SC-339-2005 [6800131030031996-19728-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince de diciembre de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 680013103003-1996-19728-02 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Alfonso Aguilar Uribe y Olga Uribe Aguilar contra la sentencia 25 de septiembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para poner fin al proceso ordinario promovido por Magdalena D\u00edaz de Aguilar contra los recurrentes, y la Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander Ltda. \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante pretendi\u00f3 que se declarara simulado relativamente el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2413 de 23 de agosto de 1982, otorgada en la Notar\u00eda 1\u00aa de Bucaramanga, en el cual la Cooperativa demandada dijo vender a Olga Uribe Aguilar el bien inmueble ubicado en la carrera 17 No. 16-48 de la ciudad de Bucaramanga; en consecuencia Magdalena D\u00edaz de Aguilar pidi\u00f3 que dicho bien figure en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-23243 como propiedad de Luis Alfonso Aguilar Uribe. <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones tienen sustento en los hechos que a continuaci\u00f3n se describen. <\/p>\n
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2.1. El 10 de septiembre de 1957, Luis Alfonso Aguilar Uribe y Magdalena D\u00edaz de Aguilar contrajeron matrimonio cat\u00f3lico en la Parroquia de San Jos\u00e9 de Bucaramanga, de all\u00ed naci\u00f3 la sociedad conyugal, a\u00fan vigente al momento de la demanda. <\/p>\n
2.2. Dentro del matrimonio se adquiri\u00f3 el bien inmueble ubicado en la carrera 17 No. 16-48 de Bucaramanga, el que apareci\u00f3 en el registro exclusivamente a nombre del demandado Luis Alfonso Aguilar Uribe. <\/p>\n
2.3. Por los problemas que se suscitaron dentro del matrimonio y con el prop\u00f3sito de que la demandante no pudiera acceder a la parte del inmueble que le corresponde, Luis Alfonso Aguilar Uribe vendi\u00f3 la casa a la cooperativa \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d; posteriormente la volvi\u00f3 a adquirir, pero en ese momento solicit\u00f3 a la vendedora que la escritura de compraventa se hiciera a favor de Olga Uribe Aguilar. <\/p>\n
2.4. El dinero para la compra de la casa lo aport\u00f3 Aguilar Uribe, que siempre se comport\u00f3 como verdadero due\u00f1o, pues sin aparecer en el contrato tiene arrendado el predio a Jes\u00fas Zapata, quien paga mensualmente el arriendo con cheques consignados en la cuenta de ahorros n\u00famero 205-00695201-1 del Banco Uconal de Bucaramanga, cuyo titular es Luis Alfonso Aguilar Uribe. <\/p>\n
2.5. La demandada Olga Uribe Aguilar solamente prest\u00f3 su nombre para aparecer como propietaria, pero nunca ejerci\u00f3 actos de posesi\u00f3n, en tanto que Luis Alfonso Aguilar Uribe es quien lo hace; a tal punto, que en la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda estaba vendiendo el predio. <\/p>\n
2.6. En el Juzgado 4\u00ba de Familia de Bucaramanga se est\u00e1 adelantando el proceso de divorcio instaurado por Magdalena D\u00edaz de Aguilar contra Luis Alfonso Aguilar Uribe. <\/p>\n
3. Luis Alfonso Aguilar y Olga Uribe al contestar se opusieron a las pretensiones, pues dijeron que la demandante carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para actuar. La cooperativa \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d, aunque intervino, no solicit\u00f3 ni absoluci\u00f3n ni condena. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia declar\u00f3 que era verdadero el contrato que recoge la escritura p\u00fablica n\u00famero 2413 del 23 de agosto de 1982 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Bucaramanga, por lo cual deneg\u00f3 la simulaci\u00f3n relativa pretendida en la demandada. <\/p>\n
5. La apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de primera instancia fue exitosa, pues el Tribunal revoc\u00f3 en todas sus partes la providencia recurrida, en su lugar, declar\u00f3 relativamente simulado el contrato de que da cuenta en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2413 del 23 de agosto de 1982 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Bucaramanga, pues hall\u00f3 que Luis Alfonso Aguilar Uribe fue el verdadero adquirente del inmueble descrito en la demanda. <\/p>\n
Luis Alfonso Aguilar Uribe y Olga Uribe Aguilar interpusieron recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia, impugnaci\u00f3n que decide ahora la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal luego de ubicar el reclamo en el \u00e1mbito de una \u00absimulaci\u00f3n del sujeto negocial\u00bb, concluy\u00f3 que \u00ablos hechos y fundamentos de la pretensi\u00f3n se hallan probados con suficiencia. En efecto, est\u00e1 demostrado que por la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n el demandado Luis Alfonso Aguilar Uribe se hallaba en serios aprietos econ\u00f3micos y que como consecuencia de los cuales vendi\u00f3 su inmueble a Coomultrasan Ltda., tambi\u00e9n demandada en este proceso. Que luego readquiri\u00f3 el bien y en la operaci\u00f3n solicit\u00f3 que la escritura se hiciese con Olga Uribe Aguilar como compradora\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal apoy\u00f3 la existencia de la simulaci\u00f3n en los siguientes argumentos. <\/p>\n
