SC-322-2005 [0500131030071998-0712-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 05001310300719980712-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario adelantado por el CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE frente al BANCO GANADERO. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn diligenciar la demanda en la que el citado demandante reclam\u00f3, de manera principal, que se declarara la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, del negocio celebrado entre el Centro Internacional del Mueble S.A. y el Banco Ganadero S.A., sucursal Medell\u00edn, mediante la escritura p\u00fablica No. 110 del 30 de enero de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de esa ciudad por haber existido desproporci\u00f3n en el precio de los 113 locales que fueron su objeto. Como consecuencia de dicho pedimento solicit\u00f3 que, habida cuenta que el adquirente hab\u00eda enajenado los inmuebles por un precio superior al de adquisici\u00f3n del bien, que se le condenase a pagar el exceso entre el precio de venta, previa deducci\u00f3n del 10% del mismo, todo ello, conforme a lo previsto en el art. 1951 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En subsidio de lo anterior, impetr\u00f3 que se declarara que en el aludido negocio jur\u00eddico existi\u00f3 pago de lo no debido en raz\u00f3n a que la sociedad demandante entreg\u00f3 bienes por valor superior al de las obligaciones que para la fecha ten\u00eda con la sociedad demandada. En consecuencia, que se dijera que el banco demandado se enriqueci\u00f3 a costa de la sociedad demandante, al obtener que \u00e9sta le entregase bienes por un valor superior a las obligaciones que para la fecha pod\u00eda exigir a su deudor; y, por ende, que se le condenara a pagar la suma en la que se enriqueci\u00f3, equivalente al mayor valor que para la fecha del pago ten\u00edan los bienes dados en pago, previa deducci\u00f3n del valor de la obligaci\u00f3n que para la fecha ten\u00eda el demandante deudor para con el Banco demandado. <\/p>\n
Como \u201ctercera\u201d pretensi\u00f3n subsidiaria solicito que se declarara relativamente nulo dicho negocio jur\u00eddico, por falta de capacidad del representante legal de la sociedad demandada, quien al hacerlo actu\u00f3 por fuera de las limitaciones que en materia de cuant\u00eda ten\u00eda por estatutos. <\/p>\n
El demandante reform\u00f3 posteriormente la demanda para incluir una \u201ccuarta\u201d pretensi\u00f3n subsidiaria, en virtud de la cual reclam\u00f3 la nulidad relativa de la daci\u00f3n en pago por falta de capacidad del representante legal de la sociedad demandante, por haber actuado por fuera de las limitaciones que le impon\u00edan los estatutos. Como consecuencia de lo anterior demand\u00f3 las restituciones mutuas de rigor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los supuestos de hecho que sustentan esos pedimentos pasan a compendiarse del siguiente modo: <\/p>\n
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Mediante la escritura p\u00fablica No. 110 del 30 de enero de 1996, otorgada en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, demandante y demandado ajustaron un pacto de daci\u00f3n en pago, mediante el cual la primera, para pagar la suma $1.431.850.000,oo, de la cual se declar\u00f3 deudora, transfiri\u00f3 a la entidad financiera el derecho de propiedad y posesi\u00f3n material que ostentaba de \u201c112\u201d locales comerciales que pose\u00eda en el municipio de Itagu\u00ed. Dicho instrumento fue aclarado mediante la escritura No. 589 del 28 de marzo de 1996 de la misma notar\u00eda, acto que s\u00f3lo tuvo por fin aclarar unos t\u00edtulos de adquisici\u00f3n indebidamente citados. <\/p>\n
Como los 113 locales comerciales enajenados ten\u00edan una \u00e1rea total de 2.851.08 Mts. 2, el valor asignado a cada metro cuadrado entregado fue de $502.213,10. Sin embargo, en la misma escritura, el Sr. HILDEBRANDO MEJ\u00cdA, para pagar la suma de $235.000.000,oo, que declar\u00f3 deber al Banco, opt\u00f3 por entregarle a titulo de daci\u00f3n en pago a su acreedor, el local 68 de la misma edificaci\u00f3n con id\u00e9nticas caracter\u00edsticas a las de aquellos otros, a un valor de $12.051.282 el metro cuadrado, lo que pone de presente la gran disparidad de los precios asignados a los predios recibidos en cada caso por el acreedor, ya que el inmueble de Mej\u00eda Mesa fue recibido a un valor 23 veces superior que el de la demandante. <\/p>\n
El verdadero negocio celebrado por las partes, fue el de compraventa, y en virtud del mismo la actora vendi\u00f3 al banco 113 inmuebles, cuyo precio fue destinado por ellas al pago de una obligaci\u00f3n anterior. Si se tratase de un negocio de daci\u00f3n en pago, como se expresa en el documento mencionado, no tendr\u00eda ninguna explicaci\u00f3n esa diferencia tan sustancial. La enajenaci\u00f3n de los 113 locales a un valor promedio de $502.213.10 el metro cuadrado, implic\u00f3 una grave desproporci\u00f3n que supera los niveles de la especulaci\u00f3n normal de los negocios inmobiliarios, llegando al punto de lesionar gravemente el patrimonio de la vendedora, pues dicha diferencia supera la mitad de lo que era el justo precio del bien para el momento de la venta. <\/p>\n
El 27 de junio de 1997, la entidad demandada cedi\u00f3 a t\u00edtulo de venta a favor de INMOBILIARIA GANADERA S.A., mediante la escritura p\u00fablica No. 6283 del 27 de junio de 1997, aclarada mediante la escritura p\u00fablica No. 4191 del 22 de abril de 1998, la propiedad de 120 locales comerciales, entre los cuales se encuentran los 113 ya descritos, por la suma de $2.324.000.000,oo, es decir, a $763.223,40, el metro cuadrado, lo que equivale a un 51,97% m\u00e1s de lo que represent\u00f3 para el demandante. <\/p>\n
