SC-304-2005 [2645]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente 2645 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado ALVARO ARENAS SELMAN, contra la sentencia del 23 de febrero de 2000, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ordinario tramitado por iniciativa de CARLOTA BURKHARDT DE DIAZGRANADOS, CLAUDIA, MILENA DEL CARMEN, ENRIQUE ANTONIO, MARCELA y CARLOS DIAZGRANADOS BURKHARDT. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante libelo que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, los demandantes reclamaron que se condenara a ALVARO ARENAS SELMAN a restituirles el inmueble que se identifica, seg\u00fan el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n por ellos aducido, de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201cEl lote No. 1 situado en el Municipio de Puerto Colombia, cuya descripci\u00f3n y linderos se encuentran en la escritura 847 de 26 de marzo de 1985 de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla. Seg\u00fan el certificado 07329 de 2 de junio de 1992 expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -Seccional Atl\u00e1ntico- que se protocoliza con esta sucesi\u00f3n, este inmueble tiene los siguientes linderos: NORTE … con Arenas Selman Alvaro; ORIENTE … con Besalel Galeano Violeta (079) y Cervecer\u00eda Aguila S.A. (061); SUR … con Autopista Barranquilla a Puerto Colombia; OCCIDENTE … con Trapos\u00f3n y Compa\u00f1\u00eda Limitada. Referencia Catastral No. 00-03-000-0114-000\u201d. <\/p>\n
2. Asimismo, solicitaron que la condena se extendiera a la orden de restituci\u00f3n de los frutos naturales y civiles del referido bien, los percibidos y los que se hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y actividad, durante el tiempo en que el demandado estuviera en posesi\u00f3n el inmueble. Pidieron que en caso de ser reputado poseedor de buena fe, la condena anterior se impusiera respecto de los frutos percibidos o que se hubiesen podido percibir a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3. Como sustento de estas pretensiones, expusieron los actores que adquirieron en com\u00fan y proindiviso el inmueble referenciado, al liquidarse notarialmente la sucesi\u00f3n de ENRIQUE DIAZ GRANADOS SAURI, conforme consta en la escritura 1095 del 26 de abril de 1993, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Barranquilla, inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-0161804. <\/p>\n
Vincularon la titularidad del dominio de su causante DIAZ GRANADOS SAURI sobre dicho fundo, al negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado por \u00e9ste con la sociedad PROFESIONAL LTDA, mediante escritura p\u00fablica 3388 del 9 de diciembre de 1985, inscrita en el aludido folio, acto se\u00f1alado como eslab\u00f3n de una cadena sucesiva de traspasos iniciada con la escritura 2117 del 30 de noviembre de 1960 de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, con lo que sostuvieron que la suya era \u201cuna tradici\u00f3n limpia, clara e ininterrumpida\u201d. <\/p>\n
El demandado posee el inmueble de propiedad de los actores de mala fe, puesto que en raz\u00f3n de su actividad profesional en el \u00e1rea de la administraci\u00f3n de bienes inmuebles, \u201ces razonable presumir que es persona experta y conocedora del r\u00e9gimen de bienes inmuebles en Colombia, y esta circunstancia desvirt\u00faa la posibilidad de que la posesi\u00f3n que ejerce (…) sea producto de un justo error\u201d. <\/p>\n
4. El demandado se opuso a tales pedimentos y en cuanto a los hechos se pronunci\u00f3 de la manera siguiente: <\/p>\n
A. El inmueble adjudicado a los demandantes en la sucesi\u00f3n del causante se determin\u00f3 por los linderos, pero no por las medidas, especificaciones que s\u00ed se hicieron constar en el t\u00edtulo mediante el cual el de cujus adquiri\u00f3 de la sociedad PROFESIONAL LTDA., representada por \u00e9l mismo (e. p. 3388 de diciembre 9 de 1985). En relaci\u00f3n con dicho aspecto (medidas del predio), apunt\u00f3 que en las escrituras 847 y 899 de 26 y 29 de marzo de 1985 constan las sucesivas divisiones del inmueble \u2018original\u2019 efectuadas por la sociedad PROFESIONAL LTDA., en virtud de las cuales, primero lo seccion\u00f3 en tres lotes designados como 1, 2 y 3, subdividiendo, posteriormente, el primero de ellos, en otros dos, denominados a su vez lotes 1 y 2. <\/p>\n
El examen de las medidas y \u00e1reas de los lotes resultantes de dichos fraccionamientos arroja como consecuencia, que con fundamento en la informaci\u00f3n contenida en la escritura de compra a favor de PROFESIONAL LTDA (901 de 30 de abril de 1982, Notar\u00eda 1\u00aa de Barranquilla) el globo inicial era de 146.100,17 m2 y que, al hacerse la divisi\u00f3n en 3 lotes, mediante la escritura 847, el \u00e1rea \u201csube aproximadamente\u201d a 155.598 m2\u201d, y luego \u201cdesciende\u201d a 128.100 m2, al subdividirse el lote n\u00famero 1 en otros dos, mediante la escritura 899 de 1985. <\/p>\n
En la escritura de aclaraci\u00f3n 2598 de 17 de septiembre de 1985 (Notar\u00eda 1\u00aa de Barranquilla) otorgada por PROFESIONAL LTDA, se expresa que el lote subdividido no fue el 1 sino el 3 y que los lotes resultantes, designados como 1 y 2, tienen \u00e1reas de 85.331.08 m2 y 30.037 m2, \u201co sea un total de 115.338.08 m2\u201d, no obstante que en la escritura 847 de marzo 26 de 1985 se dijo que el susodicho lote 3 ten\u00eda \u201caproximadamente 155.600 m2\u201d. <\/p>\n
B. Las escrituras 2106 de octubre 2 de 1980 y 320 de 1 de marzo de 1982 (ambas de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla) aludidas en el hecho cuarto, dan cuenta de compraventas \u201cque en nada se refieren ni al lote solicitado en reivindicaci\u00f3n ni al que se identifica como resultado de las divisiones y subdivisiones\u201d. En las escrituras 2547 y 3014 de 31 de octubre y 21 de diciembre de 1979, respectivamente, otorgadas en la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, relacionadas en el hecho sexto, \u201cen forma absoluta existe el predio objeto de la reivindicaci\u00f3n, debidamente identificado tal como se pretende reivindicar\u201d. <\/p>\n
C. La escritura 2402 de octubre 26 de 1979 de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, da cuenta de la adquisici\u00f3n por parte de ANDRES SALCEDO de dos lotes de cabida individual de 25 y 5 hect\u00e1reas, d\u00e1ndose como longitud del lindero NORTE del primero 537 metros, cantidad que se extendi\u00f3 en \u201cuna longitud de 100 metros sin justificaci\u00f3n ni motivo alguno\u201d. Esta afirmaci\u00f3n se hizo derivar de la confrontaci\u00f3n de lo expuesto en la escritura 2117 de noviembre 30 de 1960, en la que al indicado lindero se le asign\u00f3 una longitud de 437 metros, \u201co sea \u2013dijo el demandado- que del a\u00f1o de 1960 al de 1979, el lote creci\u00f3 por su lado Norte en una extensi\u00f3n de 100 metros\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que la tradici\u00f3n que esgrime la parte demandante no es clara, pues \u201ctiene etapas en las cuales los predios crecen y luego disminuyen sin una secuencia l\u00f3gica\u201d, y que en dicha tradici\u00f3n no se encuentra cobijada la porci\u00f3n de terreno que se pretende ubicar en cabeza del demandado, a t\u00edtulo de poseedor actual. <\/p>\n
