SC-316-2005 [15172-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 15172-01 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez y Jos\u00e9 del Carmen Galindo frente a la sentencia de 17 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por el Instituto de Seguros Sociales contra los recurrentes y Hugo Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Pretende la entidad demandante que se declare la nulidad de la escritura p\u00fablica N\u00b0 6181 de 27 de octubre de 1982 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, por medio de la cual dicho Instituto vendi\u00f3 ap\u00f3crifamente a Hugo Gonz\u00e1lez; que, por consiguiente, son nulas las escritura p\u00fablicas N\u00b0 5679 de 9 de septiembre de 1983 de venta de Hugo Gonz\u00e1lez a Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez; la N\u00b0 6144 de 26 de dichos mes ya a\u00f1o por medio de la cual \u00e9ste le vendi\u00f3 a Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias; que, por lo tanto se ordene a los Notarios Primero y Noveno la cancelaci\u00f3n de las mencionadas escrituras; que se ordene la restituci\u00f3n de los inmuebles; la cancelaci\u00f3n de las respectivas inscripciones y que se disponga la de la sentencia; que se condene a los demandados a restituir el valor de los frutos producidos por los inmuebles desde las fechas de las indicadas escrituras. <\/p>\n
2.- La causa para pedir admite el siguiente resumen: <\/p>\n
a.-) El Instituto de Seguros Sociales adquiri\u00f3 el dominio de los inmuebles objeto de litigio integrados por doce lotes, mediante compraventa celebrada con la Asociaci\u00f3n Provivienda de Trabajadores por escritura p\u00fablica N\u00b0 1811 de 3 de junio de 1971 corrida en la Notar\u00eda Catorce del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
b.-) El codemandado Hugo Gonz\u00e1lez, suplantando la firma del entonces Director del Instituto de Seguros Sociales, adquiri\u00f3 mediante compraventa ficticia los mencionados inmuebles, seg\u00fan escritura p\u00fablica 6181 de 27 de octubre de 1982 de la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1; el falso comprador, a su vez, transfiri\u00f3 en venta los inmuebles, as\u00ed: el lote identificado como n\u00famero uno a Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez por escritura N\u00b0 5679 de 9 de septiembre de 1983 y los lotes dos a doce a Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias por escritura N\u00b0 6144 del 26 de los mismos mes y a\u00f1o, ambas otorgadas en la Notar\u00eda Novena de este C\u00edrculo, las que fueron inscritas en los folios inmobiliarios pertenecientes a cada uno de los predios. <\/p>\n
c.-) Por ese motivo el 27 de febrero de 1985 el que era a la saz\u00f3n el Juzgado Veinte Superior conden\u00f3 como reo ausente a Hugo Gonz\u00e1lez a la pena de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor responsable de los delitos de falsedad y estafa y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las tres escrituras (n\u00fameros 6181, 5679 y 6144); decisi\u00f3n esta \u00faltima que en el recurso de apelaci\u00f3n respectivo fue revocada por cuanto la misma era de competencia de la \u201cJusticia Civil, conforme a los art\u00edculos 45, 47, 53 y 54 del decreto 960 de 1970\u201d. <\/p>\n
3.- Notificados los demandados intervinieron, as\u00ed: conjuntamente Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez y Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias, quienes se opusieron a las pretensiones y formularon como defensas la falta de causa para demandar, de legitimaci\u00f3n en la parte del demandante y la \u201cbuena fe\u201d en la adquisici\u00f3n de los bienes de cuyos t\u00edtulos se depreca la nulidad; el \u00faltimo propuso, adem\u00e1s, la excepci\u00f3n \u201cprescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de dominio\u201d; Hugo Gonz\u00e1lez, por conducto de curadora ad litem, manifest\u00f3 estarse a lo que se pruebe. <\/p>\n
4.- De otro lado, se rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio presentada por el codemandado Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias contra el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
