SC-307-2005 [1100131030211996-21552-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-1100131030211996-21552-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Jardines de Am\u00e9rica S. A., en liquidaci\u00f3n obligatoria, contra la sentencia de 30 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente contra Flora Bell\u00edsima Limitada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad demandante convoc\u00f3 a la tambi\u00e9n sociedad demandada para que en su contra se declarara que hubo lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa que se hizo constar en el acuerdo concordatario de 14 de noviembre de 1995, celebrado a solicitud de la primera con sus acreedores, y que como consecuencia se decretara su rescisi\u00f3n con las restituciones que determina, salvo que la segunda, en su calidad de compradora, complete el justo precio del inmueble involucrado. <\/p>\n
2.- En lo pertinente, para fundamentar las pretensiones la demandante manifiesta que el aludido contrato vers\u00f3 sobre una oficina ubicada en Bogot\u00e1 y una finca denominada \u201cLa Magdalena\u201d situada en el municipio de Tocancip\u00e1, am\u00e9n de otros \u201cmuebles, maquinaria, equipos y veh\u00edculo\u201d, todo lo cual identifica; que el precio global pactado de los bienes ascendi\u00f3 a $1.300\u00b4000.000.oo, los cuales se destinaron al pago de los pasivos calificados y graduados por la Superintendencia de Sociedades; y que para la fecha de la venta el precio de la finca era superior a $3.000\u00b4000.000.oo. <\/p>\n
3.- La parte demandada se opuso a las pretensiones, fundamentalmente porque antes de celebrarse el acuerdo concordatario el Banco Ganadero avalu\u00f3 el referido inmueble en $705\u00b4142.900.oo, con detalle de los precios de los terrenos, construcciones y mejoras, no obstante lo cual su valor qued\u00f3 en $1.200\u00b4000.000.oo, al descontar de la suma global $100\u00b4000.000.oo, que correspond\u00eda al aval\u00fao de la oficina. <\/p>\n
4.- El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 28 de enero de 2004, neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal, ante todo, dej\u00f3 sentado que el \u201cnegocio de compraventa, efectuado sobre la finca \u2018La Magdalena\u2019\u201d, respecto del cual dicha parte pretend\u00eda su rescisi\u00f3n, se hab\u00eda celebrado en el marco de un concordato preventivo obligatorio adelantado por aquella y sus acreedores ante la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el Decreto 350 de 1989. <\/p>\n
Acuerdo que indudablemente era de naturaleza jurisdiccional, al igual que todas las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite del concordato, porque aprobado por el superintendente, con competencia legal para el efecto, resultaba obligatorio para quienes intervinieron, al punto que no era necesario homologarlo por ninguna autoridad judicial. <\/p>\n
2.- Frente a lo anterior, el Tribunal consider\u00f3 que la \u201caprobaci\u00f3n de la venta\u201d de la finca \u201cLa Magdalena\u201d deb\u00eda tenerse hecha por ministerio de la justicia, caso en el que sobre la misma no pod\u00eda recaer la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme, toda vez que se inscrib\u00eda dentro de las causales de improcedencia previstas en el art\u00edculo 1949 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como los negocios celebrados dentro del tr\u00e1mite del concordato se encontraban dirigidos a extinguir las obligaciones de quien voluntaria o forzadamente hab\u00eda concurrido al mismo, esos acuerdos no pod\u00edan ser vistos bajo la \u00f3ptica del normal desenvolvimiento aut\u00f3nomo de la voluntad, porque en ellos el deudor comparec\u00eda compelido a extinguir los pasivos de la manera menos gravosa para \u00e9l y para sus acreedores. <\/p>\n
