SC-343-2005 [1100131030111996-06907-01] <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. <\/p>\n
11001-3103-011-1996-06907-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Jes\u00fas Adona\u00ed Ochoa Forero contra la sentencia dictada el 22 de abril de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario originalmente promovido por Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez contra al recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que dio origen al proceso, pretendi\u00f3 el actor la reivindicaci\u00f3n de los predios denominados El Caracol\u00ed, La Gloria, La Playa, El Salvador y El Parque, englobados actualmente en la finca de nombre \u00abMi Boh\u00edo\u00bb, libelo que reform\u00f3 para solicitar que declararan simulados los contratos de compraventa consignados en las escrituras p\u00fablicas Nos. 3381, 19, 20, 21 y 22, la primera otorgada el 21 de diciembre de 1981 en la Notar\u00eda Octava de Bogot\u00e1 y las restantes el 20 de enero de 1982 en la Notar\u00eda 30 del mismo lugar, por medio de los cuales dijo vender a Ochoa Forero los citados predios, lo mismo que el dominio que ostenta sobre ellos. Pidi\u00f3 adem\u00e1s que se ordenara la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos y su registro y que se condenara al demandado a la restituci\u00f3n de los inmuebles, con sus frutos. <\/p>\n
2. Para fundamentar sus reclamos expuso que por escrituras p\u00fablicas Nos. 4607 del 13 de septiembre de 1971, 3503 del 24 de junio de 1975, 2046 del 7 de julio de 1978, 7698 del 31 de diciembre de 1981 y 193 del 31 de enero del mismo a\u00f1o, otorgadas la primera y las dos \u00faltimas en la Notar\u00eda 2\u00aa de Bogot\u00e1, la segunda en la Notar\u00eda 4\u00aa y la tercera en la Notar\u00eda 8\u00ba del mismo lugar, adquiri\u00f3 los prenombrados fundos, cuyo dominio transfiri\u00f3 ficticiamente al demandado, mediante los negocios jur\u00eddicos atr\u00e1s especificados, por estar atravesando serios tropiezos econ\u00f3micos. <\/p>\n
Impugnados por uno de sus acreedores \u2013Ladrillos el Triunfo Ltda.-, en sentencia del 18 de enero de 1984, dictada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se declararon absolutamente simulados, decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada porque el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado no fue sustentado. <\/p>\n
En 1985 Ochoa Forero le solicit\u00f3 la entrega de los terrenos, bajo promesa de devoluci\u00f3n posterior, dici\u00e9ndole que en esa forma se proteg\u00eda frente a otros posibles acreedores. Como se rehus\u00f3 a la restituci\u00f3n, el demandante solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de los oficios para dar cumplimiento al fallo, recuperando as\u00ed su dominio, mientras que la posesi\u00f3n material es ejercida de mala fe por el demandado. <\/p>\n
Mediante incidente de nulidad Ochoa Forero obtuvo la cancelaci\u00f3n del registro de la sentencia y por ese motivo requiere un nuevo decreto de simulaci\u00f3n de los aludidos negocios, para que se le reintegren los bienes a los que ellos se refieren. <\/p>\n
3. El demandado se opuso a las pretensiones. Adujo, con ese prop\u00f3sito, que el proceso anterior fue desistido por las partes, quienes renunciaron adem\u00e1s a los efectos del fallo que all\u00ed se pronunci\u00f3. Que por el acuerdo vertido en el documento otorgado el 31 de agosto de 1984, se dejaron en firme los negocios originalmente aparentados, data desde la cual tiene en posesi\u00f3n los fundos sobre los cuales recayeron, cuya entrega exigi\u00f3, sin promesa de devoluci\u00f3n, por haber pagado \u00edntegramente el precio con pr\u00e9stamos otorgados al actor y mediante la cancelaci\u00f3n de obligaciones a su cargo. Adem\u00e1s, porque la actuaci\u00f3n fraudulenta que dio lugar a la inscripci\u00f3n de la sentencia dictada en el precedente litigio, se anul\u00f3 por orden del juzgado, respaldada por el superior. Esgrimi\u00f3, en su defensa, la \u00abfalta o ausencia de derecho para demandar\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, \u00abmala fe del demandante\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb y \u00abtransacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre los prenombrados terrenos, invocando la prescripci\u00f3n adquisitiva de naturaleza ordinaria, para lo cual expres\u00f3 que por medio de los instrumentos p\u00fablicos atr\u00e1s especificados, Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez le transfiri\u00f3 su dominio en forma simulada y que ejercida con \u00e9xito acci\u00f3n de simulaci\u00f3n por uno de los acreedores del aparente vendedor, las partes desistieron del proceso e hicieron dejaci\u00f3n de los efectos del fallo, pedimentos que se aceptaron en providencia que qued\u00f3 ejecutoriada. <\/p>\n
Que el 31 de agosto de 1984 celebraron contrato de compraventa respecto de los bienes materia de los negocios ficticios y para dar cumplimiento a las obligaciones que por tal negocio adquiri\u00f3, M\u00e9ndez M\u00e9ndez se los entreg\u00f3 y desde entonces est\u00e1 en posesi\u00f3n de ellos. <\/p>\n
A tales pedimentos se opuso el reconvenido por no confluir en el pretenso usucapiente las condiciones legalmente exigidas para prescribir ordinariamente. Sostuvo, con ese prop\u00f3sito, que mediante el documento suscrito el 31 de agosto de 1984, celebraron contrato de compraventa de los citados bienes, negocio que est\u00e1 viciado de nulidad por no haberse otorgado escritura p\u00fablica y carece de aptitud para dejar en firme negocios jur\u00eddicos que judicialmente se declararon simulados. Para repeler el ataque invoc\u00f3 lo que denomin\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa del prescribiente. <\/p>\n
4. Con sentencia desestimatoria tanto de las pretensiones de la demanda inicial como de las de mutua petici\u00f3n, concluy\u00f3 la primera instancia. Al proveer sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el primigenio demandante, el superior la confirm\u00f3, adicion\u00e1ndola para declarar ex officio la excepci\u00f3n de cosa juzgada, lo mismo que la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado por los litigantes el 31 de agosto de 1984, am\u00e9n de proveer lo concerniente a las prestaciones mutuas, determinaci\u00f3n que Ochoa Forero impugn\u00f3 mediante el recurso de casaci\u00f3n al cual se contrae este pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Identificado el objeto jur\u00eddico de la pretensi\u00f3n deducida en el libelo principal, verific\u00f3 el ad-quem que de acuerdo con las copias tra\u00eddas al proceso, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 18 de enero de 1984 dentro del proceso entablado por Ladrillos El Triunfo Ltda., declarando absolutamente simulados los contratos de compraventa que celebraron Jes\u00fas Adona\u00ed Ochoa Forero y Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez, respecto de los bienes a los que se refieren las escrituras p\u00fablicas Nos. 19, 20, 21 y 22 del 20 de enero de 1982 y 3381 del 21 de diciembre de 1981, t\u00edtulos que orden\u00f3 cancelar, al igual que su registro. Observ\u00f3 tambi\u00e9n que la apelaci\u00f3n interpuesta por el demandado contra la anterior decisi\u00f3n se declar\u00f3 desierta y recurrida en queja esa determinaci\u00f3n, las partes de consuno desistieron del proceso y renunciaron a los efectos de la sentencia, pedimentos que se aceptaron por auto del 4 de septiembre de 1984. Que el 6 de julio de 1995 Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de los oficios para el cumplimiento del fallo y tramitado incidente de nulidad, a instancia de Ochoa Forero, se invalid\u00f3 todo lo actuado a partir de la providencia que orden\u00f3 librarlos. <\/p>\n
