SC-334-2005 [6875531840021999-0028]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref.: Expediente 6875 5318 4002 1999 0028 <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre el recurso de casaci\u00f3n que present\u00f3 DANIEL PINZON MENDEZ respecto de la sentencia de 28 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Superior de San Gil, Sala Civil \u2013 Familia – Laboral, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra IRMA DURAN DE GOMEZ, ESPERANZA GOMEZ DURAN, STELLA GOMEZ DURAN y BERNARDO PINZON MENDEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El aludido demandante reclam\u00f3 que se declarara la nulidad absoluta del testamento otorgado por Beatriz Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, instrumentado en la Notar\u00eda Novena de Bucaramanga, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 177 de 5 de febrero de 1999; que, en consecuencia, se dispusiera que la sucesi\u00f3n de la citada \u00abha de continuarse bajo el r\u00e9gimen de las mortuorias ab intestato\u00bb, y que se decretaran las devoluciones de rigor (fl. 2, cdno. 1). <\/p>\n
2. En sustento de estas pretensiones, adujo el se\u00f1or Pinz\u00f3n ser hermano de Beatriz Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, quien a mediados de 1998 se traslad\u00f3 del Socorro a Bucaramanga, por razones de salud, para alojarse en la casa de do\u00f1a Irma Dur\u00e1n de G\u00f3mez y sus hijas Stella y Esperanza G\u00f3mez Dur\u00e1n. <\/p>\n
Como su hermana se sinti\u00f3 gravemente enferma y \u00abdeseando otorgar testamento, solicit\u00f3… los oficios ad hoc del se\u00f1or Notario Noveno…\u201d, por lo que se extendi\u00f3 la escritura p\u00fablica ya mencionada, en la que figuran, \u00abcomo herederos universales\u00bb, do\u00f1a Irma Dur\u00e1n y sus dos hijas y, como \u00ablegatario por la cantidad de cinco millones de pesos\u00bb, el se\u00f1or Bernardo Pinz\u00f3n M\u00e9ndez (fl. 1 vto, ib). <\/p>\n
Luego de transcribir algunos apartes de la aludida escritura, el demandante afirm\u00f3 que, de su texto y de las constancias en ella consignadas, se conclu\u00eda: 1) \u00abla testadora no acudi\u00f3 personalmente, por impedimento f\u00edsico a la notar\u00eda novena ni, por ende, ante el notario respectivo\u2026\u00bb en la fecha all\u00ed se\u00f1alada; 2) \u00aben consecuencia, no fue ella quien llev\u00f3 en persona a la notar\u00eda, para que fuese copiada, la carta testamentaria\u00bb; 3) \u00abno es verdad, por lo mismo, que por el notario, en voz alta y en su integridad, se le hubiese le\u00eddo a ella, frente a frente y delante de los tres testigos citados, el escrito contentivo de su \u00faltima voluntad\u00bb; 4) se quebrantaron dos principios esenciales en estos casos: la lectura dentro de las circunstancias que hemos citado, y la unidad de tiempo y de lugar, pues tampoco es cierto, y as\u00ed lo hubiese sido, que el notario hubiese acudido a la casa donde se hospedaba la testadora ‘con el fin de presenciar la firma y huella’ de \u00e9sta\u00bb (fls. 1 vto. y 2, ib). <\/p>\n
3. De la admisi\u00f3n de la demanda se notific\u00f3 a los demandados. Unicamente do\u00f1a Irma Dur\u00e1n de G\u00f3mez y sus dos hijas le dieron oportuna contestaci\u00f3n, oponi\u00e9ndose a su prosperidad. <\/p>\n
4. Surtida la actuaci\u00f3n de rigor, el juez deneg\u00f3 las pretensiones en providencia de 12 de diciembre de 2000, la que, apelada por el demandante, confirm\u00f3 su superior mediante el fallo recurrido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El juzgador de segundo grado relacion\u00f3 la prueba documental y el dictamen de peritos, as\u00ed como algunos apartes de las declaraciones de Bernardo Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, Alvaro Prada Contreras y Ana Mar\u00eda Camargo Jim\u00e9nez, el primero de ellos como demandado; el segundo en su calidad de asesor jur\u00eddico de la Notar\u00eda, quien refiri\u00f3 los pormenores del otorgamiento de la escritura p\u00fablica, y la tercera como