SC-326-2005 [2001-00033-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 2001-00033-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 9 de febrero de 2005, proferida por la sala civil-familia-agraria del tribunal superior del distrito judicial de Cundinamarca en el proceso ordinario de Carlos Alberto Oliveros G\u00f3mez contra Santiago Pe\u00f1a S. y Luis Ernesto Florencio, Juan Carlos, Alfredo Gerardo, Diana Constanza y Mar\u00eda Fernanda Castillo Murrle, herederos determinados de Luis Ernesto Castillo de la Parra, los herederos indeterminados del causante y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
I – Antecedentes <\/p>\n
El referido proceso fue promovido para que se declarara que el actor ha ganado, mediante usucapi\u00f3n, el dominio del inmueble descrito en la respectiva demanda, ubicado en Suesca, y en consecuencia ordenar la inscripci\u00f3n inmobiliaria correspondiente. <\/p>\n
Con tal fin expuso: <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n de la promesa de venta que le hiciera Castillo de la Parra el 11 de julio de 1975, recibi\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble pretendido, cosa que reconoci\u00f3 el promitente vendedor en el proceso que a su turno adelant\u00f3 para resolver el contrato. <\/p>\n
La posesi\u00f3n, que ha ejercido desde que lo adquiri\u00f3, ha sido p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin reconocer dominio ajeno, explot\u00e1ndolo y haci\u00e9ndole mejoras como redes de energ\u00eda, equipos de riego, construcci\u00f3n de casas, bodegas y salas de clasificaci\u00f3n de orde\u00f1o, pozo profundo, represa, siembra de potreros, cultivos de flores y dotaci\u00f3n de maquinaria, posesi\u00f3n ejercida por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
El promitente vendedor muri\u00f3 como consta en el acta de defunci\u00f3n de 24 de abril de 2001. <\/p>\n
Luego de emplazar a los demandados, fueron vinculados por intermedio de curadora ad litem, a quien se le notific\u00f3 el auto admisorio. <\/p>\n
El fallo estimarorio de primera instancia fue revocado por el ad quem que, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes, resolvi\u00f3 denegar la pertenencia. <\/p>\n
II – La sentencia del tribunal <\/p>\n
A vuelta del consabido resumen y de aludir a los requisitos de la usucapi\u00f3n, procedi\u00f3 a verificar la posesi\u00f3n alegada, hallando c\u00f3mo, ciertamente, la pruebas indican que desde 1975 el demandante ocupa el bien, explot\u00e1ndolo con labores de ganader\u00eda, siembra, cultivo de flores, construcci\u00f3n de represa, canales de riego, pozo, tendido el\u00e9ctrico, casas, y por \u00faltimo d\u00e1ndolo en arriendo. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, advierte que est\u00e1 confirmado eso de que el actor recibi\u00f3 la posesi\u00f3n de la finca y no la tenencia; as\u00ed lo reconoci\u00f3 el promitente vendedor tanto en la demanda como en el interrogatorio que rindiera en el proceso que por resoluci\u00f3n de contrato inici\u00f3 contra el ahora demandante, por lo que \u201cla promesa de compraventa s\u00ed tuvo la virtud de transferir la posesi\u00f3n del inmueble al demandado en pertenencia de su leg\u00edtimo propietario\u201d. <\/p>\n
El proceso ejecutivo para la suscripci\u00f3n de la escritura y el de resoluci\u00f3n de contrato, no desdicen de esa posesi\u00f3n, pues, por el contrario, mientras el primero constituye un acto m\u00e1s de posesi\u00f3n del actor, y el ordinario \u201cno genera cambio de poseedor a tenedor (…) pues no existe norma jur\u00eddica ni interpretaci\u00f3n jurisprudencial de donde derivar tal consecuencia\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, sustentada la posesi\u00f3n del actor en la entrega de que fue objeto el bien con ocasi\u00f3n de una promesa de venta y en la cesi\u00f3n que de \u00e9sta hizo el prometiente vendedor, observa c\u00f3mo \u201cno puede pasar por alto el an\u00e1lisis de si la existencia del proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato, tiene o no incidencia en la posesi\u00f3n que ejerce el ac\u00e1 demandante y con ello en este tr\u00e1mite\u201d, sobre lo cual elucida del siguiente modo: <\/p>\n