\u201cPero a\u00fan bajo el supuesto de que el negocio de venta celebrado mediante la escritura No. 110 fuese percibido como una daci\u00f3n en pago, la desproporci\u00f3n en el precio del bien dado en pago de la obligaci\u00f3n tiene graves consecuencias para el acto jur\u00eddico, pues no obstante la validez del pago como acto jur\u00eddico, es claro que el mismo fue superior al valor de la obligaci\u00f3n existente entre las partes, hecho que da lugar a que se configure una de las fuentes de las obligaciones, cual es, el pago de no debido, misma que da lugar a que quien paga pueda obtener la devoluci\u00f3n de la suma pagada en exceso. Al haber pagado en exceso, le cabe al demandante la acci\u00f3n para recuperar el exceso de lo debido\u201d. <\/p>\n
\u201cComo si lo anterior no fuera suficiente\u201d, el representante legal del Centro Internacional del Mueble no contaba con la autorizaci\u00f3n de la Junta Directiva de la sociedad, la cual era necesaria por tratarse de un negocio que superaba el valor de $100.000.000, l\u00edmite que ten\u00eda aqu\u00e9l para obligar a la sociedad sin necesidad de autorizaci\u00f3n de la Junta. <\/p>\n
4. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que habiendo sido apelada por la parte actora, fue modificada por el juzgador ad quem, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c (Se) REVOCA el numeral 1\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, de or\u00edgen y fecha indicadas en la parte motiva. <\/p>\n
\u201c2. Como consecuencia de lo anterior se DECLARA que es inoponible al Centro Internacional del Mueble S.A. la daci\u00f3n en pago celebrada entre \u00e9ste y el Banco Ganadero S.A. (escritura p\u00fablica n\u00famero 110 otorgada el 30 de febrero de 1996 en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn). <\/p>\n
\u201c3. Puesto que la anterior declaraci\u00f3n no produce efectos contra la sociedad Inmobiliaria Ganadera S.A., actual propietaria de los inmuebles otrora dados en pago por el Centro Internacional del Mueble S.A. al Banco Ganadero S.A. (escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 110 otorgada el 30 de enero de 1996 en la Notar\u00eda Veintinueve de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1), se DENIEGAN las pretensiones invocadas como consecuenciales a la inoponibilidad de la daci\u00f3n en pago, esto es, las pretensiones relacionadas con: el reintegro de los 113 inmuebles objeto de la daci\u00f3n al patrimonio del Centro Internacional del Mueble, y la anotaci\u00f3n de esta sentencia en los folios reales correspondientes a dichos inmuebles. <\/p>\n
\u201c4. Igualmente, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia, se DENIEGA la otra pretensi\u00f3n invocada como consecuencial a la inoponibilidad de la daci\u00f3n en pago, esto es, la pretensi\u00f3n relacionada con la restituci\u00f3n de frutos al patrimonio de la sociedad Centro Internacional del Mueble S.A. <\/p>\n
\u201c5. Se DENIEGAN las pretensiones de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme junto con la consecuencial de restituci\u00f3n de exceso de precio y la de repetici\u00f3n de lo indebidamente pagado, referidas al negocio jur\u00eddico de daci\u00f3n en pago, celebrado entre el Centro Internacional del Mueble S.A. y el Banco Ganadero S.A. y consignado en la escritura p\u00fablica numero 110 otorgada el 30 de enero de 1996 en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn. <\/p>\n
\u201c6. Se REVOCA el numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, de origen y fecha dadas en la parte motiva. <\/p>\n
\u201c7\u2026. 8\u2026.\u201d <\/p>\n
LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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Luego de discurrir en torno a la daci\u00f3n en pago y de precisar que de esa estirpe era el negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica No.110 del 30 de enero de 1996, otorgada en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, acot\u00f3 el juzgador ad quem que, dada la analog\u00eda que guardaba aquella con la compraventa, era procedente examinar, en el asunto de esta especie, la petici\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme planteada por la actora. <\/p>\n
Para establecer la existencia de la lesi\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3, el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil \u201ccontempla de manera expresa la peritaci\u00f3n\u201d, por lo que \u201cyerra el apoderado de la parte actora al decir que la lesi\u00f3n enorme se puede acreditar con otros medios probatorios distintos a la peritaci\u00f3n\u201d. Y seg\u00fan el dictamen pericial, para enero de 1996, fecha de perfeccionamiento de la daci\u00f3n en pago impugnada, el metro cuadrado en el edificio del Centro Internacional del Mueble, en donde est\u00e1n ubicados los 113 locales objeto de dicho negocio, ten\u00eda un valor de $610.000,00, que comparado con el valor que se deduce de la escritura p\u00fablica No. 110, o sea de $502.213,10, descarta la lesi\u00f3n enorme alegada, ya que dicho precio no es inferior a la mitad del justo precio del metro cuadrado de los locales dados en pago. <\/p>\n
