SC-305-2005 [0281] <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 0281 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de Casaci\u00f3n que la parte demandante ha interpuesto contra la sentencia del 26 de abril de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario adelantado por MARIA DE JES\u00daS AURORA CASTA\u00d1O DE RAMIREZ y FRANCISCO EMILIO RAMIREZ SALAZAR frente a HUMBERTO DE JES\u00daS HOYOS ARDILA. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Ante el al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn compareci\u00f3 MARIA DE JES\u00daS AURORA CASTA\u00d1O DE RAMIREZ para reclamar, frente a HUMBERTO DE JES\u00daS HOYOS ARDILA, que se declarara resuelto por incumplimiento de \u00e9ste, el contrato de promesa de compraventa celebrado entre ellos; subsidiariamente, que se decretara la nulidad absoluta del citado contrato, por carecer de los requisitos establecidos por la ley. Igualmente que, de prosperar la primera pretensi\u00f3n, se condenara al demandado a pagar la multa pactada en la cl\u00e1usula octava del contrato. En todo caso, de resultar airoso cualquiera de los dos primeros pedimentos de la demanda, que se ordenara al demandado restituir el inmueble y el establecimiento de comercio rese\u00f1ados en el libelo. <\/p>\n
2. D\u00edjose en la demanda, para sustentar dichos pedimentos, que la demandante es due\u00f1a del inmueble ubicado en la carrera 51D No. 61-114 de Medell\u00edn, en el cual funciona el establecimiento de comercio denominado \u201cLAS DOS TORTUGAS\u201d, tambi\u00e9n de su propiedad. Que el 23 de junio de 1992 ajust\u00f3 con el demandado un contrato de promesa de compraventa del inmueble y del establecimiento de comercio que en \u00e9l funciona, en el que acordaron que el precio de venta ser\u00eda de $40.000.000.00, pagaderos en la siguiente forma: a) $4.500.000.00 (no se especifica cuando); b) $5.500.000.00 en un plazo de quince d\u00edas contados a partir de la firma del contrato; y, finalmente, c) $30.000.000.00, el d\u00eda 8 de agosto de 1992, cantidad esta que el demandado no ha cancelado. <\/p>\n
Se a\u00f1adi\u00f3, as\u00ed mismo, que en la cl\u00e1usula quinta se acord\u00f3 otorgar la escritura p\u00fablica pertinente, a la hora de las dos de la tarde del 10 de agosto de 1992, en la Notar\u00eda Sexta de Medell\u00edn, lugar al que ambos contratantes comparecieron, sin que se hubiese otorgado el instrumento previsto porque el demandado no hab\u00eda cancelado el saldo de treinta millones restante. Para finalizar acot\u00f3 la demandante, que aquel tiene bajo su poder el inmueble y el establecimiento prometidos en venta y que la promesa acordada omiti\u00f3 datos relativos al \u00e1rea del predio, lo cual constituye falta contra lo prescrito en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Enterado el demandado de dichos pedimentos se opuso a los mismos y replic\u00f3 que ejerce posesi\u00f3n desde la fecha del contrato de promesa de compraventa, puntualizando que el establecimiento de comercio no est\u00e1 en cabeza de la demandante, sino de FRANCISCO EMILIO RAMIREZ SALAZAR. Agreg\u00f3 que la fecha en la cual ten\u00eda que cancelar la suma de treinta millones de pesos no era el 8 de agosto, sino el 10, es decir, el mismo d\u00eda en el que deb\u00eda suscribirse la escritura p\u00fablica prometida. Puntualiz\u00f3 que la demandante no se encontraba en condiciones de otorgar dicho instrumento, porque el inmueble estaba embargado por la Tesorer\u00eda de Rentas Municipales, hecho que siempre le ocult\u00f3 y que le impidi\u00f3 obtener un pr\u00e9stamo en Conavi, circunstancia que, a su vez, explica la raz\u00f3n por la cual la demandante no se present\u00f3 a la notar\u00eda en la oportunidad acordada. Finalmente, adujo que exist\u00eda \u201cfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u201d y \u201cfalta de causa para demandar\u201d a la vez que propuso las excepciones de \u201cpetici\u00f3n de lo no debido\u201d y \u201cmala fe y temeridad\u201d. <\/p>\n