1. La contestaci\u00f3n de la demanda hecha por \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d, en la que dicha entidad revel\u00f3 c\u00f3mo lo que en verdad hubo fue una venta \u2018en garant\u00eda\u2019, y que Luis Alfonso Aguilar Uribe al dejar de ser deudor de la Cooperativa, y luego de ser requerido por \u00e9sta para que recibiera de nuevo la propiedad, pidi\u00f3 que la transferencia se hiciera a favor de Olga Uribe Aguilar. <\/p>\n
2. La conducta procesal de la demandada \u00abCoomultrasan Ltda.\u00bb que al contestar la demanda no solicit\u00f3 ni absoluci\u00f3n ni condena. <\/p>\n
3. La prueba testimonial recaudada, en cuanto ella deja ver que Luis Alfonso Aguilar Uribe, directamente o por intermedio de su hijo Javier, ejercieron siempre la posesi\u00f3n del inmueble, el que dieron en arrendamiento y repararon seg\u00fan fuere necesario. Lugar destacado reserv\u00f3 el Tribunal para la declaraci\u00f3n del inquilino Jes\u00fas Zapata P\u00e1ez, quien dio cuenta de c\u00f3mo Luis Alfonso Aguilar Uribe y su hijo Javier estuvieron al frente de la administraci\u00f3n del inmueble, mientras que en contraste ninguna actividad le atribuye a la supuesta propietaria Olga Uribe. <\/p>\n
4. Aunque la declaraci\u00f3n de renta de la demandada Olga Uribe, y el tener en su patrimonio de algunos almacenes, insinuaba cierta solvencia econ\u00f3mica en la adquirente, dicha capacidad financiera perdi\u00f3 relevancia para el Tribunal, porque tal estado econ\u00f3mico no correspond\u00eda a la \u00e9poca del acto puesto en cuesti\u00f3n en la demanda de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
5. El testimonio del abogado de \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d, Jos\u00e9 Domingo Castellanos Lozano, seg\u00fan el cual la cooperativa recibi\u00f3 de manos de Gloria Aguilar -hija del demandado Luis Alfonso Aguilar Uribe-, los dineros correspondientes a lo que \u00e9ste adeudaba a la entidad crediticia, por lo tanto, en cumplimiento de la \u00abdevoluci\u00f3n\u00bb del inmueble, en virtud de \u201cuna muy poca ortodoxa garant\u00eda\u201d, se realiz\u00f3 la transacci\u00f3n sobre el predio, en la que \u00abOlga prest\u00f3 su nombre para la readquisici\u00f3n\u00bb, desplazando a Luis Alfonso Aguilar por voluntad de este. <\/p>\n
6. Se plante\u00f3 en las instancias que la demandada Olga Uribe recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo en el mes de mayo de 1982 y de ah\u00ed trat\u00f3 de inferirse su capacidad econ\u00f3mica; no obstante, como la adquisici\u00f3n fue en el mes de agosto del mismo a\u00f1o, el Tribunal no hall\u00f3 que los dineros del pr\u00e9stamo debieran ser fatalmente aplicados al pago del inmueble, menos si est\u00e1 demostrado que Coomultrasan Ltda., obrando como vendedor, ning\u00fan dinero recibi\u00f3 como precio de manos de su compradora, pues la devoluci\u00f3n del inmueble estuvo asociada al pago de las deudas que Luis Alfonso ten\u00eda con la Cooperativa, las que saldadas por su hija hicieron innecesario que el predio continuara a manera de garant\u00eda en poder de la entidad. <\/p>\n
7. Reconoci\u00f3 el Tribunal que \u00abentre la fecha de la negociaci\u00f3n y el pleito de divorcio entre los esposos Aguilar D\u00edaz pas\u00f3 un t\u00e9rmino de quince a\u00f1os, con lo cual es bastante improbable considerar que se simul\u00f3 con el \u00e1nimo de burlar los intereses de la demandante en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; pero la simulaci\u00f3n est\u00e1 demostrada, m\u00e1s no la causa simulandi, la que no obstante haber sido otra, lo cierto es que con el tiempo se aprovech\u00f3 por el demandado la situaci\u00f3n para que su c\u00f3nyuge que entonces acolit\u00f3 la operaci\u00f3n, ahora quede sin posibilidad de acceder al bien en la liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en las causales primera y segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se formulan dos cargos contra la sentencia. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia por ser incongruente en cuanto declar\u00f3 la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa solemnizado mediante la escritura p\u00fablica n\u00famero 2413 del 23 de agosto de 1982 otorgada en la Notar\u00eda 1\u00aa de Bucaramanga, por hechos distintos a los se\u00f1alados en la demanda. <\/p>\n
En lo fundamental plante\u00f3 el censor que seg\u00fan la demanda la simulaci\u00f3n tuvo origen en los problemas que surgieron del matrimonio del demandado Aguilar Uribe y la demandante, los que luego dieron motivo para tramitar el divorcio. Estos hechos narrados en la demanda, fueron importantes para determinar la posici\u00f3n y el alcance del debate judicial, presupuestos f\u00e1cticos que sirvieron de gu\u00eda para la defensa de los demandados, en espera de que tales premisas f\u00e1cticas fueran demostradas. No obstante, el Tribunal los desconoci\u00f3 y declar\u00f3 la simulaci\u00f3n con fundamento en hechos completamente diferentes. <\/p>\n
No obstante, el Tribunal accedi\u00f3 a las pretensiones porque el bien hab\u00eda sido entregado \u2018en garant\u00eda\u2019 a la cooperativa demandada, por lo tanto, una vez pagada la obligaci\u00f3n y cuando la propiedad deb\u00eda retornar a Aguilar Uribe, \u00e9ste en medio de tal operaci\u00f3n decidi\u00f3 que su lugar fuera ocupado por Olga Uribe Aguilar. <\/p>\n