La rese\u00f1a procesal precedente le sirvi\u00f3 de marco para inferir que \u00abno se desisti\u00f3 ni de la demanda, ni el proceso, porque al haberse proferido ya sentencia de primera instancia y al encontrarse en firme ello no era posible\u00bb, por lo que dicho pronunciamiento \u00abhizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, hecho exceptivo cuyo reconocimiento oficioso consider\u00f3 plausible, explicando respecto a la identidad de elementos que deben darse en relaci\u00f3n con el juzgamiento anterior, que de los hechos y pretensiones aqu\u00ed deducidos y \u00ablos hechos y las pretensiones que fueron declaradas\u00bb en el proceso promovido por Ladrillos el Triunfo Ltda. contra los aqu\u00ed litigantes, se infiere sin dubitaci\u00f3n que entre uno y otro existe identidad de objeto y causa. <\/p>\n
Sobre la homogeneidad de partes explic\u00f3 que \u00bb si bien en el proceso ya resuelto las partes aqu\u00ed en litigio conformaban la parte demandada, y que el all\u00e1 demandante no es sujeto procesal en la actual controversia, lo cierto es que la cosa juzgada los cobija porque la distinta posici\u00f3n que adopten las partes en la relaci\u00f3n procesal, (demandante o demandado) en nada var\u00eda la calidad de parte que es la que constituye el fundamento de la cosa juzgada\u00bb, concluyendo de esa forma que \u00abhabi\u00e9ndose ya declarado la simulaci\u00f3n de los actos contenidos en los contratos tantas veces mencionados, no puede volver a debatirse lo mismo\u00bb. <\/p>\n
Se consider\u00f3 relevado de considerar la demanda de reconvenci\u00f3n, por haberse conformado su proponente con lo resuelto sobre ella, pero por obrar en autos el contrato que la edific\u00f3, puntal asimismo de la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n opuesta a la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, entendi\u00f3 que as\u00ed no fuera del caso pronunciarse sobre ella, por la raz\u00f3n ya dicha, deb\u00eda ocuparse del acuerdo en cita, por ministerio del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
As\u00ed, vio que conjunta los elementos esenciales de un contrato de venta, viciado de nulidad absoluta por la omisi\u00f3n de la escritura p\u00fablica exigida ad solemnitaten, e ilustrados sus efectos, puntualiz\u00f3 que en el caso se concretan a la devoluci\u00f3n de la finca por el demandado, con sus frutos, al reembolso de las sumas recibidas por el demandante, con reajuste monetario y al abono de la mejora colocada sobre el predio, indicando el m\u00e9todo de actualizaci\u00f3n de la cifra a cargo del actor, hasta la fecha del pago. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Ocho cargos se proponen contra la sentencia acabada de compendiar. Los tres primeros, con fundamento en la causal quinta. El cuarto, quinto y octavo, con respaldo en la causal primera, el sexto a la luz de la causal tercera y el s\u00e9ptimo dentro del marco de la causal segunda. Su examen lo acometer\u00e1 la Corte de la siguiente manera: de los tres primeros, que denuncian motivos de nulidad procesal, s\u00f3lo se abordar\u00e1 el primero, por las razones que en su momento se explicar\u00e1n. Enseguida se analizara el s\u00e9ptimo que ataca las decisiones adoptadas frente a la demanda principal por error in procedendo. A continuaci\u00f3n los cargos cuarto y quinto, en forma conjunta, por razones de afinidad y por su alcance totalizador frente a las mismas decisiones. Luego el octavo, que propone un ataque parcial y finalmente el sexto, mediante el cual se fustigan, por falta de l\u00f3gica, id\u00e9nticas resoluciones. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Dentro del marco de la causal quinta, se acusa el fallo por haber sido pronunciado en proceso afectado por el motivo de nulidad previsto por el art\u00edculo 140 – 4 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, debido a que a \u00abla demanda inicial, la demanda de reconvenci\u00f3n inicial, la reforma a la demanda y la demanda de reconvenci\u00f3n final\u00bb no se sometieron al tr\u00e1mite que les corresponde, que es \u00abel DECLARATIVO AGRARIO, de car\u00e1cter ORDINARIO\u00bb. <\/p>\n
Explica su proponente que la pretensi\u00f3n reivindicatoria deducida en el libelo principal y la declaraci\u00f3n de pertenencia recabada en las demandas de reconvenci\u00f3n se vincularon a predios ubicados en el per\u00edmetro rural de Apulo, como se constat\u00f3 en la inspecci\u00f3n judicial, por lo que trat\u00e1ndose de bienes agrarios, las pretensiones postuladas por los contendientes debieron rituarse por el tr\u00e1mite del proceso ordinario agrario, reglamentado por los art\u00edculos 54 y ss. del decreto 2303 de 1989 y aun cuando en el auto admisorio de la demanda original se orden\u00f3 librar comunicaci\u00f3n al Procurador Agrario para enterarlo de su diligenciamiento, all\u00ed mismo se dispuso diligenciarla por la \u00abv\u00eda propia del ordinario de mayor cuant\u00eda, de car\u00e1cter civil, que es el que se le ha dado a todo el proceso\u00bb, anomal\u00eda que estructura la causal de nulidad invocada, insaneable por mandato del art\u00edculo 144 in-fine del C. de P. C. <\/p>\n
Solicita en consecuencia que se declare la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y que se ordene la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal de origen, para que por el juzgado se renueve la actuaci\u00f3n invalidada. <\/p>\n
1. Los tres primeros cargos postulados, como se anunci\u00f3, denuncian irregularidades en la tramitaci\u00f3n del proceso. El primero, por haberse diligenciado las demandas principal y de reconvenci\u00f3n, por un procedimiento diferente del que legalmente les ha sido asignado \u2013art\u00edculo 140 ordinal 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-; el segundo, por haberse proseguido su tr\u00e1mite sin que se hubiere puesto en conocimiento del Procurador Agrario su iniciaci\u00f3n, hecho que por mandato del art\u00edculo 30 del decreto 2303 de 1989 impon\u00eda la suspensi\u00f3n de su tr\u00e1mite, hasta la remisi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n respectiva \u2013art\u00edculo 140 ordinal 5\u00ba-, y el tercero por falta de competencia territorial de los funcionarios de primero y segundo grado para el conocimiento del asunto, por corresponder al juez del lugar de ubicaci\u00f3n del bien, incompetencia que habr\u00eda repercutido en el indebido emplazamiento de los terceros que crean tener inter\u00e9s en la finca pretendida \u2013art\u00edculo 140 ordinales 2\u00ba y 9\u00ba-. <\/p>\n