4. La demanda fue reformada para presentar a FRANCISCO EMILIO RAMIREZ SALAZAR como propietario del establecimiento \u201cLAS DOS TORTUGAS\u201d y, como tal, integrarlo a la parte demandante, agregando que era promitente vendedor del establecimiento mercantil. De igual modo, reclamaron los actores el pago de una indemnizaci\u00f3n equivalente a $600.000 mensuales a partir de junio de 1992; el pago de los frutos civiles dejados de percibir por RAMIREZ SALAZAR; y el pago de $20.000.000,oo por concepto de perjuicios morales. En subsidio de la primera pretensi\u00f3n pidieron la nulidad del contrato y que se condenara al demandado a pagar $5.000.000.00 como multa. Y como quiera que \u00e9ste hab\u00eda puntualizado en la contestaci\u00f3n de la demanda que con posterioridad a la fecha se\u00f1alada para otorgar la escritura p\u00fablica, esto es, el 16 de febrero de 1993, la demandante hab\u00eda recibido $3.400.000.00, se precisa en la reforma de la demanda que los recibi\u00f3 Francisco Ram\u00edrez como abono a los intereses de la venta del establecimiento de comercio. <\/p>\n
5. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia estimatoria de la pretensi\u00f3n resolutoria, en la que, en todo caso, se excluy\u00f3 a FRANCISCO EMILIO RAMIREZ como sujeto legitimado para demandar. Apelada como fuera esa determinaci\u00f3n por el demandado, el Tribunal ad quem confirm\u00f3 lo relativo a la falta de legitimaci\u00f3n del mencionado demandante, pero revoc\u00f3 lo dem\u00e1s, para declarar probada, en su lugar, la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n
LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
Una vez agotada la rese\u00f1a de los pormenores del litigio, abord\u00f3 el fallador, sin rodeos, el examen del caso concreto, punto en relaci\u00f3n con el cual acot\u00f3 que Mar\u00eda de Jes\u00fas Aurora Casta\u00f1o prometi\u00f3 vender a Humberto Hoyos Ardila el inmueble especificado en la demanda y el establecimiento de comercio denominado \u201cLas Dos Tortugas\u201d, por un precio de $40.000.000.00, pagaderos as\u00ed: $4.500.000.00, a la firma del contrato de promesa de compraventa; $5.500.000.00 quince d\u00edas despu\u00e9s; y el resto, o sea, la suma de $30.000.000.00, seg\u00fan lo que el contrato reza, el 8 de agosto de 1992. Acordaron, igualmente, que la escritura correspondiente habr\u00eda de otorgarse el 10 de agosto de ese mismo a\u00f1o. No se discute el pago de los primeros diez millones, como tampoco nadie asevera que los treinta millones restantes se hubieran cubierto. <\/p>\n
Seg\u00fan lo previsto en el documento pertinente, a\u00f1adi\u00f3, la entrega del inmueble y del establecimiento de comercio se realizar\u00eda el d\u00eda en que se firmara la escritura. Sin embargo, \u201cla demostraci\u00f3n ofrece otra versi\u00f3n en torno a este hecho de la entrega\u201d: el demandado, mediante contrato de arrendamiento ajustado con el c\u00f3nyuge de la demandante, a la vez titular inscrito del establecimiento mercantil, lo explotaba junto con el predio, desde agosto de 1988, y a partir de la promesa dej\u00f3 de cancelar la renta respectiva, pues entendi\u00f3 que su tenencia derivaba de \u00e9sta. <\/p>\n
El 23 de junio de 1992, cuando se fecha el contrato de promesa, Mar\u00eda de Jes\u00fas confiere poder a su c\u00f3nyuge Francisco Ram\u00edrez Salazar para que suscriba la escritura correspondiente. El folio real 001-0045404 evidencia la inscripci\u00f3n de una hipoteca otorgada a favor de Carlos Alberto Betancur V\u00e1squez, el 31 de mayo de 1993, por la suma de $9.000.000.00, hipoteca que fue cancelada; e, igualmente que el 27 de noviembre de 1992 se cancel\u00f3 un embargo de la Tesorer\u00eda de Rentas Municipales, registrado el 1\u00ba de octubre de 1987; finalmente, que Mar\u00eda de Jes\u00fas hab\u00eda comprado el bien el 17 de diciembre de 1982. <\/p>\n