D. Neg\u00f3 ser el poseedor de terreno de los demandantes, as\u00ed como la identidad entre el inmueble pose\u00eddo como propietario \u201cy el que identifican en la demanda como pretendido en reivindicaci\u00f3n\u201d. Aleg\u00f3 que es propietario del inmueble denominado \u201cLas Trinitarias\u201d, situado en Puerto Colombia, con una cabida aproximada de una hect\u00e1rea y 487 m2, cuyo dominio deriv\u00f3 de la Resoluci\u00f3n del Incora Nro. 00149 de 15 de febrero de 1993, inscrita en el folio de matr\u00edcula 040-024-0241224, en la que constan sus medidas y linderos,. <\/p>\n
5. Dentro de la tramitaci\u00f3n de la instancia se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, quienes presentaron la experticia fechada el 7 de mayo de 1996 (folios 152 a 176, cuaderno 1), en la que, en s\u00edntesis, concluyeron positivamente acerca de la identidad entre el bien descrito en los t\u00edtulos de propiedad de los accionantes, el pose\u00eddo por el demandado y el reclamado por los primeros. Objetado por error grave por el demandado, en nuevo dictamen del 24 de septiembre de 1996, aclarado y complementado por iniciativa de los demandantes, los expertos concluyeron en sentido contrario al inicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Al abordar el juzgador ad quem el examen de la denominada acci\u00f3n reivindicatoria, de la que destac\u00f3 los elementos que la caracterizan, resalt\u00f3 c\u00f3mo el juez a quo extra\u00f1\u00f3 el atinente a la identidad entre el bien perseguido y el pose\u00eddo por el demandante, fund\u00e1ndose en la segunda prueba pericial, seg\u00fan la cual \u00e9ste le fue adjudicado por el Incora y tiene un \u00e1rea de 10.907 m2, mientras que el que se pretende reivindicar tiene un \u00e1rea de 13.900 m2. <\/p>\n
2. Inmerso en el prop\u00f3sito de \u201canalizar los dos dict\u00e1menes, puso de presente la conclusi\u00f3n de la primera experticia favorable a la cuestionada identidad, para lo cual rese\u00f1\u00f3 los fundamentos que al efecto se expusieron en ese dictamen, as\u00ed como los rese\u00f1ados en el escrito de la objeci\u00f3n que presentara el demandado. Complement\u00f3 tal resumen con el correspondiente a la segunda experticia y a la aclaraci\u00f3n dispensada por quienes la rindieron, ante el requerimiento que en ese sentido exterioriz\u00f3, en su momento, la parte actora. <\/p>\n
3. Tras precisar los errores graves se\u00f1alados por el demandado contra el dictamen primigenio, el juez ad quem descart\u00f3 su ocurrencia. Afirm\u00f3 que los primeros peritos hab\u00edan efectuado \u201cde forma exacta el estudio de t\u00edtulos y realizado el levantamiento planim\u00e9trico del terreno\u201d, viendo en esto la raz\u00f3n \u201cpara que al efectuar el primer plano, manifiesten que en la escritura p\u00fablica 2402 de octubre de 1979, aparezca la diferencia de 100 metros en la medida del lindero (folio 156, cdno principal) y que al reafirmar su estudio (se refiere el Tribunal a un escrito presentado espont\u00e1neamente por los expertos despu\u00e9s de que su dictamen fuera objetado por el demandado), remarcan como error mecanogr\u00e1fico al redactar la aludida escritura, porque una simple operaci\u00f3n matem\u00e1tica referente a las medidas del plano No. 1 que corresponde a la escritura p\u00fablica 2117 del 30 de noviembre de 1960 y las del plano No. 3 de la escritura p\u00fablica 2457 de octubre 31 de 1979, establece una diferencia de 21 metros 70 cent\u00edmetros, lo que es insignificante frente a un globo inicial de terreno de 30 hect\u00e1reas aproximadamente\u201d (fl. 28, negrillas del texto). <\/p>\n
Apoy\u00e1ndose en la precedente reflexi\u00f3n, declar\u00f3 el Tribunal que quedaron sin sustento \u201clas pretendidas \u00e1reas mayores del terreno\u201d, y el error grave aducido por la demandada. Afirm\u00f3 que hubo \u201cuna correcta apreciaci\u00f3n valoratoria de las pruebas documentales y su levantamiento, y se estableci\u00f3 la relaci\u00f3n suficiente entre la verdad y la experticia t\u00e9cnica, existiendo identidad entre el inmueble sobre el cual arraiga el derecho cuya titularidad pretende demostrar el actor y el que posee el demandado\u201d. <\/p>\n
4. Dicho lo anterior, pas\u00f3 a estudiar lo referente a la propiedad del bien materia de reivindicaci\u00f3n en cabeza de los actores, requisito que encontr\u00f3 satisfecho con apoyo en la prueba documental conformada por el folio de matr\u00edcula 040-0161804 y, las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 1095 del 26 de abril de 1993, 3388 del 9 de diciembre de 1985, 901 del 30 de abril de 1982, 2106 del 2 de octubre de 1980, 338 del 29 de febrero de 1980, 2547 del 31 de octubre de 1979, 2402 del 26 de octubre de 1979 y 2117 del 30 de noviembre de 1960, sentando la siguiente apreciaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cY este itinerario de las transferencias del dominio, precisan que desde noviembre 30 de 1960, ya Enrique D\u00edazgranados, padre y esposo de los actuales propietarios, aparec\u00eda como copropietario de dos lotes de mayor extensi\u00f3n, con cabida de 25 hect\u00e1reas y 5 hect\u00e1reas, respectivamente (donde se ubica el que es objeto de la demanda), aportados para la constituci\u00f3n de la sociedad Canteras Barranquilla Ltda. e igualmente, se constata que ALVARO ARENAS SELMAN, actuando como representante legal de la Urbanizadora El Lago Ltda., en octubre 2 de 1980 (20 a\u00f1os despu\u00e9s de la primigenia adquisici\u00f3n por el se\u00f1or Enrique Diazgranados Sauri) y mediante escritura p\u00fablica 2106 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Barranquilla, adquiere el globo de terreno por compra a Celadur\u00eda Interna Argos Ltda., quien lo hab\u00eda comprado al mencionado Enrique D\u00edazgranados, escasos 7 meses atr\u00e1s, y posteriormente esta sociedad, representada, como se indic\u00f3 por ALVARO ARENAS SELMAN, lo enajen\u00f3 en parte a la sociedad Profesional Ltda. (cuyos socios los constitu\u00edan los actuales titulares de dominio), representada legalmente por Enrique D\u00edazgranados, en abril 30 de 1982\u201d (fl. 30, negrillas tomadas del texto). <\/p>\n
