SC-312-2005 [1100131030081995-0170-01]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cinco de diciembre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 11001-3103-008-1995-0170-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -Sala Civil de Descongesti\u00f3n-, para poner fin al proceso ordinario promovido por Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los herederos indeterminados de In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn y las personas que en abstracto pudieran tener inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n solicit\u00f3 que se declarara a su favor la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio del inmueble ubicado en Bogot\u00e1, en la avenida (diagonal) 75 No. 18-28, comprendido dentro de los linderos consignados en la demanda, y que en consecuencia, se ordenara la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad. <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones se apoyan en los hechos que se compendian as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. El demandante ha pose\u00eddo materialmente el inmueble en forma continua, regular y pac\u00edfica, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, por un lapso superior a veinte a\u00f1os, es decir desde antes de 1974. <\/p>\n
2.2. La propietaria del inmueble, seg\u00fan el folio de matr\u00edcula inmobiliaria aportado, fue la se\u00f1ora In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn, quien falleci\u00f3 en Bogot\u00e1 el 2 de septiembre de 1986; en la sucesi\u00f3n de \u00e9sta, adelantada en el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de esta ciudad, fue reconocido como \u00fanico interesado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante providencia de 18 de noviembre de 1987. <\/p>\n
3. Notificado del auto admisorio de la presente demanda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se opuso a las pretensiones. Por su parte, el curador ad litem de los herederos y dem\u00e1s indeterminados dijo no oponerse a las pretensiones, siempre que en el proceso se acreditaran los elementos propios de la acci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, intervino en el proceso la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de un agente eventual, a quien el juzgado le reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar. <\/p>\n
4. El a quo neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, pues consider\u00f3 que el demandante ocupaba el predio en calidad de simple tenedor, esto es, a t\u00edtulo de arrendatario. Al desatar la apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 \u00edntegramente lo decidido en la primera instancia. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
De entrada se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que una vez analizado el acervo probatorio recaudado, se conclu\u00eda que la posesi\u00f3n del demandante no reun\u00eda los requisitos exigidos en la ley para que operara la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria. <\/p>\n
As\u00ed, dijo que si bien es cierto que se recibieron unos testimonios que se\u00f1alan al demandante como poseedor del inmueble por un lapso superior al exigido por la ley, su dicho no coincid\u00eda con lo que expresan las pruebas documentales aportadas por la agente del Ministerio P\u00fablico en la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre el bien, cuyo contenido desvirt\u00faa las declaraciones, en especial en lo que concierne al tiempo de posesi\u00f3n material, pues hay vestigios de que el demandante recibi\u00f3 el inmueble a t\u00edtulo de arrendatario. <\/p>\n
En la inspecci\u00f3n judicial realizada en el proceso de pertenencia, se aportaron las copias de un proceso de restituci\u00f3n de tenencia promovido por In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn contra un tercero. En el ep\u00edlogo de ese proceso, exactamente en la diligencia de entrega, se dej\u00f3 constancia de que el apoderado de la propietaria y arrendadora recib\u00eda el inmueble en el acto de manera satisfactoria, e igualmente, d\u00edjose all\u00ed que se constitu\u00eda un nuevo contrato de arrendamiento con el hoy demandante, quien suscribi\u00f3 el acta de la diligencia de entrega. Con apoyo en dicha prueba, que revela c\u00f3mo por lo menos para el 24 de marzo de 1980 el demandante reconoc\u00eda dominio ajeno, el Tribunal tuvo a bien confirmar la sentencia desestimatoria de las pretensiones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que a pesar de que evidentemente los documentos allegados en la inspecci\u00f3n judicial no pueden ser tenidos en cuenta como prueba trasladada, dado que las probanzas practicadas dentro del proceso de lanzamiento de In\u00e9s Villamar\u00edn contra Carlos Julio Amaya no fueron recepcionadas a petici\u00f3n o con audiencia del aqu\u00ed demandante, s\u00ed son prueba fehaciente de que se surtieron esas actuaciones, por lo cual \u201cel juez no puede sustraerse de atribuirles el m\u00e9rito probatorio que en una perspectiva formal y por ley les corresponde como documentos p\u00fablicos que son\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
