SC-323-2005 [5122]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, Distrito Capital, trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente 5122 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante ALONSO ORREGO GAVIRIA, contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario seguido por aqu\u00e9l contra la sociedad SOLLA S.A. <\/p>\n
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1. Al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn le correspondi\u00f3 conocer de la demanda presentada el 18 de julio de 1995, mediante la cual el ahora recurrente pidi\u00f3 que se declarara que entre las partes se celebraron varios contratos de compraventa de concentrado alimenticio para truchas arco iris; que el producto vendido no reun\u00eda las exigencias normales, ni convencionales, pues result\u00f3 \u201cde p\u00e9sima calidad\u201d; que por ello se le ocasionaron m\u00faltiples perjuicios y que, por ende, se condenara a la vendedora a resarc\u00edrselos, en la cantidad de dinero en que fueran probados. <\/p>\n
2. Dichos pedimentos se apoyaron en la afirmaci\u00f3n de los hechos que responden a la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
2.1 El actor adquiri\u00f3 el 16 de marzo de 1994 el concentrado vendido \u201ca granel\u201d por la demandada, y se lo suministr\u00f3 durante 3 semanas a la poblaci\u00f3n de 220.000 truchas que manten\u00eda en la estaci\u00f3n pisc\u00edcola de su propiedad, situada en la vereda Chaverra, en El Carmen de Viboral, lo que caus\u00f3 la muerte de 57.750 alevinos y 7.350 adultos, ocurrida entre los 8 y los 20 d\u00edas subsiguientes a la ingesti\u00f3n del concentrado, as\u00ed como la disminuci\u00f3n mensual de 2.020 kilos en la producci\u00f3n de carne, restando por evaluar los efectos provocados con posterioridad al mes de octubre de 1994, hasta el d\u00eda final del periodo de engorde de la poblaci\u00f3n de truchas afectadas. <\/p>\n
2.2 El transporte del alimento se hizo en un furg\u00f3n cerrado de aluminio y sin ning\u00fan tipo de empaque, proceder que \u2013por redundar en una alteraci\u00f3n interna de la temperatura del artefacto- facilit\u00f3 la humedad requerida para que el hongo conocido como \u201caspergilus\u201d iniciara su metabolismo y desarrollo, generando \u201caflotoxinas\u201d, que son unas sustancias extremadamente nocivas para las truchas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el libelista que el administrador del cultivo, se\u00f1or ALBEIRO MONTOYA, al momento de recibir el alimento concentrado, not\u00f3 que la temperatura del producto era elevada, por lo que report\u00f3 de inmediato la novedad al conductor del veh\u00edculo de Solla S. A., se\u00f1or AUGUSTO MONTOYA. <\/p>\n
La aseverada afecci\u00f3n fue comprobada por el Dr. GUSTAVO ALVIS, funcionario al servicio de la demandada, mediante an\u00e1lisis de muestras del alimento por \u00e9l mismo recogidas, que arroj\u00f3 un resultado de 10 partes por bill\u00f3n de aflatoxinas, cuya ingesti\u00f3n en 20 d\u00edas fue de 0.3 microgramos por pez, dosis que produce hepatoma en el 61% de la poblaci\u00f3n, seg\u00fan cient\u00edficamente est\u00e1 establecido. <\/p>\n
2.3 La muerte de las malogradas especies fue ocasionada por el ataque de aeromonas y pseudomonas, bacterias presentes en todas las fuentes de agua en Colombia, combatidas en forma efectiva por el mismo animal en una situaci\u00f3n normal, lo que no sucedi\u00f3 en el asunto de marras, \u201cdebido a la disminuci\u00f3n inmunol\u00f3gica de los peces por causa de la ingesti\u00f3n de aflatoxinas que hab\u00eda en el concentrado\u201d producido por la demandada. <\/p>\n
2.4 En carta del 26 de septiembre de 1994, \u00e9sta afirm\u00f3 que en la producci\u00f3n del concentrado actu\u00f3 de acuerdo con las normas expedidas por el ICA \u201cpara pollos de engorde\u201d, las que contemplan un tope m\u00e1ximo de 20 partes por bill\u00f3n de aflatoxinas. La referida entidad oficial, encargada de vigilar, controlar y expedir las licencias para la producci\u00f3n de alimentos para animales, cuya reglamentaci\u00f3n contiene la Resoluci\u00f3n 444 de 1993, inform\u00f3 \u201cen comunicaci\u00f3n adjunta\u201d, que no ha adoptado norma alguna relativa a aflatoxinas en alimento para trucha arco iris y que la citada resoluci\u00f3n no autoriza la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas \u201cdadas para el pollo de engorde\u201d. Asimismo, en comunicaci\u00f3n del 13 de enero de 1999, expres\u00f3 que el alimento concentrado para trucha debe hallarse exento de contaminaci\u00f3n por aflatoxinas o, en caso contrario, tener un \u00edndice lo m\u00e1s cercanamente posible a cero, opini\u00f3n coincidente con la de la Dra. Ivonne Bernier, asesora de la demandada, expresada en su carta del 28 de abril de 1994. <\/p>\n