5. A\u00f1adi\u00f3, en torno a la posesi\u00f3n del demandado, que \u00e9ste se afirm\u00f3 propietario del bald\u00edo denominado \u201cLas Trinitarias\u201d en virtud de la Resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n No. 149 de 1993, emanada del INCORA, por cuanto all\u00ed demostr\u00f3 haber explotado el mencionado predio por varios a\u00f1os. Dicho acto administrativo, dijo el fallador, daba lugar al enfrentamiento de los t\u00edtulos de dominio esgrimidos por los extremos del litigio, debiendo prevalecer la titularidad radicada en los demandantes, reveladora como fue de m\u00e1s de 30 a\u00f1os ininterrumpidos de propiedad inscrita, que finalizaron con el registro efectuado en su favor como adjudicatarios en la sucesi\u00f3n de Enrique D\u00edazgranados Sauri, antecedentes que lo llevaron a expresar que ofrec\u00edan \u201clas mejores condiciones de validez y antig\u00fcedad\u201d y resultaban anteriores \u201cal inicio de la posesi\u00f3n y titularidad del demandado, desapareciendo la presunci\u00f3n legal de dominio que amparaba a \u00e9ste\u201d, acorde con el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil (fl. 31). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cuatro cargos se formularon contra la sentencia, tres con estribo en la causal primera y uno por la quinta. Por resultar incompatible con lo perseguido por el recurrente en sus acusaciones tercera y cuarta (una sentencia absolutoria), la Corte no se ocupar\u00e1 de la segunda, en tanto que con ella, enderezada tambi\u00e9n por la causal primera, se persigue una decisi\u00f3n inhibitoria. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Sostuvo el impugnante que la sentencia recurrida se dict\u00f3 hall\u00e1ndose afectado el proceso de la causal de nulidad, no saneada, prevista en el numeral 9 del art\u00edculo 140 del C. de P. C. <\/p>\n
Luego de citar los art\u00edculos 63, 83 y 259 del C. de P. C., as\u00ed como el 949 del C\u00f3digo Civil, expuso el censor que los demandantes conforman un litisconsorcio necesario por tratarse de copropietarios que reclaman la reivindicaci\u00f3n de una cosa singular, de manera que era forzosa la comparecencia de todos ellos en el proceso, pues la ausencia de alguno imped\u00eda el proferimiento de un fallo de m\u00e9rito, circunstancia que se dio respecto de los demandantes MILENA DEL CARMEN, ENRIQUE ANTONIO, MARCELA y CARLOS ENRIQUE DIAZGRANADOS BURKHARDT, en atenci\u00f3n a que no obstante que los escritos de apoderamiento que estos otorgaron fueron autenticados por los c\u00f3nsules colombianos en Miami y New York, se dej\u00f3 de satisfacer la exigencia adicional del art\u00edculo 63 del C. de P. C., consistente en el abono de las firmas de los funcionarios consulares, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. <\/p>\n
Desde la perspectiva del casacionista, la referida deficiencia arroja como consecuencia que \u201cdichos poderes no tienen la virtualidad suficiente para facultar a su apoderado para promover la acci\u00f3n reivindicatoria … omisi\u00f3n que indudablemente imped\u00eda que el destinatario del mandato conferido pudiera iniciar o promover, con apoyo en ellos, gesti\u00f3n alguna de car\u00e1cter judicial a nombre de aquellos frustrados poderdantes\u201d. De la susodicha premisa dedujo que no hab\u00eda forma de predicar la cabal integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario, raz\u00f3n por la cual se incurri\u00f3 en la causal de nulidad que tipifica el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C. de P. C., en la medida en que el proceso es nulo \u201ccuando no se ha practicado legalmente la notificaci\u00f3n de las personas que en el extremo activo del litigio deb\u00edan concurrir\u201d, para integrar en debida forma el litisconsorcio necesario que impon\u00eda la naturaleza del proceso, teniendo en cuenta las pretensiones deducidas en el libelo introductorio\u201d. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
Observa la Sala que la situaci\u00f3n de hecho alegada por el recurrente como constitutiva de causal de nulidad, en su cargo inicial, radica en la imputada deficiencia formal de los escritos de apoderamiento otorgados en el exterior por parte de los litisconsortes demandantes, MILENA DEL CARMEN, MARCELA, ENRIQUE ANTONIO y CARLOS ENRIQUE DIAZGRANADOS BURKHARDT, concretada en la falta de cumplimiento de la diligencia de abono de las firmas de los funcionarios consulares colombianos que autenticaron las de aqu\u00e9llos, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal y como lo disponen los art\u00edculos 63 y 259 del C. de P. C. <\/p>\n
Frente a la situaci\u00f3n ahora planteada por la censura, bueno es destacar que durante las instancias, tal aspecto procesal no fue materia de cuestionamiento alguno por las partes y que si se incurri\u00f3 en alguna inconsistencia que pudiera dar lugar a la causal de nulidad procesal invocada por el casacionista, \u00e9ste carecer\u00eda de legitimaci\u00f3n para alegarla, no s\u00f3lo por no haber formulado la excepci\u00f3n previa correspondiente (inc. primero, art. 143 del C. de P. C.), sino, especialmente, por cuanto \u201cla nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, s\u00f3lo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d (inc. segundo, ib), en este caso, quienes habr\u00edan sido asistidos deficientemente en el proceso, con ocasi\u00f3n del poder otorgado ante funcionarios consulares, vicisitud por completo ajena a la parte que recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es palmario que en el auto admisorio de la demanda se tuvo como demandantes, am\u00e9n de sus litisconsortes, a las personas que otorgaron poder en el extranjero ante funcionarios consulares colombianos, sin que por ello la parte demandada hubiera manifestado su inconformidad durante las oportunidades legalmente previstas con ese prop\u00f3sito, formulando, v. gr., el correspondiente recurso de reposici\u00f3n o las excepciones previas que estimara pertinentes, debi\u00e9ndose acotar, para hacer m\u00e1s evidente la improcedencia de la acusaci\u00f3n que se despacha, que al igual que los dem\u00e1s demandantes y su apoderado judicial, tambi\u00e9n acudieron personalmente a la audiencia de conciliaci\u00f3n, los que, seg\u00fan la censura, fueron indebidamente representados, sin que en esa oportunidad (ni otra cualquiera distinta) hubieran puesto en entredicho el se\u00f1alado apoderamiento. Sin duda, del comportamiento silente y sobreviniente de las personas que habr\u00edan sido indebidamente representados por quien a su nombre (y el de sus litisconsortes), demand\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del precio en disputa, no cabe menos que deducir que convalidaron la actuaci\u00f3n promovida por \u00e9ste, ratificando el comentado mandato, por manera que a\u00fan dejando de lado lo dicho en las consideraciones iniciales, la improcedencia de la causal emerge indiscutible, con meridiana claridad, ante lo previsto al final de la norma que la consagra (num. 5\u00ba, art. 368 del C. de P. C.). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Se acus\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 569, 673, 740, 741, 946 y 947 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n y, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 745, 749, 756, 762 y 1857, inciso segundo ib\u00eddem, como consecuencia de error de derecho, por infracci\u00f3n de los art\u00edculos 253, 256 y 265 del C. de P. C., y 43 a 57 del Decreto 1250 de 1970. <\/p>\n