A juicio del ad quem, la existencia de un contrato de arrendamiento que se marchitaba con la diligencia de entrega y la constituci\u00f3n all\u00ed de una nueva relaci\u00f3n de tenencia con el hoy demandante, hacen \u201ccuestionable el hecho posesorio invocado por el actor para demandar en pertenencia\u201d. Por ello, dijo, el actor debi\u00f3 aportar las pruebas necesarias para establecer que durante la vigencia del arrendamiento detent\u00f3 la posesi\u00f3n del bien, y no limitarse a afirmar que la ten\u00eda de tiempo atr\u00e1s, puesto que si bien la prueba testimonial sirve para demostrar la posesi\u00f3n, no siempre tiene esa virtud, porque la posesi\u00f3n puede confundirse con la tenencia, como ha se\u00f1alado la Corte en sentencia que cit\u00f3. <\/p>\n
Consider\u00f3 el Tribunal que esa circunstancia constituye un indicio en contra del demandante, que adquiere mayor relevancia al estudiar el contenido material del acta de entrega, aun prescindiendo de la presunta deficiencia se\u00f1alada por el recurrente consistente en que no fue suscrita por In\u00e9s Villamar\u00edn, puesto que si el actor afirm\u00f3 que era poseedor del inmueble para el d\u00eda de la entrega ejecutada en un proceso de restituci\u00f3n, no se entiende por qu\u00e9 acept\u00f3 firmar el acta en la que qued\u00f3 dicho que recib\u00eda el bien en calidad de arrendatario. <\/p>\n
Adujo adem\u00e1s que as\u00ed se admitiera que antes del lanzamiento el demandante pod\u00eda tener la posesi\u00f3n material del inmueble, al intervenir en la diligencia y suscribir el acta en los t\u00e9rminos antedichos- es decir, como inquilino-, reconoci\u00f3 dominio ajeno, por lo que al constituirse en tenedor precario, solamente pod\u00eda arrogarse la posesi\u00f3n mediante la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, lo que de acuerdo con los antecedentes del litigio, s\u00f3lo ser\u00eda posible con posterioridad a la muerte de la se\u00f1ora In\u00e9s Villamar\u00edn, ocurrida en el a\u00f1o 1986. Concluy\u00f3 entonces que como la demanda se present\u00f3 en 1995, solamente hab\u00edan pasado nueve a\u00f1os despu\u00e9s del deceso de la causante, de manera que el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n era insuficiente para adquirir por prescripci\u00f3n el bien pretendido. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., el recurrente formul\u00f3 tres cargos contra la sentencia del Tribunal, los cuales se estudiar\u00e1n de manera conjunta, por la comunidad de razones para su despacho. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Consider\u00f3 el recurrente que la sentencia del Tribunal es indirectamente violatoria del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 407 del C. de P. C., de los art\u00edculos 762, 764, 769, 770, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del C.C.; del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 120 de 1928 y del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 50 de 1936, como consecuencia del error de derecho cometido en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental allegada por el Agente del Ministerio P\u00fablico, con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 75 -numeral 10\u00ba-, 92 -numeral 4\u00ba-, 174, 175, 177, 178, 179-1, 183-1, 185, 187, 213, 219, 220, 226, 227, 228, 251, 253, 254, 264, 304, 305, y 407 -numeral 10\u00ba- del C. de P. C. <\/p>\n
Despu\u00e9s de citar jurisprudencia de la Corte referente a los principios de publicidad, contradicci\u00f3n, formalidad y traslado de la prueba, manifest\u00f3 el censor que la sentencia recurrida tiene como fundamento principal y \u00fanico la copia del acta de entrega que se llev\u00f3 a cabo dentro del proceso de lanzamiento iniciado por In\u00e9s Villamar\u00edn contra Carlos Julio Amaya. Esa probanza, dijo, se practic\u00f3 en un proceso en el que no fue parte el aqu\u00ed demandante; adem\u00e1s de ello esa prueba en ning\u00fan momento se decret\u00f3 en el presente proceso, y tampoco puede tenerse en cuenta como prueba trasladada porque no re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 185 del C. de P.C., dado que no se practic\u00f3 a petici\u00f3n del prescribiente Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n, ni con su audiencia. <\/p>\n
Para desarrollar la acusaci\u00f3n el casacionista separ\u00f3 sus argumentos en las que llam\u00f3 cuatro tesis. <\/p>\n