De tales cr\u00edticas, como se anot\u00f3, s\u00f3lo se abordar\u00e1 la primera, porque est\u00e1 llamada a prosperar en lo que tiene que ver con la demanda de reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que al conllevar la anulaci\u00f3n de todo su tr\u00e1mite torna innecesario el examen de otros vicios que hubieran podido presentarse en su diligenciamiento. Cuanto a la demanda inicial, porque al descartar el tr\u00e1mite cuya inaplicaci\u00f3n funda la queja, excluye tambi\u00e9n los defectos procesales sobre los cuales se estructuran los otros cargos, por estar directamente relacionados con el rito desechado. <\/p>\n
2. El gobierno del proceso por los cauces fijados por los art\u00edculos 54 y ss. del decreto 2303 de 1989 para los procedimientos ordinarios agrarios se impone, seg\u00fan la tesis del impugnador, por la naturaleza agraria de los inmuebles a los que se contraen las s\u00faplicas imploradas en las demandas inicial y de reconvenci\u00f3n, atendida su ubicaci\u00f3n en zona rural de la comprensi\u00f3n territorial del municipio de Apulo (Cundinamarca). <\/p>\n
La calificaci\u00f3n sobre la vocaci\u00f3n agraria de un bien no est\u00e1 determinada por su ubicaci\u00f3n, como la censura sostiene, pues su destinaci\u00f3n el criterio de valoraci\u00f3n legalmente adoptado para esos fines -art\u00edculo 18 decreto 2303 de 1989-. Empero, la naturaleza agraria de los predios ligados al juicio es aspecto que no enfrenta a las partes. La invoca el recurrente y el opositor la acepta, a m\u00e1s de que les resulta de su explotaci\u00f3n, que seg\u00fan lo verificado tanto en la inspecci\u00f3n judicial como en el dictamen practicado en el curso de la primera instancia, primordialmente consiste en la siembra de pastos para el engorde de los ganados que all\u00ed apacentan, adem\u00e1s de algunas sementeras de pl\u00e1tano, ma\u00edz, ca\u00f1a, naranja y ficus. <\/p>\n
Con todo, su caracterizaci\u00f3n como tales no comporta necesariamente que toda contenci\u00f3n que tenga que ver con ellos sea de la misma \u00edndole y deba regirse por las reglas procesales instituidas por la normatividad rese\u00f1ada, materia en la que no es dable desatender las prescripciones de los dos preceptos iniciales de su articulado, en el primero de los cuales se establece de manera general que son materia propia de esa especialidad jurisdiccional las controversias que suscitan \u00ablas relaciones de naturaleza agraria\u00bb, especialmente las que tienen su fuente en disputas por la propiedad, posesi\u00f3n y mera tenencia de predios agrarios, por las actividades agrarias de producci\u00f3n y las conexas de transformaci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de los productos, siempre que no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo, a m\u00e1s de las que derivan de la aplicaci\u00f3n de las normas rectoras de la conservaci\u00f3n, mejoramiento y uso apropiado de recursos naturales renovables agrarios, la preservaci\u00f3n del medio ambiente rural y las que sean de \u00edndole agraria, con independencia del ordenamiento legal que las contenga, asuntos que concreta el segundo. <\/p>\n
En esa forma se somete a sus disposiciones la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre bien agrario (art\u00edculo 2\u00ba – 7), t\u00edpico conflicto por la \u00abpropiedad\u00bb de las cosas, al margen de la cual queda la acci\u00f3n de prevalencia de contratos de compraventa, introducida al reformarse la primigenia demanda, puesto que esa clase de negocios jur\u00eddicos, como lo tiene dicho la Corte, no son propios de la actividad agraria, como tampoco lo son los de permuta o de promisi\u00f3n de uno y otro, as\u00ed recaigan sobre bienes de la apuntada \u00edndole, por lo que los debates suscitados a prop\u00f3sito de su validez o eficacia \u00abno quedan subsumidos en los que precedentemente se han indicado conforme a los preceptos tra\u00eddos arriba\u00bb (G.J. t. CCXXII, p\u00e1g. 477 y 478), como tampoco, por an\u00e1loga raz\u00f3n, los que se gestan alrededor de su seriedad, teniendo en cuenta, como se precis\u00f3 en el antecedente citado, que \u00abson negocios que se rigen por las normas sustanciales civiles y que, no estando incluidos como actividades agrarias entre los que corresponde a esa jurisdicci\u00f3n, son, reit\u00e9rase, de \u00edndole civil\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, raz\u00f3n tiene el censor cuando protesta por el tr\u00e1mite que se imprimi\u00f3 a la acci\u00f3n petitoria de dominio acumulada mediante demanda de reconvenci\u00f3n, que por versar sobre un bien sometido a explotaci\u00f3n agraria, debi\u00f3 rituarse por el procedimiento ordinario reglamentado por los art\u00edculos 54 y siguientes del decreto 2303 de 1989, pero ninguna base tiene su reparo frente a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n propuesta al reformarse el libelo principal, que debe tramitarse por el procedimiento ordinario civil, reglamentado por el art\u00edculo 398 y posteriores de la ley ritual, puesto que fue ese el rito por el que se le hizo transitar. <\/p>\n
Ahora, aunque las acciones se sustanciaron conjuntamente pese a que por no tener un procedimiento com\u00fan no era viable su tramitaci\u00f3n conjunta -art\u00edculo 400 del C. de P. C.-, equivocaci\u00f3n que a la postre redund\u00f3 en que la acci\u00f3n de pertenencia, acumulada mediante reconvenci\u00f3n, se diligenciara por una v\u00eda procesal impropia, desv\u00edo que da lugar al motivo de nulidad alegado, lo cierto es que como no contamina la acci\u00f3n propuesta en la demanda principal, que en fin de cuentas se someti\u00f3 al procedimiento que normativamente tiene asignado, no tiene por qu\u00e9 cobijarla en sus efectos -art\u00edculo 146 ibidem-, de ah\u00ed que s\u00f3lo la actuaci\u00f3n desplegada con ocasi\u00f3n del libelo de mutua petici\u00f3n deba ser objeto de la declaraci\u00f3n de nulidad suplicada, por originarse en anomal\u00eda refractaria a toda forma de saneamiento, de cara a la inexequibidad de la disposici\u00f3n que otrora la aceptaba, cuando en el proceso especial se diligenciaba por el rito del proceso ordinario (Sent. C-407 de 1997). <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, en esos precisos t\u00e9rminos, est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO CARGO <\/p>\n
A la luz de la causal segunda, se impugna el pronunciamiento decisorio de segundo grado, por no estar en consonancia con la excepciones aducidas por el demandado frente al libelo inicial y su reforma. <\/p>\n
