SC-342-2005 [1100131030241996-25941-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la Empresa Agroindustrial Cooperativa, Empresagro, respecto de la sentencia de 5 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente contra Almacenes Generales de Dep\u00f3sito del Comercio S. A., Almadelco. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En lo pertinente, en la demanda se afirma que la sociedad demandante, en cumplimiento de su objeto social, import\u00f3, a comienzos de 1995, 22.000 toneladas de urea. <\/p>\n
La sociedad demandada, por circunstancias diversas, fue designada consignataria de la mercanc\u00eda, como as\u00ed se lee en los cuatro conocimientos de embarque que cre\u00f3o el transportador mar\u00edtimo, cada uno representativo de 5.500 toneladas de urea, y adem\u00e1s se le confi\u00f3 la calidad de intermediario aduanero de la totalidad del cargamento. <\/p>\n
Como la demandada carec\u00eda de la capacidad para manipular el manejo y almacenar amiento de la mercanc\u00eda, el importador, con aquiescencia de aqu\u00e9lla, contrat\u00f3 con Almaviva S. A., que es un dep\u00f3sito autorizado, el manejo de parte de la mercanc\u00eda, tal cual \u201cconsta en las comunicaciones de fecha 1\u00ba de marzo de 1995, enviada por ALMAVIVA a EMPRESAGRO, y de fecha 14 de marzo de 1995, enviada por EMPRESAGRO a ALMAVIVA\u201d. <\/p>\n
Para lo anterior, a Almaviva se le asign\u00f3 las escotillas 1 y 2 del buque, que conten\u00edan, en teor\u00eda, 3.550 y 2.406 toneladas de urea, de las cuales se nacionaliz\u00f3 una parte,aron \u00fanicamente 4.000 toneladas, previo endoso a su favor por parte de Almadelco del conocimiento de embarque No.1. <\/p>\n
De la misma manera, Almadelco endos\u00f3 a Aloccidente S. A., los conocimientos de embarque 3 y 4 para la nacionalizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas que representaban, quien procedi\u00f3 de conformidad por cuenta de Empresagro. <\/p>\n
La sociedad demandada conserv\u00f3 el original del conocimiento de embarque No. 2 para actuar como intermediaria aduanera de las 5.500 toneladas de urea que representaba, pero \u00fanicamente hizo la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n de 4.098.76 toneladas, respecto de las cuales la demandante pag\u00f3 los tributos y obtuvo su levante. <\/p>\n
El remanente de 1.359 toneladas de urea, almacenadas en Almaviva, que no fueron nacionalizadas del conocimiento de embarque No. 2, la Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Divisi\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, las declar\u00f3 en abandono a favor de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Siendo necesario el \u201crescate\u201d de la anterior mercanc\u00eda, declarada en abandono, Empresagro solicit\u00f3 para el efecto, el 17 de agosto de 1995, el concurso de Almadelco, su intermediario aduanero y tenedor del conocimiento de embarque No. 2, pero \u00e9sta, en la misma fecha, lo rehus\u00f3 aduciendo \u201ccausas de conveniencia empresarial\u201d, raz\u00f3n por la cual no tuvo alternativa distinta que recurrir, con ese mismo prop\u00f3sito, a Almaviva. <\/p>\n
En cumplimiento de ese encargo, Almaviva, en comunicaci\u00f3n de 22 de agosto de 1995, solicit\u00f3 a Empresagro los \u201cfondos requeridos y la documentaci\u00f3n original B\/1\u201d, entre otros, por no reposar en su poder. Igualmente, como el conocimiento de embarque No. 2 se encontraba en poder de Almadelco, el 24 de agosto del mismo a\u00f1o, le solicit\u00f3 su endoso y entrega, todo lo cual se cumpli\u00f3 el mismo d\u00eda, obteni\u00e9ndose con \u00e9xito el rescate. <\/p>\n
Almadelco, por lo tanto, en consecuencia, \u201cincumpli\u00f3 en forma grave las obligaciones contractuales que, en su condici\u00f3n de intermediario aduanero y de consignatario de la mercanc\u00eda\u201d, hab\u00eda contra\u00eddo con Empresagro, irrog\u00e1ndole cuantiosos perjuicios, raz\u00f3n por la cual debe ser indemnizada. <\/p>\n
2.- Fundada en el A partir del anterior recuento f\u00e1ctico, la demandante solicit\u00f3 que se declarara que la sociedad demandada incumpli\u00f3 parcialmente las obligaciones derivadas del contrato de intermediaci\u00f3n aduanera y que como consecuencia se le condenara a pagar, indexadas y con intereses corrientes, las sumas que sufrag\u00f3 para obtener el rescate, para pagar el exceso del tributo aduanero y para cubrir lo concerniente al bodegaje, as\u00ed como el menor valor de la mercanc\u00eda rescatada colocada en el mercado, todo lo cual discrimina. <\/p>\n
solicita que se declare condene a la sociedad demandada a pagar las cantidades que discrimina por el valor del rescate <\/p>\n
3.- La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, aduciendo, en t\u00e9rminos generales, que su obligaci\u00f3n de intermediario aduanero se redujo a las toneladas de urea que recibi\u00f3, carg\u00f3, transport\u00f3 y almacen\u00f3, lo cual cumpli\u00f3 a partir del 13 de marzo de 1995, dado que, por las razones que la misma demandante se\u00f1al\u00f3, esa precisa obligaci\u00f3n fue compartida con otros dep\u00f3sitos autorizados, conforme al volumen de mercanc\u00eda que recibieron. <\/p>\n
Las 1.359 toneladas de urea del proceso, por lo tanto, debieron nacionalizarse por Almaviva, quien fue la que las recibi\u00f3, carg\u00f3, transport\u00f3 y almacen\u00f3, como as\u00ed lo hizo con otro volumen mucho mayor tambi\u00e9n dejado en sus dep\u00f3sitos, a cuyo efecto necesariamente tuvo que endos\u00e1rsele, el 27 de marzo de 1995, o antes, el conocimiento de embarque No. 2, porque para esos efectos era un requisito legal ineludible, o lo que es lo mismo, sin el endoso no habr\u00eda podido recibirlas, cargarlas, transportarlas ni almacenarlas. <\/p>\n
Fundada en esos mismos hechos, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que nomin\u00f3 \u201causencia de legitimaci\u00f3n pasiva\u201d, entre otras que as\u00ed dio en llamar. <\/p>\n
4.- Al encontrar que las 1.359 toneladas de urea fueron nacionalizadas extempor\u00e1neamente, el 24 de agosto de 1995, por quien en su sentir estaba obligada, esto es, por Almaviva, la sociedad demandada le denunci\u00f3 a \u00e9sta el pleito, para que le indemnizara los perjuicios que \u201cllegare a sufrir como consecuencia de una eventual sentencia adversa\u201d, a cuyos efectos, luego de admitida esa especie de intervenci\u00f3n, la denunciada se opuso frontalmente. <\/p>\n
El demandado <\/p>\n
se opuso a las pretensiones, a cuyo efecto neg\u00f3 las relaciones sexuales con la madre de la demandante para la \u00e9poca en que se presume legalmente la concepci\u00f3n de \u00e9sta, a la par que formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u201cplurium constupratorum\u201d, entre otras que consider\u00f3 como tales. <\/p>\n