Entonces, a juicio del recurrente el \u201cerror de actividad descansa, por tanto, desde el momento mismo que el tribunal se aparta del componente f\u00e1ctico fundante de la causa petendi de la demanda para imprimir o adoptar su personal percepci\u00f3n y criterio de los hechos. Entonces la incongruencia o desarmon\u00eda en la sentencia con los hechos de la demanda se origina necesariamente cuando el Tribunal acoge la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa con apoyo en unos hechos no alegados o invocados por la demandante.\u201d <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el casacionista que antes de la reforma introducida a la causal segunda de casaci\u00f3n, la Corte sostuvo la tesis de que la congruencia del fallo no se concretaba \u00fanicamente a las pretensiones de la demanda y a la defensa del demandado, sino que tambi\u00e9n involucraba los hechos del libelo, pues dar\u00eda igual condenar a lo no pedido, que acoger una pretensi\u00f3n impetrada pero con una causa diferente a la invocada, o con fundamentos de hecho no alegados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que apoyada en la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, esta Corporaci\u00f3n, en sentencia que cit\u00f3, se refiri\u00f3 a la incongruencia haciendo hincapi\u00e9 en la necesidad de que la parte dispositiva de una sentencia guarde correlaci\u00f3n, tanto entre lo que concierne a los sujetos vinculados por la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, como a los elementos objetivos sobre los cuales se estructura la controversia, es decir que los juzgadores deben ajustar sus fallos a los hechos alegados por las partes en los actos de postulaci\u00f3n, pues no les es l\u00edcito alterar los t\u00e9rminos fundamentales que identifican la controversia. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que el Tribunal juzg\u00f3 el presente caso basado en hechos distintos a los expuestos por la parte demandante, sin que se trate de controvertir la interpretaci\u00f3n de la demanda, pues el error de actividad se presenta desde el momento en que el ad quem se apart\u00f3 de la causa petendi indicada en la demanda para adoptar su propia percepci\u00f3n y criterio sobre los hechos, y como consecuencia de tal descarr\u00edo acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Por mandato del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, precepto cuya finalidad se endereza a que la actividad de los jueces se ci\u00f1a al querer de las partes, pues son ellas quienes est\u00e1n en posici\u00f3n privilegiada para determinar con mayor acierto hasta d\u00f3nde debe ir la intervenci\u00f3n judicial en la composici\u00f3n del litigio. De ah\u00ed que el juez deba someterse a ese l\u00edmite decisorio y no pueda fallar menos, m\u00e1s all\u00e1 o algo diferente de lo pedido, pues en cualquiera de esos eventos, la sentencia resulta ser incongruente. Precisamente, sobre el punto ha dicho la Corte que \u201cel principio de congruencia constituye un verdadero l\u00edmite de competencia para la funci\u00f3n decisoria del juez, al propender porque cuando se desate un conflicto, el fallo definitorio no se pronuncie sobre m\u00e1s (ultra petita), menos (m\u00ednima petita) o algo diferente (extra petita) de lo que fue reclamado por las partes, en tanto ello adem\u00e1s de representar un proceder inconsulto y desmedido, podr\u00eda aparejar la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa de los demandados, quienes a pesar de avenirse a los derroteros que demarca la discusi\u00f3n dial\u00e9ctica ventilada en el juicio, se hallar\u00edan ante un decisi\u00f3n definitoria sorpresiva que, por su mismo car\u00e1cter subit\u00e1neo e intempestivo, no pudieron controvertir\u201d (Sent. Cas. Civ. de 12 de agosto de 2005, Exp. No. 1995-09714-01). <\/p>\n
En el presente caso se acusa la sentencia con fundamento en la causal 2\u00aa de casaci\u00f3n, pues se dice que el Tribunal juzg\u00f3 la simulaci\u00f3n con hechos distintos de los alegados por la parte demandante, ya que los expuestos en el libelo para sustentar la causa petendi, no son los que sirvieron de soporte al ad quem para revocar la sentencia de primera instancia y declarar la simulaci\u00f3n por interposici\u00f3n del sujeto negocial. Argument\u00f3 el casacionista que en la demanda se invocaron como supuestos f\u00e1cticos relevantes en camino a demostrar la simulaci\u00f3n, que Luis Alfonso Aguilar Uribe fue el verdadero comprador del inmueble a la Cooperativa y quien pag\u00f3 el precio. No obstante, el Tribunal dej\u00f3 de lado estos hechos, pues concluy\u00f3 que el demandado no compr\u00f3 el inmueble, por lo mismo no pag\u00f3 el precio, sino que hizo aparecer a Olga Uribe como compradora, en el momento en que \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d le regres\u00f3 a aqu\u00e9l el dominio del inmueble. Habr\u00eda entonces incongruencia, pues para el demandante fue una compra con cambio de la persona del comprador y para el Tribunal retorno de la propiedad una vez se hizo innecesaria la \u2018garant\u00eda\u2019 por desaparici\u00f3n de la deuda. <\/p>\n