Habiendo definido en esos t\u00e9rminos lo concerniente con la pretensi\u00f3n principal de la demanda, emprendi\u00f3 el Tribunal, seguidamente, el examen de la subsidiaria de repetici\u00f3n por pago de lo no debido. Dijo al respecto que, conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 1634, 1552, 1525, 1527 y 2313, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, son diversas la hip\u00f3tesis en las que aqu\u00e9l se puede \u201cconfigurar\u201d: 1) el pago de una deuda inexistente; 2) el pago de una deuda ajena sin que exista la intenci\u00f3n precisa de pagar la deuda ajena; 3) el pago de m\u00e1s de lo que se debe; y, 4) el pago de una obligaci\u00f3n nula, salvo que el pago equivalga a ratificaci\u00f3n del acto afectado de nulidad. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el asunto de esta especie se encuentra comprendido en la hip\u00f3tesis tercera de las anteriormente se\u00f1aladas, puesto que en la demanda se dijo que, no obstante la validez del pago hecho por el Centro Internacional del Mueble S.A., al Banco Ganadero, \u201ces claro que el mismo fue superior al valor de la obligaci\u00f3n existente entre las partes\u201d; es decir, que el \u201csolvens\u201d pag\u00f3 y el \u201caccipiens\u201d recibi\u00f3 en exceso de lo que se deb\u00eda, sin ser uno y otro deudor y acreedor del exceso. <\/p>\n
En todas las hip\u00f3tesis que puedan configurar el pago de lo no debido, el solvens se ha equivocado al hacer el pago, y por eso la doctrina presenta las siguientes condiciones de \u00e9xito de la acci\u00f3n de repetici\u00f3n del pago indebido: 1\u00aa Inexistencia de la deuda; y, 2\u00aa error del solvens, requisitos estos cuya carga de demostraci\u00f3n incumbe a quien los alega. Se\u00f1al\u00f3 el apoderado de la demandante, en su alegato de conclusi\u00f3n, que si a $1.739.000.000,oo, que es el justo precio asignado por los peritos a los 113 inmuebles dados en pago, se le resta $1.431.850.000,oo, correspondiente a la prestaci\u00f3n debida por el demandante al demandado, queda un exceso de $307.150.000,oo que implicar\u00eda para el \u201csolvens\u201d un pago indebido. <\/p>\n
\u201cPero acontece que las obligaciones que se pagaron por el Centro Internacional del Mueble S.A. con la entrega de 113 locales al Banco Ganadero S.A., fueron por valor de $1.731.850.000,oo, y no tan s\u00f3lo por valor de $1.431.850.000,oo, seg\u00fan consta en el documento denominado \u2018APLICACI\u00d3N DACI\u00d3N EN PAGO, CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE\u2019, aportado al proceso por el demandado y no tachado por el demandante (fls 152 a 154 cdno #1), am\u00e9n de que ese aval\u00fao pericial, que fue realizado en este proceso para establecer si existi\u00f3 o no la lesi\u00f3n enorme con motivo de la daci\u00f3n en pago, no puede servir para establecer otra cosa distinta, y concretamente, para determinar la equivalencia entre el valor comercial de los 113 locales dados en pago y la obligaci\u00f3n extinguida por este modo, pues para esto las partes, antes de configurar la daci\u00f3n en pago, hicieron avaluar por expertos 120 locales, y no tan s\u00f3lo 113 locales a que se refiere este proceso, y obtuvieron un aval\u00fao de $1.731.850.000,oo (folios 143 a 151 cdno #1), cifra \u00e9sta que es igual a la obligaci\u00f3n que se extingui\u00f3 con dicha daci\u00f3n en pago. Y si esto \u00faltimo es a s\u00ed, como en realidad lo es, se descarta que en este caso el solvens (Centro Internacional del Mueble S.A.) haya pagado m\u00e1s de lo que deb\u00eda y, por ende fracasa su acci\u00f3n de repetici\u00f3n del pago indebido, pues para la prosperidad de esta acci\u00f3n, aqu\u00e9l debi\u00f3 acreditar las dos condiciones que la estructuran, cuales son: inexistencia de la deuda y error del solvens, lo cual se descarta\u201d. <\/p>\n
Dicho esto, acometi\u00f3 el an\u00e1lisis de las pretensiones tres y cuatro, las cuales redujo a una sola, concretamente, a la de nulidad relativa de la daci\u00f3n por incapacidad del representante de la entidad demandante, la que encontr\u00f3 caducada. Sin embargo, a\u00f1adi\u00f3 que la actora hab\u00eda sido clara al reclamar la nulidad relativa del negocio jur\u00eddico con sustento en la extralimitaci\u00f3n de funciones del representante legal de la sociedad \u201cdemandada\u201d, punto respecto del cual acot\u00f3 que tal circunstancia no genera esa especie de irregularidad sino la inoponibilidad del contrato, elucidaci\u00f3n respecto de la cual hizo algunos comentarios que, para efectos del recurso de casaci\u00f3n, se tornan irrelevantes. <\/p>\n
En todo caso, d\u00e9bese destacar que el Tribunal concluy\u00f3 que el banco demandado no le puede oponer esta daci\u00f3n en pago al Centro Internacional del Mueble S.A., porque, a pesar de ser una operaci\u00f3n cuya cuant\u00eda supera los $100.000.000,oo, fue realizada por el presidente de la entidad demandante sin autorizaci\u00f3n de su Junta Directiva, es decir, con extralimitaci\u00f3n de poder. <\/p>\n
En cuanto se refiere a la ratificaci\u00f3n, los art\u00edculos 898 del C\u00f3digo de Comercio y 1752, 1756 del C\u00f3digo Civil, aluden a la convalidaci\u00f3n del acto o contrato afectado por alg\u00fan vicio de nulidad, y no a la ratificaci\u00f3n del acto ineficaz e inexistente \u2013como aqu\u00ed ocurre- por extralimitaci\u00f3n de funciones del representante legal que lo celebr\u00f3. Aunque podr\u00eda pensarse que este tipo de acto no es susceptible de ratificaci\u00f3n por no corresponder a una operaci\u00f3n relacionada con el desarrollo del objeto social, lo cierto es que un acto realizado por fuera del objeto social est\u00e1 sancionado con nulidad absoluta por contrariar normas imperativas (C. de Co., art., 899. 99, 438, 306, 196 y 110), y no con la nulidad relativa como lo sugiere en este caso el apoderado de la parte actora al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n (fl. 9 cdno. # 5), am\u00e9n de que no se trata de acto (daci\u00f3n en pago) realizado por fuera del objeto social, puesto que este tambi\u00e9n est\u00e1 constituido por los negocios que realice el Centro Internacional del Mueble S.A. y que \u201c \u2026 \u2018tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad\u2019. <\/p>\n