Aplicar, entonces, al negocio materializado por orden judicial, el instituto de la lesi\u00f3n enorme, esto, am\u00e9n de inadecuado, terminar\u00eda patrocinando actuaciones desleales de quien habiendo \u201cextinguido sus obligaciones\u201d, posteriormente inicia acciones tendientes a regresar a su patrimonio, por un valor superior al que sirvi\u00f3 para tasar el pago proporcional de sus deudas, los bienes que sirvieron para extinguirlas. Conducta a la saz\u00f3n contradictoria, porque no se puede considerar que el deudor ha resultado lesionado con ese pago, cuando ese mismo acto resolvi\u00f3, en su favor, varias obligaciones pendientes. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, el Tribunal concluy\u00f3 en la inaplicabilidad de la lesi\u00f3n enorme al negocio jur\u00eddico atacado. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1.- En el \u00fanico cargo formulado se denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1626, 1946, 1947 y 1949 del C\u00f3digo Civil, 33, 57 y 60 del Decreto 350 de 1989. <\/p>\n
2.- En su desarrollo, manifiesta la recurrente que el criterio del Tribunal de darle a la \u201caprobaci\u00f3n del acuerdo concordatario las caracter\u00edsticas de decisi\u00f3n judicial\u201d, es equivocado porque se confunde el \u201cconflicto mercantil entre deudor y sus acreedores\u201d, con la \u201caprobaci\u00f3n del mismo\u201d, pues mientras el primero es \u201ceminentemente contractual\u201d, el segundo es simplemente la aprobaci\u00f3n de que ese contrato se realiz\u00f3 conforme a derecho, error que se acrecienta cuando se borra la distinci\u00f3n que exist\u00eda entre el concordato preventivo potestativo y el preventivo obligatorio, los cuales se tramitaban ante el juez civil del circuito y la superintendencia de sociedades, respectivamente. <\/p>\n
Agrega que, por lo mismo, el sentenciador pas\u00f3 por alto que como los acuerdos concordatarios surg\u00edan en forma libre y dentro de la autonom\u00eda privada entre un deudor y sus acreedores, esto en nada desvirtuaba el contenido de las obligaciones que se solucionaban, porque se trataba de un negocio universal en donde estaba de por medio la totalidad de un patrimonio, frente a la totalidad de los acreedores admitidos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, acota que el Tribunal err\u00f3 al sostener que el negocio concordatario ten\u00eda condiciones de voluntad y autonom\u00eda distintas a los dem\u00e1s contratos, olvidando que la lesi\u00f3n enorme se sustenta en un vicio objetivo, como es la desproporci\u00f3n en las contraprestaciones del contrato. <\/p>\n
3.- Concluye la recurrente que los errores denunciados llevaron al sentenciador a sostener en forma equivocada que la venta de la finca en cuesti\u00f3n se hab\u00eda realizado por ministerio de la justicia, porque aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 33, inciso 2\u00ba del Decreto 350 de 1989, norma que reg\u00eda el concordato preventivo potestativo y no el preventivo obligatorio, respecto del cual el art\u00edculo 60, ib\u00eddem, calificaba el auto de aprobaci\u00f3n del acuerdo concordatario como un acto administrativo impugnable ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Contrario a lo que se alega en el cargo, para el Tribunal la venta del inmueble de que se trata, contenida en el acuerdo concordatario, ten\u00eda el car\u00e1cter de una venta hecha por \u201cministerio de la justicia\u201d, porque como en su sentir, tal acuerdo fue homologado por la Superintendencia de Sociedades, esto implicaba tambi\u00e9n la \u201caprobaci\u00f3n de la venta\u201d, decisi\u00f3n por s\u00ed eminentemente jurisdiccional, como todas las que se surt\u00edan en el r\u00e9gimen de los concordatos preventivos obligatorios, dado que lo pactado ten\u00eda valor vinculante tanto para quienes interven\u00edan en su celebraci\u00f3n, como para los ausentes y disidentes, al punto que no requer\u00eda ser ratificado por la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
El an\u00e1lisis, entonces, se circunscribe a establecer si la aprobaci\u00f3n del acuerdo concordatario por la Superintendencia de Sociedades, era una decisi\u00f3n \u201cjurisdiccional\u201d, y si, por lo mismo, los negocios que realizaron las partes y que fueron involucrados como parte del referido acuerdo, deb\u00edan entenderse hechos por \u201cministerio de la justicia\u201d. <\/p>\n