testigo testamentaria, que en la segunda de sus declaraciones, corrobor\u00f3 la versi\u00f3n del se\u00f1or Prada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el Tribunal \u00abque la parte actora no logr\u00f3 demostrar los vicios que en el libelo demandatorio le endilg\u00f3 al testamento\u00bb, pues no \u00abse acredit\u00f3 el hecho de no haberse le\u00eddo en su integridad por el notario, en voz alta, la \u00faltima voluntad de la testadora en presencia de \u00e9sta y de los tres testigos citados, as\u00ed como tampoco la ausencia del notario en la casa en donde se hallaba hospedada la testadora para presumir (sic) su firma y huella\u00bb (fl. 35, cdno. 7). <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00absi bien las versiones contradictorias rendidas por la testigo del acto testamentario Ana Mar\u00eda Camargo Jim\u00e9nez \u2026 ofrec\u00edan cierta dubitaci\u00f3n, ella fue despejada totalmente con la prueba pericial de cotejo de firmas que realiz\u00f3 \u2026 Medicina Legal\u00bb (fls. 35 y 36, cdno. 7), por lo que se conclu\u00eda que el demandante no atendi\u00f3 la carga de probar los vicios de forma que le atribuy\u00f3 al acto testamentario, seg\u00fan se lo impon\u00eda el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil,. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 tres cargos contra la sentencia, el primero de los cuales fue inadmitido por la Corte, por lo que corresponde ahora decidir sobre los restantes. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acus\u00f3 el impugnante el referido fallo, de \u00abquebranto indirecto, por no aplicaci\u00f3n de los arts. 1072, 1074 del C.C. y el 11 de la Ley 95 de 1890 que subrog\u00f3 al 1083 de la citada obra, como consecuencia del error de derecho\u00bb, por la \u00abno aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 37 (n. 4\u00ba), 179 y 180 del C. de P. C. (fl 9 vto, cdno 8). <\/p>\n
As\u00ed, tras destacar el deber del juez de decretar pruebas de oficio cuando ellas sean requeridas, afirm\u00f3 el censor que \u00aben el curso de este negocio fueron apareciendo ciertos hechos, f\u00e9rtiles en sospechas sobre la pureza del testamento atacado: origen de la minuta respectiva y su env\u00edo desde el fax de la notar\u00eda primera del Socorro a la Novena de Bucaramanga, cuyo titular es hermano de la apoderada inicial de la parte demandada; qui\u00e9n la redact\u00f3 y por instrucci\u00f3n de qui\u00e9n; qui\u00e9n la modific\u00f3 en Bucaramanga para dejar un legado en efectivo a don Bernardo; qui\u00e9n fung\u00eda realmente como notario Noveno\u2026 el 5 de febrero de 1999\u2026 puesto que el d\u00eda anterior actuaba como tal la se\u00f1ora Clara Magnolia Orozco, que el 4 de dicho mes expidi\u00f3 la segunda copia de aquella que s\u00f3lo se otorgar\u00eda al d\u00eda siguiente. C\u00f3mo no se citaron de nuevo los testigos Alvaro Prada y Ana Ma. Camargo para esclarecer sus contradicciones, ambig\u00fcedades, mentiras notorias y hasta el perjurio en que incurri\u00f3 esta \u00faltima?\u00bb (fl. 10 vto., cdno. 8). <\/p>\n
Se pregunt\u00f3 tambi\u00e9n el inconforme \u00abporqu\u00e9 no se pidi\u00f3 o se insisti\u00f3 en pedir la historia cl\u00ednica de do\u00f1a Beatriz?\u00bb, ni en la declaraci\u00f3n de Irma Dur\u00e1n de G\u00f3mez, \u00abbeneficiaria de la mortuoria\u00bb, ni se analiz\u00f3 \u00abpunto por punto la escritura 0177 para esclarecer lo relativo a la identificaci\u00f3n de la testadora, que no habiendo concurrido a la notar\u00eda no pudo tampoco identificarse exhibiendo su c\u00e9dula, cuyo n\u00famero tampoco aparece al pie de la firma?\u00bb, qu\u00e9 \u00abpersona fue la que acudi\u00f3 al domicilio de do\u00f1a Beatriz para tomarle la firma y las huellas dactilares\u2026 con el documento p\u00fablico totalmente redactado ya, es decir, con los nombres de los testigos en su primera p\u00e1gina, hecho \u00e9ste que desvirt\u00faa la declaraci\u00f3n de do\u00f1a Ana Ma. Camargo, profesora de \u00e9tica?\u00bb (fl. 10 vto., ib). <\/p>\n