A juicio de la Corte, en la cadena m\u00e1s o menos extensa de los hechos que son motor de un resultado, hay unos aleda\u00f1os a la consecuencia valorada por el derecho y otros m\u00e1s bien remotos que anteceden y que apenas podr\u00edan enlazarse causalmente con una influencia tenue y casi imperceptible. Entonces, la fuerza que vincula los hechos que preceden a un efecto no es siempre la misma, pues hay una especie de distancia causal que hace que no todos ellos tengan el mismo influjo sobre el resultado. Puestas en esta dimensi\u00f3n las cosas, aseverar que la causa de la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n es siempre y en todo caso una e inamovible, es asunto m\u00e1s complejo de lo que parece, pues en los pre\u00e1mbulos de la simulaci\u00f3n los hechos contribuyen de distinta manera a la configuraci\u00f3n del resultado seg\u00fan la distancia que los separa del suceso final. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la descripci\u00f3n e identificaci\u00f3n de las causas que inducen a la simulaci\u00f3n es asunto dif\u00edcil, por la variedad de los motivos que anteceden al concierto simulatorio. Se refiere a la Corte a que en el iter que precede a la simulaci\u00f3n se entretejen muchas circunstancias que obran de modo diferente como motor de la voluntad de los simulantes. <\/p>\n
Se a\u00f1ade a lo anterior, que los hechos antecedentes al acuerdo simulatorio tienen lugar en un per\u00edodo m\u00e1s o menos extenso, seg\u00fan las circunstancias del caso. As\u00ed, cuando en la base del prop\u00f3sito de los simulantes est\u00e1 la intenci\u00f3n de conjurar las dificultades de un juicio de sucesi\u00f3n ante la aparici\u00f3n s\u00fabita de una enfermedad terminal, la decisi\u00f3n de simular emerge de un solo golpe y el designio se consuma de inmediato con poca maduraci\u00f3n y mucha presteza. Pero no siempre es de esta manera, pues casos hay en que el tiempo que precede al acto simulado es m\u00e1s o menos dilatado. Lo anterior se dice para significar que el paso del tiempo introduce la posibilidad de que concurra un n\u00famero plural de hechos como antecedente e impulso de la simulaci\u00f3n. As\u00ed, puede ser que la simulaci\u00f3n tenga una finalidad m\u00faltiple, como acontece cuando se logran con ella varios objetivos. A manera de ejemplo, el acto por el cual el padre vende fingidamente al hijo podr\u00eda servir a los fines de presentar una situaci\u00f3n fiscal m\u00e1s favorable, evadir a los acreedores, encubrir una donaci\u00f3n, anticipar los efectos que se lograr\u00edan en un juicio de sucesi\u00f3n, evitar sus molestias, y aun restablecer el equilibrio con los otros hijos ya favorecidos. <\/p>\n
De lo dicho hasta aqu\u00ed puede concluirse que la posibilidad de madurar el designio simulatorio durante un trecho amplio, permite que la simulaci\u00f3n pueda tener varios motivos desencadenantes, que a la vez que motor de la voluntad son metas y objetivos que los simuladores se proponen lograr. <\/p>\n
As\u00ed como el tiempo m\u00e1s o menos extenso que antecede al acto simulado permite la posibilidad de multiplicaci\u00f3n de los motivos que llevan a la realizaci\u00f3n del fingimiento, el lapso que viene despu\u00e9s del simulacro tambi\u00e9n tiene relevancia. <\/p>\n
Acontece que una vez consumada la simulaci\u00f3n, perfeccionado el acto que realiza los prop\u00f3sitos de los simulantes, se crea un verdadero estado de enga\u00f1o, llamado a prolongarse, tanto como lo exijan los designios que inspiraron a los contratantes. En algunos casos la ficci\u00f3n tiene vocaci\u00f3n de permanecer por siempre, como cuando se encubre una donaci\u00f3n bajo el palio de una compraventa, apariencia que perdura hasta tanto no sea desvelada la mentira o prescriba la acci\u00f3n. <\/p>\n
En otros casos, el estado de enga\u00f1o se concebir\u00e1 en orden a una funci\u00f3n transitoria como cuando el interp\u00f3sito tiene el encargo de pasar por due\u00f1o durante alg\u00fan tiempo, pero con la carga de revertir la propiedad a su verdadero due\u00f1o. <\/p>\n
Cuando la simulaci\u00f3n est\u00e1 subordinada a permanecer apenas durante alg\u00fan tiempo, puede suceder que haya un cambio en la intenci\u00f3n original de las partes. As\u00ed, puede acontecer que en un acto simulado en el cual los simulantes convinieran en una venta ficticia para enga\u00f1ar a los acreedores, decida uno de ellos donar al otro el bien transferido mediante el acto fingido. Puede asimismo suceder que una simulaci\u00f3n urdida inicialmente para defraudar al fisco, termine siendo utilizada en desmedro de los acreedores o de la sociedad conyugal. En estos eventos es posible que ambas partes hayan compartido los motivos que llevaron a fraguar la simulaci\u00f3n, o que mientras para uno de los art\u00edfices la simulaci\u00f3n tenga una finalidad, para el otro esta sea bien diferente, como cuando quien lleva el liderazgo de la construcci\u00f3n de la apariencia enga\u00f1a a los copart\u00edcipes sobre los verdaderos motivos que mueven a ese fingimiento. Sucede tambi\u00e9n que una vez consumado el simulacro las cosas cambian de tal modo que aquello que los dos simulantes crearon contra un tercero se pueda volver contra uno de aquellos que intenta hacer valer contra el otro la apariencia y no la verdad. A manera de ejemplo, puede ocurrir que dos comuneros deciden vender simuladamente a un tercero para defraudar a sus acreedores, y superada la necesidad uno de los vendedores acuerda con el interp\u00f3sito darle verdad a lo que antes era mentira, dejando por fuera al otro. <\/p>\n