En la nominada primera tesis, afirm\u00f3 que el acta de entrega es el fundamento medular de la sentencia, que de su contenido el Tribunal extrajo la precariedad de la posesi\u00f3n alegada y de all\u00ed vino el fracaso de las pretensiones. <\/p>\n
En la que llama segunda tesis, el casacionista repiti\u00f3 que ese documento es una prueba trasladada que no cumple las exigencias del art\u00edculo 185 del C. de P.C., en particular porque el demandante no fue parte en el proceso de restituci\u00f3n en el cual se produjo la prueba. <\/p>\n
La tercera objeci\u00f3n que hizo el casacionista ata\u00f1e a que la prueba jam\u00e1s fue decretada en este proceso, pues si bien en la demanda de reconvenci\u00f3n puesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pidi\u00f3 traer el trasunto de lo acontecido en el proceso de restituci\u00f3n que adelant\u00f3 el Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Bogot\u00e1, esa demanda fue rechazada y nunca se decret\u00f3 la prueba. <\/p>\n
En lo que el recurrente llama cuarta tesis, volvi\u00f3 de nuevo sobre la imposibilidad de aceptar los documentos como prueba trasladada, para lo cual copi\u00f3 aquella parte en que el mismo Tribunal acept\u00f3 que el documento no pod\u00eda ser tomado como prueba trasladada. <\/p>\n
Dijo tambi\u00e9n que el Tribunal err\u00f3 de derecho al valorar el acta de entrega, pues lo que se indaga es si la prueba fue bien allegada, y no si los hechos ocurridos en el proceso de origen del acta -la restituci\u00f3n- verdaderamente ocurrieron. Agreg\u00f3 que las copias fueron indebidamente aportadas por el Ministerio P\u00fablico en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial hecha en el juicio de pertenencia y sostuvo que el sistema de la sana cr\u00edtica no llega hasta permitir que se aprecien pruebas irregularmente incorporadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, asegur\u00f3 el casacionista que el acta no muestra que el demandante hubiere aceptado la existencia de un contrato de arrendamiento. Dijo as\u00ed el recurrente: \u201cdel texto de dicho documento es el Dr. Marco A. Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, apoderado de In\u00e9s Villamar\u00edn quien manifiesta: \u2018…en vista que el demandado Carlos Julio Amaya entreg\u00f3 el lote al se\u00f1or Ram\u00edrez actual ocupante del inmueble, este ha hecho un contrato de arrendamiento con mi poderdante In\u00e9s Villamar\u00edn, por medio del cual esta le arrienda al se\u00f1or Ram\u00edrez el mismo inmueble\u2019, evento que es falso de una parte, por que la se\u00f1orita Villamar\u00edn no se encontraba en dicha diligencia, por lo que mal podr\u00eda suscribir un contrato de arrendamiento y de otra parte, tal manifestaci\u00f3n no puede comprometer al se\u00f1or Ram\u00edrez por que \u00e9ste no confirm\u00f3 tal negocio; simplemente suscribi\u00f3 el acta por haber atendido la diligencia. <\/p>\n
Otra cosa es que se hubiera anexado el contrato de arrendamiento a que se hace referencia, lo que es imposible en raz\u00f3n de su inexistencia\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 el censor a la exigencia del Tribunal acerca de que el demandante ha debido aportar las pruebas demostrativas de que durante la vigencia del contrato de arrendamiento tuvo la posesi\u00f3n del inmueble, e indic\u00f3 que sobre este punto tambi\u00e9n err\u00f3 el ad quem, al limitarse a citar, sin ninguna valoraci\u00f3n, las declaraciones rendidas que daban cuenta de una relaci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo anterior a la diligencia. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acus\u00f3 el recurrente la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de las normas sustanciales consagradas en los art\u00edculos 407 numeral 1\u00ba del C. de P. C., 762, 764, 769, 770, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del C.C., Ley 120 de 1928 art\u00edculo 5\u00ba, y Ley 50 de 1936 art\u00edculo 1\u00ba, como consecuencia del error de hecho cometido por dejar de apreciar los testimonios de Gregorio Rubiano Rubiano, Ana Elvia Rubiano de Rubiano y Ana Carmenza Rubiano Rubiano. Se\u00f1al\u00f3 a este prop\u00f3sito que hubo violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 75 numeral 10\u00ba, 92 numeral 4\u00ba, 174, 175, 177, 178, 179-1, 183-1, 185, 187, 213, 219, 220, 226, 227, 228, 251, 253, 254, 264, 304, 305, 407 numeral 10\u00ba del C. de P. C. <\/p>\n