Finalmente, adujo el recurrente que el Tribunal no advirti\u00f3 \u00abque si bien es cierto que al testador deben facilit\u00e1rsele las cosas hasta el \u00faltimo l\u00edmite posible, tambi\u00e9n es cierto que la ley exige para este m\u00ednimo de requisitos una pureza absoluta en la voluntad del otorgante, una claridad perfecta en las actividades notariales, y precisi\u00f3n, tambi\u00e9n absoluta, en los documentos en que se recoja la \u00faltima voluntad del testador\u00bb (fl. 11, cdno. 8). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Prestamente se advierte que la queja planteada no guarda relaci\u00f3n con aquellos medios de prueba respecto de los cuales existe el deber legal de decretarlos (p. ej.: ex\u00e1menes de ADN en procesos de filiaci\u00f3n; inspecci\u00f3n judicial en juicios de pertenencia, etc.), sino que apunta a la actividad probatoria que el juez puede impulsar de manera oficiosa, en ejercicio de las facultades que le confieren los art\u00edculos 37 \u2013num. 4-, 179 y 180 del C. de P.C. Por eso el censor, en lo fundamental, se duele de la indiferencia del Tribunal frente a ciertos hechos que, en su opini\u00f3n, era \u201cf\u00e9rtiles en sospechas sobre la pureza del testamento atacado\u201d (fl. 10 vto., cdno. 8), m\u00e1s que de la obligatoriedad de unas espec\u00edficas pruebas, a las que hace referencia, no porque la ley las imponga, sino porque las juzga convenientes para este caso en particular. <\/p>\n
A partir de esta puntualizaci\u00f3n, resulta incontestable que si el reproche del recurrente se inscribe en el ejercicio propiamente dicho de la potestad general que tienen los jueces de ordenar pruebas de oficio, no pudo entonces el Tribunal incurrir en el error de derecho que se le atribuye, pues si este tipo de yerro tiene como punto de partida que el respectivo medio probatorio obra f\u00edsicamente en el proceso, m\u00e1s a\u00fan, que el juzgador par\u00f3 mientes en \u00e9l, pero se equivoc\u00f3 al momento de aplicar las reglas que gobiernan \u2013entre otros aspectos- su aducci\u00f3n, pertinencia y eficacia, mal podr\u00eda cometerse esa incorrecci\u00f3n respecto de probanzas que no existen en el expediente, pero que el recurrente estima necesario recaudar. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que para el impugnante, el Tribunal debi\u00f3 decretar pruebas de oficio en orden a indagar, entre otros aspectos, cu\u00e1l fue el origen de la minuta que dio lugar a la escritura p\u00fablica que contiene el testamento; qui\u00e9n la modific\u00f3 y por instrucciones de qu\u00e9 persona; qui\u00e9n era el Notario para la fecha en que aquella se autoriz\u00f3; qui\u00e9n fue al domicilio de la testadora a tomarle la firma y huella digital, por lo que, a su juicio, debi\u00f3 ordenarse la ampliaci\u00f3n del testimonio de Alvaro Prada y Ana Mar\u00eda Camargo; recibirle declaraci\u00f3n a Irma Dur\u00e1n de G\u00f3mez, pedir la historia cl\u00ednica de la causante y, en general, decretar las pruebas necesarias para \u201caveriguar ese c\u00famulo de hechos\u201d vinculados a la \u201cpureza del testamento\u201d (fls. 10 vto. y 11, cdno. 8). <\/p>\n
Luego es claro que su reproche est\u00e1 vinculado a medios de prueba que no se encuentran incorporados en el expediente y que, por ende, el Tribunal no pudo ver en su dimensi\u00f3n material, como para poder enjuiciar la labor de diagnosis jur\u00eddica que hubiere efectuado frente a ellos. De all\u00ed que no se configure el error de derecho que predica la censura, habida cuenta que \u00e9ste tipo de yerro reclama, entrat\u00e1ndose de la simple facultad que tienen los jueces de decretar pruebas de oficio, que la respectiva probanza, en l\u00ednea de principio, est\u00e9 presente en el proceso. <\/p>\n
Sobre este particular, es \u00fatil memorar lozana jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en la que se puntualiz\u00f3 la doctrina de la Corte en materia de error de derecho, por infracci\u00f3n de las normas que le imponen al juez el deber de ordenar pruebas de oficio: <\/p>\n