Para darle soporte, memora el acusador que el juzgador de primer grado consider\u00f3 innecesario el examen de las excepciones que propuso, por fuerza del fracaso de la pretensi\u00f3n simulatoria, decisi\u00f3n que el ad-quem \u00aben realidad de verdad revoc\u00f3 (\u2026) eliminando los efectos de la absoluci\u00f3n obtenida por el se\u00f1or JES\u00daS ADONA\u00cd OCHOA FORERO\u00bb, por cuanto reconoci\u00f3 oficiosamente la excepci\u00f3n de cosa juzgada, omitiendo considerar los medios exceptivos que adujo, en especial el que plante\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, que a su modo de ver tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Sentadas algunas reflexiones sobre la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n agraria y su consumaci\u00f3n en el caso, concluye que al declararse la nulidad absoluta del negocio consignado en el documento del 31 de agosto de 1984, sin hacer pronunciamiento alguno sobre los medios defensivos propuestos, se despoja \u201cal demandado de la posesi\u00f3n que tiene sobre los predios rurales, todo ello con un evidente abuso del derecho y cohonestando un fraude procesal, denunciado tambi\u00e9n como excepci\u00f3n previa por el demandado, sobre el cual guard\u00f3 un sospechoso silencio el ad-quem\u201d. <\/p>\n
Reclama, en consecuencia la casaci\u00f3n del fallo para que en sede de instancia la Corte confirme la sentencia del a-quo, o provea en su defecto provea las defensas postuladas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De una premisa irreal parte la pretendida desarmon\u00eda del fallo impugnado: que fue infirmatorio de la decisi\u00f3n absolutoria de primer grado y por ello debi\u00f3 el ad-quem ocuparse de los medios exceptivos invocados por el demandado para enervar la pretensi\u00f3n simulatoria. <\/p>\n
Es hipot\u00e9tica, como se expresa, porque aunque los motivos que sustentan las decisiones de los juzgadores de primera y segunda instancia son dis\u00edmiles y si se quiere, antag\u00f3nicos, af\u00edn es su criterio en punto a la inviabilidad de la acci\u00f3n de prevalencia ejercida en la demanda principal, de ah\u00ed que uniformemente concluyeran en su desestimaci\u00f3n. Para el a-quo, porque los negocios jur\u00eddicos fingidos fueron dejados en firme por sus part\u00edcipes en el tantas veces mencionado documento del 31 de agosto de 1984, tras desistirse del proceso en el que fueron impugnados por un acreedor del supuesto vendedor. Para el ad-quem, porque la sentencia que all\u00ed se pronunci\u00f3, declar\u00e1ndolos absolutamente simulados, hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y al quedar destruidos por esa declaraci\u00f3n, no pod\u00edan ser objeto de ratificaci\u00f3n ulterior. <\/p>\n
De modo que para el sentenciador de segundo grado, la contenci\u00f3n relativa al car\u00e1cter aparente de los negocios jur\u00eddicos mencionados qued\u00f3 definitivamente clausurada en el juzgamiento anterior, que por estar revestido de la fuerza vinculante propia de la cosa juzgada se impone tanto a los litigantes como a la jurisdicci\u00f3n, proscribiendo su replanteamiento y toda nueva decisi\u00f3n, circunstancia que lo indujo a reconocer ex officio la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
Luego si el medio exceptivo cuyos elementos estructurales comprob\u00f3, por s\u00ed mismo arrasa con la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, en cuanto cierra toda posibilidad de renovar su examen y definici\u00f3n, in\u00fatil resultaba el examen de las excepciones con las que quiso enervarse, como lo anot\u00f3 el Tribunal cuando advirti\u00f3 que \u201cpese a no poder debatirse sobre la simulaci\u00f3n en virtud de la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, lo que har\u00eda innecesario el estudio de las excepciones de fondo que contra esa acci\u00f3n se propusieron\u201d se pronunciar\u00eda sobre la validez del contrato en el cual se edific\u00f3 la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n, postura que por lo dem\u00e1s no es antojadiza, como que el art\u00edculo 306 del estatuto procesal Civil la habilita cuando el juez halla la prueba de un medio exceptivo que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, de suerte que ning\u00fan defecto de juzgamiento conlleva su silencio sobre los argumentos defensivos del demandado, ya que frente a la imposibilidad en la que dijo hallarse para sentenciar de nuevo sobre el fingimiento de los actos jur\u00eddicos cuestionados, est\u00e9ril adven\u00eda la consideraci\u00f3n de las defensas encaminadas a hundir ese reclamo. <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, resulta infundado. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera, se le endilga al fallo la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1494, 1502, 1602, 1603, 1752, 1754, 1755, 1756, 1766 y 1880 del C\u00f3digo Civil y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1740, 1741, 1760 del mismo cuerpo normativo, 2\u00ba de la ley 50 de 1936 subrogatorio del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil y 12 del \u201cdecreto 860 de 1970\u201d. <\/p>\n
Ante todo, comparte el recurrente lo registrado por el fallador en punto a la celebraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos que tuvieron por objeto los predios que hoy conforman la finca \u00abMi Boh\u00edo\u00bb, su impugnaci\u00f3n exitosa por un acreedor del vendedor y la ulterior celebraci\u00f3n de un contrato por el cual M\u00e9ndez M\u00e9ndez le vendi\u00f3 los citados inmuebles, acordando adem\u00e1s que los negocios inicialmente aparentados quedaran en firme \u00aba favor de JES\u00daS A. OCHOA FORERO\u00bb. <\/p>\n
Precisa que a pesar de verificar que ese negocio no fue atacado, el Tribunal lo priv\u00f3 de eficacia transgrediendo el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, en cuyo primer inciso se dispone que \u00ablas escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura p\u00fablica, no producir\u00e1n efecto contra terceros\u00bb, como tampoco los genera, de conformidad con el segundo, la contraescritura p\u00fablica que muda el acuerdo, mientras no se tome nota de ella al margen de la escritura matriz, de donde resulta que esos convenios tienen plenos efectos entre las partes, as\u00ed no vinculen a terceros, como lo ha entendido la Corte (Sent. del 30 de mayo de 1970). <\/p>\n
A\u00f1ade que aceptando en gracia de discusi\u00f3n, que el documento en cita no altera lo acordado en las escrituras, limit\u00e1ndose a dejarlas en firme a favor de Ochoa Forero, entendimiento que har\u00eda inaplicable el primer inciso del aludido precepto, ese argumento rodar\u00eda por su base ya que si en \u00e9l se otorga efectos inter partes al escrito privado que var\u00eda lo pactado en instrumento p\u00fablico, \u00abcon mucha m\u00e1s raz\u00f3n, tienen efectos los documentos privados mediante lo cuales, las partes ratifican y declaran en firme lo estipulado en escrituras p\u00fablicas suscritas por esas mismas partes, seg\u00fan la regla de elemental l\u00f3gica jur\u00eddica, seg\u00fan la cual si se puede lo m\u00e1s, evidentemente se puede lo menos\u00bb. <\/p>\n