Por todo cuanto se acaba de decir, en materia de simulaci\u00f3n la nominada \u2018congruencia f\u00e1ctica\u2019, no ha de ser tan estricta que siempre deba mantenerse milim\u00e9tricamente ajustada a los perfiles exactos definidos en la demanda, pues en tanto que se mantenga lo medular, es posible la introducci\u00f3n de otros factores antecedentes de la consecuencia jur\u00eddica pedida, a condici\u00f3n s\u00ed, de que aparezcan plenamente probados en el curso del juicio y que el demandado haya podido razonablemente controvertirlos. En la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, es preciso ver sus particulares fines y objetivos para ajustar la congruencia a las necesidades pr\u00e1cticas del instituto. En esta materia, la consecuencia jur\u00eddica que el juez deduce cuando accede a las pretensiones de la demanda, est\u00e1 constituida por el hallazgo de la voluntad real, es decir, que hubo simulaci\u00f3n en la modalidad absoluta o relativa. As\u00ed las cosas, el fundamento f\u00e1ctico en la simulaci\u00f3n est\u00e1 constituido por la revelaci\u00f3n de una voluntad real, y tal evidencia emp\u00edrica, de ser descubierta, vendr\u00eda a ser la causa de que se diga en la sentencia, a manera de mandato, que el acto oculto est\u00e1 llamado a gobernar a los contratantes. <\/p>\n
Desde luego que hay otras circunstancias ubicadas en la periferia de la simulaci\u00f3n que prestan su valios\u00edsimo concurso para demostrar que hubo la intenci\u00f3n de crear la apariencia, pero que no son la apariencia misma en tanto est\u00e1n detr\u00e1s o son antecedente de ella. Entonces, cuando el juez emprende su labor heur\u00edstica, apenas tiene una hip\u00f3tesis de que las partes crearon un negocio ficticio, pero que hay otro real, y aunque para la b\u00fasqueda de esa voluntad oculta el juzgador se apoya en diversos hechos, estos no son de modo directo e inmediato la causa de que se declare que el acto es simulado, son apenas la prueba del fingimiento, por lo tanto, operan como antecedente y medio de convicci\u00f3n para demostrar el rastro dejado por el designio de las partes, adem\u00e1s que evidencian los fines que ellas persegu\u00edan. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es posible que se llegue a la conclusi\u00f3n inequ\u00edvoca de que hubo una voluntad callada, ignorando cu\u00e1l fue el motivo real que indujo a la creaci\u00f3n del simulacro. As\u00ed, cuando concurren a manera de circunstancias en el margen, aquellas que revelan que el precio es vil o irrisorio, que nunca se pag\u00f3, que el vendedor se mantuvo en la posesi\u00f3n del bien, que simult\u00e1neamente se despoj\u00f3 de todos sus bienes, que no ten\u00eda necesidad alguna de vender, ni apremio econ\u00f3mico; o que el adquirente carec\u00eda de capacidad econ\u00f3mica, que no hubo actos previos ni preparatorios, para s\u00f3lo mencionar algunos indicios, puede asegurarse razonablemente que el acto es simulado, sin que fatalmente el juez deba desvelar la causa que llev\u00f3 a fraguar la simulaci\u00f3n. Inclusive, puede acontecer que la parte demandada confiese que realmente hubo la simulaci\u00f3n pero que a ella lleg\u00f3 acuciado por la necesidad de evadir impuestos y no para defraudar a su c\u00f3nyuge, pues en tal caso se dir\u00eda que simulaci\u00f3n hubo, aunque inducida por m\u00f3viles distintos. Es posible tambi\u00e9n, que habiendo anunciado como objetivo de la simulaci\u00f3n la defraudaci\u00f3n de los acreedores, se arribe a la conclusi\u00f3n de que la intenci\u00f3n haya sido defraudar la sociedad conyugal o al fisco y que el hallazgo de la prueba de ese hecho sea el resultado de la actividad oficiosa del juzgador en materia probatoria. <\/p>\n
Entonces, dentro de la libertad probatoria que gobierna los procesos civiles y en particular la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, no es menester que desde la demanda misma el actor anuncie con toda estrictez los hechos a partir de los cuales acreditar\u00e1 la existencia de una voluntad real diferente de la declarada, ni cae el juez en falta de congruencia si encuentra que la simulaci\u00f3n existi\u00f3 a partir de elementos de prueba que aparecieron en el curso del juicio. Dicho de otro modo, no hay desarmon\u00eda cuando el juez halla demostrada la simulaci\u00f3n a partir de indicios \u2013 y la causa simulandi es uno de ellos- no mencionados en la demanda, pero acreditados plenamente a lo largo del proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo que toca con la causa simulandi ella opera desde una doble perspectiva, pues una de sus caras coadyuva para acreditar que la simulaci\u00f3n existi\u00f3 y otra es constituyente de la legitimaci\u00f3n. El prop\u00f3sito de enga\u00f1ar no est\u00e1 asociado a un simple ejercicio esc\u00e9nico, sino que tal acto se ordena hacia un fin, que generalmente consiste en defraudar a alguien, por ello, el motivo para simular ata\u00f1e tambi\u00e9n a la legitimaci\u00f3n en la causa, pues de ordinario son los acreedores, herederos o el c\u00f3nyuge en trance de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal \u2013seg\u00fan revele la causa simulandi- quienes estar\u00edan habilitados para demandar la simulaci\u00f3n, sin que