SC-348-2005 [1100131100131997-09492-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Exp. No. 11001-31-10-013-1997-09492-01 <\/p>\n
Le corresponde a la Corte decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado frente a la sentencia de 5 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Sandra Graciela \u00c1vila Bonilla, en nombre y representaci\u00f3n de sus menores hijas Isabella y Laura, contra Carlos Eduardo Montoya Velasco. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Se trata de establecer si las nombradas menores de edad son hijas extramatrimoniales del demandado y que, en consecuencia, de acuerdo con los hechos que enseguida se pasa a compendiar. <\/p>\n
a) El nacimiento de las citadas menores ocurri\u00f3 el 22 de julio de 1996 como fruto de una sola relaci\u00f3n sexual sostenida entre madre que aqu\u00ed las representa y el demandado, quienes se conocieron en el mes de abril de 1995. <\/p>\n
b) Al ser enterado Montoya Velasco del embarazo le manifest\u00f3 <\/p>\n
a la madre que lo m\u00e1s pr\u00e1ctico para ambos era que ella abortara, y cuando supo que se trataba de gemelas le dijo que no estaba preparado para responder por las ni\u00f1as; ni siquiera acept\u00f3 conocerlas una vez que fue informado por el se\u00f1or Juan Pablo Londo\u00f1o, amigo de ambos progenitores, del nacimiento. <\/p>\n
2. El demandado se opuso a la pretensiones y formul\u00f3 como defensas su \u201calejamiento\u201d y la \u201cimposibilidad de engendrar\u201d que lo afectaba a la saz\u00f3n; la una porque nunca tuvo relaciones de amistad, afectivas ni sexuales con la demandada; y la otra, derivada de la exposici\u00f3n a los rayos X a que estaba sometido por la \u00e9poca de la concepci\u00f3n, dado que cursaba una especializaci\u00f3n en medicina. <\/p>\n
3. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 4 de octubre de 2000, en la cual se decret\u00f3 la paternidad deprecada; decisi\u00f3n que el tribunal confirm\u00f3 despu\u00e9s de haber ordenado de oficio la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica de ADN que no hab\u00eda sido posible obtener en la primera instancia por la renuencia del demandado. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En el \u00e1mbito probatorio, bien se pueden resumir de la siguiente manera: <\/p>\n
a) Obra a folio 18 del C. 1., el examen de grupos sangu\u00edneos eritrocitarios o hemoclasificaci\u00f3n practicado al demandado, a la madre y a las dos menores, el cual arroj\u00f3 como impresi\u00f3n de paternidad la de \u201ccompatibles\u201d, dictamen que no fue objetado. <\/p>\n
b) Aparece la constancia de que el demandado insistentemente evit\u00f3 la pr\u00e1ctica el espermograma para establecer su potencial <\/p>\n
para generar, que incluso \u00e9l hab\u00eda solicitado. <\/p>\n
c) Por auto de 14 de diciembre de 1998 se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, a la que se opuso el demandado aduciendo que ya exist\u00eda un dictamen pericial; a folio 220 obra informaci\u00f3n proveniente del laboratorio de gen\u00e9tica en el sentido de que \u00e9l no se present\u00f3 para el efecto; as\u00ed ocurri\u00f3 en varias ocasiones, hasta que el tribunal mediante auto de 26 de enero de 2003 autoriz\u00f3 la toma de la muestra correspondiente. <\/p>\n
d) De modo sorprendente el Instituto de Medicina Legal, mediante oficio de 13 de febrero de 2003, inform\u00f3 que \u201chab\u00eda tomado muestra de sangre al demandado para la prueba de ADN el d\u00eda 28 de enero de 2003 a la hora de las 9 a.m. y que hab\u00eda enviado la muestra por Servientrega a Bogot\u00e1 y que hab\u00eda aplicado los procedimientos de cadena de custodia\u201d, sin decir cu\u00e1les fueron \u00e9stos; detalla profusa y minuciosamente el sentenciador diversas irregularidades que permiten sospechar de la pureza de los mismos, todo lo cual y ante el resultado de exclusi\u00f3n de la paternidad del demandado, dio lugar, incluso por petici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, a que se ordenara la pr\u00e1ctica de una nueva prueba cient\u00edfica que finalmente no pudo llevarse a cabo porque Montoya Velasco no asisti\u00f3, quien pidi\u00f3 que se dictara sentencia porque hab\u00eda suficientes medios de convicci\u00f3n para hacerlo. <\/p>\n