Para el impugnador tambi\u00e9n se quebrant\u00f3 el art\u00edculo 1760 del C\u00f3digo Civil, porque las partes otorgaron los instrumentos p\u00fablicos echados de menos, documentos que las partes ratificaron y dejaron en firme en el escrito del 31 de agosto de 1984 y est\u00e1n vigentes por fuerza de la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se sigui\u00f3 para ejecutar el fallo que declar\u00f3 simulados los negocios jur\u00eddicos en ellos incorporados. <\/p>\n
Solicita a la Corte, en consecuencia, que casada la sentencia atacada, confirme, como Tribunal de instancia, la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Denuncia el quebranto indirecto de los mismos textos legales, pero en este caso, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los siguientes elementos probativos: <\/p>\n
El documento privado de 31 de agosto de 1984, cercenado por el Tribunal al concluir que \u201cconten\u00eda \u00fanicamente un contrato de compraventa\u201d sin parar mientes en que en verdad se trata de \u201cuna escritura privada mediante la cual se confirman y ratifican las ventas contenidas en las escrituras p\u00fablicas 0019, 0020, 0021, y 0022 de fecha 20 de enero de 1982 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1, lo mismo que la escritura p\u00fablica No. 3381 del 21 de diciembre de 1981 de la Notar\u00eda Octava de Bogot\u00e1\u201d. <\/p>\n
Los testimonios de Luis Alberto Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, Hernando Ulloa Hurtado, Mario Penagos Monta\u00f1o y Gustavo Garc\u00eda, omitidos por el ad- quem, lo mismo que la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre los inmuebles vinculados al pleito, la declaraci\u00f3n que en ella se le recepcion\u00f3 a Jaime Cifuentes, la confesi\u00f3n que resulta de lo manifestado en la demanda y su reforma sobre la entrega voluntaria de los predios por parte del actor a Jes\u00fas Adonai Ochoa Forero, con posterioridad al fallo pronunciado dentro del proceso de simulaci\u00f3n precedentemente tramitado y a la suscripci\u00f3n del documento antes mencionado, para dar cumplimiento a lo que en \u00e9l se acord\u00f3. Por \u00faltimo, el indicio que se deriva de que no se perturbara la posesi\u00f3n ejercida por Ochoa Forero desde que la recibi\u00f3 del demandante, ni se discutiera su calidad de propietario de ellos, hasta que se solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de los oficios para comunicar lo resuelto en la sentencia que declar\u00f3 la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa celebrados por los contendientes. <\/p>\n
Evocado el criterio de la corporaci\u00f3n sentenciadora sobre el alcance de las declaraciones de voluntad consignadas en el escrito inicialmente citado, explica el recurrente que \u201cel tenor literal del mismo\u201d fue limitado, al no darse cuenta el fallador que \u201clas partes declararon en firme y a favor de JES\u00daS A. OCHOA FORERO las escrituras p\u00fablicas all\u00ed mencionadas, motivo por el cual esta escritura privada tiene efectos entre las partes\u201d, escrito en el que M\u00e9ndez M\u00e9ndez se comprometi\u00f3 adem\u00e1s a entregarle al comprador los inmuebles objeto de los instrumentos en cita, obligaci\u00f3n de cuyo cumplimiento dan cuenta tanto la confesi\u00f3n del demandante como los testimonios atr\u00e1s mencionados, \u201centrega material que junto con el documento privado, el desistimiento del proceso ordinario inicialmente presentado y los pagos realizados por el demandado, constituyen evidentemente una ratificaci\u00f3n t\u00e1cita del negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes\u201d. <\/p>\n
Le reprocha igualmente pasar por alto el indicio que se desprende del hecho de que s\u00f3lo pasados m\u00e1s de diez a\u00f1os cuestionara el demandante tanto el dominio como la posesi\u00f3n del demandado sobre los fundos materia de la demanda, hecho que en su criterio \u201cacredita ser cierto lo pactado por ellos en el documento privado del 31 de agosto de 1984\u201d. <\/p>\n
Para demostrar la trascendencia de los errores denunciados, sostiene el recurrente que de no haber sido por ellos, el tribunal \u201chabr\u00eda tenido que reconocer que el documento privado del 31 de agosto de 1984, contiene una manifestaci\u00f3n expresa de las voluntades de las partes, mediante la cual, las ventas inicialmente aparentes y obrantes en las escrituras p\u00fablicas relacionadas en la demanda y en su reforma, se tornaron verdaderas y reales, por lo cual, en dicho documento se efect\u00faa una ratificaci\u00f3n de dichas ventas\u201d y que al entregar voluntariamente los fundos vendidos, el demandante \u201cratific\u00f3 t\u00e1citamente el documento privado carente de solemnidad y presuntamente nulo, ratificaci\u00f3n t\u00e1cita que confirma plenamente los efectos jur\u00eddicos del documento en cita y por lo tanto necesariamente habr\u00eda que tenido que confirmar en todas y cada una de sus partes, la sentencia proferida por el juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u201d. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto solicita la casaci\u00f3n del fallo para que la Corte, en sede de instancia, confirme la sentencia apelada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el imperio de la cosa juzgada se escud\u00f3 el Tribunal para desestimar la pretensi\u00f3n simulatoria deducida en la demanda inicial, decisi\u00f3n hacia la cual se enfocan las acusaciones enarboladas en los dos cargos. Trazados como est\u00e1n, por la senda de la causal primera, sobre el recurrente gravitaba la carga de se\u00f1alar las normas sustanciales que considera violadas, puesto que a ello lo impelen los art\u00edculos 368 ordinal primero y 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, carga que si bien fue morigerada por el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991 convertido en legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 162 de la ley 446 de 1998, en modo alguno puede reputarse satisfecha con la alusi\u00f3n de cualquier regla legal de esa \u00edndole, puesto que como en la normatividad \u00faltimamente citada se especifica, debe ser cualquiera de las normas de esa naturaleza que constituy\u00f3 la base esencial del fallo impugnado, o debi\u00f3 serlo, para que con ellas se le confronte en orden a establecer su quebranto. <\/p>\n
Desde luego que como lo tiene definido la Corte, hay casos en que el soporte medular del fallo est\u00e1 constituida por disposiciones jur\u00eddicas que \u201cpor estar situadas en el propio centro de una determinada estructura jur\u00eddica no pueden ser reemplazadas por otra, siendo esa singularidad lo que tiene que llevar al recurrente a que en el cargo se ocupe de su infracci\u00f3n, si es que aspira a exponerlo de manera cabal y a que la Corte pueda estudiarlo de fondo\u201d (G.J. t. CCXL, p\u00e1g. 361). As\u00ed ocurre con el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, eje indiscutible del r\u00e9gimen de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, fundamento del fallo impugnado, disposici\u00f3n que por tanto no pod\u00eda excluirse del conjunto de normas cuya infracci\u00f3n denuncian los cargos, sin menoscabo de la carga en comentario, y que al resultar omitida, los torna formalmente inid\u00f3neos, impidiendo su examen. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A esa deficiencia se suma la total falta de ilaci\u00f3n entre la propuesta impugnaticia que se desarrolla en los dos cargos y las razones invocadas por el tribunal para desestimar la acci\u00f3n de prevalencia ejercida en la demanda inicial e invalidar el negocio jur\u00eddico plasmado en el escrito suscrito por los contendientes el 31 de agosto de 1984, defecto que en todo caso ser\u00eda suficiente para frustrarla. <\/p>\n