54.- El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 24 de febrero de 2003, declar\u00f3 no probadas las que se nominaron excepciones de m\u00e9rito, y tras encontrar a Almadelco responsable del incumplimiento contractual, le impuso las condenas pedidas en su contra, salvo la del menor valor de colocaci\u00f3n de la mercanc\u00eda rescatada en el mercado, a la par que exoner\u00f3 a Almaviva, decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 al resolver los recursos de apelaci\u00f3n que interpusieron ambas partes, para en su lugar, negarlas.Sexto de Familia de Medell\u00edn, mediante sentencia de 23 de julio de 2004, declar\u00f3 infundadas las excepciones y accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el demandado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- En lo pertinente, al precisar el grado de responsabilidad que le asist\u00eda al mandatario en su labor de intermediaci\u00f3n aduanera, el Tribunal consider\u00f3 que era la derivada de la culpa grave, porque el contrato se hab\u00eda celebrado en inter\u00e9s de la demandante, por ser la propietaria de la mercanc\u00edal acreedor, y que como se trataba de obligaciones de medio, pues el agente aduanero deb\u00eda emplear \u00fanicamente los conocimientos, talentos y habilidades para nacionalizar la mercanc\u00eda, al deudor se le presum\u00eda inocente, raz\u00f3n por la cual al demandante le incumb\u00eda demostrar aquella especie de culpa. <\/p>\n
2.- Establecidas, con referencia a las normas que regulaban la materia, las funciones de los agentes de aduana, el sentenciador dej\u00f3 sentado que antes de la llegada de la mercanc\u00eda a puerto se hab\u00eda celebrado un contrato de dep\u00f3sito en el que se design\u00f3 como consignatario de la misma a Almadelco, quien a su vez, tambi\u00e9n como agente aduanero, hab\u00eda asumido la obligaci\u00f3n de nacionalizarla. <\/p>\n
Seguidamente se\u00f1al\u00f3 que como la depositaria carec\u00eda de la capacidad para el manejo y almacenamiento de las 22.000 toneladas de urea, esto origin\u00f3, con la aquiescencia de Almadelco, que Empresagro contratara a Almaviva, para el manejo, dep\u00f3sito y nacionalizaci\u00f3n de parte del cargamento, concretamente las escotillas 2 y 1, en su orden, con 2.405 y 3.550 toneladas de \u00fareaurea, entre las cuales se encontraban las 1.359 toneladas declaradas en abandono por parte de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed qued\u00f3 recogido en las comunicaciones de 1\u00ba de marzo de 1995, contentiva de la oferta que en tal sentido hizo Almaviva, y de 14 de marzo del mismo a\u00f1o, mediante la cual Empresagro acept\u00f3 esa oferta sin reparo u objeci\u00f3n. En el libelo, hecho 10, la misma demandante lo confes\u00f3, cuesti\u00f3n que admiti\u00f3 la sociedad demandada al contestarlo, adem\u00e1s esta conclusi\u00f3n se corroboraba con la planilla de env\u00edo de la carga al lugar de almacenamiento autorizado de 27 de marzo de 1995. <\/p>\n
Fundado en lo anterior, el Tribunal imbal concluy\u00f3 que Empresagro, en un nuevo negocio jur\u00eddico, posterior al acordado con Almadelco, hab\u00eda celebrado un contrato con Almaviva no s\u00f3lo para el dep\u00f3sito de la u\u00farea tantas veces referida, sino que \u201ctambi\u00e9n le otorg\u00f3 mandato para su nacionalizaci\u00f3n, puntualiz\u00e1ndole a su nueva depositaria la obligaci\u00f3n de coordinar oportunamente con Almadelco lo concerniente a la documentaci\u00f3n -B\/L (conocimiento de embarque) y las facturas- para efectos de la nacionalizaci\u00f3n de esa parte de la mercanc\u00eda\u201d. <\/p>\n
En suma, para el sentenciador, a Almadelco no se le pod\u00eda \u201cendilgar conducta o proceder negligente, de haber actuado con imprevisi\u00f3n o descuido, de no haber actuado con prudencia y en oportunidad adosando la documentaci\u00f3n indispensable para la legalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda antes referida, al punto de hacerla responsable de los perjuicios que ese actuar imprudente le ocasion\u00f3 a la ahora demandante, por una elemental raz\u00f3n: la demandada no era la depositaria y agente aduanera de esa parte de la mercanc\u00eda, al igual que sucedi\u00f3 con otra parte de la urea al ser consignada y oficiar como agente de aduana, entre otros Aloccidente\u201d. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que tambi\u00e9n encontr\u00f3 soportada en lo declarado por Luis Henao Vallejo, Daniel Estacio Quintero y C\u00e9sar A. V\u00e1squez, de quienes dijo que al respecto hab\u00edan sido \u201cclaros, exactos y responsivos\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, frente a la \u201causencia de demostraci\u00f3n de uno de los elementos concurrentes de la responsabilidad civil contractual, como era la \u201cpreexistencia de un vinculo convencional entre las partes principales del proceso\u201d, el sentenciador concluy\u00f3 que deb\u00eda \u201crevocarse el fallo de primer grado\u201d y, en su lugar, acoger la que la sociedad demandada hab\u00eda dado en llamar como excepci\u00f3n \u201causencia de legitimaci\u00f3n por pasiva\u201d. <\/p>\n
como igualmente \u201csucedi\u00f3 con otra parte de la \u00farea al ser consignada y oficiar como agentes de aduana, entre otros, Aloccidente\u201d. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, el sentenciador absolvi\u00f3 a la sociedad demandada al no tener, para efectos de la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda declarada en abandono, la representaci\u00f3n de la propietaria de la misma. <\/p>\n
3.- Con relaci\u00f3n a la denuncia del pleito contra Almaviva, el Tribunal consider\u00f3 que frente a ante la decisi\u00f3n a tomar no cab\u00eda hacer pronunciamiento sobre el particular, pues pese a que inicialmente se\u00f1al\u00f3 que tal instituto ten\u00eda aplicaci\u00f3n para hacer efectiva la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n, al negar la seg\u00fan lo explic\u00f3 al negar la adici\u00f3n de la sentencia explic\u00f3 que , la denunciada no ten\u00eda la condici\u00f3n estricta de demandada, en tanto que lo concerniente a la relaci\u00f3n sustancial con su denunciante \u00fanicamente se estudiar\u00eda en el evento de que \u00e9ste resultara condenado. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
De Llos siete cargos propuestos, todos al abrigo del art\u00edculo 368 numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte los resolver\u00e1 en el mismo orden propuesto, pero acumulados los dos primeros y los cuatro siguientes, por servirse de consideraciones comunes, como en su momento se indicar\u00e1. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1604 y 2155 del C\u00f3digo Civil, 822 del C\u00f3digo de Comercio, 11 y 17 del Decreto 2532 de 1994. <\/p>\n
2.- Manifiesta la recurrente que como las disposiciones que se citan establecen que en el contrato de mandato, gratuito, que no es el del caso, o remunerado, el mandatario responde hasta por la culpa leve, mucho m\u00e1s cuando \u00e9ste es un profesional calificado, como es el agente de aduanas, el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicarlas, al graduar la responsabilidad bajo la \u00e9gida de la culpa lata o grave, en el af\u00e1n de exonerar a la sociedad demandada de la presunci\u00f3n de culpa contractual que gravitaba en su contra, bajo el entendido\u00f3 de que se trataba de un contrato celebrado en inter\u00e9s exclusivo del acreedor, y radicar la carga de la prueba de ese elemento en la demandante. <\/p>\n