\u201c… relativamente al yerro de derecho,…, bien convenido se tiene que… el reproche que cabe hacerle al juzgador, ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas; en fin, el problema ya no es de desarreglos visuales, porque el desacierto se ubica es en el pensamiento probatorio del juzgador; ya porque no muestra el debido respeto al apreciad\u00edsimo postulado del contradictorio (aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a re\u00f1ir con el legislador acerca del m\u00e9rito de las probanzas. Bien podr\u00eda decirse metaf\u00f3ricamente que aqu\u00ed el problema no es de \u201cpupila\u201d sino de discernimiento. <\/p>\n
\u201c…\u201d <\/p>\n
\u201cPues bien. Aceptado que el error de derecho es cuesti\u00f3n de diagnosis jur\u00eddica, por razones de simple coherencia d\u00e9bese admitir tambi\u00e9n, tal como con pertinacia lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, que \u00e9l supone que el juzgador ha contemplado materialmente la prueba y que en esa fase objetiva no hay reconvenci\u00f3n por hacerle; a la verdad, hase dicho sin ambages que los yerros probatorios denunciables en casaci\u00f3n se diferencian, entre otras cosas, en que \u201cal paso que el de hecho ata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe (\u2026), el error de derecho parte de la presencia indiscutible de la probanza en autos\u201d (LXXVIII, p\u00e1g. 313). Que sin la presencia material de la prueba no es posible hablar de error de derecho, es doctrina persistente de la Corte, como puede verse en providencias de 19 de octubre de 2000 (expediente 5442), 5 de febrero de 2001 (exp. 6554), 5 de abril de 2001 (exp. 5630), 8 de agosto de 2001 (exp. 5905) y 24 de agosto de 2004 (exp. 7934). <\/p>\n
\u201cAdmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. <\/p>\n
\u201cCon arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)\u201d (cas. civ. de 13 de abril de 2005; exp.: 1317-00). <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, como el recurrente, en \u00faltimas, lo que le plantea a la Corte es que case la sentencia del Tribunal, para luego salir a buscar las pruebas que \u00e9l juzga necesar\u00edsimas para el buen suceso de su pretensi\u00f3n, deviene claro que as\u00ed se estimara, en gracia de la discusi\u00f3n, que el juzgador debi\u00f3 ser m\u00e1s acucioso en la tarea probatoria, esa omisi\u00f3n, desde la perspectiva de la causal primera de casaci\u00f3n, no configura un arquet\u00edpico error de derecho, en cuanto que la queja se remite a medios probatorios que no existen en el proceso y que, por ello, no pudieron ser advertidos materialmente por aquel. <\/p>\n
El cargo, pues, no prospera. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
El casacionista le atribuy\u00f3 a la sentencia la vulneraci\u00f3n indirecta, por no aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1072 a 1075 del C\u00f3digo Civil, y 11 de la Ley 95 de 1890, que subrog\u00f3 el 1083 de la misma obra, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de \u00ablas pruebas constitutivas del acervo correspondiente, conforme \u2026 el art\u00edculo 187 de la codificaci\u00f3n procesal\u00bb (fl. 11, cdno. 8). <\/p>\n
Para sustentar su acusaci\u00f3n, el opugnador reiter\u00f3 las circunstancias que \u00e9l mismo esgrimi\u00f3, en su segundo cargo, como determinantes del decreto de la prueba oficiosa cuya omisi\u00f3n reproch\u00f3 al ad quem, para luego puntualizar: <\/p>\n
a. Si hubiera \u00abestudiado\u00bb la \u00abminuta testamentaria\u00bb, el Tribunal habr\u00eda tenido que preguntarse qui\u00e9n la \u00abredact\u00f3 y por cuenta de qui\u00e9n; qui\u00e9n la trasmiti\u00f3 a la notar\u00eda novena \u2026 qui\u00e9n la modific\u00f3 para legar a don Bernardo Pinz\u00f3n\u00bb. El esclarecimiento de \u00abestos aspectos\u00bb, agreg\u00f3, \u00abhubiese llevado a \u2026 establecer las relaciones existentes entre las personas que \u2026 tuvieron que ver con el testamento \u2026 Si es verdad que el testador puede llevar escrito su proyecto en una minuta, \u00e9sta debe ser de origen conocido \u2026 mediante la exhibici\u00f3n personal de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, requisito \u2026 indispensable para la validez de la escritura\u00bb (fl 11 vto., cdno. 8). <\/p>\n