Como se registr\u00f3 en el compendio del fallo atacado, para el Tribunal la sentencia pronunciada el 18 de enero de 1984 por el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, por virtud de la cual se declararon absolutamente simulados los contratos de compraventa celebrados por Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez y Jos\u00e9 Adonai Ochoa Forero, mediante escrituras Nos. 19, 20, 21 y 22 del 20 de enero de 1982 y 3381 del 21 de diciembre de 1981, hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, atributo por el cual adquiri\u00f3 un car\u00e1cter definitivo e inmodificable que obsta la reconsideraci\u00f3n de la materia que all\u00ed se defini\u00f3, lo mismo que toda nueva decisi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Haciendo caso omiso de esa consideraci\u00f3n y bajo la falsa idea de que el documento suscrito por las partes en la mencionada fecha constituye una \u201ccontraescritura privada\u201d, sencillamente porque no contradice las declaraciones vertidas en los instrumentos p\u00fablicos precedentemente otorgados, el recurrente reconviene al fallador porque no le hiciese producir los efectos reconocidos por el art\u00edculo 1766 – 1 del C\u00f3digo Civil, regulando, acorde con sus t\u00e9rminos, el v\u00ednculo negocial que verdaderamente ata a las partes, puesto que si en \u00e9l se expresa su verdadero querer, que apunta a la celebraci\u00f3n de los contratos de compraventa descartados cuando otorgaron las escrituras, debi\u00f3 hacerse prevalecer sobre el acuerdo oculto para excluir esa relaci\u00f3n obligacional u otra cualquiera, predicamentos con los que a la postre pretende renovar el debate de ese modo clausurado, sin parar mientes en que, como se apunt\u00f3, en criterio del juzgador, por la fuerza vinculante que adquiri\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, al pasar en autoridad de cosa juzgada, definido qued\u00f3 que ninguna intenci\u00f3n tuvieron de celebrar los contratos aparentados, u otro cualquiera, materia que por lo tanto no puede ser reconsiderada para entrar a establecer, como se aspira, que si quisieron establecer el nexo contractual afirmado. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, admitiendo el artificio de su propuesta cuando acepta que el acuerdo privado del cual da fe el mencionado escrito no modifica su declaraci\u00f3n p\u00fablica sino la verdadera intenci\u00f3n oculta tras ella, el recurrente protesta porque se ignorara que en ese documento se dejan en firme los actos jur\u00eddicos aparentes, pacto que en su parecer tiene plenos efectos, porque si el texto legal atr\u00e1s citado los confiere, entre las partes, \u201cal documento privado que altera lo pactado en la escritura p\u00fablica otorgada por esas mismas partes, pues con mucha m\u00e1s raz\u00f3n, tienen efectos los documentos privados mediante los cuales, las partes ratifican y declaran en firme lo estipulado en escrituras p\u00fablicas suscritas por esas mismas partes\u00bb, postura que tambi\u00e9n soslaya que en criterio del sentenciador las declaraciones que en ese sentido hicieron los contratantes no tienen ese alcance porque \u00abla ratificaci\u00f3n opera respecto de negocios jur\u00eddicos nulos y las escrituras a que se refiere la cl\u00e1usula quinta del documento (fl. 2) se refieren no a negocios jur\u00eddicos nulos, sino a negocios jur\u00eddicos que fueron destruidos en raz\u00f3n de la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n de los mismos en sentencia que se encuentra ejecutoriada\u00bb, apreciaci\u00f3n que no se controvierte y que al permanecer en pie, torna inocuo todo los esfuerzos desplegados con el \u00e1nimo de comprobar que los negocios jur\u00eddicos simulados se ratificaron tanto expresa como t\u00e1citamente, pues es evidente que en tanto perviva la idea del Tribunal tocante a que la ratificaci\u00f3n s\u00f3lo opera respecto de negocios jur\u00eddicos viciados de nulidad, ese labor\u00edo cae en el vac\u00edo, \u00abal no enfrentar lo elucidado y decidido por el juzgador, al no aparece en el cargo, de ninguna manera, esa labor de cotejaci\u00f3n que entonces implicar\u00eda el desacuerdo\u00bb (auto de 1\u00ba de abril de 2005). <\/p>\n
Cumple a\u00f1adir, en lo referente a la ratificaci\u00f3n t\u00e1cita de la nulidad del contrato de compraventa contenido en el citado escrito, que en criterio del recurrente habr\u00eda operado por la ejecuci\u00f3n voluntaria del vendedor de su obligaci\u00f3n de entregar las fincas, que no basta la soluci\u00f3n de las obligaciones impuestas por el contrato para producir ese efecto, ya que si por el acto ratificatorio se depura el negocio vicioso, renunciando el perjudicado al derecho de cuestionar su eficacia, es menester que conozca el vicio que lo afecta y honre sus compromisos con el prop\u00f3sito de subsanarlo. Esta forma de saneamiento, tiene dicho la Corte, consiste \u201cen la ejecuci\u00f3n libre del contrato, a sabiendas del vicio correspondiente (\u2026), de modo que sea clara la intenci\u00f3n de renunciar al reclamo\u00bb (sent. del 10 de octubre de 1991), elementos a los que ninguna alusi\u00f3n se hace en el cargo y a cuya indagaci\u00f3n no puede aplicarse la Corte por su propia iniciativa, atendido el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso, pero que en todo caso se descartan, incluso, por las propias manifestaciones del vendedor, quien seg\u00fan lo expresado en la demanda hizo entrega de las fincas al demandado, porque \u00e9ste le manifest\u00f3 que \u00abas\u00ed se favorec\u00eda de otros posibles acreedores (hecho 11) y como consecuencia de las argucias que emple\u00f3 para conseguir ese resultado (hecho 17). <\/p>\n
Por lo dicho, fracasa el ataque. <\/p>\n
OCTAVO CARGO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera, se tilda el fallo de ser directamente violatorio de los art\u00edculos 1746, 964 incisos 1 y 3, lo mismo que del art\u00edculo 969, todos del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para demostrar el error de juzgamiento imputado al fallador, recuerda el acusador que declarada la nulidad del negocio jur\u00eddico mencionado, se regularon las prestaciones a cargo del demandado, conden\u00e1ndolo al pago los frutos de los fundos que de buena fe crey\u00f3 comprar mediante el documento suscrito el 31 de agosto de 1984 y que si bien se impuso al demandante la obligaci\u00f3n de reembolsarle la suma de $50.000.000.oo, reajustada monetariamente, nada se dijo sobre los intereses devengados por ese capital durante el tiempo que lo tuvo en su poder. <\/p>\n