– El sobredicho pleito fue iniciado por su promitente vendedor en 1985 pretendiendo, sobre la base del incumplimiento del all\u00ed demandado, la resoluci\u00f3n de la promesa y la devoluci\u00f3n del bien. <\/p>\n
– Este proceso, a su vez, inici\u00f3se el 14 de mayo de 2001, \u201ces decir, con mucho tiempo transcurrido luego de notificado el ac\u00e1 demandante de la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato\u201d. <\/p>\n
– La prescripci\u00f3n alegada es la extraordinaria y la posesi\u00f3n invocada \u201cparte de la entrega efectuada a partir de la suscripci\u00f3n del contrato de promesa (…) por lo que su inicio se sit\u00faa en el mes de julio de 1975\u201d. <\/p>\n
– El solo paso del tiempo no es suficiente para configurar la prescripci\u00f3n cuando \u201cacontecen eventos que la alteran\u201d antes o despu\u00e9s de consolidarse (la interrupci\u00f3n natural o civil y la renuncia). La interrupci\u00f3n civil, reglada por el art\u00edculo 90 del c\u00f3digo de procedimiento civil, ocurre con la presentaci\u00f3n de la demanda, siempre y cuando la notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandado se surta dentro de los 120 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de tal providencia al demandante. <\/p>\n
– La demanda que puede interrumpir el fen\u00f3meno prescriptivo, debe contener, seg\u00fan la jurisprudencia, una connotaci\u00f3n especial, esto es, \u201cestar referida a la posesi\u00f3n (…) encaminada a eliminar la posesi\u00f3n del bien y por ende a destruir una de las condiciones necesarias para que por ministerio de la ley tenga lugar la prescripci\u00f3n adquisitiva (…) debe pretender convencer al presunto poseedor que su actuaci\u00f3n sobre el bien ri\u00f1e con los derechos de quien entabla la condigna pretensi\u00f3n restitutoria (…) (GJ- LXXVI, p\u00e1gina 563)\u201d. <\/p>\n
Como el proceso iniciado por el promitente vendedor buscaba resolver el contrato y \u201cde manera consecuencial (…), la restituci\u00f3n del inmueble que el promitente comprador pose\u00eda\u201d, acorde con el art\u00edculo 90 del c\u00f3digo de procedimiento civil, se estructura el fen\u00f3meno interruptor de la prescripci\u00f3n, al discutirse el derecho del demandante a mantener o perder su posesi\u00f3n, sin que la detentaci\u00f3n del bien pueda considerarse como pac\u00edfica. <\/p>\n
Es decir, no es posible admitir que la posesi\u00f3n de Oliveros G\u00f3mez sea veintenaria, pues dicha relaci\u00f3n se interrumpi\u00f3 en agosto de 1985 con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda de resoluci\u00f3n, lo cual obsta su car\u00e1cter p\u00fablico, pac\u00edfico e ininterrumpido, sin que tampoco se cumpla ese tiempo reiniciando el conteo desde agosto de 1985 hasta la presentaci\u00f3n de esta demanda en mayo de 2001. <\/p>\n
As\u00ed, sienta el ad quem, en los eventos en que la posesi\u00f3n del prescribiente tiene su origen en una relaci\u00f3n contractual, la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda que busca dar al traste con la promesa y volver las cosas al estado inicial, tiene la \u201cvirtud de ser causal de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n\u201d, por lo que deber\u00e1 el actor estarse \u201ca las resultas del proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato de promesa\u201d pues por m\u00e1s que haya intentado adquirir la propiedad a trav\u00e9s de una acci\u00f3n real, el ejercicio oportuno por el promitente vendedor de la acci\u00f3n personal de resoluci\u00f3n del contrato, impide consolidar la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
III – La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Dos cargos, el primero por la causal primera de casaci\u00f3n y el otro por la quinta, han sido formulados contra la sentencia acabada de compendiar. Adelante se despachar\u00e1 el segundo porque denuncia un vicio in procedendo. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Alega el recurrente que se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