2.5 Al momento de la adquisici\u00f3n del concentrado para truchas, SOLLA S.A., carec\u00eda de licencia para su producci\u00f3n y transporte; las deficiencias de \u00e9ste le han irrogado perjuicios al demandante, configurados por la p\u00e9rdida del precio pagado, la muerte de 57.750 alevinos y 7.350 peces adultos, disminuci\u00f3n en la producci\u00f3n de alevinos, merma productiva en la poblaci\u00f3n pisc\u00edcola superviviente, la adquisici\u00f3n de truchas por mayor valor a otros productores para atender contratos de suministro con sus clientes y la afectaci\u00f3n de su buen nombre debido a la reducci\u00f3n del n\u00famero de truchas y su mala calidad. <\/p>\n
3. La demanda se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 9 de agosto de 1995, por la v\u00eda del proceso verbal, en el entendido de que se trataba de un evento de protecci\u00f3n al consumidor, de conformidad con el decreto 3466 de 1982. <\/p>\n
La demandada se opuso a las pretensiones y se defendi\u00f3 invocando la falta de nexo causal entre el comportamiento del producto vendido y el perjuicio del demandante; la inexistencia de un da\u00f1o en el alimento suministrado, a causa de una exposici\u00f3n al calor; ausencia de responsabilidad del demandado por causa extra\u00f1a en la ocurrencia del hecho; caducidad, prescripci\u00f3n, e inexistencia de vicios redhibitorios. <\/p>\n
Como excepci\u00f3n previa, formul\u00f3 la consistente en hab\u00e9rsele dado al proceso un tr\u00e1mite diferente del que le correspond\u00eda, la que fue decidida favorablemente por el juez a quo quien dispuso que la actuaci\u00f3n fuera impulsada por el rito del proceso ordinario. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras afirmar la cabal concurrencia de los presupuestos procesales, se dedic\u00f3 el juzgador, a espacio, a examinar las razones por las cuales estim\u00f3 acertado el tr\u00e1mite ordinario imprimido al proceso, en lugar del verbal previsto para las controversias reguladas por el estatuto de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
2. Seguidamente expres\u00f3 que el conflicto de intereses sometido a su composici\u00f3n se ubicaba en la preceptiva del art\u00edculo 934 del C\u00f3digo de Comercio, efecto para el cual sostuvo que entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de compraventa mercantil sobre el producto alimenticio causante, seg\u00fan la actora, de los perjuicios por ella reclamados. <\/p>\n
3. Con sustento en la norma citada, explic\u00f3 el sentenciador que los defectos o vicios ocultos del bien materia de compraventa mercantil pueden dar lugar a las acciones en \u00e9l consagradas, en cualquiera de sus modalidades, redhibitoria o estimatoria, siendo consecuencial a ambas la de indemnizaci\u00f3n de perjuicios contra el vendedor, si -al tiempo de celebrarse el contrato- conoc\u00eda o debi\u00f3 conocer el vicio o defecto de la cosa. <\/p>\n
Para que la rese\u00f1ada pretensi\u00f3n resarcitoria apoyada en la afirmada calidad deficiente del producto vendido salga avante, es indispensable la concurrencia de los siguientes elementos: a) un contrato de compraventa ajustado entre las partes, del que se haya originado la obligaci\u00f3n glosada por defectuosa; b) incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones de la demandada por culpa suya; c) certeza y real existencia de los perjuicios, y d) \u201cla relaci\u00f3n de causalidad entre los dos \u00faltimos elementos, esto es, que el da\u00f1o producido tenga como causa directa la mala calidad del producto vendido\u201d. El Tribunal hizo suya la afirmaci\u00f3n de inexistencia de la \u00faltima de las prenotadas exigencias sostenida por el juzgado a quo con base \u201cen los documentos y declaraciones relacionados prolijamente en la sentencia impugnada, sin que sea necesario volver sobre el punto\u201d. <\/p>\n