De conformidad con el certificado de la C\u00e1mara de Comercio, el establecimiento \u201cLas dos Tortugas\u201d es propiedad de Francisco Emilio Ram\u00edrez Salazar. As\u00ed mismo, CONAVI inform\u00f3 (folio 235), que el demandado pidi\u00f3 un pr\u00e9stamo para adquirir el inmueble, pero que no se lo concedieron porque el aval\u00fao era inferior al requerido. <\/p>\n
El 10 de agosto de 1992, prosigue el Tribunal, Humberto de Jes\u00fas Hoyos Ardila se present\u00f3 a la Notar\u00eda; al folio 55 del cuaderno principal, obra un cheque girado contra Bancoquia por $30.000.000.00, roto. Aqu\u00e9l, en su interrogatorio de parte y sobre el particular, explic\u00f3 que qued\u00f3 de pagar esa suma el 8 de agosto de 1992, pero como ese d\u00eda no era h\u00e1bil, llegaron al acuerdo de que pagar\u00eda el 10, o sea el d\u00eda h\u00e1bil siguiente. \u201c… \u2018Yo fui el 10 a la notar\u00eda a cumplir la obligaci\u00f3n. El c\u00f3nyuge me dijo \u2018dame la plata\u2019 le dije deme los papeles\u2026 sali\u00f3 de la notar\u00eda y no volvi\u00f3\u2019\u201d. Respecto de la suficiencia de fondos \u201cexplica lo inexplicable\u201d, es decir, \u201c \u2018que es un manejo de cuenta bancaria y no todo el dinero est\u00e1 en el banco. Yo soy comerciante y manejo mucho efectivo y yo le puedo dar un cheque a Ud. hoy y cubr\u00edrselo ma\u00f1ana y puedo tener la plata en una cuenta de ahorro, en la casa, en el fondo y si Ud. ha manejado cuenta sabe eso \u2026 S\u00ed ten\u00eda fondos suficientes pero no en esa cuenta y en ese banco, pod\u00eda cubrir el cheque en cualquier momento para hacer el negocio\u2019 \u2026 EN CONCLUSION el demandado incumpli\u00f3 el pago del precio\u201d. El mismo Notario Sexto certifica que el demandado compareci\u00f3 a la Notar\u00eda, pero nada m\u00e1s. <\/p>\n
Empero, acot\u00f3 el sentenciador, el embargo de Rentas departamentales solamente aparece cancelado el 27 de noviembre de 1992. Entonces, Francisco compareci\u00f3 a la Notar\u00eda pero no llev\u00f3 los documentos necesarios para otorgar la escritura, esto es, que tambi\u00e9n AURORA incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de \u201centregar la escritura\u201d. \u201cEstas obligaciones eran dando y dando, como puede colegirse de la fecha 8 de agosto, d\u00eda no h\u00e1bil y del dicho de IVAN FERNANDO PALACIO NARANJO (cuaderno dos fls 1) quien depone y expresa que \u00e9l elabor\u00f3 la promesa el 23 de junio de 1992 en la Notar\u00eda Sexta de Medell\u00edn que el comprador ten\u00eda la \u2018posesi\u00f3n\u2019 del bien en calidad de arrendatario y que al efecto se manifest\u00f3 que a partir de esa fecha no se causar\u00edan c\u00e1nones de arrendamiento, la vendedora manifest\u00f3 que el inmueble ten\u00eda un gravamen pero sin especificarlo y se comprometi\u00f3 a cancelarlo antes del otorgamiento de la escritura\u201d. La vendedora nunca llev\u00f3 los documentos necesarios para tal fin, se anot\u00f3 el 8 de agosto para el pago de los treinta millones, pero se aclar\u00f3 que era para el d\u00eda 10, que era lunes y que ese mismo d\u00eda se pagar\u00eda. Este testigo es imparcial, demuestra conocimiento de los hechos y convence. \u201cHay pues un incumplimiento mutuo\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, a\u00f1adi\u00f3 el Juzgador, ocurri\u00f3 luego un hecho confuso. Obra al folio 43 del cuaderno principal, una minuta de escritura abortada, de la Notar\u00eda 19 de Medell\u00edn, del a\u00f1o de 1993, en la que las partes aluden a un precio de $32.000.000.00, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria, en abonos de $8.000.000.00 anuales. De igual modo, al folios 53, un documento en donde se dice que el 16 de febrero de 1993 el c\u00f3nyuge de la demandante recibi\u00f3 $3.400.000.00, por \u201cintereses de la venta de \u2018Las dos tortugas\u2019 y que resta treinta y dos millones. El hecho lo explica el demandado en su interrogatorio de parte de la siguiente manera: \u2018el 15 de febrero de 1993 me encontr\u00e9 con ellos (demandante y su c\u00f3nyuge) en las dos tortugas y me dijeron que para que arregl\u00e1ramos el problema que les diera el dinero que ten\u00eda en el banco y que al otro d\u00eda firm\u00e1bamos la escritura \u2026 y al otro d\u00eda hicieron una escritura toda rara \u2026\u201d. Por consiguiente. lo demostrado es el mutuo incumplimiento del contrato de promesa de compraventa. <\/p>\n