2. Afirm\u00f3 el censor que trat\u00e1ndose de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, para el cabal cumplimiento del requisito de la demostraci\u00f3n del dominio en el actor, \u00e9ste debe aportar copia debidamente registrada de la escritura p\u00fablica correspondiente o del t\u00edtulo que con ella guarde equivalencia, pues as\u00ed lo prescriben los art\u00edculos 256 y 265 del C. de P. C., en concordancia con los art\u00edculos 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970 (fl. 31). <\/p>\n
En tal orden de ideas, destac\u00f3 que los instrumentos p\u00fablicos aducidos por los demandantes (escrituras especificadas por su n\u00famero as\u00ed: 1095 de 26 de abril de 1993; 3388 de 9 de diciembre de 1985; 3218 de 22 de noviembre de 1985; 2598 de 17 de septiembre de 1985; 899 de 29 de marzo de 1985; 847 de 26 de marzo de 1985; 901 de 30 de abril de 1982; 2106 \u201cde la Notar\u00eda segunda de Barranquilla\u201d; 320 de 1\u00ba de marzo de 1982; 2457 de 31 de octubre de 1979; 3014 de 21 de diciembre de 1979; 2402 de 26 de octubre de 1979 y 2117 de 30 de noviembre de 1960), carec\u00edan de la indispensable nota de registro, siendo irrelevante que de la inscripci\u00f3n de los actos contenidos en dichos documentos notariales diera cuenta el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 040-0161804. <\/p>\n
3. Dada la anterior circunstancia, a\u00f1adi\u00f3, el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las mencionadas documentales, palpable cuando predic\u00f3 de ellas motivos para hacerlas prevalecer como titulaci\u00f3n frente a la exhibida por el demandado, en la medida en que les atribuy\u00f3 \u201ceficacia probatoria para acreditar el derecho de dominio que los demandantes alegan tener sobre el inmueble cuya restituci\u00f3n pretenden\u201d, no obstante hallarse desprovistas de la respectiva constancia de su registro, exigencia legal que no se puede suplir con el certificado expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, por implicar la aludida determinaci\u00f3n del juzgador ad quem la atribuci\u00f3n a dichas copias de escrituras y al mencionado certificado, de \u201cun alcance probatorio que la ley no les concede\u201d, infringiendo por tal conducto las precitadas normas procesales, en especial, las contenidas en el art\u00edculo 265 del C. de P. C., cuyo texto reprodujo (fls. 33 y 34). <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
Es suficientemente conocido que en la acci\u00f3n reivindicatoria se enfrentan dos posiciones: la una, la del demandante que afirm\u00e1ndose due\u00f1o de la cosa, pretende recuperarla de manos del poseedor y, la otra, la de este \u00faltimo quien enarbola en su favor la presunci\u00f3n de dominio establecida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. Dicha presunci\u00f3n, fundada en el hecho de la posesi\u00f3n, es de car\u00e1cter legal y por lo mismo admite prueba en contrario, constituida por la demostrativa del dominio en cabeza del demandante, titularidad que constituye uno de los elementos estructurales de la pretensi\u00f3n reivindicatoria y que debe ser anterior al inicio de la posesi\u00f3n ostentada por el demandado. <\/p>\n
Para tal efecto deber\u00e1 acreditar el actor, de una parte, la existencia de un t\u00edtulo y, de la otra, que oper\u00f3 el modo en virtud del cual incorpor\u00f3 a su activo patrimonial el bien materia de reivindicaci\u00f3n, debi\u00e9ndose tener en cuenta, en orden a la satisfacci\u00f3n de la anotada carga y, en cuanto toca con el t\u00edtulo, que cuando entra\u00f1a acto jur\u00eddico \u201cde disposici\u00f3n o gravamen de bienes inmuebles\u201d, es de naturaleza solemne en raz\u00f3n de que debe hacerse constar por medio de escritura p\u00fablica, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 12 del Decreto 960 de 1970. De manera que si el t\u00edtulo invocado es uno de la referida especie, no basta con la presentaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica donde tal acto conste, puesto que debe demostrarse, adicionalmente, que se cumpli\u00f3 con la formalidad de la inscripci\u00f3n (constitutiva del modo de la tradici\u00f3n cuando se trata de t\u00edtulos traslativos de dominio, seg\u00fan prescripci\u00f3n del art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil, conforme lo manda el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 1250 de 1970), so pena de que no pueda atribu\u00edrsele m\u00e9rito probatorio, por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 43, ejusdem. <\/p>\n
Ahora bien, en armon\u00eda con las indicadas prescripciones, el art\u00edculo 256 del C. de P. C., establece que \u201ccuando la ley exija la inscripci\u00f3n de un documento en un registro p\u00fablico, la copia que se aduzca como prueba deber\u00e1 llevar la nota de haberse efectuado aqu\u00e9lla; en caso contrario, el juez la enviar\u00e1 a la oficina correspondiente para que se produzca la anotaci\u00f3n y le pedir\u00e1 que certifique, a costa del interesado, sobre la inscripci\u00f3n y su fecha. Si no existiere dicha inscripci\u00f3n, la copia s\u00f3lo producir\u00e1 efectos probatorios entre los otorgantes y sus causahabientes\u201d. <\/p>\n
Con todo, en contrav\u00eda con lo que al respecto se dijo en la acusaci\u00f3n que se despacha, no implica el enunciado de la reci\u00e9n transcrita disposici\u00f3n normativa, que para los efectos de que trata su parte inicial sea indispensable que en la copia del t\u00edtulo que se aduzca obre la mencionada nota, si este fue inscrito en la Oficina de Registro. En efecto, el certificado del registrador es un documento p\u00fablico que como tal y, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 264 del C. de P. C., \u201chace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza\u201d, por manera que como en \u00e9ste el registrador expresa la secuencia de las distintas inscripciones efectuadas, cuya pr\u00e1ctica conlleva la indicaci\u00f3n de los datos referidos en el art\u00edculo 27 del decreto memorado, dicho documento indiscutiblemente demuestra el cumplimiento de la inscripci\u00f3n y, en este orden de ideas, si los t\u00edtulos aportados carecen de la constancia de haberse efectuado, es claro que \u00e9sta se suple con la informaci\u00f3n que acerca de ella ofrece el correspondiente certificado. <\/p>\n
