un basurero p\u00fablico, circunstancia que, en el criterio del inconforme, contrar\u00eda la apreciaci\u00f3n del sentenciador acerca de la posesi\u00f3n del predio en cabeza del actor. Del testimonio del se\u00f1or Osorio Vargas dijo el recurrente que valen las mismas glosas, puesto que en su exposici\u00f3n coincide con el primero acerca de la propiedad y destino actual del bien. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la censura c\u00f3mo el Tribunal se contradijo cuando, advirtiendo estar basado en su \u201cconstataci\u00f3n personal\u201d \u2013de la que asegur\u00f3 el inconforme que carec\u00eda de soporte f\u00e1ctico, adem\u00e1s de estar proscrita-, primero repudi\u00f3 de modo absoluto la existencia de actos posesorios en el inmueble, para aseverar, posteriormente, que s\u00ed exist\u00edan, pero en cabeza del demandante, ello con soporte en los testimonios ya mencionados. Precis\u00f3 que si con la directa constataci\u00f3n no se pudo establecer posesi\u00f3n, \u201cmal podr\u00eda el demandante acreditar con testigos hechos positivos de la posesi\u00f3n inexistentes en la realidad seg\u00fan el a quo\u201d, de lo que es altamente sintom\u00e1tico el hecho de que el inmueble est\u00e9 convertido en un basurero (fl. 56). <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al Tribunal de haber cometido error de hecho en relaci\u00f3n con la prueba de inspecci\u00f3n judicial obrante a los folios 70 a 77, 110, 111, y 124 a 131 del cuaderno principal, alegado en las instancias por el recurrente y determinante de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 946, 950, 952 y 981 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Adujo la censura que ese yerro se produjo al afirmar el sentenciador que con base en ella resultaba comprobada, de una parte, la singularizaci\u00f3n del bien al que se refiere la escritura p\u00fablica 2783 de diciembre 20 de 1980, y de la otra, su identidad con el que es materia de la pretensi\u00f3n, sin percatarse que \u201cla nueva\u201d inspecci\u00f3n que se practic\u00f3, obrante a los folios 110, 111, y 124 a 131, al igual que la primera, cuya acta conforma los folios 73 y 74, no agotaron el objeto para el cual se les decret\u00f3, consistente en la determinaci\u00f3n del inmueble descrito en la escritura 2783, para establecer \u201csi la cosa reivindicable o cuota determinada de cosa singular, hizo o hace parte de \u00e9l\u201d, circunstancia que impide comprobar \u201cla identidad entre el inmueble pose\u00eddo por la parte demandada\u201d, como elemento estructural de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Para demostrarlo, apunt\u00f3 el inconforme que la providencia que en una primera ocasi\u00f3n decret\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, dictada el 3 de agosto de 1992, dispuso que \u00e9sta versar\u00eda sobre la identificaci\u00f3n del terreno de mayor extensi\u00f3n al que se refiere la escritura 2783, cometido respecto del que los expertos informaron la absoluta imposibilidad de lograrlo, habiendo resuelto hacerlo, en cambio, en relaci\u00f3n con el de la fracci\u00f3n litigiosa, con la complacencia del juzgador ad quem, lo que el impugnante estim\u00f3 constitutivo de un error grave que en su momento aleg\u00f3, puesto que de lo que se trataba era de identificar el globo mayor y establecer si el reclamado hac\u00eda parte de \u00e9l o no, de donde tal probanza era ineficaz e intrascendente. <\/p>\n
En una segunda oportunidad, y por iniciativa oficiosa, auto de abril 7 de 1994, se decret\u00f3 la misma prueba de inspecci\u00f3n con intervenci\u00f3n de peritos, de la cual son reflejo las actuaciones de los folios 107, 110, 111, 124 a 131 del cuaderno principal, en la que, como en la primera, aleg\u00f3 el impugnante que no se agot\u00f3 su objeto, dedic\u00e1ndose a rengl\u00f3n seguido a detallar las deficiencias, que \u201ceste experticio\u201d registra. <\/p>\n
En el anotado orden de ideas, puso de presente c\u00f3mo los peritos, a pesar de manifestar, basados en \u201cescrituras, certificados de tradici\u00f3n de Agust\u00edn Codazzi (sic)\u201d, que el terreno descrito en la escritura 2783 \u201ccarece de medidas y linderos ciertos y reales\u201d, identificaron uno de m\u00e1s de cien hect\u00e1reas, apoy\u00e1ndose en documentos y planos \u201chechizos\u201d, carentes de \u201cm\u00e9rito probatorio\u201d elaborados por terceros a favor de los interesados, por cuyas bases se cuestion\u00f3, ante la conocida falencia de la escritura. <\/p>\n