5.- Tramitada la primera instancia, se dict\u00f3 sentencia en la que se dispuso lo siguiente: declarar nula la escritura N\u00b0 6181 de 27 de octubre de 1982 y el contrato de venta contenido en ella celebrado a favor de Hugo Gonz\u00e1lez, y cancelarla junto con su registro; suprimir el registro de la escritura p\u00fablica N\u00b0 5679 de 9 de septiembre de 1983 de venta del lote uno efectuada a Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez; ordenar la restituci\u00f3n de los doce lotes al demandante; condenar a Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias a pagar la suma de $11.280.000 por concepto de los frutos percibidos hasta el d\u00eda 15 de julio de 2002 y al demandante a pagarle $189.280.800 por concepto de las mejoras plantadas en los lotes 2 a 12; condenar al actor a reconocerle a Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez la suma $64.070.000 \u201cpor concepto de las mejoras que hizo en el lote N\u00b0 1\u201d; autorizar a las partes para que hagan las compensaciones a que haya lugar; conceder a los codemandados Galindo Arias y Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez el derecho de retenci\u00f3n \u201chasta cuando la entidad demandante les pague el monto de las mejoras reconocidas, o asegure la satisfacci\u00f3n de su pago\u201d; declarar acreditadas la falta de causa para demandar y de legitimaci\u00f3n por activa \u201crespecto de la anulaci\u00f3n de las escrituras Nos 5679 y 6144 del 9 y el 26 de septiembre de 1983\u201d y, por \u00faltimo \u201cnegar las pretensiones segunda y tercera de la demanda\u201d. <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA MPUGNADA <\/p>\n
Ellos admiten la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
a.-) Una cosa es la nulidad de una escritura p\u00fablica y otra muy diferente es la del negocio jur\u00eddico contenido en ella, raz\u00f3n por lo cual se exige que su alegaci\u00f3n sea formulada \u201cde manera precisa y certera, para que su pronunciamiento judicial responda a la puntual aspiraci\u00f3n del demandante\u201d porque los fundamentos de la una y de la otra son distintos, pues, mientras los de aqu\u00e9lla son formales los del contrato son sustanciales. <\/p>\n
b.-) Como est\u00e1 demostrado que en el otorgamiento de la escritura p\u00fablica 6181 por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales vendi\u00f3 a Hugo Gonz\u00e1lez los doce lotes fue suplantado el representante legal de dicha entidad, seg\u00fan se comprueba con la sentencia penal correspondiente, debe confirmarse la declaratoria de nulidad de la mencionada escritura \u201csin necesidad de mayores consideraciones, precis\u00e1ndose que la declaratoria de invalidez de la escritura, trae como efecto que \u00b4desaparezca tambi\u00e9n su contenido cuando este no puede permanecer sin el sustento de aquella por ser condici\u00f3n de su propia existencia; sin embargo, a\u00fan en tal caso, la cuesti\u00f3n siempre se sopesar\u00e1 desde el \u00e1ngulo del instrumento y no desde el de las declaraciones en ella consignadas\u00b4\u201d, como se lee en la sentencia de 30 de noviembre de 1998. Adem\u00e1s, fluye la legitimaci\u00f3n en la causa del demandante puesto que la indicada negociaci\u00f3n afect\u00f3 su patrimonio sin motivo v\u00e1lido. <\/p>\n
c.-) Si bien es cierto que no tienen vocaci\u00f3n de \u00e9xito las nulidades ni de las escrituras p\u00fablicas ni las de los contratos que se celebraron posteriormente con terceros, ello no significa que el actor carezca de derecho para obtener la restituci\u00f3n de los inmuebles que le fueron transferidos a \u00e9stos como resultado de la acci\u00f3n de dominio acumulada por la promotora del proceso a la acci\u00f3n rescisoria de los contratos ya mencionados, como consta en el numeral 7\u00b0, literal f) de las pretensiones principales de la demanda; lo que ocurri\u00f3 a favor del due\u00f1o tal como se lee en la sentencia de casaci\u00f3n de 24 de febrero de 2003, expediente 6610; adem\u00e1s, as\u00ed se impone teniendo en cuenta lo dispuesto en los art\u00edculos 1746 y 1748 del C. Civil para cuando se decreta judicialmente una nulidad, dando lugar a la reivindicaci\u00f3n frente a terceros. <\/p>\n