2.- Desde que hizo aparici\u00f3n la instituci\u00f3n de los concordatos en el C\u00f3digo de Comercio, las posiciones acerca de la naturaleza jur\u00eddica de los actos de la Superintendencia de Sociedades en el tr\u00e1mite de los mismos, concretamente del potestativo obligatorio, ha sido variada. <\/p>\n
Demandadas, en efecto, por inconstitucionales las disposiciones de ese cuerpo normativo que atribuyeron competencia a la citada entidad para que conociera del mismo, la entonces Sala Constitucional de la Corte las encontr\u00f3 exequibles, al considerar que la actuaci\u00f3n del anotado organismo en ese campo era puramente \u201cadministrativa y en ning\u00fan momento jurisdiccional\u201d, porque su funci\u00f3n se limitaba a \u201cpresidir las deliberaciones de los acreedores y el deudor, y, en \u00faltimo t\u00e9rmino, si se llegare a un acuerdo, firmando el acta en que \u00e9l conste\u201d, y porque en los actos en los cuales interven\u00eda no hab\u00edan \u201cpartes propiamente dichas sino deudores y acreedores que deliberan y toman ellos, no el funcionario, decisiones sobre cuestiones que sean susceptibles de transacci\u00f3n\u201d1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque las controversias sobre la existencia, cuant\u00eda, naturaleza, garant\u00edas, en fin, de las obligaciones, y la homologaci\u00f3n del concordato, esas s\u00ed \u201cjurisdiccionales\u201d, se hab\u00edan reservado al juez competente para conocer del proceso de quiebra, seg\u00fan lo que se prescrib\u00eda en los art\u00edculos 1930 y 1931 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
El art\u00edculo 60 del Decreto 350 de 1989, mediante el cual se adopt\u00f3 un nuevo r\u00e9gimen de concordatos, cuyo an\u00e1lisis constitucional en esos mismos t\u00f3picos qued\u00f3 superado2, zanj\u00f3 en ese entonces la discusi\u00f3n, al distinguir que los actos de la Superintendencia de Sociedades eran de simple tr\u00e1mite, salvo el que le pon\u00eda fin a la \u201cactuaci\u00f3n administrativa\u201d, vale decir, el que aprobaba el acuerdo concordatario, cuya impugnaci\u00f3n correspond\u00eda ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, sin que en ning\u00fan caso fuera procedente la \u201csuspensi\u00f3n provisional del acto demandado\u201d. <\/p>\n
Previsiones que se acompasaban con la naturaleza misma de los concordatos, porque la gravedad de las consecuencias que conlleva la cesaci\u00f3n de pagos, inclusive para la econom\u00eda nacional, ameritaba un tr\u00e1mite r\u00e1pido y expedito, no s\u00f3lo para la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, sino tambi\u00e9n para la protecci\u00f3n adecuada del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Como se explic\u00f3 en la sentencia primera citada, con referencia a lo que expresaron algunos de los integrantes encargados de revisar y preparar el proyecto definitivo del C\u00f3digo de Comercio, el tr\u00e1mite ante la Superintendencia de Sociedades se justificaba porque como se trataba de sociedades sometidas al control de la misma, pod\u00eda ser m\u00e1s \u201ceficiente la intervenci\u00f3n de ese organismo administrativo, que conoce o puede conocer f\u00e1cilmente el estado patrimonial de la sociedad, que la de un juez que tiene que empezar por informarse de todos esos detalles\u201d. <\/p>\n
Directrices que, en t\u00e9rminos generales, tom\u00f3 en cuenta el legislador al expedir la Ley 222 de 1995, mediante la cual, am\u00e9n de regular \u00edntegramente la materia, derog\u00f3 el Decreto 350 de 1989. Si bien esa nueva normatividad atribuy\u00f3 funciones judiciales a la Superintendencia de Sociedades para conocer privativamente de los procesos concursales de las sociedades a que se refiere (art\u00edculo 90), en el caso no ten\u00eda aplicaci\u00f3n por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 237, dado que los hechos alegados acaecieron antes del 20 de diciembre de 1995, fecha de su publicaci\u00f3n, y porque en el mismo precepto se estableci\u00f3 que esa ley entrar\u00eda a \u201cregir al vencimiento de los seis meses contados a partir de su promulgaci\u00f3n\u201d, salvo algunas excepciones. <\/p>\n