sea de tal estrictez el asunto que la simulaci\u00f3n concebida para defraudar a los acreedores, no pueda estar causando perjuicios a otros, por ejemplo, a la c\u00f3nyuge que a pesar de haber consentido en la simulaci\u00f3n por interposici\u00f3n de persona para proteger el patrimonio conyugal contra los acreedores, a la postre puede verse afectada por tal estado de cosas, si la simulaci\u00f3n hecha en el pasado con otros fines, termina lesionando sus derechos en la sociedad conyugal, asunto que, en todo caso, ata\u00f1e a la posible ausencia de legitimaci\u00f3n que ha de plantearse por el sendero de la causal primera y no como aqu\u00ed se hizo bajo la acusaci\u00f3n de incongruencia. Alude la Corte a que la c\u00f3nyuge, si es que sus intereses no est\u00e1n en peligro, por ejemplo porque no hay en ciernes separaci\u00f3n de los bienes, no estar\u00eda habilitada para demandar la simulaci\u00f3n urdida para defraudar a los acreedores, y los acreedores con garant\u00eda suficiente o con cr\u00e9ditos no exigibles tampoco podr\u00edan pretender la simulaci\u00f3n pretextando que ella se hizo para enga\u00f1ar al c\u00f3nyuge, a menos que hecha la simulaci\u00f3n con este prop\u00f3sito singular, termine afectando a los acreedores, transmutaci\u00f3n de la causa simulandi que ha de verse seg\u00fan los contornos del caso. Es que el indicio antes mencionado, aunque se concibe desde antes, puede sufrir mutaciones, pues el objetivo buscado por las partes puede variar con el paso del tiempo. <\/p>\n
Se acus\u00f3 tambi\u00e9n que la inconsonancia estuvo en que la demandante plante\u00f3 que en el contrato celebrado entre \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d y Olga Uribe, hubo una venta, y que el precio de ella fue pagado por Luis Alfonso Aguilar; mientras que en la sentencia se concluy\u00f3 que el acto se hizo para revenir la propiedad que siempre fue de Luis Alfonso Aguilar, dominio que con ocasi\u00f3n de una deuda atada a una \u00abextra\u00f1a garant\u00eda\u00bb, durante alg\u00fan tiempo estuvo en poder de \u00abCoomultrasan Ltda.\u00bb, asunto que, mirado desde esa perspectiva, no presenta la incongruencia que el censor denunci\u00f3, pues sin indagar porqu\u00e9 la Cooperativa demandada dio el paso en la direcci\u00f3n de transferir el dominio a Luis Alfonso Aguilar Uribe, ya sea como venta, o como devoluci\u00f3n de la propiedad, la simulaci\u00f3n no estuvo en la naturaleza del acto, sino en la persona del comprador, y acreditado que el destinatario de la reversi\u00f3n del dominio era Aguilar Uribe y que en su lugar coloc\u00f3 a Olga Uribe como interp\u00f3sito, ello basta para hallar congruente el fallo, pues lo que se cuestiona en el juicio, no es si hubo venta o resoluci\u00f3n de un negocio anterior, sino la presencia en tal acto -el que sea- de Olga Uribe como adquirente sin serlo, de lo cual se sigue que no hubo la inconsonancia que el cargo denunci\u00f3. <\/p>\n
Por lo dicho, no prospera esta acusaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acus\u00f3 el censor la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1766 del C\u00f3digo Civil, y 267 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por error evidente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, al haber dado por demostrados, sin estarlo, los hechos que fundamentan la simulaci\u00f3n relativa deprecada, al afirmar que Olga Uribe Aguilar, aunque aparece como compradora no lo fue realmente, pues el verdadero comprador fue Luis Alfonso Aguilar Uribe, cuando no est\u00e1 probado que aquella prestara su nombre para que este \u00faltimo adquiriera el inmueble; tampoco que hubiera pagado el precio, ni existen indicios de la simulaci\u00f3n, ni de los hechos aducidos en la demanda. <\/p>\n
Argument\u00f3 el casacionista que la simulaci\u00f3n relativa por interposici\u00f3n de persona ocurre cuando se exterioriza una declaraci\u00f3n de voluntad con una persona en la que se concretan las consecuencias jur\u00eddicas inmediatas, cuando en verdad otra, que permanece oculta, es quien recibe los efectos sustanciales del negocio; el testaferro es apenas el instrumento de la relaci\u00f3n contractual pero no busca las consecuencias jur\u00eddicas que se derivan de dicha relaci\u00f3n, modalidad de simulaci\u00f3n que exige desvirtuar el contrato respecto de los intervinientes y que se origine en una causa simulandi concreta del fin perseguido por las partes para disimular lo realmente querido, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencia que cit\u00f3. <\/p>\n
Dijo el recurrente que ese acuerdo simulatorio debe probarse por cualquier medio que lleve al juzgador al convencimiento de que evidentemente hubo una interposici\u00f3n de personas, y si se acude a los indicios, las inferencias o deducciones tienen que mostrar gravedad, precisi\u00f3n y convergencia, sin dejar a la imaginaci\u00f3n del juzgador el descubrimiento de lo querido por las partes <\/p>\n