Anot\u00f3 el censor que la valoraci\u00f3n atribuida por el Tribunal a las inspecci\u00f3n judicial \u201csub examine\u201d es violatoria de los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil que establecen los elementos estructurales de la acci\u00f3n incoada, desconocidos por el juzgador \u201cal distorsionar, adicionar, la inspecci\u00f3n y\/o su contenido f\u00e1ctico para demostrar singularizaci\u00f3n e identidad entre el bien contenido en la escritura p\u00fablica 2783 y el bien ra\u00edz objeto de la acci\u00f3n del actor\u201d, lo mismo que la coincidencia entre \u00e9ste y el pose\u00eddo por los demandados. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 el impugnante a la desestimaci\u00f3n de la objeci\u00f3n por error grave por \u00e9l formulada contra el peritaje, para concluir que esa decisi\u00f3n del Tribunal fue el producto de la tergiversaci\u00f3n que hizo de la experticia, incurriendo por esto en error de hecho. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Se endilg\u00f3 al sentenciador error de derecho al decidir acerca de la pretensi\u00f3n petitoria de dominio, pues para ese efecto apreci\u00f3 la escritura p\u00fablica 5282, del 30 de octubre de 1984, con lo que aplic\u00f3, indebidamente, los art\u00edculos 745, 756, 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, y dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 762 (inc. segundo), 764 y 981 ib\u00eddem. Como normas procesales violadas mencion\u00f3 los art\u00edculos 174, 187, 197, 256, 258 y 264 del C. de P.C. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n el casacionista el fragmento del fallo en el que se compendia la pretensi\u00f3n del actor, en el sentido de enderezarse a obtener declaraci\u00f3n de dominio respecto del inmueble del litigio y su condici\u00f3n de titular de mejor derecho respecto de la parte demandada, \u201csiendo inoponible\u201d el t\u00edtulo que \u00e9sta ostenta, para expresar que, con esa afirmaci\u00f3n, ignor\u00f3 el fallador, de un lado, que en la contestaci\u00f3n de la demanda aqu\u00e9lla manifest\u00f3 que no derivaba de la escritura 5282 derecho de propiedad, \u201csino derecho de posesi\u00f3n y\/o presunci\u00f3n de dominio\u201d, y del otro, que el actor en el alegato de conclusi\u00f3n \u201cachic\u00f3 y\/o limit\u00f3 sus pretensiones circunscribi\u00e9ndolas a la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
Mediando la primera circunstancia, entendi\u00f3 el censor que al afirmar el Tribunal que no le otorgaba al mencionado instrumento eficacia demostrativa del dominio de los demandados en el inmueble, quebrant\u00f3 las normas procesales arriba enunciadas, resultado que tambi\u00e9n produjo el hecho de que no hubiese averiguado con los dem\u00e1s \u201celementos f\u00e1cticos allegados al proceso su verdadero contenido\u201d. Acerca de la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales apunt\u00f3 que ocurri\u00f3 al dar por probados los elementos de la acci\u00f3n \u201cdespachada y\/o fallada desconociendo la presunci\u00f3n de propiedad que establece el art\u00edculo 762 inciso segundo y el art\u00edculo 981 del C.C.\u201d <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha de tenerse presente que el Tribunal aval\u00f3 la sentencia de primer grado, fincado en dos razones principales: de una parte, encontr\u00f3 que la acci\u00f3n petitoria deb\u00eda prosperar en cuanto el demandante acredit\u00f3 que ostentaba el dominio sobre el inmueble materia del litigio, ello de conformidad con las escrituras p\u00fablicas por \u00e9l relacionadas con tal cometido, y que frente a esa titularidad del derecho de dominio, inscrita en el respectivo folio de matr\u00edcula, el 040 0121101, ninguna mella le har\u00eda la daci\u00f3n en pago que le fuera atribuida a la parte demandada, instrumentada en la escritura p\u00fablica 5282 de octubre 30 de 1984, por cuanto esta no fue registrada cual lo ordena el art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil, trat\u00e1ndose de bienes inmuebles. <\/p>\n
De otro lado, observ\u00f3 el mismo fallador con apoyo principalmente en los testimonios brindados por los se\u00f1ores Argemiro Alfonso Osorio y Ulises R. Castillo, que la pretensi\u00f3n reivindicatoria no pod\u00eda ser acogida, por no haberse acreditado que los demandados tuvieran el predio materia del litigio con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas y dado que solo fue el demandado Barreto Barreto quien interpuso el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo del Tribunal, no as\u00ed su contraparte, se tiene que el mismo, en armon\u00eda con el libelo sustentatorio de dicho recurso extraordinario, s\u00f3lo puede entenderse enderezado a derribar lo decidido por el sentenciador en torno a la acci\u00f3n petitoria de dominio, que fue la que encontr\u00f3 pr\u00f3spera. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha precisado que \u2026 \u201cla acci\u00f3n petitoria para que se declare la propiedad exclusiva de una cosa, y la reivindicatoria son diferentes, pues en la reivindicatoria el demandante, apoy\u00e1ndose en que es due\u00f1o de la cosa a que se refiere el litigio, pide que se le restituya, y en la petitoria pide que se le declare due\u00f1o de la cosa materia de litigio. En la acci\u00f3n reivindicatoria, lo que se pide es la restituci\u00f3n de la cosa, y en la petitoria lo que se pide es una declaraci\u00f3n de propiedad. Tienen algo de com\u00fan estas dos acciones, pero son en el fondo diferentes\u201d (sent. de 24 de marzo de 1942, LIII, p\u00e1g. 265 y de 31 de agosto de 1955, LXXXI, p\u00e1g. 89). <\/p>\n
3. Implica lo tra\u00eddo a colaci\u00f3n en p\u00e1rrafos precedentes, que en el asunto sub lite el \u00e9xito de la demanda de casaci\u00f3n estar\u00eda enteramente supeditado a que se derribara lo concluido por el juzgador ad quem en punto tocante con la titularidad del derecho de dominio alegado por la actora y su correspondencia o identificaci\u00f3n con el predio descrito en el petitum de la demanda incoativa, pues si se mantienen inc\u00f3lumes estas apreciaciones resultar\u00eda irrelevante que se acreditara, a trav\u00e9s de los yerros de apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica denunciados en las acusaciones tercera y cuarta, la posesi\u00f3n aducida por la parte demandada, salvo, claro est\u00e1, que se estableciera que la misma tuvo su inicio antes de que empezara la cadena de tradentes invocada por el demandante, circunstancia coyuntural que en el asunto sub examine ni siquiera fue alegada por el se\u00f1or Barreto Barreto al contestar la demanda formulada por su contraparte, ni al sustentar su recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, en el asunto de esta especie, la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos que es propia de la acci\u00f3n petitoria de dominio, encaminada a que \u201cquien lo tiene en su patrimonio obtenga la declaraci\u00f3n o reconocimiento de \u00e9l contra quien pretende haberlo adquirido tambi\u00e9n\u201d (sent. de 30 de julio de 1962, XCIX, p\u00e1g. 157), es decir, cuando quiera que ambas partes aleguen tener el derecho de dominio sobre el mismo bien, en nada incidir\u00eda el que se estableciera que con ocasi\u00f3n de una eventual posesi\u00f3n de los demandados sobre el predio en disputa, desligada de t\u00edtulo inscrito, surgiera a su favor la presunci\u00f3n de dominio establecida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, pues, como ya se anot\u00f3 en el p\u00e1rrafo precedente, la menci\u00f3n de que la posesi\u00f3n esgrimida en la demanda de casaci\u00f3n fue anterior a los t\u00edtulos de dominio en que la actora finc\u00f3 sus aspiraciones, brilla por su ausencia, tanto en la demanda de casaci\u00f3n, como en la respuesta que dio al libelo incoativo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Acorde con lo anterior, primeramente se ocupar\u00e1 la Sala de las acusaciones primera, segunda y quinta, enderezadas de alguna manera a combatir las apreciaciones efectuadas por el Tribunal en torno a los elementos estructurales de la acci\u00f3n petitoria que ofrecen trascendencia en el cuadro descrito, seg\u00fan se relat\u00f3 con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
a. Observa la Corte que en la primera acusaci\u00f3n se denunci\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho en cuanto infiri\u00f3 la titularidad, en cabeza del demandante, del derecho de dominio sobre el terreno en el que recay\u00f3 este litigio, ello en raz\u00f3n de haberle reconocido eficacia a la escritura p\u00fablica 2783 de 1980 y al folio de matr\u00edcula 040 001 0062, alegando que los linderos en aquella relacionados son \u201cinciertos\u201d y carecen de medidas y que no obstante esa irregularidad, que compromete lo mandado en el art\u00edculo 73 del Decreto 1250 de 1970, fue inscrita en el precitado folio inmobiliario. <\/p>\n
Sobre estos particulares, sea lo primero resaltar que el susodicho folio de matr\u00edcula no hace parte del expediente, lo que lleva a colegir que si el Tribunal lo hubiera \u201capreciado\u201d, tal yerro concernir\u00eda m\u00e1s a la materialidad de la prueba (por suposici\u00f3n) que a su eficacia, por lo que no parece afortunado el que el recurrente hubiera atribuido al sentenciador error de derecho de una prueba que espec\u00edficamente tampoco aparece mencionada en las consideraciones de la sentencia de segunda instancia. Ya en lo que pueda interesar al alegado error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prenombrada escritura 2783, agrega la Sala que, salvo la alusi\u00f3n a la ausencia de las medidas correspondientes a los linderos en ella descritos, la censura no fue m\u00e1s all\u00e1 de transcribirlos y de afirmar que eran \u201cinciertos\u201d, pero sin se\u00f1alar las razones que conducir\u00edan a concluir la aseverada \u201cincertidumbre\u201d, con lo que dej\u00f3 trunca su acusaci\u00f3n, la que a la Corte no le es dado enmendar o complementar, dado el car\u00e1cter extraordinario y dispositivo del recurso que se despacha. <\/p>\n