Es evidente, precis\u00f3 el fallador, que el demandante Salazar no tiene legitimaci\u00f3n, \u201cdada su extraneidad (sic) al contrato debatido. Ser due\u00f1o del bien prometido en venta no es condici\u00f3n que legitime para afrontar el debate que concierne a la pretensi\u00f3n resolutoria…\u201d de la promesa de venta. Y luego de algunas consideraciones relativas a las condiciones de prosperidad de dicha pretensi\u00f3n, apunt\u00f3 que no procede pues la estimaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n de la demanda, dada la prosperidad de la \u201cexceptio non adimpleti contractus\u201d, especie de derecho de retenci\u00f3n del cumplimiento de la propia obligaci\u00f3n hasta cuando el contratante no cumpla o se allane a cumplir. \u201cEsta es una excepci\u00f3n temporaria que no produce cosa juzgada porque cuando cualquiera de los contratantes se allane a cumplir o cumpla, el otro estar\u00e1 en mora y se operar\u00e1 el fen\u00f3meno necesario para que se den los elementos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n resolutoria\u201d. <\/p>\n
No es admisible la idea del mutuo disenso, porque nada ser\u00eda m\u00e1s ajeno a la realidad de los hechos. \u201cEn efecto, si bien la demandante en la audiencia de conciliaci\u00f3n expresamente manifiesta que ella ya no vende el local, el proceso todo demuestra la voluntad de persistir en el contrato que anima al demandado\u201d. Los testigos nada saben diverso de lo que las partes mismas les han comentado, luego es in\u00fatil detenerse en su enunciaci\u00f3n nominal. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
De los dos cargos que ella conten\u00eda, solamente fue admitido a estudio el primero, de cuyo examen se ocupa la Corte. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con sustento en la causal primera casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de ser violatoria del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, por causa del error de hecho cometido por el fallador en la apreciaci\u00f3n del testimonio rendido por IV\u00c1N FERNANDO PALACIO NARANJO, que lo llev\u00f3, igualmente, a errar en la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas contractuales estipuladas en la promesa de compraventa, ya que dicha prueba no tiene eficacia suficiente para desvirtuar lo que en el contrato se afirma. De acuerdo con el principio de la sana cr\u00edtica, ese testimonio no tiene fuerza de plena prueba suficiente para cambiar o desestimar el tenor literal de un contrato de promesa de compraventa, m\u00e1xime si \u201cse trata de la declaraci\u00f3n de un testigo, sin raz\u00f3n del hecho (sic.) que se declara, o que simplemente no colige o converge con el conjunto de pruebas aportadas al proceso\u201d. <\/p>\n
Emprende, entonces, el censor, la tarea de se\u00f1alar los errores de apreciaci\u00f3n en los que, en su entender, incurri\u00f3 el sentenciador al apreciar ese testimonio, para lo cual advierte que el declarante afirm\u00f3 lo siguiente: \u201c… \u2018Elaborando la promesa, la suma de $30\u2019000.000 se pact\u00f3 fue para la escritura, se le coloc\u00f3 el 8 de agosto, porque no ten\u00eda calendario a la mano, pero cuando nos dimos cuenta FRANCISCO HUMBERTO y yo de que el 8 de agosto no era d\u00eda laboral, las partes contratantes (vendedor y comprador) manifestaron que no hab\u00eda ning\u00fan problema, porque la escritura se har\u00eda al lunes siguiente, o sea el 10 de agosto.\u2019\u201d <\/p>\n