3.- Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada, porque probado que la mercanc\u00eda se nacionaliz\u00f3 extempor\u00e1neamente, a Almadelco le incumb\u00eda presentar la prueba de la ausencia de culpa. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 23 y 107 del Decreto 1909 de 1992. <\/p>\n
2.- Afirma la recurrente que el Tribunal, luego de concluir que las obligaciones del agente aduanero eran de medio, en cuanto \u00e9ste, independientemente del resultado, le correspond\u00eda emplear todos sus conocimientos, talentos y habilidades para obtener la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda, desconoci\u00f3 las disposiciones citadas, porque las mismas hac\u00edan a esos profesionales solidariamente responsables por los tributos aduaneros, de las sanciones derivadas de su actuaci\u00f3n y del incumplimiento de obligaciones aduaneras. <\/p>\n
3.- Como esa solidaridad, al menos frente al Estado, implicaba un resultado, la el recurrente solicita que se case la sentencia impugnada recurrida y se confirme la responsabilidad contractual de la demandada, en el grado de culpa leve, como agente aduanero y depositaria de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que el deudor deb\u00eda responder por la culpa grave, porque la obligaci\u00f3n de nacionalizar la mercanc\u00eda era un negocio jur\u00eddico que s\u00f3lo beneficiaba a la parte actora, y que como se trataba de una obligaci\u00f3n de medio, pues el agente aduanero \u00fanicamente estaba compelido a aplicar todos sus conocimientos, talento y habilidades, caso en el que la culpa de \u00e9ste, en el grado dicho, no se presum\u00eda, es evidente que esas afirmaciones resultaron marginales o accidentales, intrascendentes, por la tanto, en la decisi\u00f3n final, dado que las pretensiones se negaron simplemente porque la sociedad demandada no era la depositaria y agente aduanera de la mercanc\u00eda declarada en abandono por la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien el sentenciador reconoci\u00f3, por las razones que adujo, que la sociedad demandada hab\u00eda sido designada depositaria y agente de aduanas de toda la mercanc\u00eda importada, igualmente concluy\u00f3 que a la llegada del cargamento a puerto, esa \u201crelaci\u00f3n contractual inicial\u201d hab\u00eda sido modificada, \u201cdando nacimiento a un lazo contractual diferente\u201d, ante la imposibilidad que tuvo la sociedad demandada para manejar y almacenar la totalidad de los bienes importados. <\/p>\n
Fundado, en efecto, en algunos medios probatorios, expresamente se\u00f1al\u00f3 que con aquiescencia de Almadelco, consignatar\u00eda de la mercanc\u00eda, Empresagro, destinataria y due\u00f1a de la misma, hab\u00eda contratado los servicios de Almaviva, para el manejo, dep\u00f3sito y nacionalizaci\u00f3n de parte del cargamento. Ah\u00ed, por consiguiente, se perfeccion\u00f3 el \u201cnuevo contrato de dep\u00f3sito\u201d, a la par que se otorg\u00f3 el \u201cmandato para la nacionalizaci\u00f3n de esa parte de la urea\u201d, entre la cual precisamente se encontraba la que fue declarada en estado de abandono a favor de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Frente a lo anterior, claramente se observa que los elementos a que se refieren los dos cargos que se resuelven conjuntamente, lo que por s\u00ed amerita despacharlos a la vez, no fueron los determinantes de la decisi\u00f3n, porque para arribar al aspecto subjetivo de la relaci\u00f3n contratual, esto requer\u00eda, necesariamente, dejar sentado, sin discusi\u00f3n alguna, la existencia del v\u00ednculo obligacional entre Empresagro y Almadelco, al menos en lo que concierne con la intermediaci\u00f3n aduanera. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la ausencia de ese presupuesto antecedente, esto es, la \u201cpreexistencia de un v\u00ednculo convencional entre las partes principales\u201d, fue el que realmente origin\u00f3 el reconocimiento de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito nominada como \u201causencia de legitimaci\u00f3n por pasiva\u201d y la revocatoria de la sentencia del juzgado, surge claro que el fundamento toral de la decisi\u00f3n del Tribunal es ese, que no otro, y por ende, el llamado a combatirse, como en efecto se hace en algunos de los cargos siguientes, raz\u00f3n por la cual no hay lugar siquiera a examinar si son acertadas las conclusiones que ahora se reprochan. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte tiene explicado que los \u201ccargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido con el objeto de desvirtuarlos o quebrantarlos\u201d. Por eso, \u201ccuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos, son inoperantes\u201d, el recurrente no puede \u201calegar con \u00e9xito, razones o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u201d1. <\/p>\n
3.- Los cargos, por lo tanto, no se abren paso. <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 651, 767, 619, 887, 824, 898, 1636 y 1637 del C\u00f3digo de Comercio, 33 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y 23 del Decreto 1909 de 1992. <\/p>\n
2.- Confrontada la sentencia con el contenido de las anteriores normas, la recurrente sostiene que siendo t\u00edpicas y espec\u00edficas al caso, no se tuvo en cuenta que la supuesta modificaci\u00f3n, contrataci\u00f3n o perfeccionamiento de un nuevo negocio jur\u00eddico en materia aduanera, seg\u00fan el Tribunal, en marzo de 1995, requer\u00eda el cumplimiento de requisitos solemnes. <\/p>\n
En efecto, la transferencia de la calidad jur\u00eddica de \u201cconsignatario\u201d e \u201cintermediario aduanero\u201d \u00fanicamente se pod\u00eda realizar mediante el endoso y entrega material del respectivo conocimiento de embarque, requisito que, por lo dem\u00e1s, se erig\u00eda como indispensable para que un profesional en el ramo pudiera nacionalizar las 1.359 toneladas de \u00fareaurea, pero en el caso el endoso de ese t\u00edtulo valor lo cumpli\u00f3 Almadelco a favor de Almaviva hasta el 24 de agosto de 1995. <\/p>\n
3.- Concluye la recurrente que si el Tribunal aplica las normatividad en comento, habr\u00eda encontrado que aparte del contrato de dep\u00f3sito, entre ella y Almaviva no se hab\u00eda celebrado, en mazo de 1995, un contrato de mandato para la intermediaci\u00f3n aduanera en referencia. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 619, 647, 871, 1636 y 1637 del C\u00f3digo de Comercio, y 23 del Decreto 1909 de 1992, como consecuencia de errores probatorios. <\/p>\n
2.- Expresa la recurrente que al ser distinto el contrato de dep\u00f3sito y el de intermediaci\u00f3n aduanera, la al disputa se reduce a determinar no quien ten\u00eda materialmente la tenencia material de las 1.359 toneladas de u\u00farea, sino quien estaba obligado a nacionalizar esa mercanc\u00eda antes de que fuera declarada en estado de abandono, porque lo cierto es que, respecto de lo primero, su depositario siempre fue Almaviva. <\/p>\n