Respecto de los hechos indicadores, el casacionista fustig\u00f3 al Tribunal por omitir que no hab\u00eda causa simulandi, pues Luis Alfonso Aguilar Uribe y Magdalena D\u00edaz de Uribe, contrario a lo que se afirm\u00f3 en la demanda, no ten\u00edan desavenencias conyugales para la \u00e9poca en que el contrato se realiz\u00f3, y Luis Alfonso tampoco ten\u00eda mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica, no obstante el juzgador de segunda instancia hall\u00f3 que \u201cComultrasan Ltda.\u201d devolvi\u00f3 el t\u00edtulo de propiedad a Luis Alfonso Aguilar Uribe, sin lograr establecer porqu\u00e9 la escritura se realiz\u00f3 a favor de Olga Uribe, motivo diferente al expresado en la demanda para que las partes simularan, hecho que adem\u00e1s no tiene respaldo probatorio. <\/p>\n
En cuanto a la solvencia econ\u00f3mica de Olga Uribe Aguilar, se\u00f1al\u00f3 el censor que las pruebas acreditan que la adquirente recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo en cuant\u00eda suficiente para adquirir el predio, circunstancia que excluir\u00eda la incapacidad financiera de aquella, por el contrario, Olga incluy\u00f3 el bien dentro de su declaraci\u00f3n de renta presentada para el a\u00f1o gravable de 1995. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que no es verdad que Luis Alfonso Aguilar haya perseverado en comportarse como due\u00f1o del predio, a pesar de las declaraciones de Briceida Plata de P\u00e9rez sobre su comportamiento como tal, y por el contrario Olga Uribe realiza actos de se\u00f1or\u00edo sobre el mismo, en apoyo de lo cual describi\u00f3 las circunstancias que rodearon el arrendamiento del inmueble, pues a m\u00e1s de obrar documento en el expediente \u2013dijo del censor- en que aparece la citada demandada como arrendadora, la versi\u00f3n del arrendatario Jos\u00e9 de Jes\u00fas Zapata P\u00e1ez permite ver que este pag\u00f3 el primer canon a aquella y durante la diligencia de testimonio reconoci\u00f3 el contrato en que Javier Aguilar arrend\u00f3 pero autorizado por Olga Uribe. Adem\u00e1s, sostuvo el censor que no logr\u00f3 establecerse durante el proceso que las rentas fueran consignadas en la cuenta de ahorros de Luis Alfonso, porque los extractos bancarios allegados no permiten ver dicho acontecimiento. <\/p>\n
El casacionista asever\u00f3 que no pod\u00eda concluirse que la conducta procesal de la sociedad demandada \u201cCoomultrasan Ltda.\u201d, al contestar la demanda sin solicitar ni absoluci\u00f3n o condena, demostrara que Olga Uribe Aguilar prest\u00f3 su nombre para sustituir al verdadero comprador, pues la afirmaci\u00f3n de que la Cooperativa recibi\u00f3 el dominio de un inmueble como garant\u00eda se refiere a un negocio diferente al mencionado en la demanda como simulado, y al que entendi\u00f3 el Tribunal, tras lo cual agreg\u00f3 que si \u00abCoomultrasan Ltda.\u00bb devolvi\u00f3 la escritura de propiedad a nombre de Olga Uribe, no se sabe el porqu\u00e9 de esta transacci\u00f3n, ni si fue a t\u00edtulo gratuito u oneroso, o simplemente fingido, cuando lo cierto es que la escritura recoge una compraventa en la que la adquirente pag\u00f3 el precio y ha permanecido por muchos a\u00f1os como due\u00f1a del inmueble, antes de que se presentaran los problemas matrimoniales, situaci\u00f3n que constituye una rotunda contraevidencia en las apreciaciones del Tribunal. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el recurrente afirmando que no existe prueba directa, ni indirecta de la simulaci\u00f3n por interpuesta persona que se demand\u00f3, ni que la simulaci\u00f3n viniera de los hechos se\u00f1alados por la demandante, tampoco por los tenidos en cuenta por el Tribunal para decretarla. Por el contrario, los contraindicios que fueron ignorados por el ad quem son suficientes para demostrar que la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2413 del 23 de agosto de 1982 fue verdadera, de lo cual se deduce que el raciocinio del juzgador carece de m\u00e9rito para fundar el convencimiento acerca del negocio simulado. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
La simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos en la mayor\u00eda de los casos, aflora mediante la prueba por indicios, caso en el que el sentenciador, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe hallar plenamente acreditado en el proceso aquel hecho del cual, por inferencia l\u00f3gica, se deriva con mayor o menor fuerza causal otro hecho desconocido. En la prueba por indicios juega papel fundamental la fuerza individual de cada indicio y el elenco de todos ellos, a lo cual se suma que el juez habr\u00e1 de utilizar la l\u00f3gica, el sentido com\u00fan y las reglas de la experiencia, as\u00ed como dejar vestigio en los argumentos sobre el poder suasorio que le produce cada prueba y la suma coherente y razonada de todas ellas, de modo que pueda reconstruirse el itinerario l\u00f3gico que llev\u00f3 al juzgador a decidir como lo hizo, y as\u00ed seguir su huella sin que haya molestia para la raz\u00f3n o asome por ah\u00ed una conclusi\u00f3n absolutamente re\u00f1ida con la l\u00f3gica. <\/p>\n
Esta labor del juez goza de la natural y limitada discrecionalidad propia de la funci\u00f3n judicial que se cumple en las instancias, de tal forma que la Corte en el recurso de casaci\u00f3n, en especial cuando de la prueba por indicios se trata, tiene m\u00e1s limitado a\u00fan su campo de acci\u00f3n, pues no puede irrumpir por cualquier resquicio para la duda, sino en presencia de un yerro l\u00f3gico intolerable, esto es, de un desbarro protuberante que de no existir har\u00eda m\u00e1s s\u00f3lida la presunci\u00f3n de acierto que acompa\u00f1a a las sentencias en su tr\u00e1nsito por la Corte. <\/p>\n