Al respecto puntualiza el impugnante, que el deponente deja la \u201csensaci\u00f3n de ambig\u00fcedad y vaguedad\u201d en su respuesta, ya que al expresar que la suma de $30\u2019000.000 \u201cse pact\u00f3 fue para la escritura, y se coloc\u00f3 el 8 de agosto porque no ten\u00eda calendario a la mano\u201d, salta a la vista que si eso fuera cierto, dicha estipulaci\u00f3n se habr\u00eda plasmado en la cl\u00e1usula quinta de la promesa, donde se pact\u00f3 que la suscripci\u00f3n de la escritura se har\u00eda el d\u00eda 10 de agosto, y para lo cual no se necesitaba calendario, porque la fecha de suscripci\u00f3n y perfeccionamiento del contrato ya estaba determinada. Adem\u00e1s, no se dej\u00f3 nota marginal por escrito al respecto, dentro de la misma promesa que comprobara esa voluntad externa de las partes. <\/p>\n
As\u00ed mismo, a\u00f1ade, \u201ces constante\u201d en los autos, la prueba de que la actora exig\u00eda estrictamente la cancelaci\u00f3n del resto del precio para antes de la fecha de suscripci\u00f3n de la escritura, debido a que el demandado ya ten\u00eda la posesi\u00f3n material del inmueble prometido en venta y, adem\u00e1s, que la parte demandante deb\u00eda cancelar el gravamen que reca\u00eda sobre el inmueble, tal como lo manifiesta el demandado en su interrogatorio y lo declara la demandante (folios 9 del cuaderno 2). Si bien es cierto que, como lo explica la Corte, el p\u00e1rrafo 2\u00ba del art\u00edculo 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no excluye, expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, la prueba testimonial o la indiciaria, para desvirtuar la voluntad expresada en documentos p\u00fablicos o privados, no es menos cierto, que s\u00ed entra\u00f1a una prevenci\u00f3n destinada al juzgador para que los aprecie \u201c \u2018con extremada cautela y desconfianza\u2019 en cuanto a la credibilidad que merezcan\u201d. Lo anterior cobra efecto en este caso, adicion\u00e1ndole que cuando el testigo hizo su exposici\u00f3n espont\u00e1nea de los hechos, los narr\u00f3 de forma extensa, tratando de cobijar todos los pormenores y detalles que supuestamente se presentaron en la negociaci\u00f3n, inclusive hasta el punto de coincidir con las mismas palabras utilizadas por el demandado en su declaraci\u00f3n, ya que \u00e9ste, refiri\u00e9ndose al pago del saldo de $30\u2019000.000, expres\u00f3 que: \u201c\u2026 \u2018se qued\u00f3 de pagar el d\u00eda 8, pero ese d\u00eda no era d\u00eda h\u00e1bil, ya que despu\u00e9s que nos fijamos en un calendario en la Notar\u00eda\u2019, dejando entrever con esto una especie de confabulaci\u00f3n para la confecci\u00f3n de esta versi\u00f3n\u201d, pues no tiene raz\u00f3n de ser que para la fijaci\u00f3n de la fecha de otorgamiento de la escritura si tuvieran calendario, pero que determinar la fecha de pago del excedente del precio debiera sobreentenderse que era la de suscripci\u00f3n del instrumento de venta, o sea, sea el 10 de agosto, y no el 8 de ese mismo mes, como se plasm\u00f3 en la promesa de compraventa. <\/p>\n
Interrogado el mencionado declarante, a\u00f1ade el censor, sobre la raz\u00f3n por la que recordaba con tanta precisi\u00f3n lo sucedido entre las partes, respondi\u00f3: \u201c… \u2018Porque el d\u00eda en que se celebr\u00f3 el contrato fueron casi dos horas que estuve oy\u00e9ndolos conversar de un lado y del otro\u2019. Ante eso cabe la pregunta si con unas cuantas horas que comparti\u00f3 con las partes en la redacci\u00f3n de la promesa y en el d\u00eda del otorgamiento de la escritura es suficiente para que un testigo imparcial y neutral, sin volver a tener ninguna relaci\u00f3n o contacto con las partes, tal y como lo expres\u00f3 en su declaraci\u00f3n, tenga supuestamente en su memoria todos los hechos que rodearon la negociaci\u00f3n, despu\u00e9s de pasados seis a\u00f1os hasta el d\u00eda que rindi\u00f3 su declaraci\u00f3n…\u201d, m\u00e1xime si se considera que, como \u201cprotocolista\u201d, son m\u00faltiples los negocios que, similares a este, debe atender. <\/p>\n