La anterior ha sido doctrina reiterada de la Corte, por v\u00eda de ejemplo, cuando retomando el criterio expuesto desde su fallo de marzo 31 de 1919 expres\u00f3 que \u201cla carencia de la nota de registro en una escritura p\u00fablica de compraventa, no significa que la tradici\u00f3n no haya operado, si es que, de otra parte, hay evidencia de que de ella ya se tom\u00f3 nota en el registro inmobiliario, y as\u00ed aparece en el documento id\u00f3neo para ello como es el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos\u201d, pues \u201cel aspecto sustancial de lo que es la transferencia del dominio no sufre mengua por esta circunstancia. Traduce que la atestaci\u00f3n que en las copias de la escrituras se coloca, lo que es imperioso al tenor de la ley (art. 23 del decreto 1250 de 1970) tiene una finalidad netamente probatoria, debido a que, en tanto que la copia no ostenta dicha atestaci\u00f3n no es oponible a terceros y s\u00f3lo surtir\u00e1 efectos probatorios entre las partes y sus causahabientes (art. 256 del C. de P. C.), con respecto, claro est\u00e1, a la celebraci\u00f3n misma del acto a que se refiere el documento. A este prop\u00f3sito d\u00e9bese notar que la inoponibilidad surge no del hecho mismo de que la copia de la escritura carezca de la constancia, sino del hecho de que no haya sido objeto de registro; por eso tal norma ordena que el juez env\u00ede el instrumento, no para que se obtenga el registro, sino para que, caso de existir registro, se deje la constancia respectiva; de no haber operado el registro, la copia quedar\u00e1 restringida en sus efectos porque no alcanza a terceros. Y, obviamente, que cuando el juez procede de aquel modo es porque ignora si fue, o no, registrado, y entonces busca obtener certeza en el punto\u201d (sent. de 2 de octubre de 1995, exp. 4493). <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n al sub lite de la doctrina tra\u00edda a cuento es innegable, en la medida en que, como lo destac\u00f3 la censura, el demandante se apoy\u00f3, para acreditar la titularidad del derecho de dominio por \u00e9l aducida, remontada a una \u00e9poca que precede con creces al inicio de la posesi\u00f3n atribuida a su contraparte sobre el mismo terreno, en las escrituras p\u00fablicas relacionadas al presentar el cargo que se despacha, las que ciertamente carecen de la constancia de registro. Tal exigencia se observa suplida a cabalidad seg\u00fan da cuenta el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 040161804 que obra en los folios 13 y 14 del cuaderno principal, lo que es suficiente para colegir que no incurri\u00f3 el Tribunal en el error de derecho enrostrado por el impugnante, raz\u00f3n suficiente para que el cargo no sea exitoso. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Denunci\u00f3 el inconforme la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 947, 949, 950, 952 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n y, los art\u00edculos 766-3, 1502, 1523, 1740 a 1742, 1856 y 2170 ibidem, por falta de aplicaci\u00f3n y, por el mismo concepto los art\u00edculos 196, 839, 840 y 906-4 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho y de derecho. Se\u00f1al\u00f3 en el caso de los \u00faltimos, como normas medio vulneradas, los art\u00edculos 251, 252, 258 y 262 del C. de P. C. y 103 del Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
1. Adujo el censor que la afirmaci\u00f3n del Tribunal acerca de la demostraci\u00f3n de la titularidad del dominio de los actores respecto del bien materia de reivindicaci\u00f3n, es consecuencia de yerro de esa estirpe en que incurri\u00f3 al apreciar la escritura p\u00fablica 3388 de 9 de diciembre de 1985, autorizada en la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, instrumento del que pas\u00f3 por alto que es contentivo de los t\u00e9rminos de la compraventa celebrada entre el causante DIAZ GRANADOS SAURI, obrando en su condici\u00f3n de representante de la sociedad vendedora PROFESIONAL LTDA. y el mismo representante, en su condici\u00f3n de persona natural, como comprador, hecho que en sentir del impugnante \u201cempa\u00f1a la inmaculada tradici\u00f3n del inmueble que encontr\u00f3 el Tribunal en su recorrido documental, y el que finalmente, por el modo de la sucesi\u00f3n por causa de muerte se radic\u00f3 en cabeza de los aqu\u00ed demandantes, y que por lo tanto … deteriora sensiblemente la demostraci\u00f3n del primer elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
Expres\u00f3 el recurrente que el referido negocio jur\u00eddico constituye un \u201cautocontrato\u201d, modalidad negocial prohibida por los art\u00edculos 1856 y 2170 del C\u00f3digo Civil y 196, 839, 840 y el 906-4 del C\u00f3digo de Comercio, norma de la que destac\u00f3 que proscribe comprar directamente o por interpuesta persona, ni aun en subasta p\u00fablica, entre otros, a \u201clos representantes y mandatarios, respecto de bienes cuya venta les haya sido confiada salvo que el representado, o el mandante, haya autorizado el contrato\u201d (subrayas del texto) y, de la otra, hace anulable la venta as\u00ed celebrada. Por manera que, prosigui\u00f3 la censura, al estar afectado de nulidad dicho contrato, no constituye justo t\u00edtulo para soportar en \u00e9l una tradici\u00f3n v\u00e1lida de la propiedad inmobiliaria, conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 766-3 del C\u00f3digo Civil, circunstancia en vista de la cual sostuvo que as\u00ed no se declare la nulidad del mencionado acto, s\u00ed se impone reconocer que no tuvo la virtualidad de \u201cdesplazar el dominio del inmueble\u201d del patrimonio de la sociedad PROFESIONAL LTDA, al personal de su propio representante, \u201cpor cuanto se trataba de una operaci\u00f3n prohibida por la ley que no cont\u00f3 para su realizaci\u00f3n con la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano social competente, igualmente requerida por la ley para que produjera los efectos propios de este tipo de contratos\u201d. <\/p>\n
Apoy\u00e1ndose en las reflexiones anteriores, sostuvo el casacionista que el t\u00edtulo de dominio exhibido por los actores desapareci\u00f3 como natural consecuencia de aceptar que su tradente no era titular del mismo por no haber ingresado legalmente en su patrimonio, motivo por el cual, la simple adjudicaci\u00f3n no le atribuye derechos al adjudicatario sino en cuanto el causante los radicara en la cosa adjudicada, de manera que, por esto, las simples hijuelas no son t\u00edtulo suficiente para reivindicar inmuebles. As\u00ed las cosas, el yerro endilgado es trascendente, pues de no haberse incurrido en \u00e9l, el sentenciador no habr\u00eda reconocido el dominio en los demandantes y la sentencia no habr\u00eda sido estimatoria. <\/p>\n
2. El error de derecho denunciado lo ubic\u00f3 el casacionista en la manera como el Tribunal resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n al dictamen pericial, b\u00e1sicamente en lo tocante con la glosa fundada en la alteraci\u00f3n respecto de las medidas de uno de los linderos del inmueble, afirmada por el objetante con base en lo expresado en la escritura p\u00fablica 2402 de 26 de octubre de 1979 de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla. <\/p>\n
El recurrente puso de presente la apreciaci\u00f3n expuesta por el Tribunal, acorde con la cual, la mayor dimensi\u00f3n asignada a la longitud del lindero \u2018Norte\u2019 del inmueble, expresada en el citado instrumento p\u00fablico, obedeci\u00f3 a un error mecanogr\u00e1fico, con lo que acogi\u00f3 lo expuesto sobre el particular por los primeros peritos en un escrito presentado luego de que se hubiera objetado su dictamen, con lo que concluy\u00f3 la identidad entre el predio descrito en los t\u00edtulos de los demandantes y el pose\u00eddo por el demandado. <\/p>\n
