SC-335-2005 [7300131030031996-2920-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref. 73001-3103-003-1996-2920-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Nury S\u00e1nchez Collazos, Jos\u00e9 Le\u00f3n Viana Su\u00e1rez y Alvaro Viana Alzate, respecto de la sentencia de 28 de septiembre de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en el proceso ordinario que les promovi\u00f3 Ana Silvia Quintero Barreto. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los acotados recurrentes comparecieron al proceso judicial en el que la enunciada demandante solicit\u00f3 declarar absolutamente simulado el contrato de compraventa del inmueble rural denominado \u201cAndaluc\u00eda\u201d, contenido en la escritura p\u00fablica No. 0256 de 23 de marzo de 1996, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Fresno; cancelar ese instrumento p\u00fablico; ordenar la restituci\u00f3n del bien a favor de la sociedad patrimonial de hecho constituida entre Alvaro Viana y Ana Silvia Quintero; disponer la restituci\u00f3n de los frutos civiles dejados de percibir y el pago de los perjuicios, liquidados a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica, hasta cuando se restituya el predio. <\/p>\n
En subsidio pidi\u00f3 la rescisi\u00f3n, por lesi\u00f3n enorme, del contrato de compraventa, con las consecuentes restituci\u00f3n a la referida sociedad patrimonial o, en su defecto, el pago del justo precio del bien ya determinado, la cancelaci\u00f3n de la escritura y la condena al pago de frutos y perjuicios. <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones las fundament\u00f3 la demandante, en los hechos que se resumen as\u00ed: <\/p>\n
a. Entre Ana Silvia Quintero y Alvaro Viana existi\u00f3 una relaci\u00f3n marital p\u00fablica desde el 10 de febrero de 1989, hasta el 5 de mayo de 1996, como lo reconoci\u00f3 el Juzgado 14 de Familia de Bogot\u00e1, en sentencia ejecutoriada. <\/p>\n
b. Uno de los bienes que integran el activo de la sociedad patrimonial entre ellos constituida, es el referido inmueble \u201cAndaluc\u00eda\u201d, que adquiri\u00f3 su compa\u00f1ero mediante compraventa celebrada a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 683 de 1994, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Fresno. <\/p>\n
c. Viana y Quintero, de consuno, suscribieron documento privado con el objeto de liquidar parcialmente dicha sociedad. Empero, aqu\u00e9l celebr\u00f3 el contrato de compraventa contenido en la aludida escritura p\u00fablica No. 256, con la que transfiri\u00f3 el derecho de dominio sobre el inmueble \u201cAndaluc\u00eda\u201d a Mar\u00eda Nury S\u00e1nchez y Jos\u00e9 Le\u00f3n Viana, padre del vendedor, por un precio de $15\u2019900.000,oo, acto jur\u00eddico que se ajust\u00f3 para defraudar a la sociedad, en cuanto evitaba que el predio se\u00f1alado se incluyera dentro de sus activos. <\/p>\n
d. En ese sentido, precis\u00f3 que el valor comercial del bien para la \u00e9poca de la presunta negociaci\u00f3n, era de $200\u2019000.000, aproximadamente, y los $15\u2019900.000 que el indicado vendedor asegur\u00f3 haber recibido a satisfacci\u00f3n, no fueron cancelados por los supuestos compradores. <\/p>\n
e. Agreg\u00f3 que el inmueble \u201cAndaluc\u00eda\u201d soporta un gravamen hipotecario a favor del Banco Cafetero, constituido por escritura p\u00fablica 684 de 1994; y aunque en el contrato de compraventa se plasm\u00f3 que tales obligaciones ser\u00edan asumidas por los compradores, esa subrogaci\u00f3n no aparece aceptada por la entidad financiera. <\/p>\n
f. Finalmente, indic\u00f3 que para la \u00e9poca del criticado contrato, el fundo se explotaba con cultivos de caf\u00e9, pastos y c\u00edtricos, \u201ccuyos frutos civiles ascienden a la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000), calculados como valor mensual promedio\u201d, cifra que la sociedad patrimonial ha dejado de percibir. <\/p>\n