En el desarrollo afirma que en virtud del principio dispositivo, el \u00e1mbito del recurso de apelaci\u00f3n lo determinan los impugnantes, quienes lo pueden limitar a la parte adversa de la providencia, motivo por el cual, conforme al art\u00edculo 357 ib\u00eddem, el superior no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de lo que es desfavorable al apelante. Esa limitante, a su turno, traduce que \u00e9ste carece de competencia para modificar las decisiones no impugnadas. <\/p>\n
As\u00ed, pues, cuando se obvia el principio referido, se incurre en nulidad por falta de competencia funcional, por desbordarse el objeto mismo de la apelaci\u00f3n, quedando facultada la parte no recurrente para acusar dicho fallo con apoyo en la causal 5\u00aa, que no en la 2\u00aa ni en la 4\u00aa, \u201cpor cuanto no se trata propiamente de un fallo incongruente ni de un t\u00edpico evento de reformatio in pejus, sino de un evidente caso de nulidad por falta de competencia funcional\u201d. <\/p>\n
Y adentr\u00e1ndose en el caso, encuentra el casacionista que el objeto de la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado efectuada por los demandados tuvo como fundamento tres aspectos: <\/p>\n
– No estar integrada la parte demandada con los litisconsortes necesarios, como que quien aparece como copropietario es el se\u00f1or Manuel J. Pe\u00f1a. <\/p>\n
– La prueba de la calidad de los herederos determinados de Castillo de la Parra. <\/p>\n
– Y que el demandante es tenedor por derivar su derecho de un contrato de promesa de compraventa con el demandado sobre el inmueble o globo de terreno pretendido, que le da legalmente la calidad de simple tenedor, sin derecho alguno para ganar su dominio por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo que cuando el tribunal determin\u00f3 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se interrumpi\u00f3 por el proceso de resoluci\u00f3n de contrato, incurri\u00f3 en nulidad por falta de competencia funcional, pues tal aspecto no s\u00f3lo no constituy\u00f3 materia del recurso de alzada, sino que, por el contrario, al no controvertirlo como objeto de dicho recurso, los demandados aceptaron t\u00e1citamente que no hab\u00eda reparo sobre la posesi\u00f3n del bien, ni mucho menos respecto al cumplimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n sin interrupci\u00f3n, como lo apreci\u00f3 el a quo. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El censor lo funda todo en que los demandados, al apelar, apocaron la competencia funcional del ad-quem, pues de su alegato no deduce sino ciertos y espec\u00edficos argumentos de inconformidad con el fallo de primer grado, ninguno de los cuales tiene que ver con la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en que fue a parar el tribunal. <\/p>\n
Y aunque bien es cierto que los demandados no alegaron lo que el tribunal vio, la tesis del recurrente no es sin embargo de recibo. No es atinado sostener en verdad que lo que no alegue el apelante es intocable por el superior, habida cuenta que as\u00ed se distorsionan los principios que informan el recurso ordinario de apelaci\u00f3n, atribuy\u00e9ndosele de aquel modo el car\u00e1cter de extraordinario que no tiene. Y como ha sido esa una teor\u00eda que, seg\u00fan ha observado la Corte, viene enarbol\u00e1ndose con m\u00e1s frecuencia de lo que pudiera pensarse, incluso acentuada por algunos tribunales por las \u00e9pocas en que el legislador ha exigido que el recurso de apelaci\u00f3n sea sustentado, inmejorable es este evento para la precisi\u00f3n que sigue. <\/p>\n