Acota enseguida, refiri\u00e9ndose a las manifestaciones del Tribunal relativas a la apreciaci\u00f3n de ese testimonio, que ellas son \u201cindeterminantes\u201d, y que tratan de desvirtuar la obligaci\u00f3n que ten\u00eda el demandado de cancelar el resto del precio el d\u00eda s\u00e1bado 8 de agosto de 1992, esto es, antes de la suscripci\u00f3n de escrituras, lo que deb\u00eda ocurrir el 10 de agosto, haciendo ver que las mutuas obligaciones de las partes deb\u00edan ejecutarse simult\u00e1neamente, es decir, al mismo tiempo, present\u00e1ndose de esta forma un error de hecho manifiesto y trascendente, por cuanto es muy clara la cl\u00e1usula de la promesa mediante la cual los contratantes acordaron el pago del resto del precio para el 8 de agosto sin que, aparte de este testimonio, exista prueba que desvirt\u00fae esa estipulaci\u00f3n escrita, ya que las partes no pactaron expl\u00edcitamente otra cosa, lo que demuestra que las obligaciones eran de ejecuci\u00f3n sucesiva y no simult\u00e1nea, habiendo incumplido la demandada con las obligaciones de su cargo antes de la suscripci\u00f3n de la escritura. <\/p>\n
Para robustecer su inferencia, a\u00f1ade el impugnante que si, hipot\u00e9ticamente, el Tribunal no hubiera apreciado el testimonio de IVAN FERNANDO PALACIO NARANJO, y el demandado hubiere recurrido en casaci\u00f3n por error de hecho por tal circunstancia, \u201ces muy clara la Corte al considerar en reiteradas sentencias que no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba, cuando el fallador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso pero no los estima por considerarlos inconducentes o ineficaces para justificar determinados hechos, y con mayor raz\u00f3n cuando con el testimonio aducido se trata de desvirtuar lo plasmado en un acto jur\u00eddico solemne, como lo es la promesa de compraventa celebrada en notar\u00eda\u201d. Cuando el querer de los contratantes queda escrito en cl\u00e1usulas claras, precisas y sin asomo de ambig\u00fcedad, debe presumirse que esas estipulaciones, as\u00ed concebidas, son el fiel reflejo de su voluntad interna, y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretaci\u00f3n o cambio de su sentido por prueba testifical. <\/p>\n
Cita, seguidamente, jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, relacionada con la necesidad de interpretar los contratos oscuros, para asentar que no se puede sacrificar el verdadero sentido de una cl\u00e1usula contractual con deducciones o interpretaciones que se hagan con base en un testimonio que, como se ha demostrado, no converge con el acervo probatorio en conjunto ni con el verdadero sentir de las partes que se plasm\u00f3 en el contrato. <\/p>\n
Por \u00faltimo, obran en el proceso debidamente probados en sus hechos indicadores, los siguientes indicios que por ser graves, concordantes y convergentes, conducen a demostrar, apreciados en conjunto, y en relaci\u00f3n con la prueba testifical del se\u00f1or Ivan Fernando Palacio, que \u00e9sta fue apreciada err\u00f3neamente por el Tribunal: <\/p>\n
a) Copia aut\u00e9ntica del poder especial conferido por la demandante al se\u00f1or Francisco Ram\u00edrez Salazar, para suscribir la escritura del contrato prometido con el demandado (folio 4 el cuaderno principal); b) oficio suscrito por el Director de Tesorer\u00eda del Instituto Metropolitano de Valorizaci\u00f3n de Medell\u00edn, donde consta que el inmueble prometido en venta se encontraba a paz y salvo con el \u201cInval\u201d para la fecha de suscripci\u00f3n de las escrituras, es decir, el 10 de agosto de 1992. (folio 208 del cuaderno principal); c) oficio suscrito por la Jefe de la