d.-) Ya situado en el campo espec\u00edfico de las restituciones mutas, que es lo que concierne a la impugnaci\u00f3n por v\u00eda de casaci\u00f3n, afirma el tribunal que los demandados por ser poseedores de buena fe, calidad que les fue reconocida en la primera instancia, \u00fanicamente est\u00e1n obligados a restituir los frutos causados a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda, \u201csiendo de rigor incluir en este rubro la renta que habr\u00edan podido producir, incrementada anualmente de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 7 de la ley 242 de 1995, esto es, conforme a la meta de inflaci\u00f3n estimada por el Banco de la Rep\u00fablica\u201d. En este caso no se tienen en cuenta los dict\u00e1menes practicados por hallarse en ellos subvalorados los c\u00e1nones de arrendamiento, raz\u00f3n por la cual los producidos por el lote 1 ascienden a $27.840.212,35 y por los lotes 2 a 12 a $265.292.182,30. <\/p>\n
e.-) El poseedor de buena fe vencido en el juicio que deba restituir la cosa tiene derecho, art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil, a que se le abonen las mejoras plantadas por \u00e9l antes de la contestaci\u00f3n de la demanda, las que para este caso fueron tasadas en segunda instancia, dictamen que es el que se acoge \u201ctoda vez que en el (sic) se relacionaron las marcadas diferencias entre las construcciones obrantes en cada una de las plantas (primera, segunda y terraza), adem\u00e1s de la vetustez y la calidad de la construcci\u00f3n y los acabados, mereciendo este mayor credibilidad que el presentado en la primera instancia, pues all\u00ed se relacionaron de manera general, sin importar que entre ellas no exist\u00eda homogeneidad, dada la diferente calidad de los materiales utilizados y la calidad de ellos\u201d. El valor de las mejoras, incluyendo la actualizaci\u00f3n a la fecha de esta sentencia, que debe reconocer el demandante al poseedor de los lotes 2 a 12 es de \u201c$240.255.977,80\u201d (sic) y al del lote 1 la suma de $50.220.030,72. <\/p>\n
f.-) No prospera la reclamaci\u00f3n de los demandados respecto de que se incluya en el reconocimiento el valor de los lotes, \u201cpues en primer lugar, el concepto de haberle dado la mejora un mayor valor al precio (sic) es bien discutible, y de otra, porque entre estos demandados y el instituto no existi\u00f3 ning\u00fan negocio por el que este hubiere recibido alguna cantidad de dinero que estuviere obligado a restituir\u201d. <\/p>\n
g.-) En atenci\u00f3n a que los apelantes no invocaron ni en la contestaci\u00f3n de la demanda ni en ninguna actuaci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el derecho de retenci\u00f3n, se revocar\u00e1 el reconocimiento que sin ese respaldo legal hizo el juez. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formula un solo cargo contra la sentencia del tribunal con fundamento en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del cargo se esgrime lo que a continuaci\u00f3n se compendia. <\/p>\n
a.-) El art\u00edculo 305 ib\u00eddem reglamenta la congruencia de la sentencia, o sea que la misma debe estar en armon\u00eda con los hechos y las pretensiones de la demanda y las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas expresamente cuando as\u00ed lo exige la ley. Adem\u00e1s, el citado precepto prohibe que el juez imponga condenas al demandado por cantidad mayor a la pedida o por objeto distinto al pretendido o por causa diferente a la invocada. <\/p>\n
b.-) El sentenciador viol\u00f3 el principio de la congruencia en lo que hace relaci\u00f3n a la condena que les impuso a los demandados por concepto de frutos, toda vez que no armoniz\u00f3 la misma con la pretensi\u00f3n novena de la demanda en la que el demandante expres\u00f3 inequ\u00edvocamente que \u201cestos frutos civiles y naturales ser\u00e1n avaluados por peritos dentro del curso del proceso\u201d, solicitud en la que el reclamante de manera clara y precisa le \u201cindic\u00f3 al juez la forma o las bases a tener en cuenta para la estimaci\u00f3n de los frutos, ateni\u00e9ndose en su se\u00f1alamiento a los resultados del aval\u00fao pericial, que como prueba pidi\u00f3 con tal prop\u00f3sito\u201d. <\/p>\n