Agrega que esa obligaci\u00f3n estuvo en cabeza de la demandada, inclusive hasta el 24 de agosto de 1995, fecha en la que endos\u00f3 a Almaviva el conocimiento de embarque No. 2. Pero como el Tribunal entendi\u00f3 que esta \u00faltima sociedad era la que deb\u00eda nacionalizar la mercanc\u00eda, al solicit\u00e1rsele, en marzo de ese mismo a\u00f1o, los servicios de depositaria, seg\u00fan \u201ccotizaci\u00f3n y planilla de carga\u201d, incurri\u00f3 en error de hecho al pretermitir apreciar algunas pruebas que indicaban que en agosto, inclusive, Almadelco manten\u00eda en su poder el conocimiento de embarque. <\/p>\n
La comunicaci\u00f3n de 2 de mayo, mediante la cual la demandada solicit\u00f3 a Empresagro que situara los fondos para nacionalizar 4.098.76 toneladas de \u00fareaurea correspondientes al conocimiento de embarque No. 2. Las declaraciones de importaci\u00f3n de esa mercanc\u00eda de 9 de mayo. La carta de 22 de agosto, en la cual Almaviva requiri\u00f3 a Empresagro que girara los fondos para nacionalizar las 1.359 toneladas de \u00fareaurea y remitiera el original del citado conocimiento de embarque. El documento de 24 de agosto, donde se deja constancia que Almaviva recibe sin endioso el \u201cB\/L No. 2\u201d. La solicitud de endoso de ese t\u00edtulo valor que Almaviva hace a Almadelco el 24 de agosto. Por \u00faltimo, dos autenticaciones de 24 de agosto de copias del citado conocimiento de embarque, una sin endoso y otra con el endoso. <\/p>\n
3.- Afirma la recurrente que las anteriores pruebas demuestran que la transferencia de la calidad de agente aduanero, no pudo realizarse en marzo de 1995, porque en mayo de ese mismo a\u00f1o, precisamente por ostentar la sociedaed demandada el conocimiento de embarque, sin el cual no habr\u00eda podido hacerlo, nacionaliz\u00f3 parte del cargamento. <\/p>\n
Concluye que la Almadelco, como tenedora leg\u00edtima del t\u00editulo, mantuvo las calidades jur\u00eddicas de consignatario e intermediario aduanero de Empresagro, \u201cantes, durante y despu\u00e9s del 9 mayo de 1995\u201d, y como tal, la \u00fanica legitimada para nacionalizar la mercanc\u00eda objeto de controversia. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 651, 887, 898 y 1636 del C\u00f3digo de Comercio, y 23 del Decreto 1609 de 1992, como consecuencia de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
2.- Sostiene la recurrente que el Tribunal tergivers\u00f3 la oferta y aceptaci\u00f3n de 1\u00ba y 14 de marzo de 1995, porque aparte de que no eran id\u00f3neos para transferir las calidades jur\u00eddicas de consignatario y endosatario, supuso en esas comunicaciones el contrato de intermediaci\u00f3n aduanera entre ella y Almaviva, cuando no coinciden en las fechas de cotizaci\u00f3n ni en los destinatarios de la misma. <\/p>\n
3.- El sentenciador, por lo tanto, viol\u00f3 las disposiciones citadas, al darle a una cotizaci\u00f3n de servicios aduaneros los alcances de un contrato de mandato. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 651, 887, 898 , 887, 651 y 1636 del C\u00f3digo de Comercio, 16, 17, 18, 23, 28, 19, 102 y 103 del Decreto 1909 de 1992. <\/p>\n
2.- Asevera la recurrente que el Tribunal tergivers\u00f3 la planilla de carga de 27 de marzo de 1995, la confesi\u00f3n del hecho d\u00e9cimo de la demanda y unos testimonios, pruebas en las cuales tambi\u00e9n apuntal\u00f3 la conclusi\u00f3n sobre que en marzo de 1995 se celebr\u00f3 un nuevo contrato de mandato aduanero entre Empresagro y Almaviva. <\/p>\n
La planilla de carga, porque una cosa es la \u201centrega\u201d, \u201ctraspaso\u201d, \u201ctraslado\u201d, \u201cenv\u00edo\u201d, \u201cremisi\u00f3n\u201d, \u201cdep\u00f3sito\u201d o \u201calmacenamiento\u201d de mercanc\u00eda recibida del exterior a un deposito autorizado, y otra su \u201cretiro\u201d o \u201clevante\u201d. Si lo \u00faltimo tiene lugar despu\u00e9s de la nacionalizaci\u00f3n y lo primero no puede confundirse con el mandato aduanero, para el traslado f\u00edsico de las 1.359 toneladas de \u00fareaurea no se requer\u00eda del endoso del conocimiento de embarque a favor de Almaviva, pues la planilla de carga, seg\u00fan su tenor literal, simplemente autoriz\u00f3 el traslado de las mercanc\u00edas del puerto de arribo a un dep\u00f3sito autorizado. <\/p>\n
La confesi\u00f3n, porque \u00fanicamente hac\u00eda alusi\u00f3n a que con Almaviva se contrat\u00f3 el \u201cbodegaje y almacenamiento en dep\u00f3sito de las 1.359 toneladas de \u00fareaurea\u201d, que no el mandato aduanero, pues \u00e9ste se conservaba con Almadelco.. <\/p>\n
Y Los testimonios de Daniel Estacio Quintero y C\u00e9sar A. V\u00e1squez, por sospechosos, dado que para la \u00e9poca eran empleados de la sociedad demandada, am\u00e9n de que el primero desconoc\u00edae los hechos, y el de Luis Henao Vallejo, por irrelevante, al no saber nada sobre de t\u00edtulos valores. <\/p>\n
3.- Aunado Por lo anterior, aunado a que para la intermediaci\u00f3n aduanera se requer\u00eda no bastaba un acuerdo de voluntades, sino la transferencia, mediante el endoso, del conocimiento de embarque No.2, como lo ha reiterado en otros cargos, la recurrente solicita que se declare fundada la acusaci\u00f3n. a fundada la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Los anteriores cargos se ligan para su estudio porque, en t\u00e9rminos generales, en todos se entronca el argumento, seg\u00fan el cual, el encargo aduanero, dirigido a la nacionalizaci\u00f3n de bienes importados, \u00fanicamente pod\u00eda instrumentarse mediante el endoso y entrega del respectivo conocimiento de embarque. <\/p>\n
Por esto, seg\u00fan la recurrente, en el caso, no pod\u00eda sostenerse que, en marzo de 1995, la sociedad demandada hab\u00eda quedado relevada de nacionalizar las 1.359 toneladas de urea que fueron declaradas en abandono, como se comprometi\u00f3 inicialmente, inclusive con toda la importaci\u00f3n, porque el endoso y entrega del t\u00edtulo valor lo realiz\u00f3 el 24 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.- La disputa, entonces, como se observa, se reduce a establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que entre la demandante y un tercero se hab\u00eda concertado, en marzo de 1995, un nuevo contrato de mandato para nacionalizar parte de la mercanc\u00eda importada, entre la cual precisamente se encontraba las toneladas de urea declaradas en abandono. <\/p>\n
Si bien son distintos el endoso, en cuanto para su existencia se requiere cumplir las formalidades previstas en el art\u00edculo 654 del C\u00f3digo de Comercio, y el mandato en general, que por la forma en que los art\u00edculos 2149 y 2150 del C\u00f3digo Civil entienden expresada la voluntad de las partes, se ha catalogado como el m\u00e1s consensual de los contratos, conviene precisar, sin embargo, que en materia comercial, trat\u00e1ndose del mandato representativo, esa representaci\u00f3n es accesoria al mandato, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1262. <\/p>\n