b. Pero dejando de lado las destacadas deficiencias, es de notar que tampoco tuvieron configuraci\u00f3n de los errores probatorios que la censura present\u00f3 como de derecho, con relaci\u00f3n a los t\u00edtulos de dominio esgrimidos por el demandante. <\/p>\n
Vale la pena reparar, sobre este tema, en que la demanda sometida a los jueces de instancia recay\u00f3, de conformidad con el escrito respectivo, sobre \u201cel lote 2 B que hace parte de la Zona No 2\u201d del globo general de terreno denominado \u2018San Marcos-Zona 2\u2019, predio de 6 hect\u00e1reas y 7.858 mts 2, situado en Barranquilla, el que, en armon\u00eda con el mismo libelo (hecho s\u00e9ptimo), corresponde al folio de matr\u00edcula 040 0121101, que obra a folio 2 del cuaderno principal. Auscultado ese folio de matr\u00edcula inmobiliaria, sin dificultad se advierte (ver primera anotaci\u00f3n, de car\u00e1cter \u201cdefinitivo\u201d), que fue abierto el 25 de enero de 1983, con soporte en la escritura p\u00fablica 2006 de agosto 20 de 1982, que da cuenta de una relaci\u00f3n de linderos bastante detallada, con la se\u00f1alizaci\u00f3n de los propietarios de los predios vecinos y de la longitud de cada colindancia, indicada en metros lineales. <\/p>\n
La susodicha escritura figura en el mismo cuaderno, en copia aut\u00e9ntica, y ella recoge dos actos distintos: una venta que el mismo demandante hizo, a un tercero, de parte del predio \u201cSan Marcos No 2, cuyo folio era el 040 0099578 y el otro, la \u201csegregaci\u00f3n\u201d con que se abri\u00f3 el folio de matr\u00edcula correspondiente al predio que constituye propiamente la materia de la contienda suscitada entre las partes, en el que se hizo coincidir ese inmueble, que pasar\u00eda a llamarse \u201clote 2 B\u201d, con aquella porci\u00f3n del terreno que no fue vendida a trav\u00e9s de la escritura 2006. <\/p>\n
Seg\u00fan el casacionista, la descripci\u00f3n de los linderos efectuada en la escritura 2006 de 1982, se ve afectada por la indeterminaci\u00f3n que el mismo recurrente atribuy\u00f3 a lo consignado sobre el particular en la escritura 2783 de 1980, por la cual la actora aparece comprando el predio del que hace parte el que hoy es tema de debate. Para demostrar tal aserto, ya se dijo, la censura se limit\u00f3 a ofrecer la mera transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n que sobre linderos consta en el segundo de los documentos notariales atr\u00e1s rese\u00f1ados; destac\u00f3 que en \u00e9l se omiti\u00f3 toda menci\u00f3n de la medidas de esos l\u00edmites en unidades propias del sistema m\u00e9trico decimal y aludi\u00f3 a las normas de disciplina probatoria que entendi\u00f3 vulneradas por el Tribunal. Observa la Corte que la invocada indeterminaci\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n, soportada en la anunciada ausencia de se\u00f1alizaci\u00f3n de la longitud de sus lindes en la escritura 2783 de 1980, se erigi\u00f3 como el reproche en que, de manera principal y casi exclusiva, se hizo fincar la primera acusaci\u00f3n: cosa distinta no cabe deducir de la lectura integral de su texto, no muy claro, por cierto. <\/p>\n
En torno a estos temas, cumple recordar que en armon\u00eda con el art\u00edculo 99 del Estatuto del Notariado (D. 960 de 1970), \u201cdesde el punto de vista formal, son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales en los siguientes casos: … … 6\u00ba cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones\u201d, precepto que tra\u00eddo al sub lite, impone verificar si, partiendo de los t\u00e9rminos en que el recurrente estructur\u00f3 su acusaci\u00f3n, en virtud de la legislaci\u00f3n vigente para la fecha en que se expidi\u00f3 la escritura (20 de diciembre de 1980), la cita de la longitud de los linderos del predio a que alude el referido acto notarial se erige como la preterici\u00f3n de un requisito esencial que de lugar a la sanci\u00f3n contemplada en la rese\u00f1ada disposici\u00f3n, dr\u00e1stica, por cierto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, al respecto, que en virtud del art\u00edculo 31 ibidem, en las estipulaciones que se hagan constar en las escrituras p\u00fablicas, relacionadas con inmuebles que sean objeto