Para finalizar, puntualiz\u00f3 que la sentencia no producir\u00eda efectos respecto de la otra demandada, esto es, la \u201cInmobiliaria Ganadera S.A.\u201d, por lo que se impon\u00eda denegar las pretensiones consecuenciales a la inoponibilidad de la daci\u00f3n en pago, concretamente, las relativas al reintegro de los 113 locales, a la par que no encontr\u00f3 demostrada la temeridad del demandante percibida por el juzgador de primer grado. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
En el \u00fanico cargo que ella contiene, se duele el recurrente, con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n, de la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1510, 1613, 1617, 1625 a 1627, 1649, 1698, 1746, 2313 a 2321 del C\u00f3digo Civil; 831, 873 y 822 del C\u00f3digo de Comercio; y art\u00edculos 4, 174, 175, 177, 183, 187, 233, 236, 238 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a causa de los errores de facto supuestamente cometidos por el fallador, al estimar la escritura 110 del 30 de enero de 1996, de la Notar\u00eda 10 de Medell\u00edn y el documento de \u201caplicaci\u00f3n daci\u00f3n en pago Centro Internacional del Muebles\u201d (folios 152 a 154); y el error de derecho en que habr\u00eda incurrido al apreciar el dictamen pericial visible a folios 11 a 67 del cuaderno de pruebas. <\/p>\n
Para desarrollar su acusaci\u00f3n, puntualiz\u00f3 el impugnante que los siguientes son los errores que le enrostra al juzgador ad quem: <\/p>\n
1) No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que los deudores de la obligaci\u00f3n extinguida mediante la daci\u00f3n en pago celebrada por medio de la escritura No. 110 de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, eran el Centro Internacional del Mueble, Hildebrando y Amanda Mej\u00eda; 2) no dar por acreditado que, de conformidad con la mencionada escritura, la obligaci\u00f3n extinguida por el Centro Internacional del Mueble S.A. mediante la daci\u00f3n en pago de 113 locales comerciales, era de $1.431.850.000,oo; 3) no encontrar probado, a pesar de estarlo, que de conformidad con dicho instrumento, la obligaci\u00f3n extinguida por la Sra. Amanda Mej\u00eda de Vargas mediante la daci\u00f3n en pago de los locales Nos. 2, 3, 62, 63, 100 y 101 de la carrera 42 No. 31-46 de Itag\u00fc\u00ed, era de $65.000.000,oo; 4) no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que de conformidad con la mentada escritura, la obligaci\u00f3n extinguida por Hildebrando Mej\u00eda mediante la daci\u00f3n en pago del local No. 68 de la carrera 42 No. 31-46 de Itag\u00fc\u00ed era de $235.000.000,oo; 5) tampoco advirti\u00f3 que el documento \u201cAplicaci\u00f3n Daci\u00f3n en pago Centro Internacional del Mueble S.A.\u201d, es solo una explicaci\u00f3n contable de las deudas que se cancelaron con los $1.731.850.000,oo pagados por el Centro Internacional del Mueble S.A., Hildebrando y Amanda Mej\u00eda mediante la daci\u00f3n en pago celebrada mediante la escritura No. 110 de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn; 6) no repar\u00f3 en que entre la escritura 110 de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn y el documento \u201cAplicaci\u00f3n Daci\u00f3n en pago Centro Internacional del Mueble\u201d existe una relaci\u00f3n de complemento mutuo, pues mientras la primera es la formalizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico de daci\u00f3n en pago, el segundo es la explicaci\u00f3n contable de dicha operaci\u00f3n y de las obligaciones a cargo de los aludidos deudores; 7) no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que el documento \u201cAplicaci\u00f3n daci\u00f3n en pago Centro Internacional del Mueble\u201d corresponde al anexo de \u201cliquidaci\u00f3n de capital, intereses, costos, gastos, comisiones, etc., efectuada el 30 de enero de 1996\u201d que las partes en la daci\u00f3n en pago efectuada mediante la escritura No. 110 de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn se comprometieron a protocolizar en el punto PRIMERO de dicha escritura p\u00fablica; 8) dar por acreditado, sin estarlo, que el aval\u00fao de los folios 143 a 151 demuestra que existi\u00f3 equivalencia econ\u00f3mica entre el valor de los 113 locales comerciales entregados en daci\u00f3n en pago por el Centro Internacional del Mueble S.A. y la deuda que esta entidad ten\u00eda para la fecha con el Banco Ganadero; 9) no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que el documento que obra a los folios 143 a 151 hace parte del negocio de daci\u00f3n celebrado entre el Centro Internacional del Mueble S.A., Amanda e Hildebrando Mej\u00eda, al haber sido la evaluaci\u00f3n realizada a los 120 bienes para la realizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n. <\/p>\n
Para demostrar los errores denunciados, particularmente el relativo a la indebida apreciaci\u00f3n de la susodicha escritura, acota que el Tribunal infiri\u00f3 que la entrega de los 113 locales de propiedad de la actora estaban destinados a pagar la deuda total por valor de $1.731.850.000 y no solamente la suma de $1.431.850.000, seg\u00fan consta en el documento de aplicaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago. As\u00ed planteadas las cosas, existe una aparente discordancia entre la escritura y el mencionado documento. <\/p>\n
Para dilucidar la cuesti\u00f3n, a\u00f1ade, se tiene que los documentos mal apreciados proporcionan los siguientes elementos de juicio: a) respecto de la escritura p\u00fablica: que la deuda del demandante era de $1.431.850.000, para cuyo pago entreg\u00f3 113 locales; que AMANDA e HILDEBRANDO MEJIA, adeudaban al Banco, $65.000.000; y $235.000.000, respectivamente, para cuyo pago la primera entreg\u00f3 6 locales comerciales y el segundo uno: b) el documento de aplicaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago se\u00f1ala que el valor de dicho negocio, correspondiente a $1.731.850.000, se aplicar\u00eda al pago de las obligaciones Nos. 1722, 188, 2066, 1942, 1943, 1949 y 1953, as\u00ed como a los gastos de la daci\u00f3n y otras obligaciones, sin que ese documento indique quienes son los deudores de cada una de ellas. <\/p>\n