4. Sostuvo el fallador que el dictamen rendido por los peritos bi\u00f3logos, se\u00f1ores GUSTAVO LENIS SUCERQUIA y FLOR ANGELA LONDO\u00d1O FERNANDEZ deb\u00eda valorarse junto con el restante material probatorio y que de \u00e9l, inclusive, pod\u00eda apartarse razonadamente el juzgador, actitud \u00e9sta que se impon\u00eda en el sub lite, dado que dicha experticia no era apta para dar por cierto que la aseverada por el demandante fue la causa eficiente de la mortandad de las truchas, pues los peritos se limitaron a absolver el cuestionario formulado por el accionante haciendo \u2018meras deducciones\u2019 y sin tomar -ni someter a ex\u00e1menes de laboratorio- muestras del alimento vendido, cual se requer\u00eda para poder concluir que estaba contaminado con aflatoxinas en la magnitud suficiente para menguar las defensas de los peces, de tal forma que por su ingesti\u00f3n hubieran quedado inermes ante los ataques de las bacterias aeromonas y pseudomonas, cuya presencia en el agua de los estanques del actor se comprob\u00f3 mediante ex\u00e1menes efectuados en el laboratorio Ivonne Bernier. <\/p>\n
En sentido similar, el sentenciador asumi\u00f3 como mera hip\u00f3tesis la afirmaci\u00f3n de los auxiliares de la justicia orientada a establecer que, descartada cualquier contaminaci\u00f3n del agua, la \u00fanica alternativa de causaci\u00f3n del da\u00f1o reca\u00eda sobre el alimento suministrado a los peces. Tal conclusi\u00f3n, prosigui\u00f3, s\u00f3lo pod\u00eda fundarse sobre la base de la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes a \u00e9ste y a las aguas, \u201cpara demostrar su pureza y la descontaminaci\u00f3n del medio en que viv\u00edan los animales y en donde los trabajadores de la pisc\u00edcola desarrollaban sus actividades b\u00e1sicas\u201d (c. 6, fl. 34). <\/p>\n
En contraste con dicho panorama, destac\u00f3 el juzgador c\u00f3mo fue demostrado que los concentrados vendidos en marzo de 1994 eran de \u201c\u00f3ptima calidad\u201d y que \u201cpudieron ser otras las causas que ocasionaron la muerte de los peces\u201d. Para soportar su aserto, el sentenciador invoc\u00f3 los ex\u00e1menes de laboratorio de IVONNE BERNIER; el informe rendido por el ICA \u201ccomo resultado de la visita que efectu\u00f3 a las instalaciones trucheras\u201d y la declaraci\u00f3n del testigo LUIS FERNANDO LOTERO, pruebas de las que realz\u00f3 el amplio an\u00e1lisis que de ellas hiciera el juez de primera instancia. <\/p>\n
5. En punto de la falta de licencia del ICA para que la demandada elaborara y vendiera, por esa \u00e9poca, el concentrado con Carophil para truchas, dijo el fallador que es un hecho del que no puede presumirse la \u201cinidoneidad del producto vendido\u201d, ni ser utilizado para deducir una responsabilidad objetiva de la vendedora, puesto que adem\u00e1s de conllevar aquella irregularidad, sanciones meramente administrativas, dicha modalidad de responsabilidad tiene cabida en los eventos regulados por el Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor, a los cuales escapa la presente especie litigiosa, am\u00e9n que -en la fecha de la venta- la demandada ten\u00eda licencia para vender concentrados destinados a la alimentaci\u00f3n de truchas en general, con una composici\u00f3n m\u00e1s o menos coincidente con la verificada mediante el an\u00e1lisis de la muestra del despachado al demandante, efectuado por el laboratorio IVONNE BERNIER. <\/p>\n
6. Refiri\u00e9ndose al aditivo Carophil como elemento componente del concentrado, sostuvo el juzgador ad quem, basado principalmente en el testimonio de FERNANDO CANDAMIL SALAZAR, que es sustancia inofensiva, no productora de aflatoxinas, utilizada para la pigmentaci\u00f3n de la carne de la trucha, de la que hay comprobaci\u00f3n cient\u00edfica en el sentido de no ser desencadenante de \u201cning\u00fan problema que pueda causar una m\u00ednima mortalidad en las truchas\u201d. Punto de vista que hall\u00f3 corroborado por el hecho de que finalmente el ICA le hubiera concedido a la demandada \u201cla licencia para producir y comercializar los concentrados para truchas con Carophil, como se evidencia del documento visible a folio 1 del cuaderno de pruebas de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el sentenciador enfatiz\u00f3 en que no se demostr\u00f3 por el actor que los perjuicios reclamados hubieran tenido \u201ccomo causa directa y eficiente\u201d, la baja calidad o la contaminaci\u00f3n de los concentrados vendidos por la demandada en marzo de 1994, lo que impon\u00eda confirmar la sentencia dictada por el juez a quo. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, dos acusaciones formul\u00f3 el recurrente, las que se despachar\u00e1n conjuntamente, por estar soportadas en argumentaciones que en gran medida se identifican, o por lo menos se complementan. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 el recurrente la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 822, 830, 835, 863, 864, 871, 905, 932 (inc. 2\u00b0), 934, 935 y 942 del C\u00f3digo de Comercio; 1495, 1603, 1604, 1613, 1614, 1616, 1915 y 1918 del C\u00f3digo Civil y 27 y 36 del decreto 3466 de 1982, como consecuencia de error de hecho por preterici\u00f3n de la prueba de confesi\u00f3n ficta o presunta de la sociedad demandada, deducida de no haber asistido su representante legal a la audiencia programada para continuar con su declaraci\u00f3n de parte, seg\u00fan consta en el acta obrante al folio 8 del cuaderno n\u00famero 3. <\/p>\n
Seg\u00fan la censura, resulta irrelevante que durante la audiencia en que se adelant\u00f3 la parte inicial del interrogatorio de parte practicada a la sociedad demandada (no antes de la fecha programada para el efecto, cual lo prev\u00e9 el art\u00edculo 207 del C. de P. C.), el apoderado de la actora hubiera aportado cuestionario escrito, pues am\u00e9n de haber comparecido personalmente a la misma audiencia y haber allegado tard\u00edamente el mencionado escrito, prescindi\u00f3 de \u00e9l. Efecto de ese planteamiento, debi\u00f3 deducirse la confesi\u00f3n, no sobre las preguntas contenidas en ese sobre, sino con relaci\u00f3n a los hechos consignados en su libelo inicial, que comprenden la relaci\u00f3n causa-efecto entre el consumo de los alimentos concentrados vendidos por Solla S. A. y la muerte y disminuci\u00f3n de la poblaci\u00f3n de truchas explotada por el actor. <\/p>\n
No vio el sentenciador, entonces, la confesi\u00f3n ficta que conforme al art\u00edculo 210 del C. de P. C., se deduce de la incomparecencia del absolvente a la reanudaci\u00f3n de la audiencia programada para el 1\u00b0 de agosto de 1997, que \u201chace presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de la prueba de confesi\u00f3n\u201d, en especial los relativos a que los perjuicios a \u00e9l inferidos derivaron de la baja calidad del concentrado adquirido por la demandada; que \u00e9sta despach\u00f3 al comprador el producto, \u201ca granel en un furg\u00f3n herm\u00e9tico\u201d; que el concentrado con Carophil fue producido por aquella sin tener, a la saz\u00f3n, licencia del ICA y que la vendedora \u201cofreci\u00f3 un descuento en compras futuras por valor de $2\u2019500.000\u201d, como indemnizaci\u00f3n por los perjuicios sufridos por la actora, de suerte que, de no haber incurrido en el yerro denunciado, el Tribunal \u201chubiera dado por demostrado que el perjuicio cuya indemnizaci\u00f3n se reclama se origin\u00f3 directamente en el consumo que las truchas y los alevinos hicieron del concentrado y que, por ende, est\u00e1 plenamente probado tambi\u00e9n el nexo de causalidad entre la culpa del demandado y el perjuicio sufrido por el demandante\u201d, lo que habr\u00eda determinado la revocatoria del fallo apelado y el acogimiento de la demanda incoativa. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Fue acusada la sentencia del Tribunal de infringir los art\u00edculos 822, 830, 835, 863, 864, 871, 905, 932 (inc. 2\u00b0), 934, 935 y 942 del C\u00f3digo de Comercio; 1495, 1603, 1604, 1613, 1614, 1616, 1915 y 1918 del C\u00f3digo Civil y 27 y 36 del decreto 3466 de 1982, a consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2. Record\u00f3 que el eje medular del fallo absolutorio atacado lo fue la negaci\u00f3n de la prueba del nexo de causalidad entre el da\u00f1o y la culpa, apreciaci\u00f3n equivocada, en su criterio, por emanar de la preterici\u00f3n de las \u201cpruebas que enseguida indico y al no ver la confesi\u00f3n presunta y los indicios graves que brotan contra la sociedad demandada, porque su representante no compareci\u00f3 a la continuaci\u00f3n de la audiencia de interrogatorio de parte y porque en el escrito de respuesta a la demanda, Solla S.A. fue reticente y afirm\u00f3 cosas contrarias a la realidad\u201d. <\/p>\n