Consider\u00f3 el recurrente que el ad quem no solamente dej\u00f3 de valorar la prueba testimonial, sino que supuso que las declaraciones no prestaban m\u00e9rito probatorio por no coincidir con los documentos aportados por la Agente del Ministerio P\u00fablico, en contrav\u00eda de lo ordenado en el art\u00edculo 187 del C. de P.C. sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas en conjunto y sin percatar que las declaraciones efectivamente demuestran la posesi\u00f3n material del demandante sobre el inmueble pretendido; posesi\u00f3n regular y pac\u00edfica mantenida durante el tiempo requerido para ganar el dominio, es decir, desde antes de 1974 y hasta 1995 cuando se present\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las declaraciones rendidas por los testigos citados, que reprodujo en su parte pertinente, demuestran de manera cierta que Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n posee el inmueble descrito en las pretensiones desde antes de 1974, pues afirmaron que lo conocieron como due\u00f1o del lote veintiocho a\u00f1os antes de rendir declaraci\u00f3n, lo que sucedi\u00f3 en agosto de 1996, y que dicha posesi\u00f3n ha sido ininterrumpida, regular y pac\u00edfica. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
El recurrente acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por violaci\u00f3n indirecta del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 407 del C. de P.C., de los art\u00edculos 762, 764, 769, 770, 2518, 2522, 2527, 2527, 2531 y 2532 del C.C., del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 120 de 1928 y del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 50 de 1936, como consecuencia del error de derecho en que incurri\u00f3 por quebrantamiento del art\u00edculo 187 del C. de P.C., al no integrar todas las pruebas, de cuyo conjunto brota que se demostraron los elementos de la prescripci\u00f3n; como violaci\u00f3n medio denunci\u00f3 los art\u00edculos 75 numeral 10\u00ba, 92 numeral 4\u00ba, 174, 175, 177, 178, 179-1, 183-1, 185, 187, 213, 219, 220, 226, 227, 228, 251, 253, 254, 264, 304, 305, 407 numeral 10\u00ba del C. de P. C.. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en el error denunciado al no apreciar integradamente todas las pruebas aportadas, como ordena el art\u00edculo 187 del C. de P.C., pues tuvo en cuenta \u00fanicamente el acta de lanzamiento, con lo cual dej\u00f3 por fuera, no solamente las declaraciones de los testigos Gregorio Rubiano Rubiano, Ana Elvia Rubiano de Rubiano y Ana Carmenza Rubiano Rubiano, sino la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada el 8 de agosto de 1996, pruebas que de haber sido valoradas mediante el sistema de la sana cr\u00edtica, con exclusi\u00f3n de las ilegales, hubieran llevado a una sentencia favorable a las pretensiones, pues los testigos declararon haber conocido desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os al demandante como due\u00f1o y se\u00f1or del inmueble. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la inspecci\u00f3n judicial, atendida por Ana Carmenza Rubiano Rubiano como empleada del demandante, ella ratific\u00f3 lo dicho en su testimonio sobre la posesi\u00f3n ejercida por Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n; por el contrario, los documentos aportados por el Agente del Ministerio P\u00fablico en la inspecci\u00f3n judicial fueron desconocidos y rechazados por el demandante, solicitud aceptada impl\u00edcitamente por el juez y reconocida por la funcionaria del I.C.B.F. cuando interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de no aceptar las pruebas documentales presentadas, recurso que fue tramitado y posteriormente denegado por el Tribunal, con lo cual qued\u00f3 en firme la decisi\u00f3n del juez. Sin embargo, el superior, al dar alcance a esos documentos, pr\u00e1cticamente resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n en forma favorable a los demandados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como ha sostenido en copiosa jurisprudencia esta Corporaci\u00f3n, cuando se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria de la ley sustancial, deber\u00e1 demostrarse el error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o las pruebas sobre las cuales recae, o el error de derecho en que se incurre por violaci\u00f3n de una norma probatoria, yerro que, en cualquiera de las dos hip\u00f3tesis ha de ser trascendente, esto es, que guarde relaci\u00f3n de causa a efecto con la resoluci\u00f3n judicial que se combate, al punto tal que pueda afirmarse que de no haberse cometido, la suerte de la contienda procesal habr\u00eda sido otra. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el error de derecho, la Corte ha sostenido que el juzgador puede incurrir en \u00e9l \u201ccuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legales necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d. (Sent. Cas. Civil. de 6 de mayo de 1992). <\/p>\n
2. En el primer cargo el recurrente adujo que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho por cuanto otorg\u00f3 valor demostrativo a una prueba documental trasladada desde otro proceso, sin el cumplimiento de las normas legales que regulan este instituto, equivocaci\u00f3n que de no haber existido, habr\u00eda deparado una decisi\u00f3n favorable a los intereses del demandante. <\/p>\n