c.-) En el fallo cuestionado no se tuvo en cuenta, a pesar de haber sido decretado y practicado con el lleno de las formalidades de rigor legal y que no fue objetado por las partes, el dictamen pericial, desconoci\u00e9ndose as\u00ed el pedimento concreto de la demanda y concediendo a cargo de los demandados una suma superior a la exigida por el actor que \u201cen el escrito de demanda espec\u00edficamente reclama como frutos los resultantes de la evaluaci\u00f3n pericial hecha en el proceso y el tribunal concedi\u00f3 unos que superan esa pretensi\u00f3n. As\u00ed, la estimaci\u00f3n de los peritos respecto de los frutos es del orden de $4.520.000 en la primera instancia y del orden de $41.652.00 en la segunda instancia. La diferencia en los valores obedece a la actualizaci\u00f3n hecha en el Honorable Tribunal v\u00eda pericial\u201d. <\/p>\n
d.-) Sin cuestionar la juridicidad del juzgador para fijar la cuant\u00eda de los frutos, la que fue de $265.292.182,30 a cargo de Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias y de $27.840.212,35 en contra de Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez, es indudable que en la sentencia se concedi\u00f3 m\u00e1s de lo pedido, incurri\u00e9ndose en vicio de incongruencia por ultra petita, el que emerge de la equivocaci\u00f3n de no haber respetado la cuantificaci\u00f3n efectuada por los peritos concediendo tales frutos de acuerdo a dicha valoraci\u00f3n \u201cpor estar, en su criterio, subvalorados, y en su lugar fijar otros estableci\u00e9ndolos con otras bases, de las cuales obtiene una suma mayor a la pedida\u201d. <\/p>\n
e.-) Igual reproche cabe hacer frente a las condenas por mejoras, pues la parte demandada reclam\u00f3 su reconocimiento al contestar la demanda y \u201cpara su identificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de peritos\u201d, motivo suficiente para que, con sujeci\u00f3n al citado art\u00edculo 305, se ci\u00f1era en su reconocimiento a la cuantificaci\u00f3n hecha por ellos. <\/p>\n
f.-) El dictamen pericial decretado de oficio en la segunda instancia \u201cno fue objetado, acuso firmeza, no obstante ello, el honorable tribunal lo omiti\u00f3 en su integridad para fijar las mejoras con argumentos diferentes. La parte demandada, se\u00f1al\u00f3 los par\u00e1metros para la determinaci\u00f3n y aval\u00fao de las mejoras (…) En este ejercicio (el relativo a la condena por el valor de las mejoras) el Honorable Tribunal en segunda instancia incurri\u00f3 en m\u00ednima petita por cuanto habi\u00e9ndose alegado unas mejoras, prob\u00e1ndose su existencia y establecido su aval\u00fao por peritos, dicha Corporaci\u00f3n no los reconoci\u00f3 y neg\u00f3 su concesi\u00f3n\u201d, reiter\u00e1ndose que ello ocurri\u00f3 con independencia de las razones jur\u00eddicas tenidas en cuenta es evidente que reconoci\u00f3 menos de lo pedido y probado. <\/p>\n
g.-) \u201cLa incongruencia de la sentencia se torna ostensible pues de la comparaci\u00f3n del texto de la parte resolutiva, en donde se encuentra el vicio alegado, con el texto de la demanda en su cap\u00edtulo de pretensiones y del texto de las contestaciones en el ac\u00e1pite de alegaci\u00f3n de mejoras, se aprecia una ostensible diferencia. No compagina lo pedido con lo concedido, pues en el primer caso (los frutos) se concede m\u00e1s de lo pedido, y en el segundo (mejoras) se concede menos de lo pedido y probado\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1.- La censura acusa al sentenciador de haber incurrido en el vicio de procedimiento de incongruencia por haber condenado a los recurrentes por una suma mayor a la pedida por concepto de frutos, ultra petita, y haberlos favorecido con una condena por mejoras por una suma inferior a la reclamada por ellos, m\u00ednima petita, reproches que sustenta en el hecho de que se consider\u00f3 que para ambos rubros se dijo expresamente por los reclamantes que se deber\u00eda tener en cuenta las sumas de dinero que para el efecto determinaran los peritos en el dictamen pericial que expresamente solicitaron para su cuantificaci\u00f3n y, por el contrario, el tribunal se apart\u00f3 de la fijaci\u00f3n realizada por los expertos para desestimarla bajo el argumento de que, respecto de los primeros, estaban subvalorados lo cual respald\u00f3 \u201ccon otras bases\u201d diferentes y, en relaci\u00f3n con las segundas, a pesar de haber practicado el dictamen pericial y de hallarse probada la existencia de \u00e9stas y su valor con el aval\u00fao de los expertos, no fueron reconocidas en su monto real. <\/p>\n