2.1 En relaci\u00f3n con la confesi\u00f3n presunta deducida de la incomparecencia del representante legal de la demandada a la audiencia se\u00f1alada para la continuaci\u00f3n de su declaraci\u00f3n de parte, expres\u00f3 que de no haberla pasado por alto, el Tribunal, \u201chubiera tenido por ciertos los hechos, susceptibles de confesi\u00f3n, contenidos en las preguntas asertivas del interrogatorio escrito visible a folio 79 del cuaderno 3\u00b0, interrogatorio que aparece reproducido en acta que obra a folios 6 y 7 del mismo cuaderno\u201d. <\/p>\n
En tal orden de ideas, apunt\u00f3 el impugnante que ha debido darse por comprobado que la demandada s\u00ed vendi\u00f3 el concentrado llamado Trucha Com\u00fan con Carophil y Truchas Com\u00fan a Granel, para cuya producci\u00f3n carec\u00eda de licencia del ICA en el a\u00f1o de 1994; que la venta tuvo un valor de $31\u2019772.247; la carencia de laboratorios de toxicolog\u00eda por parte de la demandada; el reporte de la anomal\u00eda rendido de inmediato a \u00e9sta por la actora; el decomiso por falta de licencia del primero de los indicados productos efectuado por el ICA a la sociedad demandada, el 4 de octubre de 1996; el ofrecimiento de un descuento especial que Solla le hizo al demandante como reconocimiento de los perjuicios y, en fin \u201cque es cierto que el alimento para truchas vendido en 1994 al se\u00f1or Orrego fue fabricado con las normas establecidas por el ICA para pollos de engorde, lo que est\u00e1 prohibido\u201d (fl. 26). <\/p>\n
2.2 Ignor\u00f3 el sentenciador el indicio grave que debi\u00f3 deducir contra la demandada, conforme al art\u00edculo 95 del C. de P.C., por haber consignado en la r\u00e9plica de la demanda afirmaciones y negaciones contrarias a la realidad. Se\u00f1al\u00f3 en respaldo de su aserto, en primer lugar, la respuesta seg\u00fan la cual era falso que los env\u00edos de concentrado se hubieran hecho sin ning\u00fan empaque, vicisitud que posteriormente acept\u00f3 la misma demandada al decir que la mercanc\u00eda se despach\u00f3 al granel en un furg\u00f3n, lo cual fue corroborado despu\u00e9s por el se\u00f1or AUGUSTO DE JESUS MONTOYA, conductor del automotor. En segundo rengl\u00f3n, la expuesta en el sentido de que el accionante s\u00f3lo report\u00f3 la ocurrencia da\u00f1ina luego de mes y medio de haberse presentado, siendo que de los testimonios de FERNANDO CANDAMIL SALAZAR y GUSTAVO ADOLFO ALVIS, funcionarios suyos, se concluye que esa reclamaci\u00f3n fue presentada de inmediato. Y, por \u00faltimo, la respuesta dada por SOLLA S.A., en el sentido de que contaba con licencia del ICA para la producci\u00f3n de alimento concentrado para Truchas con Carophil para el mes de marzo de 1994, lo que viene desvirtuado por el informe de dicha entidad obrante al folio 8 del cuaderno 4. <\/p>\n
3. Adicion\u00f3 que de haber visto el Tribunal la confesi\u00f3n presunta y los indicios antes referenciados, \u201chubiera dado por demostrado no solamente el proceder culposo de la sociedad demandada al producir y expender concentrados sin licencia del ICA, sino la relaci\u00f3n de causalidad que existe entre esa culpa y el da\u00f1o que sufrieron las truchas del se\u00f1or Alonso Orrego\u201d y, por consiguiente, habr\u00eda condenado a SOLLA S.A., a pagar al demandante los perjuicios cuantificados por los peritos Estrada y Upegui, con la aquiescencia de la demandada, en sendas cantidades de $7\u2019706.330, por concepto de da\u00f1o emergente y $37\u2019281.245, como lucro cesante. <\/p>\n
Fue as\u00ed, remat\u00f3, como resultaron infringidas, por falta de aplicaci\u00f3n, las normas sustanciales invocadas al presentar la acusaci\u00f3n resumida, en especial, los art\u00edculos 934 del C\u00f3digo de Comercio y 1918 del C\u00f3digo Civil, preceptos \u201cque dan derecho a demandar directamente los perjuicios padecidos cuando el vendedor ha obrado con culpa, como sucedi\u00f3 en la especie de este litigio\u201d. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como se sigue del compendio de la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, es claro que para decidir como lo hizo, el fallador ubic\u00f3 el conflicto de intereses sometido a su composici\u00f3n en la preceptiva del art\u00edculo 934 del C\u00f3digo de Comercio y ech\u00f3 de menos la prueba de que fuera defectuosa la calidad del producto que, conociendo o debiendo haber conocido, el demandado vendi\u00f3 a su contraparte, requisito indispensable para la prosperidad de la demanda de indemnizaci\u00f3n de perjuicios incoada por la actora, seg\u00fan se dijo en el fallo impugnado. <\/p>\n
