SC-336-2005 [6800131100061998-0657-01]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., catorce de diciembre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 68001-3110-006-1998-0657-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 11 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, conclusiva del proceso ordinario que promovi\u00f3 por Jorge Acevedo Quintero contra Graciela Acosta Mu\u00f1oz de Acevedo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jorge Acevedo Quintero inici\u00f3 proceso contra Graciela Acosta Mu\u00f1oz para que se declarara, de manera principal, que hubo lesi\u00f3n enorme en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que entre ellos existi\u00f3 y a la cual se puso t\u00e9rmino mediante acuerdo celebrado en la escritura p\u00fablica n\u00famero 3488 de 30 de octubre de 1990 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Bucaramanga. <\/p>\n
Subsidiariamente solicit\u00f3 se decretara la separaci\u00f3n de bienes y la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, se ordenara elaborar el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes sociales, incluyendo no solamente los de la liquidaci\u00f3n original, sino tambi\u00e9n los obtenidos por la demandada a t\u00edtulo de gananciales. <\/p>\n
<\/p>\n
Pidi\u00f3 adem\u00e1s el demandante que se ordene la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del acto en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y se restituya a la sociedad conyugal el doble del valor comercial que ten\u00eda el inmueble cuando se hizo la venta -o sea, el 18 de abril de 1991-, que se condene a la c\u00f3nyuge demandada a perder la porci\u00f3n a que tiene derecho sobre el inmueble de car\u00e1cter social situado en la calle 16 n\u00famero 31-11 del Barrio San Alonso, y a restituir a la masa de bienes de la sociedad conyugal la cantidad de $150\u2019000.000, equivalente al doble del valor comercial del inmueble, junto con los intereses moratorios causados. <\/p>\n
2. En apoyo de sus pretensiones, el demandante adujo: <\/p>\n
2.1. Las partes contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 16 de diciembre de 1970 en la Parroquia de Santa Rosa de Lima de Magangu\u00e9, y durante la vigencia de la sociedad conyugal adquirieron los bienes muebles e inmuebles que se describen en la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Mediante escritura p\u00fablica No. 3488 otorgada el 30 de octubre de 1990 en la Notar\u00eda 2\u00aa de Bucaramanga, los c\u00f3nyuges liquidaron la sociedad conyugal, liquidaci\u00f3n en la que a cada uno correspondi\u00f3 la suma de $3\u2019014.000, cantidad que les fue pagada con la adjudicaci\u00f3n de los bienes se\u00f1alados en la escritura. <\/p>\n
2.3. Dijo el demandante que la demandada, al hacer el aval\u00fao, fij\u00f3 un valor irrisorio para algunos de los bienes, ocult\u00f3 otros, y adem\u00e1s a la notar\u00eda fue movido por enga\u00f1os. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la demandada luego de la liquidaci\u00f3n ha adquirido otros bienes y lo amenaza con un da\u00f1o mayor si intenta cualquier acci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Graciela Acosta Mu\u00f1oz de Acevedo se adjudic\u00f3 la totalidad de la masa partible, con lo cual caus\u00f3 lesi\u00f3n enorme al patrimonio econ\u00f3mico del demandante, desproporcionalidad que se present\u00f3 en el momento de la firma de la escritura p\u00fablica, acto que el demandante asinti\u00f3 por enga\u00f1o. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos acept\u00f3 la existencia del matrimonio, pero neg\u00f3 los dem\u00e1s. Propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n con fundamento en que para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los cuatro a\u00f1os consagrados en la ley para interponer la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme. Dijo que si la escritura se otorg\u00f3 el 30 de octubre de 1990 y el auto admisorio se le notific\u00f3 el 18 de diciembre de 1998, se agot\u00f3 toda posibilidad \u00fatil de reclamaci\u00f3n <\/p>\n