Seg\u00fan los postulados de la apelaci\u00f3n -que recurso ordinario es-, tales el de la personalidad e individualidad, la competencia del superior ya no es respecto del litigio todo, porque en su caso tendr\u00eda que respetar lo que del fallo apelado favorece al apelante, salvas las eventualidades en que es forzoso tocar el punto por razones de orden p\u00fablico, porque la naturaleza de las modificaciones lo hagan indispensable, al estar relacionadas con aqu\u00e9llas, o cuando ambas partes son apelantes, excepciones que, por no hacer al caso, se dejan de lado en las l\u00edneas venideras. El principio de cualquier forma es que trat\u00e1ndose de apelante \u00fanico, \u00e9ste tiene asegurado ya lo que ha ganado. Postulado que se conoce desde el fondo de las edades y que ha sido consentido por todos desde siempre. Y a fe que nada ha aparecido que justifique su modificaci\u00f3n y mucho menos su derogatoria, pues que, si de otro modo fuera, dar\u00edase rudo golpe al respetado derecho de que otro juez, m\u00e1s versado quiz\u00e1, revise la causa en pos de una decisi\u00f3n que por lo pronto estima equivocada el recurrente. Es el derecho universalmente conocido como el de la doble instancia. Y cualquiera entiende lo grave que es colocar al apelante en el predicamento de si ejerce ese derecho, bajo la amenaza de que la segunda instancia acabe siendo un remedio revulsivo. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico colombiano, fiel a dichos dictados, ha estado en todo tiempo pendiente de tal garant\u00eda procesal, y de ah\u00ed que sea proverbial y sentenciosa la frase de que \u201cla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante\u201d. En esas palabras est\u00e1 la quintaesencia de la apelaci\u00f3n. Porque ellas establecen sin duda los contornos de la competencia que adquiere el superior, quien desde all\u00ed sabe cu\u00e1l es la actividad judicial a emprender. Dicho a secas, no es otra que revisar todo lo que perjudica al apelante \u00fanico. Para expresarlo con criterio de contraste, ajeno a su competencia es todo lo que hasta ahora favorece al apelante. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sido el criterio jurisprudencial que de tiempo atr\u00e1s ha venido sosteniendo la Corte, sobre apuntar que \u201ccuando un recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra \u00e9l contiene una providencia judicial no recurrida por su contraparte, en lo que le favorezca es inmodificable, pero cuando \u00e9l mismo expresa categ\u00f3ricamente su voluntad en contrario, combatiendo por ilegal la soluci\u00f3n que le favorece, no existe la limitaci\u00f3n para resolver el recurso, porque en tal caso desaparece su fundamento, que no es otro que una presunta interpretaci\u00f3n de la voluntad de quien recurre\u201d (G.J. LXIX, sent. de 17 de marzo de 1951, p\u00e1g. 363). <\/p>\n
Todo claro est\u00e1 sin perjuicio de que haya voluntad en contrario por parte del apelante, conforme ocurri\u00f3 en reciente caso (casaci\u00f3n de 12 de octubre de 2004, exp. 7922). Desde luego que para que as\u00ed ocurra deben obrar elementos de juicio concluyentes; lo que no puede es suponerse que si no hay alegato expreso respecto de un punto, es porque el recurrente lo est\u00e1 excluyendo de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, pues, el criterio orientador al efecto es que el fallador est\u00e1 compelido, en ese orden de ideas, a examinar lo que desfavorece al apelante y a respetar lo que le favorece. Tal su competencia. Nada m\u00e1s, aunque tampoco nada menos. Rep\u00edtese, as\u00ed ha sido de d\u00eda y de noche. <\/p>\n
Mas ha quer\u00eddose abrazar por algunos la idea de que algo cambia cuando la ley ha demandado de tiempo en tiempo que la sustentaci\u00f3n del recurso sea forzosa. Ocurri\u00f3 en el pasado (ley 2\u00aa de 1984) y se revivi\u00f3 hoy en la 794 de 2003. Quien no sustenta el recurso, pierde el derecho de impugnaci\u00f3n, es cierto. Esa es la \u00fanica sanci\u00f3n prevista por la ley. <\/p>\n