Por su parte, en resumen, la censura le atribuy\u00f3 al Tribunal la incursi\u00f3n en los siguientes errores manifiestos de hecho: <\/p>\n
A. No reconoci\u00f3 efectos de confesi\u00f3n ficta o presunta a la conducta procesal del representante legal de la sociedad demandada, por haber dejado de asistir a la audiencia programada para la continuaci\u00f3n de su declaraci\u00f3n de parte. Tal sanci\u00f3n se impon\u00eda, de acuerdo con el texto del art\u00edculo 210 del C. de P. C., entonces vigente, en relaci\u00f3n con los hechos de la demanda susceptibles de establecer mediante confesi\u00f3n, seg\u00fan se sostuvo en el cargo primero, o respecto de aquellos a los que se refieren las preguntas asertivas contenidas en el cuestionario escrito, cual lo asever\u00f3 el recurrente en su segunda acusaci\u00f3n. <\/p>\n
B. No haberle reconocido el car\u00e1cter de indicio grave a la reprochable conducta procesal del demandado, consistente en hacer afirmaciones falsas en la contestaci\u00f3n de la demanda. As\u00ed se expuso en el cargo segundo. <\/p>\n
En verdad, en la motivaci\u00f3n del fallo impugnado no se hizo menci\u00f3n alguna de la aludida confesi\u00f3n f\u00edcta, ni del indicio grave invocado por el recurrente ni, mucho menos, se discurri\u00f3 en torno a las consecuencias de la incomparecencia del representante legal de la sociedad demandada, a responder las preguntas aplazadas, luego desde esa perspectiva error hubo y evidente. Empero, puesta la Corte en la tarea de escrutar su trascendencia encuentra que el sentenciador soport\u00f3 su decisi\u00f3n en otras probanzas, orientadas claramente en sentido opuesto al que podr\u00eda atribu\u00edrsele a los elementos de juicio que, seg\u00fan el casacionista, fueron preteridos por el fallador, al punto que con apoyo en ellos concluy\u00f3 que el alimento vendido por la demandada no constituy\u00f3 la causa de la p\u00e9rdida patrimonial sufrida por la actora por la disminuci\u00f3n de la poblaci\u00f3n de truchas que por el a\u00f1o de 1994 manten\u00eda en su estaci\u00f3n pisc\u00edcola. <\/p>\n
Ahora, valga la pena anticiparlo, no guarda significativa utilidad entrar a establecer si esas apreciaciones probatorias, las contenidas en la sentencia impugnada, sobre las que volver\u00e1 la Corte posteriormente, fueron asumidas por el Tribunal como detonantes de una clara infirmaci\u00f3n de la confesi\u00f3n f\u00edcta que ech\u00f3 a ver ahora el recurrente, pero sobre la cual el fallador no efectu\u00f3 menci\u00f3n expresa, tal vez por no estimarlo necesario, o si simplemente, el sustrato f\u00e1ctico exteriorizado por el mismo sentenciador se dio por fuera de dicha consideraci\u00f3n, esto es, ignorando en su materialidad la rese\u00f1ada probanza. <\/p>\n
Lo que s\u00ed resulta verdaderamente relevante, es que, con independencia de las vicisitudes hasta aqu\u00ed relatadas, la suerte de la demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 signada, en tanto que el casacionista no derrib\u00f3 de ra\u00edz, cual lo exige la prosperidad de los cargos enderezados por la causal primera de casaci\u00f3n cuando quiera que se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, todas las conclusiones de tipo f\u00e1ctico que sirvieron de soporte al fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2. Sin duda, as\u00ed se tuviera por establecido que la renuencia del representante legal de la vendedora a proseguir con la absoluci\u00f3n de su declaraci\u00f3n de parte ameritaba efectos de confesi\u00f3n, ya en los t\u00e9rminos indicados en el cargo primero (esto es, con relaci\u00f3n a los hechos que constituyeron el sustrato f\u00e1ctico de la demanda inicial), ora en la forma sugerida en el segundo (respecto del ya mencionado cuestionario escrito), tal contingencia, vista en s\u00ed misma o junto con el indicio grave que afectar\u00eda a la parte demandada, con apego en el art\u00edculo 95 del C. de P. C., ser\u00eda insuficiente para el quiebre de la sentencia recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, si se tuviera