En ese sentido, por lo tanto, se distinguen el mandato y el acto de apoderamiento, as\u00ed \u00e9ste sea una consecuencia de aqu\u00e9l, para significar que el primero por s\u00ed no confiere la representaci\u00f3n del mandante y que el segundo es un acto aut\u00f3nomo e independiente de su causa. De ah\u00ed que se hable de la coexistencia de dos actos jur\u00eddicos, uno bilateral, el contrato de mandato, y otro unilateral, el acto de procuraci\u00f3n. <\/p>\n
Distinci\u00f3n que es de capital importancia para efectos probatorios, porque si el contrato de mandato es esencialmente consensual, cualquier medio probatorio ser\u00eda id\u00f3neo para establecerlo. En cambio, cuando se trata de acreditar el acto de apoderamiento ante terceros y los poderes se refieren a asuntos respecto de los cuales la ley exige cierta formalidad, la prueba tendr\u00eda que restringirse a la solemnidad del escrito. <\/p>\n
El art\u00edculo 23, inciso 1\u00ba del Decreto 1909 de 1992, vigente para la \u00e9poca de los hechos, exig\u00eda al importador la obligaci\u00f3n de presentar la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, quien para tales prop\u00f3sitos no s\u00f3lo pod\u00eda actuar \u201cpersonalmente\u201d, sino tambi\u00e9n \u201ca trav\u00e9s de apoderado o mediante mandatario especial\u201d. En ambos casos, el art\u00edculo 32, literal g), ib\u00eddem, igualmente demandaba del importador la carga de conservar, por un tiempo determinado, para efectos aduaneros, entre otros \u201cdocumentos\u201d, el \u201cpoder o mandato\u201d cuando la declaraci\u00f3n se presentaba a trav\u00e9s de \u201capoderado o mandatario\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, empero, no significaba que el r\u00e9gimen aduanero de la \u00e9poca hubiere trocado de consensual a solemne el contrato de mandato, menos en la actualidad el art\u00edculo 121, literal g) del Decreto 2685 de 1999. La exigencia del \u201cdocumento\u201d deb\u00eda entenderse referida al acto de apoderamiento, porque lo que se reclamaba es que los terceros a quienes iba dirigido, al no ser parte del mandato que subyac\u00eda en el acto de representaci\u00f3n, conocieran las facultades del \u201capoderado\u201d o \u201cmandatario especial\u201d. Distinto es que el aludido contrato conllevara la representaci\u00f3n o se encontrara anexa al mismo, caso en el cual la formalidad del escrito se exig\u00eda no porque el mandato fuera solemne, sino porque era representativo. <\/p>\n
Desde luego que el acto de procuraci\u00f3n tambi\u00e9n pod\u00eda instrumentarse, con las mismas caracter\u00edsticas dichas, en un endoso especial aduanero, entendido como una herramienta \u00e1gil al alcance de las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera para llevar a cabo los tr\u00e1mites de importaci\u00f3n, entre otros, al punto que no trasfer\u00eda el dominio de las mercanc\u00edas representadas en el respectivo documento de transporte, esto es, en la carta de porte o en el conocimiento de embarque. As\u00ed se estableci\u00f3, inclusive nomin\u00e1ndolo como \u201cendoso aduanero\u201d, no s\u00f3lo en la Resoluci\u00f3n 3083 de 1990 emanada de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino tambi\u00e9n en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2685 de 1999, mediante el cual igualmente se derog\u00f3 el Decreto 1909 de 1992. <\/p>\n
3.- Aplicadas las anteriores directrices al caso, surge di\u00e1fano que el Tribunal no pudo incurrir en los errores que en los cargos tercero y cuarto se denuncian. <\/p>\n
3.1.- El tercero, porque para poder hablar del acto de procuraci\u00f3n o de apoderamiento, inclusive mediante el \u201cendoso aduanero\u201d, se supon\u00eda que en \u00e9l subyac\u00eda un contrato de mandato entre las partes, dado que, como qued\u00f3 explicado, \u00e9ste es un acto bilateral y sus efectos se predican entre mandante y mandatario, en tanto que en aqu\u00e9l, como acto unilateral que es del representado, simplemente es una consecuencia de dicho contrato, cuya finalidad no es otra que precisar, frente a terceros, los poderes de representaci\u00f3n del mandatario. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos de la sentencia impugnada, el Tribunal no ten\u00eda necesidad de referirse al acto de procuraci\u00f3n, porque para arribar a ese estadio se impon\u00eda que la relaci\u00f3n contractual entre demandante y demandada, respecto de la cual en el mismo libelo se predic\u00f3 fue incumplida parcialmente, estuviera suficientemente acreditada. Ese contrato fue el que ech\u00f3 de menos el sentenciador, inclusive a partir de reconocer que a Almadelco se le hab\u00eda encomendado desde un comienzo la nacionalizaci\u00f3n de toda la importaci\u00f3n, solo que por circunstancias diversas, surgi\u00f3 un nuevo contrato de mandato, con ese mismo prop\u00f3sito, entre Empresagro, importador y propietario de la mercanc\u00eda, y un tercero, pero respecto de parte del cargamento, en el cual se inclu\u00eda el declarado en abandono. <\/p>\n
3.2.- El cargo cuarto, por lo mismo, caer\u00eda al vaci\u00f3, dado que si en \u00e9l se discurre sobre la fecha del endoso del conocimiento de embarque No. 2 de Almadelco a Almaviva, concretamente si se pregunta qui\u00e9n era, para efectos aduaneros, leg\u00edtimo tenedor del t\u00edtulo valor \u201cantes, durante y despu\u00e9s del 9 de mayo de 1995\u201d, inclusive en el caso de que el mandato tambi\u00e9n se encontrara impl\u00edcito en el endoso (art\u00edculo 2149 del C\u00f3digo Civil), pero distinto del acto de representaci\u00f3n, como igualmente lo sostienes la doctrina especializada2, ning\u00fan sentido, entonces, tendr\u00eda hablar de lo que ocurri\u00f3 alrededor del endoso y entrega de ese t\u00edtulo valor, porque como se recuerda, el Tribunal absolvi\u00f3 a la parte demandada por haber concluido que ese contrato de mandato fue modificado, en cuanto se ajust\u00f3 uno nuevo con un tercero, al menos en relaci\u00f3n con parte de las mercanc\u00edas representadas en el conocimiento de embarque No. 2. <\/p>\n
Distinto es que habi\u00e9ndose extinguido, por las razones que fueren, el primitivo contrato de mandato y celebrado uno nuevo, la sociedad demandada no hubiere \u201cadosado\u201d oportunamente, en palabras del sentenciador, los documentos necesarios para facilitar la gesti\u00f3n de ese otro mandatario, y esto haya sido lo que realmente origin\u00f3 los perjuicios reclamados. <\/p>\n
3.3.- Interpretando, en gracia de discusi\u00f3n, el texto de la demanda en ese sentido, tampoco por ese cauce el recurso tendr\u00eda \u00e9xito, porque como bien es sabido, para que un error de hecho sea suficiente para infirmar una sentencia en casaci\u00f3n, se requiere que sea evidente, es decir, que se detecte al golpe de vista, sin mayores an\u00e1lisis o elucubraciones, y trascendente, esto es, que haya incidido en la decisi\u00f3n final, sin cuya ocurrencia \u00e9sta habr\u00eda sido diametralmente distinta. <\/p>\n