De cara a esta censura, es de advertir que el recurrente y el Tribunal coinciden en que no pod\u00eda inscribirse este episodio dentro de las reglas que orientan la prueba trasladada, lo cual implica que el ataque por ese concepto resulta inane, pues no podr\u00eda el casacionista descalificar al Tribunal por el juicio emitido a prop\u00f3sito de la prueba trasladada, si es que ambos coinciden en la improcedibilidad de esa instituci\u00f3n que regula la forma como las pruebas practicadas en un proceso pueden migrar v\u00e1lidamente hacia otro. <\/p>\n
Ahora bien, juzga la Corte que en verdad, una cosa son los documentos que dan fe de las actuaciones judiciales, y otra muy diferente son las pruebas que obran en un proceso, tanto que las dos especies tienen un r\u00e9gimen propio para su aportaci\u00f3n y valoraci\u00f3n en otras contiendas procesales. As\u00ed, de un lado los escritos que recogen decisiones o actividades del juez tienen el car\u00e1cter de documentos p\u00fablicos en raz\u00f3n de la investidura con que est\u00e1 dotado quien los autoriza, y por lo mismo su original o su copia aut\u00e9ntica revisten valor probatorio en otros procesos a voces del art\u00edculo 264 del C. de P. C., claro est\u00e1, en cuanto tiene que ver con las determinaciones que all\u00ed se recogen y las circunstancias de su proferimiento; de otro lado, las pruebas que obran en un juicio representan elementos de convicci\u00f3n que permiten reconstruir un tramo de la historia \u00fatil para la soluci\u00f3n de una controversia, y por mandato legal, para ser valoradas en un escenario judicial diferente deben satisfacer las exigencias del art\u00edculo 185 ejusdem, que en \u00faltimas garantizan no s\u00f3lo su publicidad, sino la oportunidad de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que no es posible coincidir con el recurrente, cuando dice que en este asunto se valor\u00f3 indebidamente como prueba trasladada el acta correspondiente a la diligencia de entrega hecha en el proceso de restituci\u00f3n de In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn contra Carlos Julio Amaya Ram\u00edrez, porque en verdad, la copia aut\u00e9ntica de ese documento que reposa en este expediente (fl. 92 cuad. 4\u00ba), no es una probanza producida en el juicio de restituci\u00f3n, sino el escrito que recoge una actuaci\u00f3n judicial en la que se ejecut\u00f3 la sentencia dictada en ese proceso, de manera que tal escrito constituye un documento p\u00fablico que a voces del art\u00edculo 264 del C. de P.C., bien pod\u00eda ser valorado por los jueces de instancia al momento de decidir el presente litigio sin necesidad de recurrir al instituto de la prueba trasladada. No debe confundirse entonces el registro de lo que el juez presencia, dirige y ejecuta, con el contenido de las pruebas que \u00e9l decreta, pues son cosas bien diferentes. As\u00ed, cuando el juez da fe de la presencia de una persona en una diligencia, tal atestaci\u00f3n tiene un valor probatorio aut\u00f3nomo, y esa verificaci\u00f3n documental no queda comprendida dentro del concepto de prueba decretada, ni est\u00e1 y sometida a las restricciones de la prueba trasladada. <\/p>\n
Precisamente, debe recordarse que de conformidad con el art\u00edculo 264 del C. de P. C., los documentos p\u00fablicos, sean estos escrituras p\u00fablicas u otros instrumentos provenientes de funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, como certificaciones o actuaciones judiciales o administrativas, gozan de valor probatorio con fuerza suficiente para dar certeza en cuanto al hecho de haber sido otorgados, su fecha, el lugar donde se celebraron o elaboraron, qui\u00e9nes intervinieron en el acto, su contenido y las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. <\/p>\n
Se plantea as\u00ed la necesidad de elucidar, cu\u00e1l es la naturaleza probatoria de la actuaci\u00f3n realizada en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n de la sentencia dictada en el proceso de restituci\u00f3n promovido por la se\u00f1ora In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn, ya fallecida, pues a pesar de que el hoy demandante no era parte en aquel proceso, su firma s\u00ed aparece en el acta que hace memoria de lo acontecido en la diligencia de entrega, ya que all\u00ed \u00e9l actu\u00f3 como uno de sus protagonistas. <\/p>\n
La singularidad del caso exige precisar que cuando en una sentencia se ordena la entrega de un inmueble, es posible que en dicha actuaci\u00f3n haya alguna actividad probatoria, tal como acontece cuando se formula oposici\u00f3n y se hace menester el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. No obstante, como en el presente caso no hubo oposici\u00f3n a la entrega del inmueble, es evidente que el funcionario comisionado no decret\u00f3 prueba alguna y, por lo mismo, jam\u00e1s procedi\u00f3 a su pr\u00e1ctica; y si ninguna prueba hubo, tampoco podr\u00eda hablarse de prueba trasladada, aspecto en el que, como se dijo, coinciden el casacionista y el Tribunal. <\/p>\n