e) El Tribunal, tras afirmar que tal prueba t\u00e9cnica puede tambi\u00e9n ser criticada por el juzgador y basado en c\u00famulo de situaciones visibles en la pr\u00e1ctica de la misma, concluy\u00f3 diciendo que no acog\u00eda la que en este proceso determin\u00f3 la exclusi\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
f) En tal virtud, el sentenciador opt\u00f3 por resolver el litigio con <\/p>\n
respaldo en otras pruebas, empezando por el indicio derivado de la conducta desplegada por el demandado en ambas instancias en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica de las pruebas que pod\u00edan comprometerlo, renuencia que \u201cse constituye, por s\u00ed sola, de acuerdo con el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 721 de 2001, en motivo suficiente para declarar la paternidad, como en efecto se har\u00e1, dado que la nueva prueba de ADN (la decretada por el tribunal con auto de 6 de agosto de 2003), que result\u00f3 fallida por la renuencia del demandado a someterse a ella, se hizo ya en vigencia de la citada ley\u201d, a lo cual, de por s\u00ed suficiente, se suma la conducta procesal del demandado demostrada en las instancias, as\u00ed como el indicio grave que surge por la actuaci\u00f3n desleal que se deduce por haber negado tanto en la contestaci\u00f3n de la demanda como en el interrogatorio de parte algunos hechos que fueron desmentidos fehacientemente con la prueba testimonial recibida de los se\u00f1ores Olga Guti\u00e9rrez Vel\u00e1squez, Juan Pablo V\u00e9lez, Pierre Didyme Restrepo, Jhon Jairo Carvajal, Summa Flasvely, Juan Pablo Antonio Londo\u00f1o, Rosa Elena Segura Bueno y Juan Rodrigo L\u00f3pez, cuyos apartes se destacan en el fallo impugnado. <\/p>\n
g) A todo lo anterior suma, como indicio, la primera prueba de paternidad compatible mencionada atr\u00e1s. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En un solo cargo y con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de ser \u201cviolatoria de una norma de derecho sustancial, a consecuencia de error de derecho por violaci\u00f3n de una norma probatoria\u201d. <\/p>\n
En desarrollo de la acusaci\u00f3n se aduce lo siguiente: <\/p>\n
a) De conformidad con el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 75 de 1968, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 721 de 2001, en todo proceso destinado a restablecer la paternidad debe ordenarse la pr\u00e1ctica de una prueba cient\u00edfica que determine un \u00edndice de probabilidad superior al 99.9 %; y seg\u00fan el art\u00edculo 4\u00ba de la misma Ley 721, que es norma probatoria, de la misma se corre traslado a las partes, en armon\u00eda con el art\u00edculo 238 del C. de P. Civil. Finalmente el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 14 de la Ley 75 de 1968, modificado por el 8\u00ba de la Ley 721, dispone que en firme el resultado si la prueba demuestra la paternidad el juez procede a decretarla, o \u201cen caso contrario se absolver\u00e1 al demandado\u201d. Y si el dictamen no fue objeto de aclaraci\u00f3n, modificaci\u00f3n u objeci\u00f3n, queda en firme con las consecuencias de ley, sin que haya lugar a ordenar su repetici\u00f3n, como el tribunal lo dispuso. <\/p>\n
Sostiene el censor que si la prueba cient\u00edfica excluyente de la paternidad qued\u00f3 en firme luego de corrido el traslado de la misma, lo \u00fanico que le correspond\u00eda hacer al sentenciador era dictar un fallo absolutorio; sin embargo, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de otra, quebrant\u00e1ndose as\u00ed la consecuencia legal ya referida, por causa del error de derecho que se produjo porque a una prueba legalmente practicada se le desconoci\u00f3 la valoraci\u00f3n que la ley le asigna. Igualmente se quebrant\u00f3 el art\u00edculo 238 del C. de P. Civil porque finalmente desconoci\u00f3 que el dictamen estaba en firme. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La tesis central de la impugnaci\u00f3n radica en que estando en firme la prueba de ADN que dio como resultado la exclusi\u00f3n de la paternidad que se le imputa al demandado, cuanto que no fue objeto de ning\u00fan reparo, el sentenciador debi\u00f3 proferir, sin m\u00e1s, el fallo absolutorio consecuente, como lo dispone el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 14 de la Ley 75 de 1968, modificado a su vez por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
2. La Corte no le abre paso a esa acusaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