Secci\u00f3n de Informaci\u00f3n y Archivo de la Divisi\u00f3n de Catastro de Medell\u00edn donde consta que el inmueble prometido en venta se encontraba a paz y salvo con el Municipio de Medell\u00edn al tercer trimestre de 1992 (julio, agosto y septiembre), por concepto de Impuesto predial y complementarios. No obstante que dicha prueba fue solicitada por ambas partes, no fue allegada al expediente, motivo por el cual se anexa con el presente recurso, sin que constituya medio nuevo \u201csino medio viejo\u201d, aserto cuya justificaci\u00f3n cree ver en una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Estos documentos, concluye, acreditan suficientemente que la demandante ha tenido siempre la manifiesta y ostensible \u201cbuena fe\u201d para darle cumplimiento a la promesa de venta y que siempre se ha allanado a cumplir y que, aun cuando el demandado no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de pagar el resto del precio ($30\u2019000.000), el 8 de agosto de 1992, se encontraba totalmente posibilitada para cumplir con el contrato prometido, ya que compareci\u00f3, por medio de apoderado especial, su c\u00f3nyuge, el d\u00eda 10 de agosto de 1992, a la Notar\u00eda Sexta de Medell\u00edn, quien se retir\u00f3 sin exigir el certificado notarial, luego de hablar con el promitente comprador, el cual no hab\u00eda llevado el precio convenido. Aproximadamente un mes despu\u00e9s aqu\u00e9l regres\u00f3 a la notar\u00eda y le lo expidieron la certificaci\u00f3n, pero sin la constancia de haber aportado los documentos requeridos, pero que igual constan en el plenario y demuestran claramente que la demandante siempre cumpli\u00f3 y se allan\u00f3 a cumplir la promesa de compraventa, situaci\u00f3n que no se present\u00f3 con el demandado quien no cumpli\u00f3 con el pago del resto del precio el d\u00eda 8 de agosto de 1992. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A <\/p>\n
1. Advierte la Corte que el desarrollo del cargo apenas comporta un vacilante discurso argumentativo por medio del cual el censor ensaya su propia apreciaci\u00f3n del testimonio de IV\u00c1N FERNANDO PALACIO, bosquejando al efecto algunas razones por las cuales, en su entender, el mismo carece de relevancia probatoria, es decir, denotando al efecto algunos reparos que impedir\u00edan concederle el m\u00e9rito persuasivo que el sentenciador le confiri\u00f3. <\/p>\n
Mas, es claro que no era esa la labor que realmente ten\u00eda frente a s\u00ed el impugnante; por supuesto que su compromiso era de mayor hondura que el de discrepar de la estimaci\u00f3n que de la prueba hiciera el sentenciador, as\u00ed sus argumentos se ofrezcan como razonables. No, su tarea en el punto era la de confrontar el contenido del testimonio con lo que el sentenciador dijo o dej\u00f3 de decir del mismo, para que de ese cotejo aflorara manifiesto, sin enmara\u00f1adas elucidaciones, el error denunciado. Y a tal cometido renunci\u00f3 el censor, pues no se ocup\u00f3 de especificar y demostrar los errores de facto que, en el punto, al Tribunal le enrostra, sino, simplemente, como ya se dijera, a presentar una percepci\u00f3n divergente de dicha testificaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a este aspecto de la acusaci\u00f3n el censor se limit\u00f3 a poner de presente que la respuesta del declarante dejaba la \u201csensaci\u00f3n de ambig\u00fcedad y vaguedad\u201d, y denotaba \u201cuna especie de confabulaci\u00f3n para la confecci\u00f3n\u201d de su versi\u00f3n, porque no tendr\u00eda raz\u00f3n de ser que para la fijaci\u00f3n de la fecha de suscripci\u00f3n de la escritura s\u00ed tuvieran calendario, pero que, para determinar la fecha de pago del excedente del precio, debiera sobreentenderse que era la de suscripci\u00f3n del instrumento de venta, o sea, sea el 10 de agosto, y no el 8 de ese mismo mes, como se plasm\u00f3 en la promesa de compraventa. Sin embargo, lo cierto es que, independientemente de cualquier comentario en torno a la eficacia del testimonio en este asunto, no se empe\u00f1\u00f3 en demostrar que el sentenciador incurri\u00f3 en un disparate al concederle vigor persuasivo a dicha declaraci\u00f3n, pues, como ya se dijera, la censura se circunscribi\u00f3 a elaborar su propio an\u00e1lisis cr\u00edtico del testimonio, dejando de lado las reflexiones que en el punto asentara el sentenciador. <\/p>\n