Y en paralelo, para los hechos acontecidos en presencia del juez, de los cuales se haya dejado constancia por parte del funcionario, opera el art\u00edculo 264 que establece que \u201clos documentos p\u00fablicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza\u201d. <\/p>\n
En el caso presente, en cumplimiento de la comisi\u00f3n que dispon\u00eda la entrega del inmueble, el funcionario p\u00fablico atest\u00f3 que en su presencia el abogado de In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn dijo recibir el inmueble, y que en el acto lo entreg\u00f3 en arrendamiento al hoy demandante Jos\u00e9 Ram\u00edrez, que \u00e9ste lo recibi\u00f3 y suscribi\u00f3 el acta. De esta manera, las declaraciones del funcionario dicen haber presenciado y escuchado c\u00f3mo el abogado que impulsaba la entrega cedi\u00f3 el inmueble a t\u00edtulo de arrendamiento al ahora demandante y adem\u00e1s que \u00e9ste suscribi\u00f3 el acta. Puestas as\u00ed las cosas, el acta no fue levantada para demostrar exactamente hechos ajenos a la misma, sino para registrar que el abogado de la se\u00f1ora Villamar\u00edn Villamar\u00edn -en aquel proceso demandante- dijo haber entregado el inmueble al aqu\u00ed prescribiente, entrega que se hizo a t\u00edtulo de arrendamiento. Registr\u00f3 entonces el funcionario que en el desarrollo mismo de la diligencia se atribuy\u00f3 al demandante en este proceso la calidad de inquilino, y que en tal condici\u00f3n quedaba en el inmueble, tanto que rubric\u00f3 la diligencia sin chistar. Emerge de lo anterior, que ese documento acredita lo acontecido en presencia del funcionario, lo que debe darse por cierto, a menos que se probara la falsedad del referido instrumento. <\/p>\n
Por consiguiente, es claro que el Tribunal jam\u00e1s fund\u00f3 su fallo en la prueba trasladada, sino en las atestaciones dejadas por el funcionario p\u00fablico en el acta, no sobre hechos pasados susceptibles de prueba, sino de lo que en presencia del comisionado estaba sucediendo. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, al ad quem no le es atribuible el yerro de derecho que se\u00f1al\u00f3 la censura por haber otorgado m\u00e9rito demostrativo a la copia del acta de entrega del inmueble, en la que el demandante libremente estamp\u00f3 su firma aceptando que recib\u00eda el bien en calidad de arrendatario, bajo la consideraci\u00f3n de que \u201cam\u00e9n de que indica que existi\u00f3 la relaci\u00f3n arrendaticia terminada a consecuencia del proceso de lanzamiento, torna cuestionable el hecho posesorio invocado por el actor para demandar en pertenencia\u201d, pues con tal razonamiento no hizo otra cosa que destacar que la copia del acta no constitu\u00eda m\u00e1s que otro elemento de convicci\u00f3n incorporado al proceso para su valoraci\u00f3n, y que por lo tanto su contenido material pod\u00eda ser apreciado en conjunto con las dem\u00e1s pruebas respecto de su existencia y sus autores, entre los cuales est\u00e1 el demandante, quien con su firma autoriz\u00f3 expresamente lo que dicha acta revela, es decir, su calidad de inquilino. <\/p>\n
En consecuencia, no incurri\u00f3 el Tribunal en el descarr\u00edo denunciado al haber valorado el contenido material del acta de entrega enantes citada, la que, por otra parte, no fue distorsionada en su contenido, ni en la valoraci\u00f3n de lo que ella recoge sobre la aceptaci\u00f3n del demandante de su condici\u00f3n de inquilino. <\/p>\n
3. En el mismo prop\u00f3sito de cuestionar la licitud formal de la prueba, se acusa que el documento -acta de entrega- fue irregularmente aducido, pues esa prueba jam\u00e1s se decret\u00f3, por el contrario, se dice, fue rechazada impl\u00edcitamente del juicio. A este respecto no es afortunada la afirmaci\u00f3n del recurrente en el sentido de que el acta aportada durante la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (folio 13 vto. cdno. 4), y sobre la cual edific\u00f3 su sentencia el Tribunal, haya sido rechazada \u00abimpl\u00edcitamente\u00bb por los juzgadores, pues como puede observarse, el juez a quo precis\u00f3 al momento de dicha diligencia: \u00abel despacho acepta la presentaci\u00f3n de los documentos para que los mismos hagan parte del expediente pero \u00fanica y exclusivamente para que se tenga en cuenta en lo que respecta a la pr\u00e1ctica de esta diligencia en su objeto como lo dispone nuestro ordenamiento procesal civil\u00bb; con posterioridad y ante la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n transcrita, el Tribunal