Agrega el censor que si se hiciera un an\u00e1lisis conjunto de ambos documentos se obtendr\u00edan los siguientes elementos de juicio: <\/p>\n
Existe total coincidencia entre las cifras se\u00f1aladas en la escritura 110 y en el documento \u201cAplicaci\u00f3n de Daci\u00f3n en Pago\u201d, pues en ambos se alude a la suma de $1.731, 85 millones, pero en la escritura se indica concretamente quien debe cada una de las tres cantidades en que \u00e9sta se descompone, mientras que el otro documento se refiere simplemente a las deudas que se cancelan mediante ese convenio. Por ende, el objeto de ambos es totalmente diferente, pues mientras uno precisa qui\u00e9nes son los deudores de los $1.731,850.000 (CIM, Amanda e Hildebrando), el otro determina a los acreedores de esa misma cifra, advirtiendo que el Banco Ganadero las cancelar\u00e1 con el dinero producto de la daci\u00f3n en pago, aunque sin decir cual de los tres es el deudor de cada una de esas obligaciones a extinguir. Como no se refieren al mismo objeto, no se contraponen sino que se complementan. <\/p>\n
\u201cLos errores del Tribunal al apreciar la escritura 110 de 1996 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, quedan as\u00ed al descubierto, pues hubo preterici\u00f3n parcial del contenido de dicho documento al omitir considerar en parte lo que \u00e9l contiene, concretamente aquella en que se expresa que los Sres. Amanda Mej\u00eda de V. E Hildebrando Mej\u00eda eran deudores del Banco Ganadero, la primera en $65 y el segundo en $235 millones; adicionalmente, hubo desfiguraci\u00f3n de parte del contenido de la escritura, al asignarle un alcance distinto a su contenido objetivo, adicion\u00e1ndolo con lo que no aparece en \u00e9l, pues se le pone a decir que el Centro Internacional del Mueble S.A. deb\u00eda $1.731,85 Millones al Banco Ganadero y que para la cancelaci\u00f3n de esa deuda realiz\u00f3 la daci\u00f3n en pago de 120 locales comerciales\u201d. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n: la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de dichos escritos llev\u00f3 al juzgado ad quem a desfigurar el documento \u201caplicaci\u00f3n daci\u00f3n en pago\u201d, poni\u00e9ndolo a decir que el Centro Internacional del Mueble era el \u00fanico deudor de los $1.731,85 Millones y que en virtud de dicha obligaci\u00f3n, hab\u00eda realizado la daci\u00f3n en pago de bienes por ese valor, equivocaci\u00f3n que, a su vez, lo condujo a deducir que el actor era deudor, y hab\u00eda pagado, una suma distinta a la estipulada en la escritura 110, en la cual \u201ctres sujetos\u201d reconocen sus obligaciones con un mismo acreedor, am\u00e9n que dicho escrito no tiene la firma de ninguno de los tres deudores, porque no es m\u00e1s que una explicaci\u00f3n contable de la operaci\u00f3n de daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
Puntualiza, a continuaci\u00f3n, que la apreciaci\u00f3n que el Tribunal debi\u00f3 dar a estos documentos es la siguiente: la se\u00f1alada escritura es el documento mediante el cual el actor, Amanda e Hildebrando Mej\u00eda se declararon deudores del Banco Ganadero S.A. por $1.431,85, $65 y 235 Millones, respectivamente, por lo cual cedieron, en su orden, 113, 6 y 1 locales. A su vez, el documento aplicaci\u00f3n daci\u00f3n en pago es la memoria dejada por el Banco demandado de las obligaciones a cargo de los deudores que han de ser canceladas en virtud de ese negocio. <\/p>\n
Aborda, en seguida, el recurrente, la demostraci\u00f3n del error de hecho que el atribuye al juzgador en la apreciaci\u00f3n del aval\u00fao visible a los folios 143 a 151. <\/p>\n
Se\u00f1ala al respecto que el Tribunal rechaz\u00f3 la acusaci\u00f3n de falta de equilibrio en la daci\u00f3n en pago, con base en el aval\u00fao que se hizo antes del negocio, dando a entender que ese es un elemento de convicci\u00f3n que prueba \u201cla falta de piso de esta petici\u00f3n\u201d del demandante. \u201cEsa argumentaci\u00f3n apuntala en este documento la equivalencia de las prestaciones, como si ese hecho hubiese sido ajeno a la negociaci\u00f3n misma o se hubiese realizado despu\u00e9s de la misma, sin percatarse de que ese aval\u00fao no solo hace parte de esa negociaci\u00f3n, sino que es el fundamento de la misma, en la medida en que el valor que se obtuvo de dicho aval\u00fao fue el que permiti\u00f3 definir hasta qu\u00e9 punto se pod\u00edan cancelar las obligaciones del Centro Internacional del Mueble y los Sres. Amanda e Hildebrando Mej\u00eda, o sea, qu\u00e9 valor pod\u00eda pagarse con esos bienes\u201d. La equivalencia entre esas dos cifras es \u201cuna verdad de Perogrullo\u201d, es un hecho que nadie ha puesto en duda, pues esta acci\u00f3n no tiene su fuente en un error aritm\u00e9tico en que hubiesen incurrido las partes al apreciar ese aval\u00fao o al sumar las obligaciones pagadas. <\/p>\n