b. De haber \u00abescrutado juiciosamente\u00bb la escritura 0177, el juzgador habr\u00eda advertido la oposici\u00f3n entre las afirmaciones contenidas en su primera p\u00e1gina y la recogida en la nota con que cierra la pen\u00faltima\u00bb, coligiendo la \u00abno identificaci\u00f3n del otorgante, puesto que \u00e9sta no se present\u00f3 personalmente no pudo exhibir en esa forma su c\u00e9dula\u00bb, de la cual \u00abtampoco hay constancia en la nota ameritada \u2026 lo que causa la nulidad del instrumento\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que en el primer folio de la misma escritura, se dejaron \u00abconstancias propias de un contrato bilateral y no de un testamento\u00bb, y que el Tribunal se habr\u00eda \u00abescandalizado as\u00ed mismo de que la se\u00f1ora Clara Magnolia Orozco, notario noveno el 4 de febrero de 1999, hubiese autorizado en esta fecha la expedici\u00f3n de la segunda copia de la escritura en comento \u2026 otorgada el d\u00eda siguiente\u00bb, y hubiera percibido \u00abque al domicilio de do\u00f1a Beatriz la escritura lleg\u00f3 completa, es decir, con la firma de los testigos\u2026 pues en la habitaci\u00f3n de la enferma no hab\u00eda\u2026 computadores ni los instrumentos requeridos para la extensi\u00f3n mec\u00e1nica de aquella (fls. 11 vto. y 12, ib). <\/p>\n
c. Una vez destac\u00f3 los t\u00f3picos que consider\u00f3 de utilidad, afirm\u00f3 el impugnante que las respuestas ofrecidas por Bernardo Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, en su declaraci\u00f3n de parte, fueron exactas, responsivas y completas. Si el Tribunal hubiera examinado esta prueba, \u201cconfront\u00e1ndola con las dem\u00e1s\u00bb, acorde con el art\u00edculo 187 ya citado, coment\u00f3 el recurrente, hubiera deducido \u00abconclusiones diferentes a \u00e9sta a la que lleg\u00f3\u00bb (fl. 12, cdno. 8). <\/p>\n
d. En palabras del censor, el hecho de que el testigo Alvaro Prada Contreras fuera el \u00abasesor jur\u00eddico de la notar\u00eda \u2026 donde se otorg\u00f3 el testamento cuestionado, y su figuraci\u00f3n en el dicho de don Bernardo, habr\u00eda alertado al Tribunal contra la veracidad de lo por \u00e9l expuesto, ya que trataba de defenderse a s\u00ed mismo. Pero su declaraci\u00f3n ambigua, vacilante, confusa y hasta contradictoria no fue analizada en el fallo recurrido\u00bb (fls. 12 y 12 vto., cdno. 8). <\/p>\n
e. Procedi\u00f3, entonces, el inconforme a resaltar las \u00abtremendas contradicciones\u00bb en que incurri\u00f3 la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda Camargo Jim\u00e9nez, en sus dos declaraciones testimoniales, la \u00abprimera por comisi\u00f3n\u2026 oportunidad\u2026 en que neg\u00f3 todo: haber conocido a la testadora\u2026 al notario noveno y\u2026 a los testigos del acto testamentario\u00bb, e inclusive, \u00abhaber sido\u2026 testigo de una diligencia de tal linaje\u00bb, y la segunda, directamente ante el a quo, en la que sostuvo que \u00aben Oiba era amiga de la familia Calder\u00f3n y de Beatriz Pinz\u00f3n\u2026 que \u00e9sta fue siempre vecina en Suaita\u00bb, que la testigo, \u00abinvitada\u00bb por Martha Calder\u00f3n, hermana del Notario Primero del Socorro y esposa del testigo Mardoqueo Reyes, \u00abfue a visitar a una amiga de aquellas\u00bb, quien \u00abde inmediato le pidi\u00f3 el favor de firmar como testigo la escritura; que en la primera declaraci\u00f3n hab\u00eda negado todo por haber ca\u00eddo en la cuenta de que se trataba del testamento de Beatriz y temi\u00f3 verse enredada en eso\u00bb (fl. 12 vto., cdno. 8). <\/p>\n