4. El a quo declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la parte demandada y en consecuencia deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirm\u00f3 el fallo de primer grado, luego de que fuera impugnado por el demandante sin sustentar los motivos del disenso. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Identific\u00f3 el Tribunal que la acci\u00f3n intentada es de lesi\u00f3n enorme, reca\u00edda respecto del acto de partici\u00f3n que sigui\u00f3 a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. Tras enfatizar el respeto a la valoraci\u00f3n de las pruebas en la primera instancia, y reafirmar que la liquidaci\u00f3n puede ser extrajudicial y convenida libremente, aplic\u00f3 el art\u00edculo 1045 del C\u00f3digo Civil, tras lo cual concluy\u00f3, siguiendo tal precepto, que las reglas de la rescisi\u00f3n de los contratos se aplican a la partici\u00f3n voluntaria hecha por los socios. <\/p>\n
2. Asido de la sentencia de la Corte pronunciada el 31 de julio de 2000, el Tribunal concluy\u00f3 que el acto jur\u00eddico que contiene la partici\u00f3n puede ser rescindido, bien por nulidad, o bien por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
3. Record\u00f3 el Tribunal, de la mano de la sentencia de esta Corte de fecha 4 de abril de 1990, que quien demanda la lesi\u00f3n enorme debe acreditar la existencia del desequilibrio de las prestaciones, tras lo cual concluy\u00f3 que \u201cel demandante se limit\u00f3 a mencionar los bienes que se adjudicaron despu\u00e9s de hecha la partici\u00f3n basando en esto la lesi\u00f3n enorme\u201d. <\/p>\n
4. Enfrentado el Tribunal a resolver sobre la prescripci\u00f3n, decidi\u00f3 que si el acto partitivo se hizo en 1990 y la demanda se present\u00f3 en 1998, la acci\u00f3n estaba notoriamente prescrita. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en las causales primera y segunda del art\u00edculo 368 del C. de P. C., el recurrente formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal, los que se resolver\u00e1n en orden inverso al que fueron propuestos, pues el segundo trata de vicios in procedendo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal se\u00f1alada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 368 del C. de P.C., considera el recurrente que la sentencia del Tribunal es violatoria, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, de los art\u00edculos 1750, 1838, 1954 y 2545 del C\u00f3digo Civil, pues el ad quem dio a estas normas un alcance no previsto por el legislador, dado que en el fallo se equipar\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal con un contrato, de lo cual se dedujo que deb\u00eda impugnarse en el t\u00e9rmino de 4 a\u00f1os, so pena de caducidad de la acci\u00f3n y la prescripci\u00f3n en contra del c\u00f3nyuge cuyos intereses fueron vulnerados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el censor que el demandante contrajo matrimonio cat\u00f3lico con la demandada y si bien la ley le reconoce a ese matrimonio efectos civiles, no deja \u00e9l de ser un sacramento que de conformidad con el Concordato, tiene un tratamiento diferente de acuerdo con la ley civil, por lo que no puede decirse que los efectos del matrimonio se derivan tienen implicaciones contractuales o comerciales. Concluy\u00f3, en \u00faltimas, que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio no es ning\u00fan contrato, tampoco la sociedad conyugal, aunque de ella surge una serie de obligaciones de car\u00e1cter moral. <\/p>\n
Sostuvo el censor que la sociedad conyugal es una instituci\u00f3n del derecho civil con una naturaleza jur\u00eddica muy discutida, porque en tanto algunos autores consideran que se trata de un contrato de sociedad, otros afirman que se trata de una persona jur\u00eddica, o un patrimonio en \u201cmano com\u00fan\u201d, y no falta quien diga que es un conjunto de bienes vinculados a los intereses comunes del matrimonio. Dentro de ella, cada c\u00f3nyuge administra y dispone de sus bienes y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro medio leg\u00edtimo; su disoluci\u00f3n se produce \u00fanicamente en los casos y por las causas determinadas en la ley, lo que significa que sociedad conyugal y contrato son dos cosas muy distintas, por lo cual para aquella no opera el art\u00edculo 1954 del C.C. <\/p>\n