3. La parte demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201cfalta de legitimaci\u00f3n para demandar\u201d y \u201ccompra real y efectiva por terceros de buena fe\u201d. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia acogi\u00f3 la suplica principal y declar\u00f3, por tanto, absolutamente simulado el apuntado contrato de compraventa; orden\u00f3 a los demandados la entrega del inmueble, 6 d\u00edas despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia y los conden\u00f3 a pagar la suma de 32\u2019600.000, como frutos; deneg\u00f3 la condena al pago de perjuicios; dispuso la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y de su inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. Ese fallo lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpusieron los demandados, quienes inconformes con la decisi\u00f3n de segunda instancia, presentaron el de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Delanteramente precis\u00f3 el ad quem, que la demandante ten\u00eda inter\u00e9s en oponerse al contrato cuestionado, porque con \u00e9l se sustrajo un bien de la sociedad patrimonial de hecho, lo que sin duda le ocasion\u00f3 un perjuicio actual y cierto. <\/p>\n
En punto a la simulaci\u00f3n, asegur\u00f3 que ella \u201cconsiste en ocultar en un acto jur\u00eddico el verdadero querer de las partes; en la disconformidad en el verdadero querer de los contratantes y su manifestaci\u00f3n externa; resulta cuando las partes de com\u00fan acuerdo dan al negocio que realmente celebran una apariencia jur\u00eddica diferente, con el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar a terceros\u201d (fl. 20, cdno. 4). <\/p>\n
Despu\u00e9s de transcribir el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, consider\u00f3 que al margen de la simulaci\u00f3n de que se trate \u2013absoluta o relativa-, el inter\u00e9s de las partes es el de hacer prevalecer la intenci\u00f3n real sobre la declaraci\u00f3n fingida o irreal, por manera que la prueba aportada debe necesariamente encaminarse a demostrar el verdadero prop\u00f3sito de los contratantes, es decir, a determinar qu\u00e9 fue lo que en realidad quisieron celebrar al o solemnizar el negocio que se calific\u00f3 de simulado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que hoy existe completa libertad de prueba para demostrar la simulaci\u00f3n, como que todos los medios probatorios son v\u00e1lidos al respecto, siendo el indicio el m\u00e1s utilizado, dado que las partes procuran obrar dentro de las m\u00e1s absoluta cautela. <\/p>\n
Dijo, entonces, que \u201cla prueba arrimada a instancia de la actora… permite pregonar la simulaci\u00f3n suplicada, pues ciertamente de ella, analizada en conjunto y relacionados entre s\u00ed dichos hechos o circunstancias, plenamente establecidas en el proceso, emerge la verdadera voluntad de los contratantes al celebrar el contrato a que alude el t\u00edtulo escriturario No. 0256 de marzo 23 de 1996… que no fue la de compravender el inmueble all\u00ed referenciado,… lo pretendido era sustraer el inmueble del haber patrimonial de la sociedad de hecho existente entre la demandante y el demandado VIANA ALZATE\u201d (fls. 22 y 23, cdno. 4). <\/p>\n
Confront\u00f3 luego el precio acordado en el contrato de venta -$15\u2019900.000-, con el que se estableci\u00f3 pericialmente en el proceso -$63\u2019000.000-, para se\u00f1alar que aqu\u00e9l se fij\u00f3 con el fin de aparentar una compraventa que no existi\u00f3. A esa particularidad se uni\u00f3 el parentesco entre Viana Alzate y Viana Su\u00e1rez \u2013hijo y padre-, respectivamente; la falta de capacidad econ\u00f3mica de los compradores; la ausencia de raz\u00f3n o causa atendible que impulsara al enajenante a transferir el bien, \u201cque si en verdad aparec\u00eda en cabeza suya, pertenec\u00eda a la sociedad de hecho que constituy\u00f3 con la demandante y la falta de \u201cprueba contundente sobre el recibido del precio pactado y si por el contrario el m\u00f3vil para simular la venta\u201d (fl. 24, cdno. 4). <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal que tales hechos, \u201cenlazados entre s\u00ed, permiten sacar a flote la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes… que sin duda alguna no fue como se dijo la de compravender sino la de sacar del patrimonio de la sociedad de hecho aludida el predio rural denominado ANDALUCIA\u201d (fl. 24, cdno. 4). <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Un solo cargo se formul\u00f3 en contra de la sentencia, con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, para denunciar la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 669, 756, 1602, 1618, 1849, 1857, 1864, 1880, 1928 y 2177 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores de hecho, por suposici\u00f3n y preterici\u00f3n de la prueba aportada al proceso. <\/p>\n