2.- En la pretensi\u00f3n novena de la demanda sobre frutos se lee lo siguiente: \u201cse condene a los demandados, a pagar a la parte demandante, los frutos civiles y naturales percibidos por los primeros y dejados de percibir por el Instituto de los Seguros Sociales, si los hubiera pose\u00eddo y explotado con mediana inteligencia y cuidado desde la fecha de las correspondientes escrituras de las declaraci\u00f3n primera, segunda y tercera, hasta el d\u00eda en que se efect\u00fae la entrega del inmueble. Estos frutos naturales y civiles ser\u00e1n evaluados por peritos dentro del curso del presente proceso\u201d (folio 101 del cuaderno principal). <\/p>\n
3.- El codemandado Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez al contestar la demanda reclam\u00f3 el reconocimiento de las mejoras plantadas consistentes en una casa de habitaci\u00f3n levantada en el lote para cuya demostraci\u00f3n solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos \u201ca fin de determinar las mejoras plantadas\u201d (folio 147, cuaderno 1). <\/p>\n
4.- Tambi\u00e9n el codemandado Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias al dar respuesta a la demanda adujo en su beneficio mejoras representadas en limpieza de los lotes, cercas y edificaci\u00f3n de las construcciones existentes en ellos para cuya demostraci\u00f3n solicit\u00f3 inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos con el fin de identificar los once predios y \u201cestablecer y valorar las edificaciones y mejoras construidas\u201d en ellos (folios 156 y 158, ib\u00eddem). <\/p>\n
5.- El juzgado de conocimiento, en la oportunidad procesal pertinente, decret\u00f3 las pruebas de inspecci\u00f3n judicial y dict\u00e1menes de los peritos relacionados con los frutos y mejoras reclamados por ellas (folios 221 a 222). <\/p>\n
6.- Los peritos rindieron el dictamen en el que apreciaron el valor de los frutos y mejoras, el cual qued\u00f3 en firme luego de sufrir el tr\u00e1mite de la aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
7.- En el fallo de primer grado se dedujeron las siguientes condenas: a cargo del Instituto de Seguros Sociales por mejoras en pro de Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez $64.070.000 y de Jos\u00e9 del Carmen Galindo Arias $189.280.800; y por frutos a favor de \u00e9ste y a cargo del demandante $11.289.000. <\/p>\n
8.- En la sentencia de segunda instancia se impusieron las condenas que pasan a relacionarse: por concepto de frutos a favor del Instituto de Seguros Sociales y a cargo de Jos\u00e9 del Carmen Galindo $265.292.182,30 y de Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez $27.840.212,35; y por el rubro de mejoras a cargo de aquella entidad y en beneficio de \u00e9stos por $241.728.213,50 y $50.220.030,72, respectivamente. <\/p>\n
9.- El tribunal desestim\u00f3 la prueba pericial obrante en los autos fijando el monto de los frutos producidos por los inmuebles, cuya orden de restituci\u00f3n imparti\u00f3 en la sentencia, aduciendo que los mismos se hallaban subvalorados, \u201cpues no consulta los topes que la ley consagra para el arrendamiento de vivienda urbana que, en l\u00ednea de principio, es muy inferior a los c\u00e1nones que se fijan para el arriendo de locales comerciales\u201d, para lo cual tuvo en cuenta la Ley 56 de 1985 sobre arrendamiento de vivienda urbana, la Ley 9\u00aa de 1989 de <\/p>\n
reforma urbana y la Ley 242 de 1995. <\/p>\n
En lo que respecta a las mejoras, tambi\u00e9n el sentenciador acogi\u00f3 el dictamen rendido en la segunda instancia desechando el de primera y, adem\u00e1s, aplic\u00e1ndoles la actualizaci\u00f3n hasta la fecha el 15 de julio de 2002, o sea la del fallo, \u201ccon el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a la disposici\u00f3n precitada \u2013art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil- que manifiesta que el valor de las mejoras ser\u00e1 el que tengan \u00b4al tiempo de la restituci\u00f3n\u00b4\u201d. <\/p>\n
En suma, tanto respecto de los frutos como de las mejoras, el juzgador tuvo en cuenta para fijar su monto la estimativa que sobre tales rubros hicieron los peritos al rendir la experticia decretada en la segunda instancia; de ese modo desestim\u00f3, consignando las razones para hacerlo, la valoraci\u00f3n efectuada por los auxiliares que intervinieron en las inspecciones judiciales practicadas en el curso de la primera instancia. <\/p>\n