por confesa a la demandada en los t\u00e9rminos amplios sugeridos en la primera acusaci\u00f3n (o un tanto restringidos, como se predic\u00f3 en el cargo segundo) y, adem\u00e1s, se hiciera actuar en su contra el indicio grave contemplado en el art\u00edculo 95 del C. de P. C., tales pruebas apuntar\u00edan a demostrar que la baja calidad o la contaminaci\u00f3n de los concentrados vendidos por SOLLA S. A., en marzo de 1994, fue la causa directa y eficiente de los perjuicios padecidos por el demandante, siendo de ver que a dichas conclusiones se opondr\u00edan las obtenidas por el Tribunal con soporte en otras probanzas que no fueron combatidas por el recurrente, lo que de suyo hace inocua la tarea impugnativa. <\/p>\n
Dentro del indicado contexto es patente que el impugnante consider\u00f3 que para destruir el punto de vista del sentenciador era suficiente oponerle las secuelas probatorias ocasionadas por la renuencia de la demandada a culminar su declaraci\u00f3n de parte y las inexactitudes en las que incurri\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, lo cual no luce muy afortunado, puesto que siendo como son, en su orden, una confesi\u00f3n ficta o presunta y un indicio, no puede olvidarse que la primera, como toda confesi\u00f3n, se puede desvirtuar (art. 201 del C. de P. C.), not\u00e1ndose que si tal posibilidad alcanza a la confesi\u00f3n judicial expresa, con mayor raz\u00f3n debe admitirse respecto de la ficta o presunta del art\u00edculo 210 ibidem, y que en armon\u00eda 250 del C. de P. C., el juez deber\u00e1 apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso. <\/p>\n
Sobre el primero de estos aspectos, la Corte destac\u00f3 c\u00f3mo la confesi\u00f3n que el Juzgador, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 210 del C. de P. C., \u201cdeclara ocurrida respecto del litigante que no obstante haber sido citado en debida forma, deja de comparecer sin justo motivo a absolver el interrogatorio formal cuya pr\u00e1ctica se dispuso a instancia del adversario, (…) tiene la significaci\u00f3n procesal de una aut\u00e9ntica presunci\u00f3n de las que en lenguaje t\u00e9cnico se denominan legales o juris tantum, lo que a la luz del art\u00edculo 176 del C. de P. C., equivale a decir que invierte el peso de la prueba, haciendo recaer sobre el no compareciente la obligaci\u00f3n de rendir la prueba contraria\u201d (sent. de 24 de junio de 1992, exp. 3390). De ah\u00ed que esta misma Corporaci\u00f3n haya precisado que la confesi\u00f3n en esos t\u00e9rminos deducida corresponde a \u00ab\u2026 un medio artificial de convicci\u00f3n que tendr\u00e1 la misma fuerza que a las confesiones reales y verdaderas se les atribuye, en la medida en que, de un lado, no exista dentro del proceso prueba en contrario, y de otro, que se cumplan los requisitos previstos en el art\u00edculo 195 ib\u00eddem espec\u00edficamente para la validez de toda prueba por confesi\u00f3n\u00bb (sent. de 16 de febrero de 1994, exp. 4109). <\/p>\n
Tampoco puede pasarse por alto que la confesi\u00f3n y el indicio deben evaluarse de conjunto con el restante material probatorio allegado al informativo, siendo precisamente por lo anterior que de dichas consecuencias probatorias ha dicho la Corte en un asunto cuya similitud con el presente salta a la vista, que \u201csi otros medios de prueba le dieron al Tribunal la convicci\u00f3n suficiente para decidir el asunto como lo decidi\u00f3, los cuales, seg\u00fan viene de verse, han quedado en pie al no alcanzarlos la cr\u00edtica hecha por el recurrente, ese parecer del sentenciador no podr\u00eda destruirse con s\u00f3lo anteponerse las consecuencias probatorias a las que da lugar la incomparecencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n, habida cuenta que la circunstancia de \u2018tener por ciertos los hechos de la demanda\u2019 que sean susceptibles de confesi\u00f3n, de todos modos queda sometida a la evaluaci\u00f3n probatoria conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, y en ese orden de ideas perfectamente puede suceder … que resulte infirmada a la postre por otras probanzas. Como es obvio, otro tanto cumple decir con relaci\u00f3n al indicio grave. Es decir, dichas secuelas probatorias que directamente consagr\u00f3 el legislador carecen de virtualidad para transitar el proceso rodeadas de una intangibilidad absoluta, y, antes bien, quedan sujetas a la confrontaci\u00f3n con otros medios probatorios en orden a establecer la veracidad de lo que ellas suponen\u201d (sent. de 22 de octubre de 1998, exp. 5153). <\/p>\n