Con la referida apreciaci\u00f3n, dijo el impugnante, err\u00f3 de derecho el sentenciador, de un lado, por haberle desconocido valor probatorio al mencionado documento notarial y, del otro, porque al fundarse en la prueba pericial \u201cacept\u00f3 como factor de correcci\u00f3n de la referida escritura una prueba a la que la ley no le concede dicho m\u00e9rito\u201d (fl. 44). <\/p>\n
Explic\u00f3 lo primero, porque de conformidad con el art\u00edculo 251 del C. de P. C., la escritura p\u00fablica es un documento p\u00fablico, amparado por la presunci\u00f3n legal de autenticidad prevista en el art\u00edculo 252 ibidem, disponiendo el art\u00edculo 264 idem que las declaraciones que en ellas hagan los interesados tendr\u00e1n entre \u00e9stos y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en el art\u00edculo 258 ejusdem y que respecto de terceros, se apreciar\u00e1n conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica (fl. 44). <\/p>\n
Lo segundo, porque la pericial no es la prueba id\u00f3nea para demostrar los errores en la literalidad de las escrituras p\u00fablicas, en vista de lo preceptuado por el art\u00edculo 103 del Decreto 960 de 1970, norma seg\u00fan la cual, los errores puramente aritm\u00e9ticos \u201cpodr\u00e1n ser corregidos en cualquier tiempo si los factores que los determinan se hallaren claramente establecidos en el propio instrumento\u201d y que, \u201csi se cometiere error en la nomenclatura, denominaci\u00f3n o descripci\u00f3n de un inmueble … podr\u00e1 corregirse mediante el otorgamiento de escritura aclaratoria suscrita por el actual titular del derecho\u201d (resaltado del texto), am\u00e9n de que el Tribunal se bas\u00f3 \u201cen una aclaraci\u00f3n que no fue pedida y respecto de la cual la parte demandada tampoco tuvo oportunidad de pronunciarse\u201d (fl. 45). <\/p>\n
No habi\u00e9ndose otorgado la escritura de correcci\u00f3n de \u201clos linderos y la extensi\u00f3n del predio de que aqu\u00ed se trata\u201d, advirti\u00f3 el censor, no era posible considerar que en la escritura 2402 de 1979 se incurri\u00f3 en el error mecanogr\u00e1fico a que aluden los peritos, sin caer en el error de derecho denunciado. En tales condiciones, agreg\u00f3, el dictamen objetado carece de los requisitos que para su apreciaci\u00f3n valorativa reclama el art\u00edculo 241 del C. de P. C., es decir, \u201cdesprovisto de firmeza, claridad y precisi\u00f3n, y consecuentemente inepto, de un lado, para demostrar la identidad del bien que se pretende reivindicar, por cuanto se desatiende de manera ilegal la descripci\u00f3n que, por extensi\u00f3n y linderos, se hace del inmueble relacionado en la precitada escritura 2402\u201d, de la cual se segreg\u00f3 el que ahora es materia de restituci\u00f3n, y de otro, \u201cpara singularizar el bien que posee el demandado como que acoge inconsultamente la descripci\u00f3n de un inmueble que los peritos iniciales dibujan en su experticio, y que en su sentir, corresponde al pose\u00eddo por el demandado\u201d, en proceder antojadizo de los peritos iniciales, quienes \u201csiembran la duda, donde reina la certeza, al expresar, con base en los linderos y medidas por ellos deducidos, que \u2018el inmueble que se relaciona en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba, 15 y 16 del cap\u00edtulo de documentos est\u00e1 contenido totalmente en cuanto a linderos y parcialmente en cuanto a medidas, debido a las diferencias que existen en metros con los linderos Norte y Este\u2019\u201d (lo destacado es del texto). <\/p>\n
De no haber incurrido en el destacado error, a\u00f1adi\u00f3, el Tribunal hubiera concluido la falta de identidad entre el bien descrito en los t\u00edtulos aducidos por los actores como prueba de su dominio, con el pose\u00eddo por el demandado, y por lo tanto no se hubiera atendido la demandada reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. En punto del yerro de facto enrostrado al fallador en relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 3388 de 9 de diciembre de 1985, es palmar que el planteamiento que lo desarrolla obedece a consideraciones efectuadas por el censor alrededor de la eficacia del negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado en esa fecha entre la Sociedad Profesional Ltda., y Enrique D\u00edaz Granados. <\/p>\n
Al respecto importa destacar que los reparos del demandado recurrente a la validez de dicho contrato no fueron formulados por \u00e9ste dentro de las instancias, a pesar de advertirse que tuvo ocasi\u00f3n de hacerlo al contestar la demanda. Porque afirmando los demandantes su dominio, con apoyo, entre otros t\u00edtulos, en la susodicha escritura, seg\u00fan lo expusieron en el hecho segundo del libelo incoativo, en la r\u00e9plica el accionado se pronunci\u00f3 acerca de tal hecho, limit\u00e1ndose a consignar lo siguiente: \u201cconsta en la escritura p\u00fablica 3388 otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Barranquilla en diciembre 9\/85, que Enrique D\u00edaz Granados le compr\u00f3 a la sociedad Profesional Limitada, representada legalmente por \u00e9l mismo, un lote con medidas y linderos, el cual fue adjudicado a su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y herederos, solamente con los linderos pero sin medidas de ninguna naturaleza\u201d. <\/p>\n
Como puede colegirse a partir de la precedente transcripci\u00f3n, lo \u00fanico que all\u00ed manifest\u00f3 el demandado fue que el comprador hab\u00eda sido la misma persona que representaba a la sociedad vendedora y nada m\u00e1s, sin echar mano de dicha circunstancia, como s\u00ed lo hace ahora, para cuestionar la validez del negocio jur\u00eddico as\u00ed ajustado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas es forzoso asumir que su alegaci\u00f3n en el recurso extraordinario, luce ajena a la modalidad de error que la censura atribuy\u00f3 al juzgador, pues en rigor, al Tribunal no se le achac\u00f3 el que hubiera ignorado la existencia misma de la aludida escritura 3388 de 9 de diciembre de 1985 o pasado por alto que quien la suscribi\u00f3 como comprador (a t\u00edtulo personal), era el representante legal de la sociedad que en dicho acto fungi\u00f3 a t\u00edtulo de vendedor, de donde se colige que si, en gracia de discusi\u00f3n, el sentenciador se equivoc\u00f3 porque en las rese\u00f1adas circunstancias no dedujo la configuraci\u00f3n de la nulidad sustancial sugerida por el impugnante, tal yerro de juzgamiento tendr\u00eda una connotaci\u00f3n jur\u00eddica, resultando infortunada, entonces, la invocaci\u00f3n del denunciado error de hecho de apreciaci\u00f3n probatoria. La verdad es que, bien vista la acusaci\u00f3n, lo que el censor pretende ahora es remover y extender los lindes originarios de la controversia, sin que la peculiar naturaleza del recurso lo permita, por supuesto que semejante aspecto no fue objeto de discusi\u00f3n en las instancias, ni fue planteado al conformarse el contradictorio. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la improsperidad de la acusaci\u00f3n en comentario cobra mayor visibilidad, si a lo anterior se a\u00f1ade que la circunstancia que el casacionista quiso ajustar a la consagrada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 906 del C\u00f3digo de Comercio, de conformidad con la parte final de esta misma disposici\u00f3n, no da lugar a la declaratoria de nulidad absoluta, sino a la de la simple anulabilidad, efecto que en armon\u00eda con el art\u00edculo 900, ib\u00eddem, no puede ser declarado por el juez de oficio, ni tampoco por iniciativa de quien, como en el caso del ahora recurrente, no hizo parte, siquiera, de la referenciada compraventa. <\/p>\n