consider\u00f3, luego de citar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u00aben el presente asunto no se encuentra que el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n encaje dentro de alguna de estas hip\u00f3tesis, toda vez que no se trata del auto que haya abierto a pruebas el proceso, ni de uno en el que se haya denegado el t\u00e9rmino para practicarlas, ni su decreto o pr\u00e1ctica cuando \u00e9stas fueron solicitadas oportunamente, ya que, como o expresa la regla 3\u00aa del art\u00edculo 246, el juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, durante la inspecci\u00f3n podr\u00e1 recibir los documentos que se refieran a los hechos objeto de la misma sin que esto quiera decir que se est\u00e9 abriendo una nueva etapa probatoria. Y si ello fue justamente lo que hizo el a quo en la inspecci\u00f3n judicial, en tanto que incorpor\u00f3 los documentos allegados en el sobredicho acto, atribuy\u00e9ndoles poder de convicci\u00f3n frente a todo lo relacionado con el objeto de la diligencia, que no es otro que la identificaci\u00f3n del inmueble y la verificaci\u00f3n de la posesi\u00f3n del demandante sobre el mismo, no queda otro camino que concluir que la apelaci\u00f3n no fue afortunadamente concedida\u00bb; por consiguiente, a despecho de lo que afirma el casacionista, el acta tantas veces aludida s\u00ed fue expresamente aceptada por los juzgadores de instancia, quienes en todo momento la consideraron parte del material probatorio, contrario a lo manifestado por casacionista, de donde emerge que no existi\u00f3 el error endilgado al Tribunal, seg\u00fan el cual valor\u00f3 una prueba nunca decretada. <\/p>\n
4. En cuanto hace al segundo cargo, es de ver que los testimonios citados por el casacionista, s\u00ed fueron vistos por el Tribunal, cosa diferente es que la percepci\u00f3n sobre ellos result\u00f3 eclipsada en virtud de las manifestaciones vertidas por el funcionario judicial en el acta firmada por el demandante el 24 de marzo de 1980, que gener\u00f3 en el juzgador de segunda instancia la convicci\u00f3n de que para tales fechas Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n, ostentaba un t\u00edtulo precario respecto del inmueble disputado, tanto que el Tribunal afirm\u00f3: \u00abdebe entenderse que si bien antes del lanzamiento el actor pod\u00eda tener la posesi\u00f3n material del bien, al intervenir en la diligencia y suscribir el acta en los t\u00e9rminos en que lo hizo, reconoci\u00f3 dominio; y en (sic) constituirse tenedor precario de la cosa, solo pod\u00eda arrogarse su posesi\u00f3n con la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, posible solamente y vistos los antecedentes conocidos dentro del litigio, tras la muerte de la Sra. Villamar\u00edn, en el a\u00f1o de 1986\u00bb. <\/p>\n
Diferente es, entonces, que los testimonios perdieran su poder suasorio frente a aquel elemento de juicio fundamental que sirvi\u00f3 al sentenciador de segunda instancia para fundar sus conclusiones, y que indudablemente presta suficiente apoyo a la sentencia impugnada. Se refiere la Sala al acta de la diligencia de entrega que en copia aut\u00e9ntica se incorpor\u00f3 a este expediente, pieza probatoria que en su parte pertinente reza: \u201cActo seguido el despacho deja constancia de que el se\u00f1or CARLOS AMAYA no est\u00e1. El desocup\u00f3 el inmueble y el Dr. GONZALEZ en uso de la palabra dijo: En vista de que el demandado CARLOS JULIO AMAYA entreg\u00f3 el lote al se\u00f1or JOSE RAMIREZ actual ocupante del inmueble este ha hecho un contrato de arrendamiento con mi poderdante INES VILLAMARIN, por medio del cual \u00e9sta le arrienda al se\u00f1or RAMIREZ el mismo inmueble. Por consiguiente, me doy por recibido del inmueble referido en cuanto a Carlos Julio Amaya que es el demandado y en adelante rige por escrito una nueva relaci\u00f3n o v\u00ednculo jur\u00eddico entre el se\u00f1or JOSE RAMIREZ como arrendatario y la se\u00f1orita INES VILLAMARIN como arrendadora, toda vez que ella es la propietaria\u201d (destaca la Corte). Esta acta, que fue suscrita por el demandante sin reserva o protesta alguna, muestra n\u00edtidamente que por lo menos en ese momento, con su silencio y firma, el ahora demandante no pudo tener la calidad de poseedor, pues asinti\u00f3 impasible c\u00f3mo se tomaba a otro como propietario y a \u00e9l como inquilino; y m\u00e1s a\u00fan que desde ah\u00ed recib\u00eda el inmueble de un mandatario de la due\u00f1a y a t\u00edtulo precario. Por eso, a\u00fan entendiendo que los testimonios denotaban que Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n posey\u00f3 el bien con posterioridad a aquel evento, para cuando se present\u00f3 la demanda que abri\u00f3 la presente contienda procesal, esto es, para el 14 de febrero de 1995, no pod\u00eda tener los 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n que exige el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil para usucapir, lo que revela el acierto del juzgador de segunda instancia al valorar esa prueba con miras a aplicar las normas sustanciales que regentan la materia. <\/p>\n