Para el recurrente, un estudio \u00abanal\u00edtico\u00bb de este testimonio habr\u00eda hecho \u00abpr\u00f3spera la pretensi\u00f3n\u00bb, quien remat\u00f3 su acusaci\u00f3n asegurando que el Tribunal se abstuvo de \u00abconsiderar y valorar individualmente estas pruebas en rebeld\u00eda contra\u2026 el art\u00edculo 187 del C. de P. C\u00bb, por lo que reiter\u00f3 su solicitud de casar el fallo de segunda instancia; la revocatoria del proferido por el a quo y la prosperidad de la demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. M\u00e1s all\u00e1 de la inconveniencia inicial de invocar la violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C. de P.C., en un cargo que \u2013sin duda- le achaca al Tribunal la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, es evidente que el casacionista no demostr\u00f3 a cabalidad su acusaci\u00f3n, erigida fundamentalmente en conjeturas. <\/p>\n
En efecto, es asunto pac\u00edfico que cuando se acusa una sentencia de violar una norma de derecho sustancial, como consecuencia de errores f\u00e1cticos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, le corresponde al recurrente acreditar su reproche (art. 374 C.P.C.), labor\u00edo que no se reduce a la simple referencia de los medios probatorios que se estiman mal apreciados, as\u00ed se acompa\u00f1e de una cr\u00edtica razonada sobre la tarea evaluativa que en torno a ellas hizo el juzgador, sino que es indispensable parangonar \u201cla sentencia con el derecho objetivo y la violaci\u00f3n patente del sentenciador\u201d, de suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, resulta necesario \u201ccotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontaci\u00f3n brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente\u201d (cas. civ. de 29 de febrero de 2000; exp. 6184). <\/p>\n
2. En el presente caso, es notorio que el cargo se limita a enunciar los distintos medios de prueba, para luego lucubrar en torno a ellos, resultando as\u00ed que, en estrictez, el Tribunal resulta reprochado, no por lo que vio o dej\u00f3 de ver, sino por no haber sospechado. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a la minuta testamentaria nada se dice; se argumenta que ah\u00ed est\u00e1, pero de su texto se desentiende la censura, a la que s\u00f3lo le preocupa que el juzgador no se hubiera \u201cpreguntado quien la redact\u00f3 y por cuenta de qui\u00e9n; quien lo (sic) transmiti\u00f3 a la notar\u00eda novena desde la primera del socorro, y quien lo modific\u00f3 para legar a don Bernardo Pinz\u00f3n…, cierta suma en efectivo\u201d (fl. 11, cdno. 8). Respecto a la declaraci\u00f3n de este \u00faltimo, no se enjuicia la lectura de la misma, sino que \u201csu dicho habr\u00eda ofrecido puntos de vista interesant\u00edsimos y proporcionado bases para otros interrogatorios y hasta para confrontaci\u00f3n con el declarante Prada Contreras\u201d (fl. 12, ib.), cuyo testimonio califica de \u201cambiguo, vacilante, confuso y hasta contradictorio\u201d, pero sin explicar por qu\u00e9, ni en qu\u00e9 respuesta se develan \u201csus oscuridades…, sus vac\u00edos, sus frases repetidas…\u201d. Puros adjetivos, pero ayunos de contenido espec\u00edfico y revelador (fl. 12 vto., ib.). Lo propio acontece con la referencia a las versiones de Ana Mar\u00eda Camargo Jim\u00e9nez, que censura de contradictorias \u2013como as\u00ed las vio el Tribunal-, pero sin precisar cu\u00e1l fue, en concreto, la equivocaci\u00f3n de \u00e9ste. Es m\u00e1s, el recurrente acepta que la duda que surgi\u00f3 sobre la autenticidad de la firma de dicha testigo en la escritura p\u00fablica que recoge el testamento, se despej\u00f3 con el dictamen grafol\u00f3gico \u2013que tilda de innecesario- y con la ampliaci\u00f3n que hizo de su declaraci\u00f3n; pero en ello no hay disputa, pues exactamente lo mismo consider\u00f3 el sentenciador (fls. 35 y 36, cdno. 7). <\/p>\n