3.- Frente a lo expuesto, claramente se colige que las actuaciones en el tr\u00e1mite del concordato preventivo obligatorio de que trataba el Decreto 350 de 1989, incluyendo la providencia que aprobaba el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores ten\u00edan la connotaci\u00f3n de administrativas, tanto m\u00e1s cuando, como lo establec\u00edan los art\u00edculos 30 y 52, ib\u00eddem, en la audiencia de deliberaciones las funciones del Superintendente de Sociedades o de su delegado se circunscrib\u00edan a presidirla y a actuar como conciliador. <\/p>\n
Significa lo que acaba de concluirse, en lo que concierne al caso, que para la \u00e9poca del contrato en cuesti\u00f3n, ninguna pol\u00e9mica pod\u00eda suscitarse sobre si la venta era judicial o no, porque para entonces la Superintendencia de Sociedades carec\u00eda de funciones jurisdiccionales, como s\u00ed eventualmente las tiene hoy, de donde surge que con independencia de cualquier otra controversia sobre el particular, en el presente proceso resultaba imposible provocar una contienda semejante. <\/p>\n
Mas, como en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n se concluy\u00f3, contrario, inclusive, a lo que se consider\u00f3 al confirmarse el auto que declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n, que esas actuaciones ten\u00edan un \u201cpeso eminentemente jurisdiccional\u201d, y que, por lo tanto, la venta de la finca \u201cLa Magdalena\u201d se hab\u00eda realizado por ministerio de la justicia, salta de bulto que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores juris in judicando que se denuncian, los cuales incidieron en la aplicaci\u00f3n de las disposiciones citadas, particularmente del art\u00edculo 1949 del C\u00f3digo Civil, al considerarse que la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme no proced\u00eda porque el caso se inscrib\u00eda dentro de las excepciones que el mismo contemplaba. <\/p>\n
En esa oportunidad, en efecto, el sentenciador, al resolver la mentada excepci\u00f3n previa, se\u00f1al\u00f3 que el litigio alud\u00eda a una \u201ct\u00edpica controversia civil\u201d y que conforme se preven\u00eda en el art\u00edculo 60 del Decreto 350 de 1989, la providencia por la cual la Superintendencia de Sociedades aprobaba el \u201cacuerdo concordatario entre el empresario y sus acreedores\u201d constitu\u00eda un \u201cacto administrativo\u201d. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, sin m\u00e1s, el cargo prospera, raz\u00f3n por al cual ser\u00eda el caso de proferir sentencia sustitutiva, pero antes la Corte, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 375, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estima necesario precisar, con relaci\u00f3n al dictamen practicado, concretamente sobre \u201clas plantaciones\u201d que se integraron al \u201cvalor comercial de la finca en nov\/95\u201d, \u00e9poca del contrato de compraventa, su existencia material, clase, cantidad, edad, en fin, todo lo que se relacione con las mismas, a cuyo efecto se requerir\u00e1 a los peritos para que en el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas adicionen, aclaren o complementen, seg\u00fan sea el caso, el trabajo presentado, porque el valor dado a ese preciso rubro carece de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa la sentencia de 30 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Jardines de Am\u00e9rica S. A., en liquidaci\u00f3n obligatoria, contra la sociedad Flora Bell\u00edsima Limitada, y antes de dictar la sentencia sustitutiva ordena requerir a los peritos, en la forma establecida en la ley, para que procedan de conformidad con lo se\u00f1alado. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 Sentencia de 18 de agosto de 1981, CXLIV-296. <\/p>\n
2 Vid. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencias de 31 de agosto de 1989 <\/p>\n
(CXCVII, 241-255), y de 15 de abril de 1991, sin publicar oficialmente. <\/p>\n
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