En desarrollo de la acusaci\u00f3n, record\u00f3 el impugnante las razones que tuvo el Tribunal para declarar la simulaci\u00f3n, para luego afirmar, en cuanto al precio, que si bien en la escritura figur\u00f3 la suma de $15\u2019900.000, tambi\u00e9n es cierto que en la misma cl\u00e1usula tercera se dijo que los compradores asumir\u00edan las obligaciones que el vendedor ten\u00eda con el Banco Cafetero, que \u201cal decir de los interrogados\u201d ascend\u00edan a treinta millones de pesos, de modo que el precio del inmueble no solamente era la suma entregada, sino el monto de los valores que se asum\u00edan como deuda. <\/p>\n
Respecto del parentesco, manifest\u00f3 que tal vinculo no siempre es sin\u00f3nimo de simulaci\u00f3n, de suerte que no tiene fuerza de prueba indiciaria, por lo que el Tribunal incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico al \u201cotorgarle valoraci\u00f3n probatoria, a esta circunstancia, m\u00e1s all\u00e1 de sus propios efectos\u201d ( fl. 21, cdno. 5). Agreg\u00f3 que en el expediente no existe elemento de juicio que demuestre la relaci\u00f3n de negocios y amistad entre Viana Alzate y Mar\u00eda Nury S\u00e1nchez, por manera que se dio por establecido un hecho, sin contar con la prueba que lo sustente. <\/p>\n
En lo tocante al indicio de falta de raz\u00f3n o causa para transferir el inmueble, el casacionista consider\u00f3 que era una apreciaci\u00f3n muy subjetiva del fallador y que, en todo caso, el vendedor en su interrogatorio relat\u00f3 las razones por las que realiz\u00f3 la venta, relacionadas con la baja en el precio internacional de caf\u00e9 y, por ende, del precio interno, as\u00ed como las dificultades de administraci\u00f3n del predio, lo que indica que la afirmaci\u00f3n por el Tribunal carece de sustento. <\/p>\n
Finalmente, dijo que el ad quem incurri\u00f3 en error de hecho al negarse a valorar los testimonios de Juan Pablo Arango Pedraza, Carlos Arturo D\u00e1vila Vel\u00e1squez y Gustavo Casta\u00f1o Giraldo, quienes conoc\u00edan el entorno en el que se realiz\u00f3 el negocio cuestionado, prueba de la cual \u201cel sentenciador hubiere podido deducir indicios o contraindicios\u201d (fl. 23, cdno. 5). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien pronto se advierte que el cargo no tiene la aptitud formal necesaria para habilitar el an\u00e1lisis material de la acusaci\u00f3n en ella planteada, toda vez que el censor omiti\u00f3 se\u00f1alar la norma sustancial pertinente para el caso que se juzg\u00f3 en las instancias, la cual, trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n simulatoria de un determinado negocio jur\u00eddico, corresponde de forma indefectible al art\u00edculo 1766 del C.C., o al art\u00edculo 267 del C. de P.C. <\/p>\n
En efecto, se sabe que al formular un cargo por la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente tiene que se\u00f1alarle a la Corte la norma sustancial que estime violada (num. 3\u00ba, art. 374 C.P.C.), siendo claro que tal exigencia no se cumple con la invocaci\u00f3n de una cualquiera de las disposiciones de ese linaje que integran el ordenamiento jur\u00eddico patrio, sino que ella debe ser, fatalmente, la que permita su confrontaci\u00f3n con la sentencia cuestionada, justamente por constituir la \u201cbase esencial del fallo impugnado\u201d, o porque ha \u201cdebido serlo\u201d (art. 51, Dec. 2651\/91; Ley 446\/98). Con otras palabras, la norma sustancial debe guardar estrecha relaci\u00f3n con el conflicto jur\u00eddico resuelto, ora por tratarse del derecho aplicado, ora por ser el derecho que debi\u00f3 gobernar la soluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Desde luego que no se trata de integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, sino de indicarle a la Corte cu\u00e1l o cu\u00e1les son las disposiciones sustanciales que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar, o aplic\u00f3 incorrectamente, o interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea, pero de cara al asunto controvertido. De all\u00ed que la Sala, de tiempo atr\u00e1s y en m\u00faltiples providencias, hubiere puntualizado que \u201cno es cualquier norma sustancial la que el recurrente debe invocar, acudiendo a su mero arbitrio o capricho, pues lo que le exige aquel precepto \u2013se refiere al art. 51 del Dec. 2651\/91- es que la norma sustancial que se estime violada sea la base fundamental del fallo o haya debido serlo. As\u00ed, en providencia de 4 de septiembre de 1995, la