Ahora, si de lo que el recurrente quiso dolerse fue de la conducencia del testimonio para probar contra la estipulaci\u00f3n escrita en la promesa, debi\u00f3 enfilar y demostrar tal acusaci\u00f3n, con el cumplimiento de las exigencias formales y t\u00e9cnicas de rigor, como un error de derecho. <\/p>\n
En todo caso, al margen de la anterior consideraci\u00f3n, y dejando de lado cualquier reflexi\u00f3n respecto a la idoneidad del testimonio para probar respecto de la fecha realmente acordada por las partes, y si se admitiese como incomprensible, a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica que los contratantes no hubiesen procedido a corregir inmediatamente la fecha plasmada para efectos de pagar el saldo del precio, concord\u00e1ndola con la de suscripci\u00f3n de la escritura, como era su verdadera intenci\u00f3n, seg\u00fan el testimonio cuestionado, no es menos cierto que, puesta la Corte, \u00fanicamente, en la tarea de examinar la veracidad de la testificaci\u00f3n cuestionada, resultar\u00eda inexplicable que los demandantes hubiesen asistido a la Notar\u00eda el d\u00eda previsto en el contrato para tal efecto, a reclamar ese pago y, sobre todo, que no hubiesen hecho constar al Notario que, por su parte, se negaban a suscribir el instrumento prometido porque el demandado hab\u00eda incumplido con anterioridad esa obligaci\u00f3n a su cargo. E inclusive, que tiempo despu\u00e9s hubiesen recibido parte del dinero adeudado. <\/p>\n
Col\u00edgese, por consiguiente, que el escrutinio material que de la declaraci\u00f3n en comento hace el recurrente no se ofrece como la \u00fanica posible, circunstancia que impide pensar que el fallador hubiese incurrido en el error f\u00e1ctico, con car\u00e1cter de manifiesto, que se le atribuye. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, si el tribunal, por examinar aisladamente el aludido testimonio, no se percat\u00f3 de que este no concordaba con las dem\u00e1s pruebas del proceso, el error que habr\u00eda que enrostrarle ser\u00eda de derecho, por no haber examinado y valorado las pruebas en conjunto. Finalmente, son irrelevantes los dem\u00e1s imputaciones de la censura, particularmente las encaminadas a denotar el supuesto cumplimiento de los demandantes de las obligaciones a su cargo, pues no enervan las reflexiones asentadas en el punto por el sentenciador, esto es, que las obligaciones de las partes de pagar el precio y suscribir la escritura eran concomitantes, y que ambos hab\u00edan incumplido: una por no pagar el saldo del precio y la otra por no estar en capacidad de disponer del inmueble por encontrarse \u00e9ste embargado. <\/p>\n
Por lo anteriormente indicado, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 26 de abril de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario adelantado por MARIA JESUS AURORA CASTA\u00d1O DE RAMIREZ y FRANCISCO EMILIO RAMIREZ SALAZAR frente a HUMBERTO DE JESUS HOYOS ARDILA. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
En comisi\u00f3n especial <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Con excusa justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-305-2005 [0281] SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 Distrito Capital, primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil cinco (2005). Rad.- Expediente No. 0281 Decide la Corte el recurso de Casaci\u00f3n que la parte demandante ha […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}