Pero sacar de all\u00ed que el contenido de esa sustentaci\u00f3n delimita aun m\u00e1s la competencia del superior, de tal manera de decir que solamente se revisar\u00e1 la precisa argumentaci\u00f3n que de modo expreso invoque el recurrente, luce desproporcionado y se convierte en un ataque insospechado al principio constitucional de la doble instancia. Por el hecho de la sustentaci\u00f3n, no es que la apelaci\u00f3n haya adquirido un rango de recurso extraordinario, en donde s\u00ed es de la esencia que lo que no est\u00e1 alegado no existe en el recurso. En los recursos extraordinarios la actividad del juzgador la delinea el alegato del impugnante, y por consiguiente es extra\u00f1a a la tarea oficiosa de quien decide. Algo distinto, empero, por no decir que opuesto, acaece en los recursos ordinarios como lo es de veras el de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00bfPara qu\u00e9 entonces exigir la sustentaci\u00f3n? Es la pregunta que con naturalidad podr\u00edan algunos formularse. Pues bien. Cualquiera que sea la impresi\u00f3n que sobre el punto se tenga, en todo caso la respuesta no puede ser aquella. El fin de la sustentaci\u00f3n es muy otro, cual tuvo ocasi\u00f3n de expresarlo la Corte en sentencia de tutela de 7 de octubre de 2003, expediente 2003-30631, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cNo conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojar\u00e1 luces sobre el particular ser\u00e1 aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelaci\u00f3n. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aun sigue operando el art\u00edculo 357 del mismo c\u00f3digo, y, por lo tanto, la \u2018apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante\u2019. Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, \u2018o se entiende\u2019 para emplear la propia expresi\u00f3n de la ley, que sobre eso versa la apelaci\u00f3n. As\u00ed ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentaci\u00f3n con car\u00e1cter obligatorio, so pena de deserci\u00f3n del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien as\u00ed conocer\u00e1 m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad quem con m\u00e1s expresividad. Como es f\u00e1cil descubrirlo, all\u00ed lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que t\u00e1citamente est\u00e1 obligado a averiguar\u201d. <\/p>\n
De este parecer fue tambi\u00e9n la Corte Constitucional, como puede verse en fallo T-449\/2004. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, en el evento de ahora no puede tener cabida la acusaci\u00f3n de este primer cargo. Primero, porque el apelante de aqu\u00ed simplemente justific\u00f3 el recurso con una argumentaci\u00f3n que, lejos de querer limitar la impugnaci\u00f3n del modo que lo dice el casacionista, expres\u00f3 su inconformismo con la pertenencia declarada, argumentos que seguramente a su juicio eran suficientes. Lo verdaderamente importante es que a disgusto estuvo con lo decidido por el a-quo, algo que ciertamente lo desfavorece, y en eso radica la competencia del superior, no interesa si por tal o cual camino. El inconformismo, en una palabra, no es por una espec\u00edfica raz\u00f3n, es por el resultado del pleito. <\/p>\n
La competencia del tribunal est\u00e1 dada por lo que le perjudica mas no por lo que alega. As\u00ed pues el tribunal obr\u00f3 conforme al principio que desde tiempos inmemoriales se expresa as\u00ed: tantum devolutm quantm apellatum. Y por si fuere poco, ya se vio, en este caso no se trata de apelante \u00fanico, sino de ambas partes. <\/p>\n
El cargo, por las razones anotadas, es frustr\u00e1neo. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 407 (num. 1\u00b0) y 91 (num. 2\u00b0) del c\u00f3digo de procedimiento civil y 2518, 2519, 2522 y 2532 del c\u00f3digo civil, y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 90 del c\u00f3digo de procedimiento civil y 2539 del c\u00f3digo civil. <\/p>\n
En su desenvolvimiento dice que el tribunal err\u00f3 al concluir que la acci\u00f3n resolutoria de la promesa de compraventa, cuando lleva aparejada una petici\u00f3n de restituci\u00f3n, entra\u00f1a siempre y de manera ineludible una discusi\u00f3n acerca de la posesi\u00f3n del bien, suficiente para interrumpir la prescripci\u00f3n adquisitiva que posteriormente proponga el promitente comprador, y que bastaba para interrumpir la aludida prescripci\u00f3n, la mera notificaci\u00f3n del auto admisorio de la respectiva demanda, sin esperar las resultas del proceso. <\/p>\n