Se equivoc\u00f3 el Tribunal, prosigue, al fundamentar el equilibrio matem\u00e1tico de la operaci\u00f3n de daci\u00f3n en pago en el aval\u00fao de los folios 143 a 151, pues lo desfigur\u00f3 al asignarle un alcance contrario a su contenido objetivo, adicion\u00e1ndolo con contenidos que no aparecen en \u00e9l, en la medida en que al haber sido el aval\u00fao base de la daci\u00f3n en pago, de ninguna manera pod\u00eda ser utilizado como \u00fanico elemento para resolver la petici\u00f3n de revisi\u00f3n del equilibrio econ\u00f3mico de la misma. Ese aval\u00fao es un elemento de juicio sumamente valioso en orden a precisar cu\u00e1l fue la base de la cual partieron las partes al realizar la daci\u00f3n en pago, esto es, si dicha negociaci\u00f3n se hizo asign\u00e1ndole un valor global a todos los bienes o si por el contrario la misma parti\u00f3 de una evaluaci\u00f3n objetiva del valor del metro cuadrado de los bienes, como parece haber ocurrido, pero no tiene ninguna importancia en el estudio tendiente a precisar si en esa operaci\u00f3n existi\u00f3 realmente equilibrio econ\u00f3mico, interrogante que apunta directamente a precisar si hubo un error aritm\u00e9tico o si en realidad la evaluaci\u00f3n realizada mediante ese aval\u00fao fue equivocada. \u201cEsta labor es meramente comparativa, contrastando el resultado all\u00ed obtenido (el aval\u00fao asignado a cada uno de los bienes) con la cifra que se obtiene como valor total de los mismos o sumatoria, evaluaci\u00f3n que no involucra elemento ajeno al aval\u00fao mismo\u201d. <\/p>\n
El sentenciador debi\u00f3 interpretar dicho aval\u00fao en el sentido de tomarlo como la base de los valores asignados a los bienes entregados en daci\u00f3n en pago, calidad en la cual la informaci\u00f3n en \u00e9l vertida completaba la negociaci\u00f3n, d\u00e1ndole un sustento a los valores matem\u00e1ticos all\u00ed vertidos. De haberlo entendido as\u00ed, lo habr\u00eda considerado un par\u00e1metro de comparaci\u00f3n con el nuevo aval\u00fao practicado en el proceso, de modo que ambos ser\u00edan las herramientas mediante las cuales deb\u00eda establecer si en realidad existi\u00f3 el desequilibrio acusado en la demanda. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose al error de derecho, acus\u00f3 al Tribunal de haber privado de valor probatorio al dictamen pericial debidamente practicado dentro del proceso, con base en un juicio de naturaleza probatoria seg\u00fan el cual dicho medio solo se puede apreciar con miras a demostrar la pretensi\u00f3n de repetici\u00f3n de pago de lo no debido, cuando ha sido solicitada expresamente por la parte demandante con dicho fin. Por tal raz\u00f3n, no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que conforme a dicho medio probatorio, el valor real de los 113 locales comerciales entregados por el Centro Internacional del Mueble S.A. al Banco Ganadero S.A., fue la \u201csuma de $1.739 Millones\u201d (sic.). <\/p>\n
Luego de aludir a las normas de disciplina probatoria que consider\u00f3 quebrantadas y de asentar algunos comentarios relativos a los principios de la unidad y la comunidad de la prueba, puntualiza que el juzgador de segundo grado pregona el principio de que si una parte solicita un dictamen pericial para establecer el justo precio de unos bienes, con miras a establecer los presupuestos sustantivos de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, el dictamen all\u00ed obtenido probar\u00e1 precisamente eso, el justo precio de esos bienes, pero ese resultado probatorio solo podr\u00e1 ser usado con el fin de resolver la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme, no otra, pues si lo que se pretende es demostrar la equivalencia entre el valor de esos bienes y la obligaci\u00f3n cancelada, ello no se puede hacer por medio de dicha prueba. <\/p>\n
Dicha argumentaci\u00f3n atenta contra el principio de la comunidad de prueba, pues a pesar de haberse practicado en el proceso, con plena satisfacci\u00f3n de las formalidades legales, se desde\u00f1a el medio probatorio en raz\u00f3n de una supuesta vinculaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n para la cual se solicit\u00f3. <\/p>\n
Dicho esto, pasa la censura a se\u00f1alar la incidencia de los errores denunciados, punto en torno al cual precisa, en ajustada s\u00edntesis, que de no haber sido por ellos \u201cel fallador de instancia habr\u00eda tenido que partir del hecho de que realmente el Centro Internacional del Mueble S.A. era deudor del Banco Ganadero S.A. por la suma de $1.431,85 Millones, suma que pretendi\u00f3 pagar mediante la entrega en daci\u00f3n en pago de 113 locales comerciales de su propiedad, negocio que fue realizado con base en un aval\u00fao que determin\u00f3 que esos bienes ten\u00edan un valor de $1.431, 85 Millones. De otro lado, al apreciar los medios de prueba arrimados al proceso, habr\u00eda tenido que evaluar el dictamen pericial all\u00ed rendido, en el cual los peritos determinaron que el justo precio de esos 113 locales comerciales para la fecha del negocio jur\u00eddico era de $1.739 Millones. As\u00ed las cosas, habr\u00eda surgido n\u00edtida la evidencia de que el Centro Internacional del Mueble S.A. habr\u00eda incurrido en un error, pues al pretender pagar $1.431, 85 Millones en realidad hab\u00eda entregado bienes por valor de $1.739 Millones, resultando as\u00ed un exceso de $307,15 Millones, suma esta respecto de la cual se configuraba pago de lo no debido, gener\u00e1ndose para el acreedor la obligaci\u00f3n de restituir esa cifra err\u00f3neamente recibida actualizada monetariamente\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. D\u00e9bese destacar delanteramente que el designio fundamental de la censura esta orientado a demostrar que por causa de los errores de estimaci\u00f3n probatoria que el recurrente le enrostra al Tribunal, \u00e9ste dejo de ver que el demandante pag\u00f3 lo que no deb\u00eda, pedimento al cual, en s\u00edntesis, se restringe la acusaci\u00f3n. Al respecto advierte la Corte que, adem\u00e1s de que aqu\u00e9l no incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos por los que se duele la censura, es claro que de haber existido esas hipot\u00e9ticas incorrecciones, ellas ser\u00edan, indudablemente, intrascendentes. <\/p>\n