3.3.1.- Si lo que se investiga es que Almadelco endos\u00f3 y entreg\u00f3, el 24 de agosto de 1995, el conocimiento de embarque No. 2, es claro que como los documentos que se relacionan en el cargo, creados en el mismo mes, no proven\u00edan de dicha parte, ning\u00fan hecho pod\u00eda derivarse en su contra. <\/p>\n
3.3.2.- Las dos copias de ese t\u00edtulo valor, autenticadas ambas el 24 de agosto 1995, una sin la nota de endoso y la otra con esa inscripci\u00f3n, porque si la diligencia no la realiz\u00f3 la sociedad contra la que se oponen, como se acepta, lo primero que se advierte es que el original del cual fueron tomadas no estaba en su poder. Adem\u00e1s, esas copias s\u00f3lo prueban que la escritura del endoso, nada m\u00e1s, se verific\u00f3 ese mismo d\u00eda, porque para el efecto se utiliz\u00f3 la misma firma que de antemano aparec\u00eda estampada en ambas copias. <\/p>\n
3.3.3.- Ahora, que sin el t\u00edtulo valor en cuesti\u00f3n la sociedad demandada no habr\u00eda gestionado los recursos y pagado los tributos, todo a comienzos de mayo de 1995, esto tendr\u00eda sentido si la ley restringiera la emisi\u00f3n del documento de transporte a un escrito \u00fanico, pero como esto no es as\u00ed (art\u00edculo 1638 del C\u00f3digo de Comercio), menos cuando en la intermediaci\u00f3n aduanera no se transfiere el dominio de los bienes, no se descarta que tambi\u00e9n, para efectos aduaneros, otros fueran tenedores de otro u otros ejemplares. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, cuando en el documento de transporte, folio 6, cuaderno 1, aparece que fueron tres los ejemplares que del mismo se expidieron [\u201cNUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING: THREE (3)\u201d], uno de los cuales tuvo que ostentarlo la parte demandada, tambi\u00e9n para efectos aduaneros en lo que a ella correspond\u00eda, pues del mismo alleg\u00f3 copia aut\u00e9ntica, folio 104, con la diferencia de que no tiene algunas notas ni firmas del otro, aunque s\u00ed la rubrica que se utiliz\u00f3 para escribir en el primero la mencionada nota de endoso. <\/p>\n
3.3.4.- El oficio de 27 de marzo de 1995 o planilla de carga, expedido por la Administraci\u00f3n de Impuestos Nacionales de Buenaventura, tra\u00eddo por el Tribunal para corroborar el nuevo acuerdo de voluntades, confirma que otro ejemplar de ese t\u00edtulo valor lo ten\u00eda otra persona. En efecto, si bien en \u00e9l se autoriz\u00f3 a Almaviva, como dep\u00f3sito autorizado, trasladar del lugar de arribo las 1.359 toneladas de urea del pleito, tambi\u00e9n pone de manifiesto que esta vez ya no se nombra como \u201cconsignataria\u201d de las mismas a Almadelco, quien as\u00ed figuraba inicialmente en los distintos conocimientos de embarque, sino a Empresagro, su propietaria e importadora. <\/p>\n
4.- Sentado como qued\u00f3 que el mandato es esencialmente consensual, no as\u00ed el acto de representaci\u00f3n, se procede a estudiar si el Tribunal incurri\u00f3 en errores de hecho manifiestos y trascendentes, como se denuncia en los cargos quinto y sexto, al apreciar las comunicaciones de 1\u00ba y 14 de marzo de 1995 (folios 11 y 13, C-1), y la confesi\u00f3n contenida en el hecho d\u00e9cimo de la demanda, medios en los cuales tambi\u00e9n apuntal\u00f3 el nuevo mandato aduanero. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las primeras, la recurrente no cuestiona su contenido. Por lo tanto, debe tenerse por cierto que Almaviva le ofreci\u00f3, el 1\u00ba de marzo de 1995, por los costos que indic\u00f3, los servicios de \u201calmacenamiento\u201d y \u201cagenciamiento aduanero\u201d, entre otros, incluyendo en este \u00faltimo, la \u201celaboraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de valor, recepci\u00f3n y pago de los derechos de importaci\u00f3n, tr\u00e1mite ante la Aduana y la permanente informaci\u00f3n sobre el estado de la operaci\u00f3n\u201d. As\u00ed mismo, que Empresagro confirm\u00f3 que la cotizaci\u00f3n del \u201cpasado 9 de los corrientes\u201d hab\u00eda sido \u201caceptada\u201d, y que \u201custedes\u201d se har\u00edan \u201ccargo de las Escotillas Nos. 2 y 1 con 2.406 y 3.550 toneladas m\u00e9tricas respectivamente\u201d. <\/p>\n
La protesta se eleva \u00fanicamente porque \u201cno coinciden ni la fecha de la cotizaci\u00f3n, ni los destinatarios de la misma\u201d. Si bien, como se observa, la oferta es de 1\u00ba de marzo y la cotizaci\u00f3n aceptada es de 9 de marzo, es incontestable que se trata de un simple lapsus c\u00e1lami, intrascendente en casaci\u00f3n, porque aparte de que en el expediente no existe prueba de una oferta de esa fecha, \u00fanica manera de desvirtuarla, los hechos d\u00e9cimo y und\u00e9cimo del libelo la confirman. En el primero, porque la demandante expresamente se refiere a ellas, y en el otro, al coincidir el n\u00famero de las escotillas asignadas y la cantidad de toneladas m\u00e9tricas encomendadas. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los destinatarios, tampoco el error existe, as\u00ed evidentemente la oferta haya sido suscrita por el subgerente administrativo de Almaviva, se\u00f1or Carlos Mario Rodr\u00edguez Pe\u00f1a, y Empresagro haya dirigido la aceptaci\u00f3n a otras personas de la oferente, se\u00f1ores \u201cCarlos Rojas\u201d y \u201cJavier Parra\u201d, porque aparte de lo dicho inmediatamente, lo trascendente es que se atribuyen a las personas jur\u00eddicas que en las mismas se involucran, a quienes precisamente vinculan, al punto que la propia demandante, sin desconocerlas o tacharlas de falsas cuando las aport\u00f3, seg\u00fan el caso, las solicit\u00f3 como pruebas. <\/p>\n
5.- En consecuencia, como el Tribunal no incurri\u00f3 en ninguno de los errores hasta el momento estudiados, esto releva a la Corte de pronunciarse respecto de los yerros que restan del cargo sexto, relacionadas con la apreciaci\u00f3n de algunos testimonios y de una planilla de carga, as\u00ed \u00e9sta, para otros fines, haya quedado analizada (punto 3.3.4, supra), porque en el supuesto de que esa censura pudiera abrirse paso, las dem\u00e1s pruebas que salieron indemnes del ataque, por s\u00ed, ser\u00edan suficientes para mantener en pie el fallo impugnado, por lo que el recurso de todas formas resultar\u00eda frustr\u00e1neo. <\/p>\n
Cuando la sentencia acusada, tiene explicado la Corte, \u201cse basa en varios motivos jur\u00eddicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u201d3. <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, ning\u00fan cargo prospera. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Concluye la recurrente, Solicita que se case la sentencia Concluye la recurrente Aparte de reiterar en que la en otros cargos representaci\u00f3n <\/p>\n