S\u00f3lo al referirse a la escritura p\u00fablica No. 0177 de 5 de febrero de 1999, otorgada en la Notar\u00eda Novena de Bucaramanga, el impugnante acot\u00f3 que el Tribunal no hab\u00eda advertido que exist\u00eda oposici\u00f3n entre lo afirmado en la primera p\u00e1gina de ella y la nota final, de suerte que si la otorgante no se present\u00f3 personalmente a la Notar\u00eda, resultaba claro que no hab\u00eda sido identificada en legal forma, al punto que el n\u00famero de su c\u00e9dula no aparec\u00eda en dicha nota. Sin embargo, no encuentra la Sala que el juzgador de segundo grado hubiere incurrido en el yerro denunciado, pues la circunstancia de que el Notario se hubiere trasladado al lugar de habitaci\u00f3n de la testadora, \u201ccon el fin de presenciar la firma y huella de la se\u00f1ora Beatriz Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, quien no pudo comparecer ante su despacho por impedimento f\u00edsico\u201d, no traduce contradicci\u00f3n alguna con el texto liminar del instrumento, a cuyo tenor la se\u00f1ora Pinz\u00f3n \u201ccompareci\u00f3\u201d ante el aludido fedatario, pues lo que aqu\u00ed se da a entender, es que la declarante estuvo presente ante el Notario, quien la identific\u00f3 con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda cuyo n\u00famero se hizo constar en instrumento (fls. 7 y 8, cdno. pruebas dte.), por lo que no se puede afirmar que en la escritura en cuesti\u00f3n no se estableci\u00f3 la identidad de la otorgante. <\/p>\n
3. En cualquier caso, si las supuestas irregularidades que motivaron la pretensi\u00f3n de nulidad del testamento, consisten en que no se leyeron en voz alta y en su integridad las disposiciones testamentarias, delante de la testadora y de los testigos, y que no era cierto que el Notario hubiese acudido a la casa de la aquella (hecho 11; fl. 2, cdno. 1), es claro que ninguna de las pruebas en las que, seg\u00fan el censor, se habr\u00eda presentado una falla de lectura, conduce a sostener uno de tales vicios. <\/p>\n
Antes bien, la escritura aludida da cuenta de que el testamento fue le\u00eddo \u201ca los exponentes otorgantes\u201d, delante de los testigos Jos\u00e9 Mardoqueo Reyes Grass, Yeraldine Toledo Rivera y Ana Mar\u00eda Camargo Jim\u00e9nez, todos ellos presentes ante el Notario Noveno de Bucaramanga, quien, como se acot\u00f3, tuvo que trasladarse a la casa de habitaci\u00f3n de la se\u00f1ora Beatriz Pinz\u00f3n M\u00e9ndez, como reza el documento (fls. 7 y 8, cdno. pruebas dte.), todo lo cual fue confirmado con las declaraciones de Alvaro Prada Contreras, asesor jur\u00eddico de la Notar\u00eda, y la \u00faltima de dichas testigos, el primero de los cuales afirm\u00f3 que \u201cpresentaron inicialmente una minuta, la cual fue remitida por fax, se elev\u00f3 a escritura p\u00fablica y se le present\u00f3 a la testadora para que la leyese y diera su voluntad, de lo cual hizo menci\u00f3n de que quer\u00eda anexarle otro par\u00e1grafo m\u00e1s a dicha minuta, la cual siendo su voluntad se modific\u00f3. Con posterioridad el Notario se traslad\u00f3 a la residencia de la se\u00f1ora para leerle dicho testamento en voz clara y perceptible, junto con los tres testigos, el cual ella acept\u00f3 y firm\u00f3\u201d (fl. 12, ib.), y la segunda asever\u00f3 que, ciertamente, \u201cNo fue en la Notar\u00eda en donde firmamos, fue en la casa de habitaci\u00f3n de la se\u00f1ora que hac\u00eda el testamento, do\u00f1a Beatriz Pinz\u00f3n\u201d, lugar donde tambi\u00e9n \u201cle leyeron… el testamento\u201d (fls. 34 y 37, ib.). <\/p>\n
4. El cargo, entonces, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas a la parte recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y, oportunamente, devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-334-2005 [6875531840021999-0028] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005) Ref.: Expediente 6875 5318 4002 1999 0028 Dec\u00eddese sobre el recurso de casaci\u00f3n que present\u00f3 DANIEL PINZON MENDEZ respecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83157"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83157\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}