2. En cuanto ata\u00f1e al esgrimido error de derecho, se observa que el casacionista lo hizo consistir en dos circunstancias: la una, por haberle restado el Tribunal eficacia demostrativa a lo consignado acerca de la dimensi\u00f3n de uno de los linderos del inmueble en la escritura p\u00fablica 2402 de 1979, pretextando la existencia de un error, sin existir la necesaria escritura de correcci\u00f3n y, la otra, por haber concluido en el sentido de que la declaraci\u00f3n en ella contenida, acerca de la medida de la longitud del tercer tramo del lindero norte, estaba alterada a causa de un error de mecanograf\u00eda (por virtud del cual se habr\u00eda escrito 537 metros, donde correspond\u00eda anotar 437) fund\u00e1ndose para esto en lo expuesto por los peritos iniciales en un escrito adicional al dictamen, allegado luego de haber propuesto la objeci\u00f3n por error grave y sin que de esa aclaraci\u00f3n espont\u00e1nea se hubiera dado traslado a las partes. <\/p>\n
2.1 Relativamente a lo primero, verdad es que cuando se trata de errores referidos a la nomenclatura, denominaci\u00f3n o descripci\u00f3n de un inmueble, o en los nombres o apellidos de los otorgantes de una escritura p\u00fablica, la ley establece en el art\u00edculo 103 del Decreto 960 de 1970 la posibilidad de corregirlos mediante escritura aclaratoria, lo que significa que \u00fanicamente podr\u00e1 hablarse de correcci\u00f3n de defectos de dicha \u00edndole en una escritura cuando se otorga la de aclaraci\u00f3n, debi\u00e9ndose precisar que a folios esta \u00faltima brilla por su ausencia y ni siquiera fue mencionada. <\/p>\n
Sin embargo, es patente en el sub lite que el sentenciador para salvar la aludida inconsistencia no acept\u00f3 como \u201cfactor de correcci\u00f3n\u201d, valga acudir a la expresi\u00f3n citada textualmente por la censura, la prueba pericial. Simplemente, el Tribunal desarroll\u00f3 un ejercicio de interpretaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de voluntad en ella contenida, efectuado conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, cual lo autoriza el art\u00edculo 264 del C. de P. C., pues encontr\u00f3 que no se ajustaba a la realidad lo all\u00ed declarado acerca de la medida de un sector del lindero norte del inmueble, proceder del que no cabe colegir, como lo hizo el recurrente, que el sentenciador \u201ccorrigi\u00f3\u201d la escritura p\u00fablica 2402 de 1979, ignorando lo que sobre el particular ha previsto el Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
2. 2 Ahora, as\u00ed se tuviera por cierto que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho, en tanto tuvo como prueba el concepto aclaratorio que los peritos allegaron espont\u00e1neamente y del que no se dio oportunidad a los interesados para controvertirlo, el yerro as\u00ed deducido no ofrecer\u00eda visos de trascendencia, por carecer del vigor requerido para derribar la identidad que el juzgador dedujo, como es usual cada vez que se atiende la acci\u00f3n reivindicatoria, entre el bien sobre el que recaen los t\u00edtulos aducidos por la actora y el que es materia de disputa, lo mismo que entre \u00e9ste \u00faltimo y el pose\u00eddo por el demandado. <\/p>\n
Sobre este particular, ha de advertirse seguidamente, que el \u00fanico reparo que efectu\u00f3 el casacionista respecto de la forma como el sentenciador desestim\u00f3 la objeci\u00f3n que contra el dictamen inicial formul\u00f3 la parte demandada, consisti\u00f3 en la apreciaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la extensi\u00f3n del lindero de marras, con soporte en la aclaraci\u00f3n espont\u00e1nea de los peritos, para asumirla como un error meramente mecanogr\u00e1fico. Implica lo anterior que si, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, por su propio m\u00e9rito, el aludido yerro de disciplina probatoria no derriba, de ra\u00edz, la deducida identidad entre el predio reclamado en reivindicaci\u00f3n con el que es pose\u00eddo por el demandado y con el que versan los t\u00edtulos de dominio de los demandantes, la sentencia atacada en casaci\u00f3n se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
Ha de tenerse en la mira, por tanto, que el cometido principal de los dict\u00e1menes periciales practicados durante las instancias, lo fue el de establecer si se verificaron o no las cuestionadas identidades, para lo cual reportaba utilidad indiscutida tener en cuenta la informaci\u00f3n que en materia de descripci\u00f3n, cabida y linderos, reportaban las diferentes escrituras p\u00fablicas que invoc\u00f3 la actora con el prop\u00f3sito de acreditar la titulaci\u00f3n que adujo. Pero so pretexto de la utilidad que las medidas de los linderos puedan ofrecer frente al se\u00f1alado cometido, no es factible desechar la correspondencia entre uno y otro predio en raz\u00f3n de la simple divergencia que en la longitud de uno s\u00f3lo de sus linderos emerja de la confrontaci\u00f3n de lo consignado al respecto en los distintos documentos que con tal prop\u00f3sito se aporten, m\u00e1xime si, como en el asunto en estudio y a partir del otorgamiento de la escritura p\u00fablica 2117 de 1960, los inmuebles sobre los que recaen han sido materia de englobamientos, reloteos, ventas parciales, etc. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s que tratar de establecer un completo acomodamiento matem\u00e1tico entre las magnitudes que en cada escritura se asignan a los distintos linderos, lo que importa es dilucidar, a trav\u00e9s de un escrupuloso examen que involucra el cotejo de la documentaci\u00f3n que para el efecto aporten los interesados, si de esa secuencia de t\u00edtulos cabe concluir la presencia de los comentados requisitos de prosperidad de la acci\u00f3n de dominio, para lo cual la prueba pericial es de invaluable utilidad. <\/p>\n
En ese orden de ideas, nada impide que si como se concluy\u00f3 en el dictamen pericial y como al parecer tambi\u00e9n lo estim\u00f3 el Tribunal, la divergencia que en la se\u00f1alizaci\u00f3n de la longitud de uno de los linderos del predio representa lo consignado en la escritura 2402 de 1979, resulte inocua, en la medida en que la requerida identidad en torno a la determinaci\u00f3n del predio se estableci\u00f3 con soporte en el examen de la totalidad de la titulaci\u00f3n invocada por la parte actora. <\/p>\n