de enajenaci\u00f3n, estos \u00faltimos \u201cse identificar\u00e1n por su c\u00e9dula o registro catastral si lo tuvieren; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde est\u00e1n ubicados, y por sus linderos\u201d y que, \u201csiempre que se exprese la cabida se emplear\u00e1 el sistema m\u00e9trico decimal\u201d. Puede observarse, entonces, que espec\u00edficamente, este precepto no consagr\u00f3, como requisito indispensable para la determinaci\u00f3n o identificaci\u00f3n del predio a que concierna el negocio jur\u00eddico instrumentado en la respectiva escritura p\u00fablica, la extensi\u00f3n lineal de sus linderos, lo que ciertamente parece entendible si se considera que lo querido por el legislador es que con los datos expresamente por \u00e9l exigidos, el respectivo inmueble sea suficientemente identificado, vale decir, diferenciado de los dem\u00e1s. O como otrora se precis\u00f3, lo que importa es que \u201cse sepa a ciencia cierta a cu\u00e1l inmueble se hace referencia, finalidad que s\u00f3lo se consigue cabalmente cuando el bien se describe en la forma en que lo consagra dicho precepto (el art. 31 del E. de Not.)\u201d (sent. de julio 31 de 1992, exp. 773592), cometido que no exige, de manera ineludible, la menci\u00f3n de las medidas de esos linderos. <\/p>\n
Sin duda, la previsi\u00f3n echada de menos por el censor puede resultar muy provechosa en el feliz agotamiento de ese prop\u00f3sito de identificaci\u00f3n del terreno y, claro est\u00e1, habr\u00e1 casos en que la descripci\u00f3n de los l\u00edmites que de un terreno en particular se haga constar en una escritura p\u00fablica, desprovista de las susodichas medidas, pueda no ser id\u00f3nea para individualizar o singularizar el predio respectivo. Con todo, frente a los efectos pr\u00e1cticos que ata\u00f1en a la presente decisi\u00f3n, para establecer si el asunto en estudio se ajustaba a esta \u00faltima hip\u00f3tesis, era menester que el casacionista hubiera exteriorizado las razones que condujeran irremediablemente a semejante conclusi\u00f3n, las que brillan por su ausencia, y no cabe a la Corte averiguar de oficio, dados los caracteres dispositivo y extraordinario inherentes al recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es que revestida como est\u00e1 la sentencia del Tribunal, de la presunci\u00f3n de legalidad de acierto y siendo que ese fallo de alguna manera tambi\u00e9n recoge una presunci\u00f3n de validez y eficacia de los t\u00edtulos de dominio ostentados por la parte actora, se hac\u00eda todav\u00eda m\u00e1s ardua la carga procesal que le impon\u00eda al casacionista agotar una contundente labor de demostraci\u00f3n tendiente a derribar, de ra\u00edz, todas las razones que llevaron al juzgador a colegir que el actor acredit\u00f3 -como era de su resorte- su anunciada condici\u00f3n de propietario del predio en disputa. Sin embargo, ya se registr\u00f3 que en claro desd\u00e9n con la comentada carga de argumentaci\u00f3n, el recurrente se limit\u00f3 a destacar la ausencia, no de la descripci\u00f3n de los controvertidos linderos, sino de su longitud, as\u00ed como a transcribir la informaci\u00f3n que sobre ellos figura en la escritura p\u00fablica 2783 de 1980, sin explicar porqu\u00e9, per se, esa omisi\u00f3n redundaba en la afirmada indeterminaci\u00f3n de los lindes del terreno. <\/p>\n
c. Tampoco olvida la Sala que el recurrente aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 76 del C. de P. C. y 73 del Decreto 1250 de 1970, normas que no son precisamente las llamadas a dilucidar el tema del que se viene tratando. <\/p>\n
La primera, como se sabe, regula lo atinente a la forma como en las demandas judiciales (no en las escrituras p\u00fablicas), deben ser identificados los inmuebles sobre las que ellas versen. Este precepto, en ninguna de sus dos versiones, la vigente para la \u00e9poca en que se impetr\u00f3 la demanda incoativa (marzo de 1991) y la actual, modificada por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 794 de 2003, impone la cita de las medidas de los linderos. Por el contrario, al consagrar que \u201cno se exigir\u00e1 la transcripci\u00f3n de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda\u201d y procurando evitar la profusi\u00f3n de transcripciones innecesarias en el comentado aspecto, sin dejar de lado obviamente, su insoslayable preocupaci\u00f3n porque fuera atendida, a plenitud, la carga de identificaci\u00f3n y singularizaci\u00f3n que del correspondiente predio gravita sobre el demandante, valga la pena avalarlo, el legislador matiz\u00f3 la rigurosidad que -con anterioridad a la citada modificaci\u00f3n legislativa- sobre el punto algunos reclamaban en forma inapropiada, desde luego que cada exigencia que se predique del comportamiento procesal de las partes, s\u00f3lo se justifica en la medida en que reporte alguna utilidad con miras a garantizar una adecuada finiquitaci\u00f3n de la respectiva controversia. <\/p>\n