Sostiene que seg\u00fan doctrina de la Corte en la restituci\u00f3n de sumas de dinero procede no s\u00f3lo su actualizaci\u00f3n, \u201csino tambi\u00e9n los intereses causados por ese dinero, durante el tiempo que la parte que debe restituirlo lo tuvo en su poder (sent. del 18 de agosto de 2000), por aplicaci\u00f3n del principio de equidad, toda vez que si el negocio jur\u00eddico cuya ineficacia se declara es de car\u00e1cter conmutativo, como lo es la compraventa, las prestaciones que impone a los contratantes son equivalentes y de ellas se aprovechan por igual, desde la celebraci\u00f3n del pacto y hasta la restituci\u00f3n, de ah\u00ed que si el obligado a la entrega de la finca debe pagar sus frutos, quien debe reembolsar el precio \u201cno solamente debe indexarlo que no es otra cosa diferente a mantener su valor intr\u00ednseco, sino que debe pagar los frutos, llamados intereses de ese dinero, producidos durante el mismo tiempo de los frutos del predio\u201d. <\/p>\n
Como as\u00ed no se orden\u00f3, concluye que se malinterpret\u00f3 el precepto en cita, am\u00e9n de violentarse los dem\u00e1s textos legales relacionados ab-initio, por lo que solicita la casaci\u00f3n del fallo para que la Corte, como Tribunal de instancia, \u201ccomplemente\u201d la sentencia de segundo grado con la condena omitida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil determina los efectos que se derivan del rompimiento de una relaci\u00f3n contractual por causa de su anulaci\u00f3n judicial, al se\u00f1alar que quienes concurrieron a su formaci\u00f3n tienen derecho a ser restituidos al mismo estado de cosas existente al tiempo de celebrarlo, restituci\u00f3n que de suyo implica, para el evento de haberse ejecutado total o parcialmente las obligaciones que se all\u00ed se derivan, la devoluci\u00f3n de todo cuanto hubieren dado o recibido con ocasi\u00f3n de la misma, excepto cuando la nulidad recae sobre contrato celebrado con persona incapaz, sin la observancia de los requisitos legales, o deviene de haber tenido causa u objeto il\u00edcitos. <\/p>\n
Empero, el derecho que en tales t\u00e9rminos se les reconoce, no se agota con el reintegro de las cosas dadas o recibidas en cumplimiento de las obligaciones emanadas del negocio jur\u00eddico anulado, ya que, por mandato del inc. 2\u00ba. de la misma regla legal, que hunde sus ra\u00edces en el inocultable prop\u00f3sito de preservar una relaci\u00f3n de equidad en las prestaciones dirigidas a retornar a las partes a la situaci\u00f3n precontractual, comprende los intereses y frutos de aquellas, el valor de los gastos y mejoras que se hubieren realizado en ellas, adem\u00e1s de las indemnizaciones que provengan de la p\u00e9rdida culposa o deterioro que sufrieren mientras estuvieron en poder de la parte obligada a la restituci\u00f3n, todo ello con sujeci\u00f3n a las reglas contenidas en el Cap\u00edtulo 4\u00ba. T\u00edtulo 12, del Libro 2\u00ba. del C.C., que gobiernan las prestaciones mutuas en materia de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo concibi\u00f3 el ad-quem al explicar, con respaldo en doctrina de la Corte, que por el efecto retroactivo de la declaraci\u00f3n judicial de nulidad de un contrato, \u201ccada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como contraprestaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico anulado\u201d, prestaciones que en el caso concret\u00f3 a \u201cla devoluci\u00f3n del bien por parte del demandado al demandante y la restituci\u00f3n por parte de \u00e9ste \u00faltimo de la suma de dinero recibida as\u00ed como de las mejoras implantadas en el bien\u201d, advirtiendo que el caso de \u201cobligaciones restitutorias de sumas de dinero\u201d, para consumar cabalmente el apuntado efecto, \u201cdeben cumplirse reajustando la cantidad recibida por el accipiens, deudor de la restituci\u00f3n a fin de compensar la depreciaci\u00f3n de la moneda entre las fechas de la recepci\u00f3n del pago y del cumplimiento de la devoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Comprendi\u00f3 asimismo que el comentado deber involucra tanto las cosas que mutuamente se entregaron, como sus frutos, criterio sobreentendido en su afirmaci\u00f3n alusiva a que \u201cen lo que se refiere a los frutos, s\u00ed considera la Sala que debe hacerse pronunciamiento expreso, y que estos deben ser reconocidos\u201d, sin declarar que fueren de cargo de uno de los contratantes nada m\u00e1s, o s\u00f3lo del obligado a la restituci\u00f3n de determinados bienes. Nada de eso dijo, porque gen\u00e9ricamente habl\u00f3 de la imperatividad de su reconocimiento, de suerte que si a la hora de concretar la respectiva condena \u00fanicamente grav\u00f3 con ella al demandado, sin hacer lo propio con el actor, orden\u00e1ndole la devoluci\u00f3n del capital recibido, con sus intereses (frutos civiles), no fue debido al falso entendimiento de la norma por el cual se le enjuicia, sino por olvido, que lo llev\u00f3 a producir una sentencia diminuta, defecto que si bien es pasible de enmienda, no lo es a trav\u00e9s de la causal alegada sino de la segunda. <\/p>\n
En cuanto a la condena al pago de frutos, que desagrada al censor porque se someti\u00f3 al r\u00e9gimen del poseedor de mala fe, importa recordar que la calificaci\u00f3n de la fe posesoria ata\u00f1e, por regla, a una cuesti\u00f3n de hecho, sujeta como tal a la prudente valoraci\u00f3n del fallador, cuyo juicio debe ser respetado mientras no se demuestre que fall\u00f3 al apreciar \u00ablas pruebas relativas a los hechos que le sirvieron de base al fallador de instancia para determinar la clase de fe con que actu\u00f3 el litigante\u00bb (sent. de 4 de julio de 1968; 4 de julio de 1971, CXXXIV, p\u00e1g. 62), luego si ese es el entorno donde podr\u00eda disput\u00e1rsele su criterio a ese respecto, vano resulta el intento por enfrentarlo a trav\u00e9s de una v\u00eda refractaria a controversias de esa laya. <\/p>\n
Infundada resulta, por ende, la queja. <\/p>\n
SEXTO CARGO <\/p>\n
En el \u00e1mbito de la causal tercera, se denuncia el fallo de segundo grado por conjuntar resoluciones antag\u00f3nicas en su parte dispositiva. <\/p>\n
Explica el censor que en el fallo de primer grado se desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n simulatoria porque el fallo anterior \u00abqued\u00f3 sin efectos jur\u00eddicos por el desistimiento presentado por las partes\u00bb y porque los negocios figurados quedaron en firme por acuerdo de los contratantes posterior al juzgamiento. <\/p>\n
Agrega que al decidir el recurso de apelaci\u00f3n el Tribunal lo confirm\u00f3 pero declar\u00f3 de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada en relaci\u00f3n con la demanda de simulaci\u00f3n, lo mismo que la nulidad absoluta del contrato de compraventa que en su concepto recoge el escrito atr\u00e1s mencionado, decisiones que en su sentir son contradictorias \u00abpues no se puede explicar l\u00f3gicamente, como pueden coexistir, a un mismo tiempo, la decisi\u00f3n de confirmar la sentencia pronunciada por la se\u00f1ora Juez Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con el sustento ya rese\u00f1ado y simult\u00e1neamente dejar sin efecto el documento privado del 31 de agosto de 1984, sobre el cual en \u00faltimas esencia, fund\u00f3 su decisi\u00f3n el A-quo\u00bb. <\/p>\n
Solicita la casaci\u00f3n del fallo y la confirmaci\u00f3n de la sentencia del 24 de mayo de 2001, proferida por la Juez Once Civil del Circuito de la ciudad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Seg\u00fan la tesis que se defiende en el cargo, las disposiciones incorporadas en los numerales 1\u00ba y 2.2 y del fallo impugnado con inconciliables entre s\u00ed, porque mientras en el primero se le imparte aprobaci\u00f3n a la sentencia de primera instancia, en el otro se deja sin efectos \u00abel documento privado del 31 de agosto de 1984\u00bb que constituye su piedra angular. <\/p>\n
Es verdad que el sentenciador de segundo grado estuvo de acuerdo con la decisi\u00f3n desestimatoria que frente a la pretensi\u00f3n simulatoria deducida en el primitivo libelo adopt\u00f3 el juzgador de primera instancia, cuya ratio decidendi estrib\u00f3 en que el proceso que con an\u00e1logo objeto promovi\u00f3 Ladrillos El Triunfo Ltda. fue desistido y ulteriormente los part\u00edcipes de los negocios jur\u00eddicos aparentados resolvieron dejarlos en firme, mediante el documento que otorgaron el 31 de agosto de 1984. <\/p>\n
Empero, aunque comparti\u00f3 la soluci\u00f3n que a ese tema le dio el inferior, abiertamente se apart\u00f3 de las razones que la inspiraron, puesto que en su criterio el proceso anterior no termin\u00f3 anormalmente, como lo entendi\u00f3 aqu\u00e9l, ni las partes hicieron dejaci\u00f3n oportuna de los derechos reconocidos en el fallo que lo ultim\u00f3, decisi\u00f3n que consiguientemente adquiri\u00f3 firmeza e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, perspectiva desde la cual concluy\u00f3 que los negocios jur\u00eddicos fulminados por la declaraci\u00f3n judicial de simulaci\u00f3n que all\u00ed se emiti\u00f3 no pod\u00edan confirmarse mediante el documento suscrito en la fecha indicada, escrito que a su juicio s\u00f3lo recoge el acuerdo de las partes para compravender los inmuebles objeto de los negocios jur\u00eddicos sobre los cuales recay\u00f3 la declaraci\u00f3n en cuesti\u00f3n, negocio que est\u00e1 afectado de nulidad absoluta, por la omisi\u00f3n de la formalidad legalmente exigida ad solemnitaten. <\/p>\n
Luego si en la aprobaci\u00f3n que recibi\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia ning\u00fan papel jugaron las razones que la edificaron, porque como qued\u00f3 visto, el ad-quem concord\u00f3 con el inferior en que la acci\u00f3n de prevalencia deb\u00eda fracasar, pero por sus propias motivaciones, que por su supuesto no est\u00e1n dadas en funci\u00f3n de la eficacia de la convenci\u00f3n ajustada en el documento que data del 31 de agosto de 1984, ninguna oposici\u00f3n se da entre su decisi\u00f3n de invalidar el mencionado acto con la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, puesto que no es por fuerza de sus estipulaciones que sobrevino la negaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n, o dicho de otra manera, entre aqu\u00e9llas y esta no se da una relaci\u00f3n de causa a efecto que se rompa por fuerza de la anulaci\u00f3n de aqu\u00e9l, circunstancia que consiguientemente descarta el pretendido antagonismo de sus determinaciones. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
El cargo que sali\u00f3 triunfante impone la casaci\u00f3n parcial del fallo, para declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia que admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n, en lo que con ella tenga que ver. <\/p>\n
Como las resoluciones atinentes a la demanda principal permanecen en pie por el fracaso de las acusaciones que frente a ellas se adujeron, se reproducir\u00e1n en la parte resolutiva, incorporando la adici\u00f3n que se les introdujo por el ad-quem en providencia del 5 de junio de 2002. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el 22 de abril de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario originalmente entablado por Jos\u00e9 Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez contra Jes\u00fas Adona\u00ed Ochoa Forero. <\/p>\n
En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
\u00ab1. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito en el proceso de la referencia el 24 de mayo de 2001\u201d que desestim\u00f3 la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab2. Adicionarla en el siguiente sentido: <\/p>\n
\u00ab2.1. Declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada en relaci\u00f3n con la demanda de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab2.2. Declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa suscrito entre las partes el 31 de agosto de 1984. <\/p>\n
\u00ab2.3. Ordenar al demandado la restituci\u00f3n de los predios a que se refiera la parte motiva de esta providencia en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de la misma. <\/p>\n
\u00ab2.4. Condenar al demandante Jose Miguel M\u00e9ndez M\u00e9ndez a cancelar al demandado la suma de $125.676.452,937, suma de $3.500.000.oo por concepto de mejoras. <\/p>\n
\u00ab2.5. Condenar al demandado Jes\u00fas Adonai Ochoa Forero a cancelar al demandante la suma de $172.571.247.oo por concepto de frutos de los inmuebles, suma que seguir\u00e1 liquid\u00e1ndose en la forma dispuesta en \u00e9sta (sic) providencia y hasta la devoluci\u00f3n de los inmuebles. <\/p>\n
3. \u00abse autorizan las compensaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta que las partes se constituyen en deudoras y acreedoras rec\u00edprocas. <\/p>\n
4. Decl\u00e1rase la nulidad de todo lo actuado a partir del prove\u00eddo del 31 de marzo de 1997, por el cual se admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y toda la actuaci\u00f3n posterior que se relacione con ella. <\/p>\n
Como dicha demanda se present\u00f3 en funci\u00f3n de la principal, ning\u00fan sentido tiene rehacer la actuaci\u00f3n invalidada. Se deja en libertad al interesado, para que si a bien lo tiene, la presente directamente ante la autoridad competente. <\/p>\n
5. \u00abSin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso\u00bb. <\/p>\n
6. Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n, por su prosperidad. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n especial) <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-343-2005 [1100131030111996-06907-01] SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 11001-3103-011-1996-06907-01 Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Jes\u00fas Adona\u00ed Ochoa Forero contra la sentencia dictada el 22 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}