As\u00ed precisamente lo dedujeron los peritos, arquitectos de profesi\u00f3n, quienes a su elaborado dictamen acompa\u00f1aron numerosos planos con el prop\u00f3sito de mostrar gr\u00e1ficamente la afectaci\u00f3n de los terrenos que interesan al referenciado proceso reivindicatorio, seg\u00fan las distintas negociaciones de que da cuenta la titulaci\u00f3n invocada por las partes. Fue as\u00ed como, una vez que advirtieron haber efectuado la confrontaci\u00f3n de rigor, puntualizaron, en forma categ\u00f3rica, que \u201cexiste identidad entre el inmueble objeto de la diligencia (de inspecci\u00f3n judicial) y el inmueble cuya descripci\u00f3n y linderos est\u00e1n en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba, 15 y 16 del cap\u00edtulo de \u2018documentos\u2019 (del libelo incoativo) y el inmueble identificado en la petici\u00f3n primera de la demanda\u201d, ello no s\u00f3lo en raz\u00f3n de su ubicaci\u00f3n, en tanto que \u201clos predios relacionados se encuentran sobre la banda Norte de la Autopista que conduce de Barranquilla a Cartagena, Kil\u00f3metros 8 y 9, aproximadamente\u201d, sino por lo arrojado del cotejo de lo afirmado sobre el particular en las escrituras p\u00fablicas aducidas en el libelo inicial, habiendo a\u00f1adido, igualmente, \u201cque muy a pesar de que los linderos que se describen en la Resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n 00149 del 15 de febrero de 1993 del INCORA no corresponden a la realidad, porque ubican el Norte en direcci\u00f3n a la ciudad de Cartagena, punto cardinal Oeste, cuando en la realidad la ubicaci\u00f3n exacta es hacia el predio de la Urbanizaci\u00f3n lo Trupillos, lote que es o fue de Alvaro Arenas, consideramos que el predio donde se practic\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial es el lote al cual se refiere la citada Resoluci\u00f3n y es el relacionado en la matr\u00edcula inmobiliaria 040 024 1224, as\u00ed como tambi\u00e9n, es el predio que hace referencia en el certificado de matr\u00edcula 040 0161804\u201d (fl. 167, c. 1.). <\/p>\n
En el descrito orden de ideas, queda visto, entonces, que as\u00ed no se pudiera asumir que fue por un error \u201cmecanogr\u00e1fico\u201d que al aludir al lindero norte se insert\u00f3 en la escritura 2402 de 1979 una cifra superior, en 100 metros, a la que arrojara una recta confrontaci\u00f3n del conjunto de las dem\u00e1s escrituras p\u00fablicas as\u00ed aludidas (concomitantes y subsecuentes a ese acto notarial), pues la anotada divergencia s\u00f3lo se predic\u00f3 de lo consignado en la primera (as\u00ed lo concluyeron los peritos y as\u00ed lo vio el Tribunal sin que espec\u00edficamente el casacionista manifestara su inconformidad sobre ese punto), tampoco cabr\u00eda colegir que por esa mera informaci\u00f3n, eventualmente discrepante con la contenida en los dem\u00e1s escrituras, el predio de marras haya sufrido alteraci\u00f3n alguna o incrementado su cabida, ello por cuanto la simple referencia de una longitud del lindero de un predio un lindero que se haga en un documento p\u00fablico y que resulte superior a la que al mismo le reconoce la titulaci\u00f3n anterior y posterior, no tiene, per se, el efecto m\u00e1gico de incrementar la cabida del inmueble, ni el de variar su forma, ni frustra la posibilidad de establecer la identidad que sobre el mismo debe establecerse, confrontando la totalidad de la titulaci\u00f3n invocada por el demandante al reclamar su reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la Sala no avizora, ni el casacionista se preocup\u00f3 por evidenciarlo, que el yerro de disciplina probatoria denunciado por este \u00faltimo y deducido por la primera, derrib\u00f3, en \u00faltimas y de manera contundente -cual se requiere en materia de casaci\u00f3n para resquebrajar las sentencias que a ella arriban, revestidas como est\u00e1n de las consabidas presunciones de legalidad y de acierto- la totalidad de las argumentaciones que condujeron a los peritos que rindieron el dictamen inicial a concluir la identidad entre el predio reclamado en reivindicaci\u00f3n, con el pose\u00eddo por el demandado y aqu\u00e9l sobre el que recay\u00f3 la titulaci\u00f3n ostentada por la parte actora. <\/p>\n
Conviene acotar que la censura no ofreci\u00f3 explicaci\u00f3n cierta acerca de la incidencia del rese\u00f1ado error de derecho de naturaleza probatoria en la decisi\u00f3n combatida, pues -como puede deducirse del resumen del cargo que se despacha- se conform\u00f3 con retomar las razones que la llevaron a denunciar su ocurrencia, afirmando que el mismo comprometi\u00f3 la prueba de la estructuraci\u00f3n de la identidad del bien a reivindicar con los t\u00edtulos del demandante y de la correspondencia entre el predio pedido en reivindicaci\u00f3n y el pose\u00eddo por la parte demandada. Con tal proceder, se insiste, la acusaci\u00f3n se qued\u00f3 a la mitad del camino, pues se conform\u00f3 con denunciar el comentado yerro, pero dej\u00f3 de exteriorizar las razones por las cu\u00e1les habr\u00eda que tenerse por cierto que en virtud del mismo, no hab\u00eda lugar a deducir las identidades que el Tribunal encontr\u00f3 probadas, razones que tampoco afloran de la mera demostraci\u00f3n del yerro, como a espaci\u00f3 se explic\u00f3 en l\u00edneas pret\u00e9ritas. <\/p>\n
Corolario de lo consignado y puesto que las susodichas apreciaciones ofrecidas por los peritos no fueron combatidas eficazmente por el casacionista, se mantiene inc\u00f3lume el despacho adverso que el Tribunal dispens\u00f3 a la objeci\u00f3n que por error grave impetr\u00f3 la parte demandada contra esa experticia y, por ese mismo conducto, permanecen intangibles las conclusiones que al amparo de la desestimaci\u00f3n de la referida objeci\u00f3n arrib\u00f3 el juzgador en cuanto interesa al sustrato f\u00e1ctico de las exigencias legales que en conjunto con la posesi\u00f3n del demandado y la singularidad de la cosa (como es la regla general), abren paso al \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
Por ende, tampoco este cargo es atendible. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 23 de febrero de 2000, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ordinario tramitado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de dicha ciudad, a instancias de ELIZABETH CARLOTA BURKHARDT DE DIAZGRANADOS y otros contra ALVARO ARENAS SELMAN. <\/p>\n
Castas del recurso de casaci\u00f3n a cargo del demandado recurrente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-304-2005 [2645] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente 2645 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado ALVARO ARENAS SELMAN, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}