Adujo el recurrente que el Tribunal no tuvo en cuenta los alegatos de conclusi\u00f3n presentados en primera instancia, ni que en el proceso se propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n con base en el art\u00edculo 1838 del C.C. cuando la norma aplicable al caso controvertido es el art\u00edculo 1821 de la misma obra, la cual pertenece al cap\u00edtulo de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal porque se trata de una liquidaci\u00f3n, para la cual el legislador previ\u00f3 que siguiera las reglas de la sucesi\u00f3n, en la que se fij\u00f3 un t\u00e9rmino de veinte a\u00f1os para la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas de la liquidaci\u00f3n, partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes, lo que significa que el c\u00f3nyuge que ha sufrido lesi\u00f3n enorme en sus gananciales tiene 20 a\u00f1os para atacar la liquidaci\u00f3n, y no cuatro, como dijeron la demandada, el juzgado y el Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, se busca eliminar los desbordamientos del juez, para quitar de la sentencia toda decisi\u00f3n que exceda su competencia, misma que se encuentra demarcada por los hechos y las pretensiones de la demanda y por lo que la ley le autorice o mande decidir. Tambi\u00e9n est\u00e1 erigida esta causal para que la jurisdicci\u00f3n sea agotada resolviendo todo cuanto se someti\u00f3 al escrutinio del juez, es decir, para que ella sea completa. <\/p>\n
Del resumen del cargo anteriormente efectuado se concluye que el recurrente, a pesar de haber invocado la causal segunda de casaci\u00f3n, no procura que se decida a plenitud sobre la controversia, ni que se reduzcan los excesos en la decisi\u00f3n, sino que se revoque una sentencia contraria a sus pretensiones, sin plantear de manera precisa, como exige la ley, en qu\u00e9 consiste la inconsonancia del fallo en relaci\u00f3n con los hechos o las pretensiones, o las excepciones propuestas por la parte demandada, sino que, respecto de esta \u00faltima, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 1838 del C.C., cuando la norma aplicable era el art\u00edculo 1821 ib., disposici\u00f3n que en su sentir, contempla un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n m\u00e1s amplio. En suma, luego de nominar erradamente el cargo, en su desarrollo el casacionista reproduce los mismos motivos que inspiran el cargo primero de la acusaci\u00f3n, pero ninguna incongruencia en verdad atribuye a la sentencia, como no sea el simple desagrado con lo decidido. <\/p>\n
El cargo por lo tanto es impr\u00f3spero. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
El recurrente acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, a consecuencia de falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1821 del C.C., infracci\u00f3n proveniente de error de derecho en que incurri\u00f3 cuando estim\u00f3 que para impugnar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n es de cuatro a\u00f1os, cuando si hubiera aplicado correctamente la norma citada, que es la que corresponde al presente caso, hubiera concluido que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de esta acci\u00f3n es de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
Tras citar el art\u00edculo 1954 del C\u00f3digo Civil como norma inaplicable al caso, el casacionista trajo en su apoyo la definici\u00f3n de contrato tomada de alg\u00fan diccionario jur\u00eddico que no menciona y una cita de Henry Capitant, para concluir que la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no es un contrato y que por lo mismo no le son aplicables las reglas de la caducidad de la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No obstante que en el cargo se dijo que la violaci\u00f3n de la ley sustancial deriv\u00f3 de un error de derecho, m\u00e1s all\u00e1 de la errada nominaci\u00f3n, es claro que el ataque en ning\u00fan momento acomete el debate probatorio, ni en el aspecto de su apreciaci\u00f3n objetiva, ni por defectos en su producci\u00f3n o valoraci\u00f3n, por lo que la adscripci\u00f3n del ataque a la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial emerge del contenido de la censura. <\/p>\n