Viene de lo dicho, que cualquier posible error en la apreciaci\u00f3n de los testimonios cometido por el sentenciador de segunda instancia, pierde toda importancia frente al apoyo que el acta aludida brind\u00f3 a las cavilaciones del Tribunal; entonces, superados los embates contra la prueba documental esta se yergue en toda su dimensi\u00f3n como soporte de la sentencia, todo lo cual conduce al fracaso de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se presenta entonces el error de hecho que el casacionista denunci\u00f3, menos en la categor\u00eda de protuberante que es menester para atacar una sentencia que viene a la Corte acompa\u00f1ada de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n se\u00f1alada en el cargo tercero, acerca de que el Tribunal no analiz\u00f3 las pruebas en conjunto como ordena el art\u00edculo 187 del C. de P. C., observa la Corte que en la sentencia recurrida expresamente el sentenciador se refiri\u00f3 a los testimonios rendidos, s\u00f3lo que consider\u00f3 que con lo registrado en el acta de entrega del inmueble, se desvirtuaba el dicho de esos testigos, a lo cual agreg\u00f3 que si bien la prueba testimonial sirve para demostrar la posesi\u00f3n, no siempre tiene esa virtud dado que puede confundirse la posesi\u00f3n con la tenencia en tanto la forma externa de su ejercicio son semejantes. Ante esa equivocidad de los actos ejecutados por el demandante, y de los cuales dan cuenta los testigos, la aceptaci\u00f3n que el demandante hizo de su condici\u00f3n de arrendatario alter\u00f3 de modo significativo la prueba testimonial, juzgamiento este que no puede calificarse como equivocado. Por lo tanto, es preciso concluir que no incurri\u00f3 el ad quem en el error de derecho se\u00f1alado por el recurrente, pues en verdad su an\u00e1lisis compendi\u00f3 todas las probanzas, las que sopes\u00f3 y valor\u00f3 de acuerdo al grado de veracidad que cada una de ellas prestaba a la formaci\u00f3n del convencimiento y conforme a la autonom\u00eda que de anta\u00f1o se le reconoce en el desarrollo de esa labor a los juzgadores de instancia. <\/p>\n
Sin duda, todo lo anterior permiti\u00f3 al Tribunal inferir que el acta de entrega allegada en la inspecci\u00f3n judicial ten\u00eda una fuerza demostrativa superior, capaz de sellar definitivamente el destino de la controversia. En efecto, el Tribunal consider\u00f3 que si bien los testimonios rendidos a petici\u00f3n de Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n apuntaban a se\u00f1alar que ha sido y es el poseedor del inmueble por un lapso suficiente para prescribir, tales declaraciones no pod\u00edan superar el escollo que resulta del acta tra\u00edda por el Agente del Ministerio P\u00fablico y firmada por Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n el 24 de marzo de 1980, en la cual se dice que \u00e9ste recibi\u00f3 el bien de un mandatario de la due\u00f1a y en calidad de arrendatario, esto es, como simple tenedor, con lo cual en ese preciso momento, al paso que reconoci\u00f3 dominio ajeno, perdi\u00f3 -si es que lo ten\u00eda- el elemento psicol\u00f3gico caracter\u00edstico de la posesi\u00f3n, en cuya virtud, el poseedor debe comportarse -incluso en su fuero interno- como un verdadero propietario con exclusi\u00f3n de todos los dem\u00e1s. <\/p>\n
Conclusiones semejantes en nada ri\u00f1en con la sana cr\u00edtica y la b\u00fasqueda de la verdad material, compromiso que debe acompa\u00f1ar al juez al momento de valorar las pruebas en conjunto, lo que descarta la existencia del yerro denunciado por el casacionista, puesto que como se anot\u00f3, todas las pruebas incorporadas al plenario fueron abordadas por el ad quem, solo que algunas de ellas, razonablemente, tuvieron para el Tribunal mayor poder demostrativo que las dem\u00e1s. <\/p>\n
6. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente expuestas, los cargos no prosperan. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 6 de octubre de 2000 pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio promovido por Juan Jos\u00e9 Ram\u00edrez Pab\u00f3n contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, herederos indeterminados de In\u00e9s Villamar\u00edn Villamar\u00edn, y personas indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso al demandante. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-312-2005 [1100131030081995-0170-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., cinco de diciembre de dos mil cinco Ref. Exp. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}