Se dice que el sentenciador no incurri\u00f3 en los errores f\u00e1cticos que en el car\u00e1cter de manifiestos el censor le atribuye porque, en primer lugar, aqu\u00e9l sustent\u00f3 su aseveraci\u00f3n seg\u00fan la cual el monto de la deuda satisfecha por la sociedad demandante fue de $1.731.850.000 y no de $1.431.850.000, en el documento denominado \u201caplicaci\u00f3n de la daci\u00f3n de pago\u201d (folio 152 \u00f3, quiz\u00e1s, 155 del cuaderno 1), escrito respecto de cuya eficacia probatoria no se doli\u00f3 el recurrente, y conforme al cual todo el valor de la daci\u00f3n en pago ($1.731.850.000) se imput\u00f3 a deudas del \u201cCENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE\u201d. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, esa reflexi\u00f3n del fallador resulta avalada por la cl\u00e1usula cuarta de la escritura p\u00fablica 110 de enero 20 de 1996, en la que las partes estipularon que: \u2026 (el ) CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE S.A. y el BANCO GANADERO S.A. han acordado darle a los inmuebles antes descritos un valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.731\u2019850.000) M\/cte, y por este mismo valor lo recibe el BANCO GANADERO para imputarlo al pago de las obligaciones que se relacionan en el anexo que se protocoliza en el presente instrumento. PARAGRAFO PRIMERO : cualquiera otra obligaci\u00f3n constituida a favor del BANCO GANADERO que no se encuentre relacionada en dicho anexo, se entender\u00e1 ser independiente, para los efectos de la presente daci\u00f3n en pago. PARAGRAFO SEGUNDO : Que han convenido las partes en la presente daci\u00f3n en pago que el abono efectivo a las obligaciones que CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE S.A tiene (n) para con el BANCO GANADERO se efectuar\u00e1 s\u00f3lo hasta cuando se le acredite a este \u00faltimo que la presente escritura p\u00fablica ha sido debidamente registrada, y que sobre el (los) inmueble (s) no pesa ning\u00fan gravamen o limitaci\u00f3n al dominio, pero tendr\u00e1 efectos a partir de su otorgamiento\u201d (folio 20 del cuaderno 1). <\/p>\n
De modo, pues, que la apreciaci\u00f3n del sentenciador ad quem, que en \u00faltimas conduce a calificar como solidarias las obligaciones solucionadas con la daci\u00f3n en pago contenidas en la escritura p\u00fablica No.110 de enero 30 de 1996, as\u00ed no lo hubiese afirmado expl\u00edcitamente, no puede tildarse de ostensiblemente contraevidente, con mayor raz\u00f3n, en cuanto se repara que se trata de una transacci\u00f3n de car\u00e1cter mercantil en la que, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio, se presume la solidaridad. En efecto, en el aludido instrumento p\u00fablico acordaron las partes: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: Que los comparecientes se declara (n) deudor (es) del BANCO GANADERO, por la cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.731.850.000) m\/cte, as\u00ed: a) EL CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE S.A. por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. PESOS ($1.431.850.000) M\/cte; <\/p>\n
b) El se\u00f1or HILDEBRANDO MEJIA, por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS— PESOS ($ 235.000.000.oo) M\/cte; <\/p>\n
c) Y la se\u00f1ora AMANDA MEJIA DE VARGAS, por la cantidad de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS —- PESOS ($ 65.000.000.oo) M\/cte; seg\u00fan liquidaci\u00f3n de capital, intereses, costos, gastos, comisiones, etc, efectuada el treinta (30) de Enero — de mil novecientos noventa y seis (1996), en relaci\u00f3n con la (s) obligaci\u00f3n (es) relacionadas en el anexo que se protocoliz\u00f3 con el presente instrumento p\u00fablico y que CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE S.A., la se\u00f1ora AMANDA MEJIAVARGAS y el se\u00f1or HILDEBRANDO MEJIA, tiene (n) contra\u00edda (s) como deudor (es) con el BANCO GANADERO\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la divisi\u00f3n de la deuda prevista en la cl\u00e1usula primera de dicho instrumento corresponder\u00eda al modo como los deudores se distribuir\u00edan internamente el pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la apreciaci\u00f3n que de los rese\u00f1ados documentos reclama la censura no es la \u00fanica posible, a la par que las elucidaciones del fallador encuentran, tambi\u00e9n, sustento racional en las mismas, motivo por el cual no es posible hacerlo reo del aludido yerro. <\/p>\n
De otro lado, tampoco puede sindic\u00e1rsele de haber incurrido en error f\u00e1ctico al estimar el aval\u00fao que sirvi\u00f3 de base a la negociaci\u00f3n (folios 143 a 151), ni en el de derecho por valorar el dictamen pericial practicado en el proceso (folios 4 a 67 del cuaderno 4), por los que igualmente se queja el recurrente, toda vez que, no obstante la notoria confusi\u00f3n que rodea su razonamiento, en \u00e9l se vislumbra que el sentenciador desde\u00f1\u00f3 el segundo para privilegiar el primero, simplemente porque \u00e9ste comprend\u00eda los 120 locales dados en pago, y no solamente los 113 a los que se refer\u00eda aquel otro. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es patente, entonces, que el Tribunal desestim\u00f3 la experticia practicada en el proceso, no porque considerase que fuera inconducente o no fuese id\u00f3nea, sino, sencillamente, porque luego de examinar su contenido advirti\u00f3 que si de examinar la equivalencia de las prestaciones a la luz de las evaluaciones all\u00ed contenidas se trataba, ella solamente alud\u00eda a 113 de los 120 locales comprendidos en la negociaci\u00f3n, reflexi\u00f3n que, como es obvio, no envuelve ning\u00fan razonamiento relativo a la disciplina de las pruebas. <\/p>\n
2. Pero, adem\u00e1s, como ya se dijera, a\u00fan de haber existido tales incorrecciones, las mismas ser\u00edan francamente intrascedentes. <\/p>\n