simlemente que se sostiene es que lo que se expresa es que enAsevera la recurrente que al apuntalarse tambi\u00e9n en esas pruebas la conclusi\u00f3n sobre que en marzo de 1995 se celebr\u00f3 un nuevo contrato de mandato aduanero entre Empresagro y Almaviva, el sentenciador las distorsion\u00f3. Luis Henao Vallejo, Daniel Estacio Quintero y C\u00e9sar A. V\u00e1squez, <\/p>\n
Aparte de lo discurrido en los cargos anteriores sobre el endoso del conocimiento de embarque, la recurrente sostiene que para concluir en la existencia del contrato de intermediaci\u00f3n financiera entre la demandante y empresagro, insistir que el endoso del conocimiento de embarque se constituye en requisito sine qua non para que un almac\u00e9n general de dep\u00f3sito pueda actuar como intermediario financiero, la recurrente sostiene que el Tribunal esa relaci\u00f3n, entre la demandante y Almaviva, el Tribunal la tuvo por acreditada con las comunicaciones de 1\u00ba y 14 de marzo de 1995, contentivas de una oferta y aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
concluy\u00f3 en la existencia del contrato de intermediaci\u00f3n financiera, producto de haber tergiversado su contenido. <\/p>\n
De un lado, porque la aceptaci\u00f3n de la oferta a que se refiere, no es la de 1\u00ba de marzo, sino la de 9\u00ba de marzo, En efecto, la aceptaci\u00f3n de la oferta cuando, como se desprende de su texto, <\/p>\n
que entre Almaviva y Empresagro se hab\u00eda celebrado el contrato de intermediaci\u00f3n financiera Lo anterior, al tergiversar el Tribunal las comunicaciones de 1\u00ba y 14 de marzo de 1995, sobre la supuesta oferta y aceptaci\u00f3n del agenciamiento aduanero seg\u00fan las cuales Almaviva y 14Seg\u00fan la recurrente, el Tribunal, al inferir el agenciamiento aduanero Lo anterior, al tergiversarse las comunicaciones cruzadas <\/p>\n
5.- Los cargos, en consecuencia, no se abren paso. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO CARGO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 54 y 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Manifiesta la recurrente que la decisi\u00f3n del Tribunal de no estudiar la vinculaci\u00f3n de Almaviva, por no haberse sido condenada la parte que la cit\u00f3, ser\u00eda coherente con el llamamiento en garant\u00eda y no con la denuncia del pleito, porque en este \u00faltimo evento se trata de una intervenci\u00f3n forzada de quien, conforme a la ley sustancial, debi\u00f3 ser demandado. <\/p>\n
As\u00ed que como la entidad mencionada era parte en el proceso, en virtud a que se le denunci\u00f3 el pleito, la recurrente sostiene, para seguir los razonamientos del Tribunal, que si el mandato aduanero para nacionalizar las 1.359 toneladas de u\u00farea lo hab\u00eda celebrado la demandante con la denunciada, esto es, con quien debi\u00f3 ser demandada, y no con Almadelco, era claro que se impon\u00edan las consecuencias de esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.- Solicita, por lo tanto, que se case la sentencia y que se haga responsable a Almaviva de la totalidad de los perjuicios demandados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- <\/p>\n
1.- Tener en cuenta que si Almadelco solicit\u00f3 situar fondos para nacionalizar las 4.098,76 toneladas de mercanc\u00edas, los cuales le fueron girados, mas no de las 1359 toneladas, es porque no exist\u00eda la obligaci\u00f3n de nacionalizarlas. Distinto es que tambi\u00e9n se le hubiere girado los impuestos de ese excedente. En cuanto a la posici\u00f3n que al interior del proceso ocupa la persona a la que se le denuncia el pleito, el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece que \u201csurtida la citaci\u00f3n, se considerar\u00e1 al denunciado litisconsorte del denunciante y tendr\u00e1 las mismas facultades de \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
Sin necesidad de ahondar en las diferencias que puedan existir entre la denuncia del pleito y el llamamiento de garant\u00eda, a\u00fan cuando se ha calificado la distinci\u00f3n como \u201cartificial e inoficiosa\u201d4, baste indicar, en lo que interesa al caso, que am\u00e9n de corresponder ambos institutos a especies del g\u00e9nero llamado intervenci\u00f3n de terceros, se semejan en que para utilizar tales figuras se exige una \u201crelaci\u00f3n\u201d entre el denunciante o llamante y el denunciado o llamado, \u201csustancial\u201d, en el caso de la denuncia, y \u201clegal o contractual\u201d, en el llamamiento (art\u00edculos 54 y 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Por esto, la pretensi\u00f3n que contra el tercero se formula en la denuncia del pleito o en el llamamiento en garant\u00eda ser\u00eda eventual, porque as\u00ed sea de garant\u00eda o de regreso, seg\u00fan fuere el caso, ella cobrar\u00eda vigencia en la medida en que resultara vencido el denunciante o llamante, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el titular del derecho de garant\u00eda o de la acci\u00f3n de regreso no es la contraparte de quien hace la convocatoria. <\/p>\n
De ah\u00ed que como igualmente la utilizaci\u00f3n de cualquiera de esos dos institutos depende de la voluntad de quien lo hace, la l\u00f3gica de la sentencia imponga que la decisi\u00f3n sobre esas relaciones de las partes con los terceros que \u00e9stas voluntariamente han convocado al proceso, se excuse cuando las mismas han sido absueltas. Porque tales institutos, justificados en el principio de la econom\u00eda procesal, conducen es a la aparici\u00f3n de un proceso acumulativo por la pretensi\u00f3n que formula el denunciante o llamante contra ese tercero, pero sujeto, como es apenas de esperarse, a la suerte de la parte que hace la citaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Frente a lo expuesto, surge di\u00e1fano que el Tribunal no pudo violar directamente ninguna de las disposiciones que se mencionan en el cargo, porque como ha quedado explicado, la simple vinculaci\u00f3n de los terceros a trav\u00e9s de los institutos de que se viene hablando, as\u00ed tengan la condici\u00f3n de partes accidentales, no los hace responsables de las relaciones materiales que puedan existir entre sus denunciantes o llamantes y la contraparte de \u00e9stos, dado que, se repite, una y otras relaciones son totalmente independientes. <\/p>\n
De otra parte, porque la mec\u00e1nica del cargo implicar\u00eda aceptar que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al absolver a la sociedad demandada, quien hizo la citaci\u00f3n del tercero, por no haberse celebrado con ella el contrato para nacionalizar las 1.359 toneladas de urea. Luego, siendo esto as\u00ed, claramente se pone de presente que la citaci\u00f3n result\u00f3 ser caprichosa porque ninguna relaci\u00f3n \u201csustancial\u201d ni \u201clegal o contractual\u201d exist\u00eda entre la denunciante y la denunciada que ameritara ser resuelta. <\/p>\n
Desde luego que al quedar en pie la conclusi\u00f3n sobre que el contrato de mandato aduanero para nacionalizar las referidas toneladas de urea se ajust\u00f3 entre la demandante, su propietaria e importadora, y un tercero, que no con la demandada, no habr\u00eda tampoco lugar a establecer la responsabilidad de ese tercero, porque al no ser demandado se caer\u00eda en incongruencia. <\/p>\n