En lo tocante con lo primero, la Corte, a tono con lo que dispon\u00eda el art\u00edculo 2424 (sic) del c\u00f3digo civil, derogado por el art\u00edculo 689 del c\u00f3digo de procedimiento civil, expres\u00f3 que \u201ces la que versa sobre la acci\u00f3n que se trata de prescribir y no una demanda cualquiera (…) han de guardar estrecha y directa correlaci\u00f3n con la acci\u00f3n que el prescribiente esquiva, o con el derecho que se quiere conservar por su due\u00f1o contra el prescribiente \u2013GJ: XXXV, 59 y LXXVI, 565-\u201d, tesis que reiter\u00f3 en sentencia de 7 de marzo de 1995. <\/p>\n
La doctrina y jurisprudencia han dicho, con fundamento en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, que la promesa de celebrar un contrato puede ser objeto de la acci\u00f3n resolutoria; mas, en ello es necesario hacer cuenta de que las obligaciones dimanadas de la promesa no pueden confundirse con las del contrato prometido, pues unas y otras son distintas. La una genera como obligaci\u00f3n propia el deber de perfeccionar el contrato prometido, la que es de hacer y no de dar, trat\u00e1ndose de promesa de venta de un inmueble, los promitentes tan solo se obligan, \u201csalvas las estipulaciones adicionales\u201d a otorgar la correspondiente escritura dentro del plazo convenido y en los t\u00e9rminos consignados; de suerte que la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de un bien derivada de la principal de resoluci\u00f3n contractual, no es cuesti\u00f3n propia de la acci\u00f3n resolutoria, por cuanto la controversia que surge de dicha acci\u00f3n personal tan solo se endereza a destruir el v\u00ednculo contractual respectivo, ante el incumplimiento de uno de los contratantes de la obligaci\u00f3n de hacer, situaci\u00f3n que a voces del art\u00edculo 1610 del mismo ordenamiento solo apareja la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, lo que es decir, no encarna una pretensi\u00f3n prioritaria e indiscutiblemente encaminada a eliminar la posesi\u00f3n del bien, pues no es el objeto ni la finalidad de la acci\u00f3n resolutoria contractual. <\/p>\n
As\u00ed, el proceso promovido por Castillo de la Parra nunca tuvo por fin discutir la posesi\u00f3n, sino obtener la declaraci\u00f3n de incumplimiento y como consecuencia la ruptura del v\u00ednculo; la disputa que pudiera suscitarse sobre la posesi\u00f3n, por lo dem\u00e1s, no pod\u00eda plantearse para aquella \u00e9poca, pues para 1985 no hab\u00eda intentado el poseedor proceso alguno de pertenencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para interrumpir la prescripci\u00f3n no basta con que la demanda verse sobre la acci\u00f3n que se trata de prescribir; es necesario, cual lo establece el actual numeral 2\u00ba del art\u00edculo 91 del c\u00f3digo de procedimiento civil, que el proceso no haya terminado con sentencia absolutoria, cual lo ha determinado la Corte; por modo que si el juicio a que alude el tribunal culmin\u00f3 con sentencia de segunda instancia absolutoria para el ahora recurrente, y si bien dicho fallo fue casado, la verdad es que la Corte no ha dictado sentencia sustitutiva, por lo que tampoco cabe hablar de interrupci\u00f3n. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El censor, est\u00e1 visto, achaca al tribunal yerros jur\u00eddicos en los razonamientos que lo condujeron a rehusar la pertenencia; en particular, estima que la notificaci\u00f3n de la demanda por la cual pidieron los ac\u00e1 demandados la resoluci\u00f3n de la promesa de la que deriv\u00f3 la posesi\u00f3n del bien que busca usucapir, no tiene la virtualidad que le atribuy\u00f3 el ad-quem. <\/p>\n
Y dos razones, fundamentalmente, explana a efectos de aquilatar esa protesta; mem\u00f3rase, de un lado, seg\u00fan lo da a entender, porque cuando se ejercita la acci\u00f3n respecto de una promesa de contratar no surge una disputa de posesi\u00f3n, motivo por el que no ha podido el tribunal entregar alcances semejantes al otro proceso que ventilado est\u00e1 entre los litigantes; y de otro, en cuanto que, de cualquier modo, ese proceso, al que el ad-quem confiere desmedida importancia, culmin\u00f3, pero a favor del propio impugnador, circunstancia que al tenor del art\u00edculo 91 del estatuto procesal civil conllevar\u00eda un colof\u00f3n contrario al que aparece en la sentencia, pues comporta una de las hip\u00f3tesis en que desaparecen los efectos propios de la interrupci\u00f3n. <\/p>\n