La segunda de las prenombradas disposiciones que el inconforme invoc\u00f3 como infringida por el sentenciador de segunda instancia, fue concebida con efectos meramente catastrales. No se pierda de vista, en torno a este \u00faltimo tema, que en armon\u00eda con la Resoluci\u00f3n 2555 de 1988, emanada del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico – Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, \u201cel catastro es el inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificaci\u00f3n f\u00edsica, jur\u00eddica, fiscal y econ\u00f3mica\u201d (art. 1\u00ba), y que entre los \u201cobjetivos esenciales\u201d de la descripci\u00f3n de los aspectos atr\u00e1s anunciados, los relacionados en el art\u00edculo 7\u00ba de la misma Resoluci\u00f3n, no se encuentra el perseguido por el casacionista, atinente, como \u00e9ste lo sugiri\u00f3, a la configuraci\u00f3n de nulidad de escrituras p\u00fablicas, por vicios formales, con fundamento en el Estatuto de Notariado (art. 99, num. 6\u00ba). <\/p>\n
Cabe adicionar que la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 99 del Decreto 960 de 1970 s\u00f3lo puede abrirse paso en aquellos eventos espec\u00edficos en que el ordenamiento positivo lo prevea, pues \u201clas disposiciones legales que establecen causas de nulidad en los actos y contratos son de interpretaci\u00f3n estricta, seg\u00fan la regla de que las leyes odiosas han de entenderse dentro de sus t\u00e9rminos precisos sin que puedan aplicarse a casos no expresados en ellas\u201d (sent. 13 de noviembre de 1923, XXX, 212). <\/p>\n
5. En los antecedentes de esta providencia qued\u00f3 registrado que en varias de sus acusaciones, principalmente en la quinta, el censor fustig\u00f3 al Tribunal porque dedujo la identidad entre el predio materia del litigio con el compravendido en virtud de la escritura p\u00fablica 2783 de 1980. Asever\u00f3 que el fallador incurri\u00f3 en error de hecho por cuanto no apreci\u00f3 que las inspecciones judiciales adelantadas durante la instancia inicial del proceso, con el auxilio de peritos, versaron espec\u00edficamente sobre el predio en disputa y no, seg\u00fan lo decret\u00f3 en su momento el juez a quo (autos de agosto 3 de 1992 y abril 7 de 1994), con relaci\u00f3n al de \u201cmayor extensi\u00f3n\u201d, del cual aqu\u00e9l har\u00eda parte. <\/p>\n
Para repeler el reproche tra\u00eddo a cuento, sea suficiente con advertir que examinadas las cosas con mayor celo se observa que con relaci\u00f3n al predio materia de controversia fue abierto un folio de matr\u00edcula independiente, el No 40 0121101 (cdno 1, fl. 3), luego no parece muy acertado predicar la existencia de uno de \u201cmayor extensi\u00f3n\u201d, a no ser que por tal se tenga el globo general del cual eman\u00f3 el primero, antes de que fuera creado el folio en menci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si en su tarea de identificar ese inmueble de \u201cmayor extensi\u00f3n\u201d, los peritos encontraron que del mismo hac\u00eda parte el que propiamente constituye la materia del litigio y que este \u00faltimo correspond\u00eda al descrito en el petitum de la demanda, no hay forma, entonces, de deducir el desbordamiento que el casacionista atribuy\u00f3 a los auxiliares de la justicia, m\u00e1xime si se repara en que, a la saz\u00f3n, el terreno que de manera espec\u00edfica se disputan las partes, es, como ya se anot\u00f3, el aludido por la actora al presentar las pretensiones que incluy\u00f3 en su demanda inicial (el distinguido por tener una cabida de \u201c6 ha.7.858 m2\u201d), de donde no tiene porqu\u00e9 sorprender que los expertos se ocuparan principalmente de elucidar lo atinente a la identificaci\u00f3n de dicho inmueble de inferior superficie, contrast\u00e1ndolo con el terreno de \u201cmayor extensi\u00f3n\u201d, seg\u00fan lo denomin\u00f3 la censura, m\u00e1xime si en esa forma lo orden\u00f3 el juez a quo al abrir el proceso a pruebas. <\/p>\n