De cara a la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n y para redundar en lo expuesto, no sobra reproducir lo dicho en la sentencia del 6 de octubre de 1998 (exp. 5076), sobre el mismo particular a prop\u00f3sito de un cargo planteado en circunstancias tambi\u00e9n muy similares a las del evento sub lite: <\/p>\n
\u201cY, por supuesto, en orden a la prosperidad del cargo, la antedicha apreciaci\u00f3n probatoria hab\u00eda de ser en su integridad tambi\u00e9n blanco certero de las cr\u00edticas del acusador, como que mientras se encuentre en pie ese concepto, que, naturalmente, resta toda eficacia pr\u00e1ctica a la confesi\u00f3n, vano por entero resulta, y eso es obvio, cualquier esfuerzo destinado a demostrar que el tribunal err\u00f3 al no prestar la debida atenci\u00f3n a la no comparecencia del demandado a la audiencia en que deb\u00eda absolver el interrogatorio de parte. O, lo que es lo mismo, s\u00f3lo derruyendo la construcci\u00f3n probatoria levantada por el juzgador con la aludida prueba testimonial y documental, le era factible al censor extraer consecuencias favorables a su causa con motivo del pretendido yerro que en torno a la confesi\u00f3n ficta denuncia\u201d. <\/p>\n
3. Dentro de la misma l\u00ednea de an\u00e1lisis emprendida en la consideraci\u00f3n anterior, es patente que al impugnante no le merecieron ninguna cr\u00edtica las apreciaciones que el sentenciador hizo basado en las pruebas que analiz\u00f3 y que le sirvieron de fundamento para descartar como causa del da\u00f1o sufrido por el accionante, el suministro a sus peces del alimento vendido por la demandada en marzo de 1994, omisi\u00f3n en virtud de la cual la acusaci\u00f3n se resiente de ser incompleta, constituy\u00e9ndose esta circunstancia en motivo suficiente para determinar su improsperidad. <\/p>\n
Nada dijo el casacionista, en verdad, dirigido a atacar lo afirmado por el juez ad quem en el sentido de que la demandada prob\u00f3 que el concentrado vendido era de \u201c\u00f3ptima calidad\u201d y que, \u201cadem\u00e1s, pudieron ser otras las causas que ocasionaron la muerte de los peces\u201d, conclusiones probatorias aptas para dar como infirmada la comentada confesi\u00f3n presunta, fund\u00e1ndose para hacer estas apreciaciones en los resultados de los ex\u00e1menes de laboratorio de IVONNE BERNIER, el informe rendido por el ICA a la actora el 13 de enero de 1995, previa visita a las instalaciones pisc\u00edcolas del demandante, en el que reza que \u201cla bodega dispone solamente de una puerta de acceso y dos ventanas lo cual impide una buena ventilaci\u00f3n\u201d y que en la misma bodega donde el se\u00f1or ORREGO GAVIRIA conservaba el alimento concretado que de ordinario suministraba por aquel entonces a sus peces, \u201cse encontraron numerosos factores de riesgo que pueden influir en una contaminaci\u00f3n del alimento, como son: presencia abundante de moscas dom\u00e9sticas, ausencia de servicios higi\u00e9nicos para el personal, as\u00ed como la presencia de elementos extra\u00f1os, a saber, herramientas, sillas de montar y bicicletas\u00bb (c. 1, fls. 45 y 46, subrayado por la Sala). y la declaraci\u00f3n del testigo LUIS FERNANDO LOTERO, pruebas de las que el Tribunal resalt\u00f3 que fueron ampliamente analizadas por el juez a quo, con lo que hizo suyas las apreciaciones de \u00e9ste, las que fueron a su vez excluidas del ataque desplegado por el casacionista. <\/p>\n
<\/p>\n
S\u00edguese de todo lo expuesto que las acusaciones en estudio no est\u00e1n llamadas a ser atendidas. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de junio de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario seguido por ALONSO ORREGO GAVIRIA contra la sociedad SOLLA S.A. Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo de quien sin \u00e9xito lo interpuso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-323-2005 [5122] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, Distrito Capital, trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente 5122 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante ALONSO ORREGO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}