Sobre la prueba de indicios, ha pregonado la jurisprudencia de la Corte que \u201cel respeto por el trabajo in iudicando del sentenciador resulta m\u00e1s acentuado cuando de ella se trata, pues salvo el caso de contraevidencia, la valoraci\u00f3n del Juez de instancia debe permanecer intacta. Y ello es as\u00ed porque, como oportunamente lo se\u00f1al\u00f3 el profesor Antonio Dellepiane, en el an\u00e1lisis indiciario no existe una \u201cdeducci\u00f3n rigurosa\u201d, sino que se trata de una operaci\u00f3n compleja realizada a trav\u00e9s de un \u201craciocinio por analog\u00eda\u201d, en el cual, de varios hechos debidamente demostrados, se infieren conclusiones desconocidas (Nueva teor\u00eda de la Prueba, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 1989, p\u00e1g. 59). Esa garant\u00eda frente al juicio del sentenciador resulta necesaria, pues de lo contrario la seguridad jur\u00eddica y judicial, producto de los fallos ahijados en las instancias, quedar\u00eda en el vac\u00edo, provocando un estado de caos que ni la sociedad, ni las instituciones toleran. <\/p>\n
Precisamente por lo anterior, de tiempo atr\u00e1s viene sosteniendo la Sala que \u2018La apreciaci\u00f3n de los indicios, de su mayor o menor gravedad y de sus relaciones entre s\u00ed, es una operaci\u00f3n de la inteligencia y de la conciencia del Juez, que no est\u00e1 ni puede estar sujeta a reglas determinadas; y un error de apreciaci\u00f3n no puede elevarse a la categor\u00eda de voluntaria y maliciosa violaci\u00f3n de las leyes sobre pruebas. Se deduce de lo expuesto que no es procedente el recurso de casaci\u00f3n por error de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba indiciaria, sino en casos especiales en que su interpretaci\u00f3n por el juzgador ha sido tan absurda que pugne con la manifiesta evidencia de los hechos, en otra forma demostrados en el proceso\u2019 (Cas. Oct. 26\/39 G.J. 1950, p\u00e1gs. 741\/42)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 10 de diciembre de 1999, Exp. No. 5320, citada por Sent. Cas. Civ. de 26 de octubre de 2004, Exp. No. 1358102). <\/p>\n
Examinado el an\u00e1lisis que el ad quem hizo sobre la prueba que reposa en el proceso, no aparece que en la sentencia se hubiera incurrido en un salto l\u00f3gico de tal magnitud que haga imprescindible el quiebre de la providencia acusada. <\/p>\n
Tampoco desbarr\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba testimonial que mostraba a Luis Alfonso Aguilar ejerciendo actos reservados al due\u00f1o, pues as\u00ed el documento memoria del contrato de arrendamiento mostrara a Olga como arrendadora, los testigos dan cuenta cabal de que el desarrollo del contrato fue cumplido con Luis Alfonso Aguilar, de lo cual se infiere que la presencia del nombre de Olga en el documento inicial es apenas compatible con lo que se quiso mostrar al momento de la simulaci\u00f3n y que el paso del tiempo no pudo ocultar: el verdadero due\u00f1o, el real arrendador era Luis Alfonso y as\u00ed se comport\u00f3 en los hechos. Adem\u00e1s, si alguna capacidad econ\u00f3mica ten\u00eda Olga Uribe Aguilar, hecho que despierta las expectativas del recurrente como contraindicio, de qu\u00e9 vale ello si es que el propio vendedor en el acto simulado declar\u00f3 que no hubo precio sino devoluci\u00f3n de un inmueble dado en virtud de una \u2018extra\u00f1a garant\u00eda\u2019. <\/p>\n
Y como si eso fuera poco, el testigo Jos\u00e9 Domingo Castellanos Lozano, abogado que en ese momento asesor\u00f3 a las partes y ajeno en lo dem\u00e1s a los intereses del litigio, declar\u00f3 fielmente que el paso de la propiedad de Luis Alfonso a la Cooperativa fue una \u00abextra\u00f1a garant\u00eda\u00bb, que luego de cubierta la deuda de aquel para con esta, y conminado Luis Alfonso para que recibiera la propiedad decidi\u00f3 que all\u00ed apareciera Olga como compradora, todo lo cual revela que hubo la simulaci\u00f3n demandada, es decir, que Olga Aguilar Uribe nada adquiri\u00f3, pues apenas ocupa el lugar que en el contrato corresponde a Luis Alfonso Aguilar. <\/p>\n
S\u00edguese de ello, que en el presente episodio procesal tenemos m\u00e1s que indicios, y por tanto la labor inferencial que respecto de los mismos hizo el Tribunal debe mantenerse inc\u00f3lume, con mayor raz\u00f3n si la tarea intelectiva viene soportada en otras pruebas que muestran n\u00edtidamente la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
No prospera el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 25 de septiembre de 2000 pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario de simulaci\u00f3n promovido por Magdalena D\u00edaz de Aguilar contra Luis Alfonso Aguilar Uribe, Olga Uribe Aguilar y la Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander Ltda. \u201cCoolmutrasan Ltda.\u201d. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a los demandados recurrentes. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-339-2005 [6800131030031996-19728-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., quince de diciembre de dos mil cinco Ref. Exp. No. 680013103003-1996-19728-02 Se decide el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83162","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83162\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}