Ciertamente, bueno es anotar que de alguna manera las providencias dictadas por el juez de primera instancia los d\u00edas 3 de agosto de 1992 y 7 de abril de 1994 guardan relaci\u00f3n con el auto por el que se abri\u00f3 inicialmente a pruebas el proceso, proferido el 17 de marzo de 1992 (cdno 1, fls 42 a 43), en el que con suficiente claridad se constata que fueron decretadas las inspecciones judiciales solicitadas por las partes en sus escritos de demanda y de contestaci\u00f3n y que, en aquella, la actora reclam\u00f3 que la diligencia se practicara \u201ccon intervenci\u00f3n de peritos en el terreno descrito en la parte primera del petitum para establecer, entre otras cosas … linderos, medidas, extensi\u00f3n, si hizo parte del globo de terreno descrito en la escritura p\u00fablica No. 2783 …\u201d (fl. 16) y que, adem\u00e1s, como los peritos designados para el efecto no tomaron posesi\u00f3n de su encargo, fueron nombrados los que luego presentaron los distintos dict\u00e1menes, es decir, los se\u00f1ores ALVARO ARIZA y RODRIGO NAVARRO (fl. 50), quienes pidieron una pr\u00f3rroga para presentar la experticia (fl. 68), a la que accedi\u00f3 el juzgado a quo con su auto de agosto 3 de 1992 (fl. 70), disponiendo seg\u00fan lo destac\u00f3 el censor. <\/p>\n
En el descrito orden de ideas, lejos qued\u00f3 de acreditarse que el Tribunal cometi\u00f3 yerro de apreciaci\u00f3n probatoria en cuanto no observ\u00f3 que los rese\u00f1ados dict\u00e1menes desconocieron o rebosaron lo decretado por el juez a quo y que, en tal virtud, su eficacia probatoria debi\u00f3 ser desconocida por el juzgador ad quem. T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que este reproche parece m\u00e1s vinculado con los errores de tipo probatorio tambi\u00e9n, pero de una naturaleza distinta al denunciado por la censura en su quinta acusaci\u00f3n, por concernir a una regla de la anunciada disciplina. <\/p>\n
6. Desestimada la presencia del esgrimido error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 2783 de 1980, pierde piso el predicado por la censura (en su segunda acusaci\u00f3n), de cara a los actos escriturarios 1074 de mayo 29 de 1981, 2006 de agosto 20 de 1982 y 3832 de 1990, de los que dijo el recurrente que \u201cson meridianamente arbitrarios, velados, producto del af\u00e1n del actor de otorgarle medidas y linderos al inmueble contenido en la escritura p\u00fablica No 2783\u201d. Desde luego, siendo el fundamento principal de este cargo la extensi\u00f3n que de los vicios atribuidos a la escritura p\u00fablica cuya validez se atac\u00f3 en la primera acusaci\u00f3n, al desecharse esta \u00faltima, de contera quedan sin base los reproches achacados a las dem\u00e1s escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n
7. Acompasando con lo advertido al comienzo de estas consideraciones, reitera la Sala que ante la suerte de los reproches contenidos en las dos primeras acusaciones y en la quinta, resultar\u00edan por entero inocuos los yerros de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba que le fueron atribuidos al sentenciador en cuanto concierne a la identificaci\u00f3n del verdadero poseedor del inmueble de marras, cr\u00edtica en que no fue muy claro el casacionista, en cuanto sostuvo que el sentenciador err\u00f3 ostensiblemente cuando concluy\u00f3 que dicha tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o era detentada por la actora (cargo cuarto), afirmaci\u00f3n que el sentenciador no hizo suya, pues lo que \u00e9ste concluy\u00f3 fue que no se demostr\u00f3 que tal posesi\u00f3n radicara en cabeza de la parte demandada. <\/p>\n
A la par con el rese\u00f1ado desenfoque, la Corte llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que la legitimaci\u00f3n del recurrente para atacar, en sede de casaci\u00f3n, la deducida por el Tribunal ausencia de prueba de la calidad de poseedores de los demandados respecto del terreno en alusi\u00f3n, ciertamente aparece en entredicho, porque ese aserto fue abordado por el juzgador con miras a desechar la posibilidad de \u00e9xito de las pretensiones que recog\u00edan la acci\u00f3n reivindicatoria intentada por el se\u00f1or Ochoa Ochoa, lo que condujo a una decisi\u00f3n a ese respecto desestimatoria y, por ende, favorable por entero a los demandados. A\u00f1\u00e1dase, sobre este particular, que al sustentar sus acusaciones tercera y cuarta, la censura no se detuvo a explicitar las razones por las que, en su criterio, no obstante haber salido favorecido con el despacho adverso de las pretensiones de tipo reivindicatorio, se encontraba \u00e9l habilitado para atacar en casaci\u00f3n lo deducido por el juzgador en punto tocante con la identificaci\u00f3n de quienes detentaban la posesi\u00f3n sobre el predio en disputa. <\/p>\n
Tampoco luce muy convincente el proceder del impugnante, en cuanto reproch\u00f3 al Tribunal porque dedujo que la posesi\u00f3n del demandante con apoyo en los testimonios de los se\u00f1ores Castillo Pacheco y Osorio Vargas, no obstante que \u00e9stos al un\u00edsono relataron que el terreno \u201cera un basurero\u201d, ello como queriendo significar (el censor), que dado el abandono que soportaba el terreno en cuesti\u00f3n, era un exabrupto concluir la posesi\u00f3n del se\u00f1or Ochoa Ochoa. Sin embargo, olvidando sus propias razones, es decir, las relacionadas con el abandono del inmueble, el casacionista aleg\u00f3 ser, \u00e9l mismo, quien lo pose\u00eda. <\/p>\n