Lo cierto es que, bien mirados esos planteos, no halla la Corte fundamento atendible en ninguno de los dos, pues al paso que no es del todo exacto sostener que el ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria agote sus efectos en la forma que lo expone la acusaci\u00f3n, motivo que torna vacuo ese ataque, en lo alusivo al otro, obs\u00e9rvase c\u00f3mo arranca de una premisa que no es la de ocurrencia en los autos, algo suficiente para su naufragio. <\/p>\n
En verdad, relativamente a la acci\u00f3n resolutoria, es claro que trat\u00e1ndose de la promesa de contratar su efecto natural, claro, atendiendo las caracter\u00edsticas particulares de la promisi\u00f3n, es la ruptura del v\u00ednculo contractual a cuenta del advenimiento de la condici\u00f3n resolutoria; de tal manera que deshecho ese lazo obligacional a causa de la resoluci\u00f3n, liberados quedan sus part\u00edcipes de formalizar el contrato materia de la promesa. <\/p>\n
Mas, aunque esto es cierto, no es posible echar al olvido que hay eventos, como ocurre usualmente con la promesa de compraventa, en que los contratantes no quieren o no pueden celebrar el contrato en ese mismo instante, por lo que optan por adelantar el cumplimiento de prestaciones derivadas de \u00e9ste, algo que, es m\u00e1s que patente, se dio en el caso de ahora cuando los prometientes vendedores, am\u00e9n de comprometerse a suscribir el contrato de compraventa del bien objeto de promisi\u00f3n, procedieron a su entrega anticipada, entrega por cuya virtud, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el tribunal, hubo la posesi\u00f3n que hoy esgrime el recurrente como soporte de la pertenencia. <\/p>\n
Y, es palmar, si a cuenta de la promesa las partes resultaron ejecutando algunas de las prestaciones que dimanaron de ella, como claramente ha quedado a descubierto, es obvio que el efecto de la resoluci\u00f3n arrope tambi\u00e9n esa zona del contrato, desde luego que es consustancial a la ruptura de todo v\u00ednculo obligacional por esta causa, que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de su celebraci\u00f3n, al punto que nada obsta considerar, como a prop\u00f3sito anduvo dici\u00e9ndolo el tribunal, que al pretenderse la resoluci\u00f3n y, de paso, la restituci\u00f3n del predio entregado con fundamento en la misma, hab\u00eda de por medio una disputa relativa a la posesi\u00f3n, reclamaci\u00f3n judicial que, hay que subrayarlo, cuenta con indiscutible efecto interruptor de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, esta parte del cargo es inane; e igual resulta su segundo apartado en que, tal parece, el impugnante viene ahora aceptando la idoneidad de esa demanda, la del otro proceso que vent\u00edlase entre las partes, para interrumpir la prescripci\u00f3n; de no ser as\u00ed, no hay explicaci\u00f3n al hecho de que acabe alegando que en este espec\u00edfico caso la tal demanda no tuvo ese cumplido efecto. <\/p>\n
Lo cierto es que, al margen de esa contradicci\u00f3n, la cual de antemano resta seriedad al alegato, carece de asidero la afirmaci\u00f3n en que viene montado ese reproche, pues si la sentencia del tribunal fue quebrada por la Corte seg\u00fan lo informan las copias pertinentes y lo destaca la censura, no es cierto que la sentencia en pie sea esa; antes bien, la vigente es la de primera instancia, a prop\u00f3sito adversa a los intereses del impugnador, situaci\u00f3n que en \u00faltimas, de atenerse a lo expresado por \u00e9ste, conllevar\u00eda un efecto contrario, vale decir, que la notificaci\u00f3n de la dicha demanda cumpli\u00f3 sin ambages el efecto interruptor que le otorg\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
De m\u00e1s est\u00e1 decir, entonces, que el cargo no prospera. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-326-2005 [2001-00033-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente 2001-00033-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}