10.- Debe precisarse que ni la reclamaci\u00f3n o pretensi\u00f3n de frutos ni la de las mejoras se hizo por cuant\u00eda concreta o espec\u00edfica, pues, cada sujeto procesal, en lo suyo, se limit\u00f3 a invocarlos y a solicitar que su monto se establecer\u00eda por los expertos que fueran designados para el efecto. Circunstancia esta que impide, en principio y en lo ata\u00f1edero a su valor, concluir que las condenas finalmente dispuestas por el sentenciador a esos respectos viole el principio de la congruencia, bien por defecto ora por exceso, puesto que no se demarc\u00f3 previamente un l\u00edmite que sirva de referencia para determinar que hubo un quebranto como el que aduce en casaci\u00f3n. <\/p>\n
11.- Por consiguiente, el tribunal en este caso de la valoraci\u00f3n de los frutos y de las mejoras no incurri\u00f3 en el vicio de procedimiento de incongruencia que se le imputa por haber escogido y privilegiado, entre dos dict\u00e1menes periciales, uno de ellos, porque tal forma de proceder es inherente a la funci\u00f3n natural que le corresponde ejercer para decidir de acuerdo con la convicci\u00f3n que le otorguen determinados medios de prueba. <\/p>\n
12.- De aceptarse la tesis que plantea el recurrente se llegar\u00eda al ex abrupto de considerar que la \u00fanica prueba id\u00f3nea para fijar el monto de tales rubros, los frutos y las mejoras, es el dictamen pericial decretado y practicado a instancia de las partes y no con fundamento en el, tambi\u00e9n posible, ejercicio de las atribuciones consignadas en los art\u00edculos 179 y 180 del C. de P. Civil, que habilitan al juez para decretar pruebas de oficio en busca de hacer las verificaciones que exigen tales conceptos. <\/p>\n
13.- La actualizaci\u00f3n del valor de los frutos y mejoras que hizo el tribunal no constituye la comisi\u00f3n por \u00e9ste del vicio procesal de inconsonancia, con prescindencia de que un pronunciamiento de este linaje sea viable en trat\u00e1ndose de tales prestaciones mutuas, porque no se trata del reconocimiento de una pretensi\u00f3n que no haya sido formulada ni expresa ni t\u00e1citamente por las partes beneficiadas con las condenas, toda vez que la actualizaci\u00f3n o correcci\u00f3n de las mismas, a m\u00e1s de corresponder a rubros que el sentenciador puede imponer de oficio o a iniciativa propia, no es una carga adicional porque, tal como lo tiene definido ya esta Corporaci\u00f3n, la correcci\u00f3n monetaria no corresponde al reconocimiento de perjuicios sino a la actualizaci\u00f3n de las condenas dinerarias que por equidad y para proveer a un pago completo proporciona una satisfacci\u00f3n econ\u00f3mica acorde con la realidad. <\/p>\n
14.- Es sabido que las distintas causales de casaci\u00f3n son aut\u00f3nomas e independientes, raz\u00f3n por la cual cada cargo debe formularse con sujeci\u00f3n estricta a la naturaleza del motivo del cual se sirve el recurrente para tratar de desquiciar la sentencia del tribunal que arriba a la Corte precedida de la presunci\u00f3n de acierto. <\/p>\n
Se aprecia en este caso que el censor dirige las cr\u00edticas frente al fallo bajo el alero de la causal segunda y con apoyo en supuestos defectos de procedimiento, pero pronto argumenta, en contrav\u00eda de lo que ata\u00f1e con la incongruencia en orden a cuestionar los errores de juzgamiento del sentenciador en la apreciaci\u00f3n del dictamen, lo que solo podr\u00eda hacerse por el sendero de la casual primera de casaci\u00f3n y por violaci\u00f3n de normas sustanciales. <\/p>\n
15.- El cargo, entonces, no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de octubre de 2003, proferida la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por el Instituto de Seguros Sociales contra Hugo Gonz\u00e1lez, Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez y Jos\u00e9 del Carmen Galindo. <\/p>\n
Condenase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-316-2005 [15172-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 15172-01 Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Segundo Alberto Jim\u00e9nez Fl\u00f3rez y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}