Pero haciendo caso omiso de las comentadas inconsistencias, a\u00f1ade la Sala que as\u00ed se tuviera por cierto que el sentenciador err\u00f3 enormemente por no reconocer que el se\u00f1or Barreto Barreto era el poseedor del bien en disputa (as\u00ed se afirm\u00f3 en las acusaciones tercera y cuarta), tampoco prosperar\u00eda el recurso de casaci\u00f3n que se despacha, porque, en situaci\u00f3n contraria a la del demandante, ese supuesto \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del demandado no estuvo acompa\u00f1ado de un t\u00edtulo de dominio, seg\u00fan lo concluy\u00f3 el Tribunal y no lo disput\u00f3 el casacionista, y porque, adem\u00e1s, ni al contestar la demanda, ni al sustentar su recurso de casaci\u00f3n, el se\u00f1or Barreto Barreto asever\u00f3 (y menos demostr\u00f3), que su posesi\u00f3n era anterior a la titulaci\u00f3n de dominio invocada por el demandante como sustrato de la pretensi\u00f3n petitoria. Es m\u00e1s, en los referenciados escritos no se encuentra menci\u00f3n sobre la fecha o \u00e9poca probable en que la posesi\u00f3n alegada por el casacionista tuvo su comienzo. <\/p>\n
8. La falta de \u00e9xito de los cargos que le preceden determina a su vez el repudio de los reproches contenidos en la sexta acusaci\u00f3n, en la que se hizo al Tribunal reo de la incursi\u00f3n de un error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 5282 de octubre 30 de 1994, que recoge una supuesta daci\u00f3n en pago a favor del hoy recurrente. Sostuvo \u00e9ste que el juzgador no observ\u00f3 que en la contestaci\u00f3n de la demanda claramente el se\u00f1or Barreto Barreto advirti\u00f3 que sus derechos sobre el predio no derivaban del citado instrumento notarial, sino de la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el inmueble, y que, en sus alegatos de conclusi\u00f3n ante el juez a quo, su contraparte \u201cachic\u00f3 y\/o limit\u00f3 sus pretensiones, circunscribi\u00e9ndolas a la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
En adici\u00f3n a que esta cr\u00edtica avizora mayor compatibilidad con un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y no del linaje se\u00f1alado por el recurrente, se resalta que en la respuesta al libelo incoativo no se encuentra menci\u00f3n clara y concreta acerca de una posible posesi\u00f3n del predio en cabeza de alguno de los demandados, o de ambos a la vez. N\u00f3tese que frente a afirmaciones contundentes efectuadas en el libelo incoativo, tales como que el se\u00f1or Ochoa Ochoa \u201cha venido poseyendo y posee actual y personalmente, sin intermediarios, en forma ininterrumpida … no s\u00f3lo el lote de terreno que se defini\u00f3 en la parte petitoria de este libelo, sino en la totalidad del globo de terreno adquirido por la escritura 2783, por espacio de 10 a\u00f1os, a los cuales agrega, para completar 31 a\u00f1os, los 21 a\u00f1os pose\u00eddos por sus tradentes\u201d (hecho 18), la demandada se limit\u00f3 a responder que \u201cno es cierto, que lo pruebe\u201d (fl. 26), sin atribuirse, ni repudiar \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo alguno y complement\u00f3 su defensa afirmando en forma lac\u00f3nica y sin aducir excepci\u00f3n de ninguna entidad, que \u201cde acuerdo con los fundamentos de derecho en que por medio de su apoderado el demandante apoya su solicitud, legalmente no se deducen las conclusiones que de ellos se pretende deducir\u201d. En s\u00edntesis, resplandece por su ausencia el yerro de naturaleza probatoria atribuido al Tribunal en cuanto toca con la apreciaci\u00f3n que hizo de la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Resta apenas recordar que en la acusaci\u00f3n apoyada en la causal segunda de casaci\u00f3n la Corte se pronunci\u00f3 sobre el alcance de la manifestaci\u00f3n efectuada por el apoderado de la actora al sustentar sus alegaciones de fondo ante el juzgador a quo, lo que sin m\u00e1s conlleva el despacho adverso de los cargos que conjuntamente se estudiaron. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 25 de agosto de 1998, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso ordinario de EDGAR DE JESUS OCHOA OCHOA, frente a EMILIO MUVDI RINCON, y el recurrente JAIME BARRETO BARRETO, a quien se condena en costas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-302-2005 [7616] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente 7616 Decide la Corte el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}