Corte se\u00f1al\u00f3 que… la selecci\u00f3n de la norma sustancial \u2018estar\u00e1 limitada dentro de aquellas normas de derecho sustancial que hagan relaci\u00f3n con la controversia objeto del pleito y su decisi\u00f3n. Pero esta facultad no comprende la de escoger unas normas no sustanciales o unas normas que, a\u00fan siendo sustanciales no guardan ninguna relaci\u00f3n con lo debatido en el pleito. Porque ser\u00eda admitir ab initio como legalmente formulada, una acusaci\u00f3n al margen del propio pleito, convirti\u00e9ndose en uno distinto, cuando la funci\u00f3n de las censuras formuladas por la causal primera es la de establecer si la sentencia de segundo grado se ajust\u00f3 al derecho objetivo que se aplic\u00f3 o debi\u00f3 aplicarse en el caso debatido o fallado\u2019\u201d (G.J. CCXLIX, p\u00e1g. 390). <\/p>\n
2. En el presente caso, el recurrente fustig\u00f3 al Tribunal por haber concluido que era simulado, en forma absoluta, el contrato de compraventa formalizado mediante la escritura p\u00fablica No. 0256 de 23 de marzo de 1996, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Fresno, protestando la violaci\u00f3n de varias normas que no tienen car\u00e1cter sustancial, como los art\u00edculos 669 (qu\u00e9 es el dominio; vid: Auto 217\/96); 756 (como hacer tradici\u00f3n de los bienes ra\u00edces; vid: Auto 202\/04); 1602 (el contrato es ley para las partes; vid: Sent. 148\/05); 1849 (qu\u00e9 es el contrato de compraventa; vid: Auto 285\/96); 1857 (c\u00f3mo se perfecciona la venta; vid: Auto 285\/96) y 1864 (determinaci\u00f3n del precio de compra; vid: Sent. 003\/80), todos ellos del C\u00f3digo Civil, siendo claro que no gozan de esa categor\u00eda las disposiciones contenidas en los c\u00f3digos que \u201cse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos de \u00e9stos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones\u201d, pues s\u00f3lo pueden tenerse como tales aquellas que \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal actuaci\u00f3n\u201d (G.J. CLI, p. 254). <\/p>\n
Y aunque el impugnante tambi\u00e9n esgrimi\u00f3 como violados los art\u00edculos 1880, 1928 y 2177 de la misma codificaci\u00f3n, relativos a las obligaciones del vendedor y del comprador, y al mandato aparente, es evidente que ninguno de ellos constituye, ni debi\u00f3 constituir, la base esencial de una sentencia que se pronuncia sobre la simulaci\u00f3n de un contrato, en el caso particular de manera afirmativa, decisi\u00f3n que tiene como eje central, bien el art\u00edculo 1766 del C.C., bien el art\u00edculo 267 del C. de P.C., cualquiera de los cuales debi\u00f3 colacionarse para cimentar la censura. <\/p>\n
Sobre este particular, ha precisado la Corte que \u201csi el aspecto toral del fallo lo constituye aquella definici\u00f3n, valga repetirlo, \u00fanicamente sobre la simulaci\u00f3n, es claro que una acusaci\u00f3n contra esa sentencia al amparo de la causal primera, necesariamente deb\u00eda estar apoyada en por lo menos una norma de derecho sustancial que discipline lo atinente a la misma, como lo ser\u00eda el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil,\u201d (Se subraya; auto 153 de 4 de agosto de 2004; exp.: 491-01). Y no puede ser de otra manera, pues \u201cSi bien es verdad que por determinaci\u00f3n del legislador se aboli\u00f3 para el recurso de casaci\u00f3n la exigencia de la \u2018proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u2019, no puede perderse de vista que el art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 (cuya vigencia prorrog\u00f3 la Ley 192 de 1995) impone al recurrente el deber de se\u00f1alar, en cada uno de los cargos que aduzca contra la sentencia combatida, siquiera una sola de las normas de derecho sustancial que constituya base esencial de la misma, disposici\u00f3n al tenor de la cual la censura estaba llamada a citar en la demanda de casaci\u00f3n, para dar cumplimiento a esa exigencia, alguno de los art\u00edculos 1766 del C.C. o 267 del C. de P.C. que como lo ha dicho la Corte regulan la figura de la simulaci\u00f3n\u2026\u201d (Se subraya; sent. 005 de 5 de febrero de 1996; exp. 4574). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2001 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario antes referenciado. <\/p>\n
Costas a cargo de los recurrentes. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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