31.- Conviene precisar, ante todo, que en las instancias el recurrente solicit\u00f3 infructuosamente que se practicara una nueva prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, en el laboratorio que \u00e9l consider\u00f3 ten\u00eda reconocimiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo que tramitado el asunto por el procedimiento ordinario de mayor cuant\u00eda, con aplicaci\u00f3n, en lo pertinente, de la Ley 721 de 2001, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia apelada porque, en concordancia con el juzgado, en el proceso se demostr\u00f3 que el demandado y la progenitora de la demandante hab\u00edan tenido relaciones sexuales por la \u00e9poca en que conforme a la ley se presum\u00eda la concepci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que, como se recuerda, fundament\u00f3 en la confesi\u00f3n del demandado, derivada de la excepci\u00f3n que nomin\u00f3 \u201cplurium constupratorum\u201d, y en el examen de marcadores gen\u00e9ticos de ADN que practic\u00f3 el Laboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, prueba que, adem\u00e1s, para el Tribunal serv\u00eda al prop\u00f3sito de hacer a un lado la incertidumbre que se cern\u00eda sobre la anotada excepci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Mas, como en ambos cargos el recurrente sostiene que el examen de ADN fue el \u00fanico medio que el sentenciador tuvo en cuenta para dar por acreditados los hechos de la presunci\u00f3n de paternidad alegada, lo cual no es as\u00ed, esto ser\u00eda suficiente para sostener la decisi\u00f3n, porque seg\u00fan se anot\u00f3, con independencia del acierto, el sentenciador tambi\u00e9n dedujo el trato sexual por la \u00e9poca en que se presum\u00eda la concepci\u00f3n de la demandante, entre su madre y el demandado, de la confesi\u00f3n que \u00e9ste hab\u00eda efectuado al proponer la excepci\u00f3n en comento. <\/p>\n
decantado se encuentra <\/p>\n
3.- Con todo, el dictamen que se critica carec\u00eda de la virtud de desplazar los dem\u00e1s medios ordinarios de prueba para establecer los hechos de la presunci\u00f3n de paternidad invocada, no porque como a espacio lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento5, el examen con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, haya descartado la posibilidad de recurrir a otras pruebas por formar la convicci\u00f3n del juzgador, sino porque su materializaci\u00f3n era imposible obtenerlo con apego a los dictados de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
En efecto, si bien la mentada prueba fue decretada en vigencia de la citada ley, lo cierto es que para la \u00e9poca de la toma de muestras, 11 de marzo de 2003, y del informe del an\u00e1lisis, 27 de junio del mismo a\u00f1o, no se hab\u00edan proferido las normas necesarias para su operatividad. Aunque el 24 de julio de 2002, mediante el Decreto 1562, se reglament\u00f3 el \u201cfuncionamiento de la Comisi\u00f3n de Acreditaci\u00f3n y Vigilancia\u201d de que habla el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 721 de 2001, baste se\u00f1alar que a partir del 29 de julio de 2003, seg\u00fan Decreto 2112, se estructur\u00f3 lo relativo a la acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de los laboratorios p\u00fablicos y privados que practicar\u00edan las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, inclusive lo referente a los organismos que en el \u00e1mbito nacional ser\u00edan los responsables de tal acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n, todo de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 10, ib\u00eddem. <\/p>\n
Esto, por supuesto, repulsa la idea de que el Tribunal haya podido concebir la eficacia probatoria del examen de marcadores gen\u00e9ticos de ADN bajo los par\u00e1metros de la Ley 721 de 2001, entre otras razones porque en ninguna parte aludi\u00f3 a la acreditaci\u00f3n y certificaci\u00f3n del laboratorio que lo practic\u00f3. Luego, si esto es as\u00ed, como en efecto lo es, claramente se advierte que los errores probatorios denunciados son infundados, inclusive sin parar mientes en su naturaleza jur\u00eddica, dado que al resultar imposible, por lo dicho, la pr\u00e1ctica del mentado examen con sujeci\u00f3n estricta a los par\u00e1metros de la precitada ley, ning\u00fan yerro sobre el particular pod\u00eda derivarse de la misma. <\/p>\n
En esas circunstancias, aparte de que el contenido del examen no se controvierte, es meridiano que al haberse encomendado su pr\u00e1ctica al Laboratorio de Gen\u00e9tica Forense, Instituto de Biolog\u00eda, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, que como es de p\u00fablico conocimiento es un ente universitario territorial de car\u00e1cter oficial, no se remite a duda que as\u00ed no se haya indicado expresamente, es incontestable que con independencia de la regularidad de la prueba, pues esto ser\u00eda un asunto ajeno al recurso de casaci\u00f3n, que la misma tuvo que sujetarse a los derroteros espec\u00edficos se\u00f1alados en el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tal cual en casos similares lo ha reconocido la Corte6. <\/p>\n
4.- El cargo, por lo tanto, resulta infundado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ninguno de los cargos puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 5 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de la Empresa Agroindustrial Cooperativa, Empresagro, contra Almacenes Generales de Dep\u00f3sito del Comercio S. A., Almadelco. sentencia de 20 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso de Diana Patricia Ossa contra Guillermo Le\u00f3n Gaviria Zapata. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del la demandantedo recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
1 G. J. Tomo LVII-563, reiterada en sentencia 190 de 24 de mayo de 1990, sin publicar oficialmente. <\/p>\n
2 Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto No. 120 de 10 de septiembre de 2002, seg\u00fan el cual el \u201cendoso aduanero\u201d es \u201cun acto jur\u00eddico unilateral por parte del consignatario de la mercanc\u00eda que se asimila al acto de apoderamiento o procuraci\u00f3n de que trata la ley civil, empero, siempre aunado a un contrato de mandato no necesariamente escrito\u201d. <\/p>\n
3 Sentencia 134 de 27 de junio de 2005, reiterando G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199. <\/p>\n
4 Cfr. Sentencia 194 de 24 de octubre de 2000. <\/p>\n
6 Cfr. Sentencias 109 de 22 de septiembre de 2004, expediente 0310, y 185 de 25 <\/p>\n
de julio de 2005, expediente 09050. <\/p>\n
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SC-342-2005 [1100131030241996-25941-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil cinco (2005). Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la Empresa Agroindustrial Cooperativa, Empresagro, respecto de la sentencia de 5 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}