En efecto, dado que, conforme a la prescripci\u00f3n del art\u00edculo 1626 del C\u00f3digo Civil, el pago es \u201cla prestaci\u00f3n de lo que se debe\u201d, la atribuci\u00f3n patrimonial que del mismo se deriva debe encontrar sustento en una obligaci\u00f3n antecedente que se pretende extinguir. Infi\u00e9rese, por consiguiente, que el pago reclama la existencia tanto de la voluntad de cumplir (animus solvendi), como de la una obligaci\u00f3n preexistente que saldar (causa solvendi). <\/p>\n
De ah\u00ed que si equivocadamente el solvens, movido por la voluntad de pagar, realiza una atribuci\u00f3n a favor de otro, pero sin que, a su vez, exista causa solvendi, tiene derecho, por mandato del art\u00edculo 2313 ejusdem, para repetir lo pagado. Sin embargo, es patente en la se\u00f1alada norma, c\u00f3mo la repetici\u00f3n a la que en tal caso hay lugar, requiere, ineludiblemente, adem\u00e1s de la ejecuci\u00f3n de una prestaci\u00f3n a favor de otro, efectuada con la intenci\u00f3n de pagar, y la inexistencia de la obligaci\u00f3n (o su menor valor respecto del pago efectuado), que \u00e9ste obedezca a un error de quien lo hace, condici\u00f3n que se remonta a la Instituta justineanea, debido, quiz\u00e1s, a la necesidad de distinguir claramente el pago de lo no debido de la donaci\u00f3n. \u201c\u2026 En trasunto, ha dicho la Corte, donde quiera que no se cuente error de por medio en el pago, no se abre paso la condictio indebiti, denominaci\u00f3n que en Roma recibi\u00f3 la acci\u00f3n que se viene comentando, pues lo que se acaba de ver tiene por basamento indestructible el de que quien soluciona una deuda a sabiendas de que no es deudor, voluntariamente se est\u00e1 imponiendo un gravamen y no debe entonces quejarse\u201d (CCXII, p\u00e1g. 259). <\/p>\n
N\u00f3tese, subsecuentemente, c\u00f3mo la repetici\u00f3n derivada del pago de lo no debido se estructura forzosamente a partir del error del solvens, de modo que quien paga conscientemente lo que no adeuda, ha de estar realizando una liberalidad, cual lo prescribe el art\u00edculo 1454 del C\u00f3digo Civil, que, en cuanto tal, no le otorga el derecho de pedir por esta v\u00eda la restituci\u00f3n de lo dado. <\/p>\n
Siendo las cosas de ese modo, deviene palmaria la intrascendencia de las distintas imputaciones de la censura, pues ninguna de ella se encamina a poner de relieve que el sentenciador dej\u00f3 de ver prueba alguna demostrativa del error en que, eventualmente, hubiese podido incurrir el demandante por haber pagado involuntariamente en exceso de lo debido, cuesti\u00f3n que no inquiet\u00f3 al recurrente, ni en verdad pod\u00eda hacerlo, toda vez que, valga la pena acotarlo, esa circunstancia ni siquiera fue invocada en la demanda incoativa del proceso, la cual, por el contrario, se finca claramente sobre la supuesta desproporci\u00f3n objetiva de las prestaciones a cargo de las partes, sin que el error del actor, referido al monto de la deuda hubiese sido mencionado. <\/p>\n
3. Finalmente, no sobra destacar que el actor acudi\u00f3 disfuncionalmente a la referida condictio, con miras a obtener la restituci\u00f3n de lo que considera indebidamente pagado, pues es evidente que el centro de gravedad de sus reclamaciones lo constituye el hipot\u00e9tico desequilibrio objetivo de las prestaciones derivadas de la daci\u00f3n en pago contenida en la escritura p\u00fablica No. 110 del 30 de enero de 1996. <\/p>\n
Y al respecto es oportuno destacar c\u00f3mo el ordenamiento civil colombiano, vigorosamente influenciado por las ideas liberales decimon\u00f3nicas de libertad contractual, supremac\u00eda de la autonom\u00eda de la voluntad, de la obligatoriedad de los pactos (pacta sunt servanda), entre otros, circunscribi\u00f3 a muy reducidos espacios jur\u00eddicos la posibilidad de reclamar judicialmente con sustento en la desproporci\u00f3n de las prestaciones contractuales, de manera que el conflicto suscitado entre los postulados de justicia conmutativa, que impelen a buscar una soluci\u00f3n para aquellos casos en los que sea notorio dicho desequilibrio, y los de libertad y seguridad que propugnan por la estabilidad del negocio jur\u00eddico, se resuelve, en principio, mediante dos remedios esenciales: la lesi\u00f3n enorme, en aquellos casos en los que ella es viable, y en los cuales la asimetr\u00eda prestacional es coet\u00e1nea con la celebraci\u00f3n del contrato, y la revisi\u00f3n del mismo, cuando le sobreviene. <\/p>\n
Como en el asunto de esta especie el demandante pretendi\u00f3 que se declarase que pag\u00f3 m\u00e1s de lo debido, pero sin sustentar y, obviamente, sin probar que esa circunstancia se deriv\u00f3 del error en que para tal efecto habr\u00eda incurrido, am\u00e9n que sus pedimentos su fincan en la mera desproporci\u00f3n objetiva de las prestaciones a cargo de ambas partes, las imputaciones de la censura, resultan, por lo que ya se ha dicho, abiertamente irrelevantes. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del 24 de noviembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario adelantado por el CENTRO INTERNACIONAL DEL MUEBLE frente al BANCO GANADERO. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Copi\u00e9se y Notif\u00edquese <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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SC-322-2005 [0500131030071998-0712-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 Distrito Capital, trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente No. 05001310300719980712-01 Dec\u00eddese por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83145","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83145\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}