Como surge del extracto de la sentencia, el Tribunal para proferir la decisi\u00f3n consider\u00f3 que al operar la caducidad de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme, \u00fanica pretensi\u00f3n que en su sentir hab\u00eda sido invocada, no era necesario entrar a juzgar sobre si existi\u00f3 dicha lesi\u00f3n. A su vez el recurrente sostuvo que el sentenciador viol\u00f3 de manera directa la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1821 del C.C., que en su criterio es la norma exactamente aplicable al caso, dado que este tipo de liquidaciones y particiones no son un contrato y no tienen por tanto 4 a\u00f1os como t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, infracci\u00f3n proveniente -seg\u00fan dujo- de haber cometido \u201cerror de derecho\u201d. <\/p>\n
2. Hay sosiego en la jurisprudencia y la doctrina sobre que la lesi\u00f3n enorme es un instituto correctivo reservado para unos actos jur\u00eddicos espec\u00edficos que consagra el C\u00f3digo Civil, en cuyos or\u00edgenes podr\u00edan vislumbrarse elementos subjetivos como la inexperiencia, el estado de necesidad, el error o la fuerza, los cuales, a la luz del ordenamiento positivo colombiano son irrelevantes a la hora de su aplicaci\u00f3n, en la medida en que para que se configure la lesi\u00f3n s\u00f3lo se requiere la comprobaci\u00f3n objetiva del desequilibrio en las prestaciones. <\/p>\n
Entonces, para asegurar la naturaleza excepcional de la lesi\u00f3n enorme, el C\u00f3digo Civil determin\u00f3 con toda exactitud en qu\u00e9 tipo de actos ella es procedente. As\u00ed, acord\u00f3 el legislador que ella tuviera lugar para las particiones de la masa herencial o de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuando dijo en el art\u00edculo 1405 que \u201cLas particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y seg\u00fan las mismas reglas que los contratos. (-) La rescisi\u00f3n por causa de lesi\u00f3n se concede al que ha sido perjudicado en m\u00e1s de la mitad de su cuota\u201d. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 1750 del C.C. establece como plazo para pedir la rescisi\u00f3n cuatro a\u00f1os, los que se contar\u00e1n, en el caso de error o dolo, desde el d\u00eda de la celebraci\u00f3n del acto o contrato, esto es, desde la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Por lo tanto, cuando el Tribunal, teniendo en cuenta la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y la de notificaci\u00f3n de la demanda, consider\u00f3 que hab\u00eda fenecido la acci\u00f3n intentada, no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n alguna de norma sustancial, menos del art\u00edculo 1821 del C\u00f3digo Civil, norma que se refiere a que el inventario y tasaci\u00f3n de los bienes deba efectuarse en el t\u00e9rmino y forma prevista para la sucesi\u00f3n por causa de muerte, pero de ning\u00fan modo hace alusi\u00f3n al t\u00e9rmino para que fenezca la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Vale la pena reiterar, frente a las afirmaciones del recurrente acerca de que en este caso no ha existido ning\u00fan contrato, que el art\u00edculo 1405 del C.C., reproducido anteriormente, de manera imperativa prescribe que \u201clas particiones\u201d se anulan o rescinden de la misma manera y \u201cseg\u00fan las mismas reglas\u201d que los contratos, por lo que si para estos, el t\u00e9rmino para que caduque es de cuatro a\u00f1os, ese es el plazo con que cuenta el c\u00f3nyuge que considere que ha sufrido lesi\u00f3n enorme en la partici\u00f3n de los bienes sociales, para impetrar la acci\u00f3n rescisoria. <\/p>\n
<\/p>\n
De esta manera, desacertado por entero es el criterio esbozado por el recurrente, seg\u00fan el cual a la rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n por lesi\u00f3n enorme lleg\u00f3 el Tribunal porque la asimil\u00f3 a un contrato, cuando en verdad, la lesi\u00f3n enorme procede respecto de las particiones porque as\u00ed lo dispone expresa y deliberadamente el art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil, con prescindencia si ellas son un contrato o una forma sui juris para la generaci\u00f3n de efectos jur\u00eddicos de diversa naturaleza. <\/p>\n
En consecuencia, por cuanto no incurri\u00f3 el Tribunal en la violaci\u00f3n de la ley sustancial se\u00f1alada en la acusaci\u00f3n, no prospera el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de mayo de 2001 pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario promovido por Jorge Acevedo Quintero contra Graciela Acosta Mu\u00f1oz de Acevedo. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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