1\u00ba) No es cierto que ante la falta de formulaci\u00f3n de reparo a la prueba mencionada, el sentenciador deb\u00eda tomar su resultado a pie juntillas; en materia de la actividad probatoria del juez se distinguen varias etapas, a saber: la del decreto o admisi\u00f3n de las mismas, la de su producci\u00f3n o pr\u00e1ctica, y finalmente la de su apreciaci\u00f3n; pretende el censor, por supuesto de modo equivocado, que decretada y practicada la prueba t\u00e9cnica, sin reparos de las partes, \u00e9sta ya no puede ser objeto de cr\u00edtica por el sentenciador, lo que de ocurrir as\u00ed implicar\u00eda la supresi\u00f3n de la fase de la apreciaci\u00f3n probatoria en cabeza de \u00e9ste, quien no solo puede hacerlo en ejercicio del principio de la libre valoraci\u00f3n probatoria, que con igual vigor se aplica cuando se trata de la prueba de paternidad por medio del ADN, la cual, como de toda prueba, debe ser estimada en conjunto con las dem\u00e1s y \u201c de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d, con exposici\u00f3n razonada del \u201cm\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 187 del C. de P. Civil. <\/p>\n
2\u00ba) Quiere decir lo anterior que una es la firmeza formal del dictamen en cuanto al desarrollo de su tr\u00e1mite sin objeciones, y muy otra es la fuerza de convicci\u00f3n que para el juez emerge de \u00e9l, y que, una vez estime que no la tiene, nada le impide seguir en la b\u00fasqueda de la verdad real y proveer, aun de oficio, a la pr\u00e1ctica de otra prueba de la misma o de diferente \u00edndole, en ejercicio de la facultad deber consagrada en los art\u00edculos 179 y 180 del C. de P. Civil, e incluso justamente en acatamiento de Ley 791 que demanda en todo caso practicar una prueba cient\u00edfica que efectivamente demuestre la paternidad. <\/p>\n
3\u00ba) Seg\u00fan lo anterior y de acuerdo con lo que dispone la citada Ley 721, si bien es cierto que \u00e9sta dispone, respecto de la prueba en comento, que \u201cen firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad proceder\u00e1 a decretarla, en caso contrario se absolver\u00e1 al demandado o demandada\u201d, no lo es que esa consecuencia deba ser aplicada sin ninguna otra consideraci\u00f3n, como si fuera un el componente de una mera ecuaci\u00f3n matem\u00e1tica, pues ciertamente para se produzca ese efecto debe haber pasado por el tamiz de apreciaci\u00f3n del juez, cuanto m\u00e1s si lo que \u00e9ste aduce para desecharla ata\u00f1e con las irregularidades de la magnitud que se\u00f1al\u00f3 el tribunal, relativas a la transparencia en la toma de muestras de sangre, en el procedimiento de custodia de la misma y, por ende, en la falta de confiabilidad de ese medio de convicci\u00f3n; no se trata de buscar a toda costa un padre, pero de tampoco de permitirle, a quien ha dado motivo de serlo, escapar a su antojo de su condici\u00f3n de tal, como fue deducido en este proceso. <\/p>\n
4\u00ba) No d\u00e1ndose los errores de derecho de apreciaci\u00f3n probatoria denunciados contra el fallo impugnado, este ha de permanecer enhiesto con respaldo en los dem\u00e1s medios de prueba relatados en el compendio del mismo, tanto m\u00e1s si no fueron objeto de reparo en casaci\u00f3n las consecuencias adversas al demandado derivadas de su conducta procesal y particularmente de su renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica que orden\u00f3 practicar de nuevo el tribunal, y si, de acuerdo con la decantaci\u00f3n que se le hadado en el orden constitucional a los preceptos contenidos en la Ley 721, es posible hacer una apreciaci\u00f3n de otras pruebas demostrativas de la paternidad, m\u00e1xime si en \u00faltimas no se ha encontrado una prueba t\u00e9cnica fiable, aspectos que en este caso no necesitan ser abordados por la Corte, dado que, como se ha explicado, fracasa la \u00fanica acusaci\u00f3n propuesta por el censor. <\/p>\n
5\u00b0) Por consiguiente, el \u00fanico cargo propuesto no alcanza \u00e9xito. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia adiada el 5 de noviembre de 2004, dictada en segunda instancia dentro del proceso arriba referido. <\/p>\n